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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC490-2024
Radicación n° 05001-31-03-015-2012-00246-01
(Aprobado en sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por
María Consuelo Gaitán Ospina y Juan José Estrada Velilla
frente a la sentencia de 14 de diciembre del 2020 proferida
por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín. El proveído se dictó dentro del proceso de
responsabilidad civil contractual, promovido por los
recurrentes en contra de J.I. Urrea y Cía. S en C. en
liquidación.
I. ANTECEDENTES
1. La pretensión. Los demandantes formularon como
pretensiones principales las siguientes. Primera, que se
declare que la sociedad «J.I. Urrea en Cía. en Liquidación está
obligada a transferir el porcentaje de «posesión y dominio en un %4.2, a
favor de JUAN JOSÉ ESTRADA VELILLA (…) y en un %4.2, a favor de
MARÍA CONSUELO GAITÁN OSPINA» del inmueble identificado con
F.M.I. 012-00000380. Segunda, «como consecuencia se condene a
la accionada a trasferir el porcentaje de posesión y dominio en un 4.2 %
a favor de Juan José Estrada Velilla, y un 4.2 % a favor de María
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Consuelo Gaitán Ospina, del bien inmueble denominado Finca Santa
Inés.»1 A su turno, rogaron que se condene a la demandada al
pago de las costas y gastos del proceso. Y, como pretensiones
subsidiarias, que se condene a la accionada al pago de los
perjuicios materiales. Sustentaron su reclamo en el
incumplimiento contractual del «acuerdo privado» celebrado el
12 de junio de 1997 en la Notaría Décima del Círculo de
Medellín. Solicitaron como tipo de perjuicios los siguientes:
«por concepto de daño emergente $2.500’000.000 a cada uno de los
demandantes, correspondiente al valor monetario del 4.2 % del derecho
de posesión y dominio que la demandada se ha negado a traditar». Y,
por concepto de lucro cesante $800’000.000 para cada uno
de los demandantes, que corresponde «al valor de las rentas que
hubiesen producido las sumas de dinero del valor de cada derecho no
traditado». A su turno, señalaron que «en el evento que no se
prueben los perjuicios referidos, se condene a pagar a la accionada, los
perjuicios que se prueben en el curso del proceso». Finalmente,
instaron a la condena en costas.
2. Fundamentos de hecho. Se presenta lo que viene.
2.1. Los actores fundamentaron sus pretensiones en
que la convocada y los señores Manuel Correa Ramírez, Juan
José Estrada Velilla, María Consuelo Gaitán Ospina, Jorge
Mario Cardona Muñoz y Eduardo Vélez Toro suscribieron un
contrato de promesa «que tuvo por objeto formalizar mediante
escritura pública la comunidad que de hecho existía y existe, sobre el
derecho de dominio y posesión del inmueble denominado finca Santa
Inés ubicada en el municipio de Copacabana Antioquia cuya matrícula
inmobiliaria es la N. 012-00000380».
1 Bien ubicado en el Municipio de Copacabana- Antioquia, con FMI 012-00000380,
Oficina de Registro Seccional de Girardota- (Antioquia).
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2.2. Según las estipulaciones contractuales, si bien en
el certificado de tradición y libertad figura como propietario
pleno del fundo la sociedad J.I. Urrea y Cía. S. en C. en
liquidación, el inmueble pertenece en realidad a los
demandantes en un 4.2 % para cada uno. En efecto, según
la cláusula tercera, simultáneamente con la firma del acto
referido el representante legal de J.I. Urrea y Cía. S en C.,
debió suscribir ante la Notaría Décima de Medellín escritura
pública mediante la cual transferiría a los demás comuneros
el derecho de cuota sobre la finca Santa Inés.
2.3. En ese orden de ideas, aseveraron que las partes
acordaron signar el 12 de junio de 1997 a las 9:00 am, ante
la referida notaría, la escritura pública de transferencia
proporcional del dominio a los demás comuneros. Empero,
«dicha suscripción se hizo imposible para los comuneros adquirentes, por
el incumplimiento del señor FERNANDO URREA ARBELÁEZ, quien para
ese entonces era el representante legal de la accionada». Más aún, «en
la cláusula séptima, se consagró un procedimiento especial para liquidar
las cuentas pendientes sobre mantenimiento y administración,
consistente en que FERNANDO URREA ARBELÁEZ presentaría a cada
comunero una relación de cuentas por gastos, con la cuenta separada
para cada comunero». Por el contrario, el estado financiero no ha
sido entregado a los comuneros demandantes. De tal modo,
indicó que «La causa para que la sociedad demandada se obligara a
suscribir la escritura por los porcentajes señalados, consiste en que
MARÍA CONSUELO y JUAN JOSÉ incurrieron en cuantiosos gastos de
adecuación del predio, como alcantarillado, explanación, vías,
acondicionamiento de redes de energía, entre otras, y como
contraprestación de tales adecuaciones la sociedad suscribió el
compromiso de traditar los porcentajes de posesión y dominio cuyo
cumplimiento se pretende».
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3. Posición de la pasiva. El convocado se opuso a todas
las pretensiones reclamadas en el escrito inicial, en síntesis,
aseveró que el acto jurídico es nulo «por imposibilidad física de su
objeto». Además, señaló que el acuerdo privado es inoponible
«quien otorgó el acuerdo privado para formalizar la comunidad de
propietarios de la finca Santa Inés, esto es el señor Fernando Urrea
Arbeláez, no es titular de los derechos e intereses jurídicos de la sociedad
demandada».
4. Sentencia de primera instancia. El Juzgado
Dieciocho Civil del Circuito de Medellín -con sentencia del 21
de agosto de 2020- desestimó las pretensiones de la
demanda.
5. Fallo de segundo grado. La Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín -en providencia del
14 de diciembre de 2020- confirmó la de primer grado en su
totalidad.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Se refirió al cumplimiento de los presupuestos
procesales, al reseñar los reparos concretos planteados
contra la sentencia de primer grado. De tal manera,
estableció el asunto a resolver: determinar si existe prueba
de la nulidad absoluta declarada en primera instancia. Al
respecto, expuso lo siguiente:
2. El contrato de promesa es transitorio, ya que se
extingue con la celebración del contrato prometido. La
solemnidad que reviste este tipo de acto se encuentra
establecida en el artículo 89 de la ley 153 de 1887, el cual
dispone: «1. Que la promesa conste por escrito. 2. Que el contrato a que
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la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces
por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código
Civil. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época
en que ha de celebrarse el contrato. 4. Que se determine de tal suerte
el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o
las formalidades legales Los términos de un contrato prometido, solo se
aplicarán a la materia sobre que se ha contratado». Adicionalmente,
aludió que las previsiones del artículo 1502 son aplicables a
las convenciones preparatorias «para que una persona se obligue
para con otra por un acto o declaración de voluntad, es decir debe haber
capacidad, consentimiento, objeto y causa licita».
