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República de Colombia
Cede Suprema de Justicia
Sala la Camelia Ova
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC5175-2020
Radicación a.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
(Aprobado en sesión de once de noviembre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil
veinte (2020).
Se decide el recurso de casación formulado por la
Fiduciaria Corficolombiana S.A. frente al fallo que el 10 de
julio de 2019 profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso declarativo
que promovió Serentia Seguros Ltda. contra la recurrente, en
su doble condición de sociedad fiduciaria y vocera del
patrimonio autónomo "Soler Gardens".
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
1.1. La demandante solicitó declarar que su contraparte
incumplió «las obligaciones principales de traditar o transferir el
dominio de los inmuebles (...) ofrecido a la demandante, a saber, los
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locales comerciales 613, 614 y 615 de la torre No. 1 y tres
parqueaderos», así como su deber de «realizar diligentemente todos
los actos necesarios para la consecución del objeto fiduciario, pactadas
en el contrato denominado encargo fiduciario de vinculación al
fideicomiso Soler Gardens».
Con ese fundamento, pidió que se declarara la
resolución del contrato que celebraron «Andrés Fajardo
VaLderrama, sociedad Fajardo Williamson S.A., Promotora Soler Gardens
S.A., Fiduciaria Coyficolombiana S.A. y el demandante Serentia Seguros
Ltda. Agencia de Seguros», y que se condenara a la fiduciaria, y
al patrimonio autónomo del que esta es vocera, a restituir a
la accionante $448.814.200, junto con los réditos
moratorios, la indexación y la
cláusula penal
pactada.
1.2. En subsidio de lo anterior, reclamó que se
ordenara «el cumplimiento de las obligaciones principales contenidas
en el contrato denominado encargo fiduciario de vinculación al
Fideicomiso Soler Gardens», y se condenara a las convocadas a
pagar «los intereses moratorios a la tasa comercial máxima legal
vigente, sobre los valores pagados por el demandante para la
adquisición de los inmuebles», así como los réditos de mora «sobre
el valor que debieron tener los inmuebles al momento en el cual procedía
la transferencia del dominio*.
2. Fundamento fáctico.
2.1. El 1 de septiembre de 2007, la sociedad Fajardo
Williamson S.A. y el señor Andrés Fajardo Valderra.ma,
celebraron con la Fiduciaria Corficolombiana S.A. un
contrato de fiducia mercantil de administración, «en virtud del
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cual se constituyó (...) el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso
Soler Gardens, con el fin de llevar a cabo el proyecto inmobiliario Soler
Gardens». Con posterioridad, aquellos cedieron su posición
contractual de fideicomitentes y beneficiarios en favor de la
sociedad Promotora Soler Gardens S.A.
2.2. Serentia Seguros Ltda. «se vinculó al Fideicomiso Soler
Gardens por medio de la suscripción de encargo fiduciario en el mes de
mayo de 2008, como beneficiario de área»; asimismo, «celebró un
contrato denominado "acuerdo precontractual" de los locales comerciales
adquiridos en el proyecto con el señor Jesús Hernán Correa Gómez,
quien obró en nombre y representación de la sociedad Promotora Soler
Gardens S.A.».
2.3. Con el correr de los días, la convocante reparó en
«la negligencia e irresponsabilidad de los constructores, de la promotora
del proyecto y de la fiduciaria». Esta última, por ejemplo, estaba
encargada de asegurar que los cinco lotes sobre los que se
había planeado construir el proyecto fueran transferidos al
patrimonio autónomo, pero solo verificó la suscripción de las
escrituras de compraventa de cuatro de esos fundos, lo cual
impediría «iniciar la fase operativa del proyecto, y liberar los fondos»
en favor de la promotora-constructora.
2.4. La fiduciaria permitió que el proyecto siguiera su
curso, admitiendo la vinculación de nuevos beneficiarios de
área, «sin advertirles sobre el riesgo de no estar completa la titularidad
de los lotes de terreno a nombre del patrimonio autónomo 'Fideicomiso
Soler Gardens"» . Además, tuvo por verificado el punto de
equilibrio proyectado -requisito esencial para que se
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desembolsaran dineros en favor del constructor-, sin reparar
en la existencia de un «grave déficit de ventas».
2.5. De haber cumplido con sus deberes fiduciarios, la
institución financiera demandada habría tenido que requerir
a los fideicomitentes para que efectuaran la titulación del
bien faltante de manera tempestiva, e informar dicha
situación a los beneficiarios de área; inclusive, de persistir
las irregularidades, como en efecto persistieron, tendría que
haber efectuado «el reembolso de los recursos a favor de cada uno de
los beneficiarios de área que hayan suscrito su respectivo Encargo
Fiduciario, junto con los rendimientos generados».
2.6. A pesar de las faltas en que incurrió la fiduciaria,
que dan muestras de «una abierta tolerancia de una conducta
perniciosa del fideicomitente, que causó un grave daño a los intereses
económicos de los beneficiarios de área», la actora cumplió con sus
cargas, de modo que aquella recibió «directamente de la
demandante todos los pagos que correspondían por su inversión
inmobiliaria, de acuerdo al plan de pagos generado por la promotora del
proyecto, sobre los locales comerciales 613, 614 y 615 de la torre No. 1,
y tres parqueaderos».
2.7. Como era previsible, «para la fecha (...) prevista en el
contrato de encargo fiduciario y su otrosí, esto es, el 30 de marzo de
2011*, los locales comerciales enunciados previamente no se
encontraban edificados, de modo que no fue posible realizar
su entrega material, ni tampoco la tradición jurídica en favor
de la entidad demandante, actos que «tal parece nunca
sucederán».
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2.8. De lo expuesto se sigue que «el comportamiento de la
fiduciaria en su gestión como profesional del sector financiero (...) fue
descuidado y negligente (...), y con ello dejó sin respaldo o garantía
económica suficiente a los beneficiarios de área, y en particular a [la
demandante]», generando con ello «importantes perjuicios que deben
ser indemnizados por los deudores de forma solidaria».
3. Actuación procesal
3.1. Enterada del auto admisorio de la demanda, la
Fiduciaria Corficolombiana S.A. se opuso a la prosperidad
del petitum, alegando en su defensa las excepciones que
denominó «esquema fiduciario de beneficiarios de área para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios»; «falta de integración del
contradictorio, por no haberse comprendido en la demanda a todos los
litisconsortes necesarios»; «ausencia de legitimación en la causa por
pasiva por parte de Fiduciaria Cotficolombiana S.A., en posición propia»;
«ausencia de legitimación en causa por pasiva, respecto de la pretensión
3.3 del escrito de demanda»; «no existe solidaridad entre fiduciaria
Cotficolombiana S.A. como vocera y administradora del Fideicomiso
Soler Gardens y los fideicomitentes del contrato de ftducia mercantil
irrevocable de administración»; «diligencia y cuidado. Ausencia de
Culpa»; «Ausencia de nexo causal» y «tasación excesiva de los
eventuales perjuicios».
