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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC508-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02159-00
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil
veintitrés (2023).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión
de Mario Francisco Velasco Torres frente al fallo proferido
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de
diciembre de 2019 y corregido mediante proveído de 8 de
junio de 2020, dentro del proceso de restitución de tierras
que adelantó en su contra Zenobia Angarita de Velasco.
I. ANTECEDENTES
1. Zenobia Angarita de Velasco solicitó al Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Pereira que le fuera restituido el predio La
Española ubicado entre los municipios de Victoria y La
Dorada en Caldas, identificado con matrícula inmobiliaria
106-1524, que le había sido adjudicado en común y
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proindiviso con María del Pilar y Lida Constanza Velasco
Torres en la sucesión de su respectivo esposo y padre José
Antonio Velasco Fernández, pero del cual fue despojada de
su cuota parte por Mario Francisco Velasco Torres.
Como pretensión consecuencial pidió la «declaratoria
de nulidad de los actos administrativos, resoluciones que
extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos
para particulares que modifiquen situaciones jurídicas
particulares y concretas», entre ellos «los permisos,
concesiones mineras, y autorizaciones explotación minera, y
para el aprovechamiento de los recurso naturales, derechos
de paso y servidumbre, que se hubieren otorgado sobre el
predio solicitado en restitución y formalización»1.
2. Ese Despacho vinculó a las diligencias a Mario
Francisco Velasco Torres, José Antonio, Julio Cesar, Martha
Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza Velasco
Angarita, Juliana Catalina Velasco Torres, María del Pilar y
Lida Constanza Velasco Torres como herederos
determinados de José Antonio Velasco Fernández, así como
a Ecopetrol S.A., AT Partners S.A.S., la Agencia Nacional de
Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras
Despojadas. También dispuso aplicar enfoque diferencial en
favor de la solicitante, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 1448 de 20112.
1 Fls. 1 a 58 cno. 1.
2 En auto admisorio de 15 de septiembre de 2016, fls. 381 a 385 cno. 1.
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3. Mario Francisco Velasco Torres solicitó la nulidad
de las actuaciones en su primera intervención3, pero acto
seguido y en debida oportunidad se opuso4, razón por la
cual se desestimó la invalidación y se le tuvo notificado por
conducta concluyente5.
4. Juan Carlos Forero Hidalgo y Luis Gabriel Serna
Gámez comparecieron al trámite solicitando su vinculación
en calidad de terceros con interés sobre el bien, por ser
acreedores de Mario Francisco Velasco Torres6, a lo que se
accedió en auto de 16 de noviembre de 20167.
5. AT Partners S.A.S., Ecopetrol S.A., Cenit
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., Gabriel
Serna Gámez, Juan Carlos Forero Hidalgo, María del Pilar,
Lida Constanza y Juliana Catalina Velasco Torres,
presentaron escritos de oposición8.
6. La Agencia Nacional de Minería se pronunció
para señalar que los juzgadores de tierras solo están
facultados para pronunciarse sobre la nulidad de un
contrato de concesión minera cuando «dicho Contrato haya
sido constituido en virtud de actos violentos generados
dentro del conflicto armado interno» en virtud de las
3 Fls. 522 a 528 cno. 1.
4 Fls. 1 a 45 cno. 6.
5 Fls. 672 a 674 cno. 1.
6 Fls. 531 a 532 cno. 1.
7 Id 5.
8 Fls. 539 a 554, 565 a 579, 723 a 731, 744 a 746, 790 a 862, 902 a 909
cno. 1.
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competencias otorgadas por la Ley 1448 de 20119.
7. En providencia de 19 de julio de 2017 se decidió
cambiar la condición de vinculados de José Antonio, Julio
Cesar, Martha Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza
Velasco Angarita por la de solicitantes, en razón a su
condición de hijos de Zenobia Angarita de Velasco y al estar
representados por el mismo apoderado10.
8. Agotado el recaudo de pruebas y en vista de las
oposiciones presentadas, se dispuso la remisión de las
actuaciones a la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali11,
que en sentencia de 19 de diciembre de 2019 hizo varios
pronunciamientos, entre ellos: declarar imprósperas las
oposiciones; reconocer a Zenobia Angarita de Velasco y su
núcleo familiar la calidad de víctimas del conflicto armado,
así como «el derecho fundamental a la restitución de tierras
de que trata el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011»; anular la
sentencia de usucapión extraordinaria obtenida por Mario
Francisco Velasco Torres, con la consecuente anotación de
cancelación en el folio de matrícula inmobiliaria; ordenar la
restitución del predio La Española a Zenobia y las
hermanas María del Pilar y Lidia Constanza Velasco Torres
«en las proporciones o cuotas que les corresponde en el
fundo» y autorizar «el registro parcial y en lo pertinente al
mismo, del trabajo de liquidación, partición y adjudicación de
9 Fls. 646 a 655 cno. 1.
10 Fls. 924 a 929 cno. 1.
11 Fls. 1309 a 1310 cno. 1.
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bienes relictos en el proceso de sucesión de José Antonio
Velasco Fernández» en lo relacionado con las hijuelas a
favor de aquellas, con la actualización de la identificación
del predio; dar por terminados «el contrato o contratos de
concesión minera y demás autorizaciones o licencias vigentes
(caso de que los hubiere) y la «cancelación del título GEPO-02
y demás títulos mineros, autorizaciones o licencias vigentes
(caso de que los hubiere)» respecto del predio La Española
con matrícula inmobiliaria 106-1524 «de los cuales sea
beneficiario Mario Francisco Velasco Torres»12.
9. En auto de 8 de junio de 2020 se resolvió lo
pertinente frente a las solicitudes de «aclaración» que
tempestivamente plantearon Cenit Transporte y Logística de
Hidrocarburos S.A.S., María del Pilar, Lida Constanza,
Juliana Catalina y Mario Francisco Velasco Torres; así
como la de adición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, denegando
las primeras, accediendo a lo pedido por la UAEGRTD y
corrigiendo algunos apartes del fallo13. En proveído de la
misma calenda no se accedió al requerimiento de
«modificación (o modulación)» que hizo la reclamante, a fin
de que en vez de decretar la «
terminación del contrato
o
contratos de concesión minera» y la cancelación del título, se
ordenara a la Agencia Nacional de Minería para que
quedara a su nombre y el de su núcleo familiar14.
12 Fls. 305 a 364 cno. Tribunal.
13 Anotación 162 cno. Tribunal.
14 Anotación 163 cno. Tribunal.
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II. RECURSO DE REVISIÓN
1. Mario Francisco Velasco Torres busca que se
invalide la providencia del Tribunal con amparo en la causal
octava del artículo 355 del Código General del Proceso, por
existir nulidad originada en la sentencia que es
inimpugnable, en vista de la «falta de competencia del
Tribunal para disponer la terminación del título minero y del
contrato de concesión minera».
