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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC575-2022
Radicación n° 05001-31-03-016-2006-00226-01
(Aprobado en sesión virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintidós
(2022).
Decide la Corte los recursos de casación interpuestos
por la demandante y su coadyuvante frente a la sentencia
proferida el 7 de febrero de 2019, por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el
proceso que Automóviles Germanos de Colombia S.A.
«Autogermaco» promovió contra Autogermana S.A. y
Bayerische Motoren Werke A.G., trámite en el cual Cristóbal
Isaza Isaza interviene como coadyuvante de la promotora.
ANTECEDENTES
1. La accionante solicitó declarar que, en desmedro de
su concurrencia al mercado, las convocadas transgredieron
la prohibición general de incurrir en competencia desleal
prevista en el artículo 7 de la ley 256 de 1996, así como en
los actos de desviación de clientela, desorganización,
descrédito, violación de secretos, inducción a la ruptura
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contractual, explotación de la reputación ajena y celebración
de pactos desleales de exclusividad; por consecuencia,
deprecó se les condene al pago de perjuicios, estimados en
$2.000’000.000 por concepto de daño emergente y otro tanto
a título de lucro cesante.
2. Tales pretensiones tuvieron como sustento fáctico el
que a continuación se sintetiza:
2.1. Autogermaco S.A. fue constituida tras la oferta
realizada en el año 1992 por Autogermana S.A., para
entregar la explotación exclusiva de la marca BMW en la
ciudad de Medellín en los segmentos de vehículos nuevos,
servicio de postventa, mantenimiento y suministro de
repuestos, época desde la cual suscribieron contrato de
concesión con el fin de que la primera adquiriera los
productos autorizados a la segunda por Bayerische Motoren
Werke A.G.
2.2. Autogermana -quien se presenta como
representante exclusivo de BMW en Colombia- impuso las
condiciones de aquel acuerdo de voluntades, tales como la
potestad de descontinuar sin previo aviso la venta de
cualquier línea de productos; limitar la actividad territorial
de Autogermaco al departamento de Antioquia, no obstante
la exclusividad otorgada; establecer las tarifas y precios que
esta podía cobrar a los usuarios de BMW, así como el valor
de las comisiones por ventas; reservarse la facultad de visitar
las instalaciones de Autogermaco para corroborar el
cumplimiento de requerimientos técnicos y administrativos
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de BMW; autorizar los servicios por garantía de los
productos; aprobar las reformas estatutarias proyectadas en
Autogermaco, así como las alusivas a su objeto social,
capital, composición accionaria y responsabilidad de sus
accionistas.
El incumplimiento de cualquiera de estas exigencias
generaba la terminación de la relación, como también lo sería
la finalización de la representación de BMW por
Autogermana, evidenciándose que ambos pactos están
ligados.
2.3. Durante 13 años Autogermaco realizó inversiones,
intervino en el mercado, al punto que posicionó la marca
BMW en Medellín, y aumentó en un 500% las ventas en el
2005 respecto al año inmediatamente anterior.
2.4. Sin embargo, en tal época la relación con
Autogermana empezó a deteriorarse debido al interés de esta
por atender directamente el mercado de esa ciudad, de lo
cual dan cuenta conductas como vender productos BMW en
Bogotá a un menor valor en comparación con Autogermaco
en Medellín, sin que esta pudiera equiparar la oferta
precisamente porque aquella le imponía los precios; tardar
un mes en reportarle los cambios de precios, como ocurrió
en septiembre de 2005; omitir responder diversas
comunicaciones, generando inconvenientes con los clientes
para erosionar la actividad de Autogermaco; demorar
injustificadamente la liquidación y pago de comisiones,
acumulando un saldo de $346’829.949; dar largas a la
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entrega de documentos para matricular vehículos vendidos,
así como facturas, llaves e incluso los propios automotores;
vender motocicletas en la ciudad de Medellín a menor precio
que el ofrecido por Autogermaco y transgrediendo la
exclusividad territorial; y exigirle a esta empresa avisos
publicitarios, nuevas salas de ventas, equipos, etc., lo que,
entre otras cosas, generó la expectativa de continuar con la
alianza.
2.5. El 3 de enero de 2006 Autogermaco recibió
comunicación dirigida a su representante legal suplente,
proveniente de Autogermana y fechada 30 de diciembre de
2005, en la cual culmina el acuerdo de concesión, misiva que
la primera intentó rehusar por no estar dirigida al gerente,
pero la segunda reiteró al señalar que utilizó un canal de
comunicación habitual entre las partes; y el «27» de febrero
de 2006, la demandada ratificó que no habría renovación del
pacto porque Autogermaco no cumplía con las exigencias
técnicas y comerciales de Autogermana, para lo cual adjuntó
un informe «amañado», «unilateral» y carente de
contradicción, fundado en las visitas practicadas por esta a
las instalaciones de aquella en el 2005, pero con fotos
tomadas en años anteriores, y dos quejas de clientes
insatisfechos con la entrega de sus productos por la situación
que generó la propia Autogermana.
Adicionalmente anunció que en el menor plazo
atendería directamente los clientes de Medellín, lo cual
equivale a una apropiación abusiva del mercado logrado por
la demandante.
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2.6. No obstante el desarrollo del contrato durante 13
años, aún si se aceptara que tenía término fijo, la
terminación sería ineficaz por extemporánea, porque fue
recibida después del 31 de diciembre de 2005; además,
Autogermana se equivocó al remitirla a persona distinta al
gerente de Autogermaco; igualmente actuó con «sevicia» pues
adeudaba más de $200’000.000 por concepto de comisiones,
lo que evidencia incumplimiento del pacto; y como muestra
de su falacia y contrariedad argumentativa, el 2 de febrero de
2006 remitió otra comunicación indicando a Autogermaco
que no podía descuidar el suministro de repuestos a los
clientes hasta tanto no empezara a funcionar el nuevo
concesionario.
2.7. Agregó la accionante que las aludidas actitudes son
muestra de la actuación abusiva y desleal de Autogermana,
ideada y ejecutada durante varios meses para apropiarse del
mercado creado por Autogermaco en Medellín; además, los
días 25 y 27 de marzo de 2006 dio a conocer en los periódicos
de tal localidad la
terminación del contrato
de concesión
entre ambas empresas, así como que en el futuro
directamente realizaría todas las operaciones de venta,
postventa y atención de garantías en una nueva sede, la cual
inició su funcionamiento en 21 de abril de 2006.
2.8. Autogermana permanentemente se presenta como
representante exclusivo en Colombia de Bayerische Motoren
Werke, por lo tanto ésta funge como accionada así como por
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colaborar en el comportamiento desleal, conforme al artículo
22 de la ley 256 de 1996.
3. Una vez vinculada al pleito, Bayerische Motoren
Werke se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones
meritorias que denominó «ausencia de relación comercial
entre BMW y Autogermaco», «ausencia concurrencial», «buena
fe de BMW» y «verdadera causa y motivación de la demanda
en contra de BMW».
Autogermana también se mostró en desacuerdo con el
petitum y propuso las defensas perentorias de «aplicación del
principio ‘nemo auditor propriam turpitudinem allegans’:
nadie puede alegar su propia culpa para derivar de ella algún
beneficio», «inexistencia de nexo causal entre los hechos y los
perjuicios reclamados por la sociedad demandante e
incumplimiento contractual», «elección inadecuada del
procedimiento» y «ausencia concurrencial».
4. Una vez agotadas las fases del juicio, el Juzgado
Veinte Civil del Circuito de Medellín, al que fue asignado
postreramente, con sentencia de 8 de febrero de 2018 declaró
prósperas las excepciones de «ausencia concurrencial»
propuestas por ambas accionadas y, en consecuencia,
desestimó todas las súplicas del libelo.
5. Al resolver las apelaciones interpuestas por la
demandante y su coadyuvante, el superior confirmó la
desestimación, aclarando que tal decisión obedecía a la falta
de satisfacción de los presupuestos de la acción, no a la
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prosperidad de los mecanismos defensivos.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El juzgador ad-quem inicialmente precisó cumplidos
los presupuestos procesales, inexistentes vicios que
impidieran dictar sentencia y recordó que su
pronunciamiento se limitaba a las censuras expuestas por
los apelantes.
2. Seguidamente señaló que el fallador de primer grado
consideró incumplida la concurrencia al mercado de
Autogermana, presupuesto necesario para calificar sus actos
como desleales en un contorno de competencia, de donde
resultaba forzoso iniciar con el estudio de tal requisito pues
sólo en la medida en que esté satisfecho sería necesario
abordar los restantes alegatos, como la supuesta
representación aparente por Autogermana a favor de BMW,
en virtud de la cual esta fue emplazada a responder por las
conductas de aquella.
3. Agregó que si bien en la ejecución de un convenio
una de las partes puede incurrir en actos de competencia
desleal, es forzoso acreditar los requisitos de tal conducta
porque no es viable utilizar la presente acción para analizar
controversias netamente contractuales ajenas a aquella
regulación.
Por ese camino coligió que la sentencia de primera
instancia no omitió decidir la pretensión de competencia
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desleal, ni se negó a resolverla argumentando que se planteó
por camino inadecuado, tampoco analizó la acción bajo una
óptica distinta a la invocada. Tal funcionario judicial
consideró que las denuncias daban cuenta de
inconformidades netamente contractuales relacionadas con
la terminación de un pacto, al punto que concluyó ausente
la concurrencia al mercado de las convocadas, elemento
necesario de todo acto de competencia desleal.
4. Añadió cierto, como lo plantean los recurrentes, que
la ley 256 de 1996 no exige una relación de competencia
entre los sujetos activos y pasivos, porque sólo es necesario
que el acto sea realizado en el mercado. Sin embargo, tras
citar la definición de actividad concurrencial y el
ordenamiento que la rige, coligió que el material probatorio
recaudado, especialmente documentos y testimonios,
muestran el incumplimiento de este presupuesto porque la
terminación del contrato
de concesión y las conductas
anteriores reprochadas a Autogermana no dejan ver su
finalidad de participar, intervenir, ni permanecer en el
mercado, pues ya estaba en él, como distribuidora exclusiva
en Colombia de productos BMW y específicamente en
Antioquia y Medellín mediante el contrato de concesión
suscrito con Autogermaco S.A.
Y aunque la clientela pertenece a esta, tampoco puede
afirmarse que Autogermana pretendía ampliar la suya
tomando la de aquella. Su injerencia nació por el temor de
que los clientes de BMW en el departamento de Antioquia,
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incluida la ciudad de Medellín, se vieran afectados por los
servicios deficientes prestados por la demandante.
Muestra de que la
terminación del contrato
no estuvo
precedida por la intención de Autogermana de ingresar de
forma directa al mercado de Medellín desplazando
indebidamente al concesionario de la demandante, es el
testimonio de José Roberto Giraldo Álvarez, quien informó
que contactó a Autogermana para adquirir un vehículo, pero
esta lo remitió a Autogermaco en Medellín para que realizara
la negociación y porque se ahorraría costos de traslado.