3.2. A su turno, el Fideicomiso Soler Gardens,
actuando a través de la fiduciaria que funge como su vocera,
replicó las pretensiones, y propuso las defensas de «ausencia
de solidaridad» e «imposibilidad jurídica para ejercer la acción
resolutoria de contrato».
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3.3. La primera instancia culminó con el fallo de 22 de
junio de 2018. Alli, la juez de la causa desestimó las
excepciones de mérito, decretó la resolución del «encargo
fiduciario de vinculación suscrito el 10 de mayo de 2008 y sus dos
otrosí/es]», y condenó al Fideicomiso Soler Gardens, así como
a la Fiduciaria Corficolombiana S.A., a pagar a la
demandante, de manera solidaria, una indemnización
equivalente a $448.814.200, junto con «los intereses comerciales
al máximo permitido por la Superintendencia Financiera, desde el 31 de
diciembre de 2010».
Contra esa determinación, las convocadas formularon
recurso de apelación.
SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante providencia de 10 de julio de 2019, el tribunal
confirmó en su integridad lo resuelto por la funcionaria a
quo, con apoyo en los siguientes argumentos:
(i) El encargo fiduciario no puede considerarse como
«un acto jurídico completamente aislado [o] separado del contrato de
fiducia mercantil, pues en los contratos coligados no hay un único
contrato atípico, [sino] una pluralidad combinada de contratos, cada uno
de los cuales responde a una causa autónoma que en conjunto tienden
a la realización de una operación económica unitaria y compleja».
(ii) En lo que toca con la conducta de la sociedad
fiduciaria, «la parte demandante acusó el incumplimiento de las
siguientes obligaciones: 1) La suscripción (...) de las escrituras públicas
a través de las cuales los propietarios de los cinco lotes en los que se
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desarrollaría el proyecto transferirían la propiedad de ellos al patrimonio
autónomo, pues el quinto lote nunca ingresó; 2) La verificación (...) de las
condiciones para pasar de la fase pre-operativa a la fase operativa,
puntualmente lo atinente a la superación del punto de equilibrio; 3) La
exigencia (...) del cumplimiento de las obligaciones que tenían [los]
fideicomitentes, previo a ceder su posición contractual en favor de
Promotora Soler Gardens S.A.S.; 4) Suministrar información veraz antes
y durante la relación comercial».
(iii) Debe precisarse que «cuando se acusa incumplimiento
de la Fiduciaria Corficolombiana S.A. (...) lo que se reprocha al
profesional fiduciario es la negligencia y la falta de cumplimiento de las
finalidades de su administración en detrimento de los vinculados al
proyecto; las consecuencias de esos incumplimientos, desde luego no
deberían recaer en el patrimonio autónomo (...). La fiduciaria comparece
al proceso (...) debido al presunto incumplimiento de sus obligaciones
como administrador del fideicomiso toda vez que se apresuró a verificar
un punto de equilibrio que no existía, no completó el patrimonio autónomo
con el quinto lote y no brindó información veraz a Serentia Seguros Ltda.,
en el momento en el que se vinculó al proyecto».
(iv) Ciertamente, la fiduciaria «no se podía limitar a que el
fideicomitente simple y llanamente le certificara que ya se alcanzó [el
punto de equilibrio], porque entonces, se convierte la figura del
fideicomiso comercial en una fachada, que un fideicomitente utiliza a una
organización financiera para ofrecer una falsa seguridad», máxime «si
en el contrato de encargo fiduciario, en sus antecedentes punto 11, se
consignó "el proyecto se encuentra en la fase pre-operativa, en la cual
deberán cumplirse los requisitos establecidos por la fiduciaria para la
obtención del punto de equilibrio del proyecte».
(u) La fiduciaria, «conforme al artículo 1234 del Código de
Comercio, tiene la obligación indelegable de obrar en pro del patrimonio
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autónomo contra actos de terceros, e incluso contra actos de los
fideicomitentes o beneficiarios»; y justamente «de esa certificación [la
de haber alcanzado el punto de equilibrio, se aclara] dependía que se
sacaran recursos del patrimonio autónomo», lo que reviste de
elevada trascendencia a esa prestación fiduciaria, «de cara a
no defraudar la fe depositada en ella por el beneficiario de área».
(vi) Siendo ello así, es contrario a las reglas
contractuales «que la fiduciaria, como profesional en la administración
de recursos para la entrega de proyectos inmobiliarios, adopte una
actitud inerte respecto de la verificación del punto de equilibrio,
limitándose a defender su correcto actuar contractual bajo la premisa
que, según las instrucciones, el cumplimiento del punto de equilibrio fue
reportado por los fideicomitentes para mayo de 2008».
(vii) En conclusión, «es palmaria la negligencia de la
Fiduciaria Corficolombiana y manifiesto su incumplimiento del contrato
de fiducia mercantil y de sus obligaciones indelegables, con perjuicio de
los demandantes, concretamente de la obligación indelegable a su cargo
según el numeral 4° de artículo 1234 del Código de Comercio, puesto que
está acreditado que no se llegó al punto de equilibrio y que el mismo fue
indebidamente certificado y en consecuencia, no podía hacerse entrega
de dineros para seguir la fase operativa», debiendo esperar para
ello al «alcance efectivo del punto de equilibrio, o en su defecto,
devolvfed los recursos pagados, por los beneficiarios del área según la
cláusula 19 de contrato».
DEMANDA DE CASACIÓN
Contra la decisión de la corporación ad quem, la
Fiduciaria Corficolombiana S.A. interpuso el recurso
extraordinario de casación, formulando cinco cargos. Los dos
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primeros, con apoyo en la causal tercera del artículo 336 del
Código General del Proceso; el siguiente, alegando la
infracción directa de la ley sustancial, y los restantes
denunciando la trasgresión indirecta de la misma normativa.
CARGO PRIMERO
Tras advertir que la sentencia atacada «no está en
consonancia con las pretensiones y la causa petendi de la demanda», la
entidad financiera demandada arguyó que, al confirmar la
decisión de la funcionaria a quo, el tribunal condenó a la
Fiduciaria Corficolombiana S.A. «a pagar unas sumas de dinero,
sin que dicha sociedad (...) hubiera sido parte o hubiera celebrado el
contrato de encargo fiduciario resuelto».
Por ese mismo sendero, destacó que dicha institución,
como persona jurídica autónoma, no celebró ningún
convenio con la demandante, por lo que la responsabilidad
que se le endilgó «no podía ser nunca a título contractual, como lo hizo
(sic) el tribunal, sino extracontractual -pretensión que no fuera
formulada en la demanda-pues, se repite, la fiduciaria Corficolombiana,
en posición propia, no celebró ni fue parte en el contrato de encargo
fiduciario resuelto».