3. Es así como el Tribunal se ocupó de dilucidar si la
declaratoria de nulidad de la promesa por ausencia de
determinación del contrato prometido se configuró. Sobre tal
aspecto, dijo «Para el caso que nos ocupa, el requisito que ha sido
extrañado es el que establece el numeral 4 del artículo 89 de la ley 153
de 1887 “4a.) Que se determine de tal suerte el contrato, que para
perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades
legales». Destacó la importancia de la determinación del acto
futuro, al respecto subrayo, «debe quedar claramente establecido
cuál es el negocio jurídico- título- que se va a celebrar en el futuro, al
punto que solo falte la tradición- modo- de la cosa».
3.1. A reglón seguido, consideró que el instrumento
«allegado con la demanda, suscrito entre las partes en el proceso con la
participación de otras personas, no encuentra el Tribunal que en su
contenido se establezca a qué título se haría la trasferencia del dominio
de las cuotas reclamadas para los actores». Además, advirtió la falta
de causa para la celebración del contrato definitivo. Sobre el
particular estimó que:
«ni la causa para ello, sólo se señala que el titular del dominio
inscrito, sobre el predio Santa Inés es la sociedad J.I. URREA Y
CIA S EN C mencionando los linderos (cláusula primera); que pese
a ello, el dominio y posesión pertenece a varias personas, entre
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ellos los demandantes, con participación en diferentes porcentajes
(cláusula segunda); que en forma simultánea a la firma de dicho
acuerdo se suscribiría escritura pública por parte del
representante legal de J.I. URREA Y CIA S EN C. en la Notaría 10
de Medellín con la cual trasfiera a los demás comuneros
mencionados el derecho proporcional indicado (cláusula tercera);
las demás cláusulas se refieren a la autorización al señor URREA
para vender o permutar el predio, que no inciden es este caso».
3.2. Igualmente reiteró que, «la determinación del negocio
jurídico que se promete suscribir con posterioridad es importante y
necesaria, porque como la norma lo señala, debe estar tan determinado
que solo falte la tradición o el cumplimiento de formalidades legales de
contrato prometido». Por lo cual, para saber cuáles son esas
formalidades, se debe tener certeza y claridad sobre el
negocio jurídico futuro.
4. Así las cosas, desestimó la inconformidad planteada
por el apelante al considerar que la nulidad sí se presentó (el
contrato futuro no se determinó). Véase que, «para el Tribunal
es claro que en el documento denominado acuerdo, no se estableció cuál
es el título que permitirá en forma legal trasferir el dominio». Conviene
subrayar que el planteamiento en torno al cual el acto que el
instrumento tipificó fue el cuasicontrato de «comunidad», fue
replicado en los siguientes términos: «sin que se pueda aceptar la
postura del recurrente, al señalar que al fijar en el acuerdo que el objeto
es “formalizar una comunidad”, dicha denominación es permitida por la
ley y es el título, a la luz del art. 745 CC, en el cual se hace una
enumeración no taxativa de los títulos traslaticio de dominio y por ello
las partes pueden acordar otros; pues formalizar no es ningún negocio
jurídico o contrato». Marcó que -formalizar- al tenor de la norma
significa «revestir algo de los requisitos legales o de procedimiento,
como una propuesta, un negocio, un contrato, es llevar el contrato a la
formalidad, para nuestro caso». De ahí que destacó, «al no
determinarse cuál es el negocio futuro que se elevará a escritura pública,
se desconoce cuáles son las formalidades o requisitos legales que debe
cumplir».
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Por otra parte, hizo hincapié en que la identificación del
contrato futuro no se concreta solamente a través de la
escritura pública, por cuanto se debe saber antes, «qué negocio
jurídico o contrato se formalizará con esa escritura, una venta, una
permuta, una donación, una dación en pago, una transacción».
Acentúo la dicotomía entre la demanda y el instrumento, al
respecto «en la demanda, (…) se dice que ese porcentaje del 4.2 % que
reclama cada uno de los demandantes corresponde al valor de los
trabajos por ellos realizados en dicho terreno, pero ello no quedó
reflejado en el acuerdo, solo se menciona en la demanda, cuyos hechos
no fueron aceptados por la parte pasiva».
Finalmente, estimó que «si bien el art. 745 CC hace una
mención de algunos de los negocios jurídicos que conlleva trasferir el
dominio, ello no implica que cualquier denominación que las partes
realicen al acuerdo, pueda tenerse como un contrato traslaticio de
dominio, típico o atípico, no, sino que los negocios que conlleven esa
trasferencia de dominio deben cumplir y establecer claramente los
requisitos y condiciones que le son propios a cada uno, y allí solo
menciona algunos de ellos». Bajo tales consideraciones, ratificó la
sentencia de primer grado.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El actor formuló tres embates. Uno por la causal 3° del
artículo 336 del Código General del Proceso -vicio de
actividad-, el cual será estudiado inicialmente. Los otros dos
ataques por vicios en el juzgamiento, en el marco de los
motivos 1° y 2° ibidem.
TERCER CARGO
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La censura se promueve bajo el amparo del numeral 3°
del canon 336 de la norma adjetiva. Se acusa a la sentencia
de haber incurrido en incongruencia, en criterio de los
censores, no hubo pronunciamiento respecto de las
pretensiones subsidiarias. Sobre el punto, «el fallador en
segunda instancia no realizó ni un solo renglón de motivación para
sustentar el porqué no se acogían las pretensiones subsidiarias, pues
consideró sin realizar un estudio de las mismas, que no era necesario al
decretar la nulidad del contrato».
Remarcaron que, las pretensiones subsidiarias se
formularon en la demanda y en la sentencia no hubo
manifestación alguna, por tanto, se configuró la
inconsonancia del fallo. Aludieron que «era necesario el
pronunciamiento por parte del Tribunal sobre las pretensiones
subsidiarias, sin importar para nada si el contrato era o no nulo». El
anterior planteamiento lo soportaron en que «lo existente en el
peor de los mundos fue un “vínculo jurídico cuyo incumplimiento acarea
la indemnización de perjuicios, con total independencia de si el
tratamiento jurídico que se le quiere dar sea responsabilidad
contractual o no, pues no importar (sic) si existe o no el contrato, pues
la relación jurídica puede llevar a los perjuicios invocados».
