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clave: "corte_suprema:providencia:SC507-2023 [2020-00020-01]"
titulo: "Corte Suprema: la forma como estas se comportaron en su ejecución no daba espacio para llegar a una conclusión distinta"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-01-12"
radicado: "2020-00020-01"
numero: "SC507-2023"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte Suprema: la forma como estas se comportaron en su ejecución no daba espacio para llegar a una conclusión distinta

- **Título oficial / radicado:** SC507-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-01-12
- **Radicado:** 2020-00020-01
- **Número:** SC507-2023
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC507-2023%20%5B2020-00020-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC507-2023%20%5B2020-00020-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xLi0gRW5lcm8vU2VudGVuY2lhcy9TQzUwNy0yMDIzIFsyMDIwLTAwMDIwLTAxXS5wZGY%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

En el contrato de prestación de servicios -y en ello radica la distinción respecto del contrato de obra- el prestador se compromete a desplegar un comportamiento diligente dirigido a la consecución de un resultado determinado, pero sin que asuma el compromiso de su efectiva obtención -como si ocurre en el contrato de arrendamiento de obra o, simplemente, de obra-, de manera que su obligación se configura como de mera actividad. En ese sentido, resulta viable pronunciar la sentencia sustitutiva que desate la apelación promovida por Accesos del Norte de Bogotá SAS. Por tanto, la interpretación sistemática del contrato permite dilucidar que en sus cláusulas primera, tercera y cuarta se convino fraccionar el valor global pactado, para ser pagado cada mes según se cumpliera el mantenimiento rutinario acordado en el ítem 1, mas no que el estimado fuera virtual o pudiera ser establecido por la contratante.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC507-2023
Radicación n° 11001-31-03-041-2020-00020-01
(Aprobado en sala del treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro
(2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Conyser Asociados SAS., frente a la sentencia de 9 de agosto
de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de responsabilidad
civil contractual que la recurrente promovió contra Accesos
del Norte de Bogotá SAS.
I.EL LITIGIO
1. La accionante pidió declarar que cumplió el objeto
del contrato ACN 1040002 de prestación de servicios de
mantenimiento de malla vial y condenar a la demandada a
pagarle $2.171’483.153 por el «faltante del valor unitario de
mantenimiento rutinario», así como $1.315’537.318 por la

cláusula penal
, y los intereses de mora.
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Expuso que el 10 de diciembre de 2017 celebró el
contrato de prestación de servicios ACN 1040002 con
Accesos del Norte de Bogotá SAS., (Accenorte) y se obligó,
como contratista, a realizar el mantenimiento rutinario de las
rutas 45A044 Autopista Norte - La Caro – Chía – Cajicá –
Zipaquirá - Variante Unisabana y la ruta 5501 carrera
séptima desde la calle 245 – La Caro - Briceño – Variante
Portachuelo. Ello con el fin de ejecutar las actividades
previstas en la propuesta efectuada el 29 de enero de 2018,
según radicado ACBN-00001093 de 30 de enero de 2018, por
un valor total de $6.577’686.592, de los cuales
$5.065’308.296 correspondían al costo del ítem 1, habiendo
convenido un tiempo de duración de 13 meses contabilizados
desde el 10 de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2018, para lo cual pactaron una penalidad de
$1.315’537.318, igual al 20% del valor total convenido.
El contrato se desarrolló normalmente entre diciembre
de 2017 y marzo de 2018, pero en este último mes la
contratante (Accenorte) redujo aproximadamente el 66% del
precio unitario acordado por el ítem 1 y le adeuda
$2.171’483.153, pues le indicó en los cálculos para la
elaboración de las cuentas de cobro, cortes con el 44% y 46%
de abarcamiento de la obra. Sin embargo, ella siguió adelante
con las labores de mantenimiento completo a la malla vial
entre marzo de 2018 hasta el mismo mes de 2019, cuando
concluyó el negocio, sin que le fuera saldado el faltante del
precio, a pesar que cumplió sus prestaciones de forma
constante, sin observaciones, inconsistencias o deficiencias,
ya que cubrió el 100% mensual de los servicios acordados.