CARGO SEGUNDO
Al abrigo de la misma causal tercera de casación, la
recurrente denunció que la sentencia atacada no fue
congruente con los hechos que fueron objeto de controversia
en el proceso.
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Para la demandada, el ad-quem consideró que «la
Fiduciaria Corficolombiana, en posición propia, incumplió con sus
obligación de verificar el punto de equilibrio en ventas porque se
contabilizaron o tomaron en consideración, para tales efectos, los
encargos fiduciarios de vinculación de los dueños de los lotes en los
cuales se realizaría el proyecto», desconociendo que «cuando en la
demanda se cuestionó a la fiduciaria Cotficolombiana, respecto de la
obligación de verificar el punto de equilibrio, se la cuestionó porque,
supuestamente permitió o "toleró el canje o pago en especie de derechos
inmobiliarios derivados de 34 encargos fiduciarios por los honorarios que
supuestamente estarían causados a favor de los fideicomitentes, por su
gestión como gerente y constructor respectivamente"», pero nunca «se
planteó como causa petendi, que hubiera incumplido sus obligaciones
relativas al punto de equilibrio en ventas del proyecto por haber
permitido que parte del mismo se cumpliera con el pago a los dueños de
los lotes con área futura en el proyecto».
De este modo, el tribunal «sorprendió a la Fiduciaria, en
posición propia (...), al señalar que ella incumplió con sus obligaciones
respecto del punto de equilibrio en ventas del proyecto toda vez que no
se podían, para tales efectos, [contabilizar] los encargos fiduciarios de
vinculación suscritos con los dueños de los lotes que aportaron los
mismos para el desarrollo del proyecto, sin aludir en forma expresa y •
motivada de tener en cuenta dichos encargos fiduciarios de vinculación
para el decreto del punto de equilibrio (sic)»; ello a pesar de que «en
ningún momento existe una afirmación fáctica de la parte demandante,
haciendo radicar en ese aspecto el incumplimiento predicado».
De lo anterior coligió que «hubo una vulneración flagrante al
derecho al debido proceso de Fiduciaria Corficolombiana, en la medida
que se adoptó una decisión judicial (...) tomando hechos ajenos a los
expuestos en la demanda y sin dar la oportunidad a aquella sociedad
para ejercer su derecho de contradicción y defensa durante las etapas
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procesales respectivas, terminó por imputársele conductas que única y
exclusivamente fueron traídas a colación por parte del a-quem, al
momento de proferir la sentencia».
que:
CONSIDERACIONES
1. La regla de la consonancia.
El artículo 281 del Código General del Proceso establece
«La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante
excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último».
Esta norma, que reproduce el texto del canon 305 del
Código de Procedimiento Civil (vigente cuando inició este
juicio), tiene por objeto resguardar los derechos de defensa y
contradicción de los litigantes a través de la imposición de
límites al fallador en ejercicio de su función de juzgamiento,
evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones
inesperadas que corresponden a hechos, pretensiones o
excepciones personales que no fueron alegados -ni
replicados- oportunamente.
En otros términos, el rigor limitativo del ejercicio de la
función jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin
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exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrinal,
de manera que cuando la actividad del juzgador no se ciñe a
ese preciso ámbito, su decisión estará viciada de
incongruencia, en alguna de estas tres modalidades: ultra
petita, extra petita y mínima petita.
Sobre la mencionada desviación del procedimiento, y
sus distintas expresiones, la Sala se ha pronunciado en los
siguientes términos:
«A la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el
procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime
la controversia, respetar los límites o contornos que las partes le
definen a través de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y
de los fundamentos fácticos en que se basan ante todo los
pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite
reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o
de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse
oficiosamente por el juez.
A eso se contrae la congruencia de la sentencia, según lo establece
el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, dirigido no sólo a
disciplinar que esa respuesta de la jurisdicción corresponda con lo
que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a
impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del
marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo
incumplimiento es de antaño inscrito en una de estas tres
posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga
más de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado
oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar,
cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, así sea
implícitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones
formuladas (mínima perita); y en tercer lugar, cuando en el fallo
decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un
El principio de congruencia «tiene extraordinaria importancia, (...) pues se liga íntimamente con el
derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso
conozca las pretensiones o las imputaciones que contra él o frente a él se han formulado, por lo que la
violación de la congruencia implica la de aquél derecho; la actividad probatoria, las excepciones o
simples defensas, y las alegaciones se orientan lógicamente por las pretensiones, imputaciones,
excepciones y defensas formuladas en el proceso». DEWS, Hernando. Teoría General del Proceso. Ed.
Temis, Bogotá. 2017, p. 50.
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tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes
a los invocados (extra petita)» (CSJ SC1806-2015, 24 feb.).
2. Análisis del cargo.
Al desarrollar sus censuras, Fiduciaria Corficolombiana
S.A. arguyó que el tribunal había desconocido los linderos
del litigio, pues la responsabilizó del incumplimiento del
«contrato de encargo fiduciario de vinculación al fideicomiso "Soler
Gardens"», del que -en su opinión- no habría hecho parte, y le
endilgó un fallo en la verificación del punto de equilibrio del
proyecto, que no fue expresamente denunciado en el escrito
de demanda.
2.1. En cuanto a la primera de esas alegaciones,
advierte la Corte que la misma carece del desarrollo
suficiente para patentizar un error in procedendo, pues la
imposición de una condena como la cuestionada, per se, no
evidencia la falta de coincidencia entre lo fallado y lo pedido.
En casos como el presente, resulta necesario que en la
acusación se confronte efectivamente el petitum y el
contenido de la providencia definitiva, para evidenciar el
desafuero de la jurisdicción, lo que en el breve desarrollo del
referido cargo no se hizo.
Esta comparativa, además, luce de singular relevancia
en este asunto, porque la decisión que adoptó la juez a quo,
y que luego refrendó el tribunal, parece armonizar
cabalmente con la interpretación del marco de la negociación
que hiciera la demandante, según la cual allí coexistirían
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prestaciones a cargo del Fideicomiso Soler Gardens -tales
como transferir a Serentia Seguros Ltda. la propiedad de los
locales comerciales descritos en la cláusula cuarta y hacer
entrega material de estos- y de la Fiduciaria Corficolombiana
S.A., a quien le correspondía el deber indelegable de
administrar los recursos aportados por los beneficiarios de
área, como lo es la convocante, de manera armónica con el
reglamento de la fiducia mercantil.
Por esa vía, el ad quem coligió que ambas obligaciones
fueron incumplidas, no solo porque los locales nunca se
«escrituraron» ni entregaron materialmente a la actora, sino
también porque los dineros fueron administrados de manera
contraria a la finalidad del contrato de fiducia (el que
entendió «coligado» al encargo fiduciario), lo que, tras la
frustración del proyecto inmobiliario, habría impedido su
efectiva restitución a la beneficiaria de área.
