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clave: "corte_suprema:providencia:SC508-2023 [2022-02159-00]"
titulo: "Corte Suprema: se tiene que el recurso de revisión en forma alguna autoriza un amplio margen de maniobra para el 25"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-12-15"
radicado: "2022-02159-00"
numero: "SC508-2023"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: se tiene que el recurso de revisión en forma alguna autoriza un amplio margen de maniobra para el 25

- **Título oficial / radicado:** SC508-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-12-15
- **Radicado:** 2022-02159-00
- **Número:** SC508-2023
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC508-2023%20%5B2022-02159-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC508-2023%20%5B2022-02159-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMi4tIERpY2llbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNTA4LTIwMjMgWzIwMjItMDIxNTktMDBdLnBkZg%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1448 de 2011
- Ley 1564 de 2012
- Ley 270 de 1996

## Extracto

De tal manera que, sin dejar de desconocer las particularidades que caracterizan tan especial rito y los principios que lo inspiran25, las irregularidades a examinar son las que habitualmente se predican respecto de los restantes fallos proferidos por la jurisdicción ordinaria. En ese orden de ideas, se tiene que el recurso de revisión en forma alguna autoriza un amplio margen de maniobra para el 25 De conformidad con el artículo 4° de la Ley 1448 de 2011 «el fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas». Nulidad originada en la sentencia como motivo de revisión en restitución de tierras. Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02159-00 16 2- Dictar sentencia estando suspendido o interrumpido el proceso. 3- Condenar en ella a quien no ha figurado como parte.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC508-2023
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02159-00
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil
veintitrés (2023).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión
de Mario Francisco Velasco Torres frente al fallo proferido
por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de
diciembre de 2019 y corregido mediante proveído de 8 de
junio de 2020, dentro del proceso de restitución de tierras
que adelantó en su contra Zenobia Angarita de Velasco.
I. ANTECEDENTES
1. Zenobia Angarita de Velasco solicitó al Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de
Tierras de Pereira que le fuera restituido el predio La
Española ubicado entre los municipios de Victoria y La
Dorada en Caldas, identificado con matrícula inmobiliaria
106-1524, que le había sido adjudicado en común y
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proindiviso con María del Pilar y Lida Constanza Velasco
Torres en la sucesión de su respectivo esposo y padre José
Antonio Velasco Fernández, pero del cual fue despojada de
su cuota parte por Mario Francisco Velasco Torres.
Como pretensión consecuencial pidió la «declaratoria
de nulidad de los actos administrativos, resoluciones que
extingan o reconozcan derechos individuales o colectivos
para particulares que modifiquen situaciones jurídicas
particulares y concretas», entre ellos «los permisos,
concesiones mineras, y autorizaciones explotación minera, y
para el aprovechamiento de los recurso naturales, derechos
de paso y servidumbre, que se hubieren otorgado sobre el
predio solicitado en restitución y formalización»1.
2. Ese Despacho vinculó a las diligencias a Mario
Francisco Velasco Torres, José Antonio, Julio Cesar, Martha
Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza Velasco
Angarita, Juliana Catalina Velasco Torres, María del Pilar y
Lida Constanza Velasco Torres como herederos
determinados de José Antonio Velasco Fernández, así como
a Ecopetrol S.A., AT Partners S.A.S., la Agencia Nacional de
Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Unidad
Administrativa Especial de Restitución de Tierras
Despojadas. También dispuso aplicar enfoque diferencial en
favor de la solicitante, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 1448 de 20112.
1 Fls. 1 a 58 cno. 1.
2 En auto admisorio de 15 de septiembre de 2016, fls. 381 a 385 cno. 1.
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3. Mario Francisco Velasco Torres solicitó la nulidad
de las actuaciones en su primera intervención3, pero acto
seguido y en debida oportunidad se opuso4, razón por la
cual se desestimó la invalidación y se le tuvo notificado por
conducta concluyente5.
