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clave: "corte_suprema:providencia:SC4794-2021 [2012-00488-01]"
titulo: "Corte Suprema: no pueden acogerse las pretensiones de la demanda principal"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-01-01"
radicado: "2012-00488-01"
numero: "SC4794-2021"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: no pueden acogerse las pretensiones de la demanda principal

- **Título oficial / radicado:** SC4794-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-01-01
- **Radicado:** 2012-00488-01
- **Número:** SC4794-2021
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4794-2021%20%5B2012-00488-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4794-2021%20%5B2012-00488-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzEwLi0gT2N0dWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDc5NC0yMDIxIFsyMDEyLTAwNDg4LTAxXS5wZGY%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Celebrado el contrato de concesión, se encontraba en vigencia el artículo 27 de la ley 685 de 2001 que prohíbe al titular que el subconiratista se subrogue en sus derechos al subcontratista no le es aplicable el derecho a la prórroga establecida en la cláusula tercera del subcontrato de explotación.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 2655 de 1988
- Ley 675 de 2001
- Ley 685 de 2001

## Extracto

Celebrado entre el señor MARCOS ALDANA CASAS, realizado con la Por tanto, considera que «si se encuentran causas legales para que el subcontrato haya quedado invalidado, estas son la terminación unilateral y la prohibición de subrogar derechos emanados del títulos a los subcontratistas», Argumenta que el sentenciador cometió yerro en la apreciación de los interrogatorios de parte que demuestran la costumbre en los subcontratos de explotación de pactar el pago de la contraprestación con base en la tonelada de carbón extraída. 20 Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01 Al respecto, esta Sala ha explicado que la causal primera de casación se presenta «cuando, el funcionario deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace»

## Texto del documento

República de Colombia
Cune Suprema de Justicia
Sala da casaclén Ctwll
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado ponente
SC4794-2021
Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
(Aprobado en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil
veintiuno (2021).
Decide la Corte el recurso extraordinario de casación
interpuesto por Marcos Aldana Casas contra la sentencia de
8 de febrero de 2017, proferida por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Cundinamarca, dentro del proceso
declarativo que promovió el impugnante contra la sociedad
Compañía Minera El Triunfo S.A.S.
l. ANTECEDENTES
A. Pretensiones
La convocante solicitó declarar: i) la terminación del
subcontrato de explotación de carbón celebrado con la
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
Compañía Minera El Triunfo S.A.S, por «haber expirado el
término de la licencia de explotación desde el 22 de septiembre de 2002».
ii) el enriquecimiento sin causa de la demandada por «haber
extraído 222.417 toneladas de carbón de la concesión con placas No.
2260 ( ... ) sin pagarle contraprestación alguna en detrimento de las
reservas a que tiene derecho el demandante como concesionario del
Estado». Consecuencialmente, pidió condenar al demandado al
pago de ($ 10.222. 964.146,oo) por concepto de lucro cesante, suma que
corresponde al monto por el cual se enriqueció sin causa».
B. Causa petendi
Como fundamentos fácticos narra que el 22 de julio de
1992, el Ministerio de Minas y Energía le otorgó la licencia de
explotación de carbón (placa No. 22601) sobre un predio
ubicado en jurisdicción de los municipios de Sutatausa y
Cucunubá (Cundinamarca) por un término de 10 años. En
virtud de ello, el 12 de marzo de 1997 celebró subcontrato de
explotación minera con la demandada, aprobado por
Ecocarbón el 31 de julio de 1998 e inscrito luego en el
Registro Minero.
En la cláusula tercera del aludido acto jurídico se
estipuló que «el término de duración del subcontrato se extenderá a la
vigencia de la licencia 2260, y al de la prórroga de la misma y si se
celebrara el contrato de concesión, al de la prórroga del mismo». Y, en
la cláusula cuarta, se pactó como contraprestación que el
I Inscrita en la Oficina de Registro Minero Nacional el 22 de septiembre de 1992.
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Radicación n.º 25899-31-03-002-2012-00488-01
contratista -la empresa demandada- pagara al contratante la
suma de $42.500.000, recibidos a la firma del documento
contentivo del subcontrato.
