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1T: 400- 4446
República de Colombia
Corte Suprema de JusScle
Sala as Casada' Chal
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC4454-2020
Radicación n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(Aprobado en sesión de tres de septiembre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil
veinte (2020)
Se decide el recurso de casación que formuló Fundación
Social (hoy Fundación Grupo Social) frente a la sentencia de
16 de julio de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal
adelantado por la recurrente contra Promotora San José de
Maryland S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La convocante pidió que «se declare que la demandada está
obligada a reducir el precio de los inmuebles (...) que la Fundación le
compró a Promotora San José de Maryland S.A. el día 6 de febrero de
2013, mediante escrituras públicas n.° [154,] 155, 156, 157, 158, 159,
[160 y 161] de la Notaria 75 del Circulo de Bogotá», por haberse
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descubierto vicios ocultos, consistentes en «la presencia de un
antiguo meandro del río Tunjuelo» y «la existencia de un área de cesión
pendiente de ser transferida por la sociedad vendedora a favor del
Distrito Capital».
Asimismo, solicitó que se condenara a la convocada a
restituirle $7.892.278.318 (por lo que atañe al primero de los
alegados vicios) y $307.849.000 (frente al segundo), 4ct tituló
de reducción en el precio de compra en razón de la menor área de tetrená
disponible para la construcción».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Promotora San José de Maryland S.A. prometió
vender a Fundación Social diecisiete lotes, ubicados en la
localidad de Bosa, y denominados "La Calle de Laureles" (con
folio de matrícula n.° 50S-40312624), "El Portal I" (508.-
40312625), "El Portal II" (50S-40312626), "Los Juncos" (508-
40312627), "La Naveta" (50S-40312628), "Tierra Blancas
(50S-40312629) , "La Rinconada" (50S-40312630) , "Potrerito"
(50S-40312631), "Las Mangas" (50S-40312632), "El
Sembradero" (50S-40312633), "La Alquería" (50S-
40312634) , "Pasoancho" (50S-40312635) , "La Alameda"
(50S-40312636), "Los Sauces" (50S-40312637), "La Ronda"
(50S-40312638) y "Tierra Larga". (50S-40312639).
2.2. La adquirente celebró el negocio preparatorio con
el propósito de englobar los distintos fundos en una sola
propiedad (con un área urbanizable toilal de 275.000 metros
cuadrados), donde construiría un amegaproyecto inmobiliario» de
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viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés
prioritario (VIP).
2.3. Los contratos de compraventa prometidos se
instrumentaron en las citadas escrituras públicas n.° 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161, que fueron otorgadas
entre los días 3 y 6 de febrero de 2013 en la Notaría 75 del
Círculo de Bogotá.
2.4. El día 19 de ese mismo mes, «el arquitecto Andrés
Londorio Borda [contratado por la actora] asistió a una reunión con
funcionarios del área de Investigación y Desarrollo del FOPAE, con el fin
de precisar el área utilizable del lote», pudiendo establecer allí que
en el terreno existe «un meandro o "madrevieja" (...) que comprende
un área de 28.280 metros cuadrados, reduciéndose, por tanto, el área
neta urbanizable».
2.5. Por ese mismo sendero, más adelante se informó a
la actora que «la sociedad demandada debía completar las tonos de
cesión que debía haber transferido al Distrito Capital, respecto de otro
proyecto inmobiliario desarrollado por esa sociedad, con área de terrenos
vendidos a la Fundación», lo que disminuiría el área total
urbanizable en 1103,10 metros cuadrados adicionales.
2.6. Esas afectaciones, que la Fundación Social no
conocía, y tampoco debía conocer, constituyeñ vicios ocultos
de naturaleza redhibitoria, por lo que le otorgan a la
compradora el derecho de optar por una rebaja del precio
pactado, proporcional al área total de terreno no
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aprovechable para la construcción de viviendas, tal como lo
dispone en el artículo 1917 del Código Civil.
3. Actuación procesal.
Notificada del auto admisorio de 22 de noviembre de
2013, la querellada formuló la excepción de «prescripción»:
Igualmente, manifestó que «el supuesto vicio oculto nació COtt
posterioridad a la firma del contrato de compraventa, cuando los predilioi
estaban en su poder»; que la Fundación Social debió conocer 160
características del predio, así como la posible incidencia de
decisiones administrativas en su configuración, y que «kt
Promotora San José de Maryland desconocía el cambio de política del
distrito en materia de riesgo de inundación y (...) la existencia CM
meandro o madre de agua».
Agotadas las etapas previas, mediante providencia de
22 de abril de 2019 el juez a quo denegó las pretensiones,
tras considerar acreditada la prescripción bienal que prevé el
artículo 941 del estatuto mercantil.
La actora apeló esa decisión.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal resaltó que, al resolver sobre las excepciones
previas, el fallador de primer grado había declarado no
probada la defensa (mixta) de prescripción que propuso la
convocada, razón por la cual no le era permitido
pronunciarse de nuevo sobre la misma temática, menos aün
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en sentido opuesto al definido inicialmente, a través de una
providencia ejecutoria.da. Por ende, revocó el reconocimiento
del mencionado medio exceptivo, pero mantuvo incólume la
negativa del petitum, tras considerar que:
(i) La acción redhibitoria «es la que faculta al comprador
para rescindir la venta o pedir que se rebaje el precio a una justa
tasación, segiih le parezca más conveniente, ello en razón a los vicios
ocultos que presenta la cosa vendida, y que reciben el nombre de
redhibitorios».
(ii) Esos desperfectos de la cosa, además, debieron
existir al tiempo de la venta y permanecer después de ellai
haber sido ignorados por el comprador, sin culpa suya, y
revestir tal magnitud «que hagan la cosa impropia para su natural
destinación o para el fin previsto en el contrato*.
(iii) Aunque los Códigos Civil y de Comercio regulan lo
atinente a. los vicios redhibitorios, en este caso el análisis
habrá de abordarse con base en las pautas que prevé la
segunda normativa, pues dada la naturaleza de los
estipula,ntes, la transferencia inmobiliaria constituyó un acto
mercantil.
(iv) Refulge que el vicio alegado, que se hizo consistir
en que ola sociedad demandada debía completar las zonas de cesión
que debía haber transferido al Distrito Capital», no se configuró,
porque tal exigencia es apenas un temor de la actora, ya que
la autoridad administrativa competente no ha hecho exigible
la transferencia de ninguna porción inmobiliaria.