4. Juan Carlos Forero Hidalgo y Luis Gabriel Serna
Gámez comparecieron al trámite solicitando su vinculación
en calidad de terceros con interés sobre el bien, por ser
acreedores de Mario Francisco Velasco Torres6, a lo que se
accedió en auto de 16 de noviembre de 20167.
5. AT Partners S.A.S., Ecopetrol S.A., Cenit
Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., Gabriel
Serna Gámez, Juan Carlos Forero Hidalgo, María del Pilar,
Lida Constanza y Juliana Catalina Velasco Torres,
presentaron escritos de oposición8.
6. La Agencia Nacional de Minería se pronunció
para señalar que los juzgadores de tierras solo están
facultados para pronunciarse sobre la nulidad de un
contrato de concesión minera cuando «dicho Contrato haya
sido constituido en virtud de actos violentos generados
dentro del conflicto armado interno» en virtud de las
3 Fls. 522 a 528 cno. 1.
4 Fls. 1 a 45 cno. 6.
5 Fls. 672 a 674 cno. 1.
6 Fls. 531 a 532 cno. 1.
7 Id 5.
8 Fls. 539 a 554, 565 a 579, 723 a 731, 744 a 746, 790 a 862, 902 a 909
cno. 1.
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competencias otorgadas por la Ley 1448 de 20119.
7. En providencia de 19 de julio de 2017 se decidió
cambiar la condición de vinculados de José Antonio, Julio
Cesar, Martha Margarita, Juan Carlos y Claudia Constanza
Velasco Angarita por la de solicitantes, en razón a su
condición de hijos de Zenobia Angarita de Velasco y al estar
representados por el mismo apoderado10.
8. Agotado el recaudo de pruebas y en vista de las
oposiciones presentadas, se dispuso la remisión de las
actuaciones a la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali11,
que en sentencia de 19 de diciembre de 2019 hizo varios
pronunciamientos, entre ellos: declarar imprósperas las
oposiciones; reconocer a Zenobia Angarita de Velasco y su
núcleo familiar la calidad de víctimas del conflicto armado,
así como «el derecho fundamental a la restitución de tierras
de que trata el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011»; anular la
sentencia de usucapión extraordinaria obtenida por Mario
Francisco Velasco Torres, con la consecuente anotación de
cancelación en el folio de matrícula inmobiliaria; ordenar la
restitución del predio La Española a Zenobia y las
hermanas María del Pilar y Lidia Constanza Velasco Torres
«en las proporciones o cuotas que les corresponde en el
fundo» y autorizar «el registro parcial y en lo pertinente al
mismo, del trabajo de liquidación, partición y adjudicación de
9 Fls. 646 a 655 cno. 1.
10 Fls. 924 a 929 cno. 1.
11 Fls. 1309 a 1310 cno. 1.
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bienes relictos en el proceso de sucesión de José Antonio
Velasco Fernández» en lo relacionado con las hijuelas a
favor de aquellas, con la actualización de la identificación
del predio; dar por terminados «el contrato o contratos de
concesión minera y demás autorizaciones o licencias vigentes
(caso de que los hubiere) y la «cancelación del título GEPO-02
y demás títulos mineros, autorizaciones o licencias vigentes
(caso de que los hubiere)» respecto del predio La Española
con matrícula inmobiliaria 106-1524 «de los cuales sea
beneficiario Mario Francisco Velasco Torres»12.
9. En auto de 8 de junio de 2020 se resolvió lo
pertinente frente a las solicitudes de «aclaración» que
tempestivamente plantearon Cenit Transporte y Logística de
Hidrocarburos S.A.S., María del Pilar, Lida Constanza,
Juliana Catalina y Mario Francisco Velasco Torres; así
como la de adición de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, denegando
las primeras, accediendo a lo pedido por la UAEGRTD y
corrigiendo algunos apartes del fallo13. En proveído de la
misma calenda no se accedió al requerimiento de
«modificación (o modulación)» que hizo la reclamante, a fin
de que en vez de decretar la «
terminación del contrato
o
contratos de concesión minera» y la cancelación del título, se
ordenara a la Agencia Nacional de Minería para que
quedara a su nombre y el de su núcleo familiar14.
