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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC495-2023
Radicación n.º 05001-31-03-008-2016-00239-01
(Aprobado en sesión de treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación que
interpuso la parte convocante frente a la sentencia de 20 de
febrero de 2023, dictada por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso
declarativo que promovió Crearcimientos Propiedad Raíz
S.A.S. contra Seguros Comerciales Bolívar S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
Crearcimientos Propiedad Raíz S.A.S. (en adelante,
Crearcimientos) pidió declarar que entre ella y la aseguradora
convocada existió «un contrato de seguro (...) que amparó el proyecto
inmobiliario denominado Alto Tesoro (...), póliza que tuvo valor
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asegurado de $17.805.000.000, y vigencia desde el 22 de mayo de 2013
hasta el 11 de octubre de 2014».
Asimismo, solicitó reconocer que el 4 de marzo de 2014
acaeció «un siniestro objeto de amparo (...)», razón por la cual
«Seguros Comerciales Bolívar S.A. está obligada a pagar (...) la
indemnización por el valor del siniestro acreditado en la suma de
$1.395.994.219», junto con los réditos moratorios causados «a
partir del día 11 de septiembre de 2014 (...), fecha en que se objetó
anticipadamente, y de manera infundada, el siniestro reclamado».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Entre las anualidades 2007 y 2009, las sociedades
Fajardo Moreno y Cía. S.A. y Fajardo Williamson S.A.
desarrollaron un proyecto inmobiliario en la Loma del Tesoro
de la ciudad de Medellín. Dicha obra «fue suspendida en el año
2010, cuando se encontraba en la losa n.º 10 de apartamentos de la
Torre II», debiéndose precisar que «la primera torre, así como toda
la plataforma de parqueaderos de las dos torres, incluidas sus
fundaciones, fue terminada por los desarrolladores iniciales».
2.2. La convocante adquirió la edificación inconclusa,
con el propósito de finalizarla «y darle acabados de apartamentos,
proyecto que se [re]denominó “Torre Alto Tesoro”». Con el fin de
facilitar la gestión de esa tarea, constituyó un patrimonio
autónomo denominado “Fideicomiso Torre Alto Tesoro”, cuya
vocera es la sociedad Alianza Fiduciaria S.A.
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2.3. Buscando mitigar los riesgos de la construcción,
Crearcimientos y el Fideicomiso Torre Alto Tesoro
contrataron con Seguros Comerciales Bolívar S.A. (en
adelante, Seguros Bolívar) la póliza de seguro “Todo riesgo
construcción” n.º 1010-3556874-01, que incluía tanto la
obra faltante, como la estructura inicial, edificada por los
antiguos desarrolladores.
2.4. En vigencia de dichos amparos, puntualmente, «el
día 4 de marzo de 2014, mientras se desarrollaba la parte nueva de la
obra, se presentó un siniestro definido (...) como daño estructural por
punzonamiento de dos dados, asociado a la afectación de dos elementos
estructurales ya existentes (...), que sostenían las cargas verticales de
algunas columnas».
2.5. Este incidente produjo «daños severos a la propiedad
existente en el primer nivel de la estructura (...), generando agrietamiento
y ruina parcial en el primer nivel donde se localiza la Parroquia San Juan
Apóstol [y] en el nivel +2, donde se localiza parte de la Notaría 26 de
Medellín», así como la destrucción «de revoques, cielos y acabados
de la Torre Alto Tesoro» y el compromiso estructural de los
cuartos útiles n.º 110 y 111 del edificio.
2.6. Al día siguiente, la demandante dio aviso de
siniestro a Seguros Bolívar. En respuesta, la aseguradora
dispuso «la arbitraria cancelación de las pólizas que amparaban el
proyecto (...) a partir del día 29 de abril de 2014». Sin embargo, tras
algunas conversaciones con su cliente, reversó su decisión y
resolvió expedir unas pólizas temporales, que extenderían la
cobertura hasta el 1 de junio de esa anualidad.
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2.7. En los días posteriores al sinestro se elaboraron y
presentaron varios informes técnicos sobre los hechos. Una
vez fueron conocidos por las partes, la aseguradora «objetó
anticipadamente cualquier eventual reclamación de siniestro, proceder
desprovisto de la ubérrima buena fe que se exige a este contrato».
2.8. Como soporte de su postura, Seguros Bolívar
esgrimió la existencia de «un error de diseño en la estructura inicial,
hipótesis que para esa fecha no se había confirmado, y que fue
claramente refutado por el ingeniero calculista Jaime Aristizábal en
comunicación de marzo 21 de 2014». También invocó «la agravación
del riesgo por parte del asegurado, en razón a que a la edificación se le
adicionó un piso más, lo que tampoco es cierto, dado que desde la visita
inicial al proyecto Seguros Bolívar sabía qué se construiría».
2.9. Como si fuera poco, «pretendió alegar otro aspecto para
excusar el reconocimiento del siniestro “por el hecho de que los pilares o
elementos de fundación no hayan resistido la capacidad de carga
exigida”», perdiendo de vista que «esta exclusión particular no le fue
informada (...) al asegurado durante el proceso de construcción».
2.10. El 30 de septiembre de 2014, Crearcimientos envió
un comunicado refutando los argumentos que sustentaban
la objeción. Sin embargo, la querellada mantuvo su negativa,
pese a que «el evento sucedido no se enmarca en de los amparos
especiales, y tampoco fue objeto de exclusión, por lo que está dentro de
la cobertura genérica y básica» de la póliza “Todo riesgo
construcción” n.º 1010-3556874-01.
2.11. Los daños identificados en la obra y en algunas
heredades vecinas fueron reparados mediante una cuantiosa
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inversión de $1.395.994.219, monto que la aseguradora
demandada debe reembolsar a la convocante.
3. Actuación procesal.
3.1. Notificada de la admisión de la demanda, Seguros
Bolívar se opuso a la prosperidad del petitum y formuló las
excepciones de «falta de legitimación en la causa por activa –
imposibilidad de acceder a una pretensión de enriquecimiento»;
«
terminación del contrato
de seguro como consecuencia de actuaciones
atribuibles a la parte asegurada – incumplimiento de garantías»;
«
terminación del contrato
de seguro como consecuencia de actuaciones
atribuibles a la parte asegurada – agravación del estado del riesgo»;
«ausencia de cobertura de daños a consecuencia de la exclusión
consistente en la culpa grave del asegurado»; «ausencia de cobertura de
daños a consecuencia de la exclusión consistente en preexistencias y de
la denominada exclusión por daños o defectos en los bienes asegurados
existentes antes de iniciarse el contrato»; «ausencia de cobertura de
daños a consecuencia de la exclusión denominada cálculos o diseños
erróneos», y «ausencia de reclamación [e] inexistencia de la obligación
de pagar intereses de mora».
3.2. Durante la audiencia inicial, el juez de la causa
dispuso citar «como litisconsorte cuasinecesario» al Fideicomiso
Torre Alto Tesoro. El referido patrimonio autónomo
compareció al proceso a través de su vocera, y participó
activamente en la contradicción de las pruebas
3.3. En audiencia de 6 de abril de 2017, el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Medellín accedió a las
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pretensiones, aun cuando ordenó que el dinero de la
indemnización se entregara «a Crearcimientos S.A.S. y a Alianza
Fiduciaria S.A. en calidad de vocera y representante del Patrimonio
Autónomo Tesoro Alto (sic), conforme lo previsto en la póliza TRC1010
3556874 -01, por un valor de $1.186.595.086; aplicado ya el deducible
del 15% previsto en la póliza mencionada».
Inconformes con esa decisión, las partes interpusieron
el recurso de apelación.
SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal revocó el fallo del juez a quo y denegó todas
las pretensiones, aduciendo lo siguiente:
(i) La legitimación en la causa para ejercer alguna de
las acciones derivadas del contrato de seguro «la tiene quien
resulte ser titular del interés asegurable, lo cual, a su vez, puede
involucrar distintos sujetos, desde quien sea parte contratante, ya sea
en calidad de tomador, asegurado o beneficiario, hasta un tercero, que
por algún motivo tenga en sus manos ese interés». Por ende, «es notorio
que en la póliza Todo riesgo constructor (sic), anexa a la demanda (fls.
51 a 67, expediente físico), se estipuló que la sociedad Crearcimientos
era la tomadora y asegurada (...)», y esta última «fungía también como
beneficiaria del seguro».
(ii) Así las cosas, «más allá de que la propiedad de los
inmuebles la tiene Alianza Fiduciaria S.A., como vocera del patrimonio
autónomo Alto Tesoro, la condición de beneficiaria del fideicomiso que
tiene Crearcimientos la habilita para la reclamación del seguro y, más
concretamente, para elevar la pretensión actual. Y si a ello le sumamos
que la sociedad encargada de terminar la construcción, que incluso
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coadyuvó la ampliación de la licencia de construcción, fue Crearcimientos
(...), es evidente que ésta mantiene el interés asegurable, así se haya
reducido y, siendo ello así, está habilitada para presentar la actual
demanda (...)».
