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clave: "corte_suprema:providencia:SC4454-2020 [2013-00703-01]"
titulo: "Corte Suprema: no será vicio oculto o redhibitorio el denunciado por el vendedor"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-11-17"
radicado: "2013-00703-01"
numero: "SC4454-2020"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: no será vicio oculto o redhibitorio el denunciado por el vendedor

- **Título oficial / radicado:** SC4454-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-11-17
- **Radicado:** 2013-00703-01
- **Número:** SC4454-2020
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4454-2020%20%5B2013-00703-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC4454-2020%20%5B2013-00703-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8xMS4tIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDNDQ1NC0yMDIwIFsyMDEzLTAwNzAzLTAxXS5wZGY%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Expresado de otro modo, esta clase de agravio a la ley sustancial es completamente independiente de cualquier yerro en la valoración probatoria; además, su estructuración se presenta por tres vías, de contornos bien definidos: la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de la norma de derecho sustancial. Si aceptó conociendo el vicio, este no es oculto". … para la Sala es claro que no se configura el vicio alegado, pues a pesar de lo consignado en la Resolución 484 del 13 de julio de 1992, lo cierto es que la autoridad distrital competente a la fecha no ha exigido que se entregue a titulo de cesión esa área. Ese razonamiento es evidentemente desacertado, no solo porque supone que la compradora desarrollaba una actividad ajena 'a su objeto social, sino, principalmente, porque considera que la caracterización del objeto de la compraventa le corresponde al Estado, y no al. adquirente de la cosa enajenada.

## Cita textual

> cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira COMO equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez

## Texto del documento

1T: 400- 4446
República de Colombia
Corte Suprema de JusScle
Sala as Casada' Chal
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC4454-2020
Radicación n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(Aprobado en sesión de tres de septiembre de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil
veinte (2020)
Se decide el recurso de casación que formuló Fundación
Social (hoy Fundación Grupo Social) frente a la sentencia de
16 de julio de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal
adelantado por la recurrente contra Promotora San José de
Maryland S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La convocante pidió que «se declare que la demandada está
obligada a reducir el precio de los inmuebles (...) que la Fundación le
compró a Promotora San José de Maryland S.A. el día 6 de febrero de
2013, mediante escrituras públicas n.° [154,] 155, 156, 157, 158, 159,
[160 y 161] de la Notaria 75 del Circulo de Bogotá», por haberse
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
descubierto vicios ocultos, consistentes en «la presencia de un
antiguo meandro del río Tunjuelo» y «la existencia de un área de cesión
pendiente de ser transferida por la sociedad vendedora a favor del
Distrito Capital».
Asimismo, solicitó que se condenara a la convocada a
restituirle $7.892.278.318 (por lo que atañe al primero de los
alegados vicios) y $307.849.000 (frente al segundo), 4ct tituló
de reducción en el precio de compra en razón de la menor área de tetrená
disponible para la construcción».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Promotora San José de Maryland S.A. prometió
vender a Fundación Social diecisiete lotes, ubicados en la
localidad de Bosa, y denominados "La Calle de Laureles" (con
folio de matrícula n.° 50S-40312624), "El Portal I" (508.-
40312625), "El Portal II" (50S-40312626), "Los Juncos" (508-
40312627), "La Naveta" (50S-40312628), "Tierra Blancas
(50S-40312629) , "La Rinconada" (50S-40312630) , "Potrerito"
(50S-40312631), "Las Mangas" (50S-40312632), "El
Sembradero" (50S-40312633), "La Alquería" (50S-
40312634) , "Pasoancho" (50S-40312635) , "La Alameda"
(50S-40312636), "Los Sauces" (50S-40312637), "La Ronda"
(50S-40312638) y "Tierra Larga". (50S-40312639).
2.2. La adquirente celebró el negocio preparatorio con
el propósito de englobar los distintos fundos en una sola
propiedad (con un área urbanizable toilal de 275.000 metros
cuadrados), donde construiría un amegaproyecto inmobiliario» de
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viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés
prioritario (VIP).
2.3. Los contratos de compraventa prometidos se
instrumentaron en las citadas escrituras públicas n.° 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161, que fueron otorgadas
entre los días 3 y 6 de febrero de 2013 en la Notaría 75 del
Círculo de Bogotá.
