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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC481-2024
Radicación n° 11001-31-03-024-2014-00055-01
(Aprobada en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro
(2024)
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
el demandante frente a la sentencia de 21 de julio de 2021,
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, en el proceso de declaración de
pertenencia que adelantó América Tenis Club contra Andrés
Pardo Montoya; Juan Manuel, Alejandro, María Paulina y
Rafael Gutiérrez Pardo, en calidad de herederos
determinados de Helena Pardo Montoya; Isabel Cristina y
Pablo Linares Gutiérrez, como herederos determinados de
Carolina Gutiérrez Pardo; así como frente a los herederos
indeterminados de ambas causantes.
I.- EL LITIGIO
1.- El Club solicitó declarar que adquirió por
prescripción adquisitiva extraordinaria el dominio de un bien
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urbano en Bogotá, identificado con folio de matrícula 50C-
1256438, por haberlo poseído desde el 26 de abril de 1999.
En subsidio solicitó que se tomara el señorío a partir del 25
de junio de 1975.
Basó sus aspiraciones en que el 9 de junio de 1975
celebró promesa de compraventa con Andrés y Helena Pardo
Montoya, sobre un «globo de terreno con un área de siete mil
seiscientos cuarenta y nueve metros cuadrados con nueve
centímetros (7.649.09) que hace parte de otro de mayor
extensión aquí mismo ubicado y señalado en la nomenclatura
urbana con el número dos-cincuenta y cinco Este (2-55 Este)
de la calle cincuenta y una», el cual se encontraba vinculado
al proceso de sucesión de Eduardo Pardo Rubio y fue recibido
«materialmente sin restricción alguna» en esa data, como se
hizo constar en la cláusula quinta del contrato.
En la cláusula séptima del acuerdo se autorizó al
promitente comprador hacer obras materiales «pudiendo
retener el lote, si la compraventa no se realiza, hasta tanto
hubiere obtenido cumplida indemnización», por lo que
«procedió a ejecutar y levantar las respectivas mejoras (…)
desde el mismo momento que se le entregó el inmueble», como
se acreditó en otros trámites judiciales.
Al concluir el liquidatorio se desenglobó «el predio que
fue materia de la promesa de contrato al que, además se le dio
el nombre de “Lote América”», como consta en la escritura 785
de 26 de diciembre de 1991 de la Notaría 41 de Bogotá,
registrada en la matrícula 50C-1256438. Luego de múltiples
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intentos se fijó el 30 de enero de 1991 para el otorgamiento
del instrumento público «para solemnizar la promesa de
contrato» en la Notaría Sexta, pero los promitentes
vendedores no asistieron, por lo que adelantó ejecutivo para
obtener su cumplimiento, que concluyó con sentencia de
segundo grado adversa a sus intereses de 14 de abril de
1999, que se ejecutorió el 25 siguiente.
Desde que recibió el predio empezó a ejercer actos de
señor y dueño e incluso entregó «un área del citado predio al
Instituto de Desarrollo Urbano para la construcción de la
Avenida Circunvalar», lo que continuó luego del fallo adverso
en el compulsivo, de lo que obra constancia tanto en la
ejecución que adelantó frente a Andrés y Helena Pardo
Montoya, con radicación 1992-02112, como en el ordinario
de resolución de contrato que ante el mismo estrado
promovieron estos en su contra, con radicación 2001-11016.
Helena Pardo Montoya y su hija Carolina Gutiérrez
Pardo fallecieron, sin que se tenga noticia de procesos
notariales o judiciales de sucesión, razón por la cual la acción
cobija a sus herederos ciertos e indeterminados1.
2.- Andrés Pardo Montoya presentó escrito
admitiendo algunos hechos y negando otros, pero se opuso2.
Alejandro, Juan Manuel y María Paulina Gutiérrez
Pardo excepcionaron «ejercicio del derecho de dominio por
1 Fls 123 a 131 cno principal tomo I primera instancia.
2 Fls 755 a 772 cno principal tomo III primera instancia.
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parte de los demandados a lo largo del lapso durante el cual
se transfirió la tenencia y reconocimiento del mismo por parte
de América Tenis Club»3.
Los curadores ad litem designados a las personas
indeterminadas y los herederos inciertos de Helena Pardo
Montoya y su hija Carolina Gutiérrez Pardo4, por un lado, y
Rafael Gutiérrez Pardo, Isabel Cristina y Pablo Linares
Gutiérrez5, del otro, se limitaron a estarse a lo demostrado.
3.- El Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de
Bogotá, en fallo de 21 de agosto de 2020, accedió a la
usucapión ya que, si bien el promotor recibió el inmueble a
título de tenencia cuando se celebró contrato de promesa
sobre el mismo, a partir de la determinación adversa de 1999
en el «proceso de ejecución 1992-2112» cambió esa condición
«por actos que exteriorizaban un señorío sobre el predio, es
decir, (…) se rebeló -en el buen sentido de la palabra- a cumplir
con lo pactado y optó por empezar a obrar como señor y dueño
del predio», de ahí que «acreditó el ejercicio público, pacifico e
ininterrumpido de la posesión sobre el referido lote, por un
espacio que superó los 10 años contados desde la entrada en
vigencia de la Ley 791 de 2002»6.
4.- Andrés Pardo Montoya; Juan Manuel, Alejandro y
Rafael Gutiérrez Pardo; e Isabel Cristina y Pablo Linares
3 Fls 776 a 783 id.
4 Fls. 189 y 190 id 1.
5 Fls. 873 a 875 id 2.
6 Pdf 23 cno. principal primera instancia.
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Gutiérrez, apelaron ya que existen medios de prueba de que
con posterioridad a 1999 América Tenis Club siguió
reconociendo que no es dueño del inmueble porque sigue en
discusión la relación contractual en virtud de la cual lo
recibió7.
5.- El superior lo revocó y negó las pretensiones8.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El primer aspecto a determinar, dentro de los límites de
la alzada, es que el gestor «se acogió al nuevo término de
prescripción de los 10 años prevenido en la ley 791 de 2002,
tal como lo dejó en claro en el hecho 2.6.1.4 de la demanda»,
por lo que solo a partir del 28 de diciembre de 2002 podía
computarse la posesión esgrimida y al pretenderse adquirir
por prescripción extraordinaria «América Tenis Club debía
acreditar con suficiencia que ejerció la calidad de poseedor,
por un término igual o superior a diez (10) años a la fecha de
presentación de la demanda (03/02/2014) y que lo hizo con
total desconocimiento de dominio ajeno».
No está en discusión que América Tenis Club recibió el
bien en virtud de la promesa de compraventa que acordó con
Andrés Pardo Montoya y Helena Pardo de Gutiérrez el 9 de
junio de 1975, sin que en el contrato se dejara constancia
expresa de que comprendía la posesión ya que «la entrega
7 Pdf 25 id.
8 Pdf 12 cuaderno Tribunal.
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material del predio para esa data comportó únicamente la
aprehensión física, pues siguiendo la pauta jurisprudencial
ante la ausencia de convenio patente al respecto, ha de
concluirse que tan sólo se entregó la mera tenencia».
