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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC434-2024
Radicación n.º 11001-31-03-010-2015-00690-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación que
interpuso Colbank S.A. frente a la sentencia de 21 de junio
de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que la impugnante
e Inversiones López Piñeros Ltda. promovieron contra DMG
Grupo Holding S.A. – en liquidación judicial.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones y fundamento fáctico.
Las convocantes solicitaron declarar que su contraparte
es civilmente responsable del detrimento patrimonial –tasado
en $25.000.000.000– que les habría generado la inscripción
abusiva de una anotación de «toma de posesión inmediata de
bienes y haberes y negocios de entidad vigilada» en el folio de
matrícula de un inmueble de su propiedad.
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En sustento de sus súplicas, adujeron ser propietarias,
en común y proindiviso, de los fundos denominados “Las
Mercedes” (FMI 50N-20341326) y “Bihar B” (FMI 50N-
412750), así como de una cuota del 50% del inmueble
conocido como “Nuevo San Antonio” (FMI 50N-20324380),
todos ubicados en la ciudad de Bogotá.
Añadieron que, mediante documento privado de 3 de
junio de 2008, prometieron en venta esas heredades a Luis
Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Reyes,
quienes afirmaron actuar a nombre propio, para después
desdecirse ante las autoridades judiciales, pregonando haber
contratado por cuenta de DMG Grupo Holding S.A., sociedad
que, pocos meses más tarde, fue intervenida mediante toma
de posesión por la Superintendencia de Sociedades.
En el decurso de la liquidación judicial de dicha persona
jurídica, la liquidadora designada por la Superintendencia de
Sociedades, María Mercedes Perry Ferreira, ordenó la
inscripción de la anotación de toma de posesión en el folio de
matrícula del predio “Las Mercedes” (oficio n.º 730 de 21 de
diciembre de 2009), pese a que este aún figuraba a nombre
de las convocantes. Más adelante, dispuso el embargo de la
misma heredad (oficios n.º 007 de 12 de febrero de 2010 y
332 de 11 de noviembre de 2010).
Para las demandantes, esas medidas cautelares «no
contaron con el respaldo y los soportes jurídicos necesarios toda vez que
(...) los liquidadores no tienen facultades jurisdiccionales y menos
competencia para ordenar embargos y tomas de posesiones»,
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debiéndose añadir que, al «hacerse público el registro de esa orden,
con la connotación de toma de posesión, [se causaron] enormes y
cuantiosos perjuicios a las demandantes», asociados a la afectación
de su buen nombre comercial, «puesto que una toma de posesión
significa malos manejos y actos irregulares de la sociedad», y a la
decisión de una entidad bancaria de romper relaciones con
las actoras, y abstenerse de desembolsarles un crédito
preaprobado por $9.145.000.000, con el que financiarían la
construcción de una planta procesadora de alimentos.
2. Actuación procesal.
2.1. Enterada del auto admisorio, la convocada
excepcionó «inexistencia de la responsabilidad de DMG Grupo Holding
S.A. hoy en liquidación dada la inexistencia de daño»; «falta de
legitimación en la causa por activa» y «mala fe de Colbank Banca de
Inversión e Inversiones López Piñeros Ltda.».
2.2. Mediante fallo de 3 de julio de 2019, el Juzgado
Once Civil del Circuito de Bogotá desestimó las defensas de
la convocada y le ordenó indemnizar los perjuicios que su
conducta le irrogó a las demandantes, consistentes en «los
frutos civiles que, como mínimo, hubieran podido generar los predios si
estos estuvieran arrendados», tasados en $10.000.000.000.
SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandada, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y,
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en su lugar, desestimó todas las pretensiones, al amparo de
los siguientes razonamientos:
(i) Inicialmente, se advierte que «los demandantes no
demostraron por medio de documentos, testimonios o pruebas técnicas
que la preaprobación de financiamiento de un proyecto productivo les fue
denegada por parte del Banco Agrario por la conducta de la interventora
y hoy liquidadora, pues tal afirmación sólo la respalda el dicho expuesto
por el representante legal de la parte demandante».
(ii) Las pruebas tampoco revelan afectación a su buen
nombre, ni esta puede inferirse de la simple inscripción de la
cautela que ordenó la liquidadora, siendo del caso señalar
que «si (...) las demandantes desconocían la verdadera intención de sus
promitentes compradores y nunca tuvieron conocimiento que aquellos
adquirían para DMG, es a éstos a quienes debe reclamar
responsabilidad por ocultar información».
(iii) No puede perderse de vista que las promitentes
vendedoras recibieron la totalidad del precio pactado en la
promesa de compraventa ($23.000.000.000), y que también
reconocieron ante los jueces penales su intención de
colaborar con la efectiva transferencia de los tres inmuebles
negociados y pagados a satisfacción, a fin de facilitar la
liquidación judicial de DMG Grupo Holding S.A.
(iv) A lo expuesto se añade que «hay una severa orfandad
de prueba en torno a que la conducta de la interventora y hoy liquidadora
haya sido arbitraria, pues actuó conforme a su deber profesional, siendo
las autoridades (...) quienes expidieron los actos administrativos y las
decisiones que involucraron los lotes en las investigaciones, ya que
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fungían elementos de prueba que permitían inferir de manera razonable
que habían sido negociados previamente con dineros provenientes de la
captación ilegal de dineros al público, como quedó demostrado».
(v) En punto de la causación del daño, «no se evidenció
que las actividades de la liquidadora en ejercicio de sus funciones hayan
tenido incidencia en el valor comercial de las compañías demandantes,
ni irrumpió en la representación económica de sus intangibles, como
tampoco que se hayan afectado por una disminución ostensible de
utilidades o que perdieron la oportunidad de negocios con base en ello,
ni cerrado el flujo de transferencias por cuenta de una presunta
sospecha, imposibilitado el acceso general a la financiación e ingresado
en un periodo de duda en el gremio».
(vi) Añádase que la juez a quo impuso una condena
infundada, «pues nada conlleva a colegir que el sustento del daño
material (...) haya tenido como origen la presunta suspensión de la
disponibilidad de los tres bienes inmuebles y su imposibilidad de
explotación económica. Tal apreciación jamás fue afirmada por los
convocantes». En ese sentido «la juzgadora tergiversó el contenido de
la experticia arrimada al proceso, pues las conclusiones del dictamen no
corresponden a lo pretendido con la demanda».
DEMANDA DE CASACIÓN
Aunque las dos convocantes interpusieron el recurso
extraordinario de casación, solo Colbank S.A. lo sustentó
oportunamente1, formulando dos cargos, que se fincaron en
1 El recurso interpuesto por Inversiones López Piñeros Ltda. fue declarado desierto por auto de 7 de
septiembre de 2023.
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las causales quinta y segunda del artículo 336 del Código
General del Proceso (según el orden propuesto).
CARGO PRIMERO
Tras denunciar que el fallo impugnado se dictó en un
juicio viciado de nulidad, las demandantes adujeron que «la
sentencia [de] segunda instancia (...) fue dictada por una Sala que había
perdido la competencia para dictarla, pues así lo dispone el artículo 121
del Código General del Proceso».
Para precisar, señalaron que el 24 de febrero de 2021
solicitaron a la magistrada sustanciadora declarar la pérdida
de su competencia, pese a lo cual dicha funcionaria «procedió
a dictar sentencia de segunda instancia el día 21 de junio de 2021»,
obviando que «su falta de competencia operó desde el mismo momento
en que se radico la solicitud de fecha 24 de febrero de 2021, y no fue
saneada, pues así lo confirmó la sentencia de tutela STC7616-2021».
CONSIDERACIONES
1. Los regímenes de validez en el derecho
procesal.
El mandato constitucional previene que todas las
actuaciones, judiciales y administrativas, deben realizarse
«(…) con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio». Acorde con ello, en materia procesal, las causales de
anulabilidad se erigen con la finalidad de controlar y
garantizar la validez del proceso. Se orientan a excluir del
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orden jurídico las actuaciones gravemente defectuosas o
anómalas que lesionen garantías constitucionales para lo
cual se ha instituido un cuerpo de principios.
Especificidad, trascendencia, protección, convalidación
y declaración judicial se afirman como principios rectores en
materia de causales de anulabilidad. El primero de ellos, la
especificidad significa que no hay anulabilidad sin texto
expreso que la consagre. En tal virtud, en esta materia no
caben ni la aplicación analógica ni la interpretación
extensiva. Sólo la Constitución o la ley pueden instituirlas.
La trascendencia consiste en que solo los vicios que
lesionen efectivamente el debido proceso tienen significación
y consecuencia anulatoria. La protección enseña que la
finalidad última de las causales de anulación no es otra que
la vigencia de las garantías procesales, razón por la cual
deben removerse las actuaciones que las lesionen.