Así, puede concluirse que el cuestionamiento inicial no
mostró la existencia de disonancias entre el petitum y la
sentencia atacada; antes bien, en esas piezas procesales se
patentizó la necesidad de indemnizar la inobservancia de
cargas contractuales de las dos querelladas (fiduciaria y
patrimonio autónomo). Cuestión distinta es que, en sentir de
la impugnante extraordinaria, esta careciera de legitimación
para resistir las pretensiones de responsabilidad contractual
que planteó el ente actor, pero ello atañe a un asunto de
juzgamiento, carente de cualquier vínculo con la congruencia
de la decisión judicial.
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2.2. En cuanto a la segunda crítica, es menester
recordar que la colegiatura de segundo grado consideró que
la inobservancia de la fiduciaria consistió en dar por
acreditado el punto de equilibrio en ventas del proyecto, sin
estarlo, lo cual -a su turno- viabilizó la irregular entrega de
dineros a la constructora, en desmedro de la posibilidad de
restitución efectiva de los fondos que le fueron transferidos
por los beneficiarios de área.
Ahora bien, a diferencia de lo que se expuso en la
demanda de sustentación, Serentia Seguros Ltda. no se
limitó a objetar la "tolerancia" de la fiduciaria con relación al
«canje o pago en especie de derechos inmobiliarios derivados de 34
encargos fiduciarios (...)». En realidad, este fue apenas uno de los
once reparos que planteó la demandante en el acápite de
«hechos» de su escrito inicial, y que se dirigían, de manera
genérica, a criticar a la casacionista por haber dado «por
verificado (...) el punto de equilibrio del proyecto reportado por los
fideicomitentes para el año 2008*, a pesar de que ese reporte «a
todas luces resulta ficticio y prefabricado».
Por ende, no incurrió en desafuero alguno el tribunal en
tanto intentó averiguar si ese punto de equilibrio se había
alcanzado (o no) para el momento en el que se autorizó el
desembolso de los recursos administrados por la fiduciaria
en favor de Promotora Soler Gardens S.A., sin importar que
en esa indagación hubiera fijado su atención en uno de los
reproches específicos efectuados por la sociedad
demandante, o en cualquier otro que englobara la acusación
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abstracta que esta planteó desde el inicio de la disputa, con
relación al requerimiento financiero en mención.
3. Conclusión.
Los dos primeros cargos no prosperan, porque en su
desarrollo no lograron acreditar que el petitum o la causa
petendi hubieran sido objetivamente alterados por el tribunal
al proferir el fallo de segunda instancia.
CARGO TERCERO
Al amparo de la causal primera de casación, la
demandada indicó que el tribunal había trasgredido de forma
directa los artículos 63, 1546, 1613 1614, 1615 Y 2344 del
Código Civil; 870, 1226, 1227, 1234, 1235 y 1243 del Código
de Comercio. Para fincar este alegato, insistió en que esa
corporación «condenó a la Fiduciaria Corficolombiana S.A., en posición
propia, a pagar unas sumas de dinero, sin que dicha sociedad, en esta
condición, hubiera sido parte o hubiera celebrado el contrato de encargo
fiduciario resuelto, con lo que desconoció, recta uta, las normas
sustanciales relacionadas con la resolución de contratos bilaterales y
sus consecuencias indemnizatorias».
A ello agregó que «la existencia de contratos coligados de
ninguna manera podría dar pie a que, en este caso, se pudieran extender
los efectos de la resolución del contrato de encargo fiduciario a la
Fiduciaria Corficolombiana en posición propia, pues no hizo parte del
mismo (...) [y] la coligación negocial no infirma la individuación,
singularidad y especificación de las relaciones contractuales, ni permite
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soslayar su contenido prestacional, autónomo, aunque independiente
del conjunto negocial».
Como colofón, expuso que «al ser la responsabilidad civil de
carácter personal, no puede imputársele a una persona la condena a
resarcir perjuicios, sino en la medida en que se encuentren debidamente
acreditados incumplimientos de obligaciones a su cargo, y que su obrar
se encuentre en relación causal adecuada con el acontecimiento dañoso
por el que es obligado a responder».
CONSIDERACIONES
1. La infracción directa de la ley sustancial.
Cuando el cargo se construye acusando la sentencia de
trasgredir, en forma directa, una norma sustancial, el censor
debe acreditar que, sin alterar la representación de los
hechos que se formó el tribunal a partir del examen del
material probatorio, el ordenamiento jurídico imponía una
solución de la controversia opuesta a la adoptada en la
providencia que puso fin a la segunda instancia.
En ese sentido, la fundamentación de la acusación ha
de dirigirse a demostrar que el ad quem dejó de aplicar al
asunto una disposición que era pertinente, aplicó otra que
no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le
atribuyó efectos distintos a los que de ella dimanan, o los
restringió de tal manera que distorsionó los alcances ideados
por el legislador. Expresado de otro modo, esta clase de
agravio a la ley sustancial es completamente independiente
de cualquier yerro en la valoración probatoria; además, su
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estructuración se presenta por tres vías, de contornos bien
defmidos: la falta de aplicación, la aplicación indebida o la
interpretación errónea de la norma de derecho sustancial.
Sobre este particular, la Corte ha apuntado que
«(...) la violación directa de las normas sustanciales, que como
motivo de casación contempla la causal primera (...), acontece
cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria,
deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a
que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que
resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la
disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de
ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se
funda en la causal que se comenta, compete al recurrente
centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales
que considere inaplicados, indebidamente aplicados o
erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de
cualquier consideración que implique discrepancia con las
apreciaciones lácticas del sentenciador, cuestión esta que
solo puede abordarse por la vía indirecta» (CSJ SC9100-2014,
11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, 28 may.).
2. Análisis del cargo.
2.1. Al establecer las premisas tácticas de su
argumento, el tribunal señaló que, tras la vinculación de
Serentia Seguros Ltda. al esquema fiduciario (como
«beneficiaria de área))), surgieron dos obligaciones a favor de la
demandante: (i) obtener la propiedad y la posesión de tres
locales, junto con sus respectivos parqueaderos, ubicados en
la primera etapa del complejo denominado Soler Gardens;
mantener bajo la administración de la fiduciaria los dineros
depositados de acuerdo al plan de pagos, hasta tanto el
proyecto inmobiliario iniciara su «fase operativa», en los
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
términos descritos en la cláusula decimonovena del contrato
de fiducia.
Con similar orientación, el ad quem determinó que la
primera de esas prestaciones, que constituía el pilar del
reclamo elevado contra el Fideicomiso Soler Gardens, estaría
en cabeza de ese patrimonio autónomo, mientras que de la
segunda, sobre la cual se fincó la petición de hacer extensiva
la carga indemnizatoria a la entidad financiera, sería deudora
la propia Fiduciaria Corficolombian.a S.A.
Respecto de la primera parte del raciocinio no se
suscitaron controversias al interior del trámite declarativo,
pero su segundo segmento motivó la censura de la
recurrente, quien con insistencia resaltó que la tarea de
administración de los dineros entregados por los
beneficiarios de área también correspondía al fideicomiso.
