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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC507-2023
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro
(2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Conyser Asociados SAS., frente a la sentencia de 9 de agosto
de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de responsabilidad
civil contractual que la recurrente promovió contra Accesos
del Norte de Bogotá SAS.
I.EL LITIGIO
1. La accionante pidió declarar que cumplió el objeto
del contrato ACN 1040002 de prestación de servicios de
mantenimiento de malla vial y condenar a la demandada a
pagarle $2.171’483.153 por el «faltante del valor unitario de
mantenimiento rutinario», así como $1.315’537.318 por la
cláusula penal
, y los intereses de mora.
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Expuso que el 10 de diciembre de 2017 celebró el
contrato de prestación de servicios ACN 1040002 con
Accesos del Norte de Bogotá SAS., (Accenorte) y se obligó,
como contratista, a realizar el mantenimiento rutinario de las
rutas 45A044 Autopista Norte - La Caro – Chía – Cajicá –
Zipaquirá - Variante Unisabana y la ruta 5501 carrera
séptima desde la calle 245 – La Caro - Briceño – Variante
Portachuelo. Ello con el fin de ejecutar las actividades
previstas en la propuesta efectuada el 29 de enero de 2018,
según radicado ACBN-00001093 de 30 de enero de 2018, por
un valor total de $6.577’686.592, de los cuales
$5.065’308.296 correspondían al costo del ítem 1, habiendo
convenido un tiempo de duración de 13 meses contabilizados
desde el 10 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2018, para lo cual pactaron una penalidad de
$1.315’537.318, igual al 20% del valor total convenido.
El contrato se desarrolló normalmente entre diciembre
de 2017 y marzo de 2018, pero en este último mes la
contratante (Accenorte) redujo aproximadamente el 66% del
precio unitario acordado por el ítem 1 y le adeuda
$2.171’483.153, pues le indicó en los cálculos para la
elaboración de las cuentas de cobro, cortes con el 44% y 46%
de abarcamiento de la obra. Sin embargo, ella siguió adelante
con las labores de mantenimiento completo a la malla vial
entre marzo de 2018 hasta el mismo mes de 2019, cuando
concluyó el negocio, sin que le fuera saldado el faltante del
precio, a pesar que cumplió sus prestaciones de forma
constante, sin observaciones, inconsistencias o deficiencias,
ya que cubrió el 100% mensual de los servicios acordados.
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2. La convocada se opuso y dijo haber sufragado todo
el valor pactado en razón a la parte de la labor ejecutada por
la contratista (folios 71 a 82, cno. 12).
3. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de
Bogotá, en sentencia de 30 de marzo de 2022, declaró que
Accesos del Norte de Bogotá SAS incumplió las obligaciones
contractuales. Por tanto, la condenó a pagarle a la accionante
$2.171’483.153 por el saldo del precio convenido en el ítem
de mantenimiento rutinario, e intereses de mora a la tasa
máxima legal comercial desde la fecha de liquidación del
acuerdo hasta que se extinga esa prestación, y
$1.315’537.318 por la penalidad pactada.
4. El ad quem, al resolver la alzada propuesta por la
parte vencida, revocó ese veredicto y, en su defecto,
desestimó las pretensiones.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Aunque se demostró que en la cláusula tercera del
contrato de prestación de servicios ACN 1040002 se pactó un
valor de $6.577’686.592, su falta de pago no constituye
incumplimiento de la contratante al haberse dejado de
acreditar que la accionante ejecutó obras cuya retribución
corresponda a tal cuantía. Es así porque en la cláusula
cuarta se convino que «el valor del presente contrato se pagará mes
vencido de acuerdo con el valor que resulte de multiplicar las cantidades
reales ejecutadas y autorizadas por los precios acordados, luego que el
contratista radique las respectivas facturas en las oficinas del
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contratante», lo cual significa que la encartada no negoció bajo
la modalidad de precio global, sino que la cifra a satisfacer
cada mes era la que resultara de multiplicar los precios por
las cantidades reales del servicio ejecutadas y autorizadas,
sistema tarifario conocido desde el comienzo por la
demandante, quien así lo aceptó.
En la propuesta de 29 de enero de 2018, con radicado
ACNB-0001093, la contratista expuso que el costo de
mantenimiento mensual era de $327’427.815, siendo esa la
cuantía estable que en cada periodo debía recibir, pues en la
cláusula primera del contrato se convino que aquella hacía
parte de este y que, ante discrepancias entre ambos, valdría
el último. Así lo entendieron las partes, ya que los valores
pagados cada mes fueron los respaldados con la facturación
emitida por la firma activante entre diciembre de 2017 y
marzo de 2019, quien en ocasiones reportó una cantidad
superior, en otras una inferior al monto que indicó como
constante ($327’427.815), y ello fue aprobado por el
supervisor de tal contratista, lo cual acompasa con los
parágrafos 1 y 3, numeral III del clausulado 4 del negocio,
como lo asintió su representante legal cuando fue
interrogado.
Esa interpretación coincide con la regla hermenéutica
del artículo 1622 in fine, referida a la aplicación práctica
hecha por ambas partes o por una con aprobación de la otra,
e impide darle un sentido distinto a la cláusula cuarta
negocial al determinar la suma a cargo de la contratante y en
beneficio de la contratista, pues esta sabía que solo recibiría
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los valores correspondientes a la obra efectivamente
ejecutada y así lo aceptó, siempre que estuviera justificada.
La accionante no probó que haya realizado actividades
por $6.577’686.592, sin que ello cambie por el hecho de
haber mostrado inconformidad en el acta de terminación y
liquidación del contrato por mutuo acuerdo, cuando dijo
estar en desacuerdo con el cálculo efectuado por valor de
$3.713’212.895 y se reservó el derecho a reclamar
judicialmente, pues ello no es indicativo de que el porcentaje
de actividades realizadas fue mayor, ya que esas
manifestaciones carecen de la virtualidad de acreditar tal
circunstancia, pues el solo dicho de una parte no justifica tal
circunstancia.
En ese sentido, desatinó el a quo al colegir que la
demandada debía sufragar el precio global consignado en el
contrato, pues ninguna prueba acreditó que la contratista
realizó obras por tal cuantía, ya que no solo la estipulación
cuarta, sino la práctica contractual refrenda que la forma de
pago se fijó por cantidades de actividades, correspondiendo
el valor total a la multiplicación de esas variables.
Además, la accionante es una empresa experta en
realizar labores de la misma especie, como lo admitió su
representante legal, luego debía conocer lo valores por los
cuales generaría y presentaría las cuentas de cobro según lo
pactado y, en el mejor de los casos, debía probar las labores
adicionales con incidencia en la ecuación financiera del
contrato y que no fueran del 44% o el 46% sino del 100% y
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no expedir cuentas de cobro y facturación que desvirtuara
este último porcentaje.
La intención de las partes fue pactar una remuneración
de acuerdo con la cantidad de servicios prestados, lo cual
prevalece sobre el precio mencionado en razón a las
particularidades en que se concertó el negocio, así como a la
falta de reparos de la contratista, situación que hacía
innecesaria una interpretación sistemática de las
estipulaciones ajustadas e impedía inferir que la convocada
debía pagar el monto total de la obra. Antes bien, lo correcto
era apreciar lo convenido en conjunto con las pruebas
aportadas y valorarlo al tamiz del artículo 1622 in fine,
panorama que imponía concluir que no se demostró el
incumplimiento de la convocada y hacía nugatoria la acción.
Sobre los reparos por las agencias en derecho fijadas y
la conducta del representante legal de la convocante, nada
hay que decir, toda vez que el fallo es revocatorio.
DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante recurrió y planteó un ataque por la
causal segunda, con miras a quebrar la sentencia opugnada.
CARGO ÚNICO
Alega la infracción indirecta de la ley sustancial, por
aplicación indebida de los artículos 1546, 1602, 1603, 1604,
1613, 1615, 1618, 1622 y 1624 del Código Civil, así como del
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artículo 167 del Código General del Proceso, a causa de
errores de hecho al apreciar las pruebas, la demanda y su
contestación, por falta de valoración de unas e indebida
ponderación de otras. En concreto, aduce que el Tribunal:
1. Erró al catalogar al contrato como de obra, pues
fue de prestación de servicios, lo cual es relevante porque las
prestaciones en uno y otro son distintas. Además, lo deformó
al decir que su valor podía ser modificado por la contratante;
que en él se establecieron servicios solo para mantenimiento
rutinario, y que se fijó un precio exclusivo para remunerar
esa labor. A partir de esos desfases le atribuyó a las partes
débitos no asumidos, en especial a la contratista a quien le
pidió demostrar una obra en particular aun cuando se obligó
a realizar unos servicios de mantenimiento y los pactó como
una unidad, sin que pudieran ser fraccionados en unidades
inferiores o en actividades puntuales como las indicadas en
la propuesta que precedió al acuerdo negocial, ya que de ser
así les habrían asignado a cada una un valor específico.
2. Se equivocó al apreciar el contrato de prestación
de servicios, pues admitió, sin estar probado, que su cláusula
cuarta estableció una fórmula para remunerar los servicios
de mantenimiento de la malla vial en la zona de influencia
convenida; que la convocada podía autorizar unilateralmente
obras en menor proporción a las unidades pactadas; que así
lo dispuso y que cumplió el pago de esa prestación en
proporción a la labor ejecutada.
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Asumió que la suma de $6.577’686.592, que aparece en
la cláusula tercera del contrato, corresponde al valor
reclamado en la demanda y al monto incumplido por Accesos
del Norte de Bogotá SAS., sin ser ello cierto, máxime cuando
esa estipulación está ligada al parágrafo 1º de su cláusula
primera, e inadvirtió que solo se pretende el saldo insoluto
del valor causado por el mantenimiento rutinario ajustado en
el ítem 1, para el cual se convino una tarifa fija, única e
inmodificable de $389’639.099,67 por cada unidad, de las 13
acordadas en relación con cada mensualidad de vigencia del
acuerdo, según la tabla que sustenta lo convenido.
Los otros ítems, del 2 al 3.2.8 fijados en el contrato
resultan de multiplicar las cantidades de obra o servicio
ejecutado, del que sí podía fluctuar su valor, por lo que es a
ellos que se refiere la cláusula cuarta del contrato al indicar
que el precio por mensualidad corresponde a esas cantidades
de obra o servicio ejecutado, mas no que cada uno de los
ítems de la tabla, es decir, del 1 al 3.2.8 podían subdividirse
o fraccionarse, en cada ítem individualmente considerado,
para reducir o aumentar su valor, pues ello no fue convenido
al dosificar los ítems del servicio y el precio atribuido a cada
uno de ellos, al margen de la cantidad que fuera realizada.
3. Desconoció que lo pactado consistió en que, si
alguno de los ítems de la tabla de precios fuera impagado en
su totalidad, como ocurrió con los mantenimientos rutinarios
ítem 1, ello produciría incumplimiento de la contratante. Si
el Tribunal hubiera apreciado bien el contrato, en concreto,
la complementación que hay entre la cláusula primera -
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atinente al objeto e ítems de los servicios que regula y sus precios fijos,
invariables e inmodificables según lo pactado, el valor total alcanzable
del contrato -cláusula tercera- y su relación con la cláusula
cuarta, según la cual estos precios asociados a los ítems, a
la unidad y cantidad de servicios pendía de la aplicación del
total de lo que debía ser pagado en cada mensualidad, habría
advertido que el ítem 1 se pactó como mantenimiento
rutinario; unidad; cantidad 13, valor unitario
$389’639.099,67.
Las partes acordaron que los servicios estuvieran
compuestos por ítems y que estos serían determinados por
unidad de actividad -ítem 1- o por unidad de tiempo -ítem 2
a 3.28-, mas no que algunos de ellos podían ser fraccionados,
ya que lo habrían dejado escrito, lo cual significa que el
Tribunal menospreció la intención de las partes.
La contratante debía pagar cada ítem ejecutado, al
margen de que fuera completo o no, pues, por expreso
acuerdo, le estaba prohibido fraccionar su remuneración a
menos de la unidad u hora de cada ítem, indivisibilidad e
imposibilidad de fracción a la que se refirió el a quo cuando
coligió que la convocada desatendió el pago de la totalidad de
los servicios referentes exclusivamente al ítem 1 sobre
mantenimiento rutinario, cuya cantidad -13- fue realizada de
forma completa por la contratista.
A pesar de ello, el Tribunal coligió del contrato y la
propuesta que el precio final de cada mensualidad podía ser
modificado dependiendo de la cantidad de unidades y horas
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de prestación de servicios, según se tratara del
mantenimiento de la malla vial o de los servicios
complementarios, aun cuando esos documentos muestran
que existe una medición de actividad, unas labores
determinadas por cantidades unitarias y otras por las horas
de servicios, ítems -unidades y horas- inmodificables, pero
que sí comprometen el valor de cada mensualidad de acuerdo
a la intensidad de cada una de estas, sin que fuera posible
fraccionar tales aspectos (unidades u horas de ejecución),
según lo confirma la cláusula cuarta del contrato de servicios
al decir que «el valor de cada unidad ejecutadas
mensualmente», lo cual desvirtúa su tesitura en cuanto fijó
la atención en el valor total del contrato.
4. Valoró indebidamente la demanda al colegir que la
contratista dijo haber efectuado labores por el valor total del
contrato ($6.577’686.592) e inadvirtió que lo pretendido era
restablecer el perjuicio sufrido al haber recibido un valor
inferior por la actividad específica del ítem 1 de la tabla del
esquema de precios del inciso 2º de la cláusula 1ª del
contrato, que máximo podía apuntar por las 13 unidades de
2017 a diciembre de 2018, a un total de $5.065’639.308,29,
pero que se modificó y fue extendido hasta marzo de 2019 a
$5.238’845.040, aspectos que fueron demostrados.
Desde el libelo aclaró que pretendía el pago del valor
faltante por el costo del ítem 1, atinente al servicio de
mantenimiento rutinario, y no el del total del contrato que
mencionó solo para fijar la cuantificación de la posible
consecuencia pecuniaria del incumplimiento.
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5. Dio por demostrado, sin estarlo, que Conyser
Asociados SAS., incumplió sus débitos; dejó de ver que esta
probó que satisfizo lo previsto en su cláusula primera y que
ello fue verificado por personal de la contratante, con lo cual
era suficiente para reclamar el valor unitario estipulado por
cada unidad (mensualidad), al ser patente que efectuó el ítem
1 de la tabla de esquema de precios, como lo confesó la
convocada al referirse a los hechos 12, 13 y 14 de la
demanda. A pesar de ello, el fallador distorsionó la realidad
y creyó que esa entidad podía alterar las unidades de medida
de actividades que componían los servicios convenidos,
razonamiento contrario a la cláusula quinta que hacía
necesaria la concertación para modificar tal aspecto, e
inadvirtió que Accenorte no probó la menor cantidad de obra
ejecutada respecto del mantenimiento vial rutinario en el
ítem 1.