La convalidación se traduce en la posibilidad de que
algunas causales de anulabilidad puedan sanearse, bien por
el silencio de la parte agraviada, es decir, por su no alegación
oportuna, o por convalidación, esto es, por la manifestación
de ratificar la actuación cuestionada. Finalmente, el principio
de declaración judicial implica que la exclusión de un acto
procesal del orden jurídico es competencia propia, exclusiva
y excluyente de la función jurisdiccional.
2. Elementos normativos del artículo 121 del
Código General del Proceso.
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2.1. El supuesto de pérdida de competencia.
2.1.1. Con el propósito de contribuir a la reducción
del tiempo de duración de los juicios civiles y de familia, el
artículo 121 del Código General del Proceso consagró que:
«Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no
podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar
sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la
notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento
ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el
plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a
seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en
la secretaría del juzgado o tribunal.
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin
haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario
perderá automáticamente competencia para conocer del
proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el
expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien
asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término
máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará
directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las
oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el
proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la
emisión de la sentencia.
(...) Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por
una sola vez el término para resolver la instancia respectiva,
hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad
de hacerlo, mediante auto que no admite recurso (...)».
La norma transcrita estableció límites temporales
objetivos para los juicios, buscando «garantizar (...) que se
obtenga una decisión judicial en un término prudencial y a través de un
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proceso de duración razonable»2. Además, a fin de incentivar la
adhesión de los funcionarios judiciales a la nueva regulación,
el citado precepto 121 previó varias consecuencias jurídicas
sui generis, cuyo sujeto pasivo es el juez o magistrado que no
profiera sentencia –o defina la instancia de cualquier otro
modo– antes de la expiración de dicho plazo legal.
Entre esas sanciones legales descollaba la pérdida
automática de la competencia del funcionario cognoscente, y
el subsecuente deber de «remitir el expediente al juez o magistrado
que le sigue en turno» –es decir, el de la misma sede y
especialidad que continúe en orden numérico ascendente, o
«el juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo»,
si es que «en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y
especialidad»–, a fin de que sea él quien adopte las decisiones
pendientes, poniendo fin al conflicto.
2.1.2. La inflexibilidad de la pauta por la que optó
el legislador provocó que la sanción de pérdida de
competencia se materializara incluso cuando no era viable
calificar de excesiva la duración de un proceso. Dicho de otro
modo, se prodigó idéntico trato a supuestos reprochables de
mora judicial, y a tardanzas justificadas, asociadas a la
problemática estructural de oferta de servicios de justicia, o
a las complejidades de algunos procesos, variables que
inciden en su duración, pero que no son atribuibles a
negligencia o desidia de los funcionarios judiciales.
2 Exposición de motivos del Código General del Proceso (Informe de ponencia para primer debate al
Proyecto de Ley 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara).
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Ese rigor excesivo llevó a que la Corte Constitucional
condicionara la exequibilidad del segundo inciso del citado
artículo 121, al amparo de estas reflexiones:
«La circunstancia de que el sólo vencimiento de los términos
legales tuviese como consecuencia inexorable el traslado del
respectivo proceso a otro operador de justicia,
independientemente de la voluntad de las partes, del estado
del trámite judicial y de las razones de la tardanza, genera
una serie de traumatismos en el funcionamiento de los procesos y
del sistema judicial en general. Estos traumatismos y
disfuncionalidades, muchas veces de gran calado, provocan la
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia
y del derecho al debido proceso (...). Esta misma razón conduce
inexorablemente a la conclusión de que, tal como se encuentra
formulado el primero de estos preceptos [se refiere la Corte
Constitucional al inciso segundo del artículo 121 del Código
General del Proceso], resulta vulneratorio de la Constitución
Política, pues en razón de dicha regla, el solo vencimiento de los
plazos legales genera la pérdida automática de la competencia del
juez para sustanciar y para resolver el caso.
(...) [L]os traumatismos en el desarrollo de los procesos y en el
funcionamiento del sistema judicial, derivan de entender que, una
vez acaecido el plazo legal, inmediata e inexorablemente el juez
pierde la facultad para seguir adelantándolo, incluso si las partes
no se oponen a ello. Por tanto, el sentido de la presente decisión,
es que el juez que conoce de un proceso cuyo plazo legal ha
fenecido, en principio puede seguir actuando en el mismo, salvo
que una de las partes reclame la pérdida de la pérdida de la
competencia y manifieste expresamente que las actuaciones
ulteriores son nulas de pleno derecho.
Conformada la unidad normativa en función de la identidad de
contenidos y con el propósito de evitar la inocuidad del fallo
judicial, se declarará la exequibilidad condicionada del inciso 2 del
artículo 121 del Código General del Proceso, para aclarar que este
es constitucional, en tanto se entienda que la pérdida de la
competencia sólo se configura cuando, una vez expirado el
plazo legal sin que se haya proferido la providencia que
pone fin a la instancia procesal, una de las partes alegue
su configuración (...)» (C-433/19).
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Así las cosas, buscando asegurar la armonía de la
comentada regulación con la Constitución Política, la Corte
Constitucional determinó que la pérdida de competencia no
operaría automáticamente, tan pronto venciera el plazo
objetivo de duración de cada instancia, sino que requería
solicitud expresa de una de las partes, orientada a que el
juez o magistrado reconociera la extinción de su habilitación
para resolver el conflicto.
2.1.3. Una exégesis literal de la regla que viene
comentándose sugeriría que la pérdida de competencia del
juez o magistrado acaece, sin excepción, cuando al
vencimiento del plazo de duración del proceso se le suma la
exteriorización o alegación de esa circunstancia por alguna
de las partes. Sin embargo, esa hermenéutica inflexible ha
sido descartada por la jurisprudencia, pues el referido plazo
de duración del proceso no puede desentenderse totalmente
de las particularidades de cada juicio.
Para ilustrar, en el fallo de tutela CC T-169/22 –que,
como se verá, está referido a este mismo conflicto– la Corte
Constitucional adujo:
«(...) El juez ordinario “no incurre en defecto orgánico al aceptar
que el término previsto en el artículo 121 del CGP, para dictar
sentencia de primera o de segunda instancia, si bien implica un
mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un
incumplimiento meramente objetivo del mismo no puede
implicar, a priori, la pérdida de la competencia del
respectivo funcionario judicial y, por lo tanto la configuración
de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias
dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no opera de
manera automática” (T-341/18).
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Bajo esta perspectiva, (...) solo se podrá aplicar la disposición
sobre pérdida de competencia prevista en el artículo 121 del
CGP, cuando concurran los siguientes elementos: “(i) Que la
pérdida de competencia se alegue por cualquiera de las partes
antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda
instancia; (ii) Que el incumplimiento del plazo fijado no se
encuentre justificado por causa legal de interrupción o suspensión
del proceso; (iii) Que no se haya prorrogado la competencia por
parte de la autoridad judicial a cargo del trámite para resolver la
instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del
artículo 121 del Código General del Proceso; (iv) Que la conducta
de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o
dilatorio de los medios de defensa judicial durante el trámite
de la instancia correspondiente, que hayan incidido en el término
de duración del proceso; (v) Que la sentencia de primera o de
segunda instancia, según corresponda, no se haya proferido en
un plazo razonable” (id.)».
En idéntico sentido, esta Corporación ha venido
sosteniendo, de manera reiterada, que
«(...) la duración razonable del proceso depende de múltiples
factores que trascienden el mero querer o capricho del juez.
De modo que se [debe] tener en cuenta “las vicisitudes de la
administración de justicia” (...), pues lo opuesto sería pretender
imponer una medida completamente alejada de nuestra realidad
socio-jurídica. En otras palabras, es preciso tomar en
consideración las circunstancias que rodean el litigio, tales como
las suspensiones e interrupciones del proceso por causa legal; la
conducta dilatoria de las partes, bien sea por negligencia, por
mala fe, o por razones ajenas a su voluntad; la complejidad de la
controversia jurídica; las dificultades en la recaudación del
acervo probatorio; la necesidad de aplazar o extender las
actuaciones para garantizar el derecho de defensa y
contradicción; y un sinnúmero de circunstancias previsibles o
impredecibles que pueden surgir en el desarrollo de las
actuaciones, diligencias y etapas procesales.
Lo anterior, porque nuestro ordenamiento procesal estatuye una
larga lista de eventos, aparte de las causales de interrupción y
suspensión previstas en los artículos 159 y 161, que tienen la
aptitud de retardar el curso normal del proceso, o de dilatar los
términos aunque el proceso no se interrumpa ni se suspenda; tales
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como los conflictos de competencia (art. 139); el llamamiento en
garantía (art. 66); la conformación de litisconsorcio necesario (art.