Incluso se siguió reconociendo a los promitentes
vendedores como propietarios, «pues ellos eran los destinados
a materializar el contrato ulterior a través del cual sí podría
consolidarse como un auténtico propietario», tan es así que el
accionante con posterioridad «concertó las repetidas
prórrogas y fechas señaladas para el perfeccionamiento de la
venta prometida, a través de una serie de otrosíes que se
anexaron al documento primitivo», lo que impide acoger que
en 1975 inició el señorío .
Tampoco podría computarse el lapso durante el cual
cursó el proceso ejecutivo por obligación de hacer entre los
concertantes, que culminó con sentencia de 14 de abril de
1999 donde se consideró que América Tenis Club «no probó
haberse allanado a cumplir con las obligaciones derivadas del
contrato de promesa de compraventa», en atención «a que en
todo momento reconociendo el dominio ajeno, estuvo
esperando a que se diera cumplimiento al contrato de promesa
cuyos efectos ulteriores concluirían con la transferencia del
derecho de dominio».
Si bien el a quo estima que desde esa data «la calidad
de tenedor de América Tenis Club mutó a la de poseedor», su
análisis fue «desatinado y superficial (…) sin clarificar cuándo
o en qué época después de tal providencia ocurrió, y sin
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identificar de qué actos o comportamientos de la demandante
América Tenis Club se colige el abandono de su condición de
tenedor para transformarse en poseedor del predio».
Como se precisó que en este caso el plazo decenal para
prescribir sólo cuenta desde el 28 de diciembre de 2002,
«cualquier reconocimiento de dominio ajeno con posterioridad
a ese momento derruiría la pretendida interversión», de ahí
que cobra relevancia que ante el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Bogotá buscaran Helena y Andrés Pardo frente a
América Tenis Club «la resolución del contrato de promesa de
compraventa génesis de la detentación del predio por parte de
ésta» y su Presidente remitiera el 14 de abril de 2004 a los
convocantes misiva «a través de la cual manifestó su intención
de reunirse con ellos para buscar un arreglo por la vía
conciliatoria (…) actitud que dista sustancialmente de un
poseedor que, como ya se dijo, debió mostrar una posición de
total rebeldía frente a los propietarios del bien» y, a pesar de
que en la contestación de 27 de noviembre de 2002 dijo que
«con la entrega material se le entregó también la posesión», lo
que era desacertado según quedó expuesto, reclamó el
reconocimiento de mejoras con una «connotación
diametralmente opuesta al concepto de la posesión».
Aunque se justifica tal proceder como un legítimo
ejercicio del derecho de defensa «es absolutamente claro que,
en cualquier escenario y no solo en el proceso de pertenencia,
quien se reputa como señor y dueño de un bien debe enrostrar
su calidad y proponer sus mecanismos defensivos dentro del
marco de la posesión», al ser ilógico que por un lado «se aluda
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a un señorío de antaño cuando en otro expediente se
manifestó que ab initio las obras se desarrollaron con base en
una autorización previa del propietario inscrito, es decir, que
la tenencia se extendió en el tiempo y, debido a ésta, tiene el
derecho a que se retribuyan las mejoras plantadas».
Incluso del interrogatorio absuelto por el representante
legal del Club el 25 de octubre de 2004, se extrae que la
promesa «para esa anualidad se encontraba insoluta de
cumplirse, sin que en ningún momento se descartara la
posibilidad de materializar la compraventa con posterioridad»,
mientras que los declarantes José Ignacio Osuna y Luís
Fajardo Villarraga señalan que las obras estaban autorizadas
en la promesa y la promitente compradora aún está
dispuesta a suscribir la escritura de venta.
Las actas de la Junta Directiva de la demandante
números 8 y 10 de 2014, así como la 2 de 2015, acreditan
que «por lo menos hasta el año 2015, América Tenis Club
sostuvo varias reuniones con los señores Pardo, para procurar
negociar entre ambos y buscar una salida concertada al litigio
de la pertenencia», sin que sea de recibo que fueron
extrajudiciales y no incidieron «en la naturaleza de la
posesión alegada, pues se recuerda que el punto toral de este
asunto se contrae a establecer en qué momento ocurrió la
interversión del título de tenedor a poseedor, lo cual sólo es
factible cuando quien se arroga la calidad de señor y dueño
desconoce a otro esa calidad, en todo escenario».
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No tiene sentido aducir que «América Tenis Club se
rebeló contra las personas que estarían llamadas a oponerse
a su posesión, cuando resulta que concomitantemente a los
litigios trabados entre las partes, estaba intentando negociar
con ellas para acordar un precio por las sumas que quedaron
faltando con ocasión de la promesa» y ni siquiera se
demostraron «actos posesorios exclusivos y excluyentes
desarrollados después del año 2002», ni cómo la tenencia
establecida al momento en que fracasó el ejecutivo
transmutó a posesión. Tampoco fueron detallados «los actos
o comportamientos de rebeldía contra quien hasta entonces
consideró dueño, para arrogarse su condición de amo y señor,
menos aún cuándo ocurrió, dato imprescindible pues
constituye el hito para verificar si se completó la década
invocada».
Aunque los declarantes señalaron «al unísono que la
parte demandante ha ejercido inveteradamente la posesión»,
su dicho corresponde a observaciones personales «con
desconocimiento de las actuaciones desplegadas
directamente por los representantes legales y por la junta
directiva, quienes fueron los que demostraron que han
reconocido dominio ajeno», por lo que pierden relevancia ya
que «en este caso se esclareció que nunca se transmutó la
condición de tenedor a poseedor de la entidad actora».
En consecuencia, frente a la «inmutabilidad de la
calidad de tenedor de América Tenis Club», la «ausencia de un
hecho concreto de rebeldía en contra de sus contendientes que
hubiera demostrado el acaecimiento de la interversión del
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título y menos aún la calenda en que ello ocurrió, por el
reconocimiento constante de un mejor derecho en cabeza de
otro» debían negarse las pretensiones.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN
América Tenis Club recurrió en casación y plantea un
solo ataque por la causal segunda del artículo 336 del Código
General del Proceso.
ÚNICO CARGO
Denuncia la violación indirecta de los artículos 673,
762, 777, 2512, 2518, 2522 y 2531 del Código Civil, 1 de la
Ley 50 de 1936, 6 de la ley 791 de 2002 y 375 del Código
General del Proceso, como consecuencia de «evidentes y
trascendentes errores de hecho en la valoración de varios
elementos de prueba», puntualizando que «la casación hará
relación únicamente con la pretensión principal, la cual, se
recuerda, reclama la prescripción adquisitiva por posesión
desde el 26 de abril de 1999», por lo que el tema gravitante
es la «interversión del título».