12 Fls. 305 a 364 cno. Tribunal.
13 Anotación 162 cno. Tribunal.
14 Anotación 163 cno. Tribunal.
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II. RECURSO DE REVISIÓN
1. Mario Francisco Velasco Torres busca que se
invalide la providencia del Tribunal con amparo en la causal
octava del artículo 355 del Código General del Proceso, por
existir nulidad originada en la sentencia que es
inimpugnable, en vista de la «falta de competencia del
Tribunal para disponer la terminación del título minero y del
contrato de concesión minera».
Hizo consistir su descontento en que la «jurisdicción
Especializada en Restitución de Tierras no tiene competencia
para disponer sobre la terminación de un título minero ni de
un contrato de concesión minera, sin que el literal m del
artículo 91 de la Ley 1448 de 2011 (…) le atribuya tal
facultad», toda vez que la misma solo está radicada en la
Agencia Nacional de Minería, por lo que solicita dejar sin
valor los «ordinales décimo noveno, vigésimo y vigésimo
primero de la sentencia» y ordenar «emitir una nueva
decisión sobre el título minero y la concesión minera de la
cual era beneficiario el señor Mario Francisco Velasco Torres
respetando los parámetros de competencia otorgados por la
ley».
Si bien puede existir competencia para abordar una
controversia, cuando «al momento de decidir el litigio adopta
decisiones que desbordan el marco de aquellas,
extralimitándose en su función» se habilita la causal
esgrimida y en este caso el precepto que sirvió de base para
la determinación solo autoriza «declarar la nulidad de los
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actos jurídicos que otorgan permisos, concesiones o
autorizaciones para el aprovechamiento de recursos
naturales (incluidos los recursos mineros), pero no le
otorga competencia para declarar la terminación o
cancelación de dichos actos» -resaltado del texto-.
La nulidad de los actos y negocios jurídicos deriva de
un vicio estructural desde su nacimiento a la vida jurídica,
«por la ausencia de un presupuesto de validez, y comporta
un supuesto de ineficacia negocial (entendida en sentido
amplio) estructural. Ello explica que su declaratoria conlleva,
por regla general, la pérdida de sus efectos de manera
retroactiva», lo que está acorde con la finalidad de las
medidas de restitución de la Ley 1448 de 2011 y lo
diferencia de la terminación «desde el punto de vista causal
y de sus consecuencias», sin que puedan equipararse.
La terminación de un contrato o de un acto jurídico
«obedece a una causal o hecho que se estructura o presenta
en la fase de ejecución del mismo, tal como sucede con
supuestos de incumplimiento tratándose de contratos de
tracto sucesivo o del ejercicio de potestades unilaterales que
se otorgan a las partes para que el contrato no continúe
produciendo efectos».
Son tan disímiles dichas figuras que difieren en sus
consecuencias, ya que mientras la nulidad «produce por
regla general efectos retroactivos (“ex tunc”), la terminación
produce efectos hacia el futuro (“ex nunc”), sin que se puedan
desconocer los efectos jurídicos ya generados o válidamente
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cumplidos», de ahí que no puedan confundirse, ya que es
posible que «cuando el demandante depreca la declaratoria
de inexistencia de un contrato, el juez civil pueda interpretar
la demanda y declarar la nulidad absoluta del mismo; pero
lo que no resulta admisible, es que cuando se depreca la
nulidad de un negocio jurídico, el juez decida declarar su
terminación», lo que no se puede atemperar con el
argumento de que el que puede lo más puede lo menos.