Igualmente fue acreditado que Autogermana no ingresó
de forma directa a Medellín inmediatamente culminó el
contrato con Autogermaco, según se desprende de los
anuncios de prensa aportados por esta, los cuales muestran
que para marzo de 2006, (3 meses después del aludido
finiquito) la primera apenas estaba promulgando que pronto
tendría representación en esa ciudad, lo que confirmó el
testigo mencionado al señalar que recibió información en
igual sentido; circunstancia que desvirtúa el supuesto
concierto para apropiarse de la clientela de Medellín, pues de
ser así habría estado preparada para iniciar actividades
inmediatamente en Medellín.
Así las cosas, al margen de que la terminación del
contrato de concesión estuviera precedida o no de conductas
reprochables, lo relevante para estudiar la controversia en el
marco de la competencia desleal era acreditar el fin
concurrencial, el cual no fue probado.
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5. La ruptura contractual sin previo aviso, injusta y
cuando existe relación de dependencia entre las partes,
tampoco puede considerarse como acto de competencia
desleal en los términos del artículo 7° de la ley 256 de 1996,
como lo pretenden los recurrentes, porque así no está
previsto en nuestra legislación, al paso que una conducta de
esta categoría requiere la satisfacción de sus presupuestos,
los cuales no fueron evidenciados en el presente caso.
6. De otro lado, el abuso de la posición dominante
alegada alude a aspectos contractuales, no de competencia
desleal, como lo evidencia la jurisprudencia invocada por los
recurrentes que resolvió diferencias de aquel tipo, no de este.
7. En suma, no se acreditó que los actos endilgados a
Autogermana -aun cuando hubieran sido ejecutados por
comerciantes en desarrollo de una relación contractual-
tuvieran fines concurrenciales y desarrollados en un ámbito
de mercado, por lo que no constituyen competencia desleal,
lo cual desemboca en la confirmación de la providencia
apelada.
8. Esto releva al tribunal del estudio de la
representación aparente de Autogermana a favor de BMW AG
-alegada para extender a esta la condena pedida- así como
las supuestas conductas reprochables realizadas por
Autogermana previamente a la culminación de la relación
con la promotora, porque para la configuración de un acto de
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competencia desleal es forzosa la acreditación de la intención
y finalidad concurrencial de los actos criticados.
LAS DEMANDAS DE CASACIÓN
Autogermaco S.A. y Cristóbal Isaza Isaza plantearon
idénticos cargos, aunque en escritos independientes.
Como quiera que la última de las censuras de cada
libelo se funda en la causal 3ª del artículo 336 del Código
General del Proceso, la Corte analizará inicialmente estos
reproches por ser el orden lógico, en la medida en que es de
rigor despachar primero los embates que imputan al
Tribunal errores in procedendo.
Destácase que para proferir sentencia el juzgador
inicialmente debe verificar la cabal conformación de la
relación jurídico-procesal, lo cual no es ajeno al recurso
extraordinario de casación.
Agotado el anterior estudio se proseguirá con el de los
demás cargos, coincidentes en aducir que el fallo fustigado
vulneró la ley sustancial, dos por vía indirecta y otro por la
senda recta.
CUARTO CARGO DE AUTOGERMACO S.A. Y DE
CRISTÓBAL ISAZA ISAZA
Al amparo de la causal tercera del artículo 336 del
Código General del Proceso, los recurrentes censuraron al
tribunal por omitir pronunciamiento acerca de las
pretensiones dirigidas contra Bayerische Motoren Werke
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A.G. «BMW», quien actuó a través Autogermana S.A., en tanto
esta fungió como representante de aquella, lo cual quedó
demostrado.
Adicionaron que «el tribunal en la sentencia desconoce
que Autogermana es representante de BMW, y exonera a BMW
porque considera que no participa en el mercado colombiano,
por no tener actividad comercial, conclusión a todas luces
equivocada», pues se trata de un responsable solidario a
voces del artículo 825 del Código de Comercio.
Por ende, no existía excusa para que el fallo omitiera
pronunciarse, pues la legitimación en la causa es aspecto
inicial de toda sentencia judicial.
CONSIDERACIONES
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de
manera íntegra el Código General del Proceso, a partir del 1º
de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que
consagró, en los artículos 624 y 625 numeral 5º, que los
recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las
leyes vigentes cuando se interpusieron», tal cual sucede con
el que ahora ocupa la atención de la Sala, en razón a que fue
radicado con posterioridad a la fecha citada.
2. El artículo 281 del Código General del Proceso,
establece que «la sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla, y con las
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excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la
invocada en ésta».
De allí se desprende que al juzgador le está vedado
imponer una condena que supere las súplicas del
reclamante, pronunciarse sobre un objeto distinto al
delimitado por los contendores o por una causa diferente a
la invocada por ellos, al paso que está obligado a resolver los
que sí fueron expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de
sus facultades oficiosas.
En relación con tal temática la Sala ha decantado:
(…) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes
delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en
cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la
labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el
desconocimiento del querer explicitado se constituye en una
irregularidad en la producción del fallo, ya sea por referirse a
puntos no sometidos a discusión, acceder a menos de lo pedido o
desbordando los alcances esbozados (…) Al respecto la Sala en SC
de 18 de diciembre de 2013, rad. 2000-01098-01, precisó que (…)
validada la suficiencia del texto de la demanda, mediante su
admisión, y concedida la oportunidad de contradecir a aquellos
contra quienes se dirige, no puede el funcionario dirimir la disputa
por fuera de los lineamientos que le imponen las partes, ya sea al
hacer ordenamientos excesivos frente a las expectativas de éstas,
al dejar de lado aspectos sometidos a su escrutinio o al resolver
puntos que no han sido puestos a consideración, salvo cuando
procede en estricto cumplimiento de las facultades oficiosas
conferidas por la ley (…) Y en ese mismo pronunciamiento recordó
como (…) La Corporación tiene dicho al respecto que ‘[e]l principio
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dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición
de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que
éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su
pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de
hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones
que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen
acreditadas en el proceso’. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-
00304).
Como regla de principio, no incurre en incongruencia el
fallador cuando desestima totalmente las súplicas de la
demanda, porque tal decisión repele cualquier exceso u
omisión en la resolución del debate, habida cuenta que «(e)ste
motivo de impugnación, en principio, es ajeno a los fallos
completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la
medida que brindan una solución íntegra frente a lo requerido
y sus alcances totalizadores no dejan campo para la duda o
la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y,
por ende, no puede decirse que exista una contradicción por el
sólo hecho de que el reclamante insista en un propósito y el
funcionario no encuentre soporte al mismo.» (CSJ SC de 18 dic.
2013, rad. 2000-01098-01).
Sin embargo, excepcionalmente el juez puede incurrir
en el vicio de incongruencia -a pesar de desestimar todo lo
solicitado- cuando toma un camino ajeno al debatido por los
involucrados en la litis, es decir, desconoce abiertamente la
situación de facto sometida a su conocimiento y lo pedido con
base en esta.
Igual yerro comete el funcionario judicial si tiene por
probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que eran del
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resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripción,
la nulidad relativa y la compensación.
Así lo precisó la Corte al considerar:
(…) en el caso de que la decisión absolutoria sea el producto de un
desvío considerable de los hechos consignados en el libelo o
haciendo caso omiso a los alegatos oportunamente presentados
por los intervinientes, desbordando los límites allí trazados al
elaborar una interpretación personal del asunto, que dista del
querer expreso de las partes, tal proceder constituye un defecto
que puede ser objeto de revisión. Lo que también ocurre si se tienen
por probadas, de oficio, las defensas que omitió plantear el
opositor al apersonarse del proceso, estando a su exclusivo cargo,
como sucede con la prescripción, la nulidad relativa y la
compensación. (CSJ SC de 18 dic. 2013, rad. 2000-01098).
Por lo tanto, para la prosperidad de la causal tercera
prevista en el artículo 336 del Código General del Proceso, es
menester que el recurrente demuestre un exabrupto palpable
entre lo narrado y exigido en la demanda, así como lo
planteado en las defensas del oponente, frente a lo que
aparece consignado en el fallo, de tal manera que se note de
bulto cómo lo decidido es extraño al debate.
3. Pues bien, en el sub judice no se configura el vicio de
incongruencia alegado en esta sede extraordinaria, en razón
a que el tribunal sí se pronunció acerca de las pretensiones
esgrimidas frente a Bayerische Motoren Werke, en la medida
en que consideró ausente la prueba de que Autogermana
concurrió al mercado a través de los actos a ella
recriminados, razonamiento extensivo a la restante
codemandada.
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Ciertamente, en tanto BMW fue convocada al juicio
como colaboradora de Autogermana en los supuestos actos
de competencia desleal alegados, así como porque esta fungía
como representante de aquella, al colegirse ausente la
prueba de que los actos desplegados por Autogermana
tuvieran el propósito de mantener o aumentar su
participación en el mercado, natural es colegir que, de paso,
esos mismos razonamientos abarcan las conductas de BMW.
No cabe duda de que el tribunal omitió referirse acerca
de la supuesta representación de Autogermana en favor de
Bayerische Motoren Werke, endilgada en el escrito
introductor de la contienda, pues así lo señaló expresamente
al estimar que era forzoso iniciar su análisis respecto de la
idoneidad de los hechos alegados por la accionante para
concurrir al mercado objeto del contrato de concesión
ajustado entre las partes.
Pero esto no traduce ausencia de pronunciamiento en
relación con la responsabilidad endilgada a BMW, pues este
aspecto de la contienda sí fue materia de pronunciamiento,
en razón a que al colegir que los hechos realizados por
Autogermana no constituían competencia desleal,
consecuentemente lo propio aplicó en relación con BMW.
Lo anterior nada de incuria revela, de lo cual no dudan
los inconformes al punto que afirman, en sus libelos de
casación, que «el tribunal en la sentencia desconoce que
Autogermana es representante de BMW, y exonera a BMW
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porque considera que no participa en el mercado
colombiano, por no tener actividad comercial,…»
(resaltado impropio), así como que la legitimación en la causa
era asunto que primigeniamente debió abordar el juzgador
de última instancia.
En otros términos, los recurrentes, sabedores de que el
tribunal sí se pronunció acerca de la responsabilidad de
BMW, censuran que antes de los presupuestos axiológicos de
los actos de competencia desleal imputados debió analizar
otros aspectos de la litis.
Esto muestra, ni más ni menos, el pronunciamiento
extrañado acerca de las pretensiones dirigidas frente a BMW,
pero con metodología distinta a la esperada por la parte
actora, lo que en manera alguna genera el vicio de
incongruencia alegado, en tanto este ocurre por la
discordancia entre lo pedido y lo resuelto, mas no por la
forma en que la resolución del conflicto se lleve a cabo.
Todo deja al descubierto que no se dio la omisión en el
pronunciamiento judicial alegada por los recurrentes, de
donde es infundado el vicio de incongruencia esgrimido, por
lo que así se declarará.