CONSIDERACIONES
1. El cargo no se abre paso.
1.1. En virtud del inciso primero del artículo 281 del
Código General del Proceso, la actividad de los jueces se
circunscribe -en su ámbito decisional- de conformidad con
los límites que las partes definen en la demanda y su
contestación, sin perjuicio de las declaraciones que procedan
de manera oficiosa. En atención a ello, adolece de
incongruencia la providencia que resuelva la controversia
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con apoyo en hechos distintos de aquellos que integran la
plataforma fáctica del asunto. Y cuando la providencia va
más allá, o se ubica fuera de las peticiones de la demanda,
pues se incurriría en su orden en decisión «ultrapetita» o
«extrapetita». Adicionalmente, se debe proveer sobre todas las
pretensiones y excepciones propuestas, so pena de incurrir
en «mínima petita o citra petita».2 En tal virtud, la actividad
jurisdiccional está acotada por las reglas de consonancia.
2. El embate ostenta defectos de forma que imponen la
desestimación del cargo. En efecto, el ataque es incompleto
respecto de la causal aducida, al haberse señalado en el
escrito que «era necesario el pronunciamiento por parte del Tribunal
sobre las pretensiones subsidiarias, sin importar para nada si el contrato
era o no nulo, pues lo existente en el peor de los mundos fue un “vínculo
jurídico” cuyo incumplimiento acarea la indemnización de perjuicios».
En consecuencia, no ilustró a la Corte sobre el contenido
preciso de las pretensiones subsidiarias que, en la demanda
inicial y su reforma3, fueron planteadas en los siguientes
términos: «subsidiarias, primera que se condene a la accionada, al
pago de los perjuicios materiales derivados del incumplimiento
contractual del acuerdo privado celebrado por las partes (…), en sus
manifestaciones de daño emergente y lucro cesante. Por concepto de
daño emergente, la suma de ($2.500.000.000) dos mil quinientos
millones de pesos (…) por concepto de lucro cesante, la suma de
2 Hernando Morales Molina. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Novena
Edición. (Editorial ABC, 1985), Bogotá. Pág. 480.
Huelga recordar que tales límites en la actividad del juez no se ciñen exclusivamente
a lo que ocurra en la primera instancia. Véase que el artículo 328 del ordenamiento
adjetivo prevé que «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley» (énfasis de la Sala), lo que
implica, por supuesto, que la autoridad judicial debe atenerse a lo que es objeto de
reparo en la pretensión impugnaticia, salvo los casos en que deba fallar de oficio por
previsión expresa de la ley.
Sobre este tema, la Sala razonó que «la incongruencia no se presenta solo cuando existe
una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino
que también se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la
sustentación del recurso (pretensión impugnaticia), que indudablemente corresponde a
una invocación del derecho sustancial controvertido» (CSJ. SC4415 de 2016, rad. 2012-
02126, citada en SC3918-2021 del 08 de sept.).
3 Pág. 48 a 49 «cuaderno principal pdf».
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ochocientos millones de pesos. Segunda, en el evento, que no se
aprueben los perjuicios referidos anteriormente, se condene a pagar a la
accionada, aquellos prejuicios que se aprueban en el curso del proceso».
De tal suerte que el cargo dejó de lado el planteamiento
integral de las pretensiones subsidiarias, máxime cuando se
hizo referencia a tipologías de daños.
En tal virtud, se tornaba indispensable el parangón de
manera completa entre lo pedido y lo resuelto, en tanto la
exigencia técnica supone la comparación -no solamente la
idea de lo rogado- entre lo efectivamente pretendido y lo
decidido. Al respecto la Sala ha puntualizado que «la
incongruencia de la sentencia por no estar conforme con los hechos y
pretensiones de la demanda constituye un vicio de procedimiento que en
principio surge de la mera comparación entre el libelo presentado por el
demandante y las resoluciones contenidas en el fallo impugnado4». En
consecuencia, la insuficiencia en el desarrollo de la censura
no permite la demostración de la inconsonancia.
2.1. Aunado a lo anterior, el ataque incurre en mixtura.
En efecto, la acusación trae una discrepancia en punto de las
motivaciones del fallo. Sobre el particular, «lo existente en el peor
de los mundos fue un “vínculo jurídico” cuyo incumplimiento acarea la
indemnización de perjuicios, con total independencia de si el
tratamiento jurídico que se le quiere dar sea responsabilidad
contractual o no, pues no importar si existe o no el contrato, pues la
relación jurídica puede llevar a los perjuicios invocados».
Bajo tal perspectiva, lo que plantean es una discusión
sobre la calificación jurídica de las acciones y su incidencia
en la fundamentación del fallo. Aspectos ajenos al cargo por
inconsonancia5 que, por el contrario, son propios a la senda
4 Cfr. CSJ. SC, del 4 de abril de 2001, ref. 6439.
5 Cfr. CSJ. SC, 3729 del 2000.
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de la causal primera, pues acotan vicisitudes relacionadas
con la pertinencia de las disposiciones, aplicación,
inaplicación, o de su hermenéutica. Se intensifica aún más
el defecto técnico, cuando en la exposición del reproche se
señala que: «Se configura entonces la causal tercera de casación por
cuanto la sentencia atacada no fue consonante con lo pedido y lo
efectivamente resuelto, pues se dejó de resolver lo pedido. En este punto
vale la pena traer a colación como la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia tiene una línea pacífica en cuanto a la aplicación del
principio de la Iura Novit Curia, y como este influye en la labor
interpretativa que el Juez debe realizar sobre la demanda6».
Argumentos que se alejan del error de actividad denunciado,
y que se sitúan en el de juzgamiento. En tal virtud, las
manifestaciones expuestas no guardan la claridad exigida
frente a la causal escogida.7
3. Así y todo, incluso si se pasara por alto los defectos
técnicos, el cargo tampoco estaría llamado a prosperar. La
incongruencia aducida no se configuró.
3.1. Dicho lo anterior, es necesario reseñar brevemente
lo decidido por el Juez Dieciocho Civil del Circuito de
Medellín al resolver la instancia8. Al desatar la apelación
6 Folio 7, demanda de casación, cuaderno de la Corte.
7 Artículo 334, numeral 2 del Código General del Proceso, «la formulación, por
separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los
fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa».
