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clave: "corte_suprema:providencia:SC490-2024 [2012-00246-01]"
titulo: "Corte Suprema: la insuficiencia en el desarrollo de la censura no permite la demostración de la inconsonancia"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-09"
radicado: "2012-00246-01"
numero: "SC490-2024"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: la insuficiencia en el desarrollo de la censura no permite la demostración de la inconsonancia

- **Título oficial / radicado:** SC490-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-09
- **Radicado:** 2012-00246-01
- **Número:** SC490-2024
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC490-2024%20%5B2012-00246-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC490-2024%20%5B2012-00246-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzQuLSBBYnJpbC9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDkwLTIwMjQgWzIwMTItMDAyNDYtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

Por concepto de lucro cesante $800’000.000 para cada uno de los demandantes, que corresponde al valor de las rentas que hubiesen producido las sumas de dinero del valor de cada derecho no traditado.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 153 de 1887
- Ley 153 de 1987

## Extracto

Así las cosas, es infructuoso el cuestionamiento de la sentencia de segunda instancia al haber sido totalmente desestimatoria de las pretensiones de la demanda9. En ese orden de ideas, con respecto a la cláusula octava no hubo un cercenamiento, ya que el tenor de esta consiste en que: “una vez protocolizada y registrada la respectiva escritura pública a que se hace alusión en este documento las partes declaran conciliada cualquier diferencia entre los mismos respecto de la participación real sobre el inmueble.”22 Efectivamente, la referida cláusula no dice lo que el recurrente plantea: no señala con claridad los elementos del contrato futuro. Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya característica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de esta Corporación, que salte de bulto o brille al ojo, sólo se presenta cuando la única estimación acertada sea la sustitutiva que se propone.

## Cita textual

> para que una persona se obligue para con otra por un acto o declaración de voluntad, es decir debe haber capacidad, consentimiento, objeto y causa licita