Hizo consistir su descontento en que la «jurisdicción
Especializada en Restitución de Tierras no tiene competencia
para disponer sobre la terminación de un título minero ni de
un contrato de concesión minera, sin que el literal m del
artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 (…) le atribuya tal
facultad», toda vez que la misma solo está radicada en la
Agencia Nacional de Minería, por lo que solicita dejar sin
valor los «ordinales décimo noveno, vigésimo y vigésimo
primero de la sentencia» y ordenar «emitir una nueva
decisión sobre el título minero y la concesión minera de la
cual era beneficiario el señor Mario Francisco Velasco Torres
respetando los parámetros de competencia otorgados por la
ley».
Si bien puede existir competencia para abordar una
controversia, cuando «al momento de decidir el litigio adopta
decisiones que desbordan el marco de aquellas,
extralimitándose en su función» se habilita la causal
esgrimida y en este caso el precepto que sirvió de base para
la determinación solo autoriza «declarar la nulidad de los
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actos jurídicos que otorgan permisos, concesiones o
autorizaciones para el aprovechamiento de recursos
naturales (incluidos los recursos mineros), pero no le
otorga competencia para declarar la terminación o
cancelación de dichos actos» -resaltado del texto-.
La nulidad de los actos y negocios jurídicos deriva de
un vicio estructural desde su nacimiento a la vida jurídica,
«por la ausencia de un presupuesto de validez, y comporta
un supuesto de ineficacia negocial (entendida en sentido
amplio) estructural. Ello explica que su declaratoria conlleva,
por regla general, la pérdida de sus efectos de manera
retroactiva», lo que está acorde con la finalidad de las
medidas de restitución de la Ley 1448 de 2011 y lo
diferencia de la terminación «desde el punto de vista causal
y de sus consecuencias», sin que puedan equipararse.
La terminación de un contrato o de un acto jurídico
«obedece a una causal o hecho que se estructura o presenta
en la fase de ejecución del mismo, tal como sucede con
supuestos de incumplimiento tratándose de contratos de
tracto sucesivo o del ejercicio de potestades unilaterales que
se otorgan a las partes para que el contrato no continúe
produciendo efectos».
Son tan disímiles dichas figuras que difieren en sus
consecuencias, ya que mientras la nulidad «produce por
regla general efectos retroactivos (“ex tunc”), la terminación
produce efectos hacia el futuro (“ex nunc”), sin que se puedan
desconocer los efectos jurídicos ya generados o válidamente
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cumplidos», de ahí que no puedan confundirse, ya que es
posible que «cuando el demandante depreca la declaratoria
de inexistencia de un contrato, el juez civil pueda interpretar
la demanda y declarar la nulidad absoluta del mismo; pero
lo que no resulta admisible, es que cuando se depreca la
nulidad de un negocio jurídico, el juez decida declarar su
terminación», lo que no se puede atemperar con el
argumento de que el que puede lo más puede lo menos.
Para el caso las consecuencias se patentizan en que la
nulidad del contrato de concesión «conllevaría a la
restitución a las partes al estado previo a la celebración del
mismo, y con ello, reviviría la posibilidad de que los
herederos del señor José Antonio Velasco Fernández hicieran
uso del derecho de subrogación del título minero», mientras
que la «terminación de dicho negocio jurídico generaría la
cesación de efectos hacia el futuro, sin que se pueda
restablecer una situación preexistente», fuera de que «la
competencia para declarar la terminación de un contrato de
concesión o para cancelar un título minero se encuentra
radicada exclusivamente en la Agencia Nacional de Minería,
y dicha competencia no fue alterada o modificada por la Ley
de Restitución de Tierras».
Por demás «no puede perderse de vista que los hechos
victimizante que se afirman como causa del despojo invocado
en el proceso de restitución de tierras, habrían ocurrido con
posterioridad a la suscripción del contrato de concesión
minera y a la inscripción de la licencia GEPO-02 en el
Registro Nacional de Minería», lo que explica que no se
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hubiera «declarado la nulidad de los mismos, por no estar
afectados de un vicio que los invalidara desde su nacimiento
a la vida jurídica»15.
2. Luego de recibir el expediente, se admitió el
medio de contradicción en providencia que dispuso correr
traslado a los demás involucrados en la contienda16.
3. Los convocados se pronunciaron así:
a). Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos
S.A.S., manifestó estarse a lo que resulte probado17.
b). Zenobia Angarita de Velasco adujo que es inviable
el excepcional medio de contradicción ya que no se «generó
causal de nulidad alguna que ponga fin al proceso»18.
c). La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas pidió desechar lo
pretendido19.
d). La Agencia Nacional de Hidrocarburos adujo
carecer de «legitimidad en la causa por pasiva para ser
vinculada dentro de la Acción de Tutela» (sic), así como la
«inexistencia de amenaza o lesión por parte de la ANH a
15 Pdf 0002 anotación 1 ESAV.
16 Anotación 8 ESAV.
17 Pdf 0016, 0037 y 0053 anotaciones 10, 22 y 26 ESAV.
18 Pdf 0026 y 0042 anotaciones 15 y 25 ESAV.
19 Pdf 0047 anotación 27 ESAV.
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derechos fundamentales»20.
e). La Procuraduría General de la Nación expresó
que el reclamo no tiene vocación de prosperidad puesto que
el Tribunal era competente para pronunciarse como lo hizo
en los numerales décimo noveno, vigésimo y vigésimo
primero de la resolutiva del fallo confutado21.
f). Ecopetrol S.A. expuso que no le asiste interés ni
legitimación en la causa ya que dentro del trámite a
examinar cedió los «derechos de servidumbre constituidos en
el predio La Española a Cenit Logística y Transporte de
Hidrocarburos S.A.S.», quien es su actual titular y se ha
venido pronunciado frente a los mismos22.
g). Juliana Catalina, Lida Constanza y María del
Pilar Velasco Torres, Luis Gabriel Serna Gámez, Juan
Carlos Forero Hidalgo, la Agencia Nacional de Minería, AT
Partners S.A.S. y la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas no se
pronunciaron23.
4. En el auto de decreto de pruebas, toda vez que no
existían elementos de convicción pendientes de recaudo, se
prescindió de la audiencia del artículo 358 del Código
General del Proceso con el fin de proferir sentencia
20 Pdf 0049 anotación 28 ESAV.
21 Pdf 0059 anotación 29 ESAV.
22 Pdf 0062 anotación 30 ESAV.
23 Pdf 0067 y 0079 anotaciones 33 y 39 ESAV.
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anticipada.