Si bien es cierto «la llegada del Club al predio fue
convenida en la promesa de contrato celebrada entre las
partes» su ánimo cambió con el fracaso del ejecutivo al llevar
a cabo «hechos y actos sin tomar el consentimiento de los
otrora promitentes vendedores», que como algunos venían
practicándose con anterioridad «creó confusión en el tribunal
y no tuvo la suficiente claridad para ver que ahora, aunque
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similares, su ocurrencia tenía otro tinte», pues el que «unos
mismos hechos se repitan antes y después de un determinado
hito, a nadie autoriza para afirmar que su realización
corresponde a un inamovible estado de cosas y que su
uniformidad no pueda romperse», máxime si se tiene en
cuenta que la destinación del inmueble para la recreación y
el juego de tenis es fija, por lo que «la auscultación posesoria
en el caso ha de buscarse, no tanto en qué hechos nuevos
ocurrieron, sino en establecer si los mismo hechos que venían
ocurriendo fueron realizados, a partir de allí, ya con distinto
espíritu de ánimo, dado el cambio en las disposiciones
mentales del Club».
Fue así como se incurrió en error de hecho «al pasar por
alto que tras el proceso ejecutivo sí operó un cambio
fundamental», ya que como «el contrato ni se ejecutaba ni se
deshacía (la resolución intentada por los Pardo falló también)»,
por eso el Club al «obrar con el nuevo ánimo de señorío que lo
acompañaba, declinó la indemnización que para tal supuesto
le ofrecía la cláusula séptima de la promesa» y tampoco
«restituyó el inmueble, y optó por continuar en poder de él». El
Colegiado vio la cláusula, pero «no balanceó bien lo que
significaba el hecho de que el Club, en vez de ceñirse a ella, la
dejó de lado, cometiendo también error de hecho».
Esa «metamorfosis en el ánimo del Club, y la explotación
del predio (…) se desprende desde una perspectiva lógica y
razonada», con respaldo en los testimonios recaudados a
Santiago Murcia García, Gabriel Sánchez, Javier Santacruz
Ch., Hernán Fabio López Blanco y Juan Manuel Garrido, a
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los que no se les concedió «mérito corroborante», a pesar de
ser coincidentes en que «el predio en cuestión ha sido y viene
usándose para la práctica del deporte del tenis y otras
actividades, unas recreativas (juegos infantiles) y otras de
mantenimiento (arborización, caminos, senderos etc.,)», sin
requerir la anuencia de los Pardo, por lo que se equivocó el
Tribunal al «no fijarse en sus declaraciones, incidiendo en un
nuevo error de hecho, al pasar por alto sus versiones».
En similares términos se manifestaron José Ignacio
Sanz, Rafael Matallana Fajardo, Roberto Rivera Castañeda,
Luis Augusto Fajardo Villarraga y José Antonio Rincón
Velasco, en declaraciones que obran en el «proceso ordinario
radicado bajo el número 2001-11016, tramitado en Juzgado
7° Civil del Circuito de Bogotá» y que se anexaron con el libelo.
También tiene relevancia «el trámite del requerimiento
por parte del Distrito atinente a la liquidación de impuestos
(Folio 80, C. 1, Tomo I, Digitalizado), efectuado en el año 2003,
para cuyos efectos el Distrito se entendió directamente fue con
el Club. Y fue el Club el que tomó cartas en el asunto,
explicando allí que el bien en cuestión lo posee, y encaró la
situación contestándolo», gestión que logró su revocatoria.
El Tribunal se equivocó «al no entender los hechos en su
significado natural y obvio, error que al paso lo empujó a
descalificar de "desatinado y superficial" al juzgador de
primera instancia por haberlo pensado así», cuando el que
«caminó de la mano de la dialéctica fue el a quo» y no aquel,
puesto que el abandono de la condición de tenedor se produjo
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«tras la conclusión del proceso ejecutivo, puntualmente luego
de la ejecutoria de la providencia que determinó la
improcedencia de continuar la ejecución, vale decir, el 14 de
abril de 1999» y los actos determinantes consisten en que «el
Club siguió explotándolo, optó por obrar como señor y dueño;
siguió en adecuaciones, mejoras, mantenimiento».
Atinadamente el juzgador de segundo grado advirtió que
se invocaba la Ley 791 de 2002 y «cualquier reconocimiento
de dominio ajeno con posterioridad al 21 de diciembre de 2002
(fecha de vigencia) acabaría con la pretendida interversión»,
pero se equivocó al advertirlo en la «carta de 14 de abril de
2004 en la que manifiesta la intención de reunirse para buscar
un arreglo» con la contraparte en proceso de resolución de
contrato que cursaba en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de Bogotá, así como las actas 8 y 10 de 2014 y 2 de 2015 de
la Junta Directiva del Club, donde se planteaban fórmulas
de arreglo, como si «buscar acuerdos conciliatorios [diera] al
traste con la posesión, por el reconocimiento del derecho ajeno
que entraña».
Esa deducción es inadmisible por constituir un castigo
al «apaciguamiento de la contienda judicial», cuando al
propiciar la ley los acuerdos y exigir «para ciertos trámites el
que tengan que pasar ellas previamente por un tamiz
conciliador, con bastante cordura descarta que las propuestas
que allí haga el fallador den lugar a prejuzgamientos», como
si se reconociera el derecho o la razón del adversario, cuando
lo que se busca es explorar «caminos consensuados para
terminar las controversias», lo que «debe llamar al aplauso
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general» y «[r]eprimirlo por el reconcomio de imponer
recalcitrantes posturas de rango comparativamente pueriles,
merece, antes bien, completa desaprobación» y así se indicó
en CSJ SC «de 26 de mayo de 2006, exp. 1987-07992-01».
Por demás «el reconocimiento de derecho que desgajó el
tribunal del contenido de las Actas que menciona, en estrictez
no es tal» ya que se refieren a asuntos internos del Club y no
de cara a los titulares del dominio «vale decir, para que su
significado jurídico sea incuestionable y cobre algún sentido»,
puesto que si «un poseedor manifiesta ante cualquiera que el
bien no es suyo, puede obedecer a diversos motivos, porque,
por ejemplo, le conviene disimularlo o encubrirlo; en cambio, el
reconocimiento que hiciere ante el propietario mismo, es
actitud ya más caracterizada y no admite duda que es una
abdicación de sus eventuales derechos posesorios». En
resumen, el «reconocimiento ante otros, es incoloro, pues los
terceros, o peor aún, ante sí mismo, como es el caso del Club
en las mentadas Actas, carece de relevancia jurídica» (sic), tan
es así que el artículo 774 del Código Civil condena la posesión
cuando «se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para
oponerse a ella», pero «cuando se oculta a otros, el vicio no se
estructura».
Igualmente se inadvirtió que «la propuesta conciliatoria
devino de los Pardo», como figura en esos documentos y así
se insinuó en el fallo confutado.