8 En su determinación, el despacho negó las pretensiones principales y las
subsidiarias de la demanda, comoquiera que, en síntesis, «si el contrato fuente de las
obligaciones es inválido, no se satisface uno de los presupuestos cardinales para la
prosperidad de las pretensiones, generándose de manera inmediata su
desmoronamiento. Téngase en cuenta que se solicitó de manera subsidiaria una
indemnización de perjuicios derivados del incumplimiento contractual de la promesa
pero si tenemos en cuenta que la promesa como fuente de obligaciones es inválida la
causa por consiguiente, o el soporte de la pretensión también deviene o genera su
decaimiento. Adicionalmente, se pretende que se condene por los perjuicios que resulten
demostrados al interior del proceso, frente a esta pretensión y de cara al presupuesto
demanda en forma, dentro de la estructura de la demanda no se delimitó los supuestos
fácticos que darían soporte a esta segunda pretensión subsidiaria (…), ya que no es
posible para el despacho entrar a realizar conjeturas por cuanto estaría sustituyendo
la parte en sus pretensiones. Min 01:05:43 a 01:07:04. (Folio 223, audiencia de
instrucción y Juzgamiento). el intercambio de comunicaciones entre demandante y
demandada no fueron más que actos preliminares o antecedentes o, lo que es lo mismo,
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propuesta únicamente por los demandantes, el Tribunal
resolvió «confirmar la sentencia proferida por el Juzgado dieciocho Civil
Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el 21 de agosto de 2020».
En tal virtud, el proveído del ad quem reafirmó íntegramente
las determinaciones adoptadas en el fallo de primer grado.
3.2. Así las cosas, es infructuoso el cuestionamiento de
la sentencia de segunda instancia al haber sido totalmente
desestimatoria de las pretensiones de la demanda9. Pese a lo
anterior, esta Corporación ha reconocido que
excepcionalmente el juzgador puede incurrir en
incongruencia en providencias totalmente desestimatorias,
cuando la decisión es ajena a lo debatido por las partes. Es
decir, cuando se desconoce la situación fáctica puesta de
presente en el litigio. Así mismo, «igual yerro comete el funcionario
judicial si tiene por probadas defensas no esgrimidas en tiempo y que
eran del resorte exclusivo de una de las partes, como la prescripción, la
nulidad relativa y la compensación»10 y cuando existe exceso o
deficiencia11 del funcionario judicial de segunda instancia al
decidir el recurso de apelación.
introductorios, consistentes en conversaciones, deliberaciones o discusiones referidas
al negocio en ciernes, carentes de eficacia jurídica pues nunca logró concretarse de
modo firme, inequívoco, preciso y completo el trato que se pretendía cerrar para
acomodarlo como contrato». Minuto 1:35 en adelante del audio «CP_1127111255793».
A continuación, el a quo dictaminó que tampoco era procedente acceder al segundo
grupo de pretensiones subsidiarias puesto que «si bien es cierto quedó demostrada la
existencia de unas negociaciones y tratativas contractuales, encaminadas a ejecutar el
desarrollo del Proyecto Puerto Brisa, lo cierto es que tal como se indicara en párrafos
anteriores, no fue más que un acto preliminar o introductorio, consistente en
conversaciones, deliberaciones o discusiones referidas al negocio a definir, carente de
eficacia jurídica pues nunca logró concretarse de modo firme, inequívoco, preciso y
completo el trato que se pretendía cerrar».
9 Esto habida cuenta que «(e)ste motivo de impugnación, en principio, es ajeno a los
fallos completamente adversos a quien provoca el conflicto, en la medida que brindan
una solución íntegra frente a lo requerido y sus alcances totalizadores no dejan campo
para la duda o la ambivalencia. En otras palabras, se niega lo que se pide y, por ende,
no puede decirse que exista una contradicción por el sólo hecho de que el reclamante
insista en un propósito y el funcionario no encuentre soporte al mismo» (CSJ SC de 18
dic. 2013, rad. 2000-01098-01).
10 CSJ. SC 3918 del 08 de septiembre de 2021.
11 Sobre la deficiencia de la sentencia como causal de incongruencia, ha sostenido
esta Sala que: «(…) la falta de consonancia (…) ‘ostenta naturaleza objetiva, al margen
de las consideraciones normativas, la valoración probatoria o eventuales yerros de
juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisión’.
A este propósito, tiene dicho la Sala que, ‘la transgresión de esa pauta de procedimiento
no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el
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4. En el caso particular, los censores denunciaron la
incursión en incongruencia debido al no pronunciamiento
del Tribunal respecto de las «pretensiones subsidiarias»12. En
concreto, el reproche se enfila respecto de la inconsonancia
negativa13 (dejar de resolver pretensiones).
4.1. El fallo fue desestimatorio de las pretensiones, así
que de haber una resolución respecto de la relación jurídica
material aducida, el efecto integral que entraña despachar
desfavorablemente las peticiones deja al margen el reproche
por inconsonancia. El hecho de decidir negativamente las
pretensiones del actor no lo habilita, en principio, para
plantear la censura por incongruencia extra petita, ultra
petita o minima petita.14 En otros términos, el proveído
error se estructura, únicamente, tratándose de la incongruencia objetiva, cuando se
peca por exceso o por defecto (ultra, extra o mínima petita)’ (…). Del mismo modo ‘…
nunca la disonancia podrá hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya
considerado la cuestión sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de
las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista
expuestos por alguna de estas…’ (…), ‘la carencia de armonía entre lo pedido y lo
decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en línea de
principio, en la parte resolutiva de la misma, ‘pues la causal no autoriza ni puede
autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador
como motivos determinantes de su fallo» CSJ SC, 10051 del 31 de julio de 2014, Rad.
n°1997-00455-01 se subraya).
12 Demanda, folio 48 del cuaderno principal. Pretensiones subsidiarias. Primera- «que
se condene a la accionada, al pago de los perjuicios materiales derivados del
incumplimiento contractual del acuerdo privado celebrado por las partes el día 12 de
junio de 1997, en la notaría 10 del círculo de Medellín. En sus manifestaciones de daño
emergente y lucro cesante, de la siguiente forma por concepto de daño emergente
$2.500’000.000 a cada uno de los demandantes, correspondiente al valor monetario
del 4.2 % del derecho de posesión y dominio que la demandada se ha negado a
traditar». Por concepto de lucro cesante $800’000.000 para cada uno de los
demandantes, que corresponde al valor de las rentas que hubiesen producido las
sumas de dinero del valor de cada derecho no traditado. Segunda. En el evento, que
no se prueben los perjuicios referidos anteriormente, se condene a pagar a la
accionada, aquellos perjuicios que se prueben en el curso del proceso».
13 La jurisprudencia ha dicho que «también es incongruente, y por ello impugnable en
casación, la sentencia que no declara las excepciones probadas, sobre las cuales tiene
que proveer el juez, aunque no hayan sido alegadas por el demandado. Siendo un
deber insoslayable del juzgador el reconocer las excepciones cuando se hallan
demostrados los hechos que las constituyen, si omite hacerlo, la sentencia cae en
incongruencia por citra petita, pues habrá dejado de decidir sobre uno de los extremos
de la litis, contraviniendo de este modo el categórico mandato contenido en el artículo
306 ibídem». CSJ, SC, 4257 de 2020, citando a: SC, 13 jul. 1987, G.J. n.° 2427, tomo
188, p. 64 y 65.