5. Estando a Despacho para ese efecto, se advirtió
que en su momento fueron vinculados al trámite de
restitución de tierras otros hijos de la reclamante, esto es,
José Antonio, Julio Cesar, Martha Margarita, Juan Carlos y
Claudia Constanza Velasco Angarita, quienes intervinieron
en calidad de integrantes del núcleo familiar de aquella y se
les reconoció la calidad de «víctimas del conflicto armado»,
razón por la cual fueron citados como medida de
saneamiento, sin que una vez lograda se pronunciaran24.
III. CONSIDERACIONES
1. Recurso de revisión en restitución de tierras.
De conformidad con el artículo 92 de la Ley 1448 de
2011 las sentencias que se profieran en curso de los
procesos de restitución de tierras son susceptibles de
cuestionar por vía de «recurso de revisión ante la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los
términos de los artículos 379 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil».
Tal precepto, si bien habilitó el remedio excepcional
para las providencias definitorias en el marco de la justicia
transicional desarrollada en la referida compilación,
circunscribió sus alcances a los lineamientos del estatuto
24 Pdf 0083, 0097 y 0103 anotaciones 43, 52 y 56 ESAV.
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adjetivo allí previsto, pero que actualmente se rige por lo
dispuesto en los artículos 354 a 360 del Código General del
Proceso que lo entró a reemplazar.
De tal manera que, sin dejar de desconocer las
particularidades que caracterizan tan especial rito y los
principios que lo inspiran25, las irregularidades a examinar
son las que habitualmente se predican respecto de los
restantes fallos proferidos por la jurisdicción ordinaria.
Al respecto en CSJ SC339-2019, en la primera
oportunidad donde se fijaron los lineamientos en ese
sentido, se resaltó:
(…) que el proceso de restitución de tierras haga parte de un
modelo de justicia transicional o que dentro del mismo se esté
resolviendo sobre un derecho fundamental, no varía la
naturaleza extraordinaria del recurso de revisión frente a los
fallos que allí se dicten, toda vez que el legislador del 2011
claramente remitió a las reglas del procedimiento civil, artículos
379 y siguientes del C. de P.C., que actualmente corresponden a
los cánones 354 a 360 de la Ley 1564 de 2012, y de paso, esa
remisión incorporó, igualmente, los desarrollos y entendimiento
que sobre cada una de las causales de revisión ha tenido la
Corte Suprema de Justicia en su consolidada jurisprudencia
sobre la materia.
De manera que el recurso de revisión frente a los fallos proferidos
en materia de restitución de tierras, por disposición legal,
mantiene la estructura y dinámica propias de ese mecanismo
impugnaticio dentro del procedimiento civil, con lo cual, la
posibilidad de desvirtuar la cosa juzgada de la que están
revestidos los fallos dictados por los jueces y tribunales de
tierras, solo puede darse en los precisos y estrictos casos
mencionados en la norma .
En ese orden de ideas, se tiene que el recurso de revisión en
forma alguna autoriza un amplio margen de maniobra para el
25 De conformidad con el artículo 4° de la Ley 1448 de 2011 «[e]l
fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el
respeto a la integridad y a la honra de las víctimas».
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recurrente, descartándose así que este sea un escenario para
reformular la controversia, o para enmendar las omisiones
presentadas en las instancias, o para plantear otros argumentos
de defensa no esgrimidos en el debate original, o para reparar
cualquier irregularidad en la sentencia, o para cuestionar una
indebida fundamentación.
Tampoco es el recurso de revisión de las sentencias de tierras
una oportunidad para que la Corte emprenda un examen oficioso
de lo decidido en la instancia por los jueces o tribunales
especializados, ya que ni la Ley 1448 de 2011 como tampoco el
estatuto procesal civil lo contemplaron, contrario a lo que ocurre,
por ejemplo, con el recurso extraordinario de casación, en donde
se otorgó a esta Sala la potestad de casar la sentencia
oficiosamente “cuando sea ostensible que la misma comprometa
gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los
derechos y garantías constitucionales”
2. Nulidad originada en la sentencia como
motivo de revisión en restitución de tierras.
En cuanto al motivo de invalidación propuesto, el
impugnante lo encasilla dentro del numeral 8 del artículo
355 del Código General del Proceso, consistente en «[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
que no era susceptible de recurso», eso sí, dejando claro que
no cualquier reparo invalidante tiene cabida por esta senda
puesto que debe surgir en el instante mismo en que se
profiere el pronunciamiento cuestionado y sin que sean
admisibles disquisiciones jurídicas o discrepancias sobre
temas puntuales que fueron tratados a cabalidad en las
consideraciones, ya que las deficiencias deben ser de estirpe
netamente procesal y acorde con el rito por el cual fue
adelantado el pleito, esto último si se tiene en cuenta que
en virtud de la taxatividad que impone el régimen de las
nulidades no puede invocarse como tal lo que no está
previsto en la codificación adjetiva de impulso.
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Cobra relevancia para el efecto que las acciones de
restitución de tierras tienen un régimen específico
contemplado en la Ley 1448 de 2011, en el cual se prevén
dos etapas, una administrativa, que se agota ante la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, y la otra judicial, que comienza ante los
Jueces Civiles del Circuito Especializados en Restitución de
Tierras, siendo estos los encargados de culminarlas de no
presentarse oposición, ya que en caso contrario deben ser
resueltas por los «Magistrados de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en restitución
de tierras» (art. 79).
Incluso las reglas procesales de las solicitudes de
restitución de tierra están previstas en dicha compilación,
como se anuncia en el acápite de principios generales al
exigir que las «actuaciones de los funcionarios y las
solicitudes elevadas por las víctimas en el marco de los
procedimientos derivados de esta ley, se regirán siempre
por el respeto mutuo y la cordialidad» -se resalta- (art. 15),
los cuales se entran a desarrollar entre los artículos 76 y
102, con la prevención expresa de que en «este proceso no
son admisibles la demanda de reconvención, la intervención
excluyente o coadyuvante, incidentes por hechos que
configuren excepciones previas, ni la conciliación», que de
proponerse deben ser rechazadas de plano (art. 94) y sin
que se contemplen en el articulado de la ley causales de
nulidad en la tramitación.
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Es más, la alusión al para entonces vigente Código de
Procedimiento Civil se restringe a temas específicos y
concretos, como son la acreditación de la calidad de
propietario, poseedor u ocupante de las tierras objeto de
restitución conforme a los medios de prueba admisibles en
dicho estatuto (art. 84 par. 2); la aplicación de las reglas de
ejecución de las sentencias cuando se busque «garantizar el
goce efectivo de los derechos del reivindicado en el proceso»
(art. 91 par. 1°); los términos en que se debe agotar el
recurso de revisión (art. 92) y la práctica del allanamiento
para la entrega del predio a restituir (art. 100).
