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República de Colombia
Cune Suprema de Justicia
Sala da casaclén Ctwll
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
SC4794-2021
Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Marcos Aldana Casas contra la sentencia de
8 de febrero de 2017, proferida por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso
declarativo que promovió el impugnante contra la sociedad
Compañía Minera El Triunfo S.A.S.
l. ANTECEDENTES
A. Pretensiones
La convocante solicitó declarar: i) la terminación del
subcontrato de explotación de carbón celebrado con la
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Compañía Minera El Triunfo S.A.S, por «haber expirado el
término de la licencia de explotación desde el 22 de septiembre de 2002».
ii) el enriquecimiento sin causa de la demandada por «haber
extraído 222.417 toneladas de carbón de la concesión con placas No.
2260 ( ... ) sin pagarle contraprestación alguna en detrimento de las
reservas a que tiene derecho el demandante como concesionario del
Estado». Consecuencialmente, pidió condenar al demandado al
pago de ($ 10.222. 964.146,oo) por concepto de lucro cesante, suma que
corresponde al monto por el cual se enriqueció sin causa».
B. Causa petendi
Como fundamentos fácticos narra que el 22 de julio de
1992, el Ministerio de Minas y Energía le otorgó la licencia de
explotación de carbón (placa No. 22601) sobre un predio
ubicado en jurisdicción de los municipios de Sutatausa y
Cucunubá (Cundinamarca) por un término de 10 años. En
virtud de ello, el 12 de marzo de 1997 celebró subcontrato de
explotación minera con la demandada, aprobado por
Ecocarbón el 31 de julio de 1998 e inscrito luego en el
Registro Minero.
En la cláusula tercera del aludido acto jurídico se
estipuló que «el término de duración del subcontrato se extenderá a la
vigencia de la licencia 2260, y al de la prórroga de la misma y si se
celebrara el contrato de concesión, al de la prórroga del mismo». Y, en
la cláusula cuarta, se pactó como contraprestación que el
I Inscrita en la Oficina de Registro Minero Nacional el 22 de septiembre de 1992.
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contratista -la empresa demandada- pagara al contratante la
suma de $42.500.000, recibidos a la firma del documento
contentivo del subcontrato.
El 15 de febrero de 2002, antes de vencerse el decenio
de la licencia de explotación, el actor ejerció ante la autoridad
minera el derecho legal de preferencia para suscribir la
concesión sobre el área. Y así, el 7 de diciembre de 2006,
celebró con INGEOMINAS el contrato de concesión por el
término de 30 años. El 24 de enero de 2007 fue inscrito en el
registro minero.
En el ínterin, como el 22 de septiembre de 2002 habían
vencido los 1 O años de la mencionada licencia de explotación
2260, en resolución nº. DSM No 749 del 21 de julio de 2006
INGEOMINAS consideró que «en último término, se le informa tanto
al titular, los subcontratistas, Compañía Minera El Triunfo Ltda. y
Venancio Silva, que el título de la referencia se encuentra vencido desde
el 22 de septiembre de 2002, razón por la cual una vez vencido el título,
se encuentran vencidos los subconiratos» (f. 131, c. uno).
Entre la fecha de terminación de la licencia de
explotación 2260 (22 de septiembre de 2002) y la de
inscripción del contrato de concesión (24 de enero de 2007),
el actor tenía frente a terceros derecho de preferencia en la
concesión para continuar con la explotación del carbón en el
área.
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Asegura que, desde la celebración del contrato de
concesión bajo la misma placa nº. 2260, se rompió el
equilibrio contractual entre el demandante y la interpelada,
« dado que la concesión con el Estado es una modalidad nueva, con
características propias diferentes a la licencia de explotación, que tiene
prevista una duración de 30 años, para la cual no se pactó en el
subcontrato una contraprestación económica a favor del demandante,
convirtiéndolo en leonino, dando lugar a un enriquecimiento sin causa a
favor del demandado, y a un empobrecimiento, por su parte, del
demandante» (f. 132, c. 1).