Sin embargo, esa defensa no fue acogida, pues se consideró
que la gestión adecuada de esos recursos es un deber
indelegable de la fiduciaria.
2.2. En ese contexto, en la providencia con la que se
desató la alzada, se hizo referencia a la sentencia CSJ
SC5438-2014, 26 ago., en la que la Corte sostuvo:
g(...) [1W° puede pasarse por alto que los únicos compromisos que a
la fiduciaria le es dable asumir como vocera de los bienes
fideisomitidos, son aquellos derivados del ejercicio o el
cumplimiento de los propósitos para los cuales fue constituida la
fiducia. En esa dirección, no hay, entonces, posibilidad de fusionar
o entremezclar los patrimonios (entendido a plenitud como los
activos y pasivos de una persona), de uno cualquiera de los
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
contratantes. Siguiendo esa orientación, dada la separación
existente, a la fiduciaria le corresponderá enfrentar, con sus
propios recursos, las consecuencias derivadas de aquellas
conductas dañinas realizadas respecto a su condición de
empresa y, lo mismo en lo que hace al patrimonio autónomo, que
sobrevendrán las que atañan a su objetivo, es decir, para lo que fue
constituido.
A manera de colofón, huelga memorar lo que en reciente
oportunidad esta Corporación dijo:
"(...) los deberes indelegables del fiduciario enlistados en el artículo
1234 del C. Co., entre los cuales se hallan aquellos que le imponen
'realizar diligentemente todos los actos necesarios para la
consecución de la finalidad de la fiducia' (n. 1), que comprende,
entre otros posibles, la celebración de actos jurídicos que redunden
sobre dicho patrimonio, y 'llevar la personería para la protección y
defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del
beneficiario y aun del mismo constituyente' (n. 4); ambos indican
que en el plano sustancial el fiduciario es quien debe obrar por el
patrimonio autónomo cuando la dinámica que le es inherente lo
exija, sin que lo haga propiamente en representación del mismo,
reservado como ciertamente se halla ésta figura a las personas
naturales o jurídicas.
(...) El fiduciario goza de todas las facultades necesarias para llevar
a buen fin el encargo salvo aquellas que se hubiese reservado el
fiduciante o que le fuesen prohibidas por mandato legal. Pero, de no
existir la restricción o estar expresamente facultado para ello, si
adquiere obligaciones con terceros en el proceso de ejecutar el
encargo, lo lógico es que tales obligaciones queden directamente
respaldadas por los bienes fideicomitidos, sin perjuicio de la
responsabilidad que los interesados pudieren deducirle más tarde
al fiduciario en caso de extralimitación de funciones o de la
adopción de conductas censurables, a las cuales pudiera imputarse
el incumplimiento de las obligaciones y las consecuencias negativas
sobre los bienes" (...). Ciertamente, como se ha indicado, el
patrimonio autónomo no es persona natural ni jurídica, y por tal
circunstancia en los términos del articulo 44 del C. de P. Civil, en
sentido técnico procesal no tiene capacidad para ser parte en un
proceso, pero cuando sea menester deducir en juicio derechos u
obligaciones que lo afectan, emergentes del cumplimiento de la
finalidad para la cual fue constituido, su comparecencia como
demandante o como demandado debe darse por conducto del
fiduciario quien no obra ni a nombre propio porque su patrimonio
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
permanece separado de los bienes fideicomitidos, ni tampoco
exactamente a nombre de la fiducia, sino simplemente como dueño
o administrador de los bienes que le fueron transferidos a título
de fiducia como patrimonio autónomo afecto a una específica
finalidad (...). En consecuencia, no se identifica jurídicamente el
fiduciario cuando actúa en su órbita propia como persona jurídica,
a cuando lo hace en virtud del encargo que emana de la constitución
de la fiducia mercantil, sin perjuicio, claro está., de que pueda ser
demandado directamente por situaciones en que se le sindique de
haber incurrido en extralimitación, por culpa o por dolo en
detrimento de los bienes fideicomitidos que se le han confiado,
hipótesis en la cual obviamente se le debe llamar a responder por
ese indebido proceder por el que en realidad ya no puede resultar
comprometido el patrimonio autónomo" (CSJ SC 31 de mayo de
2006, Exp. 0293)».
2.3. De lo expuesto en precedencia se sigue que, en
opinión del tribunal, la carga de la que da cuenta la cláusula
segunda del «contrato de encargo fiduciario de vinculación al
fideicomiso Soler Gardens», esto es, administrar, de manera
armónica con las disposiciones de la fiducia, los dineros
sufragados por Serentia Seguros S.A., habría surgido para la
fiduciaria previa expresión de su voluntad en el referido
convenio escrito, en el que esta última estampó su firma sin
dejar constancia de obrar como vocera de patrimonio
autónomo alguno.
Ello significa que, bien vistas las cosas, en el fallo de
segundo grado se entendió que Fiduciaria Corficolombiana
S.A., actuando en propio nombre, sí fue parte del referido
«contrato de encargo fiduciario de vinculación al fideicomiso Soler
Gardens», porque había exteriorizado su voluntad de
obligarse, en los términos ya explicados. De ahí que en esa
providencia se refrendara la decisión de condenar a las
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
accionadas, como secuela necesaria de la resolución, por
incumplimiento, de la aludida convención.
Y siendo ello así, como en verdad lo es, el cargo
propuesto no puede salir avante, porque el mismo se
fundamentó en un panorama factual completamente distinto
al que describió el ad quem; mientras que la tesis de los
funcionarios de segunda instancia evidencia que la
Fiduciaria Corficolombian.a S.A. fue parte del «contrato de
encargo fiduciario de vinculación al fideicomiso Soler Gardens», la
infracción directa de la ley sustancial se hizo consistir en
haber impuesto a la recurrente las consecuencias de la
inobservancia de un pacto en el cual no tuvo participación.
Esto equivale a decir que el tercer cuestionamiento solo
podría prosperar si se alteraran los hechos del litigio que se
dieron por probados, lo cual contrariaría la regla técnica de
la casación que consagra el literal a) del artículo 344-2 del
Código General del Proceso, a cuyo tenor, «NY-atándose de
violación directa, el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin
comprender ni extenderse a la materia probatoria».
2.4. Por último, resulta innegable que el ad quem
mencionó que tanto el «contrato de fiducia mercantil irrevocable de
administración», como el «encargo fiduciario de vinculación al
Fideicomiso Soler Gardens)), se encontraban «coligados». Sin
embargo, esa deducción no pretendió imputar a Fiduciaria
Corficolombiana S.A. el quebranto de un pacto del que no
hizo parte -como esta lo arguyó-, sino que tuvo el confesado
propósito de dotar de contenido a la carga de administración
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
estipulada en el encargo fiduciario, pues más allá de una
mención somera, la misma no tuvo allí mayor desarrollo.