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2. La convocada se opuso y dijo haber sufragado todo
el valor pactado en razón a la parte de la labor ejecutada por
la contratista (folios 71 a 82, cno. 12).
3. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de
Bogotá, en sentencia de 30 de marzo de 2022, declaró que
Accesos del Norte de Bogotá SAS incumplió las obligaciones
contractuales. Por tanto, la condenó a pagarle a la accionante
$2.171’483.153 por el saldo del precio convenido en el ítem
de mantenimiento rutinario, e intereses de mora a la tasa
máxima legal comercial desde la fecha de liquidación del
acuerdo hasta que se extinga esa prestación, y
$1.315’537.318 por la penalidad pactada.
4. El ad quem, al resolver la alzada propuesta por la
parte vencida, revocó ese veredicto y, en su defecto,
desestimó las pretensiones.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Aunque se demostró que en la cláusula tercera del
contrato de prestación de servicios ACN 1040002 se pactó un
valor de $6.577’686.592, su falta de pago no constituye
incumplimiento de la contratante al haberse dejado de
acreditar que la accionante ejecutó obras cuya retribución
corresponda a tal cuantía. Es así porque en la cláusula
cuarta se convino que «el valor del presente contrato se pagará mes
vencido de acuerdo con el valor que resulte de multiplicar las cantidades
reales ejecutadas y autorizadas por los precios acordados, luego que el
contratista radique las respectivas facturas en las oficinas del
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contratante», lo cual significa que la encartada no negoció bajo
la modalidad de precio global, sino que la cifra a satisfacer
cada mes era la que resultara de multiplicar los precios por
las cantidades reales del servicio ejecutadas y autorizadas,
sistema tarifario conocido desde el comienzo por la
demandante, quien así lo aceptó.
En la propuesta de 29 de enero de 2018, con radicado
ACNB-0001093, la contratista expuso que el costo de
mantenimiento mensual era de $327’427.815, siendo esa la
cuantía estable que en cada periodo debía recibir, pues en la
cláusula primera del contrato se convino que aquella hacía
parte de este y que, ante discrepancias entre ambos, valdría
el último. Así lo entendieron las partes, ya que los valores
pagados cada mes fueron los respaldados con la facturación
emitida por la firma activante entre diciembre de 2017 y
marzo de 2019, quien en ocasiones reportó una cantidad
superior, en otras una inferior al monto que indicó como
constante ($327’427.815), y ello fue aprobado por el
supervisor de tal contratista, lo cual acompasa con los
parágrafos 1 y 3, numeral III del clausulado 4 del negocio,
como lo asintió su representante legal cuando fue
interrogado.
Esa interpretación coincide con la regla hermenéutica
del artículo 1622 in fine, referida a la aplicación práctica
hecha por ambas partes o por una con aprobación de la otra,
e impide darle un sentido distinto a la cláusula cuarta
negocial al determinar la suma a cargo de la contratante y en
beneficio de la contratista, pues esta sabía que solo recibiría
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los valores correspondientes a la obra efectivamente
ejecutada y así lo aceptó, siempre que estuviera justificada.
La accionante no probó que haya realizado actividades
por $6.577’686.592, sin que ello cambie por el hecho de
haber mostrado inconformidad en el acta de terminación y
liquidación del contrato por mutuo acuerdo, cuando dijo
estar en desacuerdo con el cálculo efectuado por valor de
$3.713’212.895 y se reservó el derecho a reclamar
judicialmente, pues ello no es indicativo de que el porcentaje
de actividades realizadas fue mayor, ya que esas
manifestaciones carecen de la virtualidad de acreditar tal
circunstancia, pues el solo dicho de una parte no justifica tal
circunstancia.
En ese sentido, desatinó el a quo al colegir que la
demandada debía sufragar el precio global consignado en el
contrato, pues ninguna prueba acreditó que la contratista
realizó obras por tal cuantía, ya que no solo la estipulación
cuarta, sino la práctica contractual refrenda que la forma de
pago se fijó por cantidades de actividades, correspondiendo
el valor total a la multiplicación de esas variables.