61, inc. 2º); la reforma de la demanda (art. 93); la acumulación de
procesos y de demandas (art. 150, penúltimo inciso); la
designación de apoderado del amparado pobreza (art. 152, inciso
final); cuando el superior revoca la sentencia anticipada y ordena
la continuación del proceso; cuando el juez revoca el mandamiento
de pago por ausencia de los requisitos del título ejecutivo (art. 430,
inc. 3º, 438); cuando el superior revoca la transacción total (art.
312, antepenúltimo inciso); cuando, sin culpa de la parte
demandante, no se ha podido practicar el embargo para la
efectividad de la garantía real (art. 599); cuando la medida
cautelar no ha podido practicarse por una circunstancia ajena a la
carga procesal o acto de la parte interesada; cuando el
demandado propone reconvención contra el demandante (art.
371); cuando por circunstancias no imputables a la parte
interesada, ésta no pudo aducir en su debida oportunidad
procesal una prueba tan importante que el juez se ve obligado a
decretarla de oficio y cuya práctica puede tardar meses (como por
ejemplo la prueba con marcadores genéticos de ADN, consagrada
en el art. 386); cuando hay que reconstruir el expediente por
pérdida total o parcial (art. 126); entre otras situaciones que
pueden ir surgiendo en el desarrollo del proceso.
Existen, en fin, muchas circunstancias que influyen en el curso
normal o anormal del proceso y, por tanto, alteran los tiempos que
la ley prevé para la realización de los actos procesales, las que
deben ser valoradas por el Juzgador a la hora de determinar si se
ha configurado o no la consumación del término dispuesto en el
artículo 121» (CSJ STC14642-2019; reiterada en CSJ
STC15215-2019).
2.1.4. Nótese, entonces, que amén de los supuestos
de interrupción o suspensión del proceso que previó la ley, la
jurisprudencia patria ha reconocido diversas vicisitudes
procesales excepcionales, que podrían implicar la ampliación
del término de duración razonable de cada instancia, más
allá del lapso objetivo señalado en el artículo 121 citado. Así,
por ejemplo, se ha considerado pertinente reparar en el
proceder de los litigantes, por lo que, «antes de declarar la falta
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de competencia», se debe descartar que «se haya presentado una
conducta desmedida, abusiva o dilatoria de las partes de los medios de
defensa, que conllevara a la extensión en el tiempo del proceso e
impidiera emitir en el tiempo previsto la sentencia» (CC, T-334-2020).
Igualmente, pueden considerarse otras cuestiones de
procedimiento, que no tienen que ver con conductas
dilatorias –pues no ameritan reproche subjetivo–, pero que
tienen por efecto común la dilación justificada del trámite,
como el ejercicio de facultades oficiosas, o la insistencia en el
recaudo de una prueba compleja. De no reparar en esas
particularidades, la necesidad de resolver el caso dentro del
término de ley podría entrar en tensión con el respeto por las
garantías procesales de los ciudadanos, o con el cabal
ejercicio de la función judicial, amenazando la realización de
los derechos al debido proceso y acceso a la justicia.
Esta relativa flexibilización de los plazos razonables de
duración de los procesos judiciales ha sido reconocida
incluso por la CorteIDH, que al interpretar el artículo 8.1. de
la CADH3 sostuvo lo siguiente:
«El plazo razonable (...) no es un concepto de fácil definición. Se
pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la
Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales
se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención
Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo
para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades
3 Norma que dispone que «[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter»
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Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea4, se deben
tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad
del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad
del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la
conducta de las autoridades judiciales (Ver entre otros, Eur.
Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A no. 195-
A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23
June 1993, Series A no. 262, párr. 30)» (caso Genie Lacayo Vs.
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997; caso
Rodríguez Vera y otros vs. Colombia, sentencia de 14 de
noviembre de 2014)
En suma, todos los pronunciamientos citados,
provenientes de órganos judiciales muy diversos, coinciden
en la inconveniencia de utilizar parámetros pétreos para la
medición del plazo razonable de un proceso, así como en la
necesidad de tomar en consideración variables relevantes,
como la complejidad del caso, los actos procesales dilatorios
de los litigantes, o la diligencia con la que actuó el juez o
magistrado sustanciador en desarrollo del trámite.
Dar la espalda a esas particularidades puede llevar a
que se despoje de su habilitación legal a un funcionario que
obró en cumplimiento de sus deberes (v. gr., quien decreta
pruebas oficiosas para elucidar alguna cuestión relevante5, u
ordena integrar un litisconsorcio, por citar solo algunos
ejemplos). E, incluso, puede terminar convirtiéndose en una
4 La Corte Europea de Derechos Humanos ha venido sosteniendo, a partir del caso Stögmüller v. Austria
(Aplicación n.° 1602/62), que «se reconoce (...) la imposibilidad de traducir este concepto [plazo
razonable] en un número fijo de días, de semanas, de meses o de años (...)».
5 Recuérdese que, a voces de los artículos 167 y 170 del Código General del Proceso, el juez de la causa
tiene la facultad-deber de decretar pruebas de oficio, cuando estime necesario esclarecer los hechos del
proceso. Pero esta labor, que de ordinario demanda tiempo, no conlleva la suspensión del proceso, de
modo que, mientras el juzgador cumple con sus cargas como director del proceso, se acerca al supuesto
sancionatorio de pérdida de competencia.
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suerte de incentivo para el proceder desleal de quien retarda
el curso normal de un procedimiento.
2.1.5. En el contexto explicado, el juez o magistrado
cognoscente podrá, excepcionalmente, negar una solicitud de
pérdida de competencia elevada por alguna de las partes,
ofreciendo razones para justificar que el trámite se haya
extendido más allá del término objetivo del artículo 121 del
Código General del Proceso. Esta decisión, por supuesto,
debe motivarse de manera prolija, detallada y suficiente,
pues la excepción no puede transformarse en la regla.
Es decir, aunque la Corte no ha sido ajena a las
enormes dificultades que conlleva aplicar sin miramientos un
término objetivo de duración de los procesos, sigue
reconociendo en esa regla legal un propósito legítimo. De ahí
que el artículo 121 del Código General del Proceso siga siendo
guía para la acción de jueces y magistrados, y tenga el vigor
necesario para imponerles el deber de hacer todos los
esfuerzos para que, en la medida de sus posibilidades, los
procesos culminen en el plazo objetivo que el legislador
nacional consideró adecuado.
Es más, la justificación para no perder competencia
está totalmente relacionada con ese esfuerzo; con haber
hecho todo lo posible para intentar resolver la controversia
en seis meses, o en doce, o en dieciocho, sin tener éxito, por
causas ajenas a la voluntad del funcionario. Pero si lo que
sucedió fue que este no hizo todo lo que estaba a su alcance
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para lograr el propósito que traza la ley, la sanción legal de
pérdida de competencia resultaría inexorable.
2.1.6. Puede concluirse que, por vía general, el
fenecimiento del plazo de duración del proceso, sumado a la
alegación de parte, extinguen la habilitación del juez o
magistrado sustanciador para seguir tramitando la causa. No
obstante, casos habrá en los que, mediante providencia
rigurosamente motivada –sometida a los recursos
ordinarios procedentes y, eventualmente, al control de los
jueces constitucionales–, el funcionario de conocimiento
justifique la dilación y conserve así su competencia por
un término razonable adicional.
2.2. El supuesto de anulabilidad de la actuación
posterior a la pérdida de competencia.
2.2.1. Así como el artículo 121 en cita estableció
que la expiración del plazo de duración del proceso –o su
prórroga– comportaba la pérdida de competencia del
funcionario que venía tramitando la causa, también dispuso
que «será nula (...) la actuación posterior que realice el juez que
haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia».
Cabe precisar que, de acuerdo con el texto original de
la norma transcrita, la nulidad de la actuación operaba «de
pleno derecho», expresión que, en apariencia, supondría que la
invalidación de lo actuado se producía nuevamente de forma
automática –por ministerio de la ley–, en oposición al régimen
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general de las nulidades, que exige intervención judicial para
restarle efectos a cualquier acto viciado6.
A partir de esa singular característica, un sector de la
jurisprudencia planteó que el supuesto de anulabilidad
procesal consagrado en el artículo 121 estaba regido por
reglas y principios propios, autónomos, incompatibles con
los preceptos 132 a 138 del Código General del Proceso, lo
que posibilitaría que las actuaciones posteriores a la
expiración del plazo de duración del juicio estuvieran
automáticamente viciadas de nulidad, vicio que sería
insaneable, y que, por lo mismo, podría invocarse
eficazmente en cualquier tiempo7.