El 15 de febrero de 2002, antes de vencerse el decenio
de la licencia de explotación, el actor ejerció ante la autoridad
minera el derecho legal de preferencia para suscribir la
concesión sobre el área. Y así, el 7 de diciembre de 2006,
celebró con INGEOMINAS el contrato de concesión por el
término de 30 años. El 24 de enero de 2007 fue inscrito en el
registro minero.
En el ínterin, como el 22 de septiembre de 2002 habían
vencido los 1 O años de la mencionada licencia de explotación
2260, en resolución nº. DSM No 749 del 21 de julio de 2006
INGEOMINAS consideró que «en último término, se le informa tanto
al titular, los subcontratistas, Compañía Minera El Triunfo Ltda. y
Venancio Silva, que el título de la referencia se encuentra vencido desde
el 22 de septiembre de 2002, razón por la cual una vez vencido el título,
se encuentran vencidos los subconiratos» (f. 131, c. uno).
Entre la fecha de terminación de la licencia de
explotación 2260 (22 de septiembre de 2002) y la de
inscripción del contrato de concesión (24 de enero de 2007),
el actor tenía frente a terceros derecho de preferencia en la
concesión para continuar con la explotación del carbón en el
área.
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
Asegura que, desde la celebración del contrato de
concesión bajo la misma placa nº. 2260, se rompió el
equilibrio contractual entre el demandante y la interpelada,
« dado que la concesión con el Estado es una modalidad nueva, con
características propias diferentes a la licencia de explotación, que tiene
prevista una duración de 30 años, para la cual no se pactó en el
subcontrato una contraprestación económica a favor del demandante,
convirtiéndolo en leonino, dando lugar a un enriquecimiento sin causa a
favor del demandado, y a un empobrecimiento, por su parte, del
demandante» (f. 132, c. 1).
Ya como titular de la concesión 2260, el promotor
solicitó negociar con la demandada para llegar a un justo
acuerdo, pero su esfuerzo fue infructuoso. Entre tanto, el 8
de junio de 2012 la compañía demandada solicitó, ante de la
Agencia Nacional Minera, la legalización de los trabajos de
explotación dentro del área del contrato de concesión 2260
del cual es titular el demandante. Sin embargo, «la Agencia
Nacional de Minería, expide Concepto Técnico en el cual concluye que la
solicitud de legalización No. NF4-16091, presentada por la Compañía
Minera El Triunfo NO CUMPLE TÉCNICAMENTE con lo establecido en el
Decreto 2 715 de 201 O y por lo tanto considera que NO ES PROCEDENTE
continuar con el trámite de Legalización Minera».
Desde el 22 de septiembre de 2002, fecha en la cual
venció el plazo de la licencia de explotación 2260, hasta el
tercer trimestre de 2012, la compañía resistente extrajo
225,417 toneladas de carbón -equivalentes al 16.22º/o de las
reservas estimadas en el área de la concesión 2260-, sin que
Aldana recibiera algún beneficio o contraprestación.
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Radicación n.º 25899-31-03-002-2012-00488-01
C. Posición de la demandada y trámite del proceso
1. En su contestación, la Compañía Minera El
Triunfo S.A.S no sólo se opuso a las pretensiones, con la
aclaración y precisión de algunos hechos y la negación de
otros, sino que adujo como excepciones de mérito las que
denominó «inexistencia de enriquecimiento sin causa y de los
elementos que la estructuran», «incumplimiento de contrato por el actor
o exceptio non adimpleti contractus» , « mala fe, dolo, temeridad en el
actor» y «cobro de lo no debido».
1.1. Además; formuló demanda de reconvención con la
finalidad de que fuese condenado Marcos Aldana a que
cumpliese el subcontrato de explotación suscrito entre las
partes con vigencia igual a la del contrato de concesión 2260,
esto es, hasta el 24 de enero de 2037, y se le condenase a
pagar perjuicios por $1.660.171.023.
El demandante en · reconvención fundamentó su
pretensión en que Aldana Casas «con fundamento en el artículo 46
del Decreto 2655 de 1988, en uso del derecho de preferencia, el aquí
demandado convirtió la licencia referida en el numeral anterior (No.