(iii) Con todo, debe advertirse que «desde la investigación
realizada por la aseguradora para constatar el estado del riesgo
declarado, se adujo que “dentro del alcance de la cobertura no se
incluyen movimientos de tierra ni excavaciones, cimentaciones, pues
todos estos trabajos ya se ejecutaron”. De ello derivó que en la póliza se
excluyeran expresamente los “cálculos o diseños erróneos” y los daños
causados “por deficiente compactación y/o estabilización del terreno o
por falta de [estas]. Asimismo, quedan excluidos daños causados por
asentamientos previsibles del terreno...” (cláusulas 2.8. y 2.18.)».
(iv) En efecto, los diseños estructurales erróneos
estaban expresamente excluidos de cobertura, de acuerdo
con lo pactado en la cláusula 2.8 de la póliza “Todo riesgo
construcción”, «según la cual “la compañía no es responsable por
daño o perdida alguna que bien, en su origen o extensión, directa o
indirectamente, se cause por los siguientes eventos: 2.8. Cálculos o
diseños erróneos”. Por consiguiente, acreditada una situación excluyente
del riesgo, que no desnaturaliza el seguro, ni constituye una cláusula
abusiva de la aseguradora, es claro que el seguro, en este caso, no debía
pagarse ni reconocerse».
(v) En este caso, el siniestro fue causado por un
defecto de diseño. Así lo afirmó el ingeniero Carlos Noguera
Camacho, en el estudio técnico anejo a la reclamación
presentada: «“La causa de la falla de los dados fue un errado diseño
de los mismos, que hacía que su capacidad estructural fuese inferior a
las cargas que deberían soportar, provenientes del peso del propio
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edificio”». Los peritos Álvaro Pérez Arango y Miguel Charry
concluyeron algo semejante, es decir, que el siniestro
obedeció a «un error de diseño estructural».
(vi) Con similar orientación, «en el llamado dictamen
pericial, elaborado por el ingeniero Luis Enrique García Reyes, se llegó a
similar conclusión, es decir, que en “el diseño estructural de la
cimentación de la estructura del edificio Alto Tesoro no se cumplieron los
requisitos de seguridad del reglamento colombiano de construcción
sismo resistente, expedido al amparo de la Ley 400 de 1997 y de
obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, tanto en sus
versiones NSR-98, vigente en el momento en que se realizaron los
diseños originales, y NSR-10, vigente en la actualidad”».
(vii) Ahora bien, el juez a quo inaplicó esa exclusión por
considerar que no había sido informada al tomador. Sin
embargo, «la Sala estima que sí era conocida, ya que si la póliza Todo
Riesgo Constructor (sic) se tramitó a través de una firma corredora de
seguros, y ésta, más allá de no ser representante ni mandataria de la
tomadora, al final del día es alguien que conoce los pormenores de la
póliza, es decir, sus antecedentes, sus amparos, sus exclusiones y, sobre
todo cómo y cuándo se expidió la póliza y se dio a conocer. En otras
palabras, es un testigo directo que, prima facie, no se podía desconocer».
(viii) En ese escenario, conviene recordar que «el señor
César Valencia, quien participó en la confección del seguro, ante la
pregunta: “Cuando en esos otros contratos de seguro se suscribieron las
pólizas y le fueron entregados a Willis [Willis Colombia Corredores de
Seguros, se aclara], ¿Willis, a su vez, se las entregó a Crearcimientos?”
(...) concluyó que “[e]s seguro que se le tuvo que haber entregado la póliza
con el condicionado general”. Ergo, no hay duda que Crearcimientos
conocía el clausulado de la póliza Todo Riesgo Constructor (sic), incluso
porque desde la cotización se expusieron los lineamientos futuros, en los
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cuales se mencionaron eventos de exclusión, mismas (sic) que se
reafirmaron en la visita realizada para verificar el estado del riesgo, la
primera de las cuales no se desconoció en la demanda, mientras que,
con relación a la segunda, aunque se repudió el SIAR, en el hecho quinto
de la demanda se mencionó la visita (...), sin objeción alguna».
(ix) Y si, en gracia de discusión, «se concluye[re] que de
tales documentos no brota, por sí solos, que Crearcimientos conociera las
cláusulas de la póliza, es notorio que era consciente de que en ella
habían (sic) exclusiones. Fíjese que se está en frente de un seguro de
más de diecisiete mil millones de pesos, quantum que conmina tener una
especial diligencia para las partes; pues, el asegurador debía remitirla,
lo cual hizo según la versión del testigo César Valencia, y el tomador, si
es que no llegaba, debía pedirla».
(x) A ello agregó que «no es un seguro de poca monta, los
riesgos en una construcción son múltiples e inesperados, y la experiencia
de la Constructora es indiscutible». En esa medida, «no haber
reclamado ni verificado el clausulado, si ello aconteció así, es un
descuido de la tomadora, del cual no puede sacar provecho, como el
obtenido en la sentencia apelada, en la cual no se aplicaron las
excepciones, precisamente por el desconocimiento que de las mismas dijo
tener la actual pretensora».
DEMANDA DE CASACIÓN
La demandante propuso dos censuras, ambas fincadas
en la causal segunda del artículo 336 del Código General del
Proceso («La violación indirecta de la ley sustancial, como consecuencia
de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma
probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente...»).
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PRIMER CARGO
Se denunció la infracción indirecta de los artículos «1603
del Código Civil; 822, 871, 897, 1046, 1047, 1056, 1079, 1080, 1084 y
1088 del Código de Comercio; 97-1, 100-1 y 184-2- del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero (D.L. 663 de 1993); 1.2. –n. 1.2.1., 1.2.1.1. y
1.2.1.2.– de la Circular Básica Jurídica 7 de 1996 de la Superintendencia
Financiera de Colombia; 2 lit. a), b) y f), 3 lit. a) y c), 5 lit. b, 6 par. 1, 7-
b), e) y f) y 9 de la Ley 1328 de 2009 (Estatuto del Consumidor
Financiero) [y] 1-2, 3 –n. 1.3.–, 5 –n. 4 y 7–, 23 y 37 –n. 1, 2, 3 e inciso
final– de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)».
Para sustentar su crítica, la actora sostuvo:
(i) La colegiatura de segunda instancia «tergiversó el
testimonio de Cesar Augusto Valencia Uribe, distorsionando el contenido
material y objetivo de esta prueba». En efecto, ese testigo «jamás
afirmó que el clausulado de la póliza objeto de la controversia hubiese
sido efectivamente entregado o informado al asegurado»; solamente
se refirió a «la entrega de pólizas relativas a “otros contratos” de seguro
celebrados entre las mismas partes, pero para obras distintas y que “no
tenían las particularidades” del proyecto Alto Tesoro, lo que evidencia el
grave error del Tribunal, pues una cosa es afirmar la entrega del
clausulado completo de una póliza determinada, y otra muy distinta
describir vagamente la forma en que se entregan habitualmente los
clausulados de pólizas para obras distintas».
(ii) El ad quem pretermitió también otros apartes de la
declaración del señor Valencia Uribe, de donde «emerge de
forma objetiva que el testigo participó directamente como funcionario del
corredor de seguros en la fase de cotización de la póliza; que la cotización
la elaboró la aseguradora; que no recordaba que dicha cotización
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contuviera una exclusión por error de diseño; que no recordaba haber
remitido la cotización al asegurado; e incluso precisó que cuando se
enviaban cotizaciones, no se remitía el SIAR ni el clausulado general de
la póliza, afirmaciones que fueron (...) ignoradas por el Tribunal».
(iii) Con similar orientación, obvió «la prueba documental
obrante a folios (...), correspondiente a la cadena de correos cruzada
entre funcionarios de Crearcimientos y Willis, de la que se destacan los
fechados 18 de marzo de 2014, a través de las cuales el corredor de
seguros remitió a Crearcimientos por primera vez el SIAR, prueba
documental que, junto con la anterior declaración [el testimonio de Cesar
Augusto Valencia Uribe], fue completamente obviada».
(iv) La corporación de segunda instancia alteró el
entendimiento de la cotización de la póliza contratada,
haciendo «surgir de [ese documento] declaraciones y contenidos
inexistentes, afirmando que (...) emergían lineamientos futuros y eventos
de exclusión que le permitieron a Crearcimientos conocer el clausulado
de la póliza todo riesgo constructor, afirmación que es contraevidente,
pues el texto de la cotización no es coincidente con el texto del clausulado
del que se pretende oponer la exclusión».