Otro sector defendió una hermenéutica distinta,
buscando conciliar, en lo posible, la fórmula del artículo 121
con las demás reglas en materia de nulidades procesales. En
ese sentido, se indicó que el enunciado «de pleno derecho» solo
daría cuenta de una precisión –sui generis– en punto a la
necesidad de decreto judicial de la nulidad, pero que no
excusaba la aplicación de otras reglas de procedimiento,
como la que habilita el saneamiento de cualquier defecto
formal que la ley no hubiera calificado de insaneable8.
6 Cabe precisar que, tanto en el ámbito procesal, como en el sustantivo, la nulidad sólo se concibe
mediante reconocimiento judicial. Así se sigue de lo dispuesto en los artículos 1742, 1746 y 1748 del
Código Civil y 138 del Código General del Proceso.
7 Tal como se sostuvo en los fallos de tutela CSJ STC8849-2018; CSJ STC13424-2018, y STC16192-
2018 (entre otros).
8 «Importante es la clasificación de las nulidades en saneables e insaneables, según que pueda
convalidarse o ratificarse la actuación, por la simple manifestación de las partes o su silencio, o que,
por el contrario, ese remedio resulte improcedente. La economía procesal aconseja extender el
saneamiento de la nulidad a la mayor cantidad de casos, y, por lo tanto, salvo disposición legal en
contrario, debe considerarse como la regla general. Es decir, las nulidades procesales deben ser
saneables mientras la ley no disponga lo contrario» (DEVIS, Hernando. Teoría general del proceso.
Editorial Universidad, Buenos Aires. 1997, p. 533).
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2.2.2. En la actualidad, solo la segunda postura
resulta admisible, porque en la citada sentencia C-433/19 la
Corte Constitucional concluyó que la posibilidad de invalidar
automáticamente todos los actos posteriores al vencimiento
del término de duración de las instancias era incompatible
con «los principios con arreglo a los cuales se configura el poder
y la función judicial, entre ellos, la celeridad y la eficiencia, la
respuesta oportuna a las demandas de justicia, la imparcialidad, el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia».
Para sustentar esa afirmación, expuso:
«El artículo 121 del CGP determinó que, en primera instancia, los
procesos judiciales deben concluir en un año contado a partir del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, o
excepcionalmente hasta en un año y medio, cuando se haya
prorrogado el plazo mediante auto debidamente motivado; y que,
en segunda instancia, deben concluir en un plazo de hasta seis
meses, contado desde la recepción del expediente en la secretaría
del juzgado o tribunal. Asimismo, el precepto legal estableció que
una vez vencidos los términos anteriores sin haberse dictado la
providencia que pone fin a la primera instancia, el funcionario
judicial pierde automáticamente la competencia sobre el caso,
debiendo remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en
turno, e informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura, y que todas las actuaciones adelantadas por fuera
de estos términos, son nulas de pleno derecho.
(...) A juicio de la Sala, la medida legislativa es incompatible con
la Carta Política, ya que, primero, no solo no contribuye
eficazmente a la materialización del derecho a una justicia
oportuna, sino que constituye un obstáculo para la consecución de
este objetivo, y, segundo, porque la norma comporta una
disminución de las garantías asociadas al derecho al debido
proceso y al derecho a una justicia material, al compeler a los
jueces resolver los trámites a su cargo dentro de los plazos legales,
incluso si ello implica cercenar los derechos de las partes o afectar
el desenvolvimiento natural de los mismos, y al dar lugar al
traslado de las controversias a operadores de justicia que carecen
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de las condiciones y de los elementos de juicio para adoptar una
decisión apropiada» (CC, C-443/19).
A partir de la expedición del comentado fallo, las
discusiones acerca de la posibilidad de convalidar la nulidad
prevista en el artículo 121 quedaron zanjadas, no solo como
efecto necesario de la supresión de la expresión «de pleno
derecho», declarada inexequible, sino porque ese rasgo formal
–la saneabilidad– podía deducirse desde el principio, a través
de raciocinios que se consideraron más ajustados a la Carta
Política de 1991.
Así lo ha precisado esta misma Sala en diversos
pronunciamientos, compendiados en CSJ SC3712-2021:
«(...) en STC15542 de 14 de noviembre de [2019, se] concedió la
tutela que una parte solicitó frente a un funcionario de segunda
instancia que el 20 de julio de ese periodo declaró de oficio la
nulidad de una sentencia que conocía en apelación, dictada por el
a quo el 4 de junio anterior, por fuera del periodo estatuido en el
aludido precepto. En esa ocasión argumentó que “…al no estar la
nulidad del artículo 121 del Código General de Proceso
taxativamente prevista como insaneable y al no ser una ‘nulidad
especial’, no es posible afirmar que es una anomalía procesal
de tan grande magnitud que no es susceptible de
convalidación o saneamiento. De esta manera, si se actuó sin
proponerla, o la convalidó en forma expresa, la nulidad quedará
saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en
el artículo 134, siempre que se cumplan los requisitos señalados
en el artículo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho
indicado en el artículo 121 –que como se explicó, no es objetivo y
admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del
funcionario–, el juez deberá declarar la consecuencia jurídica
expresada en esa disposición”.
En el mismo sentido, en STC1693 de 2020, al abordar el reproche
por el “proferimiento de la sentencia de 16 de mayo de 2019, con
posterioridad al vencimiento del término de que trata el artículo
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121 del Código General del Proceso”, ponderando que en la
aludida sentencia de constitucionalidad su homóloga dijo que “la
pérdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha
pérdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y
segundo, que la nulidad es saneable en los términos del
artículo 136 del CGP”, concluyó que “(…) teniendo en cuenta la
interpretación que desde la óptica constitucional se consignó en el
citado precedente, la cual se acoge por respeto a la
institucionalidad en tratándose de pronunciamientos de ese tipo,
el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido
en el empleo de los medios de protección que existen hacia el
interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela
interferir los trámites respectivos, pues la justicia constitucional no
es remedio de último momento para rescatar oportunidades
precluidas o términos fenecidos, lo que significa que cuando no se
utilizan los mecanismos de protección previstos en el orden
jurídico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las
decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado sería el fruto
de su propia incuria”.
En suma, en vigencia del texto original del artículo 121 procesal,
en sede de tutela, la Sala tuvo posturas encontradas en cuanto a
la posibilidad de convalidar la nulidad allí prevista, aunque en
2018 se inclinó por la que le otorgaba carácter insaneable; sin
embargo, a partir de la C-443/19 ha aplicado
irrestrictamente el criterio de saneabilidad que la Corte
Constitucional pregonó, no solo frente a los nuevos fallos
que violaban los tiempos fijados en esa disposición, sino a
los anteriores a esa sentencia (...)».
De lo expuesto puede concluirse que la nulidad que
consagra el artículo 121 es saneable. Esa consecuencia,
expresamente aludida en la decisión de inexequibilidad
parcial y exequibilidad condicionada del inciso sexto del
aludido canon 1219, e implícitamente contemplada en el
texto legal original, se relaciona ordinariamente con las
hipótesis de los numerales 1 y 4 del artículo 136 del Código
9 Sostuvo la Corte Constitucional que ese aparte se ajustaba a la Constitución Política, «en el entendido
de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable
en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso» (C-443/19).
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General del Proceso, bien sea porque (i) quien podía proponer
la nulidad «no lo hizo oportunamente», o porque (ii) al dictarse la
sentencia «el acto procesal cumpl[e] su finalidad [la solución del
conflicto] y no se viol[a] el derecho de defensa».
Es decir, si se declara la pérdida de competencia de un
juez o magistrado, por vencimiento –alegado– del plazo de
duración del proceso, todas las actuaciones posteriores de
ese funcionario quedarían viciadas de nulidad, pero el vicio
se sanea si, por ejemplo, las partes actúan sin alegarlo, o si
permiten que el trámite continúe hasta que se dicte
sentencia, o se defina la instancia de cualquier otro modo.
2.2.3. Con todo, debido al peculiar diseño legislativo
de ese precepto, es necesario poner en evidencia algo que,
por su obviedad, suele pasar inadvertido: el saneamiento solo
puede tener lugar cuando la actuación está viciada, y para
que ello ocurra, es imprescindible que el juez o magistrado
haya perdido previamente competencia. Esto, a su turno,
requiere la expiración del término de duración del proceso, y
el alegato de parte, sin perjuicio de que, mediante decisión
motivada, el funcionario cognoscente justifique la tardanza,
por cualquiera de las razones explicadas previamente.
Bajo esa hermenéutica, la pauta del artículo 121 encaja
perfectamente con la arquitectura del Código General del
Proceso, normativa que no sanciona la falta de competencia
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en sí misma, sino la actuación posterior a su declaratoria10.