6. Se equivocó al decir que la contratista omitió
reclamar a su contraparte los costos adicionales, toda vez
que pasó por alto lo que indicó en el acta de terminación y
liquidación del contrato donde se mostró en desacuerdo con
las sumas recibidas y se reservó el derecho de demandar, así
como la actitud de la contratante al recibir la epístola de 18
de septiembre de 2018, la citación a una reunión exploratoria
de un acuerdo frente a tal aspecto y las misivas provenientes
de Accesos del Norte de Bogotá SAS., en rigor, la de 15 de
marzo de 2019 sobre el reclamo de los pagos extrañados por
los servicios de mantenimiento ejecutados. Esas piezas
demuestran que esa entidad ejerció una posición dominante
y condicionó el reembolso de los servicios a su parecer y
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conveniencia, panorama que justificó la constancia hecha
por la contratista de que estaban sin solucionar los valores
no cubiertos por los servicios convenidos en el ítem 1.
7. Se desfasó al concluir que la accionante debía
probar y reclamar durante el cumplimiento y finiquito del
contrato labores que afectaran la ecuación financiera del
contrato al 100% reflejadas en las cuentas de cobro emitidas
por un porcentaje inferior, pues se demostró que cumplió sus
obligaciones y así lo aceptó la contraparte al responder la
demanda. Esos aspectos fueron relegados por el
sentenciador, así como también la actitud de la encartada
que fue negligente, tanto que adujo no haber sido notificada
de la solicitud de conciliación extrajudicial, a pesar que sabía
de esa audiencia, como lo hizo ver en la comunicación de 20
de mayo de 2019, discordancia que permitía deducir una
falsedad, pero no se hizo, pues, además, manipuló el contrato
al pactar unos precios por unidad de actividad y también se
abrogó su tasación para así justificar un pago inferior al
estipulado.
CONSIDERACIONES
1. Los contratos válidamente celebrados son ley para
las partes y, en consecuencia, no pueden ser derogados,
excepto por mutuo acuerdo, o por causas legales, según lo
expresa de forma diáfana y categórica el artículo 1602 del
Código Civil.
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Al respecto, en CSJ SC1962-2022 se indicó que esa
norma jurídica
(…) determina la fuerza vinculante, obligatoria y coercible del
acuerdo de voluntades, al advertir que si a él se llega de forma
válida «no podrá ser derogado sino por causas legales o por mutuo
consentimiento», lo que significa que ninguno de los contratantes
puede separarse -total o parcialmente- del programa obligacional,
so pena de infringir sus compromisos; en cuyo caso, la otra parte,
que sí satisfizo o estuvo dispuesta a atender los suyos en la forma
y tiempo debido, tiene a su disposición diversos remedios
contractuales de carácter jurídico, ya que puede exigir la
realización de lo pactado u optar por su extinción mediante la
resolución o la terminación (arts. 1546 C.C. y 870 C. de Co.) según
proceda, y reclamar, asimismo, la reparación del demérito sufrido.
Fluye nítido que en el ámbito del derecho privado los
contratantes tienen libertad para regular sus intereses, sin
más límites que el orden público y las sanas costumbres
(art.16 C.C.). Tanto es así que, al vincularse mediante una
relación jurídica contractual, aceptan a plenitud ese poder
de disposición, establecen el programa obligacional que
buscan satisfacer y lo proyectan en ejercicio de su autonomía
dispositiva.
En principio, los términos del negocio definen su objeto
y alcance, pero también establecen los deberes de conducta
asumidos por cada integrante. Excepcionalmente, y solo
cuando lo acordado sea ininteligible, ambiguo e impreciso, se
hace necesario aplicar métodos hermenéuticos capaces de
socorrer esa falta de claridad para así dejar al descubierto y
hacer comprensible lo pretendido por las partes.
Con ese fin, el ordenamiento positivo ha previsto
diversos sistemas interpretativos. Al efecto, a partir del
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artículo 1618 y hasta el 1624 el Código Civil consagra un
catálogo de reglas hermenéuticas cuya función es la de servir
de criterio orientador del juez y de permitirle zanjar la falta
de claridad suscitada en el marco de una relación jurídica de
carácter contractual.
Sobre ello, en CSJ SC 18 feb. 2003, rad. 6806 la Sala
precisó:
(…) la interpretación de los contratos es cuestión librada por el
legislador a la autonomía del juzgador, para lo cual lo ha dotado
de una serie de pautas o directrices encaminadas a guiarlo en su
tarea de determinar el verdadero sentido y alcance de las
estipulaciones de las partes, descubrir la genuina voluntad que las
animó al celebrar el contrato e identificar los fines perseguidos al
ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la voluntad
negocial. Entre esas reglas, cabe destacar por lo que al caso
interesan, las previstas por los artículos 1618, 1620 y 1621 del
Código Civil.
Igualmente, en CSJ SC069-2023 llamó la atención en
cuanto a que:
Bien es sabido que en materia de interpretación de los contratos el
esfuerzo del opugnador para revelar algún desvío del ad quem es
mayúsculo, puesto que por obvias razones la propuesta que haga
siempre va a estar marcada por el sesgo del favorecimiento a sus
intereses particulares, de tal manera que las simples divergencias
entre lo que se convino y la manera como lo entiende cada uno de
los pactantes es insuficiente para suplantar la lectura que en el
ámbito del litigio haga el operador judicial aplicando los principios
que rigen los contratos para revelar su verdadera esencia.
Unas de las tantas formas jurídicas con que cuentan las
partes para regular sus relaciones jurídicas, en su esfera
privada, es el contrato de prestación de servicios, que es un
negocio típico, consensual, bilateral, oneroso, principal y
conmutativo, en virtud del cual una persona se obliga a
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desplegar un comportamiento diligente para conseguir un
resultado determinado por el contratante, que es la otra
parte, sin asegurar «el logro del resultado1», a cambio de una
remuneración en la forma pactada.
Al lado de ese esquema negocial, y con cierta
proximidad, se ubica el contrato de obra, que también es un
negocio jurídico típico, consensual, bilateral, principal,
oneroso y conmutativo, en virtud del cual una persona,
denominada contratista o artífice, se obliga con otra,
conocida como encargante o contratante, a realizar una labor
en concreto y garantizar su resultado, bajo un precio que,
según se resaltó en CSJ SC505-2022, puede ser global, llave
en mano, administración delegada, reembolso de gastos y
precios unitarios, con la advertencia que la primera de esas
modalidades confiere al contratista una cantidad fija de
dinero que no depende «de las mayores o menores cantidades
de unidades que se ejecuten y, por ende, el contratista asume
los riesgos de las diferencias que surjan en las cantidades de
obra y es responsable de culminarla por el precio pactado que
es el real y definitivo» (CE, Sala de Consulta y Servicio Civil,
5 sep. 2018, rad. 2018-00124-00 (2386).
En cambio, cuando lo convenido es bajo la forma de
precios unitarios, «se hace un estimativo inicial del precio para
efectos presupuestales, pero el precio definitivo se concreta al
concluirse el contrato» (CSJ SC5568-2019, 18 dic., rad. 2011-
1 DÍEZ, PICAZO, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. IV. Las
particulares relaciones obligatorias. 1ª edición. Thomson-Civitas. Navarra, España,
2010, pág. 459.
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00101- 01), pero la retribución se determina por las
«unidades o cantidades de obra y el valor total corresponde al
que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas
por el precio de cada una de ellas comprometiéndose el
contratista a realizar las obras especificadas en el contrato»
(CE, Sección Tercera, Subsección B, 31 ago. 2011, rad. 1997-
04390-01(18080; CE, Sección Tercera, Subsección B, 29 nov.
2019, rad. 2013-01093-01 (56925).
Tal distinción es relevante porque en el contrato a precio
global se incluyen todos los costos directos e indirectos en
que incurrirá el contratista por la ejecución de la obra, tanto
así que, en línea de principio, ello no origina el
reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades
no previstas, mientras que, en el contrato a precios unitarios,
toda la cantidad mayor o adicional ordenada y autorizada por
la entidad contratante tiene que ser reconocida.
Al acordarse el sistema de precios unitarios como forma
de remuneración de la obra, el constructor se obliga, salvo
estipulación en contrario, a «sostener los precios unitarios
originales estipulados para cada uno de los ítems de la obra
realizada, aun cuando estos puedan sufrir alzas, riesgo que
en la práctica puede recompensarse durante la ejecución o en
la liquidación; o preverse, según las cláusulas de reajustes
que, de común acuerdo, se pacten» (CSJ SC5568-2019).
Por otra parte, el artículo 2056 del Código Civil dispone
que si hay incumplimiento y afecta el haber de alguna de las
partes, «[h]abrá́ lugar a reclamación de perjuicios, según las
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reglas generales de los contratos, siempre que por una o por
otra parte no se haya ejecutado lo convenido, o se haya
retardado su ejecución», en tal caso, previene la norma, «…el
que encargó la obra, aun en el caso de haberse estipulado un
precio único y total por ella, podrá hacerla cesar,
reembolsando al artífice todos los costos, y dándole lo que
valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podio ganar en la
obra».
En fin, el contrato de prestación de servicios y el de obra
tienen en común que son negocios jurídicos típicos
bilaterales, consensuales, principales, conmutativos y
onerosos, con notable incidencia tanto en el derecho público
como en el privado; en ambos hay falta de subordinación o
representación entre contratante y contratista, empero, cada
uno tiene elementos particulares que perfilan su estructura
y lo distinguen de cualquier otro.
Por ejemplo, en el de prestación de servicios las labores
que asume el contratista tienen una naturaleza genérica,
contrario a las que en específico adquiere el artífice en el de
obra. Igualmente, en aquél el contratista se obliga, por regla
general, a desplegar un comportamiento diligente dirigido a
la consecución de un resultado determinado, pero no
asegura su obtención, mientras que en este sí, ya que el
artista se obliga a pintar el cuadro; el arquitecto, a edificar la
casa y construir el puente y el escritor a escribir la novela,
etc., de modo que al final debe entregar el cuadro, la casa, el
puente y la novela.
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Asimismo, en el contrato de obra el artífice tiene mayor
independencia técnica o económica que en el de prestación
de servicios, en el que suele haber más control por parte del
contratante. Igualmente, la duración del contrato suele ser
más estable en este que en aquél, sin perder de vista la
distinción que hay en torno a la fijación de la
contraprestación, ya que si se contrata por tiempo, el negocio
será de prestación de servicios, mientras que cuando se
acuerde por unidades parciales en función de lo ejecutado,
este será de obra, sin que en la forma de remuneración
subsistan hondas diferencias, pues las modalidades
antedichas pueden coincidir, al ser ese un aspecto en el que
fluye con nitidez la autonomía de la voluntad.
Al efecto, la doctrina especializada2 expone que:
En el contrato de prestación de servicios -y en ello radica la
distinción respecto del contrato de obra- el prestador se
compromete a desplegar un comportamiento diligente dirigido a la
consecución de un resultado determinado, pero sin que asuma el
compromiso de su efectiva obtención -como si ocurre en el contrato
de arrendamiento de obra o, simplemente, de obra-, de manera
que su obligación se configura como de mera actividad. En otros
términos, el prestador o arrendador de servicios -sean éstos objeto
de prestación por un profesional o por un empresario, o no-, se
vincula únicamente en virtud de una obligación de medios, con
independencia del resultado, lo que determina consecuencias
relevantes en el marco de la responsabilidad por incumplimiento.
En efecto, doctrina y jurisprudencia han convenido en erigir como
elemento diferenciador del contrato de prestación de servicios la
vinculación del prestador en atención a. una obligación de hacer,
frente al contrato de obra en el que el contratista asume
contractualmente la obtención de un resultado -la obra- pactado
en el contrato.
2 BERCOVITZ, R, Rodrigo. Tratado de los contratos. Tomo III, contratos
asociativos, contratos de prestación de servicios y realización de obras, contratos
aleatorios, contratos para evitar o dirimir conflictos. Tirant o blanch tratados.
Valencia, 2009, pág. 2875.
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En ese mismo sentido, otro importante expositor3,
enfatiza que:
La ley designa como contrato de obra el contrato por el cual una
persona se obliga a ejecutar una obra por un precio. Objeto de un
contrato de obra puede ser “tanto la ejecución o modificación de
una cosa como cualquier otro resultado a producir por el trabajo o
prestación de servicios. Como claramente dan a entender
especialmente las últimas palabras, la ley se apoya en si el objeto
de la obligación es el trabajo o la prestación de servicios como tal,
-en cuyo caso se trata de contrato de servicios-, o el resultado a
obtener por los mismos -en cuyo caso se trata de contrato de obra-
Si la prestación debida es únicamente el trabajo o la prestación de
servicios como tal, sin consideración al resultado perseguido,
entonces, podrá exigirse el precio cuando el trabajo o los servicios
han sido prestados; si, por el contrario, lo adeudado es la
producción de un determinado resultado, generalmente no podrá
ser reclamada la retribución pactada si el trabajo o esfuerzo hecho
o el servicio realizado fracasan.
2. En el sub júdice, el Tribunal revocó la sentencia
que accedió a las pretensiones y, en su lugar, las denegó tras
colegir que la impulsora, que fungió como contratista, carece
de razón habida cuenta que la exigibilidad del valor global
pactado dependía de que realizara obras por ese valor, tanto
así que la contratante solamente le sufragó el costo de las
que efectivamente desarrolló, de conformidad con lo previsto
en el negocio jurídico bilateral que las vinculó.
En respaldo añadió que la ejecutora de esas actividades,
hoy demandante, sabía desde el comienzo del contrato que
solo tendría derecho a recibir de Accesos del Norte de Bogotá
SAS., los valores correspondientes a las labores que
efectivamente realizara.
3 LARENZ Karl. Derecho de Obligaciones. Tomo II. Editorial Revista de derecho
privado. Madrid, 1959, pág. 281.
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
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En desacuerdo, la impugnante le atribuye sendos y
protuberantes yerros fácticos consistentes en haber
desfigurado el contrato de prestación de servicios n.º ACN
1040002 de 1 de diciembre de 2017 y otras piezas, como lo
son la demanda, las actas de obra y la de de su liquidación,
así como la confesión de la convocada al contestar el libelo,
y aduce que esa distorsión probatoria lo llevó a deducir
contra toda evidencia, de un lado, que el negocio fue de obra,
y que no se estructuró bajo la modalidad de precio global,
sino variable, en razón a las cantidades reales del servicio
ejecutado y autorizado por cada mes y, del otro, que la
contratista omitió demostrar que realizó labores sobre el
monto total de $6.577’686.592, desfase intelectivo que
determinó la decisión a pesar de estar demostrada la
existencia de la prestación dineraria a cargo de la encartada.