Además, la accionante es una empresa experta en
realizar labores de la misma especie, como lo admitió su
representante legal, luego debía conocer lo valores por los
cuales generaría y presentaría las cuentas de cobro según lo
pactado y, en el mejor de los casos, debía probar las labores
adicionales con incidencia en la ecuación financiera del
contrato y que no fueran del 44% o el 46% sino del 100% y
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no expedir cuentas de cobro y facturación que desvirtuara
este último porcentaje.
La intención de las partes fue pactar una remuneración
de acuerdo con la cantidad de servicios prestados, lo cual
prevalece sobre el precio mencionado en razón a las
particularidades en que se concertó el negocio, así como a la
falta de reparos de la contratista, situación que hacía
innecesaria una interpretación sistemática de las
estipulaciones ajustadas e impedía inferir que la convocada
debía pagar el monto total de la obra. Antes bien, lo correcto
era apreciar lo convenido en conjunto con las pruebas
aportadas y valorarlo al tamiz del artículo 1622 in fine,
panorama que imponía concluir que no se demostró el
incumplimiento de la convocada y hacía nugatoria la acción.
Sobre los reparos por las agencias en derecho fijadas y
la conducta del representante legal de la convocante, nada
hay que decir, toda vez que el fallo es revocatorio.
DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante recurrió y planteó un ataque por la
causal segunda, con miras a quebrar la sentencia opugnada.
CARGO ÚNICO
Alega la infracción indirecta de la ley sustancial, por
aplicación indebida de los artículos 1546, 1602, 1603, 1604,
1613, 1615, 1618, 1622 y 1624 del Código Civil, así como del
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artículo 167 del Código General del Proceso, a causa de
errores de hecho al apreciar las pruebas, la demanda y su
contestación, por falta de valoración de unas e indebida
ponderación de otras. En concreto, aduce que el Tribunal:
1. Erró al catalogar al contrato como de obra, pues
fue de prestación de servicios, lo cual es relevante porque las
prestaciones en uno y otro son distintas. Además, lo deformó
al decir que su valor podía ser modificado por la contratante;
que en él se establecieron servicios solo para mantenimiento
rutinario, y que se fijó un precio exclusivo para remunerar
esa labor. A partir de esos desfases le atribuyó a las partes
débitos no asumidos, en especial a la contratista a quien le
pidió demostrar una obra en particular aun cuando se obligó
a realizar unos servicios de mantenimiento y los pactó como
una unidad, sin que pudieran ser fraccionados en unidades
inferiores o en actividades puntuales como las indicadas en
la propuesta que precedió al acuerdo negocial, ya que de ser
así les habrían asignado a cada una un valor específico.
2. Se equivocó al apreciar el contrato de prestación
de servicios, pues admitió, sin estar probado, que su cláusula
cuarta estableció una fórmula para remunerar los servicios
de mantenimiento de la malla vial en la zona de influencia
convenida; que la convocada podía autorizar unilateralmente
obras en menor proporción a las unidades pactadas; que así
lo dispuso y que cumplió el pago de esa prestación en
proporción a la labor ejecutada.
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Asumió que la suma de $6.577’686.592, que aparece en
la cláusula tercera del contrato, corresponde al valor
reclamado en la demanda y al monto incumplido por Accesos
del Norte de Bogotá SAS., sin ser ello cierto, máxime cuando
esa estipulación está ligada al parágrafo 1º de su cláusula
primera, e inadvirtió que solo se pretende el saldo insoluto
del valor causado por el mantenimiento rutinario ajustado en
el ítem 1, para el cual se convino una tarifa fija, única e
inmodificable de $389’639.099,67 por cada unidad, de las 13
acordadas en relación con cada mensualidad de vigencia del
acuerdo, según la tabla que sustenta lo convenido.