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(y) En relación con «la presencia de un meandro o
amadrevieja", que afecta 28.280 metros, que es el segundo vicio alegado
en la demanda», debe destacarse que el Consejo Directivo de la
Fundación Social aprobó la adquisición de los predios en
disputa en reunión llevada a cabo el 12 de septiembre de
2011, condicionando la transacción al esclarecimiento de
circunstancias tales como el riesgo de inundación y lad
decisiones de autoridades competentes sobre el itrek
potencialmente urbanizable.
(vi) Esa precaución evidencia que, «desde el inicio de la
negociaciones», la compradora era consciente de la necesiditd
de «realizar las investigaciones necesarias para cumplir be
condicionamientos que el consejo directivo impuso, relacionado con
estado, calidades y particularidades del predio respecto de la ronda 4i
rto Tunjuelo y el riesgo de inundación, por lo que debía elevar a tki:
autoridades competentes las peticiones del caso».
(vii) Si bien las indagaciones de la compradoiii
demuestran un actuar apropiado, lo cierto es que consintió
en celebrar las compraventas para una fecha en la que laS
entidades distritales no habían esclarecido aun la situaci6ii
de los activos inmobiliarios, asumiendo así los riesgos que
había identificado en los albores del iter, negocia
(viii) Cabe añadir que «la demandante [es] una profesional de
la construcción», lo cual sugiere que aquella «tenia la posibilidad
de conocer las situaciones que se presentaban (...), es decir, estaba
plenamente en la disposición de verificar la existencia de este vicio, por
lo que esta ignorancia no está libre de culpa, [de manera que] no es
merecedora de protección».
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LA DEMANDA DE CASACIÓN
Fundación Social presentó dos censuras, al amparo de
las causales segunda y primera, (en su orden), del artículo
336 del Código General del Proceso.
PRIMER CARGO
La actora denunció la transgresión indirecta del artículo
934 del Código de Comercio, «par indebida aplicación como
consecuencia de graves, evidentes y trascendentes errores de hecho en
la apreciación objetiva y material de varios medios de prueba obrantes
en el proceso».
Para fundamentar su acusación, indicó:
(i) El tribunal «cercena, aun cuando está plenamente
demostrada, la gestión diligente de Fundación Social en la determinación
del nivel de riesgo de inundación del predio Maryland», y tergiversa lo
decidido por su consejo directivo, pues este no condicionó la
adquisición «a la obtención del plan parcial y demás trámites
administrativos», sino a ola investigación de las condiciones necesarias
para urbanizar el predio, es decir, si en abstracto, era apto o no para la
construcción de vivienda».
(ii) Si se hubieran apreciado «en forma debida, tanto el
acta n.° 835 como el informe de Apiros, [se] habría concluido que con este
último se satisfizo la instrucción del Consejo Directivo de la Fundación
Social y que, definitivamente, era posible realizar el negocio a pesar de
los riesgos que se conocían para ese momento, como en efecto se hizo».
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(iii) Las conclusiones del informe que realizó la
constructora Apiros S.A.S. «son absolutamente dicientes, en el
sentido de que, si bien existía riesgo de inundación, lo cual era sabido
antes de que se hiciera el análisis, dada la colindancia del río Tunjuelo,
los pronunciamientos de las autoridades competentes indicaban que el
riesgo no era 'alto", sino 'medio" o "bajo", lo que no impedía en modo
alguno el adelantamiento del proyecto constructivo».
(iv) También falló el tribunal en la apreciación de tá
cláusula quinta del contrato de promesa de compraventa
pues «el propósito (...) del otorgamiento del poder no era que ia
Fundación Social hiciera averiguaciones sobre ,el estado del inmueble,
que verificara si en el mismo efectivamente se podría adelantar titi
proyecto inmobiliario. Ya esas averiguacions se habían hecho 63.0
anterioridad, y se reflejaron en el informe de Apiros, es decir, se hiciertiii
antes de la firma de la promesa de compraventa».
(y) Además, «se consultó el POT, y ng se observó la restricción
que vino a aparecer por cuenta del concepto de 28 de noviembre de 20121
se consultaron decretos de adopción de planes parciales para inmueble*
de la misma zona y de condiciones similares, y en ellos no se advirtió ni
la presencia de un meandro ni restricción alguna por esta razón; *e
consultó la licencia de construcción que había solicitado la demandada
para esos lotes y como ella misma lo reconoce, indicaba que esa zona en
la que luego se verificó la presencia del meandro podía ser objeto de
desarrollo urbanístico».
(vi) En la providencia recurrida «se parte de la base (...)
que el concepto del FOPAE no se había producido para el momento de
celebración de los contratos de compraventa, lo cual es incorrecto. El
concepto se produjo el 28 de noviembre de 2012, y los contratos de
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compraventa se celebraron los días 6 y 8 de febrero de 2013. Cosa
distinta es que la Fundación Social no conociera dicho concepto».
(vii) Ni la actora, ni ninguna entidad pública distinta
del FOPAE, atenía por qué conocer sobre la existencia del meandro y
el efecto concreto que la misma tendría sobre el POT, en general, y sobre
el área total urbanizable del predio Maryland, en una fecha anterior al
28 de noviembre de 2012», debiéndose añadir que «el concepto
técnico del FOPAE es un documento interno de esa entidad que solo es
conocido por la Secretaria Distrital del Hábitat y la Alcaldía».
(viii) Los falladores de segunda instancia entendieron,
equivocadamente, que «la Fundación Social es un profesional de la
industria de la construcción. Sin embargo, no existe prueba en el
expediente de que ello sea así (...). Al contrario, lo que si está demostrado
en el expediente, y que no fue advertido por el tribunal, es que a pesar
cle no ser experta, la Fundación conformó una alianza con un experto en
la actividad de la construcción, la sociedad Apiros», a quien se le
encargó «un estudio sobre el riesgo de inundación, todo lo cual
evidencia la diligencia que observó la Fundación en el proceso de
adquisición de los predios».