Ya como titular de la concesión 2260, el promotor
solicitó negociar con la demandada para llegar a un justo
acuerdo, pero su esfuerzo fue infructuoso. Entre tanto, el 8
de junio de 2012 la compañía demandada solicitó, ante de la
Agencia Nacional Minera, la legalización de los trabajos de
explotación dentro del área del contrato de concesión 2260
del cual es titular el demandante. Sin embargo, «la Agencia
Nacional de Minería, expide Concepto Técnico en el cual concluye que la
solicitud de legalización No. NF4-16091, presentada por la Compañía
Minera El Triunfo NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con lo establecido en el
Decreto 2 715 de 201 O y por lo tanto considera que NO ES PROCEDENTE
continuar con el trámite de Legalización Minera».
Desde el 22 de septiembre de 2002, fecha en la cual
venció el plazo de la licencia de explotación 2260, hasta el
tercer trimestre de 2012, la compañía resistente extrajo
225,417 toneladas de carbón -equivalentes al 16.22º/o de las
reservas estimadas en el área de la concesión 2260-, sin que
Aldana recibiera algún beneficio o contraprestación.
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C. Posición de la demandada y trámite del proceso
1. En su contestación, la Compañía Minera El
Triunfo S.A.S no sólo se opuso a las pretensiones, con la
aclaración y precisión de algunos hechos y la negación de
otros, sino que adujo como excepciones de mérito las que
denominó «inexistencia de enriquecimiento sin causa y de los
elementos que la estructuran», «incumplimiento de contrato por el actor
o exceptio non adimpleti contractus» , « mala fe, dolo, temeridad en el
actor» y «cobro de lo no debido».
1.1. Además; formuló demanda de reconvención con la
finalidad de que fuese condenado Marcos Aldana a que
cumpliese el subcontrato de explotación suscrito entre las
partes con vigencia igual a la del contrato de concesión 2260,
esto es, hasta el 24 de enero de 2037, y se le condenase a
pagar perjuicios por $1.660.171.023.
El demandante en · reconvención fundamentó su
pretensión en que Aldana Casas «con fundamento en el artículo 46
del Decreto 2655 de 1988, en uso del derecho de preferencia, el aquí
demandado convirtió la licencia referida en el numeral anterior (No.
2260) en el Contrato de Concesión No. 2260». Memoró que, en
vigencia de la licencia, las partes suscribieron el subcontrato
objeto del pleito, que posteriormente Aldana terminó
unilateralmente y de manera sorpresiva con el fin de que la
autoridad minera ordenara su desanotación del registro
minero. Y que, simultáneamente, el demandado en
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reconvención tramitó amparos administrativos por
considerar que la explotación que ejecutaba la Compañía
Minera El Triunfo S.A.S era ilícita, lo cual aparejó el cierre y
suspensión de los trabajos mineros adelantados por esta.
1.2. Frente a la contrademanda, Marcos Aldana Casas
se opuso con la formulación de las excepciones de "inexistencia
de la obligación de responsabilidad de cumplimiento del contrato", "falta
de legitimidad por parte de la activa" e "inexistencia de la obligación de
indemnizar'.
2. El Juzgado Segundo Civil de Circuito de Zipaquirá
profirió la sentencia de primera instancia (fls. 813 a 822, c.
1), en la que declaró que el subcontrato de explotación
minera celebrado entre las partes había terminado en forma
unilateral por el contratante -a partir del 20 de agosto de
2009-. Así mismo, negó las pretensiones de la demanda
principal y las de la reconvención.
3. Ambas partes apelaron. Para el efecto,
esgrimieron, en síntesis, los siguientes argumentos:
3.1. El demandante insistió en que existe material
probatorio suficiente que acredita la existencia de
enriquecimiento sin causa de la demandada tras el
vencimiento de la licencia de explotación. En tal sentido,
recalcó que el propósito de la demanda era, también,
establecer que el contrato terminaba con la licencia, razón
más que suficiente para renegociar las condiciones si se
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trataba de un nuevo contrato de concesión con el Estado en
el cual el plazo se extendía.
Remarcó e insistió que «en ninguna de las pretensiones se
solicitó que se resolviera el contrato o que
incumplimiento del contrato
celebrado entre el señor MARCOS ALDANA CASAS, realizado con la
COMPAÑíA DE MINERÍA EL TRIUNFO, se solicitara alguna
indemnización». Apuntaló, además, que no pidió que se
declarara si el subcontrato estaba vigente por lo que «el
despacho se sale de la órbita jurídica al plantear unas nuevas
pretensiones no solicitadas».