## Texto del documento

1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC490-2024
Radicación n° 05001-31-03-015-2012-00246-01
(Aprobado en sesión de quince de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por
María Consuelo Gaitán Ospina y Juan José Estrada Velilla
frente a la sentencia de 14 de diciembre del 2020 proferida
por Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín. El proveído se dictó dentro del proceso de
responsabilidad civil contractual, promovido por los
recurrentes en contra de J.I. Urrea y Cía. S en C. en
liquidación.
I. ANTECEDENTES
1. La pretensión. Los demandantes formularon como
pretensiones principales las siguientes. Primera, que se
declare que la sociedad «J.I. Urrea en Cía. en Liquidación está
obligada a transferir el porcentaje de «posesión y dominio en un %4.2, a
favor de JUAN JOSÉ ESTRADA VELILLA (…) y en un %4.2, a favor de
MARÍA CONSUELO GAITÁN OSPINA» del inmueble identificado con
F.M.I. 012-00000380. Segunda, «como consecuencia se condene a
la accionada a trasferir el porcentaje de posesión y dominio en un 4.2 %
a favor de Juan José Estrada Velilla, y un 4.2 % a favor de María
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Consuelo Gaitán Ospina, del bien inmueble denominado Finca Santa
Inés.»1 A su turno, rogaron que se condene a la demandada al
pago de las costas y gastos del proceso. Y, como pretensiones
subsidiarias, que se condene a la accionada al pago de los
perjuicios materiales. Sustentaron su reclamo en el
incumplimiento contractual del «acuerdo privado» celebrado el
12 de junio de 1997 en la Notaría Décima del Círculo de
Medellín. Solicitaron como tipo de perjuicios los siguientes:
«por concepto de daño emergente $2.500’000.000 a cada uno de los
demandantes, correspondiente al valor monetario del 4.2 % del derecho
de posesión y dominio que la demandada se ha negado a traditar». Y,
por concepto de lucro cesante $800’000.000 para cada uno
de los demandantes, que corresponde «al valor de las rentas que
hubiesen producido las sumas de dinero del valor de cada derecho no
traditado». A su turno, señalaron que «en el evento que no se
prueben los perjuicios referidos, se condene a pagar a la accionada, los
perjuicios que se prueben en el curso del proceso». Finalmente,
instaron a la condena en costas.
2. Fundamentos de hecho. Se presenta lo que viene.
2.1. Los actores fundamentaron sus pretensiones en
que la convocada y los señores Manuel Correa Ramírez, Juan
José Estrada Velilla, María Consuelo Gaitán Ospina, Jorge
Mario Cardona Muñoz y Eduardo Vélez Toro suscribieron un
contrato de promesa «que tuvo por objeto formalizar mediante
escritura pública la comunidad que de hecho existía y existe, sobre el
derecho de dominio y posesión del inmueble denominado finca Santa
Inés ubicada en el municipio de Copacabana Antioquia cuya matrícula
inmobiliaria es la N. 012-00000380».
1 Bien ubicado en el Municipio de Copacabana- Antioquia, con FMI 012-00000380,
Oficina de Registro Seccional de Girardota- (Antioquia).
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2.2. Según las estipulaciones contractuales, si bien en
el certificado de tradición y libertad figura como propietario
pleno del fundo la sociedad J.I. Urrea y Cía. S. en C. en
liquidación, el inmueble pertenece en realidad a los
demandantes en un 4.2 % para cada uno. En efecto, según
la cláusula tercera, simultáneamente con la firma del acto
referido el representante legal de J.I. Urrea y Cía. S en C.,
debió suscribir ante la Notaría Décima de Medellín escritura
pública mediante la cual transferiría a los demás comuneros
el derecho de cuota sobre la finca Santa Inés.
2.3. En ese orden de ideas, aseveraron que las partes
acordaron signar el 12 de junio de 1997 a las 9:00 am, ante
la referida notaría, la escritura pública de transferencia
proporcional del dominio a los demás comuneros. Empero,
«dicha suscripción se hizo imposible para los comuneros adquirentes, por
el incumplimiento del señor FERNANDO URREA ARBELÁEZ, quien para
ese entonces era el representante legal de la accionada». Más aún, «en
la cláusula séptima, se consagró un procedimiento especial para liquidar
las cuentas pendientes sobre mantenimiento y administración,
consistente en que FERNANDO URREA ARBELÁEZ presentaría a cada