SEGUNDO CARGO
Alegando la infracción directa de os artículos 934 del
Código de Comercio y 1602 y 1611 del Código Civil, la
convocante censuró al tribunal por estimar que «la Fundación
Social estaba legalmente habilitada para abstenerse de celebrar los
contratos de compraventa en caso de que (...) los trámites
administrativos pendientes (...) arrojaran la información que finalmente
arrojaron, esto es, que existía un meandro y que por cuenta de [este]
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desde el 28 de noviembre de 2012 se había establecido una restricción
de edificabilidad en el área ocupada por aquel*.
Lo anterior, en tanto que «la premisa tercera sobre la que se
edifica la sentencia materia de ataque (...) resulta falsa, pues no tiene
sustento jurídico considerar que la Fundación debió dilatar la fecha de
firma de las escrituras públicas y haber esperado el resultado de todas
ittS gestiintés adMinistrativas relacionadas con la deterininación de. ices
condiciones de urbanización del predio, pues tal actitud la hubiese
puesto, sin más,' en clara situación de
incumplimiento del contrato
de
promesa de compraventa*.
CONSIDERACIONES
1. Régimen del remedio extraordinario.
Debe advertirse que el recurso de' casación en estudio
fue presentado en vigencia del Código General del Proceso,
de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir
por esa normativa.
2. El error de hecho Como modalidad de la
violación indirecta de la Ley sustancial.
Cuando el cargo se construye acu§ando la comisión de
un yerro fáctico que comporta la violación indirecta de una
norma sustancial, su acreditación presupone, entre otras
exigencias, que la inferencia probatoria cuestionada sea
manifiestamente contraria al contenido objetivo de la prueba;
es decir, que el desacierto sea tan evidente y notorio que se
advierta sin mayor esfuerzo ni raciocini;).
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
Además, como las sentencias llegan a la Corte
amparadas por una presunción de legalidad y acierto, le
incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar
una crítica concreta, simétrica, razonada y coherente frente
a los aspectos del fallo que considera desacertados, con
indicación de los fundamentos generadores de la infracción
a la ley, amén de hacer evidente la trascendencia de la pifia
«en el sentido del fallo» y atacar, de modo eficaz e integral, todos
los pilares de la decisión impugnada.
En esta precisa materia, la Corte ha explicado:
«El error de hecho (...) ocurre cuando se supone o pretermite la
prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el
juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el
que si obra para darle un significado que no contiene, y en la
segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena
en parte, para, en esta Última eventualidad, asignarle una
significación contraria o diversa.
El error "atarlé a la prueba como elémento material del proceso, por
creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando
existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho" (G.
J., t. LXXVM; pág. 313). Denunciada una de las anteriores
posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia
endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber
determinado la resolución reprochada (...).
Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la
Corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, 'cuando su
sólo planteamiento haga brotar que el criterio" del juez "está por
completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere,
que repugna al buen juicio', lo que ocurre en aquellos casos en que
él 'está convido de contraevidencia" (sentencias de 11 de julio de
1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es "de tal entidad que
a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de
la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad
que fluya del proceso" (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006,
exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la
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providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que "se
estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido
común, evento en el cual no es nada razonable ni
conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de
la decisión so pretextó de aquella autonomía" (G. J., T.
CCXXXI, página 644)* (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-
00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.).
Con similar orientación, se ha sostenido que
.) partiendo de la base de que la discreta autonomia de lid0
juzgadores de instancia en la apreciación de las pruebas condi.0
a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunción 11.0
acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se ,ti*
endilga deben ser ostensibles 'o protuberantes para que puedan
justificar la infirmación del fallo, justificación que por Id tanto no
da sino en tanto quede acreditado que 'la estimación probo:4.4M
propuesta por el recurrente es la única psible frente a la realidd#
procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada MI
el juez; por el contrario, no producirá tal resultado là
decisión del sentenciador que no se aparta de lás
alternativas de razonable apreciación que ofrezca la prue/i
o que no se impone frente a ésta cono afirmación itógicci,t,
arbitraria, es decir, cuando sólo se presente apenas como iota
posibilidad de que se haya equivocado. ,
Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo CritiO
sobre el ámbito probatorio que pueda hacer más o menos factil*
un nuevo análisis de lot medios demostrativos apoyados
razonamientos lógicos, no tiene virtualidad suficiente paf*
aniquilar una sentencia si no va acompañado de ta
evidencia de equivocación por parte del sentenciador (41
(CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-09456-01).
3. La violación' directa de norma sustancial.
Si la censura se construye acusando la sentencia de
trasgredir, en forma directa, una normatsustancial, el censor
debe acreditar que, sin alterar la representación de los
hechos que se formó el tribunal a partir del examen del
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material probatorio, el ordenamiento jurídico imponía una
solución de la controversia opuesta a la adoptada en la
providencia que puso fin a la segunda instancia.
En ese sentido, la fundamentación de la acusación ha
de dirigirse a demostrar que el ad quem dejó de aplicar al
asunto una disposición que era pertinente, aplicó otra que
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no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le
atribuyó efectos distintos a los que de ella dimanan, o los
restringió de tal manera que distorsionó los alcances ideados
por el legislador.
Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley
sustancial es completamente independiente de cualquier
yerro en la valoración probatoria; además, su estructuración
se presenta por tres vías, de contornos bien definidos: la falta
de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación
errónea de la norma de derecho sustancial.
Sobre este particular, la Corte ha apuntado que
4(..,) la violación directa de las normas sustanciales, que como
motivo de casación contempla la causal primera (-.), acontece
cuando el sentenciador, al margen de toda cuestión probatoria,
deja de aplicar al caso controvertido la disposición sustancial a
que debía someterse y, consecuentemente, hace actuar las que
resultan extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la
disposición rectora del asunto, yerra en la interpretación que de
ella hace, y que, por lo mismo, cuando el ataque en casación se
funda en la causal que se comenta, compete al recurrente
centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales
que considere inaplicados, indebidamente aplicados o
erróneamente interpretados, prescindiendo, desde luego, de
cualquier consideración que implique discrepancia con las
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apreciaciones _tácticas del sentenciador, cuestión esta que
solo puede abordarse por la vía indirecta» (CSJ SC9100-2014,
11 jun; reiterada en CSJ SC1819-2019, 28 may.).