A modo de resumen, indica que los puntos concretos de
la apelación se dirigieron a resaltar que el juzgado se refirió
a un tema no planteado por las partes consistente en la
vigencia del contrato y que, por el contrario, la declaratoria
de enriquecimiento sin causa no fue analizada ni resuelta.
3.2. Y la empresa resistente replicó la violación directa
de la ley minera y civil, particularmente los artículos 46 del
Decreto 2655 de 1 988 y 1602 del Código Civil, como quiera
que las posibilidades que otorga el Código Minero al titular
del derecho no afecta « los derechos del subcontratante ( ... ) salvo
incumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad
social e integral, que no es o fue el motivo que se aduce en la demanda,
toda vez que ésta se sustenta en la terminación del subcontrato como
presupuesto de la acción de enriquecimiento sin causa». En lo que
toca con la vulneración de la legislación civil, adujo pues se
declaró terminado un contrato por razones distintas al «mutuo
acuerdo o por causas legales». Increpó, además, la apreciación
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errada de la promesa de subcontrato, documento que pese a
otorgársele validez, «la desconoce frente a la terminaciori
UNILATERAL del subcontrato de Derecho Privado ... »,
Por otra parte, se dolió de la falta de apreciación del
soporte documental del juramento estimatorio. De lo
contrario, la juez habría «declarado prósperas las pretensiones de
la demanda de reconvención».
4. Para desatar la alzada, el Tribunal profirió la
sentencia objeto del recurso extraordinario (fls. 10 a 29, c. 3).
En esta se confirmó la decisión del juzgado: negó las
pretensiones de la demanda principal y declaró terminado el
proceso. No obstante, revocó los otros pronunciamientos. En
su lugar, accedió a la pretensión de la demanda de
reconvención: declaró que el subcontrato de explotación
minera celebrado sobre la licencia 2260 se encuentra
prorrogado por la suscripción del contrato de concesión entre
el señor Marcos Aldana Casas e Ingeominas (hasta el día 24
de enero de 2037). Por lo demás, negó la indemnización
reclamada por el reconviniente y declaró no probada la
excepción de mérito denominada "inexistencia de la obligación de
responsabilidad de cumplimiento del contrato propuesta frente a la
pretensión primera de la demanda de reconvención".
11. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
2 .1. Luego del usual resumen, el Colegiado comienza
por establecer que el operador de primera instancia no
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incurrió en incongruencia cuando definió si el subcontrato
objeto de la causa litigiosa se encontraba vigente. En tal
sentido, anotó que la interpretacióri de ambas demandas
imponía tal dilucidación: la del demandante primigenio,
porque pidió que se declarara terminado el contrato y
consecuentemente se condenara por enriquecimiento sin
causa al demandado. Y la del demandante en reconvención,
porque pretende que se ordene que ese subcontrato sea
cumplido por el demandado Aldana. Resuelta dicha
consideración inicial, procedió a resolver los recursos de la
siguiente manera:
2.2. En relación con la vigencia del subcontrato,
constató que en 1987 el Ministerio de Minas otorgó al
demandante Aldana licencia de exploración 2260. En 1992
se ordenó el registro de la licencia de explotación 2260. En
abril de 1996 las partes de este pleito celebraron el contrato
de promesa de celebrar ellos un subcontrato de explotación,
ligado a la licencias 2260. Y que el Ministerio de Minas y
Ecocarbón autorizaron el subcontrato para la licencia 2260.
Se observó que el 12 de marzo de 1997 se suscribió y acordó,
en primer lugar, que Aldana como contratante lo celebraba
permitiendo a la sociedad contratista la continuación de los
trabajos de explotación. Que su duración se extendería a la
vigencia de la licencia 2260 y su prórroga "y si se celebra
contrato de concesión al de la prórroga del mismo". Y, en fin, que
como contraprestación la sociedad pagó al contratante
$42.500.000. Además, que en. 1998, Ecocarbón aprobó el
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subcontrato y su inscripción en el Registro Minero, lo que se
cumplió el 14 de septiembre de 1998.