2.4. El día 19 de ese mismo mes, «el arquitecto Andrés
Londorio Borda [contratado por la actora] asistió a una reunión con
funcionarios del área de Investigación y Desarrollo del FOPAE, con el fin
de precisar el área utilizable del lote», pudiendo establecer allí que
en el terreno existe «un meandro o "madrevieja" (...) que comprende
un área de 28.280 metros cuadrados, reduciéndose, por tanto, el área
neta urbanizable».
2.5. Por ese mismo sendero, más adelante se informó a
la actora que «la sociedad demandada debía completar las tonos de
cesión que debía haber transferido al Distrito Capital, respecto de otro
proyecto inmobiliario desarrollado por esa sociedad, con área de terrenos
vendidos a la Fundación», lo que disminuiría el área total
urbanizable en 1103,10 metros cuadrados adicionales.
2.6. Esas afectaciones, que la Fundación Social no
conocía, y tampoco debía conocer, constituyeñ vicios ocultos
de naturaleza redhibitoria, por lo que le otorgan a la
compradora el derecho de optar por una rebaja del precio
pactado, proporcional al área total de terreno no
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
aprovechable para la construcción de viviendas, tal como lo
dispone en el artículo 1917 del Código Civil.
3. Actuación procesal.
Notificada del auto admisorio de 22 de noviembre de
2013, la querellada formuló la excepción de «prescripción»:
Igualmente, manifestó que «el supuesto vicio oculto nació COtt
posterioridad a la firma del contrato de compraventa, cuando los predilioi
estaban en su poder»; que la Fundación Social debió conocer 160
características del predio, así como la posible incidencia de
decisiones administrativas en su configuración, y que «kt
Promotora San José de Maryland desconocía el cambio de política del
distrito en materia de riesgo de inundación y (...) la existencia CM
meandro o madre de agua».
Agotadas las etapas previas, mediante providencia de
22 de abril de 2019 el juez a quo denegó las pretensiones,
tras considerar acreditada la prescripción bienal que prevé el
artículo 941 del estatuto mercantil.
La actora apeló esa decisión.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El tribunal resaltó que, al resolver sobre las excepciones
previas, el fallador de primer grado había declarado no
probada la defensa (mixta) de prescripción que propuso la
convocada, razón por la cual no le era permitido
pronunciarse de nuevo sobre la misma temática, menos aün
Rad. xi.0 11001-31-03-021-2013-00703-01
en sentido opuesto al definido inicialmente, a través de una
providencia ejecutoria.da. Por ende, revocó el reconocimiento
del mencionado medio exceptivo, pero mantuvo incólume la
negativa del petitum, tras considerar que:
(i) La acción redhibitoria «es la que faculta al comprador
para rescindir la venta o pedir que se rebaje el precio a una justa
tasación, segiih le parezca más conveniente, ello en razón a los vicios
ocultos que presenta la cosa vendida, y que reciben el nombre de
redhibitorios».
(ii) Esos desperfectos de la cosa, además, debieron
existir al tiempo de la venta y permanecer después de ellai
haber sido ignorados por el comprador, sin culpa suya, y
revestir tal magnitud «que hagan la cosa impropia para su natural
destinación o para el fin previsto en el contrato*.
(iii) Aunque los Códigos Civil y de Comercio regulan lo
atinente a. los vicios redhibitorios, en este caso el análisis
habrá de abordarse con base en las pautas que prevé la
segunda normativa, pues dada la naturaleza de los
estipula,ntes, la transferencia inmobiliaria constituyó un acto
mercantil.
(iv) Refulge que el vicio alegado, que se hizo consistir
en que ola sociedad demandada debía completar las zonas de cesión
que debía haber transferido al Distrito Capital», no se configuró,
porque tal exigencia es apenas un temor de la actora, ya que
la autoridad administrativa competente no ha hecho exigible
la transferencia de ninguna porción inmobiliaria.