4. Los vicios redhibitorios.
Las obligaciones del vendedor, a voces del articulo 1880
del Código Civil, «se reducen en general a dos: la entrega o tradición,
y el saneamiento de la cosa vendida», comprendiendo a su vez esta
Altitna carga -la de saneatniento- dos objetos distintos, a
saber, « aMparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la
cosa Vendida, y responder de los defectos ocultos de Asta, tramados
vicios rediitbitertoo (articulo 1893 ibídem.).
Sobre esta prestación, a cargo de quien transfiere un
bien a titulo de venta, la jurisprudencia tiene decantado lo
siguiente:
«Puede ocurrir (...) que el comprador, sin ser perturbado en su
dominio o posesión, no logre sacar de la cosa el provecho que se
propuso al contratar, o que ésta no le sirva para el uso a que está
destinada. En este evento [no] puede decirse que el vendedor
cumplió con su obligación, pues cuando el comprador pagó el
precio, lo hizo con la intención de adquirir una cosa que tuviera las
cualidades que le fueron ofrecidas y que le fuera completamente
útil y servicial; de suerte que si hubiera, conocido las deficiencias
de que adolecía el bien, es casi seguro que no la habría comprado,
o hubiera pagado por ella un precio menor. Por ello, es justo que el
comprador tenga acción contra el vendedor para exigirle el
saneamiento de los vicios ocultos, llamados redhibitorios.
Esta última prestación se encuentra consagrada en los artículos
1914 y siguientes del Código Civil, y es la misma que contempla el
Código de Comercio en su articulo 934, a cuyo tenor: "Si la cosa
vendida presenta, con posterioridad a $u entrega, vicios o defectos
ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa
por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural
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destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador
tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del
precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución
deberá restituir la cosa al vendedor. En uno u otro taso habrá
lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor, si éste
conocía O debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto
de la cosa vendida".
"Son vicios ocultos de la cosa -explica LORENZETTI-, cuyo
dominio, uso o goce se transmiten por titulo Oneroso, existentes al
tiempo de la adquisición, que la hagan impropia para su destiño,
o que disminuyen de tal modo el uso de ella que, de conocerlos, el
comprador no la habría adquirido o habría dado menos por ella. Al
comprador se le exige una diligencia media y por ello no hay
responsabilidad del vendedor por los vicios que el comprador
conocía o debía conocer en razón de su profesión u oficio; por ello,
no hay responsabilidad por los vicios aparentes. El adquirente
debe probar el vicio y que el mismo existía al momento de la
adquisición". (Contratos, Parte especial. Tomo 1. Buenos Aires:
Rubinzal-Cuizoni, 2004. p. 162)
Ante la existencia de defectos ocultos en la cosa, el comprador
puede optar por la "acción redhibitoria" o la "acción quanti
minoris". La primera permite la devolución de la cosa con
restitución del precio; mientras que la segunda persigue la
disminución del precio hasta el menor valor que el bien tiene. En
ambas acciones, si el vendedor conocía o debía conocer los vicios
de la cosa y no los manifestó al comprador, este último tendrá la
acción indemnizatoria de los daños sufridos con el ocultamiento»
(CSJ SC, 16 dic. 2013, rad. 1997-04959-01).
Ahora, bien, Diez Picazo explica que
«(...) la idea de vicio o defecto que el Código utiliza significa un
estado anómalo del objeto que implica una diferencia objetiva que
se manifiesta en un menor valor. El concepto de defecto, además,
exige una comparación, un objeto es defectuoso porque carece de
algo que el modelo tenido en cuenta presentaba. Por eso, el defecto
o vicio determina una decepcián respecto de aquello que
razonablemente se esperaba o que generalmente se obtiene de
cosas del mismo tipo. Naturalmente, no pueden ser tenidas en
cuenta las expectativas o las presuposiciones unilaterales del
comprador, pero sí aquellas que se ajustan a los estándares en el
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tipo de comercio de que se trate, lo que exige un comprador
razonable (...) y las que proporcionan los también normales
vendedores»1.
Por ese sendero, se tiene que las acciones edilicias
(redhibitoria y estimatoria) a las que se refirió el precedente
y la doctrina trasuntados, descansan sobre el parámetro de
proporcionalidad que consagra el artículo 1498 del Código
Civil, que define los contratos onerosos conmutativos,
naturaleza que cabe predicar de la compraventa, cotno
aquellos en los que «cada una de las partes se obliga a dar o hacer
una cosa que se mira COMO equivalente a lo que la otra parte debe
dar o hacer a su vez».
En tratándose del contrato de compraventa, la
,
equivalencia de la que se viene hablando no puecle
entenderse como un criterio absoluto, p puramente objetivó;
porque -con las limitaciones generales que impone el
legislador2- el vendedor puede fijar libremente el precio de lá
cosa que pretende enajenar, y el comprador decidir, también.
con libertad, si está dispuesto a pagarlo, porque ambas son
expresiones licitas del principio de autonomía de la voluntad
privada que campea en el ordenamiento patrio.
Tales decisiones individuales, además, deben
articularse, pues todo contrato surge del consentimiento
mutuo de las partes sobre sus elementos esenciales; y ello
ocurrirá cuando los estipulantes comparen la cosa y el
DÍEZ-PICAZO, Luís. Fundamentos del derecho civil patrimonial, TOMO IV (Las particulares
relaciones obligatorias). Ed. Civitas, Madrid. 2010, p. 137.
2 V.gr., la regulación de la lesión enorme en el contrato de compraventa (artículos 1946 y ss., Código
Civil).
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precio, y establezcan una relación de ordenación entre
ambas, que les permita corroborar su preferencia por aquello
que tiene el otro.
En ese laborío intelectual, el vendedor parte con
indudable ventaja, pues el precio está fijado, al menos
mayoritariamente, en una unidad estándar de valor (el
dinero). El comprador, por el contrario, debe examinar el bien
que pretende adquirir con cierto grado de detalle, para así
poder identificar sus características primordiales y
asignarles, de manera racionalmente admisible, un valor
equivalente en metálico.
Sin embargo, puede ocurrir que, tras las cualidades
aparentes del objeto compravendido, se oculte un defecto
material trascendente, que impida o afecte el uso ordinario
de la cosa, o disminuya su valor en forma considerable, y que
no hubiera sido revelado por el vendedor (por desconocerlo
también, o por negligencia o dolo), ni descubierto por el
comprador, sin culpa suya -leve o grave, según se trate de
un negocio jurídico mercantil3 o civi14-.