Ahora bien, lo anterior no significa que les sea
completamente ajeno el Código General del Proceso, ya que
conforme a lo dispuesto en el artículo 1° éste se aplica «a
todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a
las actuaciones de particulares y autoridades
administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales,
en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes»,
de ahí que el alcance de sus preceptos para el caso de la
restitución de tierras en el ámbito del recurso de revisión,
deben ser analizados al tamiz de la multicitada Ley 1448 de
2011 y el consistente criterio reiterado en CSJ SC4158-
2021, según el cual
[l]a causal 8ª según la doctrina de la Sala, expuesta en un
sinnúmero de decisiones, engloba una pluralidad de motivos que
permiten formular un recurso de revisión con fundamento en esta
senda.
1- Proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por
desistimiento, transacción o, en la antigua perención,
actualmente, por vía del desistimiento tácito, en los casos que
resulte procedente.
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2- Dictar sentencia estando suspendido o interrumpido el
proceso.
3- Condenar en ella a quien no ha figurado como parte.
4- La carencia de motivación de la sentencia, así se trate de
sentencia dictada en equidad.
5- Dictar sentencia por un número de magistrados menor al
exigido por ley. En términos de la Ley 270 de 1996, “(…)
firmada con menor número de magistrados o adoptada con un
número de votos diversos al previsto por la ley”.
6- Dictar sentencia sin abrir a pruebas el proceso.
7- Dictar sentencia sin correr traslado para alegar, cuando la ley
así lo exija para el respectivo procedimiento.
8- Cuando por vía de aclaración se reforma la estructura basilar
de la sentencia.
9- Cuando en la sentencia se incurre en un vicio de
incompetencia funcional.
3. La falta de competencia funcional como causal
de nulidad en trámites de restitución de tierras.
Frente al supuesto de la «falta de competencia
funcional», si bien se ha asociado a la asignación vertical de
los asuntos o por los diferentes grados de la jurisdicción,
por lo que se patentizaría en los trámites de doble instancia,
la jurisprudencia de la Sala ha dilucidado que el concepto
«funcional» es mucho más amplio ya que trasciende a las
precisas funciones asignadas en el ordenamiento vigente a
los operadores judiciales, lo que posibilita su ocurrencia
aún en litigios de única instancia, en desvíos al desatar la
alzada por fuera de los patrones delimitados por los
apelantes y aún en virtud de los recursos extraordinarios.
Se llamó la atención al respecto en CSJ SC4106-2021,
al acotar:
(…) es preciso recordar que la competencia se refiere a la facultad
que le otorga el legislador al juez para ejercer la jurisdicción del
Estado, con el propósito de resolver el caso concreto que ingresó
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a su despacho. Ahora, la importancia de determinar con precisión
si el juez de conocimiento goza o no de dicha facultad, radica en
que carecer de ella constituye un vicio de procedimiento que
puede desencadenar, según la normatividad aplicable, la
nulidad de todo lo actuado en instancia (C.P.C.), ora la
invalidación de lo rituado después de declarada esta, o en su
defecto, solo de la sentencia (C.G.P.).
Por tal razón, el vigente estatuto adjetivo civil brinda cuatro
momentos para advertir la falta de competencia en el proceso, sin
perjuicio de aquella que tenga el carácter de insaneable, que
podrá ser alegada en cualquier tiempo. El primero, cuando el juez
realiza el estudio de admisión del escrito inicial, que en caso de
anotar su incompetencia, deberá rechazarla y remitir el asunto a
quien considere competente; el segundo, cuando inadvertido por
el fallador lo anterior, el convocado la alega dentro del término
del traslado de la demanda como excepción previa; el tercero, si
la carencia de dicha facultad no se evidenció en dichas
oportunidades, el juzgador tiene el deber de realizar control de
legalidad para sanear los vicios que puedan constituir causal de
nulidad; sin embargo, valga aclarar, dicha obligación “se
concreta exclusivamente al factor funcional –que es el único
insaneable–, pues los demás motivos de incompetencia se
entenderán saneados por la voluntad de las partes si éstas no
los alegaron en su debida oportunidad procesal”, de ahí que, “la
ley procesal prohíbe al juez declarar la falta de competencia
distinta de la funcional si la parte interesada no la invocó en la
forma y términos previstos en e[l] ordenamiento”; y, el cuarto, si
finalmente, el precitado vicio pasó inadvertido durante ambas
instancias, las partes en litis tienen como último mecanismo para
intentar la declaratoria de nulidad, el recurso extraordinario de
casación, de ser procedente, a través de la causal quinta del
artículo 336 de la mentada disposición.
Ahora, el factor de atribución de competencia que se acaba de
mencionar, que es el que aquí interesa, es aquel donde “el
legislador toma en cuenta la diversa índole de las funciones que
deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas
instancias de un mismo proceso (competencia por grados), de
modo que habrá jueces de primera y de segunda instancia; pero
se sabe además que el Código de Procedimiento Civil colombiano
aplica el factor funcional según la clase de función que el juez
desempeña en un proceso, distinta del grado, y así por ejemplo
tiene la Corte competencia funcional para conocer del recurso de
casación o de revisión (…)” (CSJ SC, 26 jun. 2003, Rad. 7258).
Así, ha dicho la Corte, “se incurre en nulidad por falta de
competencia funcional cuando un juez de segunda instancia
resuelve la apelación formulada contra una sentencia dictada en
un proceso de única instancia; o cuando el fallador de segundo
grado no es el que la ley procesal tiene previsto para tal función;
cuando un Tribunal resuelve una solicitud de exequátur; cuando
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un juez de circuito adelanta un proceso contra agente
diplomático; o cualquier otro evento que contravenga las
disposiciones del Capítulo IV del Título II del Código de
Procedimiento Civil [hoy artículos pertinentes del Capítulo I del
Título I, Sección Primera del Libro Primero del Código General del
Proceso]” (CSJ, SC4415-2016).
Incluso dicha exposición guarda consonancia con lo
reseñado previamente en CSJ SC001-2021, SC21712-2017
y SC16880-2017, entre otras.