De ahí que la jurisprudencia haya reconocido que
«(...) la –potencial– invalidación de las actuaciones ulteriores del
funcionario que perdió competencia emerge como remedio a una
irregularidad muy puntual, consistente en que, contrariando las
directrices del ordenamiento, dicho fallador persista en tramitar
el proceso, perdiendo de vista la realización del supuesto de
pérdida de competencia del artículo 121» (CSJ SC845-2022).
3. Reiteración de jurisprudencia: Exigencias
formales de los cargos en casación fundados en el
supuesto de nulidad del artículo 121.
3.1. A partir de los razonamientos expuestos, es
posible identificar cuatro escenarios distintos, relacionados
con el supuesto que consagra el artículo 121 del Código
General del Proceso:
(i) Si el término de duración del proceso vence, pero
el fallo es dictado antes de que cualquiera de las partes
alegue dicha circunstancia, la pérdida de competencia no
habrá operado y, por lo mismo, la actuación posterior al
vencimiento objetivo no estaría viciada de nulidad.
(ii) Si se dan ambas variables, es decir, vencimiento
del término y alegato de parte, por regla general el juez o
magistrado perdería competencia y sus actuaciones
posteriores estarían viciadas. Sin embargo, es posible que el
10 Así lo dispone el artículo 133-1 del Código General del Proceso, a cuyo tenor: «El proceso es nulo,
en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 1) Cuando el juez actúe en el proceso después de
declarar la falta de jurisdicción o de competencia».
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juez o magistrado justifique suficientemente la dilación del
juicio más allá del término de ley. En esos eventos, si la
decisión de mantener la competencia cobra firmeza, no
operará la pérdida de competencia, y tampoco se
estructurará ningún motivo de anulabilidad procesal.
(iii) Si vence el término de duración del proceso,
alguna de las partes lo alega, y no se justifica la tardanza, el
juez o magistrado perderán definitivamente competencia, y,
ahora sí, será posible predicar un vicio formal de todo lo que
actúen en adelante. Sin embargo, el vicio quedará saneado si
ninguna de las partes solicita que se declare la nulidad de la
actuación antes de que se profiera sentencia o se defina la
instancia –pudiendo hacerlo–.
(iv) Lógicamente, para que no se produzca el
saneamiento, se debe alegar la nulidad de «la actuación posterior
que realice el juez [o magistrado] que haya perdido competencia» antes
de que se dicte la sentencia, escenario en el cual las partes
deberán estarse a lo que dispongan los falladores ordinarios
acerca de la invalidación del trámite a su cargo.
3.2. El hecho de que el saneamiento de la nulidad
prevista en el artículo 121 se materialice siempre que el vicio
no sea alegado antes de que se dicte sentencia, restringe
considerablemente la posibilidad de que la pérdida de
competencia franquee el paso a un cargo por la causal quinta
de casación11. Muestra de ello es que ninguna de las
11 Es legítimo que esas restricciones formales existan, porque en estos casos convergen dos herramientas
procesales excepcionales: de un lado, el régimen de las nulidades, de naturaleza restringida, residual y
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hipótesis que se relacionaron en el numeral anterior –y que
describen buena parte de las cuestiones que se discuten ante
esta Corporación– resulte formalmente idónea para
sustentar una censura extraordinaria.
En efecto, en los escenarios hipotéticos (i) y (ii), el motivo
de invalidación no se habría estructurado. En el (iii) sí, pero
la nulidad estaría saneada, lo cual es incompatible con una
censura por la senda quinta. En cuanto al supuesto (iv), la
irregularidad se habría denunciado de forma tempestiva, es
decir, antes de que se profiriera el fallo, por lo que no estaría
convalidada; sin embargo, lo que atañe a la validez de la
actuación se habría discutido y definido en las instancias
ordinarias mediante auto ejecutoriado, lo que impediría
replantear la cuestión en sede de casación (Cfr. CSJ SC3712-
202112; reiterada en CSJ SC845-2022).
Consecuente con lo anterior, la jurisprudencia de esta
Sala tiene decantado que la nulidad por haberse dictado la
sentencia por fuera del plazo de duración del proceso solo
puede debatirse en sede de casación –por la senda de la
causal quinta– en un caso excepcional, a saber,
«(...) cuando las partes no tuvieron la posibilidad de alegar
la nulidad de las actuaciones posteriores a la pérdida de
competencia del juez o magistrado –debidamente invocada por
alguna de ellas–, pues en este especialísimo evento no habría
necesariamente fundada; y de otro, el recurso de casación, cuya naturaleza extraordinaria impone
limitantes formales, orientados a impedir que se transforme en una suerte de “tercera instancia”.
12 En esa oportunidad, explicó la Corte: «La alegación del vicio en relación con la sentencia del a quo
recibió respuesta oportuna por parte del Tribunal, toda vez que fue desestimada por la magistrada
ponente y, ante la súplica respectiva, por los restantes integrantes de la Sala; por ende, lo allí decidido
constituye cosa juzgada, en tanto resolvió sobre un asunto saneable, deviniendo inmodificable
ahora».
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operado el saneamiento del vicio. Así ocurriría, por vía de ejemplo,
si inmediatamente después de que opere la pérdida de
competencia –por el vencimiento del término de duración
del proceso, sumado a la solicitud de parte, se insiste–, el
juez decide dictar sentencia, intentando con ello eludir las
directrices del legislador, que le imponían remitir la foliatura a
quien le sigue en turno.
Ante la comentada eventualidad, la sentencia estaría viciada de
nulidad, y como esta [la sentencia, se aclara] sería la primera
actuación posterior al momento en el que operó la pérdida de
competencia, las partes no habrían tenido la oportunidad de
alegarla, por lo que tampoco habría operado su saneamiento,
habilitando que esos hechos sean esgrimidos como soporte de una
eventual impugnación extraordinaria» (CSJ SC845-2022).
4. Resolución del cargo.
4.1. Para facilitar el análisis de esta censura, es
menester reseñar cronológicamente las actuaciones que se
llevaron a cabo ante la colegiatura de segundo grado:
(i) El expediente arribó a la secretaría del tribunal el
23 de octubre de 2019.
(ii) Por auto de 11 de julio de la anualidad siguiente,
la magistrada sustanciadora admitió la apelación interpuesta
por la demandada contra el fallo de primera instancia.
(iii) El 7 de febrero de 2020 la referida funcionaria
decidió prorrogar el término de duración de la segunda
instancia por seis meses más.
(iv) El 24 de febrero de 2021, la demandante radicó un
memorial, señalando que «en el sub júdice se dan los presupuestos
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procesales que establece el art. 121 del C. G. P. para que este proceso
pase al Magistrado que sigue en turno».
(v) Mediante providencia de 8 de marzo de 2021, se
negó ese pedimento, al amparo de estos razonamientos:
«[No] se puede establecer una dilación injustificada de términos,
en primer lugar, porque el despacho ha trabajado de manera
regular y constante como se puede observar en sus estados, a lo
que se suma la alteración de circunstancias de trabajo durante el
desarrollo de la pandemia, la poca falta (sic) de personal que
ameritó que el Consejo Superior de la Judicatura aprobara la
creación de un cargo de oficial mayor a finales del año 2020 al
evidenciar que el Distrito Judicial de Bogotá y específicamente la
Sala Civil de este Tribunal el 45% de la demanda de justicia en el
país en esta especialidad.
En ese orden, mal puede ahora el apoderado actor, una vez ratificó
tácitamente que ningún vicio acarreaba sobrepasar el término
para fallar, o lo que es igual, que había conformidad con el estado
actual del trámite, pretender que se reviertan sus propias
actuaciones para que se dejen sin efecto los adelantados estudios
del caso ante el actual escrutinio que del mismo se realiza y, luego
de que el despacho diera a conocer a las demás integrantes de la
Sala y a la Presidencia de la Corporación, las irregularidades
presentadas en el trámite en segunda instancia en torno a la
filtración al público de los proyectos de decisión, para así solicitar
que sea la Magistrada quien sigue en turno quien asuma el
conocimiento, razón por la cual despachará negativamente su
petición».
(vi) Inconformes, las actoras interpusieron recurso de
súplica, el cual fue despachado desfavorablemente, mediante
proveído de 20 de abril de 2021. Colbank S.A. solicitó
aclaración y adición de dicha providencia, ruego que se negó
por auto de 21 de mayo de 2021.
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(vii) El 8 de junio siguiente, ambas demandantes
pidieron que «se sirva darle aplicación al inciso 2º del art. 121 del
C.G.P., declarando su perdida de competencia por vencimiento de
términos para dictar sentencia de segunda instancia, y remitir el
expediente al Magistrado que por ley le corresponda».