2260) en el Contrato de Concesión No. 2260». Memoró que, en
vigencia de la licencia, las partes suscribieron el subcontrato
objeto del pleito, que posteriormente Aldana terminó
unilateralmente y de manera sorpresiva con el fin de que la
autoridad minera ordenara su desanotación del registro
minero. Y que, simultáneamente, el demandado en
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reconvención tramitó amparos administrativos por
considerar que la explotación que ejecutaba la Compañía
Minera El Triunfo S.A.S era ilícita, lo cual aparejó el cierre y
suspensión de los trabajos mineros adelantados por esta.
1.2. Frente a la contrademanda, Marcos Aldana Casas
se opuso con la formulación de las excepciones de "inexistencia
de la obligación de responsabilidad de cumplimiento del contrato", "falta
de legitimidad por parte de la activa" e "inexistencia de la obligación de
indemnizar'.
2. El Juzgado Segundo Civil de Circuito de Zipaquirá
profirió la sentencia de primera instancia (fls. 813 a 822, c.
1), en la que declaró que el subcontrato de explotación
minera celebrado entre las partes había terminado en forma
unilateral por el contratante -a partir del 20 de agosto de
2009-. Así mismo, negó las pretensiones de la demanda
principal y las de la reconvención.
3. Ambas partes apelaron. Para el efecto,
esgrimieron, en síntesis, los siguientes argumentos:
3.1. El demandante insistió en que existe material
probatorio suficiente que acredita la existencia de
enriquecimiento sin causa de la demandada tras el
vencimiento de la licencia de explotación. En tal sentido,
recalcó que el propósito de la demanda era, también,
establecer que el contrato terminaba con la licencia, razón
más que suficiente para renegociar las condiciones si se
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trataba de un nuevo contrato de concesión con el Estado en
el cual el plazo se extendía.
Remarcó e insistió que «en ninguna de las pretensiones se
solicitó que se resolviera el contrato o que
incumplimiento del contrato

celebrado entre el señor MARCOS ALDANA CASAS, realizado con la
COMPAÑíA DE MINERÍA EL TRIUNFO, se solicitara alguna
indemnización». Apuntaló, además, que no pidió que se
declarara si el subcontrato estaba vigente por lo que «el
despacho se sale de la órbita jurídica al plantear unas nuevas
pretensiones no solicitadas».
A modo de resumen, indica que los puntos concretos de
la apelación se dirigieron a resaltar que el juzgado se refirió
a un tema no planteado por las partes consistente en la
vigencia del contrato y que, por el contrario, la declaratoria
de enriquecimiento sin causa no fue analizada ni resuelta.
3.2. Y la empresa resistente replicó la violación directa
de la ley minera y civil, particularmente los artículos 46 del
Decreto 2655 de 1 988 y 1602 del Código Civil, como quiera
que las posibilidades que otorga el Código Minero al titular
del derecho no afecta « los derechos del subcontratante ( ... ) salvo
incumplimiento de las normas técnicas, ambientales y de seguridad
social e integral, que no es o fue el motivo que se aduce en la demanda,
toda vez que ésta se sustenta en la terminación del subcontrato como
presupuesto de la acción de enriquecimiento sin causa». En lo que
toca con la vulneración de la legislación civil, adujo pues se
declaró terminado un contrato por razones distintas al «mutuo
acuerdo o por causas legales». Increpó, además, la apreciación
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
errada de la promesa de subcontrato, documento que pese a
otorgársele validez, «la desconoce frente a la terminaciori
UNILATERAL del subcontrato de Derecho Privado ... »,
Por otra parte, se dolió de la falta de apreciación del
soporte documental del juramento estimatorio. De lo
contrario, la juez habría «declarado prósperas las pretensiones de
la demanda de reconvención».
4. Para desatar la alzada, el Tribunal profirió la
sentencia objeto del recurso extraordinario (fls. 10 a 29, c. 3).