En cuanto a la posición asumida en el «proceso ordinario
de resolución contractual» donde el Club formuló «derecho de
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retención por mejoras», al estimar que eso se contrapone a lo
que se espera de un poseedor porque «la "rebeldía" del
poseedor ha de ser total y "en todo escenario », no se preguntó
el Tribunal «si el actor en pertenencia es demandado en otro
juicio por los propietarios del bien -como acá sucedió- ¿está
impedido para ejercer plenamente su derecho de defensa,
pues eventualmente podría estar reconociendo el dominio en
el otro?» y al ser «convocado a juicio de resolución contractual
de la mismísima promesa por cuyo medio llegó al predio, su
derecho de defensa no puede ser desmerecido,
amenazándosele de que no lo haga o apenas lo haga a
medias, si no quiere perder la pertenencia», con lo que se le
estaría exigiendo «que se cruzara de brazos en ese proceso
ordinario, y fuera fácil presa de su adversario, quien
aprovecharía como en feria de la incomparable ocasión», lo
que en últimas conllevó a que se careciera de «racionalidad
para medir el peso del comentado hecho defensivo, y en
evidente error de hecho transfiguró su verdadero significado».
Igual de desacertado es el alcance que se le da a las
repuestas del representante del Club en el interrogatorio de
25 de octubre de 2004, allegado como anexo de la demanda
y practicado «en el proceso ordinario radicado bajo el número
2001-11016, tramitado en Juzgado 7º Civil del Circuito de
Bogotá», bajo el entendido de que «pese a intentar desligar el
asunto de la promesa y la aducida posesión, termina el Club
aceptando la relación íntima entre esas dos cosas, declarando
que aún no se ha cumplido, y "sin que en ningún momento se
descartara la posibilidad de materializar la compraventa con
posterioridad"», ya que tales referencias eran meras
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simplezas o, de no serlo, jamás tendrían la importancia que
se les dio, ya que por todos es admitido que «el origen de todo
el pleito está precisamente en la promesa de contrato que un
día celebraran las partes» y nada conseguiría con negarlo,
pues «no está al alcance de nadie hacer que lo que fue deje de
serlo», incluso «el pleito de pertenencia arrancó sobre la base
de la existencia de la promesa, y la parte actora antes que
negarla la trajo consigo», de ahí que expresar que «la promesa
aún no se ha cumplido, tampoco entraña nada» cuando «la
razón de ser de la pertenencia estriba en el reiterado
aplazamiento pedido por los Pardo» y la «no realización de la
promesa, es otra verdad ontológica, y justamente fue lo que
dio lugar a que, después de muchos años, el Club se
convirtiera en poseedor», fuera de que «concebir que, contra
todo lo esperado, la promesa tuviera un día realización, es
apenas una hipótesis que, amén de conllevar la tan anhelada
avenencia, apareja igualmente una esperanza pacificadora
que pusiera por fin término a la prolija contienda».
CONSIDERACIONES
1.- Limitaciones de la impugnación extraordinaria.
Los alcances de este excepcional medio de contradicción
son parciales, toda vez que el opugnador admite como
acertadas varias afirmaciones del Tribunal y deducciones
factuales y probatorias, que por ende son inalterables y no
ameritan profundización.
Es así como se aviene a que optó por la prescripción
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adquisitiva extraordinaria y el lapso de diez años para tal
efecto establecido en la Ley 791 de 2002, con la precisión de
que el señorío por dicho lapso debía computarse a partir de
su entrada en vigencia el 28 de diciembre de 2002, así mismo
que cualquier acto de reconocimiento de dominio ajeno sobre
el inmueble con posterioridad a esa data implicaba que no
detentaba la calidad de poseedor y así fue enfático en señalar
que «[c]onsciente el tribunal de que la legislación invocada por
la actora es la ley 791 de 2002, subrayó que cualquier
reconocimiento de dominio ajeno con posterioridad al 21 de
diciembre de 2002 (fecha de vigencia) acabaría con la
pretendida interversión» y sin que lo cuestionara, como era
debido por la senda encaminada.
Tampoco presenta reparos a que en el lapso
transcurrido entre junio de 1975 y el 14 de abril de 1999
estuvo en poder del bien en disputa a título de tenedor, en
virtud de la estipulación contenida en la cláusula quinta del
contrato de promesa de compraventa celebrado con Andrés y
Helena Pardo Montoya el 9 de junio de 1975.
Igualmente expresa que el «tema gravitante, de cara a
dicha pretensión9, es el de la interversión del título», eso sí,
concordando con que no se produjo un cambio ostensible en
el comportamiento del Club respecto de la utilización que le
daba al lote y las construcciones autorizadas expresamente
por los promitentes vendedores, ya que su discurso se enfoca
en que ante el fracaso de la vía jurídica para lograr la firma
9 En lo que toca a la prescripción adquisitiva por posesión desde el 26 de abril
de 1999, como señala en la página 9 del escrito de sustentación.
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del instrumento que materializaría la venta, «empezó una
nueva manera de mirar las cosas, ejecutando hechos y actos
sin tomar el consentimiento de los otrora promitentes
vendedores», pero añadiendo que el «hecho de que unos
mismos hechos se repitan antes y después de un determinado
hito, a nadie autoriza para afirmar que su realización
corresponde a un inamovible estado de cosas y que su
uniformidad no pueda romperse» y agrega que
[t]anto más cuanto que en el caso de hoy, el inmueble tiene una
destinación fija, cual es la recreación y el juego de tenis. No es,
pues, puesto en razón, esperar que los hechos posesorios hayan
variado -como equivocadamente habla el tribunal al decir que la
mentada posesión está sin acreditarse porque la actora ni siquiera
hizo alusión a "los actos posesorios" exclusivos y excluyentes que
ejecutó desde el 2002-; antes y después del citado año de 1999,
tales actos de posesión se reducen en general a la conservación y
mantenimiento de las canchas de juego. Así que la auscultación
posesoria en el caso ha de buscarse, no tanto en qué hechos
nuevos ocurrieron, sino en establecer si los mismos hechos que
venían ocurriendo fueron realizados, a partir de allí, ya con distinto
espíritu de ánimo, dado el cambio en las disposiciones mentales
del Club.
Por ende, los esfuerzos del censor se dirigen a conferir
un efecto constitutivo a la decisión de segundo grado que
condujo al traste el trámite ejecutivo por obligación de hacer,
iniciado con base en la promesa de venta que señalaba
incumplida por los compelidos, como si dicho resultado
adverso fuera suficiente para dar por sentado el cambio
volitivo, tal cual lo dedujo el a quo, sin que fuera necesario
comprobar, como exigió su superior, «cuándo o en qué época
después de tal providencia ocurrió, y sin identificar de qué
actos o comportamientos de la demandante América Tenis
Club se colige el abandono de su condición de tenedor para
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transformarse en poseedor del predio»10.