comunero una relación de cuentas por gastos, con la cuenta separada
para cada comunero». Por el contrario, el estado financiero no ha
sido entregado a los comuneros demandantes. De tal modo,
indicó que «La causa para que la sociedad demandada se obligara a
suscribir la escritura por los porcentajes señalados, consiste en que
MARÍA CONSUELO y JUAN JOSÉ incurrieron en cuantiosos gastos de
adecuación del predio, como alcantarillado, explanación, vías,
acondicionamiento de redes de energía, entre otras, y como
contraprestación de tales adecuaciones la sociedad suscribió el
compromiso de traditar los porcentajes de posesión y dominio cuyo
cumplimiento se pretende».
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3. Posición de la pasiva. El convocado se opuso a todas
las pretensiones reclamadas en el escrito inicial, en síntesis,
aseveró que el acto jurídico es nulo «por imposibilidad física de su
objeto». Además, señaló que el acuerdo privado es inoponible
«quien otorgó el acuerdo privado para formalizar la comunidad de
propietarios de la finca Santa Inés, esto es el señor Fernando Urrea
Arbeláez, no es titular de los derechos e intereses jurídicos de la sociedad
demandada».
4. Sentencia de primera instancia. El Juzgado
Dieciocho Civil del Circuito de Medellín -con sentencia del 21
de agosto de 2020- desestimó las pretensiones de la
demanda.
5. Fallo de segundo grado. La Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín -en providencia del
14 de diciembre de 2020- confirmó la de primer grado en su
totalidad.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Se refirió al cumplimiento de los presupuestos
procesales, al reseñar los reparos concretos planteados
contra la sentencia de primer grado. De tal manera,
estableció el asunto a resolver: determinar si existe prueba
de la nulidad absoluta declarada en primera instancia. Al
respecto, expuso lo siguiente:
2. El contrato de promesa es transitorio, ya que se
extingue con la celebración del contrato prometido. La
solemnidad que reviste este tipo de acto se encuentra
establecida en el artículo 89 de la ley 153 de 1887, el cual
dispone: «1. Que la promesa conste por escrito. 2. Que el contrato a que
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la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces
por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código
Civil. 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época
en que ha de celebrarse el contrato. 4. Que se determine de tal suerte
el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o
las formalidades legales Los términos de un contrato prometido, solo se
aplicarán a la materia sobre que se ha contratado». Adicionalmente,
aludió que las previsiones del artículo 1502 son aplicables a
las convenciones preparatorias «para que una persona se obligue
para con otra por un acto o declaración de voluntad, es decir debe haber
capacidad, consentimiento, objeto y causa licita».
3. Es así como el Tribunal se ocupó de dilucidar si la
declaratoria de nulidad de la promesa por ausencia de
determinación del contrato prometido se configuró. Sobre tal
aspecto, dijo «Para el caso que nos ocupa, el requisito que ha sido
extrañado es el que establece el numeral 4 del artículo 89 de la ley 153
de 1887 “4a.) Que se determine de tal suerte el contrato, que para
perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades
legales». Destacó la importancia de la determinación del acto
futuro, al respecto subrayo, «debe quedar claramente establecido
cuál es el negocio jurídico- título- que se va a celebrar en el futuro, al
punto que solo falte la tradición- modo- de la cosa».
3.1. A reglón seguido, consideró que el instrumento
«allegado con la demanda, suscrito entre las partes en el proceso con la
participación de otras personas, no encuentra el Tribunal que en su
contenido se establezca a qué título se haría la trasferencia del dominio
de las cuotas reclamadas para los actores». Además, advirtió la falta
de causa para la celebración del contrato definitivo. Sobre el
particular estimó que:
«ni la causa para ello, sólo se señala que el titular del dominio
inscrito, sobre el predio Santa Inés es la sociedad J.I. URREA Y
CIA S EN C mencionando los linderos (cláusula primera); que pese
a ello, el dominio y posesión pertenece a varias personas, entre