14 Cfr. CSJ. AC, 4701 de 2016. «la sentencia impugnada confirmatoria del fallo de
primer grado que negó las pretensiones de la demanda, no es susceptible de acusarse,
en principio, con apoyo en la causal bajo análisis, porque al desatender las
reclamaciones de la parte actora, resolvió en su integridad las súplicas y el asunto en
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
14
absolutorio tiene un cariz totalizante15 de cara al litigio: la
controversia planteada se dilucidó de fondo. Más aún cuando
la exigencia de la consonancia no impone que se deba
trasladar literalmente las pretensiones al fallo, sino que la
resolución del conflicto esté acotada de manera completa.
4.2. El Tribunal, al resolver la alzada subrayó «de
mantenerse la decisión, de declarar la nulidad absoluta del acuerdo por
la falta de dicho requisito, no será necesario abordar los reparos dos,
tres y cuatro que se relacionan con el cumplimiento del acuerdo y los
perjuicios». Bajo esa perspectiva, el fallador no perdió de vista
los aspectos relacionados con las indemnizaciones
solicitadas –carácter de las pretensiones subsidiarias-. Es
decir, de manera expresa anunció su negativa, -a su juicio-
en el evento de confirmar la nulidad absoluta, en razón a que
las pretensiones resarcitorias se fundamentaron en el
incumplimiento del acto y este se tornó ineficaz.
5. Corolario de lo discurrido, el ataque no prospera.
PRIMER CARGO
1. El embate se promueve bajo la égida de la causal
segunda de casación. Acusó la violación indirecta de los
artículos 1492, 1502, 1602, 1611, 1740, 1741, 1742 y 2469
del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho por
preterición del contenido del contrato de promesa. En
síntesis, y con el fin de desvirtuar las conclusiones del ad
debate y, por lo tanto, no se estructura la incongruencia como consecuencia de un fallo
extra petita, ultra petita o minima petita».
15 Cfr. CSJ. SC, del 4 de diciembre de 2009, ref. 200-00865. La
incongruencia objetiva, es decir, según el cargo, la referida a las “pretensiones de la
acción de grupo”, en cualquiera de sus modalidades de ultra, extra y mínima petita,
no puede configurarse en una sentencia totalmente absolutoria, porque como se
encuentra decantado, en ella se entienden resueltos, aunque negativamente, todos
los pedimentos del demandante.
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
15
quem, indicó que se valoró indebidamente el contrato de
promesa, pues el acto sí cumple con las solemnidades
legales. Sobre el punto dijo, «el mismo da cuenta exacta de la
existencia de un contrato de promesa con todos los requisitos, sin que
pueda ser nulo el contrato por el incumplimiento de alguna de las
circunstancias contempladas en el artículo 1611 del Código Civil».
1.1. Del mismo modo, el censor señaló que hubo
cercenamiento del acto jurídico. Efectivamente, a su juicio,
el contrato de promesa cumplió con el lleno de los requisitos
legales. Adujo que sí se determinó el acto futuro prometido.
Igualmente, indicó que las estipulaciones contractuales son
claras en determinar cuál era el negocio ulterior. En tal
virtud, arguyó «el título por el cual se haría dicha trasferencia se
encuentra en la cláusula octava y es la transacción, veamos: “OCTAVO:
Una vez protocolizada y registrada la respectiva escritura pública a que
se hace alusión en este documento las partes declaran conciliada
cualquier diferencia entre los mismos respecto de la participación
real sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 012-00000380 y se
comprometen a detener en los estrados Judiciales cualquier acción en
curso sobre este punto.” (Destacado original)». Ahondó, diciendo «si
el Tribunal no cercena el contenido del contrato y verifica lo que esta
cláusula contempla, descubre que sí se estableció cual es el título que
permitía en forma legal trasferir el dominio y es la transacción».
1.2. Así mismo, subrayó la trascendencia del error
denunciado «De no haber incurrido el Tribunal en el referido error al
cercenar en su valoración el contenido del “Acuerdo privado para
formalizar la comunidad de propietarios de la finca Santa Inés”, hubiera
encontrado que dicho contrato contiene todos los requisitos que exige el
artículo 1611 del Código Civil (subrogado por art. 89 de la ley 153 de
1987)». En consecuencia, «no adolecía de nulidad absoluta, pues se
determinó en su cláusula octava el negocio jurídico – título consistente en
la transacción y de dicho modo no se hubieran vulnerado las normas de
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
16
derecho sustancial invocadas, acogiendo o bien las peticiones
principales o subsidiarias».
CONSIDERACIONES
1. Los requisitos de formación del contrato de promesa
están señalados en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, a
saber: i) que conste por escrito; ii) que el contrato al cual la
promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran
ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el
artículo 1511 del Código Civil; iii) que contenga un plazo o
condición que fije la época en que ha de celebrarse el
contrato. Y, iv) que se determine de tal suerte el contrato, que
para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las
formalidades legales. De modo que, si dichos elementos no
están contenidos en la referida convención, esta no producirá
ninguna obligación.
2. En punto del cuarto presupuesto se impone a los
contratantes la necesidad de fijar el contenido esencial del
contrato que va a celebrarse: definir su objeto16 y los
elementos característicos del acto.17 De tal suerte que, la
especificación del contrato futuro se muestre inequívoca. A
partir de ello, quedan establecidos los elementos esenciales
del negocio prometido y se sabe cuáles son las exigencias que
16 Cfr. CSJ. SC, del 14 de enero de 2015 «la Sala de Casación Civil ha venido reiterando
que en lo tocante a la determinación del contrato prometido -requisito exigido en el
numeral 4° del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, que subrogó el 1611 del Código Civil-
juega crucial papel que sus elementos esenciales –lo que excluye los naturales y
accidentales- estén fijados en el precontrato, porque a fin de cuentas lo que se busca
es que la promesa no resulte fuente de disputas por no saberse a ciencia cierta qué es
lo que las partes se obligaron a hacer, o lo que es lo mismo, sobre qué versa el contrato
prometido».
17 Cfr. CSJ. SC, del 30 de octubre de 2001, exp. 6849) «todos los requisitos legales de
la promesa deben concurrir en el mismo acto constitutivo de la misma para que ésta
sea válida, sin que quepa cumplirlos posteriormente por la vía de acudir a
averiguaciones adicionales, las cuales, justamente por no haber quedado perfecta y
expresamente previstas dentro del contrato preparatorio, impiden concluir que el
contrato prometido fue determinado de tal suerte que sólo faltaría para perfeccionarlo
la formalidad de la escritura pública».