CARGO PRIMERO DE AUTOGERMACO S.A. Y DE
CRISTÓBAL ISAZA ISAZA
Prevalidos del primer motivo de casación previsto en el
artículo 336 del Código General del Proceso, se invoca la
conculcación directa de los cánones 1, 2, 5 y 7 de la ley 256
de 1996 por errada interpretación, y de los preceptos 9° de
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tal ley, 13, 58, 83, 333 de la Constitución Política, 28, 1602
a 1604 del Código Civil, 822, 825, 863 y 871 del Código de
Comercio por falta de aplicación.
En apoyo de tal censura adujeron que el fin
concurrencial, previsto en el artículo 2° de la Ley de
Competencia Desleal, alude a la protección de la
participación en el mercado de cualquiera persona, sin que
sea necesaria una relación de competencia, lo cual asumió
erradamente el fallo criticado, pues sólo centró su mirada en
el comportamiento de la demandada, no en las
consecuencias que generó para la accionante.
Además, el tribunal omitió emplear el artículo 9 de tal
compilación legal, que vela por la organización interna de
una empresa pues desprovista de orden no concurre al
mercado, precepto del cual puede extraerse inviable la
terminación intempestiva, sorpresiva y abusiva del contrato
de concesión, proceder que además riñe con el principio de
la buena fe contractual y comercial (art. 7 ibídem),
configurando el acto de competencia desleal de
desorganización, así como abuso de posición dominante, al
margen de que también implique incumplimiento
contractual.
Por último, los errores citados del juzgador ad-quem
generaron la omisión de analizar si los comportamientos de
la convocada constituían los actos de competencia desleal
descritos en los numerales 7 a 19 de la ley 256 de 1996.
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CONSIDERACIONES
1. El numeral 2º del artículo 344 del Código General del
Proceso consagra como requisito del escrito con que se
promueve la casación el de contener «[l]a formulación, por
separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la
exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara,
precisa y completa.»
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria,
impone al censor el respeto de unas reglas técnicas
orientadas a facilitar la comprensión de los argumentos con
que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. De
ello se deriva la aplicación del principio dispositivo, en cuya
virtud esta Corporación no puede subsanar las deficiencias
observadas en la demanda de casación.
Así lo tiene advertido la Sala al exigir que «[s]in distinción
de la razón invocada, deben proponerse las censuras mediante un
relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el
sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para
especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y
deriven en deserción, máxime cuando no es labor de la Corte suplir
las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos» (CSJ
AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01).
No podría ser de otra forma, pues la impugnación está
en manos del recurrente, quien establece los motivos y las
razones que en, su sentir, pueden dar lugar a la casación,
sin que el órgano de conocimiento pueda sustituir al
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legitimado en su argumentación, ya que asumiría el rol de un
juez de instancia y suplantaría al censor1.
2. Vistos los cuestionamientos concluye esta
Corporación que no cumplen las exigencias formales que son
imperativas para la casación, por lo que se impone su
desestimación:
2.1. En primer lugar, ambos cargos lucen desenfocados,
en la medida en que es de rigor para quien acude a este
mecanismo de defensa orientar acertadamente sus críticas,
lo que implica atacar las razones, sean jurídicas o fácticas,
de la sentencia cuestionada.
De allí que si para tales efectos son aducidas
consideraciones ajenas a tal decisión, por una incorrecta o
incompleta asunción de lo realmente plasmado en ella, la
recriminación no deba ser acogida, por no estar dirigida
hacia los pilares de la providencia del estrado judicial de
última instancia.
Sobre tal tema esta Corporación tiene establecido lo
siguiente:
(…) ‘la Corte ha señalado que ‘[d]e manera, pues, que en esas
condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que
no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de
la motivación que se pretende descalificar’ (…) o que ‘resulta
desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el
ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces,
1 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
21
el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo
una embestida carente de precisión, pues apenas comprende
algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia
para propiciar el pronunciamiento de la Corte.’ (CSJ AC 23 nov.
2012, rad. 2006-00061-01).
De tal falencia padecen los cargos bajo estudio, porque
los recurrentes censuran la decisión del Tribunal por no
asumir que el fin concurrencial previsto en el artículo 2° de
la Ley de Competencia Desleal alude a la protección de la
participación en el mercado de cualquiera persona, sin que
sea necesaria una relación de competencia.
Sin embargo, este requerimiento no fue expuesto en la
sentencia de última instancia, pues el juzgador colegiado
afirmó que la concurrencia al mercado puede estar
desprovista de relación de competencia entre las partes,
como quiera que la ley 256 de 1996 no exige tal trato entre
los sujetos activo y pasivo, ya que sólo es necesario que el
acto sea realizado en el mercado.
Y después de evocar el concepto de actividad
concurrencial conforme al ordenamiento patrio, concluyó
que el material probatorio deja ver el incumplimiento de este
presupuesto porque la
terminación del contrato
de concesión
y las conductas anteriores reprochadas a Autogermana no
tenían como finalidad consolidar su participación,
intervención o permanencia en el mercado, pues ya estaba
en él.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
22
Con otras palabras, ese estrado judicial razonó que los
actos de la convocada no tenían propósito concurrencial
porque no estaban destinados a garantizarle el ingreso al
mercado a Autogermana.
Así las cosas, al margen de la cordura de dicha premisa,
lo cierto es que el embate de cada uno de los recurrentes luce
asimétrico pues la consideración del juzgador ad-quem es
disímil a la que le atribuyen los cargos.
Consecuentemente, se concluye que los agravios bajo
estudio fueron desenfocados, por estar dirigidos a enjuiciar
consideraciones del fallo del Tribunal que en verdad no están
contenidas en él, lo cual desemboca en su desestimación.
2.2. En relación con las demás quejas planteadas en los
embates, la Corte las colige incompletas en razón a que no
censuran el principal argumento del veredicto criticado,
itérase, que los comportamientos de Autogermana carecían
de fin concurrencial en la medida en que no estaban dirigidos
a proporcionarle un ingreso al mercado habida cuenta que
ya hacía parte de él.
En efecto, pasando por alto tal razonamiento, los cargos
centran su inconformidad en que estaba configurado el acto
de competencia desleal de desorganización previsto en el
artículo 9° de la ley 256 de 1996, debido a la manera como
se dio la
terminación del contrato
de concesión ajustado
entre las partes; así como porque Autogermana actuó de
mala fe y abusó de su posición preminente en dicho convenio,
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
23
todo lo cual omitió el fallador de segundo grado, al punto que
no analizó dichas conductas de cara a los preceptos 7 a 19
ejusdem.
Así las cosas, clara es la inexistencia de réplica frente a
la consideración del fallo criticado según la cual no fue
satisfecho el segundo presupuesto de la acción de
competencia desleal, esto es, que los actos desplegados por
la demandada tuvieran fin concurrencial, en tanto los
embates se limitaron a esbozar que las conductas
acreditadas -aspecto que por demás tampoco fue acogido en
la sentencia- se enmarcaban en la tipificación de actos de
competencia desleal contenida en la ley en cita.
Los presupuestos axiológicos para calificar un acto
como generador de competencia desleal son, conforme a la
Ley 256 de 1996 y la doctrina jurisprudencial: I) que sea
realizado en el mercado; II) que sea de índole concurrencial,
es decir, que tenga el propósito de mantener o incrementar
la participación en el mercado de quien lo realiza o de un
tercero; y III) que corresponda a una de las conductas
expresamente prohibidas por el ordenamiento, sea general o
específica. (SC, 13 nov. 2013, rad. n.° 1995-02015-01,
reiterada en SC4174 de 2021, rad. 2013-11183-01).
Entonces, el tribunal concluyó insatisfecho el segundo
de estos requisitos, al paso que los recurrentes tienden a
poner de presente que estaba acreditado el último, sin
desvirtuar la consideración principal de su juzgador,
denotándose que los cargos son incompletos, valga anotar,
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
24
que no tocan la totalidad de los argumentos en que se
cimentó el proveído de segundo grado, por lo que se impone
su desestimación.
Por supuesto que, de afirmarse que el fallador colegiado
incurrió en los yerros a él endilgados a través de los
reproches de que se trata, la decisión atacada se mantendría
por cuanto esas supuestas falencias no desvirtúan el primer
argumento del Tribunal.
En tal orden de ideas, como los reparos no combaten
todos los soportes del fallo criticado están llamados al
fracaso, cuestión frente a la cual la Corte ha indicado, en
relación con el recurso de que se trata, que:
Sobre el particular esta Sala tiene dicho que ‘…el recurso de
casación debe contar con la fundamentación adecuada para lograr
los propósitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo
así la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar
el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, además de
la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la
providencia en cuestión, acreditar que tal perjuicio se produjo por
efecto de alguno de los motivos específicos que la ley expresa, no
por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella
providencia se da una precisa relación de causalidad, teniendo en
cuenta que, cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si
la declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la
consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial
en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en
premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto
carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y
tendrá que ser desechado’ (…) En la misma providencia, se añadió
que ‘…para cumplir con la exigencia de suficiente sustentación de
la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar
idóneamente todos los elementos que fundan el proveimiento,
explicando con vista en este último y no en otro distinto, en qué ha
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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consistido la infracción a la ley que se le atribuye, cuál su
influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto debe variar en
orden al restablecimiento de la normatividad sustancial
vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor
importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias
de la sentencia sea completa’. Ello significa que el censor tiene la
ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que
conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que
sea posible desatender y separarse de la línea argumental
contenida en aquel proveído… (CSJ AC7629 de 2016, rad. nº
2013-00093-01. Subrayó la Sala).
3. En suma, los defectos anotados conllevan a la
denegación de los primeros reproches de los escritos
sustentadores del mecanismo extraordinario planteado por
la compañía accionante y su coadyuvante.
CARGO SEGUNDO DE AUTOGERMACO S.A. Y DE
CRISTÓBAL ISAZA ISAZA
1. Erigidos en la segunda causal del artículo 336 del
Código General del Proceso, la promotora y su coadyuvante
adujeron la vulneración indirecta, por errada interpretación,
de los artículos 1 a 2, 5 y 7 de la ley 256 de 1996, y de los
cánones 9 de la misma ley, 58, 83, 333 de la Constitución
Política, 1602 a 1604 del Código Civil, 822, 825, 832, 863 y
871 del Código de Comercio, por falta de aplicación, debido a
errores de hecho en la valoración de las pruebas.
2. Como pilar de sus reproches aseveraron que el
Tribunal dejó de apreciar las comunicaciones de 30 de
diciembre de 2005 y 24 de febrero de 2006, remitidas por
Autogermana a Autogermaco, con las cuales fue demostrado,
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en su orden, la terminación de la relación contractual con
efectos a partir del día siguiente al de la misiva y la
contradictoria modificación del motivo de tal culminación,
pues la demandada argumentó que obedeció al vencimiento
del término pactado en el contrato de concesión, no obstante
que venía prorrogándose tácitamente por periodos sucesivos
de un año.