Según la censura, el ad quem no solo apreció mal el
libelo, sino también el contrato de prestación de servicios,
porque pasó por alto que lo solicitado fue el pago del valor
faltante por el costo unitario del ítem 1, relacionado con el
servicio de mantenimiento rutinario, y no el total del costo
pactado en ese negocio jurídico, el cual se citó en la demanda
solo para cuantificar el monto de la penalidad pactada y
exigible ante el incumplimiento de la convocada.
3. Al contrastar los argumentos de la acusación con la
sentencia fustigada, pronto se detecta el yerro de facto
atribuido al Tribunal, pues, aunque dijo que las partes se
vincularon a partir de un contrato de prestación de servicios,
contrario a lo que sugiere la casacionista, en el fondo asumió
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
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que, aun cuando el precio pactado fue de $6.577’686.592, la
contratista debía acreditar que realizó «obras por tal cuantía»
para poder reclamar el valor total estipulado en el ítem 1, en
razón a la modalidad de retribución acordada, sin advertir
que los extremos convinieron la prestación de servicios de
mantenimiento rutinario en unidades fijas y acordaron una
remuneración global también fija, es decir, determinada e
invariable por cada una de ellas, situación que imposibilitaba
establecer, no solo que lo acordado involucró la realización
de obras específicas por el aludido concepto (mantenimiento
rutinario), sino además que los costos por esas actividades
eran variables.
Con otras palabras, según el ad quem, la contratista
debía demostrar que realizó obras adicionales para que
surgiera el derecho de retribución pretendido, sin advertir
que se obligó a efectuar servicios de mantenimiento rutinario
en las zonas delimitadas en el contrato de prestación de
servicios y que el precio de ese ítem se pactó por unidades
fijas y no variable. Ese error le impidió entender que por el
solo hecho de que Conyser Asociados SAS., acreditara el
cumplimiento de tales actividades, surgía para la contratante
Accenorte SAS., el deber de retribuirlas de acuerdo con el
valor global fijo asignado en el contrato.
Tal conclusión se impone, con mayor nitidez, al ser
ostensible que en el contrato de prestación de servicios las
partes determinaron el valor de cada una de las trece (13)
unidades correspondientes al mantenimiento vial rutinario
previsto en el ítem 1, y no pactaron ninguna fórmula para
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medir posteriormente el porcentaje de esas labores asumidas
por la contratista, como tampoco la posibilidad de ajustarlas
durante su ejecución, ni previeron la opción de reducir o
aumentar los costos allí acordados, sin que se haya
demostrado que en el desarrollo del contrato tácitamente
alteraron lo convenido en torno a ese crucial aspecto, pues al
respecto nada se probó, panorama que forzaba concluir que
eran esas, y no otras las actividades estipuladas, y que los
valores fueron los señalados en el documento que contiene
los términos del acto negocial.
En estricto sentido, lo que del acuerdo emerge es que
las contratantes establecieron -en el ítem 1- que Conyser
Asociados SAS., realizaría labores de mantenimiento
rutinario durante 13 meses en las zonas viales especificadas
en el contrato de prestación de servicios ACN 1040002, las
cuales se dividirían en 13 unidades mensuales, cada una por
un valor fijo de $389’639.099,67. Luego, ante la ejecución de
esas tareas por parte de la contratista, en la forma y tiempos
pactados, Accenorte SAS., debía amortizar su valor, contrario
a lo que dedujo el Tribunal cuando entendió que dicha
retribución dependía de los porcentajes de labor concertada,
a pesar de haberse estipulado un valor global y no variable
por cada unidad, pues de esto último no hay ninguna prueba
en el expediente.
Cuestión bien distinta, por cierto, es que a partir del
ítem 2 hasta el 3.2.8 del contrato hayan incluido otros
servicios adicionales y pactado un precio unitario por cada
uno de ellos, el cual sería determinado -ahí sí- por el número
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de horas ejecutadas, precisión que es relevante comoquiera
que el litigio se dio solo respecto del ítem 1, de mantenimiento
rutinario, es decir, no involucró los demás conceptos.
Adicionalmente, también fue desfasada la comprensión
de la demanda, toda vez que el ad quem desfiguró su
contenido y le hizo decir algo contrario a lo que refleja, pues
no es cierto que las pretensiones enarboladas en ella hayan
procurado el pago del valor total del contrato, sino más bien
de la parte insoluta de uno de los varios ítems que dijo haber
satisfecho a plenitud, en concreto, del ítem n.º 1.
Este hallazgo cobra fuerza si en cuenta se tiene que, en
los hechos del libelo, la gestora precisó que el contrato de
prestación de servicios suscrito con Accesos del Norte de
Bogotá SAS., comprendía diversas actividades y aclaró que la
pugna surgió solo frente al ítem n.º 1 sobre mantenimiento
rutinario mensual, pactado en 13 unidades. Al efecto, indicó
que «a partir del mes de marzo de 2018, Accenorte SAS., en
forma unilateral hizo una reducción del 66% aproximadamente
del valor que se había pactado como precio unitario por el
mantenimiento rutinario mensual de la malla vial».
En coherencia con ese planteamiento fáctico, también
hizo a continuación una relación detallada de los pagos
recibidos por tal concepto -ítem 1-, los cuales totalizó en
$3.067’364.887 y, al final, exteriorizó que el monto insoluto
por ese ítem era de $2.171’480.153, cantidad que reclamó
como saldo pendiente. En ese sentido, señaló que «a la fecha,
la sociedad Accenorte SAS., adeuda por concepto del pago del
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mantenimiento mensual rutinario un total de
$2.171’480.153».
Desde esa perspectiva resulta, entonces, insólito el
razonamiento del ad quem en virtud del cual asumió que el
litigio orbitaba en torno al valor total del contrato de
prestación de servicios ajustado entre las contendoras
procesales, es decir, $6.577’686.592, a pesar de que lo
planteado por la contratista se circunscribió exclusivamente
al no pago de parte del coste asignado al ítem 1, referido al
mantenimiento rutinario de la malla vial. Tanto es así que
aclaró en la demanda que el saldo insoluto por ese concepto
ascendía a $2.171’480.153 y que este monto hacía parte del
valor global del aludido ítem, el cual fue tasado en el contrato
en un total de $5.065’308.296, que es el resultado de sumar
el precio fijo asignado a cada una de las trece (13) unidades
acordadas, esto es, $389’639.099,67.
Esa precisión tiene especial importancia, pues, como el
reclamo se dirigió únicamente en lo referente al
incumplimiento generado ante el no pago por la contratante
del total de los valores acordados por las actividades de
mantenimiento rutinario que comprendía el ítem 1, era esa
la base sobre la cual se debía desatar el litigio a efectos de
establecer la suerte de tal planteamiento, con abstracción de
lo acaecido con los demás ítems, valga decir, del n.º 2 al n.º
3.2.8, toda vez que frente a ellos ninguna discrepancia
blandió la accionante en la demanda, de ahí que estos fueron
ajenos a la controversia contractual sometida a componenda
judicial.
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Tal situación deja al descubierto el abultado error de
hecho denunciado en torno a la comprensión que de esa
pieza procesal -la demanda- hizo el Tribunal y lleva a concluir
que la tergiversó cuando desenvolvió la reyerta desde una
perspectiva diametralmente distinta a la propuesta por la
promotora de la acción. Es decir, le atribuyó al libelo una
inteligencia diferente a la que brota de su tenor literal, aun
cuando, al ser clara y comprensible, tal pieza procesal no
admitía ningún criterio hermenéutico tendiente a
desentrañar su alcance.
Además, la falta de conformidad entre el valor contenido
en la propuesta respecto de cada una de las trece (13)
unidades de mantenimiento rutinario ($327’427.815) y el que
por ese concepto aparece en el contrato ($389’639.099,67) se
remediaba teniendo en cuenta este último, comoquiera que
las partes establecieron expresamente que ante «cualquier
diferencia entre la propuesta y el presente contrato,
prevalecerán las condiciones establecidas en este contrato…»
según lo revela su cláusula primera, contrario a lo que
entendió el sentenciador ad quem.
Los advertidos desfases intelectivos son manifiestos y
trascendentes. Lo primero porque se imponen al cotejar la
demanda y el contrato de prestación de servicios con la
sentencia fustigada; lo segundo, en razón a que
determinaron el rumbo de la decisión que revocó el fallo
apelado, a pesar que este guardaba coherencia con la
realidad procesal de la controversia sometida a resolución
judicial. Luego, ese contexto torna próspera la acusación
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izada por la casacionista, debiéndose, por fuerza de los
anteriores hallazgos, quebrar la sentencia del Tribunal y, en
su defecto, emitir la de reemplazo a que haya lugar.
4. En ese sentido, resulta viable pronunciar la sentencia
sustitutiva que desate la apelación promovida por Accesos
del Norte de Bogotá SAS.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. El a quo accedió a las pretensiones de Conyser
Asociados Ltda., tras advertir, en esencia, que entre las
partes se celebró contrato de prestación de servicios que
tenía varios ítems, el primero de los cuales se tasó en un valor
fijo de $5.065’308.286 según se pactó en la cláusula tercera,
el cual sería pagadero mes vencido durante la vigencia del
negocio, sin que estuviera sujeto a modificación, reducción o
alteración por circunstancias específicas, ya que el precio
convenido por la labor allí contratada no fue teórico, ni se
sometió a alteraciones mensuales, sino que era exigible en
cada periodo según los montos acordados y enfatizó que:
La cláusula cuarta ratifica el precio del contrato y
señala que su pago se haría mes vencido, sin que se pueda
entender que el valor real no es el pactado en la cláusula
tercera o que estuviera sometido a modificación, pues de la
primera de esas estipulaciones se extrae que las partes
convinieron que tal prestación sería liquidada cada mes
acorde con los precios concertados, los que, según precisó,
fueron determinados en el inciso segundo de la cláusula
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primera al pactar que la «contratista en desarrollo del objeto
deberá llevar a cabo las siguientes actividades establecidas
con base en el siguiente esquema de precios».
El esquema de precios describe las actividades a cargo
de la contratista y sus costos, una de las cuales era el
mantenimiento rutinario por 13 unidades, discriminadas en
trece (13) meses, correspondientes al tiempo de ejecución del
contrato con un valor unitario de $389’099.576 por cada
una, para un total de $5.065’308.286 por ese concepto, y allí
también se determinaron otros ítems por diversos valores
unitarios, para un total de $6.577’686.592.
No hay prueba de que las partes hayan alterado el
contrato para reducir o rebajar su valor inicial, ni la tabla en
la cual se discriminó el servicio a cargo de la contratista,
como tampoco que el coste fijado, o su lista explicativa hayan
sido teóricos o sujetos a variaciones mensuales, pues sobre
ello nada se demostró. Aunque las facturas allegadas por la
demandada revelan variaciones mensuales y reducciones de
los costos pactados, brilla por su ausencia una justificación
de tales disminuciones comoquiera que esa parte dejó de
acreditar que los precios pagados correspondieran a las
labores ejecutadas por la contratista, sin que ello se cumpla
con el acta final de liquidación, dado que es ambigua en torno
a la cantidad de labor o servicio prestado, sumado a que la
gestora plasmó allí su disenso con los valores liquidados.
La convocada no negó que la contratista haya cumplido
la labor de mantenimiento rutinario, sino que, por el
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contrario, admitió que la efectuó a cabalidad, y que el artículo
1618 del Código Civil hace entender que la intención de las
partes fue la de celebrar obras de mantenimiento y
conservación del corredor vial por un precio determinado,
pero no que por cada obra específica de sostenimiento,
conservación o de alguna otra naturaleza hayan concertado
un valor unitario, lo cual también se impone al tenor del
artículo 1622 ib. Por tanto, la interpretación sistemática del
contrato permite dilucidar que en sus cláusulas primera,
tercera y cuarta se convino fraccionar el valor global pactado,
para ser pagado cada mes según se cumpliera el
mantenimiento rutinario acordado en el ítem 1, mas no que
el estimado fuera virtual o pudiera ser establecido por la
contratante.
Así, halló incumplido el contrato por la demandada al
no haberle sufragado a la impulsora el valor total ajustado
por el mantenimiento rutinario y la condenó a pagarle
$2.171’480.153 como faltante reclamado por ese concepto,
así como $1.315’537.318 por la penalidad estipulada, e
intereses de mora sobre aquél rubro, a la tasa máxima
comercial, desde la liquidación del contrato hasta que se
extinga la obligación.
2. El recurso de apelación.
En desacuerdo con ese resultado, Accesos del Norte de
Bogotá SAS., recurrió en apelación y censuró, en lo medular,
la falta de análisis y estudio de los soportes probatorios
adosados con la contestación a la demanda, así como la
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respuesta al hecho décimo del libelo porque allí indicó que
los pagos mensuales se obtenían de multiplicar las
cantidades reales ejecutadas y autorizadas por los precios
unitarios acordados, en coherencia con la cláusula cuarta
contractual, aspecto demostrado con las facturas arrimadas
con la contestación al libelo para fundar sus excepciones.
Lo acusó de no analizar los referidos soportes que dan
cuenta de que el precio a sufragar dependía de la cantidad
de obra ejecutada por la contratista, a pesar de que estos
reflejan pagos en algunos meses (dic. 2017, ene. Feb. 2018)
de sumas superiores a las que desde la interpretación del
juzgador deberían haber sido saldadas. Además, tampoco
decretó la testimonial solicitada y pasó por alto la declaración
hecha por el representante legal de la accionante en el
interrogatorio de parte, aun cuando demuestra el absoluto
desconocimiento sobre la forma de reembolso convenida.
También le reprochó no haber aplicado con rigor los
criterios hermenéuticos de los artículos 1620 y 1622 del
Código Civil, a pesar de que debían ser puestos en coherencia
con los soportes probatorios. A la par, le atribuyó la falta de
interpretación de los soportes por ella adosados,
específicamente las cuentas de cobró hechas por la
contratista, aun cuando dan cuenta de las variaciones
mensuales de pagos en las facturas generadas por su
contraparte, con sujeción a la fórmula de pago, así como en
los dispendios realmente efectuados. También invirtió la
carga de la prueba al dar por demostrado que Conyser
ejecutó las actividades cuyo pagó pidió le fuera reconocido,
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aun cuando esa entidad nada acreditó al respecto, aunado a
que omitió justificar el valor de las costas fijadas, con lo cual
le vulneró el derecho de defensa a Accenorte al impedirle
controvertir la tasación hecha por agencias en derecho y
nada dijo en torno a la conducta del representante legal de la
gestora en el interrogatorio de parte, aun cuando dejó en
evidencia que desconocía la forma de pago del contrato.