Para el caso las consecuencias se patentizan en que la
nulidad del contrato de concesión «conllevaría a la
restitución a las partes al estado previo a la celebración del
mismo, y con ello, reviviría la posibilidad de que los
herederos del señor José Antonio Velasco Fernández hicieran
uso del derecho de subrogación del título minero», mientras
que la «terminación de dicho negocio jurídico generaría la
cesación de efectos hacia el futuro, sin que se pueda
restablecer una situación preexistente», fuera de que «la
competencia para declarar la terminación de un contrato de
concesión o para cancelar un título minero se encuentra
radicada exclusivamente en la Agencia Nacional de Minería,
y dicha competencia no fue alterada o modificada por la Ley
de Restitución de Tierras».
Por demás «no puede perderse de vista que los hechos
victimizante que se afirman como causa del despojo invocado
en el proceso de restitución de tierras, habrían ocurrido con
posterioridad a la suscripción del contrato de concesión
minera y a la inscripción de la licencia GEPO-02 en el
Registro Nacional de Minería», lo que explica que no se
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hubiera «declarado la nulidad de los mismos, por no estar
afectados de un vicio que los invalidara desde su nacimiento
a la vida jurídica»15.
2. Luego de recibir el expediente, se admitió el
medio de contradicción en providencia que dispuso correr
traslado a los demás involucrados en la contienda16.
3. Los convocados se pronunciaron así:
a). Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos
S.A.S., manifestó estarse a lo que resulte probado17.
b). Zenobia Angarita de Velasco adujo que es inviable
el excepcional medio de contradicción ya que no se «generó
causal de nulidad alguna que ponga fin al proceso»18.
c). La Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas pidió desechar lo
pretendido19.
d). La Agencia Nacional de Hidrocarburos adujo
carecer de «legitimidad en la causa por pasiva para ser
vinculada dentro de la Acción de Tutela» (sic), así como la
«inexistencia de amenaza o lesión por parte de la ANH a
15 Pdf 0002 anotación 1 ESAV.
16 Anotación 8 ESAV.
17 Pdf 0016, 0037 y 0053 anotaciones 10, 22 y 26 ESAV.
18 Pdf 0026 y 0042 anotaciones 15 y 25 ESAV.
19 Pdf 0047 anotación 27 ESAV.
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derechos fundamentales»20.
e). La Procuraduría General de la Nación expresó
que el reclamo no tiene vocación de prosperidad puesto que
el Tribunal era competente para pronunciarse como lo hizo
en los numerales décimo

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e se ve enfrentada una persona
forzada a abandonar el inmueble sobre el cual ejerce propiedad,
posesión u ocupación, quedando por tanto impedida para
atenderlo y para realizar la administración, explotación y
contacto directo con el mismo durante el desplazamiento (inciso
2° del artículo 74 ibídem).
Aconteció en las anotadas circunstancias, y en esa época, que
Mario Francisco Velasco Torres se hizo a la posesión material de
la heredad, de la cual fue luego declarado dueño en proceso de
pertenencia (aspecto este objeto de puntual análisis líneas más
adelante).
En resumen, está acreditada la existencia de la confrontación
armada y del accionar de las autodefensas para la época de los
hechos base de la demanda en la zona donde se localiza la finca
objeto de reclamación. En igual forma, está demostrado -y no fue
desvirtuado por la parte opositora- el desplazamiento forzado de
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Zenobia Angarita de Velasco ocurrido con ocasión del conflicto
armado y con posterioridad al 1° de enero de 199114°, fijado
éste como límite de tiempo más antiguo que legitima la protección
del derecho fundamental a la restitución.
Como la data determinante del desalojo está dada por
el fallecimiento de José Antonio Velasco Fernández en
diciembre de 1992 y la cita del año 2005 solo refiere al
instante en que se hicieron más patentes los actos de
despojo del opositor, no puede decirse que está ultima fuera
la delimitante para considerar la afectación de títulos y
gravámenes posteriores al desplazamiento forzado, de ahí
que tampoco emerge contradictorio el que el
pronunciamiento trascendiera al título minero GEPO-02
inscrito en el Registro Nacional de Minería el 20 de enero de
1995 y el contrato de concesión minera suscrito con el
Ministerio de Minas el 27 de febrero de 1998.