En adición, la primera carta llegó con posterioridad a la
renovación del pacto porque fue remitida por correo
electrónico el 30 de diciembre de 2005, día en el cual había
receso de actividades.
Así mismo la prueba pericial practicada dio cuenta del
ascenso de las ventas realizadas por la demandante en los
años 2004 y 2005; mientras que el testimonio de Norman
Isaza muestra que el presupuesto de ventas proyectado para
el 2005 también quedó superado con creces.
De dichas probanzas, agregaron los recurrentes, se
desprendía que la manera como se dio tal finiquito fue
intempestiva, sorpresiva y por ende desleal; que
Autogermana actuó de mala fe y abusó de su posición
dominante, pues le impidió a Autogermaco continuar
desempeñándose en el mercado; y que el fin de aquella fue
usurpar el mercado conquistado por esta; actos
objetivamente idóneos para mantener o incrementar la
participación en el mercado de Autogermana y, por
consecuencia, inferir su finalidad concurrencial por
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
27
aplicación de la presunción contenida en el inciso 2° del
artículo 2° de la Ley de Competencia Desleal.
3. Añadieron que la sentencia criticada valoró de forma
errada el testimonio de José Roberto Giraldo Álvarez y los
anuncios de prensa aportados por Autogermaco, pues
extractó equivocadamente que Autogermana inició
actividades en la ciudad de Medellín tres meses después de
finalizar el pacto de concesión que ostentaba con
Autogermaco y, por lo tanto, no tenía intención de apropiarse
de los clientes de esta; pero esos elementos suasorios sólo
muestran el momento en que la primera empezó a ofrecer
directamente sus servicios en la ciudad de Medellín, no la
época del daño causado a la demandante, máxime cuando
aquella inició la búsqueda del local comercial para instalarse
en tal localidad una vez consolidó la terminación del pacto,
según lo declaró Néstor Raúl Uribe Giraldo.
4. Igualmente erró el tribunal al valorar el contrato de
concesión ajustado entre las partes, porque la labor de
mercadeo del distribuidor, la conquista de la clientela, la
acreditación de los productos y de la marca del fabricante no
generan clientela para el concedente sino para el
concesionario y, por lo tanto, fue errado afirmar, como lo hizo
el tribunal, que Autogermaco no participaba en el mercado
antioqueño y que la clientela era de Autogermana.
Así mismo apreció equivocadamente la comunicación
de 7 de septiembre de 2005, remitida por Autogermana a
Autogermaco, y el cuadro comparativo de las diferentes
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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marcas que componen el mercado de automóviles de alta
gama, documentos que denotan la participación de BMW,
que este mercado no se limita únicamente a tal marca y que
BMW interviene específicamente en la ciudad de Medellín
gracias a la labor desplegada por Autogermaco, de donde la
terminación abusiva acometida por Autogermana implicó la
exclusión de la convocante de dicho mercado.
5. Fueron omitidos el contrato de concesión y el
certificado de existencia y representación de Autogermaco,
instrumentos que dejan ver que su objeto social es la
comercialización de vehículos marca BMW de forma
exclusiva en el departamento de Antioquia y especialmente
en la ciudad de Medellín, y la dependencia económica de la
demandante respecto las enjuiciadas, por lo que cualquier
acto de desorganización empresarial implicaba daño para el
concesionario.
6. El tribunal, adicionaron las recurrentes, pretirió el
contrato de importación celebrado entre BMW y
Autogermana, que prohíbe a esta revender productos de
aquella sin su previo consentimiento, consagra a la segunda
como representante de los intereses de la primera y faculta a
Bayerische Motoren Werke para acceder a las instalaciones
de todos los concesionarios en los cuales son comercializados
sus productos.
También olvidó el contrato de concesionario, en el que
Autogermana se anunció como representante exclusivo para
Colombia de la BMW y consagró como causal de terminación
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
29
la culminación del acuerdo de importación signado entre las
dos enjuiciadas; así como las revistas especializadas
aportadas en las cuales se anuncia que Bayerische Motoren
Werke tiene como representante en Colombia a
Autogermana.
Por ende, erró la sentencia al afirmar que Autogermana
no es representante de BMW y exonerar a esta de
responsabilidad por no tener actividad comercial en
Colombia, pues ambas accionadas participan en el mercado
nacional, la segunda a través de la primera, lo cual las hace
solidariamente responsables conforme al artículo 825 del
Código de Comercio en concordancia con el 22 de la ley 256
de 1996.
CARGO TERCERO DE AUTOGERMACO S.A. Y DE
CRISTÓBAL ISAZA ISAZA
1. Apoyados en la causal segunda de casación, los
recurrentes atribuyeron a la sentencia de segunda instancia
la vulneración indirecta, por errónea interpretación, de los
artículos 1 a 2, 5 y 7 de la ley 256 de 1996, y por falta de
aplicación de los cánones 9 de la misma ley, 58, 83, 333 de
la Constitución Política, 1602 a 1604 del Código Civil, 822,
825, 832 a 833, 863 y 871 del Código de Comercio, como
consecuencia de errores de derecho en la apreciación de las
pruebas.
2. En desarrollo del embate adujeron que el tribunal
omitió la aplicación del inciso 2 del artículo 2 de la ley 256
de 1996, a cuyo tenor se presume la finalidad concurrencial
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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de todo acto cuando este se muestra objetivamente idóneo
para mantener o incrementar la participación en el mercado
de quien lo realizó o de un tercero, por cuanto coligió
ausencia de prueba del fin concurrencial que tenían las
conductas desplegadas por Autogermana.
El error, agregaron los recurrentes, consistió en exigir
prueba de hechos presumidos legalmente, porque producto
de la ruptura intempestiva, arbitraria, abusiva y sorpresiva
del contrato de concesión celebrado entre Autogermaco y
Autogermana, se generó la pérdida de participación de
aquella en el mercado.
La terminación contractual intempestiva y abusiva del
contrato que venía prorrogándose tácitamente fue acreditada
con las comunicaciones de 30 de diciembre de 2005 y 24 de
febrero de 2006, remitidas por Autogermana a Autogermaco;
así mismo la prueba pericial practicada da cuenta de que las
ventas realizadas por la demandante en los años 2004 y 2005
fueron ascendentes; y el testimonio de Norman Isaza muestra
que el presupuesto de ventas proyectado para el 2005
también quedó superado con creces.
De allí que se probó el acto objetivamente idóneo para
aplicar la presunción legal contenida en el artículo 2° de la
ley 256 de 1996, para colegir el fin concurrencial de marras,
por lo que pasarlo por alto implicó que el juzgador ad-quem
incurrió en error de derecho, que además lo llevó a
abstenerse de analizar si el comportamiento de las
accionadas se enmarcaba dentro de las conductas reguladas
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
31
en los artículos 7 a 19 de la Ley de competencia Desleal, con
infracción de los cánones sustanciales mencionados.
CONSIDERACIONES
1. Los cargos segundo y tercero de cada demanda de
casación serán estudiados conjuntamente, porque en
aquellos está reproducida la censura planteada en estos y,
por ende, su resolución se valdrá de consideraciones
comunes.
En efecto, nótese como en todos se aduce que el tribunal
omitió aplicar la presunción del inciso 2° del artículo 2° de la
ley 256 de 1996.
Por contera, se trata de un único embate que, por la vía
indirecta, plantea la vulneración de la ley sustancial tanto
por errores de hecho como de derecho.
2. Pues bien, el juez puede quebrantar la ley sustancial
de forma indirecta al cometer errores de hecho, que aluden a
la ponderación objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando
de su validez jurídica se trata.
La inicial afectación -por faltas fácticas- ocurre cuando
el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios
de convicción, ya sea porque supone el que no existe,
pretermite el que sí está o tergiversa el que acertadamente
encontró, modalidad ésta que equivale a imaginar u omitir
parcialmente el elemento probatorio, porque la distorsión en
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
32
que incurre el Juzgador implica agregarle algo de lo que
carece o quitarle lo que sí expresa, con alteración de su
contenido de forma significativa.
Así lo ha explicado la Sala al señalar:
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constatación
material de los medios de convicción en el expediente o con la
fijación de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la
Corte, ‘(…) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba
que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o
apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se
valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su
contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la
real, bien sea por adición o por cercenamiento (...)’ (CSJ, SC9680,
24 jul. 2015, rad. nº 2004-00469-01).
La segunda modalidad, el yerro de iure, se configura en
el escenario de la diagnosis jurídica de los elementos de
prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducción e
incorporación, el mérito demostrativo asignado por el
legislador, contradicción de la prueba o valoración del acervo
probatorio en conjunto. La Corte enseñó que se incurre en
esta falencia si el juzgador:
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los
requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando,
viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por
estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le
da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe
para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba
específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le
atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo
da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el
sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto
una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, página 61,
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. nº 1998-0056-02; CSJ
SC de 24 nov. 2008, rad. nº 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic.
2009, rad. nº 1999-01651-01, entre otras).
3. Con base en tales premisas acomete la Sala el estudio
de los cargos, para lo cual resulta pertinente iterar que el
artículo 333 de la Constitución Política consagra que «[l]a
libre competencia económica es un derecho de todos que
supone responsabilidades»; asimismo, ordena que «[e]l
Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
abuso que personas o empresas hagan de su posición
dominante en el mercado nacional».
La libre competencia se instituyó, entonces, como una
condición para el correcto funcionamiento del circuito
económico, tendiente a garantizar que los agentes puedan
participar según sus capacidades -tales como el prestigio
comercial, calidad de los productos, antecedentes
profesionales, condiciones negociales, propaganda,
ubicación-, dentro del engranaje de oferta y demanda de
bienes y servicios (SC, 10 jul. 1986, GJ CLXXXVII); derecho
que se socava por figuras como la deslealtad negocial, los
comportamientos colusorios o el abuso de mercado, de allí
que se imponga su desaprobación.
Y es que la palabra «competencia» trasluce una
«[s]ituación de empresas que rivalizan en un mercado
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio»2, la
2 Acepción tercera del Diccionario de la Real Academia Española, disponible en
www.rae.es.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
34
cual sólo es posible con la participación del mayor número
de agentes posible, actuando en condiciones de simetría y
lealtad.
La Sala tiene dicho que «la ‘libre competencia
económica’… responde a las necesidades del mercado de
capitales y actúa en contraposición a las prácticas
monopolísticas, proscritas en la Carta Magna al tenor del
artículo 336, salvo que se instituyan como arbitrio rentístico
‘con una finalidad de interés público o social y en virtud de la
ley’» (SC, 13 oct. 2011, rad. n.° 2007-00209-01). Esto debido
a que «ni desde el punto de vista mercantil, ni mucho menos
del jurídico, es posible concebir una competencia omnímoda o
ilimitada, donde solamente rija la salvaje y desenfrenada
lucha por el mercado, porque en el marco del Estado Social de
Derecho, este derecho, como todos los otros, sólo tiene sentido
si se entiende bajo la pauta interpretativa de un principio de
igualdad de los competidores frente a la ley» (SC, 19 nov.