En cambio, la forma en la que se dispondría del fondo
común conformado con los dineros pagados por los
beneficiarios de área estaba profusamente descrita en el
contrato de fiducia, de donde resulta entendible que se
acudiera a él para determinar la adecuación de la conducta
de la fiduciaria ante las prestaciones que -en opinión del
tribunal- derivaban para ella del encargo fiduciario.
Y como esta forma de razonar fue obviada por la
recurrente, fuerza concluir que la parcela fmal de la
acusación carece de simetría frente al marco jurídico del
debate construido por el tribunal, deficiencia técnica
adicional que concurre al fracaso de la censura.
3. Conclusión.
Al sustentar su tercera acusación, la demandante
presentó un panorama fáctico distinto del que expuso el
tribunal en su decisión, y realizó críticas carentes de enfoque
frente a la hipótesis que defendió esa colegiatura,
incorrecciones técnicas que impiden que el cargo prospere.
CARGO CUARTO
Con fundamento en la causal segunda del artículo 366
del Código General del Proceso, la convocada proclamó la
trasgresión indirecta de los citados artículos 63, 1546, 1613
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
1614, 1615 Y 2344 del Código Civil; 870, 1226, 1227, 1234,
1235 y 124? del Código de Comercio. Esto, dada la existencia
de graves eiTores de hecho en la apreciación de pruebas, que
admiten el siguiente compendio:
(i) En la cláusula decimonovena del contrato de
fiducia, se pactó que el período preoperativo concluiría
cuando tuviera lugar «la vinculación al proyecto de personas
denominadas beneficiarios de área, para un número no inferior al 60%
del total del área disponible para la venta, o del 60% del valor de las
ventas, lo que primero ocurra, para cada etapa, la cual se estima, para
la primera etapa, [en] 13.000 metros cuadrados por un valor total de
$48.000.000.000».
Sin embargo, a diferencia de lo que entendió el tribunal,
estos últimos guarismos correspondían a la totalidad del área
y valor de la primera etapa de la obra, por lo que, para dar
inicio al período operativo -o, lo que es lo mismo, «lograr el
punto de equilibrio» del proyecto- habría bastado con alcanzar
ventas equivalentes al 60% de aquellas, es decir, 7.800
metros cuadrados o $28.800.000.000, como efectivamente
ocurrió, -según las pruebas obrantes a folios.
(ii). El ad quem también reprochó a la fiduciaria
«porque se contabilizaron o tomaron en consideración, para verificar el
punto de equilibrio en ventas, los encargos fiduciarios de vinculación de
los dueños de los lotes en los cuales se realizarla el proyecto (...), cuando
no existía ninguna cláusula contractual, en ninguno de los contratos que
dieron lugar a la demanda, ni una disposición legal o reglamentaria, que
prohibiera tal conducta, de manera que la conclusión a la que llega el
tribunal (...) en el sentido de indicar que, por ese aspecto, Fiduciaria
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
Corficolombiana en posición propia, incumplió las obligaciones de
verificación del punto de equilibrio en ventas, es errada, dado que parte
de una equivocada apreciación del medio de prueba».
(iii) En el fallo recurrido se supuso la existencia de «la
obligación de enviar informes semestrales a los beneficiarios de área»,
así como el nexo de causalidad entre la inobservancia de ese
hipotético deber y el daño alegado, esto es, del no desarrollo del
proyecto inmobiliario, ni de la construcción (sic) de los inmuebles futuros
a los cuales se vinculó el beneficiario de área, ni de la no entrega de los
mismos por parte del fideicomitente a dichos beneficiarios, ni tampoco es
causa de la no escrituración de los mismos».
(iv) En esa providencia también se pretermitieron las
declaraciones de Margarita María Betancur Guzmán, Juan
José Carvajal, Sandra Salazar, Jaime Andrés Toro Aristizábal
y Andrés Fajardo Valderrama, quienes manifestaron que
para el desarrollo del proyecto no era necesaria la adquisición
de los cinco lotes que habrían de conformarlo, según el
diseño inicial, y que el punto de equilibrio del negocio había
sido alcanzado con antelación al inicio de la fase operativa.
CONSIDERACIONES
1. La infracción indirecta de la Ley sustancial por
errores de hecho.
La comisión de un yerro fáctico, de tal magnitud que
comporte la infracción indirecta de una norma sustancial,
presupone para su acreditación, entre otras exigencias, que
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
se compruebe que la inferencia probatoria cuestionada es
manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba;
es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se
advierta sin mayor esfuerzo ni raciocinio.
Como las sentencias llegan a la Corte amparadas por
una presunción de legalidad y acierto, le incumbe al
recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una crítica
concreta, simétrica, razonada y coherente frente a los
aspectos del fallo que considera desacertados, con indicación
de los fundamentos generadores de la violación a la ley, amén
de hacer evidente la trascendencia del desacierto en el
sentido del fallo y atacar, de modo eficaz e integral, todos los
pilares de la decisión impugnada.
que
En esta precisa materia, la jurisprudencia ha explicado
«(...) el error de hecho (...) ocurre cuando se supone o pretermite la
prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el
juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el
que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la
segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena
en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una
significación contraria o diversa.
El error "atañe a la prueba como elemento material del proceso, por
creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando
existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho" (G.
J., t. Docvm, pág. 313). Denunciada una de las anteriores
posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia
endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber
determinado la resolución reprochada (...).
26
Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la
Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, "cuando su
sólo planteamiento haga brotar que el criterio" del juez "está por
completo divorciado de la más elemental sincléresis; si se quiere,
que repugna al buen juicio", lo que ocurre en aquellos casos en que
él 'está convicto de contraevidencia" (sentencias de 11 de julio de
1990y de 24 de enero de 1992), o cuando es "de tal entidad que
a primer golpe de vista ponga de manifiesto la
contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo
combatido con la realidad que fluya del proceso" (sentencia
146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos
diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando
aparezca claro que "se estrelló violentamente contra la lógica
o el buen sentido común, evento en el cual no es nada
razonable ni conveniente persistir tozudamente en el
mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella
autonomía" (G. J., T. CCXXXI, página 644)» (CSJ SC 21 feb.
2012, rad. 2004-00649-01; reiterada en CSJ SC131-
2018, 12 feb.).
Con similar orientación, se ha sostenido que
«(...) partiendo de la base de que la discreta autonomía de los
juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce
a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de
acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les
endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que
puedan justificar la intimación del fallo, justificación que por
lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimación
probatoria propuesta por el recurrente es la única posible frente a
la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la
formulada por el juez; por el contrario, no producirá tal
resultado la decisión del sentenciador que no se aparta de
las alternativas de razonable apreciación que ofrezca la
prueba o que no se impone frente a ésta como afirmación
ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se presente
apenas como una posibilidad de que se haya equivocado.
Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo critico
sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factible
un nuevo análisis de los medios demostrativos apoyados en
razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente para
aniquilar una sentencia si no va acompañado de la
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
evidencia de equivocación por parte del sentenciador (...)»
(CSJ Sc, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01).
2. Análisis del cargo.
Contrario a lo afirmado por la casacionista, en la
valoración de las probanzas recaudadas el tribunal no
incurrió en un yerro protuberante, como pasará a explicarse:
2.1. En la cláusula decimonovena del «contrato de fiducia
mercantil irrevocable de administración», la Fiduciaria
Corficolombiana S.A. y los fideicomitentes originarios
pactaron que el proyecto inmobiliario Soler Gardens se
realizaría en dos fases, una preoperativa y otra operativa. En
la primera, se adelantarían todos los actos conducentes para
financiar la obra, principalmente a través de la vinculación
de beneficiarios de área, quienes entregarían sus recursos a
la entidad financiera, para que esta los administrara hasta
tanto el «punto de equilibro de ventas» fuera alcanzado.
Para verificar que ello ocurriera, las partes convinieron
que la vinculación de beneficiarios de área debería alcanzar
«un número no inferior al 60% del total del área disponible para la venta,
o del 60% del valor de las ventas, lo que primero ocurra para cada etapa,
la cual (sic) se estima en: Para la primera etapa, 13.000 metros
cuadrados, por un valor total de $48.000.000.000». Con base en esta
estipulación, el tribunal consideró que, para avanzar a la fase
operativa, seria necesario alcanzar esas cifras de ventas
(13.000 metros cuadrados o $48.000.000.000), lo que no
estuvo ni cerca de ocurrir.
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
En adición, expuso que si se acogiera la teorización de
la recurrente, según la cual los montos consignados en el
contrato representarían la totalidad del área o de las ventas
esperadas para la primera etapa, de modo que el "punto de
equilibrio de ventas" se lograra con negociaciones
equivalentes al 60% de esos 13.000 metros cuadrados o
$48.000.000.000, la situación no variaría, pues si bien se
reportaron transferencias por 9.788,391 metros cuadrados,
5.280,14 de ellos correspondían ya la vinculación de los dueños de
los lotes» sobre los cuales se erigiría el complejo de edificios, lo
cual no representaba un aumento del activo disponible para
afrontar la obra civil.
Memorado lo anterior, refulge que las dos
interpretaciones que hiciera el tribunal lucen plausibles. La
que atañe al monto mínimo de ventas corresponde a una
lectura literal del pacto previamente transcrito, en el que
nunca se clarificó que los pluricitados 13.000 metros
cuadrados, o $48.000.000.000, correspondieran al 100% de
las ventas posibles, lo cual parece necesario para llegar a la
conclusión que defiende la impugnante.
Y aun admitiendo, en gracia de discusión, el
entendimiento que propone Fiduciaria Corficolombiana S.A.,
lo cierto es que también resultaba razonable entender que el
"punto de equilibrio de ventas" solo podía alcanzarse con
operaciones que generaran un flujo de caja positivo para el
proyecto. Finalmente, la vinculación -como beneficiarios de
área- de los propietarios de los predios donde se levantaría
el complejo Soler Gardens no se reflejarían en un aumento
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
del activo corriente del negocio, y por lo mismo, esos negocios
carecerían de incidencia para viabilizar económicamente la
ejecución de las obras constructivas.
Puede deducirse, entonces, que aunque pudieran
existir exégesis distintas a la que terminó considerando
correcta la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellin, ello no comportaría el quiebre de la
sentencia, pues para que ello tuviera lugar seria necesaria la
comprobación de un yerro evidente en la interpretación del
contrato, hipótesis que no tiene cabida cuando el juzgador
elige una, de entre las distintas lecturas que admite una
convención, como aquí se hizo.
En palabras del precedente,
44...) si el juez, tras examinar y aplicar las diversas reglas de
hermenéutica establecidas en la ley, opta por uno de los varios
sentidos plausibles de una determinada estipulación
contractual, esa elección, en sí misma considerada, no
puede ser enjuiciada ante la Corte, so pretexto de una
construcción más elaborada que pueda presentar el demandante
en casación, en la medida en que, en esa hipótesis, la decisión
judicial no proviene de un error evidente de hecho en la
apreciación de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio
de la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia
para la interpretación del contrato (...).
La interpretación de un contrato está confiada a la discreta
autonomía de los juzgadores de instancia, y no puede amodfficarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente
error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u
ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice
la evidencia, ya porque supone estipulaciones que no contiene,
ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque
sacnfique el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
que contradice la evidencia que ellas demuestran" [CSJ Sc, 14
oct. 2010, rad. 2001-00855-011» (CSJ SC3047-2018, 31
jul.).
2.2. En cuanto al deber de información de la fiduciaria,
la Sala considera necesario señalar que el mismo solo fue
referido con el propósito de reafirmar la manera descuidada
con la que, ajuicio del tribunal, habría procedido la fiduciaria
demandada. Es decir, la decisión condenatoria no descansa
sobre el citado raciocinio, de modo que aun si el mismo se
considerara errado, la sentencia permanecería inalterada, lo
cual refleja la intrascendencia de este ataque.
Pero si se obviara esa falencia técnica, lo cierto es que
tampoco parece haber incurrido aquí el ad quem en yerro
alguno. En efecto, en el «encargo fiduciario de vinculación al
fideicomiso Soler Gardens» , se convino que «el beneficiario de área
suscribe el presente contrato (...) porque su intención es vincularse a EL
FIDEICOMISO. Por lo tanto, el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este documento, le conceden los derechos que en su
favor se estipulan en el contrato de fiduciap.
Ahora bien, en ese contrato principal, Fiduciaria
Corficolombiana S.A. se obligó a cumplir con los deberes
«consagrados en el presente contrato o en la ley>, por lo que no
resulta contraevidente que el tribunal acudiera a las
disposiciones legales pertinentes para incluir dentro de los
deberes de la fiduciaria el de «rendir cuentas comprobadas de
su gestión al beneficiario cada seis meses», tal como lo dispone
expresamente el artículo 1234-8 del Código de Comercio.
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
2.3. En los reparos restantes, la Corte también advierte
defectos de técnica. En cuanto a la transferencia del quinto
lote, ocurre de nuevo que esta temática carece de relevancia,
en tal grado que, sobre el particular, el tribunal reconoció lo
siguiente: «Sobrá pronunciarse sobre los argumentos expuestos
respecto al cumplimiento de la obligación de adquisición del denominado
quinto inmueble, debido a que, con la constatación de [la ausencia de
verificación del punto de equilibrio de ventas del proyecto], resulta
imposible variar la decisión adoptada por el a quo. Luego se traduce en
un desgaste innecesario realizar una valoración de si fue incumplida o
no esa obligación ante la contundencia de la prueba respecto a la falta
de verificación del punto de equilibrio por parte de la fiduciaria (...)».