Adicionalmente, cuestiona la valoración dada por el
Colegiado a los medios de convicción de los cuáles extrajo
que se patentizaba una clara conservación del statu quo
entre las partes contractuales de la promesa en el sentido de
que seguían atados por el acuerdo a pesar de sus diferencias,
cuando lo esperado frente a un cambio de disposición
implicaba «mostrar una posición de total rebeldía frente a los
propietarios del bien, desconociéndoles cualquier tipo de
derecho, e incluso, de cualquier reconocimiento de los efectos
emanados del contrato de promesa, pues de allí fue
precisamente de donde derivó su tenencia»11, lo que en
últimas constituyó un argumento complementario a la falta
de demostración del «punto toral de este asunto [que] se
contrae a establecer en qué momento ocurrió la interversión
del título de tenedor a poseedor».
2.- Criterios jurisprudenciales en torno a la
culminación de la tenencia y el comienzo de la posesión.
Inveteradamente la Corte ha previsto la posibilidad de
que un tenedor abandone su posición y empiece a asumir
comportamientos de señor y dueño respecto de un mismo
bien, siempre y cuando se acredite de forma irrefutable el
instante en que se produjo el cambio de ánimo que habilitó
la posibilidad de adquirirlo por prescripción.
10 Sentencia de 21 de julio de 2021 página 23, pdf 12 cuaderno Tribunal .
11 Id 10 pág. 24.
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Tal carga para el usucapiente no es de poca monta ya
que, como insistentemente lo ha recordado la Sala, al tenor
del artículo 777 del Código Civil «[e]l simple lapso de tiempo
no muda la mera tenencia en posesión», de ahí que debe
existir un esfuerzo mayúsculo para constatar el hecho
determinante y el instante mismo en que se dejó de reconocer
el derecho ajeno para empezar a actuar de forma
independiente y autónoma, con desconocimiento de
cualquier otra persona o personas con expectativas de
dominio sobre el objeto.
Es así como en CSJ SC 20 mar. 2013, rad. 1995-00037-
01, se trató con amplitud el tema al revisar como
(…) la decisión acusada -como parece olvidarse- amplio análisis
dedicó al alcance de diversas relaciones jurídicas que pueden
ostentarse sobre un predio, en este caso, tenencia y posesión,
destacando que para que la primera transmute en la segunda, el
tenedor debe realizar mejoras, obras y comportamientos sobre el
bien “sin el consentimiento del que disputa la posesión”, asunto
que ha rotulado de tiempo atrás la jurisprudencia como conversión
de título de tenedor a poseedor, lo que exige, destacó el ad quem:
“no una ambigua relación de hechos sino un expreso, manifiesto e
indubitable desconocimiento del derecho de dominio de quien en
el proceso viene a discutir aquella posesión y a exigir el
reconocimiento de su derecho de dominio”.
A propósito valga la pena anotar, porque es lo cierto, que si el
dueño consiente en que el tenedor edifique su suelo, no por ello
pierde la posesión; quedará obligado al pago de las mejoras, pero
haciéndose propietario de ellas. (Código Civil, Arts. 738 y 739).
2.4.1 Pese a la sustancial diferencia que existe entre “tenencia” y
“posesión”, y la clara disposición del artículo 777 del C.C., con
base en la cual “el simple lapso del tiempo no muda la mera
tenencia en posesión”, puede ocurrir que cambie el designio del
tenedor, transmutando dicha calidad en la de poseedor. Es la
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denominada, iterase, interversión del título, lo que sitúa a quien
pretende se le reconozca aquella, en la posibilidad jurídica de
adquirir el bien por el modo de la prescripción. Pero para ello, tiene
sentado la Sala, “esa mutación debe manifestarse de manera
pública, con verdaderos actos posesorios a nombre propio, con
pleno rechazo del titular, y acreditarse plenamente por quien se
dice “poseedor”, tanto en lo relativo al momento en que operó la
transformación, como en los actos categóricos e inequívocos que
contradigan el derecho del propietario, pues para efectos de la
prescripción adquisitiva de dominio, no puede computarse el
tiempo en que se detentó el bien a título precario, que no conduce
nunca a la usucapión y sólo a partir de la posesión podría llegarse
a ella, si se reúnen los dos elementos a que se ha hecho referencia,
durante el tiempo establecido en la ley”. (Sent. Cas. Civ. de 13 de
abril de 2009. Exp. No. 52001-3103-004-2003-00200-01).
En otro pronunciamiento la Corte sostuvo igualmente que: “La
interversión del título de tenedor en poseedor, bien puede
originarse en un título o acto proveniente de un tercero o del propio
contendor, o también, del frontal desconocimiento del derecho del
dueño, mediante la realización de actos de explotación que
ciertamente sean indicativos de tener la cosa para sí, o sea, sin
reconocer dominio ajeno. En esta hipótesis, los actos de
desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha
transformado su título precario en poseedor, han de ser, como lo
tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta,
franca e inequívoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga
o pueda tener el contendiente opositor, máxime que no se puede
subestimar, que de conformidad con los artículos 777 y 780 del
Código Civil, la existencia inicial de un título de mera tenencia
considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la
misma forma precaria con que se inició en ella”. (Sentencia de
Casación de 18 de abril de 1989, reiterada en la de 24 de junio de
2005, exp. 0927).
En lo que se insistió luego en CSJ SC 8 ago-2013, rad.
2004-00255-01 y así se recordó en CSJ SC10189-2016 y
SC13099-2017, bajo el entendido de que tal
(…) mutación debe manifestarse de manera pública, con
verdaderos actos posesorios a nombre propio, con absoluto
rechazo del titular y acreditarse plenamente por quien se dice
‘poseedor’, tanto el momento en que operó esa transformación,
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como los actos categóricos e inequívocos que contradigan el
derecho del propietario, puesto que para efectos de la prescripción
adquisitiva de dominio, no puede computarse el tiempo en que se
detentó el objeto a título precario, dado que éste nunca conduce a
la usucapión; sólo a partir de la posesión puede llegarse a ella, por
supuesto, si durante el periodo establecido en la ley se reúnen los
dos componentes a que se ha hecho referencia.
Eso mismo se dejó expuesto en pronunciamiento más
próximo, en CSJ SC3727-2021, al recalcar la estrictez que se
espera de una comprobación del talante reseñado cuando
(…) la persona que persigue la declaratoria de prescripción
extraordinaria adquisitiva de dominio inició su relación de hecho
con la cosa sobre la que recae su petitum en virtud de un título de
mera tenencia, como el arrendamiento, el comodato, o la simple
tolerancia de que trata el artículo 2520 del Código Civil (entre otras
hipótesis).
Ahora bien, como el paso del tiempo «no muda la mera tenencia en
posesión», en estos eventos es ineludible determinar que esa
condición inicial –la mera tenencia– fue abandonada, como
respuesta a una manifestación posterior de animus domini sobre
el bien aprehendido, renovada voluntad que permite el surgimiento
de una nueva relación entre la persona y la cosa –la posesión–, en
la que ya no media título o convención subyacente, y que, por lo
mismo, autoriza la iniciación del cómputo del plazo prescriptivo.