1999, rad. n.° 5091).
La Corte Constitucional ha conceptuado:
La libertad de competencia… acontece cuando un conjunto de
empresarios o de sujetos económicos, bien se trate de personas
naturales o jurídicas, dentro de un marco normativo y de igualdad
de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos a la conquista de
un mercado de bienes y servicios en el que operan otros sujetos
con intereses similares. Se trata propiamente de la libertad de
concurrir al mercado ofreciendo determinados bienes y servicios,
en el marco de la regulación y en la ausencia de barreras u
obstáculos que impidan el despliegue de la actividad económica
lícita que ha sido escogida por el participante…
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
35
La Corte ha identificado los contenidos del derecho a la libre
competencia, señalando que ‘La libre competencia, por su parte,
consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de
orientar sus esfuerzos, factores empresariales y de producción a
la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de
condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad
comprende al menos tres prerrogativas: (i) la posibilidad de
concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y
ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la
posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. En
este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para
los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con
quien ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y
se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en
términos de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.’
(C-032/17).
3.1. Por la variedad de temas involucrados, el estudio
del derecho de la competencia «se ha dividido,
tradicionalmente, en dos grandes segmentos, a saber, por una
parte, las denominadas prácticas comerciales restrictivas, que
incluyen actualmente el estudio de los abusos de posición
dominante así como el análisis de algunas integraciones
empresariales, y por la otra, los actos de competencia desleal»
(SC, 13 nov. 2013, rad. n.° 1995-02015-01); vertientes que
tienen una finalidad propia, como lo ha sostenido esta
Corporación:
[L]a regulación de la competencia desleal, que protege y estimula
la actividad empresarial y la libertad de quienes intervienen en el
mercado, compitiendo entre sí con el propósito individual de cada
uno de ellos de hacerse a la clientela; y por el otro, la de las
prácticas comerciales restrictivas, cuyas normas persiguen
impedir, conjurar, y eventualmente sancionar, los acuerdos o
convenios de los empresarios, así como las prácticas unilaterales
y las concentraciones de empresas que en el escenario del
mercado se encaminen a limitar la competencia o a restringir la
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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oferta de bienes y servicios, en perjuicio de los consumidores, de
la eficiencia económica, así como de la libre participación de las
empresas en el mercado (ídem).
Por esta senda, en el ámbito nacional se establecieron
normas diferenciadas para reprimir las conductas contrarias
a la libre competencia, agrupadas según la finalidad
maliciosa del comportamiento, a saber: (I) prácticas
restrictivas y (II) conductas desleales.
Frente a las primeras, la ley 155 de 1959 vetó todos «los
acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por
objeto limitar la producción abastecimiento, distribución o
consumo de materias primas, productos, mercancías o
servicios nacionales o extranjeros, y en general toda clase de
prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar, la
libre competencia, con el propósito de determinar o mantener
precios inequitativos en prejuicio de los consumidores y de los
productores de materias primas» (artículo 1°).
Adicionalmente, con el decreto 2153 de 1992 se realizó
un listado de conductas consideradas como contrarias a la
libre competencia (artículos 47 y 48) y enumeró los casos que
constituyen abuso de posición dominante (artículo 50).
Más recientemente se expidió la ley 1340 de 2009, en la
que se agregaron reglas «en materia de protección de la
competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los
mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y
optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades
nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
37
proteger la libre competencia económica en el territorio
nacional» (artículo 1°).
En el ámbito subregional andino se tiene un régimen
especial «de prácticas restrictivas de la libre competencia»,
comprensivo de los «acuerdos, actuaciones paralelas o
prácticas concertadas» y el «abuso de posición dominante en
el mercado» (Decisión 285 de 21 de marzo de 1991 de la
Comunidad Andina de Naciones).
Frente a la deslealtad negocial, con la ley 256 de 1996
se consagró el principio de que «[l]os participantes en el
mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio
de la buena fe comercial», y se tipificaron los actos que se
estiman contrarios a este principio (artículos 7° a 19).
Se suma, tratándose de la propiedad industrial, el
listado especial de conductas contrarias a la sana
competencia contenido en el artículo 10 bis del Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho el
20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre
de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el
6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934,
en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de
julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979.
3.2. Por su importancia para el presente caso, conviene
rememorar que la competencia desleal es el conjunto de
actos que tienden a falsear el recto funcionamiento del
mercado por medio de conductas tendientes a «provocar la
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confusión del comerciante con otro, o los productos del
comerciante con los del competidor, las maniobras de
descrédito respecto de los productos de éste, los actos que
persiguen la desorganización de la empresa rival, o, en fin, los
que buscan la llamada desorganización del mercado» (SC, 12,
sep. 1995, rad. 3939), el cual ha sido objeto de variados
desarrollos legislativos en nuestro país.
3.2.1. Inicialmente, con el artículo 65 de la ley 31 de
1925 se acotó la competencia desleal al «acto de mala fe que
tiene por objeto producir una confusión entre los artículos de
dos fabricantes o de dos comerciantes o agricultores, o que sin
producir confusión, tiende a desacreditar un establecimiento
rival».
Con posterioridad, mediante la ley 59 de 1936 se aprobó
la Convención sobre protección marcaria y comercial, firmada
en Washington el 20 de febrero de 1929, la cual consideró
desleal «[t]odo acto o hecho contrario a la buena fe comercial al
normal y honrado desenvolvimiento de las actividades
industriales o mercantiles» (artículo 20), para lo cual se hizo
un listado de conductas (artículo 21).
El Código de Comercio representó un cambio de
paradigma al establecer, como uno de los deberes de los
comerciantes, el de «abstenerse de ejecutar actos de
competencia desleal» (numeral 6° del artículo 19), así como
consagrar un listado exhaustivo de conductas constitutivas
de la misma -artículos 75 a 77- y señalar las consecuencias
derivadas de este comportamiento.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
39
3.2.2. En concordancia con el artículo 333 de la Carta
Política y en armonía con el ordenamiento convencional,
Colombia adhirió al Convenio de París para la Protección de
la Propiedad Industrial, mediante la expedición de la ley 178
de 1994, adquiriendo la obligación de «asegurar a los
nacionales de los países de la unión una protección eficaz
contra la competencia desleal» (núm. 1, art. 10 bis) y acoger
en su legislación interna las reglas según las cuales
«[c]onstituye acto de competencia desleal todo acto contrario a
los usos honestos en materia industrial o comercial» (num. 2,
ídem).
Particularmente debía prohibir «1) [c]ualquier acto capaz
de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor; 2) las aseveraciones falsas, en el
ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor; 3) las indicaciones o
aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir a público a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la
cantidad de los productos.» (Ejusdem).
En desarrollo de tal compromiso convencional fue
promulgada la ley 256 de 1996, cuyo capítulo inicial,
contentivo de las disposiciones generales, señaló como objeto
de la ley garantizar la libre y leal competencia económica,
mediante la prohibición de actos y conductas de competencia
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40
desleal, en beneficio de todos los participantes en el mercado;
su ámbito de aplicación a los actos de competencia desleal
realizados en el mercado y con fines concurrenciales;
innecesaria la condición de comerciante para el
sometimiento a las restricciones allí previstas; un marco
territorial enfocado en los efectos de las conductas descritas
y su incidencia o que esté llamada a tenerla en el mercado
colombiano; el concepto de las prestaciones mercantiles y la
regla de interpretación según la cual la hermenéutica que
rige ese ordenamiento debe guardar consonancia con los
principios constitucionales de actividad económica e
iniciativa privada libres, con la limitante del bien común, así
como competencia económica y libre, leal pero responsable.
A su vez, el capítulo II relacionó los actos de
competencia desleal empezando con una prohibición de tipo
general, seguida de las particulares denominadas desviación
de la clientela, desorganización, confusión, engaño,
descrédito, comparación, imitación, explotación de la
reputación ajena, violación de secretos, inducción a la
ruptura contractual, violación de normas y pactos desleales
de exclusividad.
El enfoque de la competencia desleal, por ende, está
dirigido a la defensa de los consumidores, preservar el buen
funcionamiento del mercado, así como los intereses de los
empresarios que intervienen en él. Se trata de un régimen en
el cual se abordan los casos específicos entre comerciantes,
consumidores y demás participantes, al contrario del
régimen de prácticas comerciales restrictivas que apunta a
resolver una finalidad colectiva.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
41
De allí que el inicial «modelo profesional» o de corte
individualista, erigido en criterios de enjuiciamiento
sopesados en la incorrección profesional y en razonamientos
morales, experimentó gran cambio al establecer deberes
objetivos de abstención o reglas objetivas de conducta3, con
el advenimiento del «modelo social»4, que tiene como sus dos
pilares fundamentales la política de defensa de la
competencia (por el Estado, ya que antes se designaba al
mercado mismo) y la política de tutela del consumidor (que
se le había otorgado en su totalidad al mercado).
Ciertamente, el marco legal de competencia desleal no
sólo vela por los intereses entre los empresarios, también
incluye a los consumidores como sujetos de protección y
garantía cuando en las relaciones de mercado se defraude el
orden público que reclama el Estado en las actuaciones
económicas.5
En efecto, la ley 256 de 1996 reguló límites en el
ejercicio de aquella actividad, incluso para quienes no
ostenten la condición de negociantes, prohibiendo conductas
que atenten contra la competencia, siempre y cuando se
realicen en el mercando y con fines concurrenciales (art. 2°),
es decir, en su orden, sobrepasen el fuero interno de quien
los ejecuta para tener relevancia en el mercado y sea
3 Menéndez, Aurelio. La competencia desleal. Primera edición. Editorial Civitas S.A.
1988.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
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42
adecuado para mantener o aumentar la participación que un
comerciante ostenta en una actividad específica.
Todos esos comportamientos han sido incluidos por
parte de la doctrina6 en una clasificación tripartita en cuanto
al actor del mercado que afectan. Estas ofensas podrán
cometerse entonces en contra de: los competidores, los
consumidores y del orden del mercado.
Total, mediante la Ley 256 de 1996 fue regulada la
competencia desleal, derogando las disposiciones
establecidas para tal materia en el Código de Comercio,
siendo su objetivo principal «garantizar la libre y leal
competencia económica, mediante la prohibición de actos y
conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los
que participen en el mercado».
3.2.3. En concreto, la compilación legal aludida
prohibió de forma general toda actuación que viole el
principio de buena fe comercial, las sanas costumbres
mercantiles, los usos honestos en materia comercial e
industrial, o que esté dirigido a afectar o afecte la libre
decisión del comprador o consumidor (art. 7°).
De forma particular vedó los actos de: I) desviación de
clientela, considerado como el que tiene el fin o genera el
traslado de los usuarios de una actividad, prestación
mercantil o establecimiento ajeno, siempre y cuando sea
6 Menéndez, Aurelio. La competencia desleal. Primera edición. Editorial Civitas S.A.
1988. pág. 115 y ss.