En materia de restitución de tierras el artículo 79 de la
Ley 1448 de 2011 establece que los Magistrados de dicha
especialidad «decidirán en única instancia los procesos de
restitución de tierras, y los procesos de formalización de
títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma
forzosa sus predios, en aquellos casos en que se reconozcan
opositores dentro del proceso», los cuales reciben para tal
efecto luego de su tramitación por los Jueces Civiles del
Circuito, quienes están autorizados desde un comienzo, a la
luz del artículo 86 literal c), para tomar medidas de
(…) suspensión de los procesos declarativos de derechos reales
sobre el predio cuya restitución se solicita, los procesos
sucesorios, de embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento,
de servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, de
restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de
bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la
justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio cuya
restitución se solicita, así como los procesos ejecutivos, judiciales,
notariales y administrativos que afecten el predio, con
excepción de los procesos de expropiación -se resalta-.
Incluso el artículo 95 permite que las autoridades
judiciales de restitución de tierras acumulen para decidir en
forma conjunta «todos los procesos o actos judiciales,
administrativos o de cualquier otra naturaleza que
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adelanten autoridades públicas o notariales en los cuales se
hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la
acción» -se resalta- y en el parágrafo 2° se prevé que
durante toda la tramitación «los notarios, registradores y
demás autoridades se abstendrán de iniciar, de oficio o a
petición de parte, cualquier actuación que por razón de sus
competencias afecte los predios objeto de la acción descrita
en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y
autorizaciones para el aprovechamiento de los
recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el
predio respectivo» -negrita adrede-.
Es de ahí que en el artículo 91 se contempla que
simultáneamente con el pronunciamiento de fondo «sobre la
propiedad, posesión del bien u ocupación del baldío objeto de
la demanda» y el decreto de «las compensaciones a que
hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena
fe exenta de culpa dentro del proceso», en la sentencia debe
referirse a múltiples aspectos «de manera explícita y
suficientemente motivada, según el caso», entre ellos
a. Todas y cada una de las pretensiones de los solicitantes, las
excepciones de opositores y las solicitudes de los terceros;
(…)
d. Las órdenes a la oficina de registro de instrumentos públicos
para que cancele todo antecedente registral sobre gravámenes y
limitaciones de dominio, títulos de tenencia, arrendamientos, de
la denominada falsa tradición y las medidas cautelares
registradas con posterioridad al despojo o abandono, así como la
cancelación de los correspondientes asientos e inscripciones
registrales;
(…)
i. Las órdenes necesarias para que se desengloben o parcelen los
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respectivos inmuebles cuando el inmueble a restituir sea parte de
uno de mayor extensión. El Juez o Magistrado también ordenará
que los predios se engloben cuando el inmueble a restituir
incluya varios predios de menor extensión;
(…)
m. La declaratoria de nulidad de los actos administrativos que
extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos, o
modifiquen situaciones jurídicas particulares y concretas,
debatidos en el proceso, si existiera mérito para ello, de
conformidad con lo establecido en esta ley, incluyendo los
permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento
de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el
predio respectivo;
n. La orden de cancelar la inscripción de cualquier derecho real
que tuviera un tercero sobre el inmueble objeto de restitución, en
virtud de cualesquiera obligaciones civiles, comerciales,
administrativas o tributarias contraídas, de conformidad con lo
debatido en el proceso;
(…)
p. Las órdenes que sean necesarias para garantizar la
efectividad de la restitución jurídica y material del bien inmueble
y la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos de
las personas reparadas;
Incluso el parágrafo 1° del mismo precepto añade que
«[e]n todo caso, el Juez o Magistrado mantendrá la
competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos
del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del
mismo expediente las medidas de ejecución de la sentencia»
y que tal «competencia se mantendrá hasta tanto estén
completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre
los derechos del reivindicado en el proceso», lo que se reitera
en el artículo 102 al expresar que «[d]espués de dictar
sentencia, el Juez o Magistrado mantendrá su competencia
sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que,
según fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de
los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan
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sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para
sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias».
Tan amplio espectro vislumbra una gran injerencia de
la jurisdicción de tierras en el ámbito de la administración
pública, sin que se advierta que las facultades en la materia
estén restringidas o limitadas, siempre y cuando atiendan
los principios generales que inspiran la reparación de
víctimas como son el de complementariedad del artículo 21,
según el cual «[t]odas las medidas de atención, asistencia y
reparación deben establecerse de forma armónica y
propender por la protección de los derechos de las víctimas»,
además de que «[t]anto las reparaciones individuales, ya
sean administrativas o judiciales, como las reparaciones
colectivas o a los colectivos, deben ser complementarias para
alcanzar la integralidad»; así como el derecho a la
reparación integral del artículo 25 en virtud del cual la
«víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera
adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el
daño que han sufrido», lo que debe comprender «las medidas
de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual,
colectiva, material, moral y simbólica». Cada una de estas
medidas serán dispuestas a favor de las víctimas
dependiendo de la vulneración en sus derechos y las
características del hecho victimizante.
A eso va aunado que, a la luz del artículo 69, las
medidas de reparación deben propender por «la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
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repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material,
moral y simbólica» y deben ser implementadas «a favor de la
víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las
características del hecho victimizante» y atender los
siguientes principios relacionados en el artículo 73:
1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones
de apoyo pos-restitución, constituye la medida preferente de
reparación integral para las víctimas;
2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un
derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el
efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese
derecho;
3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución
contempladas en la presente ley tienen como objetivo el de
propender de manera progresiva por el restablecimiento del
proyecto de vida de las víctimas;
4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del
abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación
voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y
dignidad;
5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán
por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el
esclarecimiento de la situación de los predios objeto de
restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la
propiedad como medida de restitución, considerando la relación
jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de
restitución o compensación;
6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un
marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a
la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y
física de las propiedades y posesiones de las personas
desplazadas;
7. Participación. La planificación y gestión del retorno o
reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la
plena participación de las víctimas;
8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades
judiciales de que trata la presente ley, el deber de garantizar la
prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el
abandono forzado, que tengan un vínculo especial
constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron
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despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente
a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un
vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.
De tal manera que la competencia de los funcionarios
de tierras en temas administrativos no es restringida ni
taxativa, sino que admite una amplia gama de atribuciones,
siempre y cuando se cumplan los propósitos restaurativos
de la Ley 1448 de 2011 y así debe aparecer reflejado en el
fallo.
4. Oportunidad en la formulación del recurso de
revisión.
Descendiendo al presente caso, lo primero que se
advierte es que el recurso fue tempestivo ya que en el marco
del artículo 356 del Código General del Proceso el
inconforme contaba con dos años posteriores a la ejecutoria
de la sentencia impugnada para solicitar su revisión al
amparo de la causal octava.