Luego del resumen de fragmentos de los interrogatorios
de parte al demandante y al representante legal d� Compañía
Minera El Triunfo S.A.S, así como de la declaración de Luz
Esperanza Ballén Moreno, el Tribunal sienta su conclusión:
el subcontrato de explotación minera cumplió las exigencias
legales. Ha generado efectos, pues se suscribió por quien
tenía reconocida la licencia de explotación y por un
contratista autorizado para subcontratar, a más de que fue
aprobado por la autoridad e inscrito en el Registro Minero.
En relación con su vigencia, reitera lo dispuesto en la
cláusula tercera del subcontrato, atinente a la prórroga. Al
efecto, recuerda que el demandante la considera inaplicable
y que debía tenerse por no escrita por contradecir lo
dispuesto en el artículo 69 del Decreto 2655 de 1988, pero el
Tribunal lo descarta por no ver la incompatibilidad. Además,
acude al contrato de promesa para constatar que allí ya se
acordaba la prórroga pactada en la aludida cláusula tercera,
con lo cual advirtió que:
" ... las partes tenían claridad de que la licencia podría convertirse
en contrato de concesión, acorde con el derecho de preferencia de
que trata el inciso 2º del articulo 46 del Decreto 2655 de 1988
transcrito, y ello se deduce también de la aceptada condición de
personas naturales y jurídicas dedicados a la labor de explotación
minera, en los interrogatorios rendidos por demandante y
representante legal de la empresa demandada principal' (f. 23,
c. Trib.).
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Con base en esta conclusión, y en atención a lo
dispuesto en el preindicado artículo 692, así como en el 463
del Decreto 2655 de 1988, señala la autoridad judicial que al
haber optado el titular del registro minero por la prórroga o
por la suscripción del contrato de concesión,
vigencia del subcontrato de explotación que se suscribió el día 12 de
marzo de 1997 fue aprobado por resolución RUDO 17 de julio 31 de 1998
y se inscribió en el registro mero nacional el 14 de septiembre de 1998,
esto es, cuatro años antes de que se cumple el término de vigencia de la
licencia de explotación, 22 de septiembre de 2002» ( íb.).
Seguidamente, verifica que el demandante había optado
primero por la prórroga de la licencia de explotación (4 de
diciembre de 2000) y luego ejerció el derecho de preferencia
para suscribir la concesión (15 de febrero de 2002).
Asimismo, que en los antecedentes del contrato de concesión
se hace referencia a que, el 20 de marzo de 2003, la Empresa
Nacional Minera (Minercol) condicionó el trámite para la
suscripción del referido contrato a la presentación por parte
del titular de un complemento al programa de trabajos e
2 "Término del contrato. La duración de los contratos de concesión será de 30 años
contados a partir de su inscripción en el registro minero. Los trabajos y obras de
desarrollo y montaje, se realizarán en los plazos señalados en el programa de trabajos
e inversiones aprobados y deberán estar terminados dentro de los cuatro primeros
años. Es entendido que el tiempo no utilizado en las obras y trabajos mencionados se
agregará al periodo de explotación"
3 "PLAZO DE LA LICENCIA DE EXPLOTACIÓN. Durante la licencia de explotación, los
trabajos, obras de desarrollo y montaje se deberán realizar dentro del primer año, pero
se podrá iniciar la explotación en cualquier tiempo, dando aviso al Ministerio. La licencia
tendrá una duración de diez (1 O) años que se contarán desde su inscripción en el
registro como título de explotación.
Dos (2) meses antes del vencimiento, su beneficiario podrá solicitar su prórroga por una
sola vez y por un término igual al original, o hacer uso del derecho de preferencia para
suscribir contrato de concesión.
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inversiones (Pfl) con información técnica allí especificada y a
que estuviera a paz y salvo por todo concepto. Para 2006, la
entidad administrativa competente aprobó el mencionado
programa y el 12 de agosto de ese año informó que el
aspirante a concesionario estaba a paz y salvo por concepto
de obligaciones técnicas y económicas, a raíz de lo cual, en
diciembre, Ingeominas suscribió con Marcos Aldana el
contrato de concesión para la explotación del yacimiento de
carbón 2260.