3. No salen avante los anteriores reparos, toda vez que
son inexistentes los desafueros atribuidos al juzgador de
primera instancia en la definición de la pendencia.
Desde ya se precisa que, en lo que respecta al alcance
de la pretensión, así como al concepto o ítem a que
corresponde la parte del precio que exigió la demandante, la
Sala se remite, en culto a la brevedad, a lo expuesto cuando
desató el embate casacional, toda vez que allí analizó de
fondo esa temática y determinó en amplitud, y con suficiente
ilustración, lo pertinente, tanto así que hizo especial claridad
en cuanto a que la acción se enderezó solamente por los
valores impagados respecto del ítem 1 del contrato de
prestación de servicios ACN-1040002 ajustado entre las
partes, sin que resulte necesario volver a justificar las
razones que guiaron esa conclusión.
En lo demás, tampoco tiene asidero la alzada, habida
cuenta que la impulsora demostró que durante la vigencia
del contrato realizó las actividades comprendidas en las trece
(13) unidades en que se fraccionó el desarrolló del
compromiso negocial pactado en el ítem 1, pues así consta
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en la prueba documental. Específicamente, las actas de
cumplimiento de actividades, que fueron allegadas, le dan
respaldo a los hechos sobre los que se fundaron sus
pretensiones y acreditan la ejecución de esos débitos, sin
objeción de la contratante, tanto así que en el acta de
liquidación ninguna inconformidad blandió frente a la
realización de esa prestación convencional. Esta conclusión
se fortalece con la respuesta dada por esa compañía a los
hechos de la demanda, puntualmente al 12, 13 y 14, pues
los aceptó.
Así se impone porque al responder el doceavo, dicha
convocada contestó: «es cierto, tal como lo menciona el
demandante, se ejecutaron las actividades que previamente
eran autorizadas por el demandado». Igualmente, al referirse
al número trece, en el que la accionante expuso que realizó
el 100% de las actividades contratadas y que ello fue
verificado por la contratante, esta última indicó «es
parcialmente cierto» y agregó que era ella quien previamente
determinaba las cantidades de obra a realizar, pero no
justificó probatoriamente por qué lo hacía dado que el
contrato había contemplado unidades fijas. Esa falta de
precisión deja sin sustento la aclaración, y permite dar por
cierto que la ejecución de las actividades fue verificada por
Accenorte SAS «mediante recorrido en la zona de influencia de
la concesión de la Autopista Norte indicada en la cláusula
primera del objeto del contrato (…) donde se constató en forma
constante y sin ningún tipo de observación, inconsistencia o
deficiencia el cubrimiento y abarcamiento del 100% mensual
de la ejecución de los servicios convenidos».
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Igualmente, sobre el decimocuarto hecho, la contendora
expresó: «es parcialmente cierto, tal como se describe en la
contestación del hecho decimotercero, las partes procedían
mensualmente a efectuar la verificación de las actividades
previamente aprobadas y realmente ejecutadas por el
demandante, de lo cual levantaban la correspondiente acta
que permitía al demandante presentar la factura de cobro».
Como se logra advertir, en respuesta a esos hechos de
la demanda, la encartada aceptó que la contratista realizó
actividades de mantenimiento vial y que ella constató su
realización, sin que, por demás, haya justificado
probatoriamente el sustento de la aclaración que hizo sobre
que era ella quien determinaba la cantidad de actividades a
realizar por cada mensualidad, a pesar de que debía
demostrar esa aseveración si lo que pretendía era hacer ver
que las partes modificaron los términos del negocio privado,
particularmente en torno a las cantidad de las actividades a
realizar, así como respecto a los parámetros para su
definición, cuantificación y cobro mensual. De modo que, al
no haber evidencia de dicha manifestación, resulta imposible
atender su planteamiento y, por el contrario, lo único que se
extrae de sus respuestas es que admitió la plena
materialización de los servicios asumidos por su contraparte
en virtud de la expresada negociación privada.
En ese sentido, era dable entender que la gestora
demostró que ejecutó todas las trece (13) unidades
correspondientes al ítem 1, panorama que deja sin sustento
la tesis ensayada por la censura y, por el contrario, reafirma
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la del a quo en torno a que Accenorte SAS., se separó
unilateralmente del programa obligacional, ya que rehusó el
pago total que acordó sufragarle a Conyser Asociados Ltda.,
por la realización de las labores comprendidas en el precitado
ítem 1 del contrato de prestación de servicios ACN-1040002.
Tampoco es cierto que las copias de las facturas
arrimadas por Accenorte como anexo a la contestación de la
demanda demuestran una realidad distinta en lo atinente a
la forma de pago pactada en torno al ítem 1, sobre el que
recayó la litis, siendo intrascendente lo que puedan revelar
respecto de los demás ítems, esto es, del 2 al 3.2.8, pues
sobre ellos ninguna pretensión enarboló la accionante.
Así acontece porque la demandada no demostró que los
valores aludidos en las facturas expedidas por los referidos
periodos (dic. 2017, ene y feb. 2018) correspondieran única
y exclusivamente al ítem 1 del contrato, a pesar que debía
acreditar esa circunstancia para sustentar su tesis, que de
lo contrario no podía tener cabida comoquiera que el negocio
comprendía otra serie de servicios complementarios
consistentes en alquiler de equipos y personal de apoyo, los
cuales tenían unos valores especificados en el contrato,
según la intensidad en cuanto a cantidad y unidad medible
en horas. Así aparece consignado en el esquema de precios
de su cláusula primera, en la que aparecen descritas las
actividades principales (propias del mantenimiento vial) cuya
remuneración se pactó en precio fijo y otras
complementarias, sujetas a costos variables. Todo ello
coincide con la propuesta de 29 de enero de 2018,
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
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incorporada al contrato por expresa disposición de las partes,
situación que deja sin sustento a la antedicha justificación.
Es decir, si la accionada quería probar que los valores
facturados entre diciembre de 2017 a febrero de 2018
correspondían exclusivamente al mantenimiento rutinario
vial tenía que haber allegado evidencia capaz de abrigar ese
hecho, para así evitar que se asumiera que tales pagos
conciernen a los diversos conceptos establecidos en los ítems
1 a 3.2.8, lo cual no hizo. Luego, su planteamiento resulta
impreciso y gaseoso por carecer de sustento probatorio,
máxime si se tiene en cuenta que quien alega el pago de una
obligación debe allegar soporte de ello (art. 1757 C.C.) y (167
C.G.P.). Así lo entendió el juez de primer nivel cuando se
apartó de esa alegación y fijó la atención en el contenido
mismo del contrato de prestación de servicios sobre el que se
trazó la litis, a fin de establecer lo pertinente respecto a la
falta de pago reclamada por la accionante en la demanda.
Bajo ese entendido, carece de asidero la crítica
consistente en que se omitió valorar la respuesta y la
justificación expresada por la convocada al contradecir el
libelo, específicamente al responder el hecho décimo, toda vez
que la postura allí expuesta por dicha opositora apuntó a
hacer ver que el precio a pagar era variable y dependía de la
cantidad de actividades ejecutadas por la contratista, tanto
así que durante diciembre de 2017, enero y febrero de 2018
se facturaron y amortizaron valores superiores a los que por
esos periodos se habrían causado de ser cierta la tesis del
juzgador, sin que haya soporte de tal argumentación.
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Asimismo, decae la inconformidad por la aplicación de
los métodos interpretativos previstos en los artículos 1618 y
1622 del Código Civil, ya que el a quo los hizo actuar para
reforzar su tesitura desde el ámbito de la juridicidad y en
coherencia con la realidad procesal, según lo que cada uno
contiene, pues, con apoyo en el primero, adveró que al ser
clara la intención de las partes nada había que averiguar y,
mediante el segundo, afirmó que la interpretación
sistemática del contrato permite entender que la contratante
debía pagar el precio pactado en las cláusulas primera y
tercera del negocio y que la cuarta solo tenía como fin
fraccionar el valor global concertado, para que se saldara
cada mes siempre que se ejecutara el mantenimiento
pactado, mas no que el valor señalado fuera virtual y hubiera
quedado a la voluntad de Accenorte, sin que esa intelección
luzca equivocada al ser coherente con el contenido
contractual.
Con todo, no está de más precisar que, aun sin
necesidad de acometer el laborío interpretativo censurado, la
decisión adoptada era inevitable por fuerza de la realidad
probatoria que salió a relucir. Lo anterior, porque el juzgador
de primer grado identificó claramente la naturaleza del
contrato ajustado entre las partes, al cual le dio el alcance
que brota de su tenor literal, al cabo de lo cual fijó la atención
en las prestaciones sobre las que recayó la controversia y,
seguidamente, ubicó también el coste asignado al ítem 1 bajo
la modalidad de valor global exigible solo por el hecho de que
la contratista materializara todas las trece (13) unidades en
que fue fraccionado el mantenimiento rutinario acordado
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para esa prestación. Además, la forma como estas se
comportaron en su ejecución no daba espacio para llegar a
una conclusión distinta, toda vez que, se reitera, ninguna
prueba sacó a relucir que ese ítem hubiera sido modificado
en torno a su objetivo, ni respecto de la forma de cuantificar
y sufragar las actividades y/o servicios de mantenimiento
vial contratados.
En últimas, cabe decir que esa intelección no llevó al
juzgador a establecer un actuar distinto al que fue pactado
por los contrincantes procesales, de ahí que tales
razonamientos no puedan ser tildados de equivocados,
antojadizos o desfasados. Es así porque coinciden con el
alcance y la función de cada uno de los citados sistemas
interpretativos, tanto así que el a quo le dio prevalencia a la
voluntad real de los implicados en coherencia con una
comprensión sistemática del entorno contractual al cual
aplicó dichas reglas interpretativas, sin que esa exégesis
asome desfasada, toda vez que lo contrario llevaría a colegir
que el precio quedó sujeto a lo que al respecto determinara
la contratante, a pesar de no haber ningún elemento, ni
siquiera indiciario, en respaldo de tal deducción.
Del interrogatorio de parte absuelto por Cristian José
Castañeda Junca, representante legal del Conyser y
Asociados SAS., no era dable inferir que las partes
modificaron las actividades relativas al mantenimiento
rutinario pactado, como tampoco lo concerniente al valor o
forma de pago de tales actividades, pues ese directivo indicó
que su representada cumplió lo pactado y que una vez
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ejecutadas dichas labores, Accenorte las verificaba, a entera
satisfacción, y que luego se hacía la cuenta de cobro de
acuerdo con lo que esa entidad autorizara.
En ese sentido, dicho dirigente expresó que «…ellos nos
pagaban el 46% y siempre nosotros estábamos pidiendo, pues que
qué pasaba con el resto porque nosotros habíamos ejecutado el
trabajo, nunca nos dijeron que no lo hiciéramos, ni que lo hiciéramos,
nunca nos dijeron ellos nada». (min 11:28” a 11:44”), y a la
pregunta «¿usted presentó alguna factura de cobro de ese trabajo
que usted dice que no le pagaron?», respondió: «nosotros no
podíamos porque teníamos que ir, fuimos a una reunión con el doctor
Echavarría que era el gerente, y entonces nosotros íbamos a cobrar y
él decía pasan por eso o sino obligo a no pagar y como nos debían
otras cuentas atrasadas…. Entonces, nos tocaba someternos a lo que
él dijera… nosotros teníamos que pagarle a la gente, entonces nos
obligaba prácticamente a hacer eso. Nos tocaba por lo que ellos nos
dijeran». (min 11:45 a 12:34”), luego, de esa declaración no
emerge el efecto que alega la convocada, ni ningún otro que
desvirtúe las anteriores conclusiones, lo cual descarta el
desacierto que se le atribuye al a quo en torno a la
ponderación de esta prueba.
La crítica blandida sobre las costas y agencias en
derecho fijadas por el a quo tampoco tiene asidero, pues al
haber prosperado la acción, en la que hubo oposición de la
parte que salió vencida, esa determinación devenía forzosa,
sin que sea este el espacio para censurar el monto fijado por
el último de esos conceptos, ya que para ello la ley prevé otro
escenario procesal en el que podrá ser cuestionado y
debatido el mencionado aspecto.
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4. Por tanto, resultan imprósperos los reparos de la
alzada, debiéndose mantener la sentencia apelada y
condenar en costas, de ambas instancias, a la demandada.
5. Pronunciamientos accesorios:
En lo que sigue, la Sala hará precisión sobre los
intereses moratorios y la
cláusula penal
, sin que por ello
exceda su competencia, toda vez que ese laborío resulta
necesario para fijar los límites cuantitativos de ambos
conceptos y armonizarlos con el artículo 283 del Código
General del Proceso, en torno a la condena en concreto y su
actualización en el fallo de segunda instancia, de ahí que se
trate de decisiones que debe adoptar de oficio, sin que, por
demás, ello haga más gravosa la situación de la única
apelante.
5.1. En este evento, la accionante solicitó intereses
sancionatorios mercantiles desde que se liquidó el contrato
hasta que se le pagué el saldo insoluto correspondiente al
mantenimiento rutinario, y el a quo los reconoció durante ese
lapso en el «equivalente a una y media veces del bancario
corriente», conforme lo prevé el artículo 884 del Código de
Comercio, sin que dicho ordenamiento haya sido apelado,
situación que lo torna inmutable.
Esa precisión es relevante porque, aunque el artículo
283 del Código General del Proceso, dispone que «[e]l juez de
segunda instancia deberá extender la condena en concreto
hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
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cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado», en
este caso no resulta posible aplicar esa regla frente al saldo
insoluto del mantenimiento rutinario reconocido en la
sentencia apelada, toda vez que el interés legal mercantil, que
constituyó el parámetro legal para sancionar la mora de la
convocada, en los términos y límites previstos por el artículo
884 del Código de Comercio, precepto aplicable al tratarse de
un negocio comercial, lleva consigo indización indirecta o vía
refleja. Luego, acumular ambos sistemas implicaría aceptar
una doble actualización o revalorización de dicha cantidad
dineraria, como lo ha reiterado la Corte (CSJ SC 30 may. 1996,
rad. 4602; SC 25 abr. 2003. Rad. 7140; SC 6 jul. 2007, rad. 7504; SC 15 ene.
2009, rad. 2001-00433-01; SC 13 may. 2010, rad. 2001-00161-01 y
SC11331-2015), de ahí que ello constituya doctrina probable,
según el artículo 4 de la Ley 169 de 1896.