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ellos los demandantes, con participación en diferentes porcentajes
(cláusula segunda); que en forma simultánea a la firma de dicho
acuerdo se suscribiría escritura pública por parte del
representante legal de J.I. URREA Y CIA S EN C. en la Notaría 10
de Medellín con la cual trasfiera a los demás comuneros
mencionados el derecho proporcional indicado (cláusula tercera);
las demás cláusulas se refieren a la autorización al señor URREA
para vender o permutar el predio, que no inciden es este caso».
3.2. Igualmente reiteró que, «la determinación del negocio
jurídico que se promete suscribir con posterioridad es importante y
necesaria, porque como la norma lo señala, debe estar tan determinado
que solo falte la tradición o el cumplimiento de formalidades legales de
contrato prometido». Por lo cual, para saber cuáles son esas
formalidades, se debe tener certeza y claridad sobre el
negocio jurídico futuro.
4. Así las cosas, desestimó la inconformidad planteada
por el apelante al considerar que la nulidad sí se presentó (el
contrato futuro no se determinó). Véase que, «para el Tribunal
es claro que en el documento denominado acuerdo, no se estableció cuál
es el título que permitirá en forma legal trasferir el dominio». Conviene
subrayar que el planteamiento en torno al cual el acto que el
instrumento tipificó fue el cuasicontrato de «comunidad», fue
replicado en los siguientes términos: «sin que se pueda aceptar la
postura del recurrente, al señalar que al fijar en el acuerdo que el objeto
es “formalizar una comunidad”, dicha denominación es permitida por la
ley y es el título, a la luz del art. 745 CC, en el cual se hace una
enumeración no taxativa de los títulos traslaticio de dominio y por ello
las partes pueden acordar otros; pues formalizar no es ningún negocio
jurídico o contrato». Marcó que -formalizar- al tenor de la norma
significa «revestir algo de los requisitos legales o de procedimiento,
como una propuesta, un negocio, un contrato, es llevar el contrato a la
formalidad, para nuestro caso». De ahí que destacó, «al no
determinarse cuál es el negocio futuro que se elevará a escritura pública,
se desconoce cuáles son las formalidades o requisitos legales que debe
cumplir».
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Por otra parte, hizo hincapié en que la identificación del
contrato futuro no se concreta solamente a través de la
escritura pública, por cuanto se debe saber antes, «qué negocio
jurídico o contrato se formalizará con esa escritura, una venta, una
permuta, una donación, una dación en pago, una transacción».
Acentúo la dicotomía entre la demanda y el instrumento, al
respecto «en la demanda, (…) se dice que ese porcentaje del 4.2 % que
reclama cada uno de los demandantes corresponde al valor de los
trabajos por ellos realizados en dicho terreno, pero ello no quedó
reflejado en el acuerdo, solo se menciona en la demanda, cuyos hechos
no fueron aceptados por la parte pasiva».
Finalmente, estimó que «si bien el art. 745 CC hace una
mención de algunos de los negocios jurídicos que conlleva trasferir el
dominio, ello no implica que cualquier denominación que las partes
realicen al acuerdo, pueda tenerse como un contrato traslaticio de
dominio, típico o atípico, no, sino que los negocios que conlleven esa
trasferencia de dominio deben cumplir y establecer claramente los
requisitos y condiciones que le son propios a cada uno, y allí solo
menciona algunos de ellos». Bajo tales consideraciones, ratificó la
sentencia de primer grado.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El actor formuló tres embates. Uno por la causal 3° del
artículo 336 del Código General del Proceso -vicio de
actividad-, el cual será estudiado inicialmente. Los otros dos
ataques por vicios en el juzgamiento, en el marco de los
motivos 1° y 2° ibidem.
TERCER CARGO
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La censura se promueve bajo el amparo del numeral 3°
del canon 336 de la norma adjetiva. Se acusa a la sentencia
de haber incurrido en incongruencia, en criterio de los
censores, no hubo pronunciamiento respecto de las
pretensiones subsidiarias. Sobre el punto, «el fallador en
segunda instancia no realizó ni un solo renglón de motivación para
sustentar el porqué no se acogían las prete