Si bien la sentencia se profirió el 19 de diciembre de
2019, su ejecutoria se produjo con la de los autos de 8 de
junio de 2020 que negaron las aclaraciones pedidas por
algunos de los intervinientes y la «solicitud de modificación
(o modulación) de la sentencia elevada por la reclamante», lo
que aconteció el 12 siguiente.
No obstante, hay que advertir que por medio del
Decreto 564 de 15 de abril de 2020 se dispuso la
suspensión de los términos de caducidad «previstos en
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cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos,
acciones, medios de control o presentar demandas ante la
Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años» desde el 16 de marzo de 2020 «hasta el día
que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la
reanudación de los términos judiciales», a lo que procedió
dicha Corporación por medio del Acuerdo PCSJA20-11567
del 5 de junio de 2020, en el que se indicó que la
«suspensión de términos judiciales y administrativos en todo
el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020».
Así las cosas, como el plazo para formular el presente
medio excepcional empezó a correr el 1° de julio de 2020,
eso quiere decir que la presentación de la demanda de
revisión el 30 de junio de 202226 se hizo en tiempo, ya que
ese era el último día del bienio señalado para ese efecto.
Adicionalmente, operó la interrupción del artículo 94
del Código General del Proceso, toda vez que el
enteramiento al último de los vinculados al trámite fue
efectivo el 27 de abril del año en curso, esto es, dentro del
año siguiente a la notificación del auto admisorio de 13 de
septiembre de 2022, que se hizo por estado al otro día.
A pesar de que en providencia de 15 de junio de 2023
se dispuso la citación de terceros interesados no
relacionados en un comienzo, la misma fue en virtud de
una medida tomada de conformidad con los artículos 61
26 Así consta en el acta de reparto pdf 0001 anotación 1 ESAV, aunque obra
en pdf 0003 id. Constancia de envío del libelo el 28 de junio previo.
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inciso segundo y 132 del Código General del Proceso, por lo
que el término anual para su enteramiento oportuno
comenzaba allí, lo que se tuvo por satisfecho en auto de 3
de octubre de 2023.
5. Inexistencia de recursos como requisito para
el estudio del octavo motivo de revisión.
Como supuesto de viabilidad de este extraordinario
medio de contradicción, por la causal octava propuesta, es
necesario que la sentencia opugnada no sea susceptible de
recurso.
Dicha exigencia se satisface a plenitud ya que, como
se ha insistido, las determinaciones de las Salas
Especializadas en Restitución de Tierras son de «única
instancia» y de forma expresa se contempla la viabilidad del
«recurso de revisión» frente a ellos, al tenor de los artículos
79 y 92 de la Ley 1448 de 2011.
6. Examen de suficiencia de los argumentos del
inconforme.
Se advierte de entrada la improcedencia del reclamo
expuesto por el opugnador, ya que partiendo de la
propuesta hermenéutica de un precepto legal al que le
confiere una potestad restrictiva, pretende desbarajustar el
minucioso estudio adelantado por el fallador de tierras al
desatar uno de los puntos de discordia, eso sí, sin
desconocer la calidad de víctimas de la accionante y su
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grupo familiar.
El descontento radica en lo dispuesto en el ordinal
décimo noveno de la parte resolutiva del fallo, donde se
declaró «la
terminación del contrato
o contratos de concesión
minera y demás autorizaciones o licencias vigentes (caso de
que los hubiere) respecto del predio La Española distinguido
con matrícula inmobiliaria número 106-1524, de los cuales
sea beneficiario Mario Francisco Velasco Torres» y los
pronunciamientos consecuenciales del mismo, así como en
los subsiguientes ordinales vigésimo y vigésimo primero.
Quiere decir que no se discrepa de lo resuelto en los
restantes ordinales, pero pretende conservar temporalmente
la explotación minera bajo el pretexto de que el Tribunal se
equivocó al no decretar la nulidad del contrato de
concesión, en lo que estaría de acuerdo, al amparo de una
interpretación restrictiva y segregada del literal m. del
artículo 91 de la Ley 1448 de 2011.
Tal postulado evidencia un descontento en el trabajo
intelectivo del fallador, para disfrazarlo de una intromisión
grosera en ámbitos que desde la óptica sesgada del censor
estima ajenos, pasando por alto que en la sentencia
confutada se dejaron expuestas las razones por las cuales,
en el caso particular, no era posible declarar la nulidad de
dicho contrato de concesión y resultaba imprescindible
acudir a otras figuras que permitieran lograr los propósitos
restaurativos de la acción.
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Como se puede apreciar en el numeral 3.7.4 de las
consideraciones, el Colegiado entró a analizar la «[s]ituación
jurídica de los actos administrativos, contratos de concesión
y títulos mineros expedidos con posterioridad al
desplazamiento o despojo», bajo los parámetros de los
artículos 77, numeral 3, y 91, literal m., de la Ley 1448 de
2011. Esto es, estimó de entrada la posibilidad de la
anulación, pero a renglón seguido expuso las razones que
justificaban la toma de una decisión modulada a la luz de
los artículos 5, 11, 14 a 16, 50, 58, 109, 114, 166, 168,
169, 176, 209, 289, 320, 327, 331 y 334 de la Ley 685 de
2001 (Código de Minas), para concluir:
De la lectura armonizada de las normas antes transcritas se
colige que una cosa es la propiedad sobre el suelo y otra la
propiedad sobre los minerales yacentes en el mismo o en el
subsuelo, que por expresa disposición constitucional (artículo 332
de la Constitución Política, reiterado en materia minera en el
artículo 5 de la Ley 685 de 2001 ya transcrito). Este axioma
explica por sí solo que una concesión o título minero bien puede
ser expedida u otorgado a favor del propietario del predio sobre
el cual recae la autorización correspondiente, o bien a favor de un
tercero, caso este último en el cual hay lugar al perfeccionamiento
de las servidumbres necesarias para la exploración,
construcción, montaje y explotación de los minerales o recursos
objeto del contrato o título respectivo. En tal evento, por expresa
disposición legal (artículos 15, 166 y 169 de la ley citada), el
propietario del fundo afectado está obligado a soportar los
gravámenes pertinentes, pudiendo, eso sí, exigir "el pago de los
perjuicios que se le causen o su garantía" (artículo 174 ejusdem).