(v) Igualmente, «tergiversó el contenido material de la prueba
documental de visita de verificación del estado del riesgo (SIAR),
derivando del mismo declaraciones y contenidos inexistentes, al afirmar
(...) que en la visita realizada para verificar el estado del riesgo “se
reafirmaron” los lineamientos futuros y eventos de exclusión que le
permitieron a Crearcimientos conocer el clausulado de la póliza todo
riesgo constructor, [lo cual] es contraevidente, pues en el texto del SIAR,
no existe ninguna constancia de que esa reafirmación hubiese tenido
ocurrencia durante la visita, es más, el documento (...) ni siquiera está
firmado por algún representante o funcionario de Crearcimientos; y
además, lo cierto es que las manifestaciones allí plasmadas no
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contemplan el clausulado integral de la póliza contentivo de la
“exclusión” y “garantías” que se pretendieron oponer por parte de la
aseguradora, (...) particularmente (...), la exclusión de error de diseño».
(vi) Tampoco fue correcta la interpretación del hecho
quinto de la demanda, pues el ad quem «hizo emerger del mismo
una confesión inexistente, afirmando que (...) se aceptó que durante la
cotización y la visita que dio lugar al SIAR, Crearcimientos aceptó haber
sido informado del clausulado de la póliza por haber mencionado la
ocurrencia de la visita y “hasta el ingeniero”, observación que es
contraevidente, pues examinado el referido hecho de la demanda, al
rompe se observa que lo allí manifestado fue la realización de una visita
el 18 de abril de 2013 y que su objeto se limitó a explicar “en qué
consistiría la terminación de la torre de apartamentos”, sin hacer alusión
alguna a haber recibido explicación, enunciación, ratificación o
reafirmación de explicaciones relativas a las exclusiones».
(vii) En forma contraevidente se «dio por cierto un hecho que
calificó como notorio, pese a que no estaba demostrado, es decir, respecto
del cual no estaban “debidamente acreditadas las circunstancias reales
y concretas que le sirven de apoyo” (CSJ SC 6 jun. 2006, rad. 1998-
17323-01); dicha conclusión probatoria fue, entonces, el producto de la
mera subjetividad del fallador, lo que constituye un insalvable error de
hecho, en tanto que se hizo surgir un hecho carente enteramente de
prueba, al afirmarse “Ahora, si alguna duda queda o se concluye que de
tales documentos no brota, por sí solos, que Crearcimientos conociera las
cláusulas de la póliza, es notorio que era consciente de que en ella
habían (sic) exclusiones”».
(viii) Tampoco se consideró que «la única prueba
documental que da cuenta de una remisión efectiva de la póliza con todo
su clausulado [data de una] fecha posterior a la ocurrencia del siniestro
(12 de abril de 2014). Se trata de la misiva expedida y aportada al
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plenario por Seguros Bolívar. Esta inobservancia o preterición del medio
demostrativo en cita, implica también un yerro de hecho, en tanto que, al
ser aquella la única prueba documental que contenía la expresa
manifestación de estarse remitiendo al asegurado el texto de las
exclusiones y garantías, que desde la demanda se alegaron como no
informadas, la referida prueba merecía especial atención, misma que no
fue dispensada por el Tribunal, quien erró ignorándola del todo».
(ix) El tribunal, además, «alteró el contenido material de la
declaración rendida por el representante legal de Crearcimientos», pues
de esa probanza realmente «emana de forma objetiva que el
[declarante] no solamente indicó que las garantías y exclusiones no le
fueron puestas en conocimiento sino hasta después de ocurrido el
siniestro, sino que además la empresa demandante no era experta en
temas de seguros, lo que denota que el Tribunal desvió y transformó
arbitrariamente la expresión “Crearcimientos no es experto en seguros”,
y la convirtió en una artificial e insustentable confesión sobre la
experiencia de la misma empresa en estas materias».
(x) De no haber incurrido en estas equivocaciones, el
ad quem «habría establecido que las exclusiones y garantías alegadas
por la aseguradora, en especial la contenida en la cláusula 2.8. (error de
diseño), no fueron informadas a Crearcimientos en la oportunidad y
forma debidas. En consecuencia, las mismas debieron tenerse por
ineficaces y no escritas, y, por ende, inaplicables al caso concreto».
CARGO SEGUNDO
Invocando el mismo motivo de casación y la infracción
de la normativa citada supra, pero ahora bajo la modalidad
de error de derecho, la recurrente señaló:
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(i) Las formalidades probatorias del contrato de
seguro que prevé el artículo 1046 del Código de Comercio, así
como las reglas de fecha cierta consagradas en el canon 253
del Código General del Proceso, «imponen que la demostración de
la existencia clausulado integral del seguro (...) que desde la demanda
se alegó no fue entregado o dado a conocer a Crearcimientos, deba
acreditarse de manera idónea, para lo cual, deben también demostrase
la entrega material de la póliza por cualquiera de los medios idóneos que
la acrediten, sin perder de vista que, a menos de que obre confesión, la
póliza debe estar plasmada en un documento».
(ii) En la providencia censurada, se «valoró, en
desconocimiento del rito probatorio antes indicado, el clausulado
contentivo de las exclusiones previstas en los numerales 2.8. y 2.1.8.,
teniéndolo por existente y entregado desde la época de celebración del
contrato de seguro, sin tomar en consideración las reglas sobre
determinación de la fecha cierta de los documentos, para lo cual, en
aplicación del artículo 253 del C.G.P., debió auscultar si dicha pieza del
expediente, por sí misma, le permitía tenerla por existente y se hacía las
veces de documento demostrativo de la fecha de entrega efectiva de la
póliza al asegurado, por ejemplo por contener constancia o manifestación
de dicha entrega en alguna parte de sus páginas».
(iii) La fecha cierta «del documento contentivo de las
exclusiones y garantías, corresponde al 11 de agosto de 2014 (posterior
al siniestro), y aparece vertida en la carta de esa fecha, en la que por
primera vez la aseguradora [mencionó] las exclusiones y garantías que
opuso al asegurado; (...) no existe en el expediente ningún otro elemento
de disuasión que ofrezca una fecha cierta al repelido clausulado».
(iv) De otra parte, en el fallo recurrido se «incorporó y
valoró la prueba pericial rendida por el señor Luis Enrique García Reyes,
no obstante la misma no cumplió los requisitos mínimos para ser
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admitida como prueba en el proceso, toda vez que el referido dictamen,
que fue allegado dentro del término de traslado de la demanda (...), no
cumplió las exigencias previstas en [el ordenamiento procesal civil], (...)
pues no estuvo acompañado de ningún documento aportado en
oportunidad que acreditara “la idoneidad y la experiencia del perito”».
(v) Con similar orientación, «el Tribunal incorporó y valoró
para disipar las cuestiones técnicas materia del debate, los informes
rendidos por los profesionales Carlos Noguera Camacho, Álvaro Pérez
Arango y Miguel Charry, dándoles el carácter de dictámenes periciales,
en franco desconocimiento de los (...) preceptos del rito probatorio».
(vi) Se produjo un yerro de juzgamiento, por «falta de
valoración conjunta de las pruebas (...)», toda vez que «examinadas
las pruebas admisibles y debidamente incorporadas al plenario (dentro
de las que no pueden incluirse las que según este cargo no podían ser
incorporadas -dictámenes periciales e informes técnicos-), se advierte
que el Despacho no acometió, (...) una apreciación crítica y racional del
conjunto de las pruebas obrantes en el plenario, estableciendo los puntos
que las interrelacionaban y permitían arribar a conclusiones ajustadas
a la sana critica, que para este caso, hubiesen resultado completamente
distintas a las que finalmente plasmó el tribunal en la sentencia».
CONSIDERACIONES
1. Caracterización del deber de entrega anticipada
de las condiciones generales del contrato de seguro.
1.1. El de seguro es un típico contrato de adhesión, o
de condiciones generales predispuestas. Naturalmente,
existen variables que son discutidas y pactadas con el
tomador en cada caso particular (v. gr., la forma de pago de
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la prima, o las características específicas del bien asegurado,
en los seguros reales), pero la generalidad de las
estipulaciones que regulan la relación aseguraticia son
preestablecidas por la aseguradora, de forma unilateral.
Ello obedece, a las necesidades de la actividad
aseguradora. Así como ocurre con cualquier otro negocio
llamado a desarrollarse a gran escala, los costos de
transacción del aseguramiento serían incalculables si los
términos de cada contrato de seguro celebrado tuvieran que
discutirse y fijarse individualmente. Asimismo, ha de
considerarse que la transferencia de riesgos es una actividad
altamente técnica, que demanda cálculos precisos, basados
en la estandarización de fenómenos objetivos.