Todo este recorrido convence al Tribunal de que el
subcontrato de explotación objeto de la litis -ligado a la
licencia de explotación minera 2260 y al derecho de
preferencia a que hace referencia el artículo 46 del Decreto
2655 de 1988- quedó prorrogado por el término de vigencia
del contrato de concesión "y por ello está a la fecha vigente".
2. 3. En consecuencia, concluye que no pueden acogerse
las pretensiones de la demanda principal porque se soportan
en que el subcontrato de explotación minera había terminado
al vencer el término de la licencia de explotación 2260.
Advierte que con la adopción de la Ley 675 de 2001, en
sustitución del Decreto 2655 de 1988, se previó de todos
modos que las condiciones o términos y obligaciones
consagrados en este cuerpo normativo para los beneficiarios
de títulos mineros perfeccionados o consolidados deben
cumplirse conforme al mismo.
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2.4. En referencia a la demanda de reconvención, y
según lo que lleva concluido el Tribunal, halla avante la
declaración de que dicho subcontrato está vigente. Y, por
tanto, el demandado Marcos Aldana está obligado a
respetarlo por el término de la concesión 2260.
En relación con el reclamo indemniza torio, el Tribunal
lo niega por no hallar prueba de que en las acciones
promovidas por el señor Aldana hayan ocasionado perjuicios
a la empresa contra demandante.
111. LA DEMANDA DE CASACIÓN
En la demanda con la que se sustenta el recurso se
plantea un solo cargo por violación de normas sustanciales.
Mas, con antelación a toda consideración en relación con el
mismo y los fundamentos de la decisión que la Corte habrá
de tomar en este asunto, es preciso señalar que es el Código
General del Proceso el que rige el trámite de este recurso
extraordinario.
CARGO ÚNICO
Se acusa la sentencia del Tribunal de violar
directamente los artículos 27, 60 y 350 del Código de Minas,
831 del Código de Comercio y 176 y 178 del Código General
del Proceso, porque -fundamentalmente- el subcontrato
perdió fuerza obligatoria con posterioridad a su celebración
por las circunstancias previstas en la ley minera, en la
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medida en que: i) no es aplica�le el derecho a la prórroga; ii)
en sus cláusulas se han subrogado derechos y obligaciones
emanadas del título minero; y iii) fue terminado
unilateralmente.
a. En relación con el primer aserto (no es aplicable el
derecho a la prórroga) indica el recurrente que el juzgador
violó directamente el artículo 27 de la Ley 685 de 2001
(Código de Minas) porque a partir de su vigencia el titular
minero no puede subrogar en el subcontratista los derechos
y obligaciones emanados del titulo minero y no le confiere
derechos a participar en los minerales por explotar.
En particular, explicó que:
"Teniendo en cuenta que el articulo 27 de la Ley 685 de 2001
derogó el articulo 22 del Decreto 2655 de 1988, la explotación por
ser un derecho exclusivo de los titulares mineros no le es aplicable
a los subcontratistas a menos que se tratara de una cesión de
derechos. La vigencia del subcontrato estaba sujeta a la condición
de que se celebrara el Contrato de concesión. Celebrado el contrato
de concesión, se encontraba en vigencia el artículo 27 de la ley 685
de 2001 que prohíbe al titular que el subconiratista se subrogue
en sus derechos, es decir, al subcontratista no le es aplicable el
derecho a la prórroga establecida en la cláusula tercera del
subcontrato de explotación. En ese orden, el derecho a la prórroga
del subcontrato se extingue por ministerio de la ley minera" (f. 1 7,
c. Corte).
b. En cuanto a la segunda afirmación (en las
cláusulas del subcontrato se han subrogado derechos y
obligaciones emanados del título minero), expresa que en el
subcontrato se previó que el subcontratista pagara
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directamente las regalías al Estado y explotara cinco vetas de
carbón coquizable con una contraprestación a Aldana de tan
sólo$ 42.500.000.
Explica que, según los artículos 22 y 23 del Código
Minero, únicamente se subrogan derechos y obligaciones del
titular a través de la figura de la cesión. Y en refuerzo de tal
afirmación, transcribe concepto de la oficina asesora jurídica
de Ingeominas.
c. En cuanto al tercer punto (el subcontrato fue
terminado unilateralmente), indica que el sentenciador
cometió yerro en la apreciación de las pruebas (cita y
transcribe en pie de página el artículo 176 del Código General
del Proceso). Y en concreto, en la solicitud de que el
subcontrato se "desanotara" del Registro Minero Nacional.