En ese escenario, surgen las acciones edilicias, cuyo
propósito consiste en restaurar la equidad contractual,
'Articulo 934, Código de Comercio: «Si la cosa vendida presenta, con posterioridad a su entrega vicios
o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados Sin milpa pot el comprador. que
hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador
tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador
opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. En lino u otro caso habrá lugar a
indemnización de perjuicios por parte del vendedor, si éste conocía o debía conocer al tiempo del
contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida».
4 Artículo 1915-3, Código Civil: (
No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin
negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón
de su profesión u oficio»
17
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
lesionada como consecuencia de la di§torsión con la que el
comprador percibió los rasgos objetivos,de la cosa (tales como
su morfología, funcionalidad o calidad), llevándolo a ignorar
un desperfecto de tal calado que hace que la misma «no sirva
para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea
de presumir que conociéndolos (...) no la hubiera comprado o la hubiera
comprado a mucho menosprecio» (artículo 1915-2, Código Civil).
Como se Ve, la reducción del precio o la rescisión del
contrato son medidas que responden a la trascendencia del
proceso ,precontractual- de formación de la voluntad de
comprar, en los términos explicados. Por ello, se excluyen de
protección los vicios evidentes, pues Se presume que estos
fueron tenidos en cuenta en el proceso volitivo del
adquirente de modo que su invocación Posterior resultaría
intrascendente.
Sobre este punto, explica la doctrina comparada:
«La apariencia del vicio, o sea, que trascienda fácilmente al
exterior, tendrá el mismo efecto que er conocimiento del mismo,
aunque no sea apreciable de inicio, ya sea porque pudo
descubrirse, o porque el otro contratante se lo informó. En ninguno
de los casos habrá lugar a responsabilidad. "Si l'acheteur sait que
la chose a un vice, ii ne pourra se plaindre: la chose livrée a en
effet les qualités qu'il attendait; il l'a accepté en connaissance de
cause, le vice n'est pas caches.
La exclusión dg la garantía en estas circunstancias se comprende
fácilmente, pues si el adquirente constata la existencia de los
defectos al momento de la transmisión, puede desistir, y disponer
de los medios que le conceda la ley para evitar sufrir las
consecuencias. No obstante, si conociendo el vicio contrata no es
5 « "Si el comprador sabe que lo cosa tiene un vicio, no podrá qu' ejarse, pues tendrá las cualidades
esperadas. Si aceptó conociendo el vicio, este no es oculto". Malaurie, Philippe, Laurent, Aynes, COUTS
de Droit Civil, Francia, Edition Cujas, 1994, p. 235.» (referencia prppia del texto citado).
18
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
más que una expresión del principio de la autonomía de la
voluntad: adquiere el bien viciado porque quiere contratar aun en
esas circunstancias. La ley, entonces, no puede intervenir en el
consenso de las partes y no ha de protegerlo si en el futuro se
arrepiente e intenta. reclamar. Uno de los fundamentos de la
garantía por vicios ocultos está en el principio de la buena fe que
debe imperar en todo contrato.
De lo que se trata no es de proteger al adquirente sólo por la
Ineptitud del bien que adquirió, sino de proteger su buena fe, ya
que desconocía esto y aun así contrató en la creencia de que la
cosa se encontraba en buenas condiciones. Otra cuestión seria
dejar en indefensión al transmitente que informó sobre el
verdadero estado del bien y que después es demandado,
lesionando la seguridad del trafico jurídico si se dan acciones a
contratantes temerarios que adquieren a sabiendas de las
características de la cosa, y luego pretenden deshacer la operación
realizada. El adquirente tiene el deber de desplegar una diligencia
media en la inspección del bien»6
De ahí que la legislación civil reclame que los vicios
redhibitorios no hayan sido informados por el vendedor, «y
se[an] tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia
grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente
conocerlos en razón de su profesión u oficio» (artículo 1915-2,
Código Civil); e estatuto mercantil, por su parte,
simplemente exige que esos defectos hayan sido «ignorados sin
culpa por el comprador), o lo que es lo mismo, que este último
haya actuado en el examen de la cosa con la diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus
propios negocios.
El escrutinio de la cosa, pues, no ha de ser
absolutamente exhaustivo, pues ello contrariaría el flujo
6 DELGADO, Teresa. De las acciones edilicias al concepto de correspondencia con lo establecido en
el contrato. Dike, Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, n.° 18
(BUAP), México. 2015, pp. 61-81.
19
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
normal del comercio; sin embargo, el parámetro esperado de
conducta del adquirente puede ser más exigente en función
de su experticia, pues es esperable un mayor rigor en quien
tiene conocimientos relacionados con el objeto de la
contratación. Así lo tiene definido, de antaño, la
jurisprudencia de la Sala, al decir que
además de ser grave, el vicio redhibitorio debe ser octilta partt
el comprador; es decir, que éste debió ignorarlo. El vicio tiene esta
calidad de oculto para el comprador cuando el vendedor no se lo
ha puesto en conocimiento y cuando es tal que el adquirente lo
ignora sin culpa grave de su parte, o no puede conocerlo fácilmente
debido a su oficio o profesión. Por consiguiente, no será vicio oculto
o redhibitorio el denunciado por el vendedor, ni el que ha podido
ser conocido o descubierto fácilmente o sin mayor esfuerzo por el
comprador, cuestión ésta que el juzgador debe examinar
apreciando objetivamente el comportamiento de dicha parte
contratante, en aras de definir si su ignorancia del vicio puede
estimarse libre de culpa grave y, por tanto, si el defecto debe o no
reputarse oculto. De suerte, que «si el Vendedor de una especie
revela al tiempo de efectuarse el negocio los vicios que la afectan,
no hay lugar a la acción redhibitoria. Pero que si en cambio, tales
vicios son ocultados por el vendedor, la relación jurídico-
contractual que surge en tales condiáiones es susceptible de
rescisión, pues en el fondo hubo un queprantamiento de la buena
fe, la cual ética y jurídicamente debe ser la norma reguladora de
la vida contractual". (G.J. LXXXIX, ~.19)* (CSJ SC, 6 ago.
2007, rad. 1999-00157-01).