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(y) En relación con «la presencia de un meandro o
amadrevieja", que afecta 28.280 metros, que es el segundo vicio alegado
en la demanda», debe destacarse que el Consejo Directivo de la
Fundación Social aprobó la adquisición de los predios en
disputa en reunión llevada a cabo el 12 de septiembre de
2011, condicionando la transacción al esclarecimiento de
circunstancias tales como el riesgo de inundación y lad
decisiones de autoridades competentes sobre el itrek
potencialmente urbanizable.
(vi) Esa precaución evidencia que, «desde el inicio de la
negociaciones», la compradora era consciente de la necesiditd
de «realizar las investigaciones necesarias para cumplir be
condicionamientos que el consejo directivo impuso, relacionado con
estado, calidades y particularidades del predio respecto de la ronda 4i
rto Tunjuelo y el riesgo de inundación, por lo que debía elevar a tki:
autoridades competentes las peticiones del caso».
(vii) Si bien las indagaciones de la compradoiii
demuestran un actuar apropiado, lo cierto es que consintió
en celebrar las compraventas para una fecha en la que laS
entidades distritales no habían esclarecido aun la situaci6ii
de los activos inmobiliarios, asumiendo así los riesgos que
había identificado en los albores del iter, negocia
(viii) Cabe añadir que «la demandante [es] una profesional de
la construcción», lo cual sugiere que aquella «tenia la posibilidad
de conocer las situaciones que se presentaban (...), es decir, estaba
plenamente en la disposición de verificar la existencia de este vicio, por
lo que esta ignorancia no está libre de culpa, [de manera que] no es
merecedora de protección».
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Fundación Social presentó dos censuras, al amparo de
las causales segunda y primera, (en su orden), del artículo
336 del Código General del Proceso.
PRIMER CARGO
La actora denunció la transgresión indirecta del artículo
934 del Código de Comercio, «par indebida aplicación como
consecuencia de graves, evidentes y trascendentes errores de hecho en
la apreciación objetiva y material de varios medios de prueba obrantes
en el proceso».
Para fundamentar su acusación, indicó:
(i) El tribunal «cercena, aun cuando está plenamente
demostrada, la gestión diligente de Fundación Social en la determinación
del nivel de riesgo de inundación del predio Maryland», y tergiversa lo
decidido por su consejo directivo, pues este no condicionó la
adquisición «a la obtención del plan parcial y demás trámites
administrativos», sino a ola investigación de las condiciones necesarias
para urbanizar el predio, es decir, si en abstracto, era apto o no para la
construcción de vivienda».
(ii) Si se hubieran apreciado «en forma debida, tanto el
acta n.° 835 como el informe de Apiros, [se] habría concluido que con este
último se satisfizo la instrucción del Consejo Directivo de la Fundación
Social y que, definitivamente, era posible realizar el negocio a pesar de
los riesgos que se conocían para ese momento, como en efecto se hizo».
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(iii) Las conclusiones del informe que realizó la
constructora Apiros S.A.S. «son absolutamente dicientes, en el
sentido de que, si bien existía riesgo de inundación, lo cual era sabido
antes de que se hiciera el análisis, dada la colindancia del río Tunjuelo,
los pronunciamientos de las autoridades competentes indicaban que el
riesgo no era 'alto", sino 'medio" o "bajo", lo que no impedía en modo
alguno el adelantamiento del proyecto constructivo».
(iv) También falló el tribunal en la apreciación de tá
cláusula quinta del contrato de promesa de compraventa
pues «el propósito (...) del otorgamiento del poder no era que ia
Fundación Social hiciera averiguaciones sobre ,el estado del inmueble,
que verificara si en el mismo efectivamente se podría adelantar titi
proyecto inmobiliario. Ya esas averiguacions se habían hecho 63.0
anterioridad, y se reflejaron en el informe de Apiros, es decir, se hiciertiii
antes de la firma de la promesa de compraventa».
(y) Además, «se consultó el POT, y ng se observó la restricción
que vino a aparecer por cuenta del concepto de 28 de noviembre de 20121
se consultaron decretos de adopción de planes parciales para inmueble*
de la misma zona y de condiciones similares, y en ellos no se advirtió ni
la presencia de un meandro ni restricción alguna por esta razón; *e
consultó la licencia de construcción que había solicitado la demandada
para esos lotes y como ella misma lo reconoce, indicaba que esa zona en
la que luego se verificó la presencia del meandro podía ser objeto de
desarrollo urbanístico».