En estos términos explica la doctrina comparada la
función de la contratación masiva:
«El desarrollo de empresas a gran escala, con su producción y
distribución masivas, hizo inevitable un nuevo tipo de contrato: el
contrato masivo estandarizado 1 . Un contrato estandarizado,
apenas su contenido ha sido formulado por una empresa, es usado
en todas las negociaciones relacionadas con el mismo producto o
servicio. La individualidad de las partes, que con tanta frecuencia
daba color al antiguo tipo de contrato, ha desaparecido. El contrato
estereotipado de hoy en día refleja la impersonalidad del mercado.
Ha alcanzado su máxima perfección en los diferentes tipos de
contratos utilizados en distintos tipos de intercambios.
Una vez la utilidad de estos contratos fue descubierta y
perfeccionada en los sectores del transporte, los seguros y la
1 «PAUSNITZ, The standardization of commercial contracts in English and Continental law (1937)
reviewed by Llewellyn (1939) 52 harv. L. Rev. 700; Llewellyn, what price contract-an essay in
perspective (1931) 40 Yale L. J. 704; Issacs, the standardizing of contracts (1917) 27 Yale L. J. 34;
Raiser, Das recht der allgemeinen geschaeftsbedingungen (1936)» (referencia propia del texto citado).
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banca, su uso se extendió a todos los demás campos del comercio
a gran escala, tanto internacional, como nacional, así como en las
relaciones laborales. Hay que tener en cuenta que la uniformidad
de los términos de contratos recurrentes de una empresa es un
factor importante en el cálculo exacto de los riesgos. Los riesgos
difíciles de calcular pueden excluirse por completo. Y también es
posible hacerse cargo de las contingencias que suelen afectar el
desarrollo del objeto contractual2. Las cláusulas tipo de las
pólizas de seguros son los ejemplos más claros del éxito de
las empresas a la hora de seleccionar y controlar los riesgos
asumidos en virtud de un contrato»3.
Con similar orientación, la jurisprudencia de esta
Corporación tiene dicho que
«(...) pese a los cuestionamientos que, en lo relativo a la autonomía
de la voluntad y al equilibrio negocial, entre otros aspectos, pueda
suscitar la contratación ajustada mediante la adhesión a
estipulaciones predispuestas, es innegable que irreductibles
factores de índole económico la han consolidado como una
modalidad característica de las operaciones jurídicas
contemporáneas. En efecto, el inusitado incremento de la
producción derivado del tránsito de la manufacturación artesanal
a la industrial trajo consigo la necesidad de ofrecer, con la mayor
eficacia y al menor costo posible, los bienes y servicios producidos,
de manera que la distribución a grandes escalas impuso la
negociación en masa, al punto que los modelos de mercado
prescindieron de los tratos individuales y de la intervención de
personas con poder de negociación del contenido del acto jurídico
y, en su lugar, surgió el contrato de adhesión caracterizado porque
el empresario predisponerte somete a consideración del potencial
cliente un reglamento convencional inmodificable al cual queda
vinculado por la mera aceptación.
En ese orden de ideas, las condiciones generales se enderezan
a posibilitar la contratación masiva minimizando los costos
de la operación; desde luego que los formularios rígidos e
inmodificables simplifican de tal modo el proceso, que es viable
2 «PATTERSON, Essentials of insurance law (1935) 282 et seq» (referencia propia del texto citado).
3 KESSLER, Friedrich. Contratos de adhesión, algunas reflexiones acerca de la libertad contractual
(Contracts of adhesion – some thoughts about freedom of contract). Columbia Law Review. Jul. 1934,
Vol. 43, pp. 629-642 (disponible en: https://www.jstor.org/stable/1117230).
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18
ajustar, con la intervención de un reducido número de agentes y
en poco tiempo, una gran cantidad de negocios; amén que le
permiten al predisponerte planificar sus recursos y técnicas de
producción y distribución, en cuanto puede prever los términos de
la negociación, las responsabilidades que asume y los beneficios
que obtendrá, a la vez que podrá organizar de modo eficiente su
actividad» (CSJ SC, 4 nov. 2009, rad. 1998-04175-01).
1.2. A cambio de la reducción de costos de transacción
a la que se hizo referencia, los contratos de adhesión –y, en
particular, el de seguro– deben satisfacer condiciones de
eficacia más estrictas que los negocios jurídicos de libre
discusión. De este modo, el derecho procura equilibrar las
cargas entre quien redacta el clausulado predispuesto del
contrato (el estipulante) y quien se limita a exteriorizar su
aceptación a dichos términos (el adherente).
A modo de ilustración, ese propósito se ve reflejado en
la regla de interpretación que establece el segundo inciso del
artículo 1624 del Código Civil («...las cláusulas ambiguas que
hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora
o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella»);
o en la preocupación por desterrar las cláusulas abusivas de
esos contratos masivos, que tiene especial protagonismo en
el régimen de protección al consumidor financiero (Cfr. Ley
1328 de 2009, arts. 11 a 13) y en el Estatuto del Consumidor
(Ley 1480 de 2010, arts. 42 a 44).
Asimismo, el ordenamiento jurídico colombiano impone
al estipulante la carga de informar con suficiencia y prudente
antelación «la existencia efectos y alcance de las condiciones
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generales», siendo pertinente añadir que, en materia de
seguros, «el asegurador [debe hacer] entrega anticipada del clausulado
al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones
y de las garantías» (art. 37-3, Ley 1480 de 2010), so pena de
que las condiciones generales se tornen ineficaces.
Así lo adoctrinó la Sala en CSJ SC1301-2022:
«En materia aseguraticia, las diferentes fases de los pactos se
rigen por el principio de la buena fe en sus distintas expresiones,
en especial el deber de información catalogado por la doctrina
como un deber o regla secundaria de conducta4, que en estos casos
impone a las entidades vigiladas brindar al otro contratante, como
consumidor de los servicios por ellas ofrecidos, información “cierta,
suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los
consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos,
obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las
entidades vigiladas” (lit. c., art. 3, Ley 1328 de 2009), y en su
calidad de predisponentes en los contratos de adhesión, informar
“suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la
existencia, efectos y alcance de las condiciones generale”», y
particularmente, en los contratos de seguro, le impone al
asegurador el deber de hacer “entrega anticipada del clausulado
al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las
exclusiones y de las garantías”.
La efectividad de los citados mandatos de protección de los
contratantes adherentes (...) está garantizada en la misma
normativa. Así, es irrefutable que tanto el parágrafo del artículo 11
de la Ley 1328 de 2009, como el inciso final del artículo 37 del
Estatuto del Consumidor, cuando aluden a que ciertas cláusulas
“se tendrán por no escritas”, consagran un caso específico de
ineficacia por inexistencia, no del negocio jurídico en su integridad,
sino de las cláusulas que, en su orden, contravengan las pautas
de proscripción de abusividad, o los requisitos de las condiciones
generales en los contratos de adhesión».
4 «Cfr. Stiglitz, Rubén S. y otros. “Reglas secundarias de conducta”. En: Contratos. Teoría General I.
Buenos Aires. De Palma. Pág. 477» (referencia propia del texto citado).
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1.3. Como el citado artículo 37-3 del Estatuto del
Consumidor impone al asegurador hacer entrega anticipada
al potencial tomador del clausulado predispuesto del
contrato de seguro –explicándole, además, lo referente a las
coberturas, exclusiones y garantías–, resulta necesario
clarificar qué debe entenderse por hacer entrega (o entregar),
debiéndose anticipar que una exégesis excesivamente literal
de dicho vocablo puede entrar en contradicción con otras
disposiciones legales vigentes, amén de desdibujar el
principio de buena fe y la naturaleza misma de las
interacciones libres y voluntarias entre personas, que son
características del derecho privado.
Ciertamente, la expresión que empleó el legislador –«el
asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador»–,
interpretada textualmente, parece subordinar la eficacia de
las estipulaciones predispuestas del contrato de seguro a su
inserción en un documento, que debe ser puesto en poder del
tomador, bien sea a través de un acto de traspaso físico, o
mediante otro equivalente, como la remisión como mensaje
de datos al buzón electrónico del tomador, por ejemplo.
No obstante, podría darse el caso de que el tomador del
seguro estuviera al tanto de las condiciones generales del
contrato al cual se adhirió, incluso sin haber recibido
físicamente dichas condiciones por parte de la aseguradora,
conforme a los términos especificados. Este escenario es
factible, por ejemplo, si durante la fase precontractual, el
asegurador hubiese explicado detalladamente las
condiciones generales al futuro asegurado, con el objetivo de
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garantizar que su consentimiento sea plenamente informado
y su declaración de voluntad, idónea.