Para el recurrente, no haber elevado la solicitud
hubiera permitido a la Compañía Minera El Triunfo S.A.S
continuar con la ocupación y perturbación, con el despojo y
la explotación ilícita dentro del contrato de concesión -
actividades que venía ejerciendo antes de que Aldana
celebrara ese contrato-. Arguye que el subcontratista sólo
tenía una expectativa que se desvaneció con la decisión de
terminar unilateralmente el subcontrato, cuyos motivos no
fueron analizados por el Tribunal y más bien los interpretó
como un incumplimiento del subcontrato.
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Pero las razones . para esa terminación unilateral
obedecieron a que el subcontratista explotaba el carbón por
fuera del plazo contractual establecido y se negó a renegociar
el acuerdo que tenía cláusulas desequilibradas. Agrega que,
además, la compañía demandada se hizo pasar por minero
tradicional para legalizar explotaciones dentro del área de la
concesión, indujo a error al juez al manifestar que la
administración minera y Aldana le condujeron a presentar la
legalización, "cuando lo pretendido por la compañía fue la de
ampararse en una ley que le permitía continuar explotando carbón
mientras se resolvía su solicitud de legalización, a sabiendas de que no
le prosperaría" (f. 19), pues en la que estaba era ocupada por el
actor con su título 2260.
Arguye el censor que la terminación unilateral es una
causa legal establecida en el artículo 1602 del Código Civil.
En tal sentido, el juez debió analizar si la terminación
unilateral fue producto de mala fe, abuso del derecho o si, de
acuerdo con la naturaleza del subcontrato, podía ser
prorrogado. Considera que el Tribunal no aplicó la última
parte de ese precepto en cuanto a que el contrato puede no
producir efectos por causa legal, como la terminación
unilateral ante las características del contrato, a saber, «de
derecho privado, oneroso, de tracto sucesivo, es accesorio y es aleatorio».
Luego de reproducir las razones expuestas en un
memorial en el que Aldana informa a la autoridad minera la
razón de la terminación unilateral del subcontrato, insiste la
censura en que no fue este quien lo incumplió.
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El Tribunal no analizó el comportamiento de la
compañía demandada que explotó ilegalmente el carbón en
el interregno entre el vencimiento de la licencia de
explotación y la celebración del contrato de concesión. Aduce
que no se percató de que la empresa se resistió a renegociar
pues el precio pactado en el subcontrato fue desequilibrado
y eso le convenía a ella. Por tanto, considera que «si se
encuentran causas legales para que el subcontrato haya quedado
invalidado, estas son la terminación unilateral y la prohibición de
subrogar derechos emanados del títulos a los subcontratistas»,
Argumenta que el sentenciador cometió yerro en la
apreciación de los interrogatorios de parte que demuestran
la costumbre en los subcontratos de explotación de pactar el
pago de la contraprestación con base en la tonelada de
carbón extraída. Adicionalmente, omitió que prorrogar el
subcontrato sin contraprestación alguna quebranta el
equilibrio económico y la equidad contractual.
Estima que el Tribunal violó el artículo 350 del Código
de Minas en tan to que « en ningún momento esta disposición otorga
derecho. alguno a los Subcontratos de Explotación celebrado entre
particulares». En tal sentido, precisó que «las condiciones, términos
y obligaciones consagrado en leyes anteriores son únicamente para los
beneficiarios de títulos mineros perfeccionados y consolidados conforme
con el Decreto 2655 de 1988», no siento el subcontrato un acto
definido por el legislador por « título minero perfeccionado y
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consolidado» y al cual, por tanto, no le es aplicable la aludida
disposición.
Finalmente, se refiere a la violación del artículo 831 del
Código de Comercio, atinente al enriquecimiento sin causa,
pues el Tribunal «no tuvo en cuenta en su decisión judicial los
momentos aducidos de enriquecimiento sin causa en los que la
Compañía Minera El Triunfo SAS indició ello es: 1) lo comprendido entre
el vencimiento de la licencia de explotación, 22 de septiembre de 2002,
fecha en la que el sr. Marcos Aldana no tenía título. 2) tiempo de
explotación entre el 24 de enero de 2007, fecha de inscripción del
contrato de concesión en el Registro Minero Nacional hasta el 06 de junio
de 2014 fecha de cierre de trabajos y obras mineras realizada por la
aquí demandada».