(vi) En la providencia recurrida «se parte de la base (...)
que el concepto del FOPAE no se había producido para el momento de
celebración de los contratos de compraventa, lo cual es incorrecto. El
concepto se produjo el 28 de noviembre de 2012, y los contratos de
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Rad. n.0 11001-51-03-021-2013-00703-01
compraventa se celebraron los días 6 y 8 de febrero de 2013. Cosa
distinta es que la Fundación Social no conociera dicho concepto».
(vii) Ni la actora, ni ninguna entidad pública distinta
del FOPAE, atenía por qué conocer sobre la existencia del meandro y
el efecto concreto que la misma tendría sobre el POT, en general, y sobre
el área total urbanizable del predio Maryland, en una fecha anterior al
28 de noviembre de 2012», debiéndose añadir que «el concepto
técnico del FOPAE es un documento interno de esa entidad que solo es
conocido por la Secretaria Distrital del Hábitat y la Alcaldía».
(viii) Los falladores de segunda instancia entendieron,
equivocadamente, que «la Fundación Social es un profesional de la
industria de la construcción. Sin embargo, no existe prueba en el
expediente de que ello sea así (...). Al contrario, lo que si está demostrado
en el expediente, y que no fue advertido por el tribunal, es que a pesar
cle no ser experta, la Fundación conformó una alianza con un experto en
la actividad de la construcción, la sociedad Apiros», a quien se le
encargó «un estudio sobre el riesgo de inundación, todo lo cual
evidencia la diligencia que observó la Fundación en el proceso de
adquisición de los predios».
SEGUNDO CARGO
Alegando la infracción directa de os artículos 934 del
Código de Comercio y 1602 y 161

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

Rubio en su peritaje,
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
«en el sector de aguas arriba de Maryland (Los Laureles), el sector
de Maryland, y aguas abajo del sector de Maryland, el primer
signo de existencia de meandros es la presencia de una planicie
(topografía plana), llanura de desborde; igualmente es signo el
carácter meándrico del río Tunjuelo, percibible en su
desplazamiento no recto, sino sinuoso, de tramos en recorridos que
nunca son rectos; igualmente es signo la presencia en sus orillas
de jarillones de defensa lateral (construidos por el hombre) para
impedir el flujo natural de la corriente y evitar las socavaciones
laterales de las orillas.
Un elemento adicional que coadyuva en la identificación del
terreno acerca de la presencia de un meandro abandonado es la
situación topográfica del terreno, el cual se observa en una
condición topográfica (nivel del terreno) más bajo que los niveles
de lámina de agua del río, haciendo presumir que cualquier
incremento en los niveles del río (inundaciones) afectará
inmediatamente los terrenos aledaños. Un último elemento que
coadyuva a identificar zonas de un antiguo meandro es la
presencia de zonas encharcadas longitudinales (antiguo curso) con
vegetación pantanosa y aguas estancadas, a distancias menores
a 100 metros del curso actual del río»15
En definitiva, la presencia de un canal fluvial sinuoso
en el lindero nororiental de los fundos aumentaba la
probabilidad de que se presentaran accidentes geográficos
como el que la actora esgrimió como vicio redhibitorio; por
ende, una persona prudente no dejaría al azar la verificación
de la geomorfología concreta de un predio que pretende
adquirir, especialmente cuando ese laborío no luce
particularmente gravoso ni alejado de las prácticas
precontractuales ordinarias.
Con relación a este punto, cabe señalar que el auxiliar
de la justicia prenombrado anotó que «para la identificación en
terreno de un meandro se requieren ciertos conocimientos básicos
15 Folio 324, cuaderno n.° 1-A.
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Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
(presencia de un experto, preferiblemente), porque los signos que aquí se
exponen [es decir, los que previamente se compendiaron] requieren un
grado de preparación técnica. Por ejemplo, para un especialista en
imágenes de satélite, es fácil identificar la presencia de un
meandro, o de un meandro abandonado».
5.3.6. Lo hasta aquí expuesto resulta bastante para
concluir que la indudable presencia del meandro
abandonado, o "madrevieja", no podía ser ignorada por la
compradora sin incurrir en culpa, valoración subjetiva qué,
por encontrarse desprovista de otra calificación en el Códigó
de Comercio, debe entenderse como leve (de acuerdo con lo
normado en el artículo 63 del Código Civil), y que, por lo
mismo, corresponde a la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios
propios.