En ese sentido, es pertinente insistir en que, en
tratándose del recurso de casación,
«(...) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las
apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial del
fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse
de la línea argumental contenida en aquel proveído,
principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a
sostener que los cargos operantes en un recurso de casación no
son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales
del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas.
Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan
con esos fundamentos son inoperantes» (CSJ AC, 29 oct.
2013, rad. 2008-00576-01).
Y ya en lo que toca con las declaraciones que señalarían
que la carga de verificación financiera de la fiduciaria había
sido cumplida, basta con advertir que el casacionista no
puede limitarse a ofrecer una lectura alternativa de los
elementos probatorios, como si de un alegato de instancia se
tratara, sino que debe dirigir su argumentación en contra de
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
la valoración probatoria que llevó al tribunal a resolver el
litigio en la forma en que lo hizo.
Esta labor de confrontación fue obviada por la
fiduciaria, quien se limitó a señalar las versiones de algunos
testigos y de su propio representante legal, perdiendo de vista
que, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta
Corporación, cuando se acusa la sentencia de violación
indirecta de la ley sustancial por «errores de hecho», es
imperativo que el recurrente «(...) más que disentir, se ocupe de
acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que
reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o
preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de
ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la exposición de la
evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la
determinación adoptada(...)» (CSJ AC6243-2016, 26 oct.).
3. Conclusión.
Dado que, en el desarrollo de su cuestionamiento, la
demandada no acreditó la existencia de un yerro evidente en
la valoración probatoria efectuada por el tribunal, de cuya
materialización pendiera el sentido adverso del fallo, la
censura en estudio deviene impróspera.
CARGO QUINTO
Alegando la transgresión indirecta de los cánones 1608,
1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil, la recurrente se
quejó de que se hubiera impuesto en contra suya la carga de
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Radicación n.° 05001-31-03-014-2015-00222-01
pagar «intereses comerciales de mora desde el 31 de diciembre de
2010*, pese a que, en casos como este, «inexorablemente ha de
acudirse al requerimiento judicial para la constitución en mora, tal como
lo establece el inciso segundo del artículo 94 del Código General del
Proceso».
Con apoyo en esa pauta legal, anotó que «las sanciones
moratorias en materia de indemnización de perjuicios en sede
contractual se deben imponer, cuando no opera la mora automática, solo
a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda,
pues esa es la que se debe observar para los efectos del numeral 3 del
artículo 1608 del Código Civil, lo que está de acuerdo con lo señalado en
el artículo 1617 [ejusdem], donde prescribe que en las obligaciones de
pagar una suma de dinero (...), el deudor debe pagar intereses
moratorios desde que se encuentra en mora».
CONSIDERACIONES
Advierte la Corte que la critica que esbozó la querellada
no se exteriorizó en las fases previas de este juicio. En efecto,
la fecha de causación de los réditos moratorios reclamados
no fue mencionada en el escrito de excepciones, ni tampoco
se expusieron los argumentos previamente indicados al
sustentar oralmente la alzada interpuesta contra el fallo de
la juez a quo, pese a que en aquella resolución condenatoria
se reconocieron los referidos intereses desde el 31 de
diciembre de 2010.
Por consiguiente, estima la Sala que la inédita defensa
que se estudia no satisface las exigencias técnicas del
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remedio extraordinario, pues al no ser revelada durante las
instancias ordinarias, constituye un "medio nuevo",
«(...) el cual, como con insistencia lo tienen definido la sala, es
"inadmisible en casación, toda vez que 'la sentencia del ad quem
no puede enjuiciarse 'sino con los materiales que sirvieron para
estructuraría; no con materiales distintos, extraños y
desconocidos. Sería de lo contrario, un hecho desleal, no sólo
entre las partes, sino también respecto del tribunal fallador,
a quien se le emplazaría a responder en relación con hechos
o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y aún respecto
del fallo mismo, que tendría que defenderse de armas para él
hasta entonces ignoradas' (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin
y al cabo, a manera de máxima, debe tenerse en cuenta que 'lo que
no se alega en instancia, no existe en casación' (DOCX111 pág. 57)"
(CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.° 6108).
En tiempo más reciente se precisó que el recurso extraordinario de
casación "no puede basarse ni erigirse exitosamente" en
"elementos novedosos, porque él, 'cual lo expuso la Corte en
sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, 'no es propici[o]
para repentizar con debates fácticos y probatorios de
última hora; semejante irrupción constituye medio nuevo y es
entonces repulsado (...), sobre la base de considerarse, entre otras
razones, que (se violaría el derecho de defensa si uno de los
litigantes pudiese echar mano en casación de hechos, extremos o
planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto
de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habría
podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el
proceso, la intimación de la sentencia con apoyo en ellos,
equivaldría a la pretermisión de las instancias, de las
formas propias del trámite requerido, con quebranto de la
garantía institucional de no ser condenado sin haber sido
oído y vencido en juicio (IXXX1112169, página 76)'" (CSJ, SC del
9 de septiembre de 2010, Racl. n.° 2005-00103-01)* (CSJ
SC18500-2017, 9 nov.).
Con similar orientación, la Sala recientemente insistió
en la necesidad de rechazar los medios nuevos en sede de
casación,
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«(...) esto es, asuntos ajenos a las instancias que son
ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisión
recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.° 2278-2279, p. 106). Lo
anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio
extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema
decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o
proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una
decisión favorable. "Total que, según el transcrito numeral 3 del
articulo 374 del Código de Procedimiento Civil, el embiste debe ser
preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de
la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de
ellas para traer reflexiones de último minuto o aspectos que
están por fuera de la discusión" (negrilla fuera de texto,
AC1014, 14 mar. 2018, raid. n.° 2005-00036-02). "Con esta
prohibición también se tutelan los derechos de defensa y
contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse
sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma fáctica que
varíe la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de
controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para su
desestimación. Agréguese que, admitir argumentos nuevos en
casación, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que
en los grados jurisdiccionales se discutan las materias
fá.cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al
final para izar tópicos con los que se pretende una
resolución favorable" (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019,
rad. 2005-00539-01)0 (CSJ SC2779-2020, 10 ago.)
Lo expuesto resulta suficiente para concluir que el
quinto cuestionamiento tampoco está llamado a prosperar.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia que el 10 de julio
de 2019 profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del
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Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso declarativo
que promovió Serentia Seguros Ltda. contra Fiduciaria
Corficolombiana S.A., en su doble condición de sociedad
fiduciaria y vocera del patrimonio autónomo "Soler Gardens".
SEGUNDO. CONDENAR a la recurrente al pago de las
costas procesales. En la liquidación respectiva, inclúyase el
monto de $6.000.000, que el Magistrado sustanciador señala
como agencias en derecho.
TERCERO. Remítase oportunamente la foliatura a la
autoridad judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
ttv
LU S ARMANDO TLOSA VILLABONA
Preside ir de Sala
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OCTAVIO AUG TEJEIRO DUQUE
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