Aunado a lo anterior, reprocha que tampoco se
hubieran considerado las pruebas referidas a los formulario
oficiales de declaración de regalías presentadas en la
autoridad minera para el pago de regalías a nombre de la
Compañía Minera el Triunfo, con lo cual se subroga en los
derechos y obligaciones que le concede la ley al titular minero
Marcos Aldana.
IV. CONSIDERACIONES
De entrada, se anticipa que la sentencia del Tribunal no
será casada por la Corte. Esto se debe a la existencia de
defectos de orden técnico que impiden la prosperidad del
cargo esgrimido, como pasa a verse.
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4.1. En primer lugar, se advierte que, en la demanda
genitora del proceso, Marcos Aldana pretendió que se
declarara terminado el contrato desde una fecha -22 de
septiembre de 2002- a partir de la cual debía cuantificarse la
extracción de carbón que la demandada hizo en el área de la
licencia, con miras a pedir que fuese condenada la
interpelada a pagar al demandante por enriquecimiento
ilícito o sin causa (debido a esa explotación en la aludida
área). Sin embargo, alegó asimismo que esa terminación
debía operar "dado que la concesión con el Estado es una modalidad
nueva, con características propias diferentes a la licencia de explotación,
que tiene prevista una duración de 30 años, para la cual no se pactó en
el subcontrato una contraprestación económica a favor del demandante,
convirtiéndolo en leonino, dando lugar a un enriquecimiento sin causa a
favor del demandado, y a un empobrecimiento, por su parte, del
demandante".
En el recurso de apelación, el actor insistió en el
enriquecimiento sin causa o ilícito y en la terminación del
contrato, ya no tanto por expiración del término de la licencia
de explotación, sino más bien por la celebración de un nuevo
contrato, el de concesión, por 30 años, ,plazo quizás no
contemplado cuando acordó la contraprestación de
$42.500.000 -que tilda entonces de leonina-.
Ahora, en la casación, pone la mira en ciertas cláusulas
del subcontrato para resaltar su incompatibilidad con las
normas del Código de Minas que rigen el contrato de
concesión, en pos de señalar otra causa para pedir la
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terminación del mentado subcontrato. Y, como si fuera poco,
agrega una causa más: la terminación unilateral por decisión
del titular minero Marcos Aldana, la cual califica de válida al
ser una «causa legal» contemplada en el artículo 1602 del
Código Civil.
4.2. De tal discurrir, lo que enseguida emerge es que el
ataque, inicialmente encasillado en la vía directa, comienza
a transitar por la indirecta pues la acusación pone de
presente ciertas probanzas que, de haber sido valoradas
adecuadamente, hubieran conducido el Tribunal a concluir
lo que la censura reclama en casación. En tal sentido, se
duele constantemente de la falta de apreciación de las
cláusulas contractuales (f. 22), la inequidad de los términos
estipulados en el subcontrato frente a la concesión, las
costumbres en la forma de subcontratar en el sector minero,
los interrogatorios de parte (f.22), los oficios de la Oficina
Asesora Jurídica de INGEOMINAS (f. 17), el comportamiento
de la minera (f. 21) y el memorial mediante el cual se terminó
unilateralmente el contrato (f. 19).
En tal sentido, se advierte una mixtura de causales
pues el actor expuso argumentos de carácter fáctico cuando
el reparo debió circunscribirse única y exclusivamente a la
presencia de errores de juicio sobre la existencia, validez,
alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin
referencia a los hechos debatidos y probados.
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Al respecto, esta Sala ha explicado que la causal
primera de casación se presenta «cuando, el funcionario deja de
emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y,
consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al litigio, o
cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la
interpretación que de ella hace» (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun.
de 2017, Exp. n.º 2014-00173-01).
Consecuente con esto, compete al recriminador «centrar
sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere
inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados,
prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con
las apreciaciones fácticas del f allador, cuestión esta que sólo puede
abordarse por la vía indirecta». (CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. nº
7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. nº 2000-00896-
01).