(viii) La magistrada sustanciadora denegó también este
reclamo, en providencia proferida el día 21 del mismo mes,
que no fue materia de recursos. Para ello, adujo que, tras las
actuaciones previamente relacionadas, el expediente
«(...) regresó al Despacho de la suscrita únicamente hasta mayo
31 de 2021 (derivado 91) y, previo a los ajustes sobre la decisión,
se registró proyecto de sentencia en junio 03 de 2021 –como se
observa en la consulta electrónica del proceso– siendo sometido el
expediente a una nueva rotación, en tanto por la dinámica propia
de la Corporaciones, la decisión debe ser adoptada previo el
estudio de los tres integrantes de la Sala.
Y aunque desde febrero de 2021, el expediente ya se encontraba
en estudio como así se anunció en las sesiones de sala referidas
en el auto de marzo 8 de 2021, ante la inesperada recomposición
de los integrantes de la misma, por cuenta de la pensión de la
Magistrada Nubia Esperanza Sabogal y el ingreso del Dr. Henry
de Jesús Calderón, requirió que los demás miembros se tomaran
el razonable término de 10 días hábiles para estudiar la decisión,
en atención a la complejidad del caso y al voluminoso expediente.
Es por lo anterior que, desde marzo 8 de 2021 a hoy, no ha habido
retardo alguno atribuible a la suscrita, se ha actuado con la mayor
diligencia y se ha impartido suficiente grado de celeridad y
prioridad al asunto; contraria situación, es que por las peticiones
del propio demandante, se hubiera impedido fallar hasta el día de
hoy, cuando se está notificando también la sentencia».
(ix) En la misma calenda, 21 de junio de 2021, se
profirió el fallo de segunda instancia.
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(x) A la par con la radicación de la solicitud de 8 de
junio de 2021, el representante legal y apoderado de las
demandantes interpuso una acción de tutela, que fue
concedida por esta Sala13, con sustento en que,
«(...) para cuando se realizó la petición de invalidez, no se había
dictado sentencia, lo cual significa que la irregularidad
denunciada perduraba en el tiempo, sin que acciones irrelevantes
como las realizadas por las peticionarias -como consultar el plazo
para la emisión del fallo-, permitieran la superación del vicio, pues,
lo cierto es, se deprecó la anulación de la gestión bajo los
parámetros del artículo 121 del Código General del Proceso, esto
es, superado el plazo previsto para dictar la sentencia, en segunda
instancia, y antes de su emisión, según lo estableció la citada
sentencia C-443 de 2019. Una interpretación en contrario, daría
vía libre a los funcionarios judiciales para perpetuar
indefinidamente situaciones de dilación injustificada sin proferir el
fallo respectivo para zanjar las contiendas, desconociendo así́ la
tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos.
Correcto es entender que la circunstancia de no dictarse el
respectivo fallo en la oportunidad fijada por el legislador, trae
consigo, y una vez alegada, la inmediata pérdida de la
competencia del juez, quien, por ende, no puede, a partir de la
extinción del plazo para ello, adelantar actividad procesal alguna,
al punto que si se realiza, esta deviene nula.
Los términos previstos en el Código General del Proceso, no
constituyen una formalidad. Se trata de una búsqueda de la
justicia material para los administrados y justiciables en el Estado
Constitucional de Derecho, de modo que los juicios no se deben
someter a plazos interminables, de nunca acabar. El remedio no
puede ser peor que la enfermedad. Sólo hay justicia si las
controversias se resuelven rápida y cumplidamente, en lapsos
razonables, de manera que la ciudadanía, crea en sus jueces y en
el Estado, porque sus litigios se decidirán prontamente y sin
dilaciones. El juez del Estado contemporáneo comprende las
necesidades de la ciudadanía y acata responsablemente sus
deberes cuando dispensa justicia a tiempo y en forma
transparente. El verdadero juzgador es adalid de la confianza
13 De esa decisión no participaron los Magistrados que suscriben esta providencia. Quienes sí lo hicieron
declararon su impedimento para conocer del caso, siéndoles aceptado.
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legitima, de la seguridad jurídica y de la inclusión y reconocimiento
de derechos. Esta tarea la verifica al sentenciar con celeridad,
comprometido con políticas públicas de solución ágil de las
controversias a su cargo» (CSJ STC7616-2021)
(xi) Impugnada esa determinación, la Sala de
Casación Laboral la revocó, mediante sentencia STL11484-
2021. Posteriormente, el asunto fue revisado por la Corte
Constitucional, autoridad que refrendó lo decidido en
segunda instancia, diciendo:
«El expediente del proceso declarativo por responsabilidad civil
extracontractual fue radicado en el Tribunal Superior de Bogotá el
23 de octubre de 2019, fecha en la que comenzó a contar el término
de seis meses para dictar la sentencia de segunda instancia, de
acuerdo con el artículo 121 del CGP. Cómo se indicó con
anterioridad, la magistrada sustanciadora prorrogó en dos
ocasiones el término para dictar sentencia, situación que subsanó
en el auto del 8 de marzo de 2021, en el que aclaró que la única
providencia válida para efectos del conteo de términos era el auto
del 3 de febrero de 2020. Por ende, el plazo para emitir sentencia
de primera instancia se extendería, prima facie, hasta el 23 de
octubre de 2020.
Sin embargo, existieron circunstancias que obligaron a la
suspensión general de términos en la Rama Judicial. Dichos
términos judiciales fueron suspendidos, por una parte, como
consecuencia del acaecimiento de la pandemia generada por la
Covid-19 ―suspensión que transcurrió entre el 16 de marzo y el 24
de mayo de 2020―, y por otra, por el periodo de vacancia judicial,
sucedido entre el 17 de diciembre de 2020 y el 10 de enero de
2021. Teniendo en cuenta estas suspensiones de términos, el
plazo para dictar sentencia de segunda instancia venció el 26 de
enero de 2021. Ahora bien, como se ha indicado a lo largo de esta
sentencia, la declaratoria de pérdida de competencia no opera de
forma automática, pues se deben evaluar los motivos por los
cuales se ha incurrido en mora judicial. Así, si bien la Sentencia T-
341 de 2018 estableció ciertas subreglas para determinar la
razonabilidad de la demora, con el fin de establecer si se aplica la
perdida de competencia prevista en el artículo 121 del CGP, no
especificó cuál es el parámetro para evaluar el “plazo razonable”.
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En distintas oportunidades esta corporación se ha pronunciado
sobre este tema, indicando que la definición de la mora judicial
injustificada se valora teniendo en cuenta “la razonabilidad del
plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo
que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se
presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii)
el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad competente y la situación global del
procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de
la demora” (T-052/18).
En el caso sub examine, esta Sala de Revisión acredita que (i) el
plazo para emitir la sentencia de segunda instancia venció sin que
se hubiera emitido la providencia; (ii) el asunto involucra temas de
alta complejidad, pues versa sobre negocios jurídicos que no solo
afectan a las partes, sino que sus efectos se proyectan sobre los
intereses de un número plural de personas que se vieron afectadas
por las actividades realizadas por la sociedad intervenida.
Además, el proceso ha tenido una alta actividad procesal,
desplegada tanto por Colbank S.A. como por DMG Holding S.A. en
liquidación; (iii) existieron justificaciones razonables para la
demora, pues la pandemia generada por la Covid-19 generó
cambios importantes en el funcionamiento de los despachos
judiciales, pues se hizo necesario realizar una serie de gestiones
y adecuaciones para lograr la adecuación de un modelo de gestión
que se ajustara a la coyuntura. Además, debe tenerse en cuenta
que el actor promovió el trámite de un recurso de súplica, que, si
bien no se tiene como una actuación dilatoria, impedía que se
adoptara una decisión hasta que no hubiera un pronunciamiento
sobre el mismo.
Así las cosas, la Sala concluye que no se desconocieron los
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia de los accionantes. Esto en razón a que
un incumplimiento meramente objetivo del término previsto
en el artículo 121 del CGP no puede implicar, prima facie,
la pérdida automática de la competencia del funcionario
judicial. Por tal motivo, para esta Sala existieron razones
suficientes para justificar la tardanza en la adopción de
una decisión que, en todo caso, fue emitida por la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá el 21 de junio de 2021. En
consecuencia, la Magistrada (...) no perdió la competencia para
continuar conociendo el proceso, y por ende, no se configuró el
defecto orgánico planteado» (T-169/22, ya citada).