Insiste la Sala en que, ante una negociación de tan
elevado impacto económico y social, y dada la evidencia de
riesgos de inundación connaturales a la colindancia con el
río Tunjuelo, la prudencia aconsejaba emplear herramientas
técnicas especializadas, como las imágenes satelitales, o
hacer acopio de toda la información catastral disponible,
como los planos y aerofotografías ya citadas, para establecer
con certeza todos los rasgos caracteristicos de los bienes
raíces que serian objeto de la compraventa.
De haber procedido así, no cabe duda de que la antigua
formación fluvial habría sido fácilmente descubierta por
Fundación Social, lo cual pone de presente que el meandro
30
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
abandonado no podría ser calificado como un vicio oculto,
como es de rigor para que proceda la acción estimatoria
ejercida en la demanda.
5.3.7. Pero si, en simple gracia de discusión, se
admitiera que la convocante escudriñó detalladamente los
predios que luego adquirió, la única conclusión plausible
sería que tuvo que observar el pluricitado meandro
abandonado, pero que no lo consideró relevante para la
formación de su voluntad contractual, pues la zona había
sido calificada como de riesgo bajo y medio de inundación
por las autoridades distritales, y no había sufrido ningún
desastre natural de ese linaje en los años previos, tal como
lo anotó Apiros S.A.S. en el punto 3 de su «investigación sobre
inundaciones en el predio denominado San José de Maryland».
En esa hipótesis, la frustración de la adquirente no
derivaría de una divergencia entre la morfología de los
inmuebles y la percepción de estos por parte de Fundación
Social, sino de la «revisión de la zonificación de amenaza de
desbordamiento presentada en el plano normativo del PM) incluida
en el Concepto Técnico para Programa de Planes Parciales
GPR-FT-14 del FOPAE, que dispuso categorizar el área de
influencia del paleocauce como zona de riesgo alto de
inundación, restringiendo así su uso para los fmes previstos
por la adquirente.
Esta disminución del área urbanizable, que terminó
cristalizándose con la expedición del «Plan Parcial "San José de
Maryland", ubicado en la Localidad de Bosa» (Decreto 462 de 2013,
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I
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá), se originaría en
un acto de naturaleza jurídica -la decisión de la
administración distrital-, y no en un defecto material de esos
inmuebles, por lo que tampoco podría ser considerado como
un vicio redhibitorio.
En consecuencia, las censuras no prosperan.
6. Conclusión.
Aunque el tribunal sí incurrió en las pifias
denunciadas, lo cierto es que estas carecen de trascendencia,
porque los vicios que alegó la demandante no podrían ser
calificados como redhibitorios, pues no tenían la condicióri
de ocultos; antes bien, podían haber Sido descubiertos con
mínima diligencia y cuidado.
En ese sentido, las pretensiones estaban llamadas al
fracaso, de modo que, aun si se acogiera la impugnación
extraordinaria en estudio (y se casara el fallo de segunda
instancia), la decisión de reemplazo que debería proferir la
Corte no podría hacer nada distinto que refrendar lo decidido
por los jueces de instancia, aunque por las razones
previamente compendiadas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
32
Rad. n.0 11001-31-03-021-2013-00703-01
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 16 de julio de
2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso verbal adelantado
por Fundación Social contra Promotora San José de
Maryland S.A.
SEGUNDO. CONDENAR a la demandante al pago de las
costas procesales de esta actuación. En la liquidación
respectiva, inclúyase por concepto de agencias en derecho la
suma de seis millones de pesos ($6.000.000).
Notifiquese y cúmplase
LW ARMANDO TOLOS VILLABONA
Presidente de ala
ALVARO FE es O GCIA RESTREPO
AROLDO ON QUIROZ • NSALVO
33
Rad. n.° 11001-31-03-021-2013-00703-01
PUE A
OCTAVIO AUG TEJEIRO DUQUE
34

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC4454-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-11-17. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2013-00703-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC4454-2020%20%5B2013-00703-01%5D).