Significa lo anterior, que cuando se censure una
sentencia por la causal primera, a más de la aceptación de
todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deberá
el recurrente demostrar qué textos legales sustanciales
resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o
erróneamente interpretados.
De manera que, atendiendo a la argumentación
planteada, lo correcto era encauzar la acusación por la senda
indirecta consagrada en la causal segunda, que refiere, entre
otros, al error de hecho por errónea apreciación de
determinada prueba, lo que hace frustráneo el cargo
examinado.
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4.3. Tal circunstancia resulta aún más gravosa pues si
se interpretara que lo que quiso exponer el censor fue la
violación indirecta a causa de errores probatorios (causal
segunda), tropieza la Corte con la falta de desarrollo acerca
de lo que, según la censura, dicen los medios de convicción
frente a lo que el Tribunal infirió, con miras a resaltar los
yerros probatorios.
Los defectos, además, no se califican, esto es, si fueron
de hecho o de derecho, aun cuando se mencionan dos
normas probatorias -al parecer infringidas por el Tribunal-,
pero sin la necesaria explicación de la razón de su violación
(artículo 344 CGP), desvaneciéndose su idoneidad en el
hipotético evento de que el yerro escogido fuese de derecho.
4.4. Igual situación se predica con respecto a las
inconformidades planteadas en torno al artículo 831 del
Código de Comercio, las cuales se circunscriben a denunciar
la ausencia de apreciación de los « momentos de enriquecimiento
sin causa a cargo de la Compañía Minera El Triunfo», así como de las
pruebas anexas «como lo son las copias de los formularios enformato
oficial de declaración de regalías presentadas a la Autoridad Minera que
del trimestre del año explotado, cantidad, precio base de liquidación para
el pago de regalías y valor que se pagó a la autoridad minera por la
explotación, a nombre de la Compañía Minera El Triunfo SAS». Y, por
último, la omisión del interrogatorio de su contraparte, del
cual, a su juicio, «se pudo establecer que durante la explotación se
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extrajo más de 18 mil toneladas usufructuando la reserva
correspondiente únicamente al concesionario».
Además de lo expuesto, respecto de esta norma se
presenta una situación particular: no es una norma
sustancial. Memórese que esta Sala ha reiterado que la
norma sustancial es aquella que frente a la situación fáctica que
ella contempla, declara crea, modifica o extingue derechos subjetivos o
impone obliqaciones+». Se complementa tal descripción,
señalando que no tienen tal calidad aquellas que «sin embargo
de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos
jurídicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer
enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen la tienen las
disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendoí»
En ese sentido, en CSJ AC741-2020 se expuso, en un
caso en que fue invocada la misma disposición, que:
«En lo que respecta al segundo cargo, que se endereza a la
demostración de una infracción directa de las normas
sustanciales, el recurrente señaló que fueron transgredidos dos
artículos que no ostentan tal carácter, pues el 1564 del Código
Civil que establece que toda obligación debe tener una causa y el
831 del Código de Comercio que consagra el enriquecimiento sin
justa causa, no crean, modifican ni extinguen derechos u
obligaciones entre sujetos de derecho concreto».
4.5. En suma, el entremezclamiento de las causales y la
ausencia de desarrollo de las inconformidades, aunado al
hecho de que el artículo 831 del Código de Comercio no es
4 CSJ.S.C de 30 oct. 1970, G.J CXXX, Página. 68.
s CSJ S.C del 24 de octubre de 1975, G J Tomo CLI página 254.
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una norma sustancial, demuestran graves .falencias del
instrumento que no pueden ser suplidas por esta
Corporación. Por tanto, el embate debe fracasar.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley
RESUELVE
Primero.- NO CASA la sentencia proferida el 8 de
febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
de Cundinamarca, en el proceso de Marcos Aldana Casas
contra Compañía Minera El Triunfo SAS.
Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de
casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho
inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3.000.000.oo)
M/cte.
Cumplido lo anterior devuélvase la actuación surtida al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
e Sala
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O GARCÍA RESTREPO
OCTAVIOAUG EIRO DUQUE
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LU S ARMANDO TOLOSA VILLABONA -
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