En esta se confirmó la decisión del juzgado: negó las
pretensiones de la demanda principal y declaró terminado el
proceso. No obstante, revocó los otros pronunciamientos. En
su lugar, accedió a la pretensión de la demanda de
reconvención: declaró que el subcontrato de explotación
minera celebrado sobre la licencia 2260 se encuentra
prorrogado por la suscripción del contrato de concesión entre
el señor Marcos Aldana Casas e Ingeominas (hasta el día 24
de enero de 2037). Por lo demás, negó la indemnización
reclamada por el reconviniente y declaró no probada la
excepción de mérito denominada "inexistencia de la obligación de
responsabilidad de cumplimiento del contrato propuesta frente a la
pretensión primera de la demanda de reconvención".
11. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
2 .1. Luego del usual resumen, el Colegiado comienza
por establecer que el operador de primera instancia no
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
incurrió en incongruencia cuando definió si el subcontrato
objeto de la causa litigiosa se encontraba vigente. En tal
sentido, anotó que la interpretacióri de ambas demandas
imponía tal dilucidación: la del demandante primigenio,
porque pidió que se declarara terminado el contrato y
consecuentemente se condenara por enriquecimiento sin
causa al demandado. Y la del demandante en reconvención,
porque pretende que se ordene que ese subcontrato sea
cumplido por el demandado Aldana. Resuelta dicha
consideración inicial, procedió a resolver los recursos de la
siguiente manera:
2.2. En relación con la vigencia del subcontrato,
constató que en 1987 el Ministerio de Minas otorgó al
demandante Aldana licencia de exploración 2260. En 1992
se ordenó el registro de la licencia de explotación 2260. En
abril de 1996 las partes de este pleito celebraron el contrato
de promesa de celebrar ellos un subcontrato de explotación,
ligado a la licencias 2260. Y que el Ministerio de Minas y
Ecocarbón autorizaron el subcontrato para la licencia 2260.
Se observó que el 12 de marzo de 1997 se suscribió y acordó,
en primer lugar, que Aldana como contratante lo celebraba
permitiendo a la sociedad contratista la continuación de los
trabajos de explotación. Que su duración se extendería a la
vigencia de la licencia 2260 y su prórroga "y si se celebra
contrato de concesión al de la prórroga del mismo". Y, en fin, que
como contraprestación la sociedad pagó al contratante
$42.500.000. Además, que en. 1998, Ecocarbón aprobó el
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Radicación n.º 25899-31-03-002-2012-

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

merge es que el
ataque, inicialmente encasillado en la vía directa, comienza
a transitar por la indirecta pues la acusación pone de
presente ciertas probanzas que, de haber sido valoradas
adecuadamente, hubieran conducido el Tribunal a concluir
lo que la censura reclama en casación. En tal sentido, se
duele constantemente de la falta de apreciación de las
cláusulas contractuales (f. 22), la inequidad de los términos
estipulados en el subcontrato frente a la concesión, las
costumbres en la forma de subcontratar en el sector minero,
los interrogatorios de parte (f.22), los oficios de la Oficina
Asesora Jurídica de INGEOMINAS (f. 17), el comportamiento
de la minera (f. 21) y el memorial mediante el cual se terminó
unilateralmente el contrato (f. 19).
En tal sentido, se advierte una mixtura de causales
pues el actor expuso argumentos de carácter fáctico cuando
el reparo debió circunscribirse única y exclusivamente a la
presencia de errores de juicio sobre la existencia, validez,
alcance o significado del precepto legal aplicable al caso, sin
referencia a los hechos debatidos y probados.
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
Al respecto, esta Sala ha explicado que la causal
primera de casación se presenta «cuando, el funcionario deja de
emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y,
consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al litigio, o
cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la
interpretación que de ella hace» (CSJ AC4048-2017 del 27 de jun.
de 2017, Exp. n.º 2014-00173-01).
Consecuente con esto, compete al recriminador «centrar
sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere
inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados,
prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con
las apreciaciones fácticas del f allador, cuestión esta que sólo puede
abordarse por la vía indirecta». (CSJ SC feb. 18 de 2004, Exp. nº
7037, reiterado en CSJ, oct. 3 de 2013, Exp. nº 2000-00896-
01).
Significa lo anterior, que cuando se censure una
sentencia por la causal primera, a más de la aceptación de
todos los hechos que en ella se tuvieron por probados, deberá
el recurrente demostrar qué textos legales sustanciales
resultaron inaplicados, aplicados indebidamente, o
erróneamente interpretados.