Pero, como puede intuirse, el quiebre irregular de una situación
jurídica anterior (como los contratos de arrendamiento o comodato
previamente citados) no es visto con buenos ojos por el
ordenamiento, lo cual explica que se haya instituido, como regla
general, que «la existencia de un título de mera tenencia, hará
presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción» (artículo 2531-
3, Código Civil). A esa pauta escapa una excepción particular: la
dejación de la tenencia, con el surgimiento posterior de la posesión,
sin reconocimiento expreso o tácito del dominio del dueño, como es
natural, desplegada por el término de ley, sin violencia ni
clandestinidad (ordinales 2º y 3º, ibidem).
Esto significa que, en el juicio de pertenencia, quien se hizo
materialmente a una cosa como mero tenedor debe
satisfacer un baremo demostrativo superior respecto del
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que la aprehendió de inicio con ánimo de señorío, dado que
debe subsumir su situación en la mencionada exceptiva -se
resalta-. Ab initio, esas exigencias en materia probatoria
resultaban ciertamente estrictas, como puede advertirse en CSJ
SC, 22 ago. 1957, G.J. t. LXXXVl, p. 11:
«La posesión, como simple relación de dominio de hecho,
amparada por el orden jurídico, implica la vinculación de la
voluntad de una persona a un “Corpus”, como si esa relación
emanara del derecho de propiedad. Por eso, se ha dicho con razón,
que la posesión no es otra cosa que una exteriorización del
dominio, un reflejo de este derecho fundamental, ya que el
poseedor se vincula a la cosa, como si fuera un propietario y
ejecuta los actos como si fuera dueño, sin respeto a determinada
persona (...).
El tenedor precario está imposibilitado para mudar la mera
tenencia en posesión; ello exige la intervención de un título
proveniente de un tercero que, considerándose también dueño, le
confiera la posesión inscrita, y le dé una base a su declaración de
que ejerce la posesión como dueño; pero solo desde el momento en
que ocurra la intervención mencionada podrá oponer esa nueva
situación jurídica a la posesión de aquel cuyo dominio siempre ha
reconocido».
En dicha oportunidad, la Sala estimó censurable que el
demandante, hijo del verus dominus, quebrantara la confianza de
su padre, que le había permitido habitar temporalmente un predio
de su propiedad . Por ello, exigió la mediación de un tercero, que,
diciendo ser el verdadero dueño, le ofreciera al tenedor originario
un nuevo título, que además debía ser inscrito, como justificante
para abandonar la tenencia y hacer surgir, de forma excepcional,
una flamante posesión.
Posteriormente, y tras establecer que tan inflexible requerimiento
podría reñir con la naturaleza factual de todo acto posesorio, la
Sala morigeró su postura, aunque sin desconocer el parámetro de
prueba más riguroso que establece el artículo 2531-3 del Código
Civil, y que supedita el triunfo de quien se afirma poseedor,
habiendo sido alguna vez mero tenedor, a la prueba de:
(i) Las circunstancias de tiempo y modo en las que surgió su
posesión (y feneció, correlativamente, la relación tenencial),
debiéndose insistir que solo desde el instante en el que se pruebe
que ello ocurrió, podrá iniciar el conteo de cualquier plazo
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prescriptivo;
(ii) La revelación de esa novedosa condición al propietario –o a la
contraparte de la relación de tenencia–, a través de un acto
inequívoco de rebeldía, que contraríe el reconocimiento tácito de
dominio ajeno que derivaría de la aparente inalterabilidad del
vínculo tenencial inaugural; y
(iii) El desarrollo de actos posesorios sin vicios de violencia o
clandestinidad, a los que se refiere el artículo 774 del Código Civil,
así: «Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra
el verdadero dueño de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo,
o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro. Lo mismo es
que la violencia se ejecute por una persona o por sus agentes, y
que se ejecute con su consentimiento, o que después de ejecutada
se ratifique expresa o tácitamente. Posesión clandestina es la que
se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a
ella».
Recientemente en CSJ SC175-2023, en un caso que
guarda simetría con el presente por haberse entregado a
título de tenencia un inmueble al promitente adquirente que
luego quiso adquirirlo por prescripción adquisitiva
extraordinaria, se subrayó que
(…) la «entrega material» que se hace de la cosa con ocasión de un
«contrato de promesa de compraventa» se entiende realizada como
de «mera tenencia», salvo que las partes convengan expresamente
que es su voluntad inequívoca transferir anticipadamente la
posesión; y de otro, que es regla de principio que quien ha
aprehendido la cosa en razón de un «título de mera tenencia», por
el solo paso del tiempo no muta esa condición a poseedor, habida
cuenta que esa detentación precaria únicamente permite ejercer
las prerrogativas propias del acto jurídico del cual emana, pero
sobre todo que resultaría inviable de su parte adquirir el dominio
por el modo de la prescripción adquisitiva, a menos que
demuestre de forma irrefutable la cabal concurrencia de los
precisos supuestos contenidos en el artículo 2531 del
Código Civil.
Y para estos efectos, el reclamante deberá atender la carga
de demostrar fehacientemente el momento en que a más de
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tener la cosa y ejecutar eventuales actos de aquellos que
solo se predican de la propiedad, adquirió ese animus
domini revelándose con contundencia contra el dueño (…) -
negrita adrede-.
Tan extenso recuento jurisprudencial se hace para
resaltar que es al interesado en la aspiración de pertenencia,
en situaciones similares a la presente, a quien le corresponde
demostrar, sin lugar a dudas o equivocaciones, que operó en
su ánimo una transmutación al renunciar a todo lo que
estaba atado a la tenencia del bien, para comenzar un
señorío completamente ajeno a cualquier vínculo del cual
derivaba aquella, por medio de actos relevantes que así lo
evidencien.
No puede pretenderse, entonces, que sean los falladores
quienes tengan que realizar ingentes esfuerzos para
interpretar aspectos, tan subjetivos, como las implicaciones
en la voluntad que se derivan de las decisiones adversas en
los pleitos contractuales entre las partes, máxime cuando no
definen a cabalidad la situación en que quedan los pactantes
en virtud de estas.
3.- Fracaso del cargo.
El anterior abrebocas revela el fracaso de los reparos del
impugnante, ya que a pesar de lo elaborada de su propuesta
argumentativa se desentiende del deber de patentizar, de
conformidad con los elementos de prueba obrantes en el
plenario, el momento específico en que dejó de manifestarse
la condición de tenedor del lote, que en esta oportunidad se
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admite sin objeciones derivada de la promesa de venta
incumplida, para asumir en su reemplazo una nueva actitud
respecto del mismo como poseedor.