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17
deben observarse para que determinado acto surta efecto. De
allí que, con los elementos vertidos en el instrumento, el juez
proceda a la calificación del acto.18 Sobre las partes
contratantes recae la diligencia en la redacción de los
instrumentos negociales. En tal virtud, del contenido de la
promesa -elementos esenciales, naturales, accidentales-, se
debe advertir sin ambages cuál es el acto postrero por
celebrarse19, bien sea un acto típico o atípico.20
2.1. En el caso en concreto, el Tribunal extrañó la falta
de contundencia de la promesa para determinar el negocio
futuro. Esto es, a partir del estudio de las estipulaciones, se
señaló que «no encuentra el Tribunal que en su contenido se establezca
a qué título se haría la trasferencia del dominio de las cuotas reclamadas
para los actores, ni la causa para ello». Lo que lo llevó a refrendar
la anulación de la convención, como consecuencia del
18 Cfr. CSJ. G.J. LXXIX. Sentencia de 24 de marzo de 1955 «la interpretación de los
negocios jurídicos constituye una cuestión de derecho cuando las partes, hallándose
conformes sobre el sentido de los documentos y demás pruebas aportadas en lo
concerniente al hecho de las estipulaciones materia del debate, disienten sobre la
calificación legal de la convención y sus efectos jurídicos. Trátase entonces de una
cuestión esencialmente jurídica, a saber: la aplicación de la ley a las estipulaciones
contractuales cuya demostración aparece en el juicio». Sobre el punto, también
CSJ.SC, 19 de diciembre de 2011 «en lo referente a la calificación del contrato, es
tradicional considerarla fuera de las posibilidades operativas de las declaraciones de las
partes. La calificación del contrato, siendo como es la inserción de lo querido por los
contratantes dentro de los tipos o esquemas negociales predispuestos por el
ordenamiento, supone un juicio de adecuación del negocio concreto a categorías
establecidas a priori por las normas, y ello, obviamente, sólo cabe hacerlo desde la óptica
de las normas».
19 Cfr. CSJ. SC, del 14 de julio de 1998, reiterada en Sentencia de 16 de diciembre de
2013. «El objeto de la promesa –según lo tiene establecido la jurisprudencia- es la
conclusión del contrato posterior. De ahí́ que “siendo el contrato de promesa un
instrumento o contrato preparatorio de un negocio jurídico diferente, tiene un carácter
transitorio o temporal, característica esta que hace indispensable, igualmente, la
determinación o especificación en forma completa e inequívoca del contrato prometido,
individualizándolo en todas sus partes por los elementos que lo integran”.» (Sentencia
de 14 de julio de 1998. Exp. 4724, reiterada en Sentencia de 16 de diciembre de 2013.
Exp. 1997- 04959-01)».
20 Cfr. CSJ. G.J. LXXIX. Sentencia de 24 de marzo de 1955. «La interpretación de un
contrato por el tribunal de instancia, es motivo de casación, con base en el inciso 1° del
odr.1° del artículo 520 de C.J., cuando el sentenciador ha violado las normas
sustantivas en la calificación jurídica de la convención o en la determinación de sus
efectos; o, o con base en el inc. 2° del ord 1° del citado art., cuando la interpretación ha
sido consecuencia de un evidente y flagrante error de hecho o de un error de derecho,
en la apreciación de las pruebas concernientes al negocio jurídico»
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
18
incumplimiento del ordinal cuarto del artículo 89 de la Ley
153 de 1887 -que subrogó el 1611 del Código Civil-.
A su turno, ahondó en la indeterminación con respecto
al contrato futuro. En el punto, resaltó que «Al detenernos en la
lectura del documento allegado con la demanda denominado “ACUERDO
PRIVADO PARA FORMALIZAR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
LA FINCA SANTA INES”, suscrito entre las partes, (…) no encuentra el
Tribunal que en su contenido se establezca a qué título se haría la
trasferencia del dominio de las cuotas reclamadas para los actores, ni la
causa para ello». A reglón seguido, singularizó que «sólo se señala
que el titular del dominio inscrito, sobre el predio Santa Inés es la
sociedad J.I. URREA Y CIA S EN C mencionando los linderos (cláusula
primera); que pese a ello, el dominio y posesión pertenece a varias
personas, entre ellos los demandantes, con participación en diferentes
porcentajes (cláusula segunda); que en forma simultánea a la firma de
dicho acuerdo se suscribiría escritura pública por parte del representante
legal de J.I. URREA Y CIA S EN C. en la Notaría 10 de Medellín con la
cual trasfiera a los demás comuneros mencionados el derecho
proporcional indicado (cláusula tercera); las demás cláusulas se refieren
a la autorización al señor URREA para vender o permutar el predio, que
no inciden es este caso». De tal manera que, el ad quem al
estudiar e interpretar el documento contractual, percibió que
no se había establecido claramente el contrato futuro. Por el
contrario, mostró cómo el instrumento se revela vacilante en
la determinación del acto prometido.21
2.2. De tal modo, se advierte que el ad quem no incurrió
en ningún error de hecho en la estimación de la promesa de
compraventa. Y es que en la convención demandada no se
21 Postura que se halla en consonancia con la doctrina esbozada por esta Sala recordó
que tal convenio debe contener «un plazo o condición que fije la época en que ha de
celebrarse el contrato y que se determine de tal suerte el contrato prometido, que para
perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. (…) porque
siendo el contrato de promesa un instrumento o contrato preparatorio de un negocio
jurídico diferente, tiene un carácter transitorio o temporal, característica esta que hace
indispensable, igualmente, la determinación o especificación en forma completa e
inequívoca del contrato prometido, individualizándolo en todas sus partes por los
elementos que lo integran.» CSJ. SC, del 14 de julio de 1998, exp. 4724.
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
19
señaló a partir de los elementos del acto, el contrato futuro.
Véase que el Tribunal adujo que «ello no implica que cualquier
denominación que las partes realicen al acuerdo, pueda tenerse como un
contrato traslaticio de dominio, típico o atípico, no, sino que los negocios
que conlleven esa trasferencia de dominio deben cumplir y establecer
claramente los requisitos y condiciones que le son propios a cada uno, y
allí solo menciona algunos de ellos». Aserto que se robustece al
estimar el objeto del negocio «formalizar mediante escritura pública
la comunidad que de hecho existe sobre el derecho de dominio en la finca
Santa Inés y crear los mecanismos para posteriormente vender el
inmueble y liquidar la comunidad». Tal como lo observó el juez de
segundo grado, existe confusión entre la escritura pública y
el acto jurídico contenido en ella. En efecto, el propósito fue
protocolizar una escritura sin individualizar, a partir de los
electos del acto, el acto jurídico que se pretendía solemnizar,
lo que entraña el incumplimiento del ordinal cuarto del
artículo 89 de la Ley 153 de 1887 -al no determinarse el
contrato futuro-.