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4.2. El compendio previo muestra que, a pesar del
vencimiento del término objetivo de que trata el artículo 121
del Código General del Proceso, la magistrada sustanciadora
que tramitaba el asunto en segunda instancia no perdió
competencia, conforme lo decidido por ella en auto de 21 de
junio de 2021 –que cobró ejecutoria–, oportunidad en la que
expuso motivos justificantes para esa aparente tardanza.
A ello cabe agregar que, habiéndose sometido la
cuestión al escrutinio de los jueces de tutela, estos ratificaron
que «la magistrada [sustanciadora] no perdió la competencia para
continuar conociendo el proceso», comoquiera que, dadas las
características del caso, «existieron justificaciones razonables
para la demora»; es decir, el término de duración de la
segunda instancia no fue excesivo, ni irrazonable.
En conclusión, como la funcionaria cognoscente
mantuvo su habilitación para fallar, esto es, nunca perdió
competencia para tramitar el proceso, la sentencia que emitió
para definir la segunda instancia de este juicio no podría
presentar el vicio que se alegó, pues este solo comprende las
actuaciones posteriores a esa pérdida de competencia. Por
ende, la censura no prospera.
CARGO SEGUNDO
Se denunció la violación indirecta de los artículos «2341,
1613, 1614 del Código Civil, ley 1116 de 2006 y decretos extraordinarios
4333 y 4334 de 2008 y Decreto Ley 1910 de 2009», como
consecuencia de «una falsa valoración de las pruebas documentales
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y periciales arrimadas al proceso, debido al desconocimiento de su
existencia, tergiversación de su alcance y suposición de algunos, y las
falsas apreciaciones de su contenido de otros, que esta dependencia
judicial asumió en su fallo».
Para la censora, el ad quem cometió varios yerros de
juzgamiento, sin los cuales habría sido inevitable «la
declaratoria de la responsabilidad extracontractual generada de la
conducta de la liquidadora de la entidad intervenida DMG Grupo Holding
S.A. – en liquidación judicial», a saber:
(i) «El Tribunal desconoció que la demanda fue reformada y
que, como efecto de esa modificación, las pretensiones fueron
reestructuradas y, sobre todo, los hechos. En estos se dijo
minuciosamente todos los elementos fácticos de como ocurrió la
trazabilidad de la conducta de la liquidadora de la entidad intervenida
y en liquidación DMG».
(ii) «El Tribunal desconoció el alcance del contenido de cada uno
de los medios de prueba documentales arrimados al proceso y con ello
las normas que regulan el trámite que adelantaba el órgano
administrativo, como es la Superintendencia de Sociedades»,
específicamente, los «folios de matrícula inmobiliaria relativos a los
tres predios involucrados en el trámite de intervención y de liquidación»,
de cuyo contenido «se concluye sin ningún equívoco, que los únicos
propietarios que aparecen en el escenario jurídico son las demandantes».
(iii) «El Tribunal se inventó una prueba y es que creyó que había
una relación o compromiso entre las sociedades demandantes con la
intervenida DMG, ahora en Liquidación, cuando eso no es cierto. Por eso
despreció el contenido de la decisión del Tribunal de Bogotá en su Sala
de Justicia y Paz y la decisión de la Corte que resolvió el incidente de
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levantamiento de la medida respecto de uno de los predios de propiedad
de las demandantes como lo es el Bihar B».
(iv) «El Tribunal tergiversa el sentido de las declaraciones
testimoniales que rindieron Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan
Carlos Valencia Yépez, y creyó que con ello se generaba una promesa de
compraventa que comprometiera el derecho de dominio a favor de la
Captadora ilegal. Lo cierto que es que en el plenario no existe ninguna
prueba documental que constituye medio de convicción ad probationem,
que indique que el negocio que celebraron las demandantes en este
proceso (...) haya sido para la Captadora ilegal».
(v) «El Tribunal tergiversó también la declaración de Carlos
Ernesto López Piñeros (que no debía tenerse en cuenta pues es una
prueba ilegal que se practicó a espaldas de las aquí demandantes), pues
interpreta la Corporación judicial que dizque ese declarante prometió
poner a disposición los predios a la Fiscalía. Eso constituye una falacia
interpretativa y de contenido de la prueba».
(vi) «El Tribunal inaplicó parámetros elementales de la sana
crítica y de la persuasión racional. Elementos conceptuales básicos en
toda decisión judicial, y es que no podía escapar a la conclusión que
cuando a una sociedad comercial le publicitan en sus bienes inmuebles
una medida de toma de posesión e intervención judicial, es porque su
situación legal está en entredicho».
(vii) «El Tribunal desconoció el medio de prueba obrante en el
proceso, consistente en que se demostró que le concedió el Banco Agrario
un préstamo, el que no fue desembolsado, debido precisamente a las
controversias que había respecto de estar involucrados los predios en el
trámite de DMG, que constituyó un hecho notorio, sin que la Corporación
judicial comprendiera su alcance y contexto social al respecto».
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(viii) «El error protuberante y manifiesto de la sentencia objeto de
este recurso, se encuentra en desconocer un medio de prueba latente en
el art. 206 del C.G.P., como lo es el juramento estimatorio, y la
tergiversación del contenido del medio de prueba pericial que se arrimó
al proceso (...). En este caso, la parte actora se valió de ese medio de
prueba y si encontraba algún desfase en el estimativo, se dotó de un
medio de prueba adicional, como es el dictamen pericial de un experto
en la materia de análisis contable de perjuicios que se pueden ocasionar
específicamente en este caso».
CONSIDERACIONES
Conforme se dejó sentado en los antecedentes de esta
providencia, la juez de primer grado acogió parcialmente las
pretensiones de la demanda. Denegó el reclamo concerniente
al daño emergente, e impuso a la convocada una condena de
$10.000.000.000, a título de lucro cesante. Para justificar la
primera de esas decisiones, expuso:
«(...) en relación con los perjuicios materiales correspondientes al
daño emergente, las demandantes reclaman $15.000.000.000,
correspondientes, básicamente, a (i) el valor de los dineros que no
le fueron desembolsados por el Banco Agrario de un préstamo ya
aprobado para la adquisición de una planta de concentrados; (ii)
los dineros que el IDU canceló a la Superintendencia de
Sociedades en el trámite de expropiación de parte del inmueble
“Las Mercedes” ; y (iii) el valor de los honorarios cancelados al
perito para presentar el dictamen pericial.
Sobre el primer rubro tenemos que se aportó comunicación del
Banco Agrario, adiada 19 de febrero de 2010, en la que el
Vicepresidente Comercial de la Oficina de Puente Aranda, informó
al Gerente Regional de la entidad financiera en mención, que se
aprobaron cuatro créditos a favor de Colbank S.A. y Aretama S.A.;
gerencia que tenía la obligación de estudiar las garantías y el
cumplimiento de las condiciones consignadas en la aprobación y
verificar que tanto la empresa como el representante legal, socios,
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revisor fiscal y junta directiva “no se encuentren reportados en
listas inhibitorias” como presupuesto para desembolsar los
dineros ya aprobados, por la suma de [$]9.245.300.000.
De entrada se advierte que en el sub examine no se acreditó que,
en efecto, dicho crédito no se desembolsó y, en tal evento, cuáles
fueron las razones que conllevaron dicha determinación, pues, a
pesar que tanto en el libelo introductorio como en el interrogatorio
de parte que rindió el representante legal de las demandantes, se
afirmó que por la medida de “toma de posesión” que se ordenó y
registró en el predio “Las Mercedes”, el crédito aprobado no se
materializó, como así se acreditaría, ello quedó reducido a un
simple enunciado sin soporte probatorio alguno, excepto la
aprobación, pero sometida ella a la verificación ya referida.
(...) No se demostró que Colbank S.A. hubiere efectuado
alguna inversión, verbi gratia, compra de maquinaria,
planta etc., que permita inferir razonablemente que
ciertamente se causó un perjuicio por este concepto. Si bien
es cierto, el 6 de enero de 2010, esto es, con antelación a la
comunicación en mención se publicitó el registró de la “toma de
posesión” de Colbank S.A., hecho que, como se afirmó en la
demanda y en la declaración de parte, afectaba el buen nombre
comercial y podría constituir un impedimento para el desembolso
de los dineros en mención, no se probó lo anterior, por ejemplo,
con una certificación emitida por la entidad bancaria que diera
cuenta de ello».
Y, en punto del lucro cesante, sostuvo:
«En relación con el lucro cesante, derivado éste de la tenencia por
parte de la liquidadora de los predios cuya titularidad ostentan las
accionantes (como así lo aceptó en su declaración), la pretensión
se contrae a la suma de $10.000.000.000, correspondientes a
los frutos civiles que podía generar el inmueble “Las
Mercedes”, desde el 6 de enero de 2010, fecha en la cual se
registró la toma de posesión sobre este bien inmueble y la pérdida
de productividad en el proyecto de la planta de concentrados y en
las operaciones comerciales de Colbank, tomando en
consideración, de igual forma, que conforme lo acotó al
representante legal de DMG Grupo Holding en Liquidación en la
demanda de reconvención y en el interrogatorio de parte por ella
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rendido, los inmuebles están materialmente a su disposición
desde el año 2009 hasta la actualidad.