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43
contrario a las sanas costumbres mercantiles o a los usos
honestos en esta materia y en la industrial (art. 8); II)
desorganización, entendida como la que propende
desordenar internamente la empresa, incluso de forma
parcial (art. 9); III) confusión, aquella conducta que pretende
mostrar equivocada la actividad, prestación mercantil o
establecimiento ajenos, o lo hace al margen de su
intencionalidad (art. 10); IV) engaño, el que tiende o logra
incitar al público para que erre acerca de la actividad,
prestación mercantil o establecimiento ajenos,
presumiéndose arquetipos de engaño la utilización o difusión
de indicaciones o afirmaciones incorrectas o falsas, la
omisión de las reales y cualquiera otra práctica que pretenda
o lleve a la desacreditación de la naturaleza, modo de
fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad
de los productos (art. 11); V) descrédito, esto es, en el cual se
utiliza o difunde indicaciones o aseveraciones incorrectas o
falsas, se omite las verdaderas o cualquier práctica que tenga
el fin o llegue a desacreditar la actividad, prestaciones,
establecimiento o relaciones mercantiles de terceros, salvo
que sean exactas, verídicas y pertinentes (art. 12).
Igualmente previó como actos de competencia desleal
los de: VI) comparación, asumiendo por tal el cotejo público
de la actividad, prestación mercantil o establecimiento
propios o ajenos con los de un tercero, siempre y cuando
dicho parangón se valga de indicaciones o aseveraciones
incorrectas o falsas, omita las verdaderas, o sea realizado
respecto de extremos incomparables por su diversidad o
imposibles de comprobar (art. 13); VII) imitación, es decir, la
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44
reproducción exacta y minuciosa de prestaciones de un
tercero que genera confusión sobre la procedencia
empresarial o implica el aprovechamiento indebido de la
reputación ajena, así como la imitación sistemática de
prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor
encaminada a impedir su asentamiento en el mercado
excediendo la respuesta natural de este (art. 14); VIII)
explotación de la reputación ajena, traducida como el
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de la
popularidad industrial, comercial o profesional de otro, verbi
gratia, el empleo no autorizado de signos distintivos foráneos
o de denominaciones de origen falsas o engañosas aun
cuando estén acompañadas de la indicación real de la
procedencia del producto (art. 15); IX) violación de secretos,
consistente en la divulgación o explotación, sin autorización
del titular, de confidencias industriales o empresariales,
adquiridas legítimamente pero con deber de reserva, o
ilegítimamente a través de espionaje, procedimientos
similares o violación de una norma jurídica, aun cuando
todas estas conductas no se realicen en el mercando y
carezcan de fines concurrenciales (art. 16).
Por último, fueron tipificados como de competencia
desleal los actos de: X) inducción a la ruptura contractual,
concebida como la persuasión a trabajadores, proveedores,
clientes y cualquiera obligado, a infringir los compromisos
básicos acordados, pero si se trata de la terminación de un
pacto o el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de un
infracción contractual será menester que, siendo conocida,
tenga por objeto la expansión de un sector industrial,
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empresarial o vaya acompañada de la intención de engañar,
eliminar a un competidor u otras similares (art. 17); XI)
violación de normas con obtención de una ventaja
competitiva importante (art. 18); XII) pactos desleales de
exclusividad, entendidos como los contratos de suministro
con cláusulas de exclusividad que tengan por objeto o logren
restringir el acceso de competidores, monopolizar la
distribución de productos o servicios, salvo que se trate de
las industrias licoreras de propiedad de las entidades
territoriales (art. 19).
Esta consagración traduce que Colombia adoptó el
modelo mixto en cuanto a conductas de competencia desleal,
al igual que en el Reino de España: «la apuesta que se asumió
en la década de los noventa en España a la hora de configurar
y decidirse por un modelo de deslealtad fue de naturaleza
restrictiva, esto es, se prefirió configurar una lista de
deslealtades y ofrecer una cláusula general que inspirase e
integrase los diversos supuestos, amén de un control férreo
por parte de los tribunales, que pudieran impedir ese
crecimiento en aras de una política benefactora del contrario,
mediante posibles prácticas que en todo caso o casi siempre
resultan incómodas para los competidores.»7
Por consecuencia, los presupuestos axiológicos para
calificar un acto como generador de competencia desleal son,
conforme a la Ley 256 de 1996 y la doctrina jurisprudencial:
7 Barona Vilar, Silvia. Competencia desleal. Tutela jurisdiccional -especialmente
proceso civil- y extra jurisdiccional. Tomo I. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2008,
pág. 290.
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46
I) que sea realizado en el mercado; II) que sea de índole
concurrencial, es decir, que tenga el propósito de mantener
o incrementar la participación en el mercado de quien lo
realiza o de un tercero; y III) que corresponda a una de las
conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento,
sea general o específica. (SC, 13 nov. 2013, rad. n.° 1995-
02015-01, reiterada en SC4174 de 2021, rad. 2013-11183-
01).
3.3. Respecto al segundo de dichos presupuestos, el
inciso 2 del artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal prevé
que «[l]a finalidad concurrencial del acto se presume cuando
éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la
participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero».
(Resaltado impropio).
Teniendo en cuenta sus perfiles, aun cuando el
concepto de fin concurrencial no fue previsto en dicha
legislación, la doctrina especializada tiene consagrado que
«[la finalidad concurrencial viene a complementar el acto que
se realiza en el mercado, al darle sentido, por cuanto le exige
que se dirija hacia la consecución de un fin comercial,
‘mantener o incrementar la participación en el mercado de
quien lo realiza o de un tercero’, más allá de una finalidad
puramente personal.»8
8 De la Cruz Camargo, Dionisio Manuel. 2014. La competencia desleal en Colombia,
un estudio sustantivo de la ley. Universidad Externado de Colombia. Pág. 13.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
47
Entonces, el aludido fin concurrencial, indispensable
para que se configure la competencia desleal, es la intención
de un interviniente en el mercado para mantener o
incrementar su participación como agente en una actividad
específica, o la de un tercero que ostenta esta condición.
De allí se desprende que, en tratándose de contratos de
concesión, el fin concurrencial de marras sí puede ir
acompañado de la decisión de terminación habida cuenta de
sus características.
En efecto, ese acuerdo de voluntades es aquel «atípico,
consensual y sinalagmático, por medio del cual una persona
física o jurídica (fabricante-concedente), otorga por un tiempo
definido o indefinido la facultad de distribuir sus productos
(promoción y reventa) a otra persona física o jurídica
(distribuidor-concesionario), normalmente con exclusividad
para un área geográfica limitada y apoyándose en el prestigio
de una marca».9
Por consecuencia, bien puede suceder, como lo alega la
demandante, que el concedente acabe la relación negocial
con el concesionario movido por el propósito de asumir
directamente la distribución de sus productos y desprovisto
de justificación, de forma repentina e incluso inopinada,
entre otros contextos.
9 Maseda Rodríguez, Javier. 2000. Aspectos internacionales de la concesión
mercantil. Universidad de Santiago de Compostela. Pág. 20.
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48
Serán, a la sazón, las circunstancias en las cuales se
configura la culminación del pacto las determinantes a
efectos de establecer cuál fue la intención que la detonó, esto
es, si hubo de por medio un fin desleal o no.
De allí que -itérase- el referido inciso 2° del artículo 2°
en mención consagre indispensable auscultar «las
circunstancias en que se realiza».
Por supuesto que el finiquito del pacto de marras de
forma sorpresiva, esto es, ajena a los plazos previstos legal o
contractualmente; sin razón valedera, entendiéndose por
esta la que amerita tal culminación; e inopinada en tanto no
media requerimiento previo al concesionario para que
suministre las explicaciones pertinentes; entre otras
situaciones; constituye acto idóneo para aplicar la
presunción prevista en el inciso 2° del artículo 2° de la Ley
de Competencia Desleal, en la medida en que a través de
dicho proceder el concedente hará de lado a su
concesionario, ya sea para distribuir en forma directa sus
productos, ora para entregar esa distribución a un nuevo
concesionario, máxime cuando de por medio obra cláusula
de exclusividad tanto para el uno como para el otro.
4. Sin embargo, aplicadas las anteriores premisas al
sub judice se desprende que no ocurrieron los errores de
hecho atribuidos a la sentencia del tribunal en la valoración
probatoria, como pasa a verse:
4.1. En primer lugar, ese estrado judicial refirió que
todo el material probatorio recaudado, especialmente los
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49
documentos y testimonios, deja ver que el proceder de
Autogermana tenía el propósito de evitar la afectación del
mercado de BMW en el departamento de Antioquia y la
ciudad de Medellín por las quejas de los usuarios respecto de
los servicios prestados por Autogermaco.
Precisamente ese acervo persuasivo da cuenta de que,
contrariamente a lo alegado por los recurrentes,
Autogermana justificó la terminación de la relación
contractual con Autogermaco, en la medida en que, de un
lado, el 6 de febrero de 2005 visitó sus instalaciones, data en
la cual fue levantada acta, suscrita por Mauricio Jaramillo
en nombre del concesionario, con requerimientos a cumplir,
los dependientes encargados y la fecha límite concedida para
su acatamiento; tareas dentro de las cuales fue consignado
que Autogermaco, entre muchas otras:
se compromete a adquirir un computador para Mauricio Jaramillo
con internet e impresora láser además de un fax [..;] se compromete
a cumplir con los estándares de fábrica y de identidad corporativa
en cuanto al manejo de todos los formatos y formas entregados
por Autogermana [..;] Autogermaco debe elaborar una presentación
con respecto al programa “Responsable del Salón” en el que se
exponga del Show Room: en qué está y cómo busca cumplir los
estándares de identidad corporativa que generen un cambio que
permita una excelente vista interna y externa del concesionario.
[..;] DEPARTAMENTO DE POSVENTA [..;] Realizar las
encuestas de post-venta. Las encuestas deben entregársele a los
clientes en el momento de recepción del vehículo para que sean
diligenciadas en la sala de ventas de Autogermaco, mensualmente
se deben enviar a Juliana Escobar del área de mercado posventa
de Autogermana S.A. con el propósito de tabular los resultados [..;]
Capacitación al jefe de taller. Se notificará al Departamento de
Servicios y Repuestos la fecha en la cual se programará la
capacitación [..;] Kit de herramientas. Autogermaco deberá
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50
adquirir un Kit básico de herramienta, que está diseñado
especialmente para la atención de automóviles BMW [..;]
Inventario de lento movimiento. Autogermaco deberá enviar
por medio magnético (correo electrónico) el listado de partes de
nulo movimiento, con el fin de ser incorporadas en nuestro sistema
y promover su venta. Teniendo en cuenta lo anterior, Autogermana
S.A. dará plazo hasta el 28 de febrero para recibir la información.