Se infiere de lo anterior que no es dable afirmar que una
concesión, título minero, autorización o licencia para la
explotación de recursos naturales otorgada(s) a una persona
distinta del propietario del suelo en el cual se encuentra el venero
o yacimiento correspondiente transgreda por sí sola los derechos
de éste (caso de tratarse de una víctima de desplazamiento o
despojo forzado), a no ser que el beneficiario (de la concesión,
título, autorización o licencia) hubiere tenido injerencia en los
hechos delictivos correspondientes, o se hubiere aprovechado de
los mismos; (caso sub judice, según quedó elucidado). En este
evento mal podría imponérsele a la víctima restituida la carga u
obligación de soportar la concesión, título, autorización o licencia
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so pretexto de que ope legis (por ministerio de la ley —artículo 58
del Código de Minas—) todo permiso o licencia de tal naturaleza
le confiere al beneficiario respectivo el derecho a servirse del
predio afectado (entiéndase instalar o construir en el inmueble
equipos y obras necesarios para el ejercicio de la concesión o
actividad).
Es por la referida razón que el juez o magistrado de tierras está
investido de la facultad de declarar la nulidad de la concesión,
título, autorización o licencia pertinente en caso de haber sido
otorgado(s) con posterioridad al abandono forzado o despojo.
Sin embargo, bien puede ocurrir que la fenomenología del
caso sugiera que no sea lo indicado decretar la nulidad
del contrato, título, autorización o licencia, sino una
medida de corrección diferente por reflejarse como más
favorable a los intereses de la víctima -se resalta-.
Entre tales soluciones alternas se encuentra la que consiste en el
decreto de terminación y/o cancelación de la concesión, título,
autorización o licencia, incluidas las inscripciones
correspondientes. Eventualidades, todas, que dan lugar a
condignos trámites subsiguientes encaminados a definir, ante y
con el concurso de las autoridades o estamentos competentes, lo
inherente a los deberes y obligaciones pendientes de cumplir a
cargo del beneficiario responsable, de los cuales cabe citar, por
vía de ejemplo, los siguientes:
- Todo lo relativo al retiro o abandono de los bienes e
instalaciones del concesionario y a la readecuación y sustitución
ambiental del área, según lo dispone el artículo 109 del Código
de Minas.
- El cumplimiento o garantía de cumplimiento de las obligaciones
de orden ambiental y laborales exigibles al tiempo de hacerse
efectiva la cesación del contrato, de lo cual trata el artículo 114
del mismo estatuto.
- Las labores necesarias para la readecuación o sustitución de
terrenos a que se refiere el artículo 176 ibídem.
- La realización de obras y adopción de medidas ambientales
necesarias para el cierre o abandono de las operaciones y frentes
de trabajo (artículo 209).
Situaciones como las antes referidas son precisamente las que
sugieren que en el caso sub judice, caracterizado por concernir a
un terreno en el cual fueron instalados o construidos equipos,
maquinaria y obras para la explotación y/o extracción de
recursos naturales, es lo indicado declarar, no la nulidad del
contrato y/o de los condignos títulos, autorizaciones o licencias
expedidos al efecto, sino la terminación de los mismos y la
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consiguiente cancelación de los registros o anotaciones
correspondientes. Esta solución, con mayor, si se observa que en
la pretensión "OCTAVO" de la demanda se deprecó:
“Advertir al Ministerio de minas, a la Oficina de Minas de
Manizales departamento de Caldas para que una vez restituido
el predio a mi representada, se inicie el proceso de cancelación
del título minero a nombre del señor Mario Francisco Velasco (sic)
por encontrarse probada la ilegalidad del mismo al ser producto
de amenazas, despojo y desplazamiento de grupos al margen de
la ley de que fue objeto mi representada; otorgándosele a mi
representada y al grupo familiar el término correspondiente para
aue si es su deseo ejerza el derecho de subrogación sobre la
licencia de explotación, derecho que no pudo ejercer respecto al
título que poseía el de cujus en razón a las amenazas que ejerció
Mario Francisco Velasco Torres, apoyado en el grupo al margen
de la ley”.
Como puede observarse, y según se colige de la lectura de la
transcrita pretensión, no es el propósito de la accionante que se
nuliten las concesiones, títulos, autorizaciones o licencias
expedidas respecto del predio solicitado en restitución, sino que
se le prefiera en el otorgamiento, o subrogación, de las mismas.
Por las citadas razones no se vislumbra tampoco acertado
decretar -según lo sugiere el señor representante del Ministerio
Público- la nulidad de las licencias ambientales otorgadas para
la explotación de minerales y materiales de construcción en el
inmueble La Española, habida cuenta que en el marco de las
aludidas licencias o permisos están insertos y pendientes de
cumplir deberes y obligaciones en materia forestal y ecológica -y
otros no menos importantes ya referidos- a cargo del beneficiario
o beneficiarios responsables.
En resumen, la decisión de no declarar la nulidad y
preferir la declaratoria de terminación obedeció al examen
de las situaciones particulares del caso, en aras de brindar
una protección eficaz a las víctimas, tal como lo impone el
ordenamiento sobre la materia y sin que se constituya en
un alejamiento arbitrario del marco competencial, que no
aparece delimitado en la forma restrictiva que expone el
opugnador.
El literal m. del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011,
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lejos está de fijar un coto o imponer límites infranqueables,
ya que el encabezado del precepto señala aspectos a tener
en cuenta en el fallo definitorio, pero sin que del contexto se
pueda inferir que imponga a manera de camisa de fuerza el
alcance de las determinaciones a tomar, para lo cual los
juzgadores cuentan con un margen de discrecionalidad
dentro de los alcances de lo que se persigue con la justicia
restaurativa.
Toda vez que el impugnante disiente del trabajo
argumentativo del Colegiado a fin de dar cumplimiento a los
fines encomendados por la Ley 1448 de 2011, para tratar de
imponer un criterio de interpretación sesgado que riñe con
aquellos, fracasa su intento puesto que este no es el
escenario para discutir lo atinado o no de la determinación
por discrepancias jurídicas.
Igual de desafortunado es el añadido final en el sentido
de que
(…) no puede perderse de vista que los hechos victimizante que
se afirman como causa del despojo invocado en el proceso de
restitución de tierras, habrían ocurrido con posterioridad a la
suscripción del contrato de concesión minera y a la inscripción de
la licencia GEPO-02 en el Registro Nacional de Minería, lo cual
explica que el Tribunal no hubiera declarado la nulidad de los
mismos, por no estar afectados de un vicio que los invalidara
desde su nacimiento a la vida jurídica.