5. Caso concreto.
5.1. Delimitación del debate.
Es menester recordar que, en el escrito inicial,
Fundación Social invocó la aparición cl q dos vicios ocultos; el
primero de ellos, consistiría en la existencia de una zona de
cesión de 1103,10 metros cuadrados, que «la sociedad
20
Rad, n..° 11001-31-03-02 1-2013-00703-01
demandada debía (...) haber transferido al Distrito Capital, respecto de
otro proyecto inmobiliario desarrollado por esa sociedad, con área de
terrenos vendidos a la Fundación».
Con relación a ese alegato, el tribunal sostuvo:
«(...) para la Sala es claro que no se configura el vicio alegado, pues
a pesar de lo consignado en la Resolución 484 del 13 de julio de
1992, lo cierto es que la autoridad distrital competente a la fecha
no ha exigido que se entregue a titulo de cesión esa área. El propio
demandante comprador aseveró que ninguna autoridad lo ha
requerido, de manera formal o informal, y que no se ha emitido
ningún pronunciamiento administrativo en ese sentido; es decir,
esa preocupación o intranquilidad que tiene la Fundación Social no
alcanza a ser catalogada como vicio redhibitorio. Se trata
simplemente de una expectativa o eventualidad de algo que puede
llegar a ocurrir, o no, y que hasta el momento no ha sucedido07.
Frente a dicho raciocinio, la actora no formuló ninguna
critica en la sustentación de su recurso extraordinario, de
modo que lo decidido frente al punto se torna intangible en
esta sencla En consecuencia, la Corte circunscribirá su
análisis al segundo vicio oculto alegado, esto es, la presencia
de «un antiguo , meandro o "madrevieje» en los lotes
compravendiclos, y que fue estratificado por el FOPAE como
«zona de amenaza alta por inundación»8, reduciendo el área neta
I
urban' izable en 28.280 metros cuadrados.
5.2. Caracterización del vicio denunciado.
Acorde con el diccionario de la lengua española, el
vocablo "meandro" significa «cada una de las curvas que describe
7 Audiencia de 15 de julio de 2019 (10'57").
'Mediante concepto técnico GPR-FT-14 de 2012 (ff. 75 a 130, cdno. 3).
21
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
el curso de un río». A su turno, la expresión "madrevieja" hace
referencia a un paleocauce (o antiguo cauce de un río,
desvinculado del sistérna fluvial por el cambio de las aguas)
así como -en palabras del perito Valentin Castellanos Rubio-
a «antiguos brazos ya cerrados y sin conexión, tramos o curvas del cauce
aislados como producto de su estrangulamiento en meandros, así como
por el aislamiento progresivo y cierre de tramos de caños o bahías de
ciénagas por colmatación»9
En este caso, tanto el concepto técnico del FOPAE, como
la experticia practicada en el decurso de la primera instancia,
muestran que, en el pasado, el curso del río Tunjuelo formó
una curva en forma de herradura -o meandro- en los predios
que adquirió Fundación Social, cuyos -extremos terminaron
conectándose, de manera consistente con la trayectoria
hidráulica actual? reconfiguración del afluente que se puede
vislumbrar, sin ninguna dificultad, en las fotografias
satelitales adosadas a la mencionada experticia, elaborada
por el ingeniero civil Castellanos Rubiolo.
5.3. La intrascendencia de los yerros en que
incurrió el tribunal.
En el fallo confutado, la colegiatura de segunda
instancia resolvió insistir en la negativa del petitum, tras
considerar que el estricto deber de diligencia de Fundación
Social -exigible por su condición de profesional en el área de
la construcción- le imponía condicionar la celebración del
9 Folio 323, cuaderno 1-A.
i° Folio 280, ib.
22
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
contrato de compraventa al otorgamiento de las
autorizaciones para la construcción del proyecto inmobiliario
por parte de las autoridades distritales.
Ese razonamiento es evidentemente desacertado, no
solo porque supone que la compradora desarrollaba una
actividad ajena 'a su objeto social, sino, principalmente,
porque considera que la caracterización del objeto de la
compraventa le corresponde al Estado, y no al. adquirente de
la cosa enajenada. Pero si la Corte quebrara la sentencia, la
de reemplazo que habría de proferir no podría tener un
sentido distinto, pues el vicio esgrimido por la convocante no
tiene el carácter de redhibitorio.
Lo anterior, porque si bien su causa es anterior a los
contratos de compraventa, y además conlleva una pérdida
económica trascendente para la demandante, connatural a
la correlativa reducción del área total urbanizable del
terreno, lo cierto es que el paleocauce reviste tal magnitud
que no podría ser ignorado sin incurrir en culpa leve, que es
el parámetro de conducta exigible en tratándose de
compraventas mercantiles -naturaleza asignada por el
tribunal a las negociaciones en disputa, sin reproche de las
partes-, de conformidad con los preceptos 1 y934 del Código
de Comercio. Esta aseveración encuentra apoyo en los
siguientes razonamientos:
5.3.1. En reunión del 12 de septiembre de 2011, es
decir, con más de dieciséis meses de antelación a la
celebración de los distintos contratos de compraventa
23
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
relacionados en la demanda, el Consejo Directivo de la
Fundación Social deliberó acerca de ola propuesta de invertir en
un predio (...) ubicado en Bosa, denominado Maryland, para desarrollar
en él un proyecto inmobiliario», acordando por unanimidad esa
adquisición, pero «condicionado ello al cumplimiento de los siguientes
supuestos: (...) 2. La verificación por parte de la administración, en
relación con el riesgo de inundación, y teniendo en cuenta que tal riesgo
pár su naturaleza no puede eliMinarse, las expresiones formales de ide
autoridades competentes én torno a que el terrenO, que linda con él tiÓ
Punjuelito (Sic), es apto para la construcción de vivienda. 14
administración también buscaré estudios ya existentes en torno a
condiciones de terreno»11
De ahí se sigue que, como se seh.á.lá en la sentencia t:16
segunda instancia, el riesgo de inundación del terreno había
sido identificado por la compradora desde los albores cle
negociación, por lo que era de esperarse que esta adelantan
un detallado escrutinio del estado geornorfológico de los loteé'
que pretendía adquirir, especialmente si se repara en que:
(i) Aunque la Fundación Social es una entidad sin
ánimo de lucro, desarrolla dentro de su objeto social una
gran cantidad de actividades económicas, como la
adquisición y enajenación a título oneroso de bienes
inmuebles, la intervención como asociada en la constitución
y administración de sociedades comerciales, el corretaje y el
agenciamiento de negocios, enlistadas como actos
mercantiles en los numerales 1, 5 y 8 del artículo 20 del
Código de Comercio.