Al efecto, en la primera de esas decisiones, la Corte
explicó:
De otra parte, es preciso advertir que el interés legal de carácter
mercantil, (…) incluye por principio el resarcimiento inherente a la
pérdida del poder adquisitivo del dinero, lo que por ende descarta
la posibilidad de que en este caso, junto al pago de los intereses
moratorios, se imponga condena de suma alguna en función
compensatoria de la depreciación monetaria, toda vez que de obrar
en sentido contrario, se estaría propiciando un enriquecimiento
indebido en favor del acreedor y en desmedro del deudor el cual,
contrariando el sentido básico de equidad que debe regir en estas
materias de suyo sensibles en extremo, se vería forzado
injustamente a pagar dos veces por igual concepto. Otra habría de
ser la situación, en cambio, sí el acreedor demandante hubiese
demostrado que los perjuicios sufridos en razón del retardo
injustificado en el cumplimiento de la obligación y referidos al
envilecimiento de la moneda por inflación, no los cubren
plenamente los intereses, evento en el cual habría podido entonces
solicitar y obtener el reconocimiento de la respectiva
indemnización, hipótesis que sin embargo no es la llamada a
operar en la especie litigiosa en estudio.
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Asimismo, en el último de esos fallos, expresó que:
(…) la compatibilidad de la indexación y de los réditos depende de
la clase de estos últimos, pues si son los civiles nada impide la
coexistencia de esos dos conceptos; en cambio, si se trata de los
comerciales, en tanto ellos comprenden ese concepto (indexación
indirecta) «imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a
decretar una doble -e inconsulta- condena por un mismo ítem, lo
que implicaría un grave quebranto de la ley misma, ya que ésta ha
establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste
monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es
por la vía de los intereses, por la potísima razón de que está
entronizado en uno de los factores constitutivos o determinantes
de la tasa reditual de mercado».
Lo que sucede es que el interés legal comercial, el cual corresponde
al interés bancario corriente al que alude el artículo 884 del
estatuto mercantil, se certifica por la Superintendencia Financiera
con base en las ponderaciones de los promedios de las tasas
efectivamente cobradas por los establecimientos de crédito,
operación ésta que atiende las condiciones de oferta y demanda
de préstamo de los recursos; el riesgo inherente a la actividad; el
fenómeno inflacionario de la economía y la devaluación que
experimenta la moneda nacional en el mercado, de ahí que ese tipo
de interés involucra un componente de corrección monetaria y otro
de tasa pura.
5.2. La
cláusula penal
.
Esta institución tuvo su origen en la stipulatio poenae
del derecho romano, que era una obligación condicional
mediante la cual una de las partes se comprometía a
satisfacer una prestación a favor de la otra en el evento en
que un determinado suceso por ellas previsto llegara a
ocurrir. Su fin era hacer coercibles ciertos cumplimientos
que no tenían sanción legal, esto es, pretensiones privadas
que estaban desprovistas de tutela jurídica.
Dicha estipulación, de carácter accidental, tenía un
doble propósito, pues servía para imponer al deudor la
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necesidad de honrar sus débitos. De lo contrario, quedaba
obligado a pagar la pena, pero también le permitía al acreedor
ser indemnizado en caso de que el otro extremo negocial
desatendiera sus compromisos, sin tener que acreditar el
daño sufrido por ese incumplimiento, ni su cuantía.
La figura legis se mantuvo en el medioevo, pues hizo
presencia en el Código francés de 1804, donde fue incluida
con algunas adaptaciones, y pasó a algunas legislaciones
modernas a través de ese ordenamiento que fue adoptado por
muchos sistemas jurídicos, entre ellos el Código Civil de
Chile, redactado por Andrés Bello.
Un importante expositor de la cultura jurídica
occidental indica que «la stipulatio ponae era usada por los
romanos, bien para conseguir con tal estipulación el
establecimiento de una obligación meramente condicional,
bien para crear un tipo de obligación de caracteres propios,
perfectamente diferenciada de la obligación condicionada y
que ha pasado a los códigos modernos con el nombre de
cláusula penal
4».
En Colombia, el Código Civil5 la consagra de manera
polifuncional, pues le otorga un carácter aflictivo o de
apremio, pero también le da un tratamiento de caución, así
como una función indemnizatoria. Al efecto, el artículo 1592
4 PEIRANO FACIO, Jorge. La
cláusula penal
. Segunda edición. Editorial
Temis. Bogotá, 1982, pág. 25.
5 Fue expedido bajo la Ley 84 de 1873 y se incorporó al ordenamiento
mediante la Ley 57 de 1887.
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42
ibidem dice que «[l]a
cláusula penal
es aquella en que una
persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se
sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de
no ejecutar o retardar la obligación principal», lo cual permite
entender que también es un pacto punitivo.
Se trata, en estricto sentido, de un acto jurídico que se
manifiesta como un elemento accidental de los contratos y
origina una obligación accesoria y condicional, que puede ser
divisible si la obligación principal es sobre cosa divisible, sin
desconocer que dicha penalidad está sujeta a reducción o
moderación cuando a ello haya lugar.
Esos caracteres, que distinguen a la
cláusula penal
de
cualquier otro vínculo jurídico, brotan de la propia ley. En
efecto, el artículo 1593 ejusdem, le otorga carácter accesorio,
y el precepto siguiente le confiere un tratamiento especial en
torno a su exigibilidad (art. 1594) al decir que se activa según
sea la naturaleza de la obligación principal, esto es, desde
que el deudor sea constituido en mora, en el caso de las
prestaciones positivas o desde que ejecutó el hecho que
acordó no realizar, tratándose de las negativas (art. 1595 ib.).
De igual manera, el artículo 1596 ejusdem contempla
un sistema de equilibrio y de reducción proporcional de la
pena para el evento en que la obligación principal haya sido
parcialmente atendida y prevé que «[s]i el deudor cumple
solamente una parte de la obligación principal y el acreedor
acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje
proporcionalmente la pena estipulada por falta de
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
43
cumplimiento de la obligación principal», lo cual coincide con
el artículo 867 del Código de Comercio. A su vez, el 1597 ib.,
admite su divisibilidad si la prestación principal a que accede
tiene tal connotación; mientras que el 1600 ib., prohibe
acumular la pena con perjuicios, salvo pacto expreso en tal
sentido, pero autoriza al acreedor para ejercer una de esas
alternativas; y el 1601 ib., dispone que está sujeta a rebaja o
moderación cuandoquiera que exceda al duplo de la
prestación principal.
En síntesis, la
cláusula penal
tiene tres funciones, ya
que sirve de apremio para coaccionar al deudor a cumplir sus
débitos, en cuyo caso es moratoria o retardataria; puede
constituir una garantía para el acreedor cuandoquiera que
remplace la obligación principal incumplida; y, finalmente,
permite estimar de forma anticipada los perjuicios, evento en
el que asume un rol compensatorio, es decir, se tiene como
indemnizatoria y exime al acreedor de probar la existencia
del demérito y su cuantía (art. 1599 ibidem.), pues lo tasa y
determina de forma convencional y anticipada.
En este último caso, la ley civil prohibe exigir la
obligación principal y la pena, excepto que se haya estipulado
«la pena por el simple retardo», o convenido que «por el pago
de la pena no se entienda extinguida la obligación principal»,
toda vez que en cualquiera de esos eventos la
cláusula penal
asume un carácter compensatorio, es decir, remplaza la
obligación principal, según el artículo 1594 ejusdem.
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
44
En tal sentido, -anota Fueyo Laneri6- «[l]a exigencia del
legislador para amortizar la acumulación de lo principal con la
pena, cuando esta tiene carácter moratorio, es mucho menor.
Era de imaginarlo. En efecto, no se pide una “estipulación”
directamente, como en el caso de la pena compensatoria, como
es obvio, sino que “aparezca” tal acuerdo, exigencia bastante
menor».
En el ámbito nacional, Ospina Fernández7 sostiene que
«[p]or tanto, el artículo 1600 del Código Civil debe interpretarse
en el sentido de que el acreedor puede exigir la pena y la
indemnización de perjuicios, siempre que esta se deje
expresamente a salvo y, por ello», agrega el citado jurista,
«dicha pena asume el carácter de apremio al deudor, como
también en el caso de que aparezca del pacto que la pena solo
se endereza a sancionar el retardo en el cumplimiento de la
obligación principal, sin que quede afectado el derecho del
acreedor para que se le resarza por la inejecución parcial o
total, o por la ejecución defectuosa de esa obligación».
Con esa misma orientación, otro sector de la doctrina
privatista occidental8 argumenta que:
Puede estipularse la acumulación de la pena moratoria con la
obligación principal (art. 1537). Ninguna anomalía hay en esta
acumulación, porque la pena moratoria no representa el objeto
6 FUEYO LANERI, Fernando. Derecho Civil. Tomo IV. Las obligaciones. Vol. I.
Imp. Y Lito. Universo S.A. Valparaíso, Chile. 1958, pág. 353.
7 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones.
Editorial Temis. 8ª Edición. Bogotá, 2018, pág. 153.
8 RODRÍGUEZ, Arturo Alessandri, SOMARRIVA U. Manuel y VODANOVIC H.
Antonio. Tratado de las obligaciones. Tomo II. Editorial Jurídica de Chile.
Reimpresión 2da Edición. Santiago de Chile. 2009, pág. 345.
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45
mismo de la obligación, sino que tiende a indemnizar el retardo,
los perjuicios derivados de éste. En este caso no es necesario que
la acumulación se haya estipulado expresamente; basta -como
dice el Código- que ella aparezca haberse estipulado (art. 1537).
El que aparezca estipulada la pena por el simple retardo, puede
comprobarse tanto por la existencia de una estipulación expresa
como de una tácita que se desprende inequívocamente de las
diversas cláusulas del contrato o de los antecedentes del caso.
Podría deducirse que hay una pena moratoria cuando el monto de
ella es muy inferior al de la obligación principal.
A la par, el ordenamiento jurídico presume que, al
convenirla, las partes optaron por la función indemnizatoria,
pues para que tenga el carácter de apremio se requiere pacto
expreso en tal sentido, sin olvidar que, en este último caso,
es decir, cuando la estipulación tiene función moratoria o de
simple apremio, el artículo 1600 del Código Civil reprime la
acumulación de la pena y los perjuicios, excepto que así se
haya pactado, en cuyo caso le confiere al acreedor un derecho
de opción para elegir lo que más convenga a sus intereses.
En punto de su reducción, el artículo 1596 ídem
advierte que «[s]i el deudor cumple solamente una parte de la
obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá
derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena
estipulada por falta de cumplimiento de la obligación
principal», regla que es concordante con el ordenamiento
mercantil, cuyo artículo 867 in fine dispone que «[c]uando la
prestación principal no esté determinada ni sea determinable
en una suma cierta de dinero, podrá el juez reducir
equitativamente la pena, si la considera manifiestamente
excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en
que se cumpla la obligación. Lo mismo hará cuando la
obligación principal se haya cumplido en parte», lo cual
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
46
acompasa con el principio de proporcionalidad entre la
infracción y su reproche, que, al ser un dictado general, tiene
inclusive venero en la Constitución Política.
Ese parámetro de que todo castigo ha de ser
proporcional a la entidad o magnitud del quebranto, coincide
y se articula con lo justo. Por ejemplo, si el deudor de
$10’000.000 está sujeto a una penalidad de $2’000.000, pero
paga la mitad de la deuda, es de esperar que la pena se
reduzca en proporción al saldo pagado, pues así lo impone la
equidad. Entonces, la sanción será solo de $1’000.000.
Frente a ello, la doctrina especializada reflexiona
respecto a que «[l]a sanción ha de estar en relación con la
magnitud de la violación contractual y sus consecuencias
perjudiciales para el contratante..»9; a lo cual agrega que «[e]l
legislador contempla expresamente el caso de cumplimiento
parcial de la obligación principal, y establece … que, si el
acreedor lo acepta [refiriendose al pago], el deudor tiene
derecho a que se le rebaje proporcionalmente la pena
estipulada»10; también añade que «en caso de inejecución
parcial, la pena no es debida más que parcialmente11» y
adiciona que «el juez modificará equitativamente la pena
cuando la obligación principal hubiese sido en parte o
9 DE CASTRO VÍTORES, Germán. La
Cláusula penal
ante la armonización del
derecho contractual europeo. Editorial Dykinson. Madrid, 2009. Pág. 132.
10 SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel. Tratado de las cauciones. Editorial
Jurídica Ediar-Conosur Ltda. Santiago de Chile, 1943, pág. 30.
11 JOSSERAND Louis. Derecho Civil. Tomo II. Vol. I. Ediciones Jurídicas
Europa-América, Bosch y Cía. Editores, Buenos Aires, 1950, pág. 522.
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
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irregularmente cumplida… La reducción ha de basarse en un
juicio de equidad sobre el presupuesto de un incumplimiento
parcial o irregular de la prestación (aceptado por el acreedor,
nunca de un incumplimiento total12».
En todo caso, al analizar una
cláusula penal
se debe
tener en cuenta su rol frente a cada una de las partes,
especificamente en lo que tiene que ver con los supuestos en
que se activa respecto de cualquiera de ellas; lo anterior, en
consideración a que las obligaciones de cada parte de la
relación negocial suelen ser sustancialmente diversas, como
distinto es también el camino trazado para su realización o
cumplimiento.
5.2.1. En el sub júdice, frente al instituto legal
analizado, las contratantes ajustaron la siguiente
disposición:
DÉCIMA:
CLÁUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de
incumplimiento de las Partes de cualquiera de sus obligaciones
contenidas en el presente contrato, y que estén debidamente
comprobadas, deberá reconocerse a favor de la otra Parte, a título
de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del presente contrato (se resalta).
Esa cláusula, según aparece redactada, fue moratoria o
de apremio, que no compensatoria, toda vez que buscó
persuadir a las partes de cumplir sus débitos y no tuvo como
propósito estimar delanteramente los perjuicios ante su
incumplimiento o la ejecución tardía o imperfecta. Nótese
12 DÍEZ PICAZO, Luis y ANTONIO Guillón. Sistema de derecho civil. Volumen
II, Teoría general del contrato. La relación obligatoria en general. Las relaciones
obligatorias en particular. Editorial Tecnos. Madrid, 1976. Pág. 135.
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que previno a la contratista para ejecutar las labores
convenidas, acorde con lo acordado, so pena de que la
contratante le descontara un veinte por ciento (20%) del valor
total del negocio.
Lo anterior se refuerza al tener en cuenta que la
obligación principal de la contratante era de pagarle a la
contratista una suma determinada de dinero, a título de
contraprestación, específicamente $6.577’686.592, de ahí
que la propia naturaleza de ese débito negocial, esto es, su
carácter dinerario, impide entender que la penalidad tenía
efecto compensatorio, ya que ello significaría sustituir el
objeto inicial de la obligación insatisfecha por una suma de
dinero, situación que confirma el carácter moratorio de la
cláusula en cuestión, pues «si desde un comienzo la
obligación es dineraria no puede ser sustituida luego por
dinero» (CSJ SC 10 jul. 1995, rad. 4540), sobre todo si se
observa que el valor que por ella se convino fue ínfimo en
comparación al de la obligación principal a cargo de la
contratante, habida cuenta que se estimó en el veinte por
ciento (20%) del precio global pactado.