Lo anterior puesto que no pasa de ser un agregado
accidental que no encaja dentro del supuesto de
invalidación esgrimido, trascendiendo a un cuestionamiento
a aspectos factuales y demostrativos que tampoco son de
recibo en el ámbito de la revisión, fuera de que
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descontextualizan el contenido del fallo ya que allí se dejó
sentado que
[l]as pruebas antes enunciadas, son demostrativas de que el
conflicto armado tuvo operatividad en los municipios de Victoria y
La Dorada, Caldas, y específicamente en la zona de ubicación
del predio materia de restitución. De la apreciación en conjunto y
con sujeción a las reglas de la sana crítica de las precitadas
pruebas se colige que para la época en que falleció José Antonio
Velasco Fernández (diciembre de 1992) y años subsiguientes, la
zona venía siendo afectada por el conflicto armado interno y ante
todo por la presencia y accionar de las ACMM. Fue en ese
contexto y escenario de violencia que ante la presión ejercida por
alias 'Memo Chiquito' (comandante del bloque Magdalena Medio
para entonces) y las intimidaciones provenientes de Mario
Francisco Velasco Torres -lo que está suficientemente probado-,
la solicitante se vio forzada a abandonar el inmueble objeto de
reclamación (no pudo volver), habiendo perdido en tal forma el
contacto directo con el predio y quedando, por tanto, impedida
para atenderlo, administrarlo y explotarlo.
Ello se hizo evidente hacia el año 2005, cuando Carlos Humberto
Castro Porras, encomendado por la accionante, intentó ingresar
al fundo y fue retenido por Mario Francisco, quien se valió para el
efecto del apoyo de 'Memo Chiquito' y varios paramilitares
más138, lo que demuestra de paso que no es cierto lo
manifestado por la parte pasiva en el sentido de que la
solicitante no se empeñó en asumir la administración y
explotación del bien raíz139.
Se consumó de ese modo un desplazamiento forzado de la tierra
regulado en la Ley 1448 de 2011, que, como se dijo antes,
consiste en el apremio al que se ve enfrentada una persona
forzada a abandonar el inmueble sobre el cual ejerce propiedad,
posesión u ocupación, quedando por tanto impedida para
atenderlo y para realizar la administración, explotación y
contacto directo con el mismo durante el desplazamiento (inciso
2° del artículo 74 ibídem).
Aconteció en las anotadas circunstancias, y en esa época, que
Mario Francisco Velasco Torres se hizo a la posesión material de
la heredad, de la cual fue luego declarado dueño en proceso de
pertenencia (aspecto este objeto de puntual análisis líneas más
adelante).
En resumen, está acreditada la existencia de la confrontación
armada y del accionar de las autodefensas para la época de los
hechos base de la demanda en la zona donde se localiza la finca
objeto de reclamación. En igual forma, está demostrado -y no fue
desvirtuado por la parte opositora- el desplazamiento forzado de
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Zenobia Angarita de Velasco ocurrido con ocasión del conflicto
armado y con posterioridad al 1° de enero de 199114°, fijado
éste como límite de tiempo más antiguo que legitima la protección
del derecho fundamental a la restitución.
Como la data determinante del desalojo está dada por
el fallecimiento de José Antonio Velasco Fernández en
diciembre de 1992 y la cita del año 2005 solo refiere al
instante en que se hicieron más patentes los actos de
despojo del opositor, no puede decirse que está ultima fuera
la delimitante para considerar la afectación de títulos y
gravámenes posteriores al desplazamiento forzado, de ahí
que tampoco emerge contradictorio el que el
pronunciamiento trascendiera al título minero GEPO-02
inscrito en el Registro Nacional de Minería el 20 de enero de
1995 y el contrato de concesión minera suscrito con el
Ministerio de Minas el 27 de febrero de 1998.
En últimas lo que persigue el inconforme es una
reapertura del debate en vista de su insatisfacción con el
resultado, pero como se expresó en CSJ SC664-2020
[l]a nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con
las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la
sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o
probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a
cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia.
En similar sentido en SC681-2020 quedó dicho que
(…) importa recordar que la nulidad originada en la sentencia no
puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener
el contenido de la sentencia, es decir, en relación a su
fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus
conclusiones o, en fin, a cualquier tema relativo al fondo de la
controversia; de ahí que, la misma jurisprudencia no acepta la
indebida motivación como causal, precisamente porque avalarlo
sería reconocer una nueva discusión sobre la materia tratada y
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definida en el proceso.
También en SC2845-2020, en un evento en el que se
discutió el alcance de unos de los literales del artículo 91 de
la Ley 1448 de 2011, se desestimó el cuestionamiento en
vista de que
(…) más que una verdadera cuestión procesal relativa a la falta
de competencia del Tribunal para adoptar ciertas decisiones, lo
que se avizora cuando se alega por el recurrente que el juzgador
de tierras carecía de facultad para anular algunas escrituras
públicas (de compraventa y de liquidación notarial de dos
sucesiones), es el planteamiento de una controversia sobre la
hermenéutica de una norma jurídica, concretamente el artículo 91
de la Ley 1448 de 2011, que, a propósito, con tono imperativo
determina que en el fallo se deben dictar “Las órdenes que sean
necesarias para garantizar la efectividad de la restitución
jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas
reparadas” (literal p.-).
Y como el recurso de revisión no está concebido, en principio,
para corregir la fundamentación jurídica de la providencia
atacada, en ese orden no es de recibo lo esbozado sobre el
alcance del citado artículo 91, para soportar una nulidad
originada en la sentencia, circunscrita a temas eminentemente
procesales y que afectan gravemente el derecho constitucional al
debido proceso.
7. Quiere decir que como no se advierten las
falencias que el objetor le endilga al Colegiado de Tierras,
fracasa el recurso extraordinario.
8. Conforme a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 359 del Código General del Proceso, se impondrá al
opugnador la carga de asumir las costas y perjuicios
generados.
Las primeras se liquidarán por Secretaría en la forma
establecida en el artículo 366 ibídem, incluyendo como
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02159-00
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agencias en derecho la suma de $5.000.000.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló Mario Francisco
Velasco Torres frente al fallo proferido por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de diciembre de
2019 y corregido mediante proveído de 8 de junio de 2020,
dentro del proceso de restitución de tierras de Zenobia
Angarita de Velasco en el cual intervinieron como opositores
el impugnante, María del Pilar, Lida Constanza y Juliana
Catalina Velasco torres, Luis Gabriel Serna Gámez, Juan
Carlos Forero Hidalgo, AT Partners S.A.S., Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y Ecopetrol S.A.
SEGUNDO: Condenar al impugnante a Mario
Francisco Velasco Torres al pago de las costas, que serán
liquidadas por Secretaría tomando como agencias en
derecho $5’000.000 que fija el Magistrado Sustanciador. Así
mismo se le ordena el reconocimiento de los perjuicios
causados con este trámite
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02159-00
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TERCERO: Devolver virtualmente el expediente que
contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia
objeto de revisión, agregando copia de las presentes
diligencias ante la Corte.
CUARTO: Archivar la actuación, una vez cumplidas
las órdenes impartidas.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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