Los otros ítems, del 2 al 3.2.8 fijados en el contrato
resultan de multiplicar las cantidades de obra o servicio
ejecutado, del que sí podía fluctuar su valor, por lo que es a
ellos que se refiere la cláusula cuarta del contrato al indicar
que el precio por mensualidad corresponde a esas cantidades
de obra o servicio ejecutado, mas no que cada uno de los
ítems de la tabla, es decir, del 1 al 3.2.8 podían subdividirse
o fraccionarse, en cada ítem individualmente considerado,
para reducir o aumentar su valor, pues ello no fue convenido
al dosificar los ítems del servicio y el precio atribuido a cada
uno de ellos, al margen de la cantidad que fuera realizada.
3. Desconoció que lo pactado consistió en que, si
alguno de los ítems de la tabla de precios fuera impagado en
su totalidad, como ocurrió con los mantenimientos rutinarios
ítem 1, ello produciría incumplimiento de la contratante. Si
el Tribunal hubiera apreciado bien el contrato, en concreto,
la complementación que hay entre la cláusula primera -
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atinente al objeto e ítems de los servicios que regula y sus precios fijos,
invariables e inmodificables según lo pactado, el valor total alcanzable
del contrato -cláusula tercera- y su relación con la cláusula
cuarta, según la cual estos precios asociados a los ítems, a
la unidad y cantidad de servicios pendía de la aplicación del
total de lo que debía ser pagado en cada mensualidad, habría
advertido que el ítem 1 se pactó como mantenimiento
rutinario; unidad; cantidad 13, valor unitario
$389’639.099,67.
Las partes acordaron que los servicios estuvieran
compuestos por ítems y que estos serían determinados por
unidad de actividad -ítem 1- o por unidad de tiempo -ítem 2
a 3.28-, mas no que algunos de ellos podían ser fraccionados,
ya que lo habrían dejado escrito, lo cual significa que el
Tribunal menospreció la intención de las partes.
La contratante debía pagar cada ítem ejecutado, al
margen de que fuera completo o no, pues, por expreso
acuerdo, le estaba prohibido fraccionar su remuneración a
menos de la unidad u hora de cada ítem, indivisibilidad e
imposibilidad de fracción a la que se refirió el a quo cuando
coligió que la convocada desatendió el pago de la totalidad d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

no pago oportuno de una suma dineraria, pues una vez la
actora acreditó la realización de las labores a las cuales se
había comprometido aquella debió cancelar el precio
acordado de las mismas. Al hallar eco tales reclamos, se
condenó a la enjuiciada al pago de los valores dejados de
cancelar junto con intereses moratorios comerciales, más el
valor de la
cláusula penal
pactada sin incluir respecto de esta
actualización o intereses.
Es oportuno memorar que el Consejo de Estado en un
juicio de similar temperamento indicó, que:
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«cuando la obligación incumplida es de índole dineraria, la
indemnización de perjuicios por la mora está constituida por el
pago de intereses, tal y como lo determina el artículo 1617 del
Código Civil, de conformidad con el cual “[e]l acreedor no tiene
necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses;
basta el hecho del retardo”, disposición que ha permitido a la
jurisprudencia sostener que: “Por medio del cobro de los intereses
moratorios se pretende indemnizar al acreedor por los perjuicios
que le causó el incumplimiento del deudor, en el pago de una suma
de dinero, perjuicio que se presume y cuya cuantía no está en el
deber de demostrar, sea porque se pactaron entre las partes, o
porque se aplica la regulación legal.” (CE Sección Tercera de
la Sala de lo Cont. Admvo de 14 de abril de 2010 Rad.
17214)
Síguese entonces, que si como consecuencia del
incumplimiento acreditado se reconoció al demandante el
pago de intereses moratorios comerciales sobre los saldos
adeudados, tal determinación resulta se acompasa con la
normativa patria, particularmente, con las premisas del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en punto a la atención de
los principios de reparación integral y equidad, pues la
promotora del juicio podrá recibir el valor adeudado no solo
indexado, en razón a los factores que componen el interés
bancario corriente, sino con la reparación por el retardo, al
extender estos a los intereses moratorios que, se itera, son
una y media vez aquellos.
Y es que el juzgador de instancia, atendiendo lo pactado
por las partes en el contrato, ordenó a la demandada el pago
de la
cláusula penal
, aunque negó su indexación, sin que
esta última determinación mereciera reproche alguno por
parte de la demandante.