Para probar el primer concepto la parte actora allegó dictamen
pericial, en el cual se toma como avalúo comercial el efectuado el
14 de enero de 2015, aportado por al representante legal de DMG
Grupo Holding ante la Superintendencia de Sociedades para
solicitar la inclusión de este inmueble en el inventario de a la
compañía que representa, para efectos del trámite de la liquidación
(...). Consecuente con lo anotado, y teniendo en cuenta los frutos
civiles causados desde enero de 2010 a la fecha de corte del
dictamen pericial, se concluyó que se había generado para
Colbank S.A. (propietaria del 30.92%) la suma de $5.354.410.211,
que actualizados a 2018, correspondería (sic) a $6.044.789.342,
y para Inversiones López Piñeros (propietaria del 51.81%) la suma
de $8.971.927.330, que actualizados a la fecha del dictamen
arrojaría la suma de $10.128.736.604.; para un total de
$16.173.525.946,00. Se advierte por el despacho que el perito no
tuvo en cuenta que el predio sobre el cual se cuantifica el lucro
cesante fue objeto de expropiación en un área de 1.058,33 metros
cuadrados, que debe ser descontado de los avalúos presentados.
Bajo el anterior contexto, para Colbank correspondería por este
concepto $4.667.971.125,68 y para Inversiones López Piñeros
Lida $7.821.720.052,45, para un total de $12.489.691.178,13;
sin embargo, como ya se anunció, la pretensión sobre lucro cesante
se limitó a $10.000.000.000, y, además, se solicitó en una
proporción del 50% para cada una de las sociedades que
conforman el extremo demandante (...) Así las cosas, y en
aplicación al principio ya referido (congruencia), (...) únicamente se
reconocerá la suma de $10.000.000.000, por el concepto referido,
correspondiendo a cada una de las dos sociedades al suma de
$5.000.000.000.
Respecto al lucro cesante derivado de la productividad de una
planta de concentrados, se impone denegar el mismo, toda vez
que, como ya se consignó, no se logró demostrar que el
proyecto se haya materializado de alguna forma, esto es, que
en efecto se hayan efectuado inversiones (como compra de
maquinaria, insumos o materiales) y/o adelantado gestiones de
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comercialización, por ejemplo y, por tanto, deba resarcirse por las
pérdidas o ganancias dejadas de percibir».
La extensa transcripción que antecede resulta
necesaria, pues lo decidido por la juzgadora a quo no fue
apelado por las actoras. Ello equivale a decir que Colbank
S.A. no disputó ante el tribunal la causación de un daño
emergente o lucro cesante, derivado de la frustración de
algún crédito preaprobado por parte del Banco Agrario S.A.,
«que no fue desembolsado, debido precisamente a las controversias que
había respecto de estar involucrados los predios en el trámite de DMG».
Tampoco debatió lo atinente al menoscabo reputacional que,
de forma genérica, mencionó en la demanda inicial.
La condena que se había impuesto se limitaba a los
frutos civiles del predio “Las Mercedes”; y, dada su
aquiescencia con esa decisión de primera instancia, las
demandantes no podrían reclamar ahora otros rubros
distintos, pues, según lo tiene decantado el precedente,
«(...) la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que
supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea
dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas
novedosas de la controversia para buscar una decisión favorable.
“Total que, según el transcrito numeral 3 del artículo 374 del
Código de Procedimiento Civil [que corresponde al canon 344-2
del Código General del Proceso], el embiste debe ser preciso, en el
sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de
instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer
reflexiones de último minuto o aspectos que están por fuera
de la discusión” (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018,
rad. n.° 2005-00036-02).
“Con esta prohibición también se tutelan los derechos de defensa
y contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse
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sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma fáctica que
varíe la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de
controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para su
desestimación. Agréguese que, admitir argumentos nuevos en
casación, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que
en los grados jurisdiccionales se discutan las materias
fácticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al
final para izar tópicos con los que se pretende una
resolución favorable” (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019,
rad. 2005-00539-01)» (CSJ SC18500-2017).
De nuevo, en la sentencia dictada por el Juzgado Once
Civil del Circuito de Bogotá, se descartó expresamente que
Colbank S.A. –y su coparte– hubieran sufrido algún tipo de
daño reputacional, o una pérdida asociada a la negativa de
un crédito aprobado. Y como tal determinación no fue
apelada, la corporación ad quem no habría podido reconocer
a favor de las demandantes sumas adicionales al lucro
cesante asociado a «los frutos civiles que podía generar el inmueble
“Las Mercedes”, desde el 6 de enero de 2010».
De lo contrario, habría excedido su competencia, e
infringido la prohibición de reformatio in pejus que consagra
el inciso tercero del artículo 328 del Código General del
Proceso, a cuyo tenor, «el juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único». Y, siendo ello así, resultaría
improcedente criticar ahora al ad quem por no extender las
condenas a otros rubros que no fueron discutidos en su foro,
como los que se dijeron suficientemente probados en la
sustentación del segundo cargo.
A Colbank S.A. no le bastaba, pues, con demostrar que
el tribunal erró al no acceder a sus pretensiones, sino que
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tenía la carga de acreditar que lo correcto era mantener la
condena al pago de los frutos civiles que se reconocieron en
la sentencia de primera instancia, sin crítica de su parte.
Pero, en lugar de hacer tal cosa, acusó la comisión de yerros
de la valoración de la prueba que se refieren a perjuicios
patrimoniales distintos, que no se debatieron ante el ad
quem, lo que significa que el cuestionamiento propuesto es
técnicamente inidóneo, por desenfoque.
Por contera, uno de los pilares argumentativos del fallo
recurrido, a saber, que en la demanda (reformada) no se
pidieron frutos civiles del predio “Las Mercedes” –ni se ilustró
su procedencia–, no fue refutado por la casacionista. De
hecho, lo que refulge es que, en efecto, esos frutos no tienen
ninguna relación con el hecho dañoso alegado, que consistió
en la inscripción de una cautela en un inmueble que fue
entregado voluntariamente a los promitentes compradores,
quienes anticiparon el pago total del precio, en cumplimiento
de lo acordado en un contrato preparatorio.
Lo expuesto equivale a decir que se mantuvo incólume
uno de los pilares de la motivación de la providencia
impugnada, atinente a la imposibilidad formal de confirmar
la única condena que reconoció la juez de primer grado –sin
reproche de la casacionista–. Y, siendo ello así, la presunción
de legalidad y acierto de lo decidido por el ad quem deviene
inquebrantable, siendo pertinente insistir en que el buen
suceso del recurso de casación impone al inconforme
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«(...) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y
cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisión
que clausuró la segunda instancia, porque en la medida en
que alguno de sus argumentos basilares se mantenga incólume, la
presunción de legalidad y acierto que ampara la labor de esa
colegiatura se torna intangible para la Corte (...). “La
competencia que el recurso de casación otorga a la Corte, no abre
un debate sin límite como si fuera un thema decidendum, todo lo
contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre sí la censura, como
thema decisum. La demanda de casación delinea estrictamente
los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea
de velar por la cabal aplicación del derecho objetivo y la
preservación de las garantías procesales, según sea la causal
alegada. Síguese de ello, que no puede la Corte abordar un
examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misión termina
donde la acusación acaba, y si tal impugnación es deficitaria,
porque algunos argumentos o elementos probatorios
invocados por el Tribunal quedaron al margen de la
censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que
respecto de ellos dejó de explicar en qué consiste la infracción a la
ley, cuál su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qué
dirección debe buscarse el restablecimiento de la normatividad
sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la
impugnación. En suma, “el ataque en casación supone el
arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras
subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará
indemne” (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985. reiterada en CSJ SC,
29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)» (CSJ AC2680-2020;
reiterado en CSJ SC428-2023).
Como aquí ese cometido de refutación no se cumplió, el
segundo cargo tampoco se abre paso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 21 de junio de
2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovieron
Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. contra DMG
Grupo Holding S.A. – en liquidación judicial.
SEGUNDO. CONDENAR a Colbank S.A., como
impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta
actuación. En la liquidación inclúyanse diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV), que el
Magistrado sustanciador fija como agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: F39D295DEA9CC413DD8B79C14218B80E5A4DE1E3F96D24BD3026FDD98D5B07E7
Documento generado en 2024-04-03