Cabe añadir que una comunicación clara y efectiva por
parte de la aseguradora fortalece la transparencia y la
confianza en la relación contractual. La promoción del
entendimiento integral de las condiciones del seguro, con
antelación a la firma del contrato, cumple con un principio
ético de claridad y honestidad, -que son valores esenciales de
la sociedad-, y puede prevenir futuros litigios, originados por
malentendidos, o deficiencias en el flujo de información. De
ahí la importancia de verificar que el tomador del seguro
comprenda las condiciones a las que se adhiere, y la
consecuente evaluación de la suficiencia del medio a través
del cual se logre esta comprensión.
1.4. En suma, resulta incuestionable que las
aseguradoras tienen el deber de cerciorarse de que sus
potenciales clientes conozcan a cabalidad el clausulado
predispuesto de los contratos de seguro, de modo que,
cuando manifiesten su decisión de adherirse, lo hagan con
información suficiente sobre su contenido y alcances,
especialmente en lo relativo a los pactos más trascendentes
para el devenir contractual –v. gr. cobertura, exclusiones y
garantías–. De ese modo se legitima una expresión de
voluntad que se reduce a aceptar lo que otro ofrece.
También es irrebatible que hacer entrega del documento
que recoge las condiciones generales del contrato de seguro,
en el sentido literal que se indicó supra, parece un método
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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sencillo e intuitivo para que la aseguradora satisfaga el deber
de información que le compete. Sin embargo, de ello no se
sigue que la falta de prueba de aquel acto (es decir, de la
entrega física del documento) sea necesariamente
equivalente al incumplimiento del deber de información,
pues, se insiste, es posible que el adherente, sin haber
recibido el clausulado, lo conozca plenamente.
El hacer entrega por el que averigua la Corte, entonces,
no puede convertirse en un simple formalismo, que
prevalezca sobre la realidad sustantiva del contrato; tampoco
puede constituirse en una vía habilitante para que un
tomador suficientemente informado, que adhirió al seguro
con conocimiento pleno del clausulado predispuesto, se
desembarace de los pactos que aceptó, simplemente
alegando que no se le hizo entrega de un documento
contentivo de dichas condiciones generales.
Para el efecto, cabe memorar que la autonomía de la
voluntad, constituye una prerrogativa conferida por el orden
jurídico para que los destinatarios de sus prescripciones,
puedan delimitar aspectos que estimen útiles o necesarios
para regular sus relaciones a condición de que no estén
vedados por limitaciones o límites constitucionales o legales.
Por su propia naturaleza y finalidad, la autonomía de la
voluntad autoriza para incluir las modalidades, condiciones
y, en general, las cláusulas o estipulaciones que los
intervinientes juzguen convenientes, útiles y necesarias para
la mayor eficacia de su vínculo jurídico, siempre que no sean
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contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, los
principios generales del derecho y a las finalidades del
derecho privado.
Se le reconoce como facultad de legislar en algunos
asuntos y aspectos. En autoimponerse normas de obligatorio
cumplimiento, de las que, por lo mismo, no es posible
desdecirse dado que como lo señala el artículo 1602 del
código civil. “Los contratos son ley para las partes” razón por
la cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para
los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento, mutuo o por causas legales.”
Como se deduce del texto citado, a la libertad de pacto,
el CC le apareja el poder vinculante del mismo, en reiteración
del pacta sunt servanda de antiquísima estirpe jurídica y
reiterada significación del deber de observancia de lo
convenido.
En tal virtud, la autonomía de la voluntad, en tanto
capacidad de autoimponerse normas de obligatoria
observancia, quedaría seriamente en entredicho si se le
permitiese a un contratante bien informado hacer pasar esa
falta de entrega de las condiciones generales del seguro por
desconocimiento de los términos del contrato de adhesión.
Tampoco armonizaría con la buena fe que quien estipula a
conciencia, se libere de los efectos de sus actos previos de
voluntad, so pretexto de la inobservancia de una solemnidad
de entrega –que, dado el conocimiento efectivo del adherente,
resulta insustancial–.
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Lo que quiere decirse es que la eficacia de las
condiciones generales del contrato de seguro depende de su
revelación objetiva, de la verdadera posibilidad de
conocimiento por parte del adherente. Los formulismos, por
tanto, están llamados a ceder ante la realidad de un acuerdo
de voluntades basado en la confianza, la lealtad, la
consensualidad, la cooperación y la información veraz,
completa, objetiva, seria y oportuna.
Incluso en ámbitos que –por necesidad lógica– revisten
mayor solemnidad que el comercio, como el proceso judicial,
se privilegia el conocimiento de un acto por sobre la forma
comunicativa de este, tal como se sigue de la posibilidad de
notificación por conducta concluyente de las providencias, o
de la cuarta regla de convalidación de las nulidades, que
consagra el artículo 136 del Código General del Proceso
(«La nulidad se considerará saneada... cuando a pesar del vicio el acto
procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa»).
Agréguese que, si en todos los casos, sin excepción, se
sujeta la eficacia de las condiciones generales a la entrega del
documento que las contiene, perderían todo significado tanto
las buenas prácticas de protección propia del consumidor
financiero que consagra el literal b) del artículo 6 de la Ley
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1328 de 20095, como las reglas que establecen los artículos
10366 y 1047, parágrafo7, del estatuto mercantil.
1.5. De lo expuesto resulta pertinente extraer dos
conclusiones principales:
(i) La aseguradora tiene el deber jurídico de poner
en conocimiento y explicar, de manera previa, clara,
completa, objetiva y suficiente, las condiciones generales del
contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo,
se garantiza que, al decidir adherirse al pacto predispuesto,
lo hagan basándose en la información necesaria para validar
su intención de vincularse al clausulado ya establecido por
el seguro.
(ii) Si bien la entrega –física o electrónica– del
documento contentivo de las condiciones generales del
contrato de seguro es indicativa del cumplimiento del referido
deber de información de la aseguradora, esta no constituye
prueba solemne de la eficacia obligacional del
clausulado predispuesto.
5 Artículo 6, Ley 1328 de 2009: «Las siguientes constituyen buenas prácticas de protección propia por
parte de los consumidores financieros: b) Informarse sobre los productos o servicios que piensa
adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los derechos,
obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las
explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de
decisiones informadas»
6 Artículo 1036, Código de Comercio: «El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso,
aleatorio y de ejecución sucesiva»
7 Artículo 1047, par., Código de Comercio: En los casos en que no aparezca expresamente acordadas,
se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya
depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y
tipo de riesgo».
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Habrá casos en los que la aseguradora demuestre, de
manera fehaciente, que su contraparte expresó su voluntad
de adherirse al contrato de seguro, conociendo a cabalidad
las estipulaciones predispuestas. Y ello resulta suficiente
para otorgar validez a lo acordado entre las partes, de buena
fe, y de manera libre e informada.
2. Caso concreto.
2.1. Primera cuestión: La causa del evento dañoso.
Es menester señalar que los jueces de ambas instancias
concluyeron, al unísono, que el evento de 4 de marzo de 2014
–es decir, el «siniestro objeto de amparo» identificado en la
demanda– fue provocado por un «error de diseño de los dados de
cimentación correspondientes a las columnas 1H-DH y 1H-EH», según
lo confirmaron los ingenieros Miguel Charry y Álvaro Pérez
Arango, quienes analizaron el fenómeno por encargo de las
partes antes de que iniciara el juicio.
Así también se dejó registrado en el informe final de
ajuste, a cargo de la Organización Noguera Camacho, donde
se expuso lo siguiente:
«Como se ha comentado en el presente informe, el aviso de
siniestro se relaciona con daños sufridos por diferentes
componentes de la edificación en construcción, ocurridos como
consecuencia de la falla sucesiva de dos dados de cimentación,
correspondientes a las columnas 1H-DH y 1H-EH, en hechos
sucedidos el 4 de marzo de 2014.
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De acuerdo con los análisis realizados, tanto por el ingeniero
Miguel Charry, experto designado por Seguros Bolívar para
analizar el evento ocurrido, como por el ingeniero Álvaro Pérez
Arango, experto designado por el proyecto para el mismo propósito,
la causa de la falla de los dados fue un errado diseño de los
mismos, que hacía que su capacidad estructural fuese inferior a
las cargas que debían soportar provenientes del peso del propio
edificio.
Lo anterior es planteado por el ingeniero Pérez Arango, en el
documento denominado “Respuesta a inquietudes planteadas por
Seguros Bolívar con respecto al proyecto Alto Tesoro” (página 4),
de fecha 3 de junio de 2014, al referirse al dado 1H-DH. A
continuación, citamos el aparte pertinente de dicho documento: “Es
importante resaltar que, aunque para las condiciones supuestas
anteriormente, es obtuvo un índice de sobreesfuerzo sobre el dado
en un rango del 96% al 105%, este estaba sub-diseñado para
resistir las solicitaciones debidas a las cargas últimas de
diseño, donde la carga axial última estimada que
transmitiría la columna es del orden de 3100 ton, valor muy
superior a la capacidad última a punzonamiento del dado”.