"Folio 97 vto., cuaderno n.° I.
24
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(ii) En ese mismo sentido, es necesario resaltar que la
actora funge como controlante de múltiples sociedades
relevantes en el contexto nacional, entre las que se
encuentran entidades bancarias (Colmena S.A. y BCSC S.A.),
aseguradoras (Riesgos Profesionales Colmena S.A. Compafila
de Seguros de Vida), fiduciarias (Fiduciaria Colmena S.A.) y
constructoras (Deco Construcciones Ltda.).
(iii) Como se sigue de lo consignado en acta n.° 835 del
Consejo Directivo de Fundación Social, esta buscaba adquirir
up. inmueble «para ser incorporado a la alianza con Compensar y
Apiros [S.A.S.1», sociedad esta última que si se dedica
profesionalmente a la promoción de proyectos de
construcción, y que acompañó a la demandante en el proceso
de negociación con la Promotora San José de Maryland p.4.,
con tal implicación que fungió también como promitente
compradora en el contrato preparatorio de 5 de julio de 201,2,
(iv)• En el negocio jurídico referido se pactó corno precio
global por los diecisiete lotes transferidos la suma de
$68.000.000.000, debiéndose añadir que, conforme lo,
dispusieron las partes en la cláusula 4,1. del conqiilt9
preparatorio12, el pago de lá. totalidad de ese cuantioso
importe se anticiparía a la celebración de los contratos
prometidos.
5.3.2. Por esa via, si se repara en la condición
profesional del adquirente, en el hecho de haber contado con
12 Folio 24, ib.
25
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
la asesoría permanente de una constructora especializada, la
cuantía del negocio y el reconocimiento del riesgo de
inundación del sector aledaño al río Tunjuelo, puede
colegirse que la presencia del meandro abandonado no podía
ser ignorada por la compradora sin incurrir en culpa,
máxime cuando los inmuebles le fueron entregados cerca de
ocho meses antes de la celebración de los contratos de
compraventa (puntualmente, el 11 de junio de 201213).
Expresado de otro modo, la diligencia mínima que cabe
esperar de un actor relevante del mercado, que se dedica
profesionalmente a la compra y venta de bienes raíces e
invierte en esa actividad un capital elevado con la asesoría
de especialistas, impondría haber examinado el predio con
un grado de detalle superior al ordinario, escrutinio que, por
superficial que fuese, tendría que haber identificado un rasgo
de tal calado que es observable a simple vista.
5.3.3. Para rebatir esta inferencia, la casacionista ha
resaltado que encomendó a Apiros S.A.S. dicha indagación,
y que como resultado de esta se presentó el informe
denominado «investigación sobre inundaciones en el predio
denominado San José de Maryland»14, en el cual no se advirtió la
existencia del meandro abandonado. Sin embargo, para la
Corte tal omisión no obedeció a que esa formación estuviera
oculta, sino a que dicho trabajo técnico se enfocó en tareas
distintas a la verificación de las características de la heredad.
13 Según se pactó en el contrato de comodato que obra a folios 94 y 95 del cuaderno n.° 2.
14 Folios 32 a 74, cuaderno n.* 3.
26
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01.
En efecto, el trabajo que elaboró la mencionada
constructora se desarrolló en tres ejes esenciales: el examen
del «plano de amenazas por inundación que fue definido en el POT y
revalidado en el ario 2007 por el Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias FOPALN; la referencia a investigaciones
adelantadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá acerca del estado de la cuenca del río Tunjuelo y
de las obras de ingeniería edificadas para reducir el riesgo de
desbordamiento en las zonas aledañas (jarillones, tanques de
retención, plantas de tratamiento, etc.) y un estudio de
planimetría y altimetría realizado a partir de un "mapa base
vector" (alojado en la página web
https:/ /mapas.bogota.gov.co/geoportal/).
Es decir, Apiros S.A.S. basó su estudio en fuentes
indirectas, que suministraban datos valiosos para
determinar el riesgo de inundación del sector, pero no
arrojaban mayores luces acerca de las características físicas
de los lotes en cuestión. Ello explica que su informe no diera
cuenta de la existencia del paleocauce o meandro
abandonado que• quiso esgrirnirse como vicio redhibitorio,
pese a que, como ya se anunció, el mismo puede percibirse
sin necesidad de mayores esfuerzos.
Ciertamente, la aludida formación geográfica, que fue
caracterizada por el perito Castellanos Rubio como un «brazo
antiguo del río Tunjuelo, actualmente relleno de sedimentos finos pero
con un alto nivel freático y ocasionalmente ocupado por canales de
inundación», se observaba claramente en todas las imágenes
satelitales que dicho experto recaudó en pocos días, y que se
27
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
encontraban alojadas en servidores de acceso público desde
el ario 2010 (incluyendo la propia plataforma
https: / /mapas.bogota.gov.co, que fue consultada por Apiros
S.A.S., según esta lo afirmó en el punto 5 de su reporte).
Asimismo, el meandro estaba representado en los
planos conservados en el archivo de la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital, como se sigue del documento
que milita a folio 67 del cuaderno n.° 2 (cartografia que data
del ario 1992) y en las aerofotografías de la zona,
almacenadas en el Banco Nacional de Imágenes del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, que también se encontraban
disponibles a través de una página web de libre acceso.
5.3.5. A ello cabe agregar que, contrario a lo alegado por
la recurrente, acudir a tales elementos informativos no luce
desproporcionado, porque si se asumiera como cierto que
una "madrevieja" no puede ser fácilmente avistada al nivel de
la superficie (como lo sugirió Fundación Social en la
sustentación del primer cargo), era ineludible acudir a otras
herramientas que permitieran una perspectiva más
comprehensiva del terreno, que se extiende por 393.732,95
metros cuadrados.