En defecto sugiere el inconforme un desatino del ad
quem porque no advirtió que como consecuencia del fracaso
del promitente comprador al perseguir la firma del
instrumento público de venta del lote en su poder, según fallo
de segundo grado en el ejecutivo que promovió con tal
propósito, se produjo ipso facto «una transformación en su
ánimo, y dado el prolongado e irritante paso del tiempo, estimó
que ya el contrato era cosa pretérita y empezó una nueva
manera de mirar las cosas, ejecutando hechos y actos sin
tomar el consentimiento de los otrora promitentes
vendedores».
No puede pretenderse que la labor minuciosa de
escudriñamiento del comportamiento contractual de los
promitentes negociantes que llevó a cabo el Tribunal, se
desbarajuste con una visión sesgada y particular de las
cosas, acomodada a los vaivenes del devenir procesal y a
conveniencia del inconforme, por muy ingenioso que sea el
planteamiento del censor.
Un fallo desestimatorio en materia contractual, por
mucho que mine la animosidad del litigante vencido o incluso
de ambas partes, cuando no existe una solución definitiva
para los intervinientes frente a sus recíprocas discrepancias,
no modifica las situaciones jurídicas preexistentes, sino que
difiere en el tiempo la solución de los conflictos que
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continúan latentes entre los concertantes.
Mucho menos resulta admisible que como
consecuencia de un resultado adverso, los comportamientos
que han tenido los tenedores respecto de las cosas en litigio,
deban ser vistos a partir de ese instante desde una óptica
diferente, cuando ni siquiera ese ha sido tema de
controversia, como si por arte de magia los actos de tenencia
se conviertan en un ejercicio de señorío, sin que medie algún
comportamiento trascendental que así lo justifique.
De allí que resulta contraevidente la apreciación del
opugnador en el sentido de que «[e]l hecho de que unos
mismos hechos se repitan antes y después de un determinado
hito, a nadie autoriza para afirmar que su realización
corresponde a un inamovible estado de cosas y que su
uniformidad no pueda romperse, pues pensarlo así da de
bruces con todo usucapiente», ya que el fallo confutado no
gravita en ese sentido, sino que se encargó de demostrar que
con posterioridad a la decisión de segundo grado en el
compulsivo, a pesar de las diferencias existentes entre los
involucrados en la promesa de venta, estos seguían
admitiendo que dicho acuerdo continuaba surtiendo efectos
e incluso estaban dispuestos a llevarlo a buen término, sin
que, por el contrario, existiera algún medio de convicción que
reflejara un completo desentendimiento del detentador del
bien frente al acto jurídico que lo puso en esa situación.
El proceder del Colegiado, por ende, luce acorde con los
criterios jurisprudenciales reseñados y vacío queda el
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discurso del objetor según el cual aún no existe claridad «en
punto a descubrir la connotación de los actos y hechos que
desvirtúan de veras el fenómeno posesorio, y los que en un
momento dado pueden estructurar la metamorfosis de la
tenencia para dar paso a la denominada interversión del
título», puesto que pretende derivar tal efecto de lo que no lo
tiene, esto es, que a pesar de que «apeló a la coacción del
Estado con el pertinente proceso de ejecución», al serle adverso
el resultado «devino la frustración y con ella la desafección del
contrato» y «[l]o que el buen sentido indica es que allí se
presentó un punto de inflexión».
Igual de vanos resultan los cuestionamientos sobre la
forma como se sopesaron los testimonios recibidos ya que no
ofrece el gestor una lectura diferente a la que les dio el ad
quem, en el sentido de que «los testigos convocados por el Club
manifestaron al unísono que la parte demandante ha ejercido
inveteradamente la posesión», solo que les restó mérito
porque de un lado se referían a «observaciones personales
como miembros o socios, empleados, con desconocimiento de
las actuaciones desplegadas directamente por los
representantes legales y por la junta directiva, quienes fueron
los que demostraron que han reconocido dominio ajeno» y, del
otro, que como «en este caso se esclareció que nunca se
transmutó la condición de tenedor a poseedor de la entidad
actora, las aseveraciones de los testigos no tienen ningún
efecto en la decisión que debe adoptarse».
Quiere decir lo anterior que se advirtieron los actos de
disposición del Club, con la precisión de que derivaban de la
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tenencia en los términos de la cláusula séptima de la
promesa de venta y así lo admite el recurrente cuando indica
que como
(…) algunos de tales hechos venían ejecutándose con anterioridad,
creó confusión en el tribunal y no tuvo la suficiente claridad para
ver que ahora, aunque similares, su ocurrencia tenía otro tinte. El
hecho de que unos mismos hechos se repitan antes y después de
un determinado hito, a nadie autoriza para afirmar que su
realización corresponde a un inamovible estado de cosas y que su
uniformidad no pueda romperse, pues pensarlo así da de bruces
con todo usucapiente. Tanto más cuanto que en el caso de hoy, el
inmueble tiene una destinación fija, cual es la recreación y el juego
de tenis. No es, pues, puesto en razón, esperar que los hechos
posesorios hayan variado -como equivocadamente habla el
tribunal al decir que la mentada posesión está sin acreditarse
porque la actora ni siquiera hizo alusión a "los actos posesorios"
exclusivos y excluyentes que ejecutó desde el 2002-; antes y
después del citado año de 1999, tales actos de posesión se
reducen en general a la conservación y mantenimiento de las
canchas de juego. Así que la auscultación posesoria en el caso ha
de buscarse, no tanto en qué hechos nuevos ocurrieron, sino en
establecer si los mismos hechos que venían ocurriendo fueron
realizados, a partir de allí, ya con distinto espíritu de ánimo, dado
el cambio en las disposiciones mentales del Club.
A pesar de la lectura que se sugiere de las declaraciones
rendidas en el debate y las que se aportaron como anexos al
libelo y fueron recaudadas en otro trámite que involucró a
quienes suscribieron el contrato de promesa de venta, lo
cierto es que nunca ha estado en discusión que en allí se
convino la entrega del bien y que la misma se produjo,
quedando los promitentes compradores autorizados para
adecuar el lote y darle el uso que estimaban apropiado según
los fines para los cuales se pretendía adquirir, situaciones
estas que en otro escenario podían ser vistas como el ejercicio
de actos de posesión pero en este caso en particular
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correspondían a actos de administración, uso y goce
plenamente autorizados por los promitentes vendedores en
virtud a la multirreferida cláusula séptima, según la cual
desde el momento en que se recibiera el predio «el promitente
comprador podrá emprender obras materiales, pudiendo
retener el lote, si la compraventa no se realiza, hasta tanto
hubiere obtenido cumplida indemnización».
De ahí que a pesar de lo expresado por los testigos, que
no reñía con el estado de las cosas y la tenencia ejercida por
el Club con la anuencia de los titulares del derecho de
dominio, la continuación de las labores adelantadas desde
un comienzo no podían interpretarse como prueba de
posesión sin estar acompañadas de la demostración
irrebatible del instante en que el otrora promitente
comprador se empezó a comportar como señor y dueño, con
exclusión de la calidad de quienes le hicieron la entrega y
permitieron las adecuaciones.