Esta comprensión se reafirma con la estipulación
decimoséptima contractual en cuanto dispuso que «[e]l
contratista será el único responsable por la ejecución del
presente contrato y está obligado a mantener indemne por
cualquier concepto al contratante…». Luego, ese panorama
confirma el carácter de apremio o retardatario de la
penalidad y hacía posible exigirla en concurso con la
prestación principal (CSJ SC 029 de 23 de may. de 1996).
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Lo contrario, es decir, darle otro alcance a tal cláusula
punitiva, implicaría romper el equilibrio contractual y hacer
gravosa la situación de la parte acreedora del precio, a cuyo
favor se activó ese pacto accesorio, pues le impediría
reclamarlo junto con la contraprestación incumplida por la
contratante, a pesar que el negocio deja entrever que la
intención de las partes al incluir tal pena civil, fue la de
prever un mecanismo de apremio que las instara a honrar
sus débitos con estricta sujeción al programa obligacional,
mas no que ante su incumplimiento total o parcial,
imperfecto o tardío, la penalidad remplazara, en todo o en
parte, la prestación que fuera insatisfecha, pues de esto
último no hay evidencia.
Los anteriores razonamientos les dan pábulo a las
pretensiones a través de las cuales la accionante reclamó el
saldo del precio y también la penalidad concertada; no
obstante, como la contratante cumplió una parte de la
obligación principal, toda vez que saldó parcialmente el
precio fijado, ello significa que su infracción al contrato no
fue total, sino parcial. Esta precisión es importante, pues,
aunque esa desatención negocial detonó la
cláusula penal
,
hay lugar a rebajarla en relación con la magnitud cumplida,
pues así lo prevén los artículos 1596 Civil y 867 in fine
Comercial. Además, la equidad hace razonable proceder así
para que haya proporcionalidad entre la parte de la
obligación pagada y el valor a reconocer por la penalidad.
Desde esa perspectiva, como el contrato revela que el
precio total pactado fue de $6.577’686.592 y la demandante
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indicó que la contratante le dejó de pagar $2.171’483.153 de
ese valor global, ello significa que hubo cumplimiento parcial,
es decir, que la deudora de ese débito amortizó
$4.406’203.439 del cien por ciento (100%) del coste total
convenido. Quiere ello decir que cumplió un 69,99% de esa
contraprestación económica y la infringió en un 33,01%, de
ahí que deba ser rebajada la pena civil a imponer en
proporción a la parte del precio cumplida, con sustento en
las citadas pautas legales.
5.2.2. Entonces, como la
cláusula penal
se convino en
el 20% del valor total del contrato ($6.577’686.592), en
principio, esta sería igual a $1.315’537.318; empero, al
rebajarse ese valor en proporción al porcentaje en que fue
satisfecha la obligación principal, o sea en un 69,99%, ello
da $920’744.569, lo cual significa que la penalidad será
determinada por el monto que resulte de restar este último
valor al máximo que era posible por dicho concepto si la
desatención negocial hubiera sido total. Por tanto, al realizar
la operación aritmética, se obtiene $394’792.749, valía que
será el valor a reconocer a título de pena.
5.2.3. Actualización de la
cláusula penal
.
La jurisprudencia ha establecido que la
cláusula penal
no admite indexación porque se trata de una sanción civil y
que, por tanto, su ámbito de aplicación es restrictivo y
opcional, excepto que las partes hayan previsto en el contrato
dicha actualización, según lo registran CSJ SC 23 jun. 2000,
rad. 4823 y SC 18 dic. 2009, rad. 2001-00389-01.
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Sin embargo, al revisar nuevamente esa solución,
sustentada en el nominalismo, se advierte su falta de
coherencia con la pérdida del poder adquisitivo propiciada
por la inflación que ha estado presente en la economía
mundial durante siglos, pero que se ha hecho sentir con
mayor fuerza especialmente desde hace varias décadas, y que
altera de forma significativa y constante el poder adquisitivo
del dinero, situación que justifica reconducir tal comprensión
hermenéutica en el sentido de indicar que es procedente
actualizar el valor de la
cláusula penal
, de tal modo que la
acreedora reciba su valor actual o de curso, es decir, traído
a presente, por contraposición al nominal.
La orientación que ahora se emprende hace tangible el
principio de plenitud de pago, en armonía con los postulados
de justicia, equidad, razonabilidad, proporcionalidad y
reparación integral o plena establecidos en el ordenamiento
jurídico, conforme lo registran importantes normas, entre
ellas el artículo 230 de la Constitución Política, el artículo 16
de la Ley 446 de 1998 y también el artículo 283 del Código
General del Proceso, que guían en ese sentido la actividad del
juez y le permiten solucionar de forma completa, ordenada y
justa los conflictos sociales sometidos a composición por vía
jurisdiccional.
El tema de la indexación no es novedoso, por el
contrario, ha sido abordado en otras ocasiones en que la
jurisprudencia ha escudriñado y autorizado la corrección de
otras partidas de contenido patrimonial. Al efecto, en CSJ
SC2217-2021 rectificó la doctrina en torno a la corrección
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
52
monetaria de los frutos civiles y para ello expuso las razones
de orden histórico, económico e ideológico que justificaron el
acogimiento del nominalismo en el derecho francés y, por
rebote, en los sistemas contemporáneos inspirados en ese
ordenamiento jurídico. Allí mismo, destacó que el fenómeno
inflacionario, que ha hecho presencia desde hace siglos, pero
que impactó gravemente la economía mundial después de la
mitad del siglo pasado, llevó a que la jurisprudencia
sustituyera ese postulado por un enfoque o criterio valorista
«…que considera que la magnitud de una obligación monetaria
no está definida por una suma nominal de unidades de dinero,
sino por el valor definido en esas unidades de dinero», aunque
de forma limitada, ya que solo se refirió al valor de los frutos
civiles, de ahí que dejó por fuera otros tantos e importantes
aspectos a ser considerados en el ámbito contractual.
Esa misma línea fue seguida en CSJ SC4125-2021
cuando añadió que «la pérdida del poder adquisitivo es una
variable que erosiona cualquier suma de dinero,
independientemente del concepto que la genera», todavía más
si se tiene en cuenta que el fenómeno de la inflación sigue
estando presente en la economía contemporánea, de tal
suerte que modifica de forma significativa el valor del dinero
en el mercado, ya que este se deprecia con el paso del tiempo.
5.2.4. En esta oportunidad, la Sala encuentra que la
tesis que se ha orientado por negar la indización de la
cláusula penal
, se revela odiosa con costosos principios de
orden constitucional, principalmente con aquellos que
abogan por la justicia material y la equidad, pues se trata de
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
53
un tema de orden económico que se ve afectado y sufre las
severas consecuencias de la inflación, toda vez que este
fenómeno está presente en la economía y, por consiguiente,
impacta y disminuye el alcance patrimonial del derecho
radicado en cabeza de una de las partes y a cargo de la otra.
Con mayor razón, si se tiene en cuenta que la cláusula
penal es un pacto accesorio que nace en el contrato, pero está
llamado a producir efectos generalmente después de un
tiempo de haberse perfeccionado ese vínculo principal a que
accede, sin perder de vista que suele ser reconocida en la
sentencia que define el proceso judicial donde se debate su
exigibilidad, y que esa decisión se da usualmente después de
haber transcurrido un término significativo desde que se
produjo el hecho generador, valga decir, cuando se cumplió
la condición suspensiva de la cual dependía su exigibilidad,
esto es, el incumplimiento total o parcial de las prestaciones
radicadas en cabeza de la parte compelida a pagarla.
Con vista en esos razonamientos, resulta cuestionable
la idea de mantener su valor nominal, sobre todo porque la
penalidad es reconocida en una cantidad dineraria que debió
ser puesta en manos del acreedor cuando se cumplió la
condición a que estaba sometida su exigibilidad y que no le
fue entregada allí y solo después de un juicio podrá recibir.
De ese modo, no solo resulta irrazonable, sino también
desproporcionado insistir en mantener su valor nominal,
toda vez que ello implica desconocer la pérdida del poder
adquisitivo que fatalmente se produce con el paso del tiempo
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
54
debido a la presencia de la inflación en la economía, en franco
deterioro de las prerrogativas de la parte a cuyo favor se
activa y reconoce ese débito negocial.
Además, el solo hecho de que se trate de un pacto
privado no significa que se deba despojar al acreedor del
derecho a obtener, en justicia y con equidad, el valor actual
de dicha prestación contractual. Lo contrario significaría
persistir en aceptar uno nominal y desactualizado, sin tener
en cuenta la inflación que, se insiste, produce la depreciación
o desvalorización del dinero con el paso del tiempo y reduce,
por tanto, su poder adquisitivo en la economía.
Decir, como se ha expresado hasta ahora, que en virtud
de la
cláusula penal
los contratantes tienen en cuenta el
factor inflacionario y que, por consiguiente, ello frustra la
posibilidad de indexar su valor, no solo constituye una visión
artificial que es refractaria a la realidad material, sino que
implica mantener una postura ajena a los principios de
justicia, equidad y reparación integral que apuntan
precisamente a que la solución de sumas dinerarias se haga
con sujeción al postulado de la plenitud de pago para así
mantener el equilibrio económico del contrato.
Todas esas razones permiten concluir que el valor de la
cláusula penal
es susceptible de ser indexado, por regla
general, a partir de que el deudor sea constituido en mora,
pues desde ahí queda compelido a pagar tal obligación, como
lo informa el artículo 1595 ibidem, según la naturaleza de la
prestación, es decir, positiva o negativa. Excepcionalmente,
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
55
y esta esa la subregla, cuando concurran circunstancias
especiales que impongan otro punto de partida o dies a quo,
estas deberán ser analizadas por el juzgador, a partir de
criterios objetivos que estén debidamente justificados en su
decisión y gocen de respaldo legal o fáctico, toda vez que se
trata de un aspecto que no está sometido a su
discrecionalidad o arbitrium judicis. Lo anterior es relevante
en este evento porque la parte a cuyo favor se reconoció la
penalidad no apeló la decisión que se abstuvo de indizarla.
Luego, aunque el fallo de segunda instancia mantuvo esa
decisión, la indexación de esa prestación será viable solo en
los términos del artículo 283 ejusdem, esto es, durante el
lapso transcurrido entre el veredicto de primera y el de
segunda instancia.
Téngase en cuenta que la citada norma dispuso que «[e]l
juez de segunda instancia deberá extender la condena en
concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia,
aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado»,
en aras de ajustar el valor de cualquier condena impuesta
por el a quo hasta el momento en que se dicta la sentencia
de segundo grado, comoquiera que en ese ínterin se ve
afectado negativamente el poder adquisitivo del dinero que
debió ser puesto en manos del acreedor en el tiempo que
dispuso el a quo y que dejó de serle entregado en ese
momento al haber sido apelada la decisión que así lo resolvió,
tanto así que solo después de zanjarse dicho embate le tendrá
que ser entregado.
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
56
Si se omitiera esa indización, ello implicaría mantener
el valor inicial de la condena y desconocer la desvalorización
del peso que fatalmente se produjo durante el tiempo
transcurrido entre el fallo de primera y el de segunda
instancia, pero lo más grave es que ello significaría estimular
a la parte vencida a recurrir la sentencia condenatoria con la
convicción de que, de ser esta confirmada, solo estaría
obligada a pagar el valor nominal fijado en tal proveimiento,
con abstracción del tiempo transcurrido desde entonces
hasta la de segundo grado, en perjuicio de la beneficiaria,
quien, en ese contexto, vería reducido su derecho.
En suma, procede la indexación en los términos de la
citada norma procesal, toda vez que esta apunta
precisamente a que la solución de sumas dinerarias se haga
con sujeción al postulado de la plenitud de pago para así
mantener el equilibrio económico del contrato, lo que,
además, corresponde con la interpretación teleológica de ese
precepto, ya que tiene en cuenta la finalidad intrínseca
propuesta por el legislador.
Se actualizará el valor de la penalidad $394’792.749,
desde el 30 de marzo de 2022, cuando se dictó el fallo
apelado, hasta la fecha en que se profiere esta sentencia,
según el Índice de Precios al Consumidor -IPC-, es decir,
If
Va = Vh x _____
Ii
IPCi mar. 2022= 116,26*
IPCf nov. 2023= 136,45*
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
57
Entonces,
If
Vh = ___
Ii
136,45
Se despeja, así: $394’792.749 x _______ = $463’353.437.
116,26
Por tanto, el valor a reconocer por la
cláusula penal
inicial, que era de $394’792.749, queda en $463’353.437.
6. En síntesis, no prospera la alzada y, por tanto, se
mantendrá el fallo apelado, pero será modificado de
conformidad con los ajustes efectuados en las anteriores
motivaciones, y se condenará en costas de ambas instancias
a la demandada, según lo dispuesto en el numeral 1º,
artículo 365 del Código General del Proceso.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CASA la sentencia de 9 de agosto de 2022, proferida por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el proceso declarativo promovido por Conyser
Asociados SAS contra Accesos del Norte de Bogotá SAS.
Sin costas en casación.
Y situada en sede de instancia,
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58
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la
sentencia apelada, el cual quedará del siguiente tenor:
CONDENAR a Accesos del Norte de Bogotá SAS.,
Accenorte SAS., a pagar a Conyser y Asociados SAS las
siguientes sumas de dinero, una vez ejecutoriada esta
sentencia:
1. $2.121’483.153 por el saldo del precio acordado en el
ítem 1 del contrato de prestación de servicios ACN 1040002.
2. $463’353.437 por concepto de la
cláusula penal
pactada.
3. Por los intereses moratorios sobre la suma prevista
en el numeral primero de este ordinal, liquidados a la tasa
máxima legal comercial, desde que se liquidó el contrato,
hasta tanto se efectúe el pago a la acreedora, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia
apelada.
TERCERO. Costas de ambas instancias a cargo de la
demandada, a favor de la contraparte. Inclúyase en las de
segunda ($7’000.000) por agencias en derecho, que fija el
Magistrado ponente.
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
59
Tómense las anotaciones pertinentes, por secretaria, y
envíese al Tribunal copia de esta providencia.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
Salvamento parcial de voto
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Salvamento parcial de voto
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Salvamento parcial de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Salvamento de voto
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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1
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Radicado: 11001-31-03-041-2020-00020-01
M.P. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque
Con el acostumbrado respeto por mis compañeros de
Sala, presento salvedad parcial de voto respecto al
reconocimiento de la indexación de la
cláusula penal
,
contenido en la parte resolutiva de la sentencia sustitutiva.