La antedicha precaución, que luce de rigor en
tratándose de una negociación con las características ya
anotadas, era más pertinente en este caso, pues como lo
advirtió el ingeniero Castellanos Rubio en su peritaje,
28
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
«en el sector de aguas arriba de Maryland (Los Laureles), el sector
de Maryland, y aguas abajo del sector de Maryland, el primer
signo de existencia de meandros es la presencia de una planicie
(topografía plana), llanura de desborde; igualmente es signo el
carácter meándrico del río Tunjuelo, percibible en su
desplazamiento no recto, sino sinuoso, de tramos en recorridos que
nunca son rectos; igualmente es signo la presencia en sus orillas
de jarillones de defensa lateral (construidos por el hombre) para
impedir el flujo natural de la corriente y evitar las socavaciones
laterales de las orillas.
Un elemento adicional que coadyuva en la identificación del
terreno acerca de la presencia de un meandro abandonado es la
situación topográfica del terreno, el cual se observa en una
condición topográfica (nivel del terreno) más bajo que los niveles
de lámina de agua del río, haciendo presumir que cualquier
incremento en los niveles del río (inundaciones) afectará
inmediatamente los terrenos aledaños. Un último elemento que
coadyuva a identificar zonas de un antiguo meandro es la
presencia de zonas encharcadas longitudinales (antiguo curso) con
vegetación pantanosa y aguas estancadas, a distancias menores
a 100 metros del curso actual del río»15
En definitiva, la presencia de un canal fluvial sinuoso
en el lindero nororiental de los fundos aumentaba la
probabilidad de que se presentaran accidentes geográficos
como el que la actora esgrimió como vicio redhibitorio; por
ende, una persona prudente no dejaría al azar la verificación
de la geomorfología concreta de un predio que pretende
adquirir, especialmente cuando ese laborío no luce
particularmente gravoso ni alejado de las prácticas
precontractuales ordinarias.
Con relación a este punto, cabe señalar que el auxiliar
de la justicia prenombrado anotó que «para la identificación en
terreno de un meandro se requieren ciertos conocimientos básicos
15 Folio 324, cuaderno n.° 1-A.
29
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(presencia de un experto, preferiblemente), porque los signos que aquí se
exponen [es decir, los que previamente se compendiaron] requieren un
grado de preparación técnica. Por ejemplo, para un especialista en
imágenes de satélite, es fácil identificar la presencia de un
meandro, o de un meandro abandonado».
5.3.6. Lo hasta aquí expuesto resulta bastante para
concluir que la indudable presencia del meandro
abandonado, o "madrevieja", no podía ser ignorada por la
compradora sin incurrir en culpa, valoración subjetiva qué,
por encontrarse desprovista de otra calificación en el Códigó
de Comercio, debe entenderse como leve (de acuerdo con lo
normado en el artículo 63 del Código Civil), y que, por lo
mismo, corresponde a la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios.
Insiste la Sala en que, ante una negociación de tan
elevado impacto económico y social, y dada la evidencia de
riesgos de inundación connaturales a la colindancia con el
río Tunjuelo, la prudencia aconsejaba emplear herramientas
técnicas especializadas, como las imágenes satelitales, o
hacer acopio de toda la información catastral disponible,
como los planos y aerofotografías ya citadas, para establecer
con certeza todos los rasgos caracteristicos de los bienes
raíces que serian objeto de la compraventa.
De haber procedido así, no cabe duda de que la antigua
formación fluvial habría sido fácilmente descubierta por
Fundación Social, lo cual pone de presente que el meandro
30
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
abandonado no podría ser calificado como un vicio oculto,
como es de rigor para que proceda la acción estimatoria
ejercida en la demanda.
5.3.7. Pero si, en simple gracia de discusión, se
admitiera que la convocante escudriñó detalladamente los
predios que luego adquirió, la única conclusión plausible
sería que tuvo que observar el pluricitado meandro
abandonado, pero que no lo consideró relevante para la
formación de su voluntad contractual, pues la zona había
sido calificada como de riesgo bajo y medio de inundación
por las autoridades distritales, y no había sufrido ningún
desastre natural de ese linaje en los años previos, tal como
lo anotó Apiros S.A.S. en el punto 3 de su «investigación sobre
inundaciones en el predio denominado San José de Maryland».
En esa hipótesis, la frustración de la adquirente no
derivaría de una divergencia entre la morfología de los
inmuebles y la percepción de estos por parte de Fundación
Social, sino de la «revisión de la zonificación de amenaza de
desbordamiento presentada en el plano normativo del PM) incluida
en el Concepto Técnico para Programa de Planes Parciales
GPR-FT-14 del FOPAE, que dispuso categorizar el área de
influencia del paleocauce como zona de riesgo alto de
inundación, restringiendo así su uso para los fmes previstos
por la adquirente.
Esta disminución del área urbanizable, que terminó
cristalizándose con la expedición del «Plan Parcial "San José de
Maryland", ubicado en la Localidad de Bosa» (Decreto 462 de 2013,
31
I
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá), se originaría en
un acto de naturaleza jurídica -la decisión de la
administración distrital-, y no en un defecto material de esos
inmuebles, por lo que tampoco podría ser considerado como
un vicio redhibitorio.
En consecuencia, las censuras no prosperan.
6. Conclusión.
Aunque el tribunal sí incurrió en las pifias
denunciadas, lo cierto es que estas carecen de trascendencia,
porque los vicios que alegó la demandante no podrían ser
calificados como redhibitorios, pues no tenían la condicióri
de ocultos; antes bien, podían haber Sido descubiertos con
mínima diligencia y cuidado.
En ese sentido, las pretensiones estaban llamadas al
fracaso, de modo que, aun si se acogiera la impugnación
extraordinaria en estudio (y se casara el fallo de segunda
instancia), la decisión de reemplazo que debería proferir la
Corte no podría hacer nada distinto que refrendar lo decidido
por los jueces de instancia, aunque por las razones
previamente compendiadas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
32
Rad. n.0 11001-31-03-021-2013-00703-01
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 16 de julio de
2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal adelantado
por Fundación Social contra Promotora San José de
Maryland S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante al pago de las
costas procesales de esta actuación. En la liquidación
respectiva, inclúyase por concepto de agencias en derecho la
suma de seis millones de pesos ($6.000.000).
Notifiquese y cúmplase
LW ARMANDO TOLOS VILLABONA
Presidente de ala
ALVARO FE es O GCIA RESTREPO
AROLDO ON QUIROZ • NSALVO
33
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
PUE A
OCTAVIO AUG TEJEIRO DUQUE
34