Por su parte, el ingeniero Miguel Charry obtiene la misma
conclusión en su estudio, según lo consigna en el documento
“Estudio integral de estabilidad estructural” páginas (96 y 94) de
julio de 2014, que citamos a continuación: “Conforme al análisis
realizado al secuencia de falla ilustrada en los resultados del
modelo matemático muestra que primero falló, por punzonamiento
de la masa de concreto, el dado 1H-DH con una deformación
(asentamiento) alrededor de 1.2 cm, redistribuyendo su carga
mediante flexión y cortante a los dados adyacentes, lo cual generó
la falla del dado 1H-EH y un asentamiento de este apoyo
alrededor de los 5.4 cm. Esta secuencia dio lugar a la transferencia
de carga mediante flexión y cortante hacia los demás elementos
de la estructura”.
“El análisis de la falla del dado 1H-DH muestra que el diseño de
la altura del dado era insuficiente para resistir la fuerza cortante
actuante sobre el mismo, a pesar de que la estructura en ese
momento no contaba con las cargas muertas completas y a pesar
de que en el análisis no se incluyó ningún valor para las cargas
vivas del edificio”. De acuerdo con lo anterior, es concluye que la
falla de los dados, así como los demás daños sufridos por la
edificación tuvieron origen en un diseño erróneo de los dados,
elementos que cumplen una función crítica desde el punto de vista
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estructural del edificio, dado que deben recibir la carga de las
columnas y distribuir dicha carga de manera uniforme hacia las
pilas de cimentación»8.
La antedicha inferencia no fue debatida en el primer
cargo, y solo lo fue tímidamente en el segundo, en el que se
criticó al ad quem por «incorpor[ar] y valor[ar] para disipar las
cuestiones técnicas materia del debate, los informes rendidos por los
profesionales Carlos Noguera Camacho, Álvaro Pérez Arango y Miguel
Charry, dándoles el carácter de dictámenes periciales, en franco
desconocimiento de los (...) preceptos del rito probatorio». No obstante,
es evidente que el reproche resulta desenfocado, pues el
tribunal no le dio tal connotación –de dictámenes periciales–
a los documentos de los que viene haciéndose mérito.
A ello se agrega que la naturaleza documental de esos
informes, per se, no les resta vigor demostrativo, pues la
materia que aquí se debate no quedó exceptuada de los
principios de libertad probatoria y libre apreciación que
campean en materia civil y comercial, siendo del caso reiterar
que, conforme lo sugiere la jurisprudencia de esta Sala (Cfr.
CSJ SC3631-2021 y CSJ STC2066-2021), la
correspondencia de un medio de prueba a una de las
categorías que consagra el artículo 165 del Código General del
Proceso –«la declaración de parte, la confesión, el juramento», etc.–
tiene, por regla, implicaciones meramente instrumentales.
Y es que, dejando de lado aquellas cuestiones fácticas
que deben acreditarse a través de un medio de prueba en
8 Folio 30 del archivo digital denominado «cua1tomo3.pdf».
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particular, por haber establecido el legislador una
solemnidad probatoria, o ad probationem –como la prueba
del parentesco9, o del contrato de seguro10–, cualquier hecho
puede, en abstracto, demostrarse a través de cualquier medio
de prueba, sin que exista entre ellos estratificación de ningún
tipo, siendo el juez, en cada caso concreto, el encargado de
determinar racionalmente el peso que aporta cada pieza de
evidencia a una hipótesis determinada.
En palabras del precedente,
«Como secuela necesaria de la adopción del sistema de sana
crítica en la apreciación de las pruebas, el ordenamiento procesal
civil reconoce a los jueces la posibilidad de arribar al
convencimiento sobre la ocurrencia de un hecho valiéndose de
cualquier elemento demostrativo (documentos, testimonios,
dictámenes periciales, etc.), salvo que aquello que deba probarse
esté sometido a una formalidad ad subtantiam actus o ad
probationem.
(...) “A partir de la entrada en vigencia del Código de Procedimiento
Civil –1º de julio de 1971–, el sistema procesal civil colombiano
abandonó la tarifa legal, para acoger la sana crítica, en cuya virtud
se deposita en el fallador, y no en la ley, la delicada misión de
ponderar razonadamente el mérito que ha de asignar a
cada prueba y a todas ellas en su conjunto. Así se estableció
en el artículo 175 [que corresponde al artículo 165 del Código
General del Proceso], salvo contadas y taxativas excepciones, al
consagrar la libertad tanto de medios probatorios como de
formación del convencimiento del juez. Con base en tal postulado
ha sostenido la Corte que: ‘La legislación no establece
cortapisa alguna, en principio, a los medios que el juez
tenga a su alcance para forjar la convicción; muy al
contrario, es amplía la gama de posibilidades probatorias
9 Artículo 105, Decreto 1260 de 1970 (Estatuto del registro civil de las personas): «Los hechos y actos
relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posteridad a la vigencia de la Ley 92 de
1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con
base en los mismos».
10 Artículo 1046, Código de Comercio: «El contrato de seguro se probará por escrito o por confesión».
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
30
respecto de hechos jurídicos no sometidos a tarifa, conforme
da fe la propia normatividad al consagrar, extensivamente, no solo
los que ella enuncia sino cualesquiera otros medios que sean útiles
para la formación del convencimiento del juez (...).
Tampoco privilegia la ley un medio frente a otro sino que, por el
contrario, a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil,
(...) quedó abolido el sistema de la tarifa legal en esa
materia, y se introdujo, en su reemplazo, el de la sana
crítica, también llamado de la libre apreciación razonada, cuya
sola enunciación permite entender, por lo regular, que en su marco
ninguna prueba tiene prevalencia sobre otras y, además, que su
función apunta al establecimiento de la verdad sin calificativos
como el de formal, que la distinguía en el sistema superado’ (SC
141, 6 ago. 2002, exp. 6148)” (CSJ SC2758-2018, 16 jul.).» (CSJ
SC299-2021).
A lo expuesto –que basta para descartar el error de
derecho que se alegó– cabría añadir que la breve exposición
del insular cuestionamiento de Crearcimientos no buscó
refutar las inferencias del ad quem en punto de la causa del
suceso del cual se derivaría su pérdida, ni ilustró a la Sala
sobre el verdadero origen de la falla estructural que presentó
la edificación que se estaba construyendo, pese a que ello
resultaba de rigor para revelar la entidad y trascendencia del
yerro de juzgamiento denunciado.
Dadas esas falencias de técnica de casación, lo relativo
al origen del evento que Crearcimientos calificó como
siniestro ha de seguir los lineamientos trazados por el
tribunal en su sentencia, pues la presunción de legalidad y
acierto de esa conclusión no logró ser derruida.
2.2. Segunda cuestión: La eficacia de la cláusula de
exclusión de aseguramiento de los errores de diseño.
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2.2.1. Dado que el accidente de 4 de marzo de 2014
fue causado por un «error de diseño», las pérdidas que de allí se
habrían derivado para Crearcimientos estarían excluidas de
cobertura, según lo establecido en la cláusula 2.8. de las
condiciones generales de la «Póliza de seguro contra todo riesgo de
construcción para contratistas», a cuyo tenor «La compañía no es
responsable por daño o pérdida alguna que, bien em su origen o
extensión, directa o indirectamente, se cause por los siguientes eventos:
(...) 2.8. Cálculos o diseños erróneos»11.
En las dos censuras propuestas, la convocante insiste
en que esa estipulación es ineficaz, pues, en contravía de lo
que concluyó el tribunal, su aseguradora no le puso de
presente las condiciones generales del seguro contratado
(donde reposa la cláusula 2.8. trasuntada) sino el día 11 de
agosto de 2014, cinco meses después de ocurrido el siniestro,
cuando fueron remitidas por correo electrónico.
Esta crítica, a su vez, se desdobla en dos clases de
argumentos: los orientados a refutar la entrega material de
las condiciones generales del seguro a Crearcimientos, y los
que apuntan a desvirtuar la posibilidad de conocimiento
efectivo, prescindiendo de esa entrega. Pero ese primer grupo
no se contrapone al argumento central de la sentencia de
segunda instancia, porque el tribunal nunca afirmó que se
hubiera hecho entrega a Crearcimientos de un documento
con los amparos y exclusiones del contrato de seguro.