En tal virtud, la postura asumida por el Tribunal no
resulta alejada del entendimiento que se ha otorgado a las
normas que regulan el contrato preparatorio. Y es que, en
efecto, obsérvese como el ad quem no exigió
indefectiblemente que la promesa contuviera la enunciación,
o nomenclatura de un tipo de contrato. Por el contrario, iteró
que las partes pueden acordar su propia modalidad
contractual, solamente que se debe determinar claramente
en el instrumento «dicha denominación es permitida por la ley y es
el título, a la luz del art. 745 CC, en el cual se hace una enumeración no
taxativa de los títulos traslaticios de dominio y por ello las partes pueden
acordar otros; pues formalizar no es ningún negocio jurídico o contrato».
De allí que, no se haya formado el contrato de promesa.
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20
2.3. Al acudir al documento contractual, observó la
indeterminación con respecto al contrato futuro. En el punto,
señaló lo que viene. «Al detenernos en la lectura del documento
allegado con la demanda denominado “ACUERDO PRIVADO PARA
FORMALIZAR LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FINCA SANTA
INES”, suscrito entre las partes en el proceso con la participación de otras
personas, no encuentra el Tribunal que en su contenido se establezca a
qué título se haría la trasferencia del dominio de las cuotas reclamadas
para los actores, ni la causa para ello, sólo se señala que el titular del
dominio inscrito, sobre el predio Santa Inés es la sociedad J.I. URREA Y
CIA S EN C mencionando los linderos». A su turno, al interpretar las
estipulaciones estimó: «(cláusula primera); que pese a ello, el dominio
y posesión pertenece a varias personas, entre ellos los demandantes,
con participación en diferentes porcentajes (cláusula segunda); que en
forma simultánea a la firma de dicho acuerdo se suscribiría escritura
pública por parte del representante legal de J.I. URREA Y CIA S EN C. en
la Notaría 10 de Medellín con la cual trasfiera a los demás comuneros
mencionados el derecho proporcional indicado (cláusula tercera); las
demás cláusulas se refieren a la autorización al señor URREA para
vender o permutar el predio, que no inciden es este caso». En efecto, el
Tribunal se ocupó de dilucidar el contrato de promesa. Véase
que su estudio descansó en cada una de las estipulaciones
contractuales. En ese orden de ideas, con respecto a la
cláusula octava no hubo un cercenamiento, ya que el tenor
de esta consiste en que: “una vez protocolizada y registrada la
respectiva escritura pública a que se hace alusión en este documento las
partes declaran conciliada cualquier diferencia entre los mismos
respecto de la participación real sobre el inmueble.”22
Efectivamente, la referida cláusula no dice lo que el
recurrente plantea: no señala con claridad los elementos del
contrato futuro. Se limita a indicar que se conciliarán las
diferencias una vez el acto esté registrado -sin mencionar la
caracterización del acto-. De allí que, el error denunciado no
se haya demostrado. Así mismo, lo que se advierte es una
22 Folio 8. “cuaderno principal pdf”.
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21
disputa23 de los censores sobre la hermenéutica del contrato
por parte del juez colegiado. Confrontación que se acentúa si
se tiene en cuenta que, en segunda instancia, los recurrentes
adujeron que el contrato futuro era de «formalización de
comunidad.»24 Y, en sede de casación, registraron
novedosamente25 que el acto a celebrarse es «una transacción»,
sin que la cláusula octava contenga esa expresión. Frente a
este último tópico, vale la pena memorar que «[l]a interpretación
de un contrato (…) no es posible desestimarla por la Corte, sino al través
de la alegación demostrada de un evidente error de hecho, que ponga de
manifiesto incuestionablemente una arbitraria interpretación judicial de
la voluntad de los contratantes (…)»26. Yerro que, como se ha
razonado, no se revela notorio. En tal virtud, no se demostró
el error denunciado.
3.- En definitiva, el cargo fracasa.
SEGUNDO CARGO
Los censores aducen que el fallador de segunda
instancia violó directamente el artículo 1746 del Código Civil.
23 Cuando una cláusula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera
posibles, la adopción de cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error
evidente, puesto que donde hay duda no puede haber error manifiesto en la
interpretación (Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y es apenas obvio que el
yerro de facto, cuya característica fundamental es el de que sea evidente, o como lo
observa la doctrina de esta Corporación, que salte de bulto o brille al ojo, sólo se
presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone. Por
manera que la demostración del cargo ha de conducir al convencimiento de la
contraevidencia, inconcebible cuando el resultado que se censura es producto de
sopesar distintas posibilidades, que termina con la escogencia de la más probable,
“sin que ninguna de ellas esté plenamente contradicha por las otras pruebas del
proceso”. CSJ. SC, 1304 de 2022, citando a: CSJ. SC del 30 de noviembre de 1962,
XCVIII, 21; 4 mayo de 1968, aún no publicada; 20 de mayo de 1970, CXXXIV, 146 y
147)” (CSJ SC del 6 de agosto de 1985).
24 Folios 228 a 234. “Ampliación apelación”.
25 Al respecto, esta Corporación ha sostenido que «(…) admitir argumentos nuevos en
casación, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales
se discutan las materias fácticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final
para izar tópicos con los que se pretende una resolución favorable» (Negritas
deliberadas, CSJ SC1732-2019, citada en SC2779-2020 y AC810-2022).
26 CSJ. SC, del 25 de junio de 1951. En dirección análoga: CSJ SSC del 11 de agosto
de 1953, 7 de noviembre de 1953, 27 de abril de 1955, 28 de febrero de 1958, 21 de
nov. de 1969, 28 de agosto de 1978, 6 de sept. de 1983 y 6 de agosto de 1985.
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
22
El ataque es conforme con la declaratoria de nulidad, sin
embargo, el reproche va enfilado a cuestionar la
interpretación atinente a las restituciones mutuas. Al
respecto, el recurrente apuntó: «La interpretación del artículo 1746
del código civil efectuada por el Tribunal es errónea, toda vez que dicha
norma sustancial no contempla como supuesto, que para que procedan
las restituciones mutuas, sea necesario que dentro del texto del acto o
contrato declarado nulo se haya establecido que hubiese habido entrega
de alguna cosa o dinero por parte de alguno de los contratantes».