No en vano se señaló en CSJ SC4275-2019 que
[l]a simple ocupación de la cosa acompañada de otros actos, tales
como el levantamiento de sembradíos, la construcción de obras o
encerramientos, entre otros de similar talante, no basta para ser
catalogada como posesión, pues a pesar de ellos, si se reconoce el
dominio ajeno, los mismos no dejarán de ser la expresión de una
mera tenencia. Así lo ha expuesto la Corte al precisar que: «ciertos
actos como el arrendar y percibir los cánones, sembrar y recoger
las cosechas, cercar, hacer y limpiar desagües, atender a las
reparaciones de una casa o terrenos dados, no implican de suyo
posesión, pues pueden corresponder a mera tenencia, ya que para
ello han de ser complementados con el ánimo de señor y dueño,
exigido como base o razón de ser de la posesión, por la definición
misma que de ésta da el artículo 762 del C. Civil, el cual al definir
la mera tenencia en su artículo 775 la hace contrastar con la
posesión cabalmente en función de ese ánimo...» (G.J. t. LIX, pag.
733).
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Es más, los deponentes en el ordinario de resolución se
solicitaron para declarar sobre «los hechos de la demanda,
las excepciones el derecho de retención invocado»12 y en
ningún momento para tratar de desconocer el origen negocial
de la situación, tan es así que ningún reparo se plantea frente
a la extrañeza que le causó al sentenciador el que en el
proceso de resolución de contrato de promesa de venta
promovido por Helena Pardo de Gutiérrez y Andrés Pardo
Montoya contra América Tennis Club, con radicado 2001-
11016 y que se adelantó en el Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Bogotá,
(…) a pesar de que en el cuerpo de la contestación presentada por
el apoderado especial de América Tenis Club se indicó que con la
entrega material se le entregó también la posesión, apreciación
desacertada como ya se analizó, se formuló “IV Derecho de
retención por mejoras” la que pone de presente connotación
diametralmente opuesta al concepto de la posesión, -negrita
ajena al texto- al solicitar que se reconociera tal derecho por las
expensas y mejoras “que realizó en el predio materia de la
promesa de contrato cuya resolución se demanda y que fueron
ejecutadas con la autorización expresa de la parte actora. Las
expensas y mejoras ejecutadas por la parte [demandada]
consistieron en: a.- Cerramiento, vigilancia, cuidado y
mantenimiento del predio, desde el 25 de junio de 1975 y hasta la
época en que se dicte la sentencia, b.- Preparación y adecuación
del predio para la construcción (…) de dos canchas de tenis”; dicha
contestación cuenta con presentación personal calendada el 27 de
noviembre de 2002.
Tal manifestación corrobora de manera inequívoca que las obras
que adelantó el Club después del año 1975 tuvieron un origen
prístino, cual fue el contrato de promesa de compraventa y que
fueron los prometientes vendedores quienes le autorizaron para
12 Proceso de resolución de contrato promovido por Helena Pardo de Gutiérrez
y Andrés Pardo Montoya contra América Tennis Club, adelantado ante el Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Bogotá con radicado 2001-11016. Sentencia (folios 534
a 555 pdf 02 expediente digitalizado primera instancia).
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efectuarlas . En este punto es necesario anotar que, a pesar de que
en el curso de la audiencia de que tata el artículo 373 de la Ley
1564 de 2012, el actual apoderado de la parte actora justificó
dicha excepción con el argumento de que la Ley le permite
formularla en ejercicio de su derecho de defensa, es
absolutamente claro que, en cualquier escenario y no solo en el
proceso de pertenencia, quien se reputa como señor y dueño
de un bien debe enrostrar su calidad y proponer sus
mecanismos defensivos dentro del marco de la posesión,
pues no resulta lógico que en el proceso del epígrafe se
aluda a un señorío de antaño cuando en otro expediente se
manifestó que ab initio las obras se desarrollaron con base
en una autorización previa del propietario inscrito, es decir,
que la tenencia se extendió en el tiempo y, debido a esta,
tiene el derecho a que se retribuyan las mejoras plantadas.
Bajo esa óptica, en los términos en que se plateó la contestación,
para el mes de noviembre de 2002 existió un acto frontal de
reconocimiento de dominio ajeno en cabeza de los señores Pardo,
lo que desdibuja la supuesta interversión que se alegó desde el
año 1999.
Tal conclusión no es ilógica ni irracional, ya que sin
desconocer la posibilidad que tenía de defenderse el opositor
en esa contienda, lo que se resalta es que perdió la
oportunidad de evidenciar que para esa época ya se concebía
como único señor y dueño de lote objeto de disputa,
admitiendo en contrario que el acuerdo originario seguía
irradiando sus efectos. Fuera de eso, no puede pasarse por
alto que la posibilidad de retener el inmueble la promitente
compradora estaba prevista en el mismo pacto cuya
resolución estaba bajo estudio «hasta tanto hubiere obtenido
cumplida indemnización» y en caso de que el acuerdo
preparatorio no pudiera llegar a materializarse.
Por demás, tales elucubraciones y los alcances dados a
los acercamientos conciliatorios entre las partes, no pasan
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de ser argumentos complementarios a la falta de
demostración de «que la interversión del título sucedió a partir
de la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de abril
de 1999», al no estar claro «cuándo o en qué época después
de tal providencia ocurrió, y sin identificar de qué actos o
comportamientos de la demandante América Tenis Club se
colige el abandono de su condición de tenedor para
transformarse en poseedor del predio», aspecto puntual que
no logra derrumbarse con los argumentos del censor.
4.- Conclusión
Toda vez que el cargo no alcanza a patentizar una
equivocación manifiesta del ad quem al sopesar los medios
de convicción, fracasa. Conforme al inciso final del artículo
349 del Código General del Proceso, habrá de imponerse al
vencido el pago de las costas procesales y, para la tasación
de las agencias en derecho, se tomará en cuenta las réplicas
de los contradictores.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 21 de julio de
2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso de declaración de
pertenencia que adelantó América Tenis Club contra Andrés
Pardo Montoya; Juan Manuel, Alejandro, María Paulina y
Radicación n° 11001-31-03-024-2014-00055-01
34
Rafael Gutiérrez Pardo, en calidad de herederos
determinados de Helena Pardo Montoya; Isabel Cristina y
Pablo Linares Gutiérrez, como herederos determinados de
Carolina Gutiérrez Pardo; así como frente a los herederos
indeterminados de ambas causantes.
Costas a cargo del promotor y en favor de los opositores.
Inclúyase por concepto de agencias en derecho el equivalente
a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes que fija
el Magistrado Ponente.
En su oportunidad, devuélvase virtualmente el
expediente digitalizado a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUÍS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Documento generado en 2024-04-08