De manera que, atendiendo a la argumentación
planteada, lo correcto era encauzar la acusación por la senda
indirecta consagrada en la causal segunda, que refiere, entre
otros, al error de hecho por errónea apreciación de
determinada prueba, lo que hace frustráneo el cargo
examinado.
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4.3. Tal circunstancia resulta aún más gravosa pues si
se interpretara que lo que quiso exponer el censor fue la
violación indirecta a causa de errores probatorios (causal
segunda), tropieza la Corte con la falta de desarrollo acerca
de lo que, según la censura, dicen los medios de convicción
frente a lo que el Tribunal infirió, con miras a resaltar los
yerros probatorios.
Los defectos, además, no se califican, esto es, si fueron
de hecho o de derecho, aun cuando se mencionan dos
normas probatorias -al parecer infringidas por el Tribunal-,
pero sin la necesaria explicación de la razón de su violación
(artículo 344 CGP), desvaneciéndose su idoneidad en el
hipotético evento de que el yerro escogido fuese de derecho.
4.4. Igual situación se predica con respecto a las
inconformidades planteadas en torno al artículo 831 del
Código de Comercio, las cuales se circunscriben a denunciar
la ausencia de apreciación de los « momentos de enriquecimiento
sin causa a cargo de la Compañía Minera El Triunfo», así como de las
pruebas anexas «como lo son las copias de los formularios enformato
oficial de declaración de regalías presentadas a la Autoridad Minera que
del trimestre del año explotado, cantidad, precio base de liquidación para
el pago de regalías y valor que se pagó a la autoridad minera por la
explotación, a nombre de la Compañía Minera El Triunfo SAS». Y, por
último, la omisión del interrogatorio de su contraparte, del
cual, a su juicio, «se pudo establecer que durante la explotación se
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extrajo más de 18 mil toneladas usufructuando la reserva
correspondiente únicamente al concesionario».
Además de lo expuesto, respecto de esta norma se
presenta una situación particular: no es una norma
sustancial. Memórese que esta Sala ha reiterado que la
norma sustancial es aquella que frente a la situación fáctica que
ella contempla, declara crea, modifica o extingue derechos subjetivos o
impone obliqaciones+». Se complementa tal descripción,
señalando que no tienen tal calidad aquellas que «sin embargo
de encontrarse en los códigos sustantivos, se limitan a definir fenómenos
jurídicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer
enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen la tienen las
disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendoí»
En ese sentido, en CSJ AC741-2020 se expuso, en un
caso en que fue invocada la misma disposición, que:
«En lo que respecta al segundo cargo, que se endereza a la
demostración de una infracción directa de las normas
sustanciales, el recurrente señaló que fueron transgredidos dos
artículos que no ostentan tal carácter, pues el 1564 del Código
Civil que establece que toda obligación debe tener una causa y el
831 del Código de Comercio que consagra el enriquecimiento sin
justa causa, no crean, modifican ni extinguen derechos u
obligaciones entre sujetos de derecho concreto».
4.5. En suma, el entremezclamiento de las causales y la
ausencia de desarrollo de las inconformidades, aunado al
hecho de que el artículo 831 del Código de Comercio no es
4 CSJ.S.C de 30 oct. 1970, G.J CXXX, Página. 68.
s CSJ S.C del 24 de octubre de 1975, G J Tomo CLI página 254.
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
una norma sustancial, demuestran graves .falencias del
instrumento que no pueden ser suplidas por esta
Corporación. Por tanto, el embate debe fracasar.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley
RESUELVE
Primero.- NO CASA la sentencia proferida el 8 de
febrero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
de Cundinamarca, en el proceso de Marcos Aldana Casas
contra Compañía Minera El Triunfo SAS.
Segundo.- CONDENAR en costas del recurso de
casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho
inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3.000.000.oo)
M/cte.
Cumplido lo anterior devuélvase la actuación surtida al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
e Sala
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
O GARCÍA RESTREPO
OCTAVIOAUG EIRO DUQUE
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Radicación n. º 25899-31-03-002-2012-00488-01
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LU S ARMANDO TOLOSA VILLABONA -
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4794-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-01-01. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2012-00488-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4794-2021%20%5B2012-00488-01%5D).