Se aclara que después de esta fecha no será incorporado el
inventario al sistema.[…]10
De otro lado, en la comunicación de Autogermana de 30
de diciembre de 2005, a través de la que terminó el acuerdo
de concesión, señaló que «[a]djunto nos permitimos hacerles
llegar el informe de nuestro departamento de posventa,
relacionado con las visitas que realizamos durante el año
2005 a su concesionario, los acuerdos pactados y el desarrollo
de los mismos. Así mismo estamos enviando copia de las
comunicaciones recibidas de los señores Juan Carlos Molina,
con las respuestas dadas por el Sr. Builes a nuestra inquietud
sobre ese caso y también comunicación recibida del Sr. Juan
Martín González. Estas serias quejas demuestran los efectos
perjudiciales de no reunir las condiciones técnicas,
comerciales y operativas necesarias para la adecuada
ejecución de su actividad.»11 Y como anexo a esta misiva,
Autogermana incorporó el «Informe de Comportamiento del
Concesionario autogermaco» que da cuenta de compromisos
asumidos por esta que incumplió, entre otros:
«Visitas recientes:
Febrero 9 2005 (Jairo Robayo)
Compromisos adquiridos:
10 Folios 60 a 64, cuaderno de pruebas de Autogermana.
11 Folio 168, cuaderno 1.
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• Desde 1998 a la fecha de la visita no se había recibido ningún
comentario del análisis de compras (según se establece en el
manual de concesionario), el compromiso se renovó pero no se
obtuvo respuesta. Además no se ha recibido información de las
ventas mes a mes de partes y accesorios del concesionario (por
mostrador y por taller) esa información es fundamental para que
Autogermana conozca el comportamiento del concesionario y
pueda darse una idea de su nivel.
• (…)
Octubre 28 2005 (Néstor Uribe – María Clara Acosta – Javier
Achury)
Compromisos adquiridos:
• El encargado del manejo de partes y accesorios era nuevo y no
había recibido una capacitación adecuada, además no tenía el
suficiente manejo del catálogo electrónico, la conexión a ASAP y el
sistema de control de inventarios, lo cual es clave al momento de
entregar una información oportuna y correcta tal como la requiere
Autogemana. El concesionario se comprometió a capacitar a su
encargado de repuestos pero a la fecha no había dado a conocer
que tenía problemas con su conexión a ASAP, la persona de
repuestos que los atiende en Autogermana fue quien se dió (sic)
cuenta de esto pues pedían referencias sin conocer equipamientos.
• Se acordó el compromiso de seguir los procedimientos que se
encuentran en el manual de garantías que les fue entregado, pero
a la fecha no los siguen.
• El concesionario se comprometió a enviar SEMANALMENTE las
encuestas de satisfacción al cliente a Juliana Escobar, desde esa
fecha se han recibido 19 encuestas del mes de Noviembre (sic),
mejoraron mucho en este aspecto pues no (sic) antes de la visita
solo se registraban 4 encuestas del mes de Marzo, (sic) no obstante
sigue siendo muy bajo el promedio.
• (…)
Manejo de la información Técnica y de Fábrica.
Autogermana provee a todos sus concesionarios y colaboradores
un acceso al S-Gate de BMW, en ese portal los concesionarios
deben consultar los equipamientos de los vehículos lo cual es
imperativo al realizar un pedido de una referencia. Al
concesionario Autogermaco le bloquearon la clave por falta de uso,
perjudicándolos (sic) así mismos puesto que corren el riesgo de
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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hacer pedidos de partes equivocados (sic). Hasta hace muy poco
tiempo conocimos está (sic) situación y se procedió a hacer el
trámite para reactivar la cuenta.
Informes solicitados por Repuestos Autogermana y Pedidos
de Stock.
Repuestos Autogermana plantea que para atender un parque
automotor de autos y motos de BMW como el que se tiene en
Medellín se han de realizar los pedidos de stock. La tendencia de
los pedidos de repuestos es hacerlos según la necesidad diaria,
en general no realizan los pedidos de stock siquiera comprobables
con los de los otros concesionarios.
En cuanto al informe de compras efectuadas localmente no se han
recibido este año.
Como no se ha enviado una explicación de las causas que no le
permiten al (sic) realizar sus pedidos de stock y por otro lado su
análisis de compras de referencia de alta rotación indica que este
nivel es muy bajo para soportar una plaza como Medellín, tenemos
muchas dudas acerca de cómo estas (sic) se están supliendo de
estas partes de alta rotación (Partes de mantenimiento de bujías,
pastillas de freno, correas, etc.).
Servicio.
Garantías.
El Departamento de Garantías organizó el primer curso de
Garantías BMW, en el cual se pretendían aclarar todas las dudas
respecto a las condiciones, política y trámite de las garantías,
además de presentar un nuevo procedimiento y un nuevo manual
en busca de hacer más eficientes y claros los procesos.
Autogermaco pese a confirmar la asistencia no envió a ningún
delegado, todos los demás concesionarios invitados si (sic) lo
hicieron. (…)»12
La valoración de este acervo probatorio, además de
carecer de censura en las demandas de casación y, por
consecuencia, servir de apoyo suficiente al proveído atacado;
deja al descubierto circunstancias justificantes de la
terminación del contrato
de concesión, además de oportunas
12 Folios 169 a 173, cuaderno 1.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
53
en la medida en que denotan cuestionamientos dirigidos a
Autogermaco desde los albores del año 2005, y carentes de
réplica y prueba por esa sociedad.
4.2. En segundo lugar, la Corte tampoco encuentra
omisión del juzgador de segunda instancia respecto de la
estimación de las comunicaciones de 30 de diciembre de
2005 y 24 de febrero de 2006, remitidas por Autogermana a
Autogermaco, pues si bien es cierto acreditan la terminación
de la relación contractual a partir del 31 de diciembre de
2005 y la invocación del vencimiento del término pactado en
el contrato de concesión; igualmente revelan, como lo adujo
el juzgador ad-quem y habida cuenta del motivo que llevó
Autogermana a finiquitar la relación, que se trataba de una
controversia de índole contractual sin matices de
competencia desleal, ya que esta empresa sólo pretendía
velar por el buen funcionamiento de la marca BMW en el
territorio asignado a la compañía demandante.
Lo propio debe afirmarse respecto de la renovación o
prórroga que tácitamente realizaba Autogermana respecto
del convenio de concesión, la forma en que fue notificada la
citada culminación y las pruebas del aumento en las ventas
de Autogermaco (dictamen pericial y testimonio de Norman
Isaza), es decir, se trata de desavenencias de índole
contractual que no superan este contorno para colegir
intención proterva del concedente para excluir al
concesionario del mercado de vehículos de alta gama marca
BMW en el territorio otrora asignado, desprovista de
justificación seria, oportuna y enarbolada previamente.
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
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En otros términos, el incremento de las ventas, la forma
en que Autogermana notificó sus decisiones y la renovación
o prórroga del pacto de concesión no excluía los compromisos
adquiridos por Autogermaco relativos a los servicios de
postventa, garantías y demás condiciones técnicas,
comerciales y operativas.
4.3. En adición, igualmente observa esta Sala
inexistencia de tergiversación de los testimonios de José
Roberto Giraldo Álvarez, Néstor Raúl Uribe Giraldo y los
anuncios de prensa aportados por Autogermaco, en razón a
que de ellos sí se extrae, como lo infirió el tribunal, que
Autogermana inició actividades en la ciudad de Medellín tres
meses después de finalizar el pacto de concesión.
Ahora, que esas probanzas igualmente muestren
supuestos daños causados a la demandante en nada
evidencia la incursión de error de hecho en el veredicto
impugnado, por corresponder a consecuencias de la
terminación del contrato
de concesión, más no motivantes de
esta.
4.4. De igual manera descarta la Corte falencia fáctica
en la apreciación de la comunicación de 7 de septiembre de
2005, remitida por Autogermana a Autogermaco, que
contiene cuadro comparativo de las diferentes marcas que
componen el mercado de automóviles de alta gama, del
contrato de concesión y del certificado de existencia y
representación de Autogermaco; pues aunque dicho material
Radicación n.° 05001-31-03-016-2006-00226-01
55
suasorio deja ver la participación de BMW en Colombia, la
comercialización de vehículos marca BMW en el
departamento de Antioquia y especialmente en la ciudad de
Medellín por Autogermaco, la dependencia económica de esta
con respecto a las demandantes y, en suma, que la
terminación de marras implicó para la convocante la
exclusión de dicho mercado; de nuevo se trata de secuelas
del rompimiento del vínculo que existía entre dichas
sociedades mercantiles, pero no aluden a la causa que llevó
a la concedente a dicho proceder.
4.5. Finalmente, en lo restante del segundo cargo de
cada una de las demandas de casación se destacan, de
nuevo, falencias técnicas en la medida en que censuran
consideraciones ajenas al proveído fustigado, tornando
asimétricos los reproches.
Ciertamente, aducen tales libelos que el estrado judicial
de segundo grado erró al valorar el contrato de concesión
signado por Autogermana y Autogermaco, pues extrajo de él
que esta empresa no participaba en el mercado antioqueño y
que la clientela era de Autogermana; agregaron que su
juzgador también desacertó al apreciar el contrato de
importación celebrado entre BMW y Autogermana, el de
concesionario referido anteriormente y las revistas
especializadas anexas al plenario, porque de estos coligió que
Autogermana no es representante de BMW y la exoneró de
responsabilidad.
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No obstante, el fallo de última instancia expuso
conclusiones diversas a las entendidas por los recurrentes,
como que aun cuando la clientela en Medellín y Antioquia
pertenece a Autogermaco, no podía afirmarse que
Autogermana pretendiera usurpársela.
A la par el proveído del juzgador ad-quem consideró
necesario iniciar su estudio con el segundo presupuesto de
la acción de competencia desleal, esto es, la satisfacción del
fin concurrencial en los actos reprochados; y al encontrarlo
incumplido -añadió- se libró del análisis de la representación
aparente endilgada a Autogermana en favor de BMW.
Por consecuencia, diamantino queda que en esos
pasajes los cargos son desenfocados por censurar
consideraciones extrañas a las forjadas en la providencia
impugnada.
4.6. Todo lo anterior deja al descubierto, como ya se
anunció, que las censuras fácticas endilgadas a la
providencia de segunda instancia no ocurrieron, a más de
que, realmente, tales críticas no pasaron de ser un ejercicio
paralelo de valoración probatoria de los recurrentes.
En otros términos, los ataques fundados en errores de
hecho no demostraron las falencias invocadas porque
aducen un punto de vista distinto al del fallador, cuando
debieron precisar, por fundarse en supuestos errores fácticos,
que se generó la omisión, suposición o alteración de las
pruebas; que a causa de uno o varios de estos errores las
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consideraciones del juzgador se tornaron contraevidentes e
insostenibles de cara a lo que revela el material suasorio, y
que la decisión planteada en las censuras era la única viable.