El motivo de mi disidencia sobre el punto en mención, se
concreta a que, contrario a lo que se sostiene en la parte
considerativa sobre el particular, considero que, en esencia,
la mayoría de la Sala al emitir la sentencia de reemplazo se
alejó de los límites que el artículo 328 del Código General del
Proceso le impone al juzgador de segunda instancia, en el
sentido que «deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos en la ley», lo que trascendió
a hacer más desfavorable la situación del apelante único, con
desconocimiento de lo ordenado en la misma disposición.
Debe tenerse en cuenta que la promotora de la litis, entre
las súplicas de su demanda, solo pidió el pago de la cláusula
penal por la suma de $1.315.537.318 sin ningún otro
aditamento y que el juez de primer grado accedió a esa
aspiración en la forma en que fue reclamada, lo que resultaba
2
consecuente con el principio de congruencia consagrado en el
artículo 281 del Código General del Proceso.
En esa medida, como la parte demandante no formuló
por vía de apelación reproches contra el fallo de primera
instancia, ello significa que no consideró lesionado ningún
interés particular con tal determinación, de ahí que, de su
lado, ese tema resultaba pacífico en la segunda instancia.
Desde el punto de vista del demandado vencido, es
incontrastable que la decisión desfavorable por ese concepto
se limitó al monto de la condena en sí, esto es, sin corrección
monetaria, porque no fue solicitada ni conferida oficiosamente
por el a quo, y como bien se afirma en el segmento de la
sentencia del cual me aparto, en su Jurisprudencia, esta
Corte ha sostenido la improcedencia de la indexación en tal
evento, a menos que las partes así lo hubieren acordado, lo
que significa que el único recurrente acudió ante el superior
con la certeza de que la obligación de pago por ese ítem era la
nominal, tal y como fue impuesta por el a quo.
En el descrito panorama, no comparto las apreciaciones
efectuadas por la Sala -actuando como Juez de la apelación
por virtud del éxito de la demanda de casación-, en lo
concerniente a la viabilidad de «actualizar la
cláusula penal
» en
este caso concreto, no solo porque si la parte demandante no
apeló el fallo de primera instancia no era ese un tema sobre el
que tuviera que pronunciarse, sino también porque con esa
3
determinación resultó haciendo más gravosa la situación del
apelante único, quien si bien obtuvo la disminución de esa
condena por aplicación del principio de proporcionalidad, de
todas maneras, resultó afectado negativamente por una orden
de indexación a todas luces novedosa en el análisis de la
sentencia de reemplazo.
Aunado a lo anterior, no comparto el argumento
referente a que el ejercicio de actualización cuestionado pueda
inscribirse en el cumplimiento del deber que el artículo 283
del Código General del Proceso impone al juez de segunda
instancia respecto a «extender la condena en concreto hasta la fecha
de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada
con ella no hubiese apelado», pues una cosa es extender la
condena en los términos reconocidos por el a quo o
modificados por el Tribunal al resolver los puntos de
apelación, y otra, muy distinta, incrementar oficiosamente la
manera en que se debe liquidar un rubro de la condena como
la
cláusula penal
.
En conclusión, considero que no era este el escenario
pertinente para proponer un cambio jurisprudencial como el
que se plantea.
Quedan así plasmados los motivos de mi desacuerdo
parcial con lo decidido.
4
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Documento generado en 2024-01-12
MAGISTRADA
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Con el debido respeto, me permito expresar las razones
por las cuales disiento parcialmente de la decisión que se
adoptó en la sentencia de casación de la referencia, en cuanto
abrió paso a la indexación de la
cláusula penal
.
1.- Conyser Asociados SAS llamó a juicio de
incumplimiento contractual a la compañía Accesos del Norte
de Bogotá S.A.S., respecto del contrato de prestación de
servicios ACN 1040002 y, consecuentemente, se le condene
a pagar el faltante del valor acordado por concepto de
mantenimiento rutinario, correspondiente a la suma de
$2.171.483.153 y la cantidad de $1.315.537.318 a título de
cláusula penal
junto con los intereses moratorios a la tasa
máxima legal.
Tales pedimentos tuvieron eco ante el juzgador de
primer grado, quien accedió a las pretensiones de la
demanda, mientras que, al desatar la alzada formulada por
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
2
la vencida, el ad quem revocó el veredicto y, en su lugar,
desestimó todos los reclamos.
2.- La sentencia de casación halló acreditada la
existencia de yerros manifiestos y trascendentes que
justificaban el quiebre de la decisión de segundo grado y tras
casar emitió el pronunciamiento de reemplazo, siendo frente
a esta última que la suscrita tiene un disenso parcial, habida
cuenta que si bien el material demostrativo arrimado al
legajo permite inferir tanto el respeto de la actora de los
compromisos adquiridos como el incumplimiento parcial de
la prestación remuneratoria a cargo de la convocada, lo que
justificó, tanto el reconocimiento del derecho a que se le
cancelen los valores faltantes para el pago total de lo
adeudado junto con los intereses causados, como de la
cláusula penal
acordada por dicho incumplimiento, con la
reducción de rigor, acorde con la entidad misma del
desacato, mi apartamiento se ciñe a la determinación de
indexar el valor reconocido a título de la
cláusula penal
.
3.- Para apoyar esta solución se recordó el precedente
de la Sala que ha respaldado la inviabilidad de esa indexación
para decir que dicha postura resulta incoherente con la
pérdida del poder adquisitivo, pues desconoce «el principio de
plenitud de pago, en armonía con los postulados de justicia, equidad,
razonabilidad, proporcionalidad y reparación integral o plena».
Se sostiene que «el solo hecho de que se trate de un pacto
privado no significa que se deba despojar al acreedor del derecho a
obtener, en justicia y con equidad, el valor actual de dicha prestación
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
3
contractual. Lo contrario significaría persistir en aceptar uno nominal y
desactualizado, sin tener en cuenta la inflación que, se insiste, produce
la depreciación o desvalorización del dinero con el paso del tiempo y
reduce, por tanto, su poder adquisitivo en la economía».
Además, tras los planteamientos económicos que,
según la postura mayoritaria, justifican la indexación de la
cláusula penal
, se pone de presente que «la parte a cuyo favor se
reconoció la penalidad no apeló la decisión que se abstuvo de indizarla.
Luego, aunque el fallo de segunda instancia mantuvo esa decisión, la
indexación de esa prestación será viable solo en los términos del artículo
283 ejusdem, esto es, durante el lapso transcurrido entre el veredicto de
primera y el de segunda instancia. Téngase en cuenta que la citada
norma dispuso que «[e]l juez de segunda instancia deberá extender la
condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda
instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado»,
en aras de ajustar el valor de cualquier condena impuesta por el a quo
hasta el momento en que se dicta la sentencia de segundo grado,
comoquiera que en ese ínterin se ve afectado negativamente el poder
adquisitivo del dinero que debió ser puesto en manos del acreedor en el
tiempo que dispuso el a quo y que dejó de serle entregado en ese
momento al haber sido apelada la decisión que así lo resolvió, tanto así
que solo después de zanjarse dicho embate le tendrá que ser entregado.
4.- Es contundente el artículo 1494 del Código Civil al
establecer como una de las fuentes de las obligaciones el
concurso de voluntades, como los contratos, que legalmente
celebrados son ley para las partes (art. 1602 ídem), de suerte
que los sujetos que en ellos intervienen, en ejercicio de esa
autonomía de la voluntad privada tienen la libertad de
celebrar o no un negocio, elegir con quien celebrarlo y definir
las estipulaciones llamadas a gobernarlo, según mejor
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
4
convenga a sus intereses, sin desconocer las limitantes que
se presentan en los llamados contratos de adhesión.
De los contratos se deben distinguir los elementos que
son de su esencia, de su naturaleza o accidentales,
interesando para este caso los últimos, referidos a aquellos
que no siendo contrarios a la ley o las buenas costumbres las
partes, como máxima expresión de la autonomía de la
voluntad acuerdan en incorporarlos, cuya ausencia no afecta
la naturaleza del contrato, como son las que fijan un plazo o
condición, o determina una penalidad por el retardo o el
incumplimiento -clausula penal-.
5.- Ciertamente, la
cláusula penal
es una estipulación
accidental y accesoria en los negocios jurídicos, en la cual los
negociantes, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad,
determinan de manera anticipada la retribución dineraria
que se debería reconocer en los eventos de retardo o
incumplimiento de los deberes negociales.
Esta estipulación, en su esencia, tiene un carácter
indemnizatorio, en la medida que está contemplada como
una forma de apreciación anticipada de los eventuales
perjuicios que sufre el contratante cumplido, a causa del
desacato o defectuosa atención de las prestaciones debidas
por parte del otro contratante, en cuya tasación las partes
podrán tomar en consideración todas aquellas
circunstancias previsibles que pudieran incidir en su
efectividad, como es el efecto inflacionario que eventualmente
la pudiera afectar, sea por el cambio de las condiciones
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
5
negociales o el tiempo que pudiera transcurrir entre el
momento en que se acuerda y la fecha en que se deba hacer
efectiva.
Sin entrar en mayores disquisiciones sobre la
naturaleza jurídica y alcances de la
cláusula penal
-ya que
en la ponencia se aborda adecuadamente- debe resaltarse
que ésta es irrefutablemente fruto de una manifestación
inequívoca de voluntad negocial, encaminada a producir
efectos jurídicos y al estar contenida en un contrato válido
que, a voces del artículo 1602 del Código Civil, constituye ley
para las partes, lo cual justifica la improcedencia de la
indexación de monto que por tal concepto se reconoció.
A lo anotado se suma, que la
cláusula penal
como pacto
accidental del negocio jurídico, para el caso del
incumplimiento, permite al acreedor de ella reclamar su pago
sin necesidad de demostrar en el juicio la ocurrencia del
perjuicio que el incumplimiento le hubiera causado, ni su
cuantía, pues le basta probar la ocurrencia del
incumplimiento o el retardo según corresponda que
condicione su reconocimiento.
Empero, ese reclamo no resulta obligatorio o
imperativo, pues en los eventos en que el beneficiario
considere que el incumplimiento le ha causado perjuicios
superiores a los prefijados en la
cláusula penal
, sea por los
efectos ciertos de este, o el tiempo transcurrido desde el
momento en que debió satisfacerse la acreencia, bien puede
optar por reclamarlos en los términos de ley, esto es,
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
6
demostrando adecuadamente la ocurrencia de esa afectación
y la cuantía del daño, para que el Juez con conocimiento de
causa determine su procedencia o bien como acto potestativo
persistir en el cobro de la
cláusula penal
desligándose de esa
carga probatoria y acreditar únicamente el incumplimiento
culposo del deudor para hacerse titular de su
reconocimiento, como bien lo destacó esta Corte al decir que
“incluso en el caso de que en el contrato se haya estipulado una cláusula
penal como estimación anticipada de perjuicios, el contratante cumplido
siempre tiene la opción de pedir aquella o el resarcimiento de estos
últimos efectivamente ocasionados, con la diferencia, claro está, de que
si escoge lo primero, no gravita sobre él demostrar la causación del daño
ni su cuantía, mientras que si reclama la reparación de la vulneración
que ha sufrido, sí corre con la carga de acreditar su ocurrencia y su
monto” (CSJ SC5185-2021 de 26 de nov.)
Acorde con esa naturaleza accidental y voluntaria de la
cláusula penal
esta Corte de tiempo atrás ha examinado lo
concerniente a la eventual procedencia de su indexación,
entre otras, en la sentencia de 23 de junio de 2000 radicado
4823, que por la completitud de los raciocinios es del caso
citar in extenso.
«el tema de la
cláusula penal
y la depreciación monetaria es uno
de los más espinosos al decir de la doctrina especializada. De ahí
que existan posiciones encontradas, porque hay quienes sostienen
la inmutabilidad de la
cláusula penal
, algunas veces porque
existen normas positivas que consagran el principio, y otras por
tratarse de una “obligación dineraria”, refractaria a la corrección,
o como lo afirma Alterini porque la
cláusula penal
“integra un
contrato y, en principio, corresponde atenerse a los términos
convenidos”. Otro sector de los autores defiende la procedencia del
reajuste de las cláusulas penales cuando éstas se han visto
envilecidas por el fenómeno inflacionario, acudiendo a normas
como el párrafo agregado al artículo 656 del Código Civil
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
7
Argentino, consagratorio de las llamadas “acciones de reducción”
de las penas, pero que ha sido entendido como acciones de
“modificación”, para así dar cabida tanto a la disminución de la
prestación, como a su aumento cuando se ha tornado exigua
(Moisset de Espanés Luis, Inflación y Actualización Monetaria,
pág. 303). Conforme a esta doctrina, cuando el juez actualiza el
monto de la
cláusula penal
que se ha menospreciado, no modifica
su valor originario, sino que lo restablece “en la medida que las
propias partes tuvieron en mira al contratar”, o como lo ha dicho la
jurisprudencia del país mencionado, donde a decir verdad ha sido
abundante la literatura sobre el tema, cuando el juez hace el
reajuste de una
cláusula penal
, no otorga “otra indemnización,
sino que se limita a restituirle a la obligación la dimensión que las
partes procuraron otorgarle”. También se aboga por el reajuste con
independencia de que se trate de una obligación típicamente
dineraria, porque ulteriormente se ha entendido que éste está
justificado aún en esta clase de obligaciones, porque quien debe
pagar la
cláusula penal
es “un deudor moroso o un incumplido”.
Otros valoran una pretensión de este linaje fundados en el abuso
del derecho, la imprevisión, la buena fe y por supuesto, en el
principio de la “integridad” del pago, porque esa actualización
“contribuye a mantener inmutable el valor de la indemnización
prevista por las partes” (opus cit., pág. 312).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ha admitido
la “indexación” de las cláusulas penales cuando éstas se han visto
afectadas por la inflación, y en concreto ha dicho que “en los
supuestos en los que se reclama la
cláusula penal
que tiene por
objeto el pago de una suma de dinero, no se descarta la posibilidad
de actualizar los valores cuando medie mora del deudor, pues
juegan a este respecto razones que hacen a la plenitud de la
función resarcitoria que tiene la
cláusula penal
, que se vería
sustancialmente afectada si no se computasen los valores
reajustados equitativamente en función de la realidad económica”
(Sentencia de 28 de abril de 1979). Por su parte, la Corte de
Apelaciones de Santiago de Chile en sentencia de 30 de mayo de
1975, llegó a igual conclusión, argumentando que para “respetar
la voluntad de las partes, expuesta en la
cláusula penal
, era
necesaria la corrección, ya que “…la evaluación convencional de
los perjuicios se expresó en una suma de dinero que, justa y
adecuada para el resarcimiento de los daños”, pero “Que es un
hecho público y notorio, que no necesita demostración, que nuestro
signo monetario ha sufrido una efectiva depreciación, por lo que no
puede mantenerse una cantidad de dinero durante algún tiempo
como representativa de un mismo valor, sino por el contrario, para
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
8
que éste se conserve es necesario ajustar el número de unidades
monetarias, aumentando su cantidad en la misma proporción en
que se ha desvalorizado la moneda”.