11 Folio 130 del archivo digital denominado «cuaderno1.pdf».
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
32
Lo que el ad quem sostuvo fue que la convocante era
conocedora del contenido de esas estipulaciones, porque se
le comunicaron y explicaron en el período precontractual. En
consecuencia, las críticas relativas a la valoración del
testimonio de César Augusto Valencia, o a la declaración del
representante legal de Crearcimientos, resultan
desenfocadas, pues de allí no se extrajo prueba de la entrega
efectiva de las condiciones generales en el sentido de
transferencia de un documento, sino evidencia de la
revelación efectiva de su contenido negocial.
Algo similar ocurre con la crítica que se refiere a la fecha
cierta de la póliza, pues en su planteamiento la casacionista
asumió como premisa implícita que las condiciones generales
del contrato de seguro solo pueden ser conocidas por el
tomador-asegurado si le son entregadas por medios físicos o
electrónicos, postura que no solo es intrínsecamente
inexacta, dado lo que se expuso en el numeral 1.3., supra,
sino que carece de simetría con la tesis del tribunal.
2.2.2. Dejando de lado esas precisiones, la Corte
advierte que el tribunal sí incurrió en un yerro de
juzgamiento, al inferir el conocimiento del clausulado general
del informe SIAR (Soporte Integral de Administración de
Riesgos) del proyecto Alto Tesoro, pues si bien es cierto que
allí se mencionan –tangencialmente– las exclusiones de
errores de diseño, no hay evidencia de que el informe hubiera
sido puesto de presente a Crearcimientos antes de celebrar
el contrato de seguro. Además, el hecho de que la actora
hubiera aceptado que recibió a los funcionarios de la
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
33
aseguradora que prepararon aquel documento, no significa
que supieran de antemano lo que se consignó allí.
No obstante, esa no fue esa la única pieza de evidencia
que consideró el tribunal para concluir que las exclusiones
«sí eran conocidas» por la casacionista. También estimó tres
medios de prueba adicionales:
(i) El testimonio de César Valencia, empleado de la
corredora de seguros Willis de Colombia (contratada por
Crearcimientos), y quien ante la pregunta «Cuando en esos otros
contratos de seguro se suscribieron las pólizas y le fueron entregados a
Willis, ¿Willis, a su vez, se las entregó a Crearcimientos?» respondió:
«“Si, con posterioridad. Una vez la cotización es aceptada por la
aseguradora se pide un amparo provisional mientras sale la póliza con
su condicionado general, pueden transcurrir 15, 20 días, un mes.
Cuando ya llega, iniciada la vigencia del amparo, llega la póliza, el
condicionado general es revisado por el intermediario y se le entrega al
cliente con una comunicación”. Es más, concluyó que “[e]s seguro que se
le tuvo que haber entregado la póliza con el condicionado general”».
(ii) El documento de cotización de la póliza, en el que
«se expusieron los lineamientos futuros, en los cuales se mencionaron
eventos de exclusión».
(iii) Un indicio, derivado de la naturaleza del riesgo
asegurado y de la condición de comerciante profesional de la
demandante, que expuso el ad quem en estos términos:
«[S]e está en frente de un seguro de más de 17 mil millones de
pesos, quantum que conmina tener una especial diligencia para
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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las partes; pues, el asegurador debía remitirla, lo cual hizo según
la versión del testigo César Valencia, y el tomador, si es que no
llegaba, debía pedirla. Es que, no es un seguro de poca monta, los
riesgos en una construcción son múltiples e inesperados, y la
experiencia de la Constructora es indiscutible, no solo en materia
de construcción, sino en la contratación de seguros, como lo
declaró el propio representante legal de la sociedad
Crearcimientos Propiedad Raíz S.A.S. (video de la audiencia
inicial, segunda parte. Minuto 1:03:34 y 1:12:23 a 1:12:50). En
esa medida, no haber reclamado ni verificado el clausulado, si ello
aconteció así, es un descuido de la tomadora».
2.2.3. Pues bien, al margen de que la Corte
comparta su raciocinio, el análisis del tribunal no parece
descabellado, sino plausible, dado que el proceso previo al
aseguramiento de la obra “Alto Tesoro” (la fase
precontractual) se extendió durante un lapso prolongado,
durante el cual se discutieron ampliamente las condiciones
de la póliza, tanto directamente por las estipulantes, como a
través de la corredora de seguros que asesoró a la convocante
durante aquella etapa.
Además, en varios documentos, incluida la cotización a
la que alude el tribunal, se hizo referencia a las condiciones
generales de la póliza, de modo que, teniendo en cuenta el
contexto ilustrado por dicha colegiatura, era plausible colegir
que tal clausulado predispuesto fue objeto de un escrutinio
cuidadoso por parte de la tomadora-asegurada, incluso antes
de elegir a la demandada por sobre otras aseguradoras del
ramo, que ofertaron coberturas similares.
A ello agrega la Corte que, tras la denuncia del siniestro,
Seguros Bolívar le comunicó a Crearcimientos la existencia
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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de la exclusión de la que se viene hablando; incluso, de ello
se hizo expresa mención en el informe de ajuste. Sin
embargo, la aquí demandante no alegó entonces desconocer
las cláusulas predispuestas, sino que se limitó a discutir que
el origen del evento fuera un defecto de diseño, actitud que
solo resulta entendible en un contexto de conocimiento pleno
de las estipulaciones del contrato.
Siendo, pues, razonable la conclusión a la que llegó el
tribunal en su análisis probatorio, y habiéndose descartado
que el conocimiento de la exclusión comentada pudiera
demostrarse únicamente mediante la constancia de entrega
del documento contentivo de las condiciones generales, los
cargos propuestos no pueden salir avante. Recuérdese que
«(...) partiendo de la base de que la discreta autonomía de los
juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas conduce
a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción de
acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les
endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan
justificar la infirmación del fallo, justificación que por lo tanto no se
da sino en tanto quede acreditado que la estimación probatoria
propuesta por el recurrente es la única posible frente a la realidad
procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por
el juez; por el contrario, no producirá tal resultado la decisión del
sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable
apreciación que ofrezca la prueba o que no se impone frente a ésta
como afirmación ilógica y arbitraria, es decir, cuando sólo se
presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado
(…)» (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01).
2.3. Precisiones adicionales en torno a la
intrascendencia de los cargos.
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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2.3.1. Con todo, si se dejaran de lado las razones
expuestas, relativas a la inexistencia de un grave yerro en la
valoración probatoria del ad quem, no cambiaría la suerte
procesal de Crearcimientos, pues esta no acreditó haber
sufrido ninguna pérdida a raíz del incidente ocurrido 4 de
marzo de 2014. Por tanto, no podría tener derecho a reclamar
ningún tipo de indemnización, atendiendo las prescripciones
del artículo 1088 del Código de Comercio («Respecto del
asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera
indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de
enriquecimiento»).
En este punto conviene recordar que el tribunal obvió
la cuestión de la prueba de esa pérdida –en la que se soportan
varias excepciones de Seguros Bolívar– arguyendo que la
legitimación para ejercer las acciones derivadas del contrato
de seguro «la tiene quien resulte ser titular del interés asegurable, lo
cual, a su vez, puede involucrar distintos sujetos», a lo que agregó
que «más allá de que la propiedad de los inmuebles la tiene Alianza
Fiduciaria S.A., como vocera del patrimonio autónomo Alto Tesoro (sic),
la condición de beneficiaria del fideicomiso que tiene Crearcimientos la
habilita para la reclamación del seguro (...)».
La Sala advierte que –más allá de ciertas imprecisiones–
la premisa de ese razonamiento es verdadera, porque en
tratándose de seguros de daños, es posible escindir el interés
asegurable del derecho de dominio de la cosa asegurada, tal
como lo autorizan los preceptos 1063 y 1064 del Código de
Comercio, y como lo tiene decantado el precedente:
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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«Respecto de un mismo derecho o bien pueden concurrir varios
intereses asegurables 12 , sin que resulte indispensable que
coincida la persona o personas involucradas en ellos, “con quienes
son los titulares del derecho de dominio como principal relación
jurídica predicable del bien afectado con la realización del riesgo,
mucho más, si inclusive el interés puede ser indirecto, como
expresamente lo consigna la ley comercial” (Sent. Cas. Civ. de 30
de septiembre de 2002, Exp. No. 4799).
Así, nada impediría que cualquiera de los concernidos pretendiera
cubrir sus riesgos patrimoniales a través de la celebración de un
contrato de seguro, en la medida en que aquellos tuvieran un
interés pecuniario y lícito. En particular, en materia de seguros de
daños en que rige con vigor el principio indemnizatorio, el artículo
1083 de Código de Comercio dispone que “Tiene interés
asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado,
directa o indirectamente, por la realización de un riesgo. Es
asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de
estimación en dinero”, sin que dicha relación dependa
indefectiblemente de la propiedad, pues ella puede darse respecto
de vínculos de diversa naturaleza» (CSJ SC, 16 may., 2008,
rad. 1998-06332-01).