Recuérdese que al respecto la Sala ha señalado que:
De conformidad con el último inciso del artículo 374 del Código de
Procedimiento Civil, cuando se alegue la violación de norma
sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la
apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada
prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre, actividad que
impone, como ha afirmado con reiteración la Corte, que "...más que
disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al
sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios
probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con
las conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y
la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su
trascendencia en la determinación adoptada" (Cas. Civ., sentencia
de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533;), actividades todas
que conducen a la acertada confección de la censura en ese preciso
aspecto. En el mismo sentido ha dicho la Corte, también con
insistencia, que la demostración del yerro "...se cumple mediante
la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la
decisión adoptada."(sent. de 2 de febrero de 2001, exp. 5670), por
manera que se precisa una tarea de confrontación o de parangón
entre lo que la sentencia dijo acerca del medio o de la demanda o
contestación y lo que en verdad ella debió decir. (CSJ AC, 30 mar
2009, rad. 1996-08781-01).
Más recientemente indicó que «(e)n el error de hecho
debe ponerse de presente, por un lado, lo que dice, o dejó de
decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y, por el otro,
el texto concreto del medio, y, establecido el paralelo, denotar
que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa
disparidad es evidente. (CSJ AC, 13 ene 2013, rad. 2009-
00406).
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Es que acoger cargos en casación fundados tan sólo en
un ejercicio de ponderación probatoria diferente al plasmado
en la providencia atacada desconocería la doble presunción
de legalidad y acierto de que está revestida la sentencia de
última instancia, como quiera que las conclusiones del juez
fundadas en el examen de los elementos fácticos son, en
principio, intocables, salvo la demostración de un yerro
apreciativo, evidente y trascendental, que en el caso de autos
no se mostró.
5. En cuanto al yerro de derecho alegado, tiénese lo
siguiente:
5.1. Las presunciones pueden ser de derecho, las cuales
no admiten prueba en contrario y fueron consagradas
inicialmente en el derogado Código Judicial, a cuyo tenor
«[c]uando la ley establece presunción de derecho no se admite
prueba en contrario» (art. 660, ley 105 de 1931), actualmente
en el inciso final del canon 66 del Código Civil al señalar que
«[s]i una cosa, según la expresión de la ley, se presume de
derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstancias».
O legales, las que sí son susceptibles de infirmación,
conforme lo regula el inciso final del artículo 166 del Código
General del Proceso, al señalar que «[e]l hecho legalmente
presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en
contrario cuando la ley lo autorice», en concordancia con los
incisos 1 y 2 del artículo 66 citado, a cuyo tenor «[s]e dice
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presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas. Si estos antecedentes o
circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se
presumirá probar la no existencia del hecho que legalmente se
presume, aunque sean ciertos los antecedentes o
circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la ley
misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los
antecedentes o circunstancias.»
Tales presunciones, recordó esta Sala recientemente,
«son juicios lógicos mediante los cuales de un hecho cierto
(antecedente) se deduce otro desconocido (presumido)» (CSJ
SC008 de 2021, rad. 2016-00293), sin que puedan
equipararse con la prueba indiciaria, aunque conservan
propiedades comunes.
En efecto, en la prueba indiciaria consagrada en el
artículo 240 de la misma obra, «la operación intelectiva
mediante la cual el juez estructura los indicios, comporta, de un
lado, una labor de síntesis que le permite aproximar y asociar
entre sí los diversos datos factuales que el material probatorio
le ofrece y, de otro, una actividad analítica, en virtud de la cual,
atendiendo las reglas de la experiencia y mediante juicios
lógicos, deduce de un hecho conocido otro desconocido» (CSJ SC
049 de 2006, rad. 5366).
Es decir, tanto en la presunción como en el indicio el juez
parte de un hecho -el cual está acreditado- que lo lleva a una
deducción; la diferencia radica en que cuando esta inferencia
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aparece consagrada positivamente se denomina presunción
(legal o de derecho), lo cual no sucede en la prueba indiciaria,
porque en esta corresponde al funcionario judicial extraer tal
secuela.
Sobre esto la Corte tiene dicho que:
(…) tratándose de presunciones legales propiamente dichas,
relativas o “iuris tantum”, en procura de evitar lamentables
confusiones respecto del modo cómo funciona el mecanismo
probatorio que en ellas va envuelto, forzoso es distinguir con
rigurosa precisión entre los hechos base en que la presunción se
asienta y aquellos que se deducen al aplicarla por obra de un
raciocinio del cual es autor el legislador directamente y cuya
exactitud no tiene que demostrar quien en su favor la invoca. (CSJ
SC. 16 feb. 1994, rad. 4109, reiterada en CSJ SC11335-2015).
Ejemplos de presunciones legales son la de
responsabilidad civil en cabeza del guardián de la actividad
calificada como peligrosa con la cual se causa daño,
desarrollada jurisprudencialmente con base en los cánones
2341 y 2356 del Código Civil (CSJ SC de 17 may. 2011, rad.
2005-00345-01); la de que no son baldíos, sino de propiedad
privada, los fundos rurales poseídos económicamente por
particulares (art. 1, ley 200 de 1936, modificado por art. 2 de
la ley 4 de 1973, SC 101 de 1995, rad. 4127); la presunción
de que la concepción de una persona ha precedido al
nacimiento no menos de 180 días y no más de 300
retrotraídos desde la media noche que principia al
nacimiento (art. 92 Código Civil, SC 023 de 1996, rad. 4665);
la de que el hijo nacido en el matrimonio o la unión marital
de hecho tiene por padre al esposo o compañero (art. 214
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Código Civil, modificado art. 2, ley 1060 de 206), entre otras
tantas.
Así las cosas, «como las presunciones legales se posan
sobre unos hechos antecedentes que deben ser probados y
otro desconocido que es deducible por fuerza de la presunción
misma (art. 66 C.C.), cuando el juzgador pasa por alto los
primeros (supuestos fundantes), pese a estar acreditados y,
en consecuencia, deja de lado la deducción respectiva (hecho
desconocido), comete error «de hecho»; en cambio, si los ve
configurados y aun así no hace actuar la presunción
(deduciendo el suceso ignorado), la pifia es de iure.» (CSJ
SC008 de 2021, rad. 2016-00293).
5.2. Aplicando las anteriores nociones al sub lite colige
la Corte que el error de derecho endilgado al veredicto de
última instancia es inexistente, pues aun cuando la dicción
del tribunal no fue la más afortunada, expresó no encontrar
acreditados los actos necesarios para emplear la deducción
consagrada en el inciso 2 del artículo 2 de la ley 256 de 1996,
según la cual «[l]a finalidad concurrencial del acto se presume
cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la
participación en el mercado de quien o realiza o de un tercero».
Así se extracta de su reproducción de un pasaje
jurisprudencial según el cual «… la presunción de aplicación
objetiva de ley 256 de 1996 no puede darse por verificada en
la medida en que no se demostró la existencia de un acto
de mercado a partir del cual se pueda colegir que la
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demandada, con un propósito concurrencial, haya
ejecutado actos tendientes a lograr su afirmación en el
mercando o la de un tercero, por lo que deberán denegarse
las súplicas de las demanda.» (Minuto 22:33 a 22:56, disco
compacto folio 64, cuaderno 23. Resaltado ajeno).
En otros términos, el tribunal no incurrió en error de
derecho al omitir la aplicación de la presunción contenida en
el inciso 2° del artículo 2° de la Ley de Competencia Desleal,
sino que afirmó encontrarla desvirtuada a raíz de la
acreditación de hechos contrarios a aquellos que la soportan
positivamente.
Como se anotó ab initio del reproche casacional, la
presunción es un criterio lógico a través del cual se deduce
un hecho (presumido) a partir de otro que está acreditado
(antecedente); y como en el caso de autos el funcionario
colegiado coligió inexistente éste -según las consideraciones
vertidas por la Corte al resolver el cargo inmediatamente
anterior las cuales se dan por reproducidas en gracia de
brevedad- no pudo incurrir en falencia de derecho porque en
tal proceder, de haber equivocación, su yerro sería de hecho,
en la medida en que el error de derecho se configura cuando,
a pesar de estar probados los hechos antecedentes, el fallo
no aplica el presumido, y en el sub judice el juzgador
concluyó todo lo contrario, es decir, coligió improbado el acto
base.
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5.3. En este orden de ideas, el error de derecho es irreal,
lo que da al traste con el embate tercero de cada una de las
demandas de casación.
6. En conclusión, la terminación de un contrato de
concesión por el concedente que implica la exclusión del
concesionario del mercado puede tener fin concurrencial, en
tanto nada obsta que aquel posea el propósito impío de
asumir directamente el mercado conquistado por este. Sin
embargo, serán las circunstancias que rodean esa drástica
decisión las que mostrarán si existió ese ánimo o, por el
contrario, medió razón justificada, oportuna y consulta,
entre otros requisitos, es decir, seria y suficiente que apoye
la finalización.
Y en el sub lite el tribunal encontró, aunque no con la
mejor presentación, que en el proceder de Autogermana no
hubo fin concurrencial en los términos del artículo 2 de la
Ley de Competencia Desleal (ley 256 de 1996).
Es decir, el juzgador colegiado coligió desvirtuada la
presunción a que alude el inciso 2° del memorado canon legal
porque, si bien es cierto, en principio la terminación del
aludido pacto podría dar lugar a pensar que la concedente
tenía intención concurrencial bajo estudio, la observación de
todos los elementos de convicción lo llevaron a abandonar
esa idea.
7. De todo lo analizado emerge que el juzgador ad quem
no incurrió en los errores in procedendo e in iudicando a él
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enrostrados, circunstancia que conlleva la frustración de las
impugnaciones extraordinarias, la imposición de costas a
sus proponentes, según lo previsto en el inciso final del
artículo 349 del Código General del Proceso, y el
señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el
precepto 365 numeral 1º ibídem, para lo cual se tendrá en
cuenta que la parte opositora replicó la demanda de
casación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, resuelve:
Primero. NO CASAR la sentencia proferida el 7 de
febrero de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Automóviles
Germanos de Colombia S.A. «Autogermaco» promovió contra
Autogermana S.A. y Bayerische Motoren Werke A.G., trámite
en el cual Cristóbal Isaza Isaza interviene como coadyuvante
de la promotora.
Segundo. Condenar en costas a los recurrentes en
casación. Practíquese su liquidación en los términos del
canon 366 ibídem, incluyendo por concepto de agencias en
derecho la suma de $6’000.000 que fija el magistrado
ponente.
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Tercero. Reconocer personería a los abogados Jaime
Alberto Arrubla Paucar, Hugo Mauricio Velandia Castro y
Hernán Fabio López Blanco como apoderados judiciales de
Autogermaco S.A., Cristóbal Isaza Isaza y Autogermana S.A.,
en su orden, en los términos de los poderes a ellos conferidos.
En firme esta providencia devuélvase la actuación al
Tribunal de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de la Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
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LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda Gonzalez Neira
Álvaro Fernando García Restrepo
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
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