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clave: "corte_suprema:providencia:SC434-2024 [2015-00690-00]"
titulo: "Corte Suprema: se indicó que el enunciado «de pleno derecho» solo daría cuenta de una precisión"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-03"
radicado: "2015-00690-00"
numero: "SC434-2024"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: se indicó que el enunciado «de pleno derecho» solo daría cuenta de una precisión

- **Título oficial / radicado:** SC434-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-03
- **Radicado:** 2015-00690-00
- **Número:** SC434-2024
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC434-2024%20%5B2015-00690-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC434-2024%20%5B2015-00690-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS80Li0gQWJyaWwvU2VudGVuY2lhcy9TQzQzNC0yMDI0IFsyMDE1LTAwNjkwLTAwXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

La protección enseña que la finalidad última de las causales de anulación no es otra que la vigencia de las garantías procesales, razón por la cual deben removerse las actuaciones que las lesionen.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 159 de 2011
- Constitución Política

## Extracto

Por tanto, el sentido de la presente decisión, es que el juez que conoce de un proceso cuyo plazo legal ha fenecido, en principio puede seguir actuando en el mismo, salvo que una de las partes reclame la pérdida de la pérdida de la competencia y manifieste expresamente que las actuaciones ulteriores son nulas de pleno derecho. Editorial Universidad, Buenos Aires. 1997, p. 533). En la actualidad, solo la segunda postura resulta admisible, porque en la citada sentencia C-433/19 la Corte Constitucional concluyó que la posibilidad de invalidar automáticamente todos los actos posteriores al vencimiento del término de duración de las instancias era incompatible con «los principios con arreglo a los cuales se configura el poder y la función judicial, entre ellos, la celeridad y la eficiencia, la respuesta oportuna a las demandas de justicia, la imparcialidad, el debido proceso y el acceso a la administración de justicia».

## Cita textual

> la pérdida de la competencia y la nulidad consecuencial a dicha pérdida, debe ser alegada antes de proferirse sentencia, y segundo, que la nulidad es saneable en los términos del artículo 136 del CGP

## Texto del documento

LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC434-2024
Radicación n.º 11001-31-03-010-2015-00690-01
(Aprobado en sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación que
interpuso Colbank S.A. frente a la sentencia de 21 de junio
de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que la impugnante
e Inversiones López Piñeros Ltda. promovieron contra DMG
Grupo Holding S.A. – en liquidación judicial.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones y fundamento fáctico.
Las convocantes solicitaron declarar que su contraparte
es civilmente responsable del detrimento patrimonial –tasado
en $25.000.000.000– que les habría generado la inscripción
abusiva de una anotación de «toma de posesión inmediata de
bienes y haberes y negocios de entidad vigilada» en el folio de
matrícula de un inmueble de su propiedad.
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En sustento de sus súplicas, adujeron ser propietarias,
en común y proindiviso, de los fundos denominados “Las
Mercedes” (FMI 50N-20341326) y “Bihar B” (FMI 50N-
412750), así como de una cuota del 50% del inmueble
conocido como “Nuevo San Antonio” (FMI 50N-20324380),
todos ubicados en la ciudad de Bogotá.
Añadieron que, mediante documento privado de 3 de
junio de 2008, prometieron en venta esas heredades a Luis
Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Reyes,
quienes afirmaron actuar a nombre propio, para después
desdecirse ante las autoridades judiciales, pregonando haber
contratado por cuenta de DMG Grupo Holding S.A., sociedad
que, pocos meses más tarde, fue intervenida mediante toma
de posesión por la Superintendencia de Sociedades.
En el decurso de la liquidación judicial de dicha persona
jurídica, la liquidadora designada por la Superintendencia de
Sociedades, María Mercedes Perry Ferreira, ordenó la
inscripción de la anotación de toma de posesión en el folio de
matrícula del predio “Las Mercedes” (oficio n.º 730 de 21 de
diciembre de 2009), pese a que este aún figuraba a nombre
de las convocantes. Más adelante, dispuso el embargo de la
misma heredad (oficios n.º 007 de 12 de febrero de 2010 y
332 de 11 de noviembre de 2010).
Para las demandantes, esas medidas cautelares «no