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Sin embargo, en la sentencia sustitutiva, pasando por
alto aquellos reconocimientos y negativas, so pretexto de
aplicar los principios de reparación integral y equidad, y
atender lo ordenado en el artículo 283 del Código General del
Proceso, sobre el deber del juzgador de segundo grado de
«extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de
segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese
apelado», incluye una nueva condena, cual es la indización de
esa
cláusula penal
, lo cual a más de estimarse improcedente
va en contravía del principio de congruencia.
En efecto, el actor solicitó en su demanda declarar el
incumplimiento e Conyser y Asociados S.A.S. y consecuente
con ello se le condenara al pago de las sumas de
$2.171.483.153 «correspondiente al faltante del valor unitario de
mantenimiento rutinario…», $1.315.537.318 «correspondiente a la

cláusula penal
del contrato de prestación de servicios derivado del
incumplimiento de la sociedad ACCENORTE S.A.S.» y por «los intereses
moratorios a la tasa máxima legal». El a quo accedió al pedimiento
declarativo y reconoció los valores pedidos como condena,
pero en lo atinente a los intereses moratorios, si bien los
reconoció a la tasa máxima comercial vigente, los limitó a los
causados «sobre el saldo de que trata el numeral 1°» -a los
$2.171.483.153- , excluyendo correlativamente cualquier
reconocimiento adicional respecto de la
cláusula penal
, sin
que frente a esta negativa implícita el demandante formulara
algún reproche, lo que torna improcedente que el juzgador de
segunda instancia se pronuncie sobre dicho tópico.
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Pero además, si los intereses moratorios pretenden
indemnizar el incumplimiento del deudor de obligaciones
dinerarias por el no pago oportuno de la suma adeudada, y
la
cláusula penal
acordada por los aquí contendientes tenía
como finalidad la estimación anticipada de los perjuicios que
el incumplimiento de las obligaciones pudiera generar, ello
apareja que en este particular caso se estaría ante un doble
pago indemnizatorio por un mismo incumplimiento, más aún
cuando contrariando la expresa voluntad de los contratantes
se acude a una actualización que pudiendo ser pactada no lo
fue.
Y no se diga que esa indexación tiene lugar a
consecuencia del deber de extender las condenas hasta la
fecha del pago, pues como bien se destacó en la sentencia,
pese a que el juzgador de primer grado solo reconoció
intereses moratorios sobre el saldo debido, la parte
interesada no confutó que se ordenara el pago de la cláusula
penal en su valor nominal; y si en aquel proveído, atendiendo
las expresas pretensiones de la demanda y las reglas de
reparación integral, no se impuso aquella actualización no
podía la Corte, puesta en sede de instancia, incluirla en la
sentencia sustitutiva sin incurrir en incongruencia.
Consecuente con ello, no se aviene plausible que en este
particular caso en el que ya por vía de reconocimiento de
intereses moratorios comerciales se impuso el debito
indemnizatorio al demandado sobre los saldos adeudados se
proceda adicionalmente a indexar también el valor de la

cláusula penal
, pues con esto se está indemnizando
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doblemente un mismo incumplimiento, sobre todo,
desconociendo injustificadamente la manifestación de
voluntad de las partes sobre el monto de la “indemnización”
que debería reconocerse en los casos de incumplimiento del
negocio jurídico.
Finalmente, con referencia a la reparación integral
como justificante de la indexación de la
cláusula penal

pactada, ha de atenderse que es facultad del beneficiario de
la misma reclamar la pactada o, ante la eventualidad de un
mayor perjuicio recibido con ocasión del incumplimiento,
acudir ante el juez en procura de este y no de aquella ante la
insuficiencia del valor indemnizatorio previamente
establecido.
En virtud de lo anotado, estimo que en la decisión no
debió condenarse al demandado al pago de la indexación
sobre la
cláusula penal
pactada, lo que motiva mi desacuerdo
frente a este aparte de la decisión.
En los términos precedentes, dejo plasmado el alcance
parcial de mi disenso.
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Magistrada
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