En últimas lo que persigue el inconforme es una
reapertura del debate en vista de su insatisfacción con el
resultado, pero como se expresó en CSJ SC664-2020
[l]a nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con
las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la
sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o
probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a
cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia.
En similar sentido en SC681-2020 quedó dicho que
(…) importa recordar que la nulidad originada en la sentencia no
puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener
el contenido de la sentencia, es decir, en relación a su
fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus
conclusiones o, en fin, a cualquier tema relativo al fondo de la
controversia; de ahí que, la misma jurisprudencia no acepta la
indebida motivación como causal, precisamente porque avalarlo
sería reconocer una nueva discusión sobre la materia tratada y
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definida en el proceso.
También en SC2845-2020, en un evento en el que se
discutió el alcance de unos de los literales del artículo 91 de
la Ley 1448 de 2011, se desestimó el cuestionamiento en
vista de que
(…) más que una verdadera cuestión procesal relativa a la falta
de competencia del Tribunal para adoptar ciertas decisiones, lo
que se avizora cuando se alega por el recurrente que el juzgador
de tierras carecía de facultad para anular algunas escrituras
públicas (de compraventa y de liquidación notarial de dos
sucesiones), es el planteamiento de una controversia sobre la
hermenéutica de una norma jurídica, concretamente el artículo 91
de la Ley 1448 de 2011, que, a propósito, con tono imperativo
determina que en el fallo se deben dictar “Las órdenes que sean
necesarias para garantizar la efectividad de la restitución
jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas
reparadas” (literal p.-).
Y como el recurso de revisión no está concebido, en principio,
para corregir la fundamentación jurídica de la providencia
atacada, en ese orden no es de recibo lo esbozado sobre el
alcance del citado artículo 91, para soportar una nulidad
originada en la sentencia, circunscrita a temas eminentemente
procesales y que afectan gravemente el derecho constitucional al
debido proceso.
7. Quiere decir que como no se advierten las
falencias que el objetor le endilga al Colegiado de Tierras,
fracasa el recurso extraordinario.
8. Conforme a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 359 del Código General del Proceso, se impondrá al
opugnador la carga de asumir las costas y perjuicios
generados.
Las primeras se liquidarán por Secretaría en la forma
establecida en el artículo 366 ibídem, incluyendo como
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agencias en derecho la suma de $5.000.000.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló Mario Francisco
Velasco Torres frente al fallo proferido por la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el 19 de diciembre de
2019 y corregido mediante proveído de 8 de junio de 2020,
dentro del proceso de restitución de tierras de Zenobia
Angarita de Velasco en el cual intervinieron como opositores
el impugnante, María del Pilar, Lida Constanza y Juliana
Catalina Velasco torres, Luis Gabriel Serna Gámez, Juan
Carlos Forero Hidalgo, AT Partners S.A.S., Cenit Transporte
y Logística de Hidrocarburos S.A.S. y Ecopetrol S.A.
SEGUNDO: Condenar al impugnante a Mario
Francisco Velasco Torres al pago de las costas, que serán
liquidadas por Secretaría tomando como agencias en
derecho $5’000.000 que fija el Magistrado Sustanciador. Así
mismo se le ordena el reconocimiento de los perjuicios
causados con este trámite
Radicación n° 11001-02-03-000-2022-02159-00
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TERCERO: Devolver virtualmente el expediente que
contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia
objeto de revisión, agregando copia de las presentes
diligencias ante la Corte.
CUARTO: Archivar la actuación, una vez cumplidas
las órdenes impartidas.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC508-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-12-15. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2022-02159-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC508-2023%20%5B2022-02159-00%5D).