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

el aludido contrato, esto es, la cosa
vendida y el precio; por consiguiente, todos los requisitos legales de la promesa deben
concurrir en el mismo acto constitutivo de la misma para que esta sea válida, sin que
quepa cumplirlos posteriormente por la vía de acudir a averiguaciones adicionales, las
cuales, justamente por no haber quedado perfecta y expresamente previstas dentro del
contrato preparatorio, impiden concluir que el contrato prometido fue determinado de
tal suerte que sólo faltaría para perfeccionarlo la formalidad de la escritura pública»
(SC del 30 de octubre de 2001, exp. 6849).
29 CSJ. SC, del 29 de mayo 1983 VIII, folio. 300.
30 CSJ. SC, 313 del 5 de octubre de 2023.
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1.1. Bajo ese entendido, una de las formas de destruir
el contrato es la declaratoria de nulidad. En efecto, dicha
institución se erige en una sanción al desatender los dictados
normativos que informan el acto jurídico, a su turno, entraña
la desaparición retroactiva de la convención. Sobre el punto,
la Sala subrayó:
«(…) los efectos retroactivos de la nulidad, sin distinguir su clase,
al afectar el pasado, por cuanto las cosas deben volver al estado
anterior a la celebración del contrato, como si éste no hubiese
existido. Son estos los efectos ex tunc de la sentencia declarativa
de la nulidad, que permiten suponer como lo ha dicho la
Corporación que ‘el acto o contrato no tuvo existencia legal, y
entonces, por imperativo de lógica, hay que restaurar las cosas al
estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiese
celebrado’ (G.J. CXXXII, pág. 250)».
2.2. De ahí que, la privación de los efectos jurídicos y el
alcance retroactivo son elementos característicos de la
nulidad. En principio, la desaparición del contrato supone
restablecer a las partes a la situación anterior a la
convención, de ese modo, la obligación de restituir esta
precedida de un estudio factual: saber si hubo
desplazamientos patrimoniales. De tal suerte que, la
integridad económica de los contratantes se verá reintegrada
en la medida en que se hayan ejecutado prestaciones en
virtud del acuerdo de voluntades. En ese orden de ideas, el
derecho a ser restituido supone que se hayan hecho
erogaciones de cualquier tipo. En otros términos, que exista
una modificación patrimonial en virtud del contrato.
2.3. El artículo 1746 del Código Civil otorga a las partes
el derecho para ser restablecidas económicamente. La norma
ha señalado, en efecto, que se: «da a las partes derecho para ser
restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el
acto o contrato nulo». En consecuencia, para conocer cuál era el
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estado anterior a la convención es menester indagar si el
contrato produjo efectos económicos para las partes. De ahí
que, la ineficacia del instrumento contractual deba tener
calado en el ámbito de los patrimonios.
2.4. En el caso objeto de estudio, el ad quem negó las
restituciones, ya que, en su juicio, no hubo ejecución
prestacional. «Pese a la declaratoria de nulidad absoluta, no hay lugar
a determinar restituciones mutuas, como lo reclama el recurrente, toda
vez que allí́ no se estableció́ tampoco, que hubiese habido entrega de
alguna cosa o dinero por parte de alguno de los contratantes, no se
establecieron contraprestaciones». De tal suerte que el Tribunal
advirtió la ausencia de desplazamientos económicos. Luego,
el restablecimiento es una consecuencia de la ejecución de
las prestaciones. Sobre la temática, se ha señalado: «las
prestaciones recíprocas a que da lugar la declaración judicial de nulidad
de un acuerdo de voluntades, reglamentadas por el artículo 1746 del
Código Civil, dentro de las cuales están, ‘además de la devolución de las
cosas dadas con ocasión del contrato invalidado…, sus intereses y
frutos, el valor de los gastos y mejoras que se hubieren realizado en
ellas».31En consecuencia, la orden de restablecimiento debe
recaer en un objeto prestacional efectivamente materializado
por la convención. Si no existe un comportamiento de
prestación, caen al vacío las restituciones mutuas. En tal
sentido, esta corporación ha referido lo siguiente:
«La nulidad del contrato de promesa de compraventa, ciertamente
impide cumplir la prestación de celebrar el contrato prometido,
porque esa declaración apareja su aniquilación y la disolución de
sus efectos finales. Pero si los contratantes anticiparon
obligaciones del contrato a que se refería la promesa, verbi gratia,
el pago del precio o la entrega del bien, las cosas, por regla general,
deben volver al “mismo estado en que se hallarían si no hubiese
existido el acto o contrato nulo”, según se declara en el artículo
1746 del Código Civil».32
31 CSJ. SC, 020 del 24 de febrero de 2003, exp. 6610.
32 CSJ. SC, del 13 de agosto de 2003, rad. 7010.
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De modo que establecer si se concretaron obligaciones
es determinante para la procedencia de las restituciones. De
allí que la interpretación que el Tribunal otorgó al canon
1746 ibidem no luce equivocada.
3. En definitiva, el cargo no se abre paso.
En aplicación del inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso, se impondrá condena en costas en
contra de la parte recurrente. Las agencias en derecho se
tasarán por el magistrado ponente y se tomará en cuenta la
réplica de los opositores.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia proferida 14 de
diciembre del 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el proceso de la referencia.
SEGUNDO. Condenar en costas a los recurrentes.
Inclúyase en la liquidación de las costas, la suma de
$10.000.000 por concepto de agencias en derecho, que fija el
Magistrado Ponente.
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TERCERO. DEVOLVER la actuación surtida al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(con aclaración de voto)
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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