Sin embargo, la conclusión del argumento del ad quem
es inviable, porque ese interés asegurable que condiciona la
existencia misma del contrato de seguro –al ser uno de sus
elementos esenciales (art. 1045-1, Código de Comercio)–, no
confiere, per se, legitimación para reclamar el cumplimiento
de la obligación condicional a cargo de la aseguradora.
Esta también depende de que el asegurado sufra una
pérdida efectiva, una afectación cierta y concreta del interés
asegurable, en aplicación del principio indemnizatorio, que
impera en los seguros de daños (naturaleza que cabe predicar
12 «La Corte ha definido el concepto de interés asegurable como la “relación –relatio– de carácter
económico que liga –o vincula- a una persona con una cosa, con una universalidad, consigo misma, etc, in
potentia amenazadas por la realización del riesgo cubierto (arts. 1045, nral. 1º, 1083 y 1137 ib.)” (Sent.
de Cas. Civ. de 21 de marzo de 2003, Exp. 6642)» (referencia propia del texto citado).
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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de la póliza sub-lite). Recuérdese que, como lo ha sostenido
esta Corporación de forma inveterada,
«(...) la efectiva configuración del riesgo amparado, según las
previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a
la obligación del asegurador”. En consonancia con ello, “[e]l
asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al
asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.) (...), pero
como es obvio entenderlo, no bast[a] con reportar el siniestro, sino
que [es] necesario además “demostrar [su] ocurrencia…, así como
la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.). Esos
deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, (...)
toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de
mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de
enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización
no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado
en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio
patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art.
1089, ib.)» (CSJ SC2482-2019).
En ese escenario, memórese que la actora no es titular
de ningún derecho real sobre alguna de las edificaciones
afectadas con el siniestro, es decir, la estructura del proyecto
“Alto Tesoro”, o las heredades adyacentes. Y tampoco fue ella
quien cubrió con su peculio los costos de la reparación de
esos daños, pues según la documentación adosada a la
demanda, esos recursos fueron suministrados por otra
persona jurídica (Proyecto Constructor S.A.S.13), sin que se
explicara –ni mucho menos probara– de qué modo esa
erogación ajena pudo afectar la economía de la convocante.
Expresado de otro modo, dadas las particularidades de
este caso, no resulta posible afirmar que la pérdida efectiva
13 Folio 768 del archivo digital denominado «cuaderno1.pdf».
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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de Crearcimientos estuviera vinculada con la posesión o la
propiedad de los bienes afectados. Y tampoco tiene relación
con el pago de los costos de reparación, ya que fueron
asumidos por otra sociedad. Por ende, era menester ilustrar
y probar de qué modo el interés asegurable de la convocante
se vio afectado por el siniestro de 4 de marzo de 2014; y
ningún esfuerzo se hizo en torno al punto.
En consecuencia, las pretensiones estaban destinadas
al fracaso, pues la indemnización a cargo del asegurador en
los seguros de daños solo puede destinarse a cubrir una
pérdida real sufrida por el asegurado. Una lesión clara y
cuantificable en su patrimonio, que –se insiste– aquí no se
demostró. De no ser por esta exigencia, el contrato de seguro
se desnaturalizaría, tornándose en un negocio especulativo,
asimilable a una apuesta o un juego de azar.
2.3.2. Ahora bien, siendo consciente de la
inexistencia de su pérdida, al descorrer el traslado de la
contestación de la demanda la actora resaltó su condición de
titular de un 5% de los derechos fiduciarios derivados del
contrato de fiducia mercantil de administración inmobiliaria
que celebró el 19 de diciembre de 2012 con Alianza Fiduciaria
S.A., para la administración del proyecto “Alto Tesoro”.
Sin embargo, incluso bajo esa hipótesis novedosa,
seguiría ayuno de prueba lo atinente al modo específico en el
que los daños de la obra, ya reparados por cuenta de un
tercero, afectarían el patrimonio de Crearcimientos, en su
condición de beneficiaria parcial de una fiducia inmobiliaria.
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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Todo ello sin que sobre considerar que tampoco hay ninguna
prueba orientada a determinar la cuantía específica de esa
eventual afectación, que, prima facie, pareciera ser diferente
del costo total de las mencionadas obras locativas.
2.3.3. No olvida la Sala que, previendo la
problemática situación descrita, la actora pidió vincular a
este proceso al patrimonio autónomo Fideicomiso Torre Alto
Tesoro, como litisconsorte necesario, solicitud a la que
accedió el juez a quo durante la audiencia inicial que se llevó
a cabo el 4 de octubre de 201614. Sin embargo, con motivo
del recurso de reposición que interpuso Seguros Bolívar, el
funcionario de primer grado rectificó, puntualizando que esa
vinculación se daba «como litisconsorte cuasi necesario».
La antedicha decisión es francamente improcedente,
porque no existe ninguna potencial relación sustancial entre
la parte demandante y el referido fideicomiso «a la cual se
extiendan los efectos jurídicos de la sentencia», como lo exige el
artículo 62 del Código General del Proceso, que regula esa
especie litisconsorcial.
Nótese que las indemnizaciones que se relacionaron en
la demanda fueron solicitadas a favor de Crearcimientos,
exclusivamente, de modo que solo ella podría ser beneficiaria
de cualquier eventual resolución judicial. Por tanto, si los
jueces concluyen que dicha sociedad carece de legitimación
para pedir, basta con negar sus pretensiones, sin más,
14 Folio 620 del archivo digital denominado «cua1tomo3.pdf».
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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siendo fútil citar a juicio a un tercero que no ejerció ninguna
acción, aun a pesar de que –en gracia de discusión– fuera el
verdadero titular del derecho sustantivo que se disputa.
Cualquier condena favorable a ese «litisconsorte cuasi
necesario» (que no es tal), como la que impuso el juez de
primera instancia en su sentencia 15 , traduce una grave
transgresión al principio de congruencia que consagra el
artículo 218 del Código General del Proceso, y a la propia
naturaleza dispositiva del derecho privado, que, por regla
general a la que no escapa ningún asunto mercantil, exige
un acto libre de voluntad individual, consistente en presentar
un reclamo formalmente idóneo ante la jurisdicción, por
quien se atribuye la titularidad de un derecho amenazado o
trasgredido por la acción u omisión del demandado.
En ese orden, como el patrimonio autónomo que
irregularmente se vinculó a esta causa no ejerció ninguna
acción, ni elevó ninguna pretensión en contra de la
aseguradora convocada, no resultaba formalmente viable
favorecerlo con una condena pecuniaria.
3. Conclusión.
Las acusaciones no están llamadas a abrirse paso, pues
no se demostró la existencia de un grave yerro del tribunal
en la valoración de las pruebas que le permitieron concluir
15 Donde ordenó para la indemnización contratada «a Crearcimientos S.A.S. y a Alianza Fiduciaria S.A.
en calidad de vocera y representante del Patrimonio Autónomo Tesoro Alto (sic), conforme lo previsto
en la póliza TRC1010 3556874 -01, por un valor de $1.186.595.086; aplicado ya el deducible del 15%
previsto en la póliza mencionada».
Radicación n.° 05001-31-03-008-2016-00239-01
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que Crearcimientos conocía cabalmente las exclusiones
insertas en el condicionado general del seguro “Todo riesgo
construcción” n.º 1010-3556874-01, siendo pacífico que el
daño que sufrió la edificación asegurada obedeció a un error
de diseño, expresamente excluido de cobertura.
Y aun si se diera el quiebre del fallo del tribunal, el de
reemplazo que dictara la Corte también sería desestimatorio,
porque Crearcimientos no demostró haber sufrido ningún
agravio o pérdida económica cierta, asociada al evento que
calificó como siniestro. Por ende, acceder a sus pretensiones
implicaría infringir la regla del artículo 1088 del Código de
Comercio, a cuyo tenor: «Respecto del asegurado, los seguros de
daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán
constituir para él fuente de enriquecimiento».
Por lo anterior, los cargos no prosperan.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 20 de febrero de
2023, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el proceso declarativo que
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promovió Crearcimientos Propiedad Raíz S.A.S. contra
Seguros Comerciales Bolívar S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la impugnante vencida al
pago de las costas procesales de esta actuación. En la
liquidación inclúyanse diez salarios mínimos legales
mensuales vigentes (10 SMLMV), que el Magistrado
Sustanciador fija por concepto de agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidenta de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 19CA1DDF9C92B881A27F729723F39E2CF862EFD5E6AA9D3FACE09143024FC504
Documento generado en 2024-03-20