CONSIDERACIONES
1. El contrato de promesa está regulado en el artículo
89 de la Ley 153 de 188727. La referida disposición normativa
establece las condiciones para que el convenio preparatorio
surta efectos. A su turno, el canon 1741 ejusdem señala que
la omisión de alguna formalidad prescita por el ordenamiento
para la validez28 del acto jurídico entraña nulidad
absoluta.29Sobre la temática esta sala ha indicado:
«Los requisitos de validez del contrato de promesa están señalados
en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887 -modificatorio del 1611 CC,
a saber: (…), iv) que se determine de tal suerte el contrato, que
para perfeccionarlo sólo falte la tradición de la cosa o las
formalidades legales. De tal suerte que, si dichos elementos no
están contenidos en la referida convención, esta no producirá
ninguna obligación30».
27 El cual subrogó el artículo 1611 del Código Civil.
28 Al respecto, esta Sala ha sostenido que «[e]n esas condiciones, para que el contrato
de promesa de compraventa tenga validez jurídica debe satisfacer plenamente las
exigencias legales, respecto de las cuales la que tiene que ver con el cargo que se
analiza hace relación al ordinal 4° del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, la cual sólo
se cumple satisfactoriamente, tratándose de compraventa de bienes inmuebles o de
derechos que recaen sobre estos, una vez se haya efectuado en ella la determinación
de los sujetos y de los elementos esenciales del aludido contrato, esto es, la cosa
vendida y el precio; por consiguiente, todos los requisitos legales de la promesa deben
concurrir en el mismo acto constitutivo de la misma para que esta sea válida, sin que
quepa cumplirlos posteriormente por la vía de acudir a averiguaciones adicionales, las
cuales, justamente por no haber quedado perfecta y expresamente previstas dentro del
contrato preparatorio, impiden concluir que el contrato prometido fue determinado de
tal suerte que sólo faltaría para perfeccionarlo la formalidad de la escritura pública»
(SC del 30 de octubre de 2001, exp. 6849).
29 CSJ. SC, del 29 de mayo 1983 VIII, folio. 300.
30 CSJ. SC, 313 del 5 de octubre de 2023.
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
23
1.1. Bajo ese entendido, una de las formas de destruir
el contrato es la declaratoria de nulidad. En efecto, dicha
institución se erige en una sanción al desatender los dictados
normativos que informan el acto jurídico, a su turno, entraña
la desaparición retroactiva de la convención. Sobre el punto,
la Sala subrayó:
«(…) los efectos retroactivos de la nulidad, sin distinguir su clase,
al afectar el pasado, por cuanto las cosas deben volver al estado
anterior a la celebración del contrato, como si éste no hubiese
existido. Son estos los efectos ex tunc de la sentencia declarativa
de la nulidad, que permiten suponer como lo ha dicho la
Corporación que ‘el acto o contrato no tuvo existencia legal, y
entonces, por imperativo de lógica, hay que restaurar las cosas al
estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiese
celebrado’ (G.J. CXXXII, pág. 250)».
2.2. De ahí que, la privación de los efectos jurídicos y el
alcance retroactivo son elementos característicos de la
nulidad. En principio, la desaparición del contrato supone
restablecer a las partes a la situación anterior a la
convención, de ese modo, la obligación de restituir esta
precedida de un estudio factual: saber si hubo
desplazamientos patrimoniales. De tal suerte que, la
integridad económica de los contratantes se verá reintegrada
en la medida en que se hayan ejecutado prestaciones en
virtud del acuerdo de voluntades. En ese orden de ideas, el
derecho a ser restituido supone que se hayan hecho
erogaciones de cualquier tipo. En otros términos, que exista
una modificación patrimonial en virtud del contrato.
2.3. El artículo 1746 del Código Civil otorga a las partes
el derecho para ser restablecidas económicamente. La norma
ha señalado, en efecto, que se: «da a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el
acto o contrato nulo». En consecuencia, para conocer cuál era el
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
24
estado anterior a la convención es menester indagar si el
contrato produjo efectos económicos para las partes. De ahí
que, la ineficacia del instrumento contractual deba tener
calado en el ámbito de los patrimonios.
2.4. En el caso objeto de estudio, el ad quem negó las
restituciones, ya que, en su juicio, no hubo ejecución
prestacional. «Pese a la declaratoria de nulidad absoluta, no hay lugar
a determinar restituciones mutuas, como lo reclama el recurrente, toda
vez que allí́ no se estableció́ tampoco, que hubiese habido entrega de
alguna cosa o dinero por parte de alguno de los contratantes, no se
establecieron contraprestaciones». De tal suerte que el Tribunal
advirtió la ausencia de desplazamientos económicos. Luego,
el restablecimiento es una consecuencia de la ejecución de
las prestaciones. Sobre la temática, se ha señalado: «las
prestaciones recíprocas a que da lugar la declaración judicial de nulidad
de un acuerdo de voluntades, reglamentadas por el artículo 1746 del
Código Civil, dentro de las cuales están, ‘además de la devolución de las
cosas dadas con ocasión del contrato invalidado…, sus intereses y
frutos, el valor de los gastos y mejoras que se hubieren realizado en
ellas».31En consecuencia, la orden de restablecimiento debe
recaer en un objeto prestacional efectivamente materializado
por la convención. Si no existe un comportamiento de
prestación, caen al vacío las restituciones mutuas. En tal
sentido, esta corporación ha referido lo siguiente:
«La nulidad del contrato de promesa de compraventa, ciertamente
impide cumplir la prestación de celebrar el contrato prometido,
porque esa declaración apareja su aniquilación y la disolución de
sus efectos finales. Pero si los contratantes anticiparon
obligaciones del contrato a que se refería la promesa, verbi gratia,
el pago del precio o la entrega del bien, las cosas, por regla general,
deben volver al “mismo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto o contrato nulo”, según se declara en el artículo
1746 del Código Civil».32
31 CSJ. SC, 020 del 24 de febrero de 2003, exp. 6610.
32 CSJ. SC, del 13 de agosto de 2003, rad. 7010.
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
25
De modo que establecer si se concretaron obligaciones
es determinante para la procedencia de las restituciones. De
allí que la interpretación que el Tribunal otorgó al canon
1746 ibidem no luce equivocada.
3. En definitiva, el cargo no se abre paso.
En aplicación del inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso, se impondrá condena en costas en
contra de la parte recurrente. Las agencias en derecho se
tasarán por el magistrado ponente y se tomará en cuenta la
réplica de los opositores.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida 14 de
diciembre del 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el proceso de la referencia.
SEGUNDO. Condenar en costas a los recurrentes.
Inclúyase en la liquidación de las costas, la suma de
$10.000.000 por concepto de agencias en derecho, que fija el
Magistrado Ponente.
Radicación n.° 05001-31-03-015-2012-00246-01
26
TERCERO. DEVOLVER la actuación surtida al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(con aclaración de voto)
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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