Adviértase que la Corte Argentina adopta su decisión fincada en
los principios de la equidad y la integridad del resarcimiento, en
tanto que el Tribunal Chileno acude al respeto de la voluntad de
las partes, ligado a la misma justicia.
En el sistema del Código Civil Colombiano, el régimen de la
cláusula penal
está definido por los artículos 1592 a 1601,
entendiéndose en el primero de los artículos por “
cláusula penal
”
“aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de
una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer
algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”.
Según esta definición, la
cláusula penal
implica una liquidación de
los perjuicios por la no ejecución o el retardo de la obligación
principal, realizada directamente por las partes, de manera
anticipada y con un “carácter estimativo y aproximado”, que en
principio debe considerarse “equitativo”, sin perjuicio, eso sí, de la
acción de rebaja que consagra el art. 1601 del C. Civil, norma esta
a la que la doctrina nacional no le ha otorgado alcance distinto al
que emerge de su claro tenor literal, o sea, ver en ella una facultad
para pedir “que se rebaje” la cláusula en los eventos de la llamada
“
cláusula penal
enorme”, esto es, cuando la pena pactada en una
“cantidad determinada” “exceda al duplo de la primera,
incluyéndose ésta en él”, o sea al duplo de la obligación de “pagar
una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra
parte debe prestarse” (art. 1601). Desde luego, como lo ha
admitido la Corte, que la cláusula en comentario, de conformidad
con el artículo 1601, también puede operar como una sanción
convencional, con un carácter coercitivo o compulsivo, tendiente a
forzar al deudor a cumplir las obligaciones adquiridas.
Concretamente en sentencia de 23 de mayo de 1996, la
Corporación expresó: “Entendida pues la
cláusula penal
como el
negocio constitutivo de una prestación penal de contenido
patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la
intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el
cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se
le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y
perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud
de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen
que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que,
como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de
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los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su
exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para que la ley excluya la
posibilidad que se acumulen la
cláusula penal
y la indemnización
de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un
pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación de
ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento
jurídico deberá ser diferente, tanto para la pena como para la
indemnización, y donde, además, la primera dejará de ser
observada como una liquidación pactada por anticipado del valor
de la segunda, para adquirir la condición de una sanción
convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a
forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en
determinado contrato."
No existiendo, como en realidad no existe una norma que autorice
la corrección monetaria de la
cláusula penal
, debe entonces
averiguarse si la naturaleza de ella admite el remedio judicial de
la corrección monetaria para cuando ésta se ha envilecido por el
transcurso de la mora y el fenómeno inflacionario, y
especialmente, si principios como la equidad o la “integridad” del
pago justifican el correctivo, pues son éstos los que últimamente
ha expuesto la Corporación para fundamentar el reajuste
monetario.
La
cláusula penal
como estimación anticipada de perjuicios, o
como fórmula coercitiva del cumplimiento, dado su origen
convencional, que inclusive permite calificarla como un acto
jurídico adicional y accesorio del principal, constituye una ley para
los contratantes, no mutable, salvo el caso del artículo 1601, no
sólo porque se conviene dar en pago una “cantidad determinada”
de dinero, como lo dice el artículo 1601, sino porque es el fruto del
libre acuerdo y de la autonomía de la voluntad, expresado con toda
la conciencia, y por ende el conocimiento de que en consideración
al fenómeno inflacionario, (hecho notorio conocido por todos), que
afecta las economías de los países débiles, las sumas pactadas a
título de
cláusula penal
se verán menoscabadas, más sabiéndose
que ésta habrá de realizar su función cuando el deudor haya
entrado en mora en el cumplimiento de la obligación principal, pues
la eficacia de la cláusula tiene como condición el incumplimiento
de dicha obligación. De modo que para el acreedor no es
desconocido el hecho de la inflación, como tampoco la eventual
mora del deudor, y con ella el transcurso de un tiempo entre el
pacto y la efectividad del pago.
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En torno a las anteriores circunstancias no se ve razonabilidad a
la argumentación justificatoria de la corrección de la cláusula
penal, invocando, como lo hace alguna doctrina externa,
fenómenos de imprevisión o el postulado de la buena fe, o el abuso
del derecho, porque todos se desmienten con apoyo en el
conocimiento y la previsibilidad que antes se explicaba, además
de considerarse que la pena se estipula precisamente para
sancionar a un deudor incumplido, y generalmente con un rol
recíproco para ambas partes. Legalmente esa conciencia sobre los
hechos pudiera llevar a las partes a la estipulación de cláusulas
de valor que mantuvieran el equilibrio económico de la pena, para
enervar así el efecto nocivo de la inflación, pero si esa disposición
no se pacta, el remedio judicial no se abre paso porque habrá que
presumir que el monto de la pena sigue siendo equitativo, mas,
cuando como ocurre en el presente caso, se enfrenta una cláusula
penal que permanece proporcionada con la obligación principal que
tenía de referente. De modo que en este caso concreto la equidad
llama a la inmutabilidad de la cláusula, pues se reitera, la misma
sigue guardando proporción no obstante el transcurso del tiempo,
amén de que la hora económica actual en cuanto a los efectos de
la inflación, no es la misma de otros días, ni mucho menos similar
o siquiera parecida, a la vivida por los países llamados del sur, en
la década de los años setenta. En otras palabras, el arbitrio de
equidad que corresponde al juez, y en este caso a la Corte
fungiendo como Tribunal de instancia, permite, dentro de criterios
objetivos de justicia, ver en la cláusula que se examina una
mensura proporcionada y acorde con lo que fue la intención
original de las partes y el quantum de la obligación principal.
Por último, y no por la ubicación argumento incidental, sino
principal y definitivo, siendo la
cláusula penal
una especie de
autotutela privada, que como remanente histórico reconoce la ley,
por cuanto ella de alguna manera suple la función judicial, puesto
que en el rol liquidatorio de perjuicios la tutela del Estado queda
como sucedánea, su tratamiento debe ser restrictivo y si se quiere
excepcional, si es que se procura dejar a salvo el sistema general
e imparcial de la tutela judicial y al mismo tiempo el principio de
la autonomía privada que prima en la configuración de la cláusula
penal, dentro de los propios límites legales, que en algunas
latitudes dan lugar a la llamada "moderación”, razón por la que se
insiste en que sí las partes no disponen con ocasión del pacto
penal de un mecanismo de reajuste o valuación, éste no se puede
determinar judicialmente, así medie la petición del acreedor y
mucho menos de oficio. “ …perteneciendo la materia al campo
estricto de los intereses de las partes, dice con autoridad Luis Díez
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Picazo, de los intereses privados, rige respecto de este tema el
principio dispositivo, que impide una actuación de oficio”.
(Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, pág. 403)».
6.- Por otra parte, es oportuno recordar que los
intereses, en sí mismos, constituyen una prestación en favor
del acreedor titular de obligaciones dinerarias, que pueden
ser remuneratorios o moratorios; los primeros referidos,
como su nombre lo indica, a remunerar al acreedor por el uso
del dinero; los segundos, tienen un carácter indemnizatorio
porque buscan reparar los perjuicios sufridos a consecuencia
de no haber recibido el acreedor en tiempo las sumas
adeudadas.
Esta distinción de los tipos de intereses se advierte más
clara tratándose de los comerciales, en la medida que frente
a los primeros las autoridades monetarias los han fijado en
el interés bancario corriente, certificado por la
Superintendencia Financiera, en tanto los segundos,
corresponde una y media vez aquellos.
Significa esto, que los intereses moratorios constituyen
una forma idónea de que el acreedor de obligaciones
dinerarias, ante el pago tardío por parte de su deudor, no
reciba un dinero envilecido por la depreciación, en economías
emergentes como la colombiana, sino un monto debidamente
actualizado más un monto adicional a modo de
indemnización por la mora.
Afirmase así, porque esta Sala en pretéritas
oportunidades se ha pronunciado con relación a los distintos
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factores que componen los intereses comerciales,
reconociendo que no solo incluyen la variación del IPC sino
otros factores como son - «factores de tiempo, riesgo, inflación y
devaluación propios de las condiciones financieras y monetarias del
mercado-, uno de los cuales procura recomponer el capital, es decir,
compensar la depreciación que pueda experimentar» (SC, exp. n.°
7140).
7.- En el sub examine las partes, en el negocio jurídico
en que se soportaron las pretensiones, de manera expresa
determinaron las consecuencias de cualquier
incumplimiento, fijando como parámetro reparatorio el pago
de una
cláusula penal
equivalente al 20% del valor del
negocio.
7.1. Revisado el legajo encontramos que, en lo medular,
el incumplimiento contractual imputado a la convocada fue
el no pago oportuno de una suma dineraria, pues una vez la
actora acreditó la realización de las labores a las cuales se
había comprometido aquella debió cancelar el precio
acordado de las mismas. Al hallar eco tales reclamos, se
condenó a la enjuiciada al pago de los valores dejados de
cancelar junto con intereses moratorios comerciales, más el
valor de la
cláusula penal
pactada sin incluir respecto de esta
actualización o intereses.
Es oportuno memorar que el Consejo de Estado en un
juicio de similar temperamento indicó, que:
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«cuando la obligación incumplida es de índole dineraria, la
indemnización de perjuicios por la mora está constituida por el
pago de intereses, tal y como lo determina el artículo 1617 del
Código Civil, de conformidad con el cual “[e]l acreedor no tiene
necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses;
basta el hecho del retardo”, disposición que ha permitido a la
jurisprudencia sostener que: “Por medio del cobro de los intereses
moratorios se pretende indemnizar al acreedor por los perjuicios
que le causó el incumplimiento del deudor, en el pago de una suma
de dinero, perjuicio que se presume y cuya cuantía no está en el
deber de demostrar, sea porque se pactaron entre las partes, o
porque se aplica la regulación legal.” (CE Sección Tercera de
la Sala de lo Cont. Admvo de 14 de abril de 2010 Rad.
17214)
Síguese entonces, que si como consecuencia del
incumplimiento acreditado se reconoció al demandante el
pago de intereses moratorios comerciales sobre los saldos
adeudados, tal determinación resulta se acompasa con la
normativa patria, particularmente, con las premisas del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en punto a la atención de
los principios de reparación integral y equidad, pues la
promotora del juicio podrá recibir el valor adeudado no solo
indexado, en razón a los factores que componen el interés
bancario corriente, sino con la reparación por el retardo, al
extender estos a los intereses moratorios que, se itera, son
una y media vez aquellos.
Y es que el juzgador de instancia, atendiendo lo pactado
por las partes en el contrato, ordenó a la demandada el pago
de la
cláusula penal
, aunque negó su indexación, sin que
esta última determinación mereciera reproche alguno por
parte de la demandante.
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Sin embargo, en la sentencia sustitutiva, pasando por
alto aquellos reconocimientos y negativas, so pretexto de
aplicar los principios de reparación integral y equidad, y
atender lo ordenado en el artículo 283 del Código General del
Proceso, sobre el deber del juzgador de segundo grado de
«extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de
segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese
apelado», incluye una nueva condena, cual es la indización de
esa
cláusula penal
, lo cual a más de estimarse improcedente
va en contravía del principio de congruencia.
En efecto, el actor solicitó en su demanda declarar el
incumplimiento e Conyser y Asociados S.A.S. y consecuente
con ello se le condenara al pago de las sumas de
$2.171.483.153 «correspondiente al faltante del valor unitario de
mantenimiento rutinario…», $1.315.537.318 «correspondiente a la
cláusula penal
del contrato de prestación de servicios derivado del
incumplimiento de la sociedad ACCENORTE S.A.S.» y por «los intereses
moratorios a la tasa máxima legal». El a quo accedió al pedimiento
declarativo y reconoció los valores pedidos como condena,
pero en lo atinente a los intereses moratorios, si bien los
reconoció a la tasa máxima comercial vigente, los limitó a los
causados «sobre el saldo de que trata el numeral 1°» -a los
$2.171.483.153- , excluyendo correlativamente cualquier
reconocimiento adicional respecto de la
cláusula penal
, sin
que frente a esta negativa implícita el demandante formulara
algún reproche, lo que torna improcedente que el juzgador de
segunda instancia se pronuncie sobre dicho tópico.
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Pero además, si los intereses moratorios pretenden
indemnizar el incumplimiento del deudor de obligaciones
dinerarias por el no pago oportuno de la suma adeudada, y
la
cláusula penal
acordada por los aquí contendientes tenía
como finalidad la estimación anticipada de los perjuicios que
el incumplimiento de las obligaciones pudiera generar, ello
apareja que en este particular caso se estaría ante un doble
pago indemnizatorio por un mismo incumplimiento, más aún
cuando contrariando la expresa voluntad de los contratantes
se acude a una actualización que pudiendo ser pactada no lo
fue.
Y no se diga que esa indexación tiene lugar a
consecuencia del deber de extender las condenas hasta la
fecha del pago, pues como bien se destacó en la sentencia,
pese a que el juzgador de primer grado solo reconoció
intereses moratorios sobre el saldo debido, la parte
interesada no confutó que se ordenara el pago de la cláusula
penal en su valor nominal; y si en aquel proveído, atendiendo
las expresas pretensiones de la demanda y las reglas de
reparación integral, no se impuso aquella actualización no
podía la Corte, puesta en sede de instancia, incluirla en la
sentencia sustitutiva sin incurrir en incongruencia.
Consecuente con ello, no se aviene plausible que en este
particular caso en el que ya por vía de reconocimiento de
intereses moratorios comerciales se impuso el debito
indemnizatorio al demandado sobre los saldos adeudados se
proceda adicionalmente a indexar también el valor de la
cláusula penal
, pues con esto se está indemnizando
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doblemente un mismo incumplimiento, sobre todo,
desconociendo injustificadamente la manifestación de
voluntad de las partes sobre el monto de la “indemnización”
que debería reconocerse en los casos de incumplimiento del
negocio jurídico.
Finalmente, con referencia a la reparación integral
como justificante de la indexación de la
cláusula penal
pactada, ha de atenderse que es facultad del beneficiario de
la misma reclamar la pactada o, ante la eventualidad de un
mayor perjuicio recibido con ocasión del incumplimiento,
acudir ante el juez en procura de este y no de aquella ante la
insuficiencia del valor indemnizatorio previamente
establecido.
En virtud de lo anotado, estimo que en la decisión no
debió condenarse al demandado al pago de la indexación
sobre la
cláusula penal
pactada, lo que motiva mi desacuerdo
frente a este aparte de la decisión.
En los términos precedentes, dejo plasmado el alcance
parcial de mi disenso.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Magistrada
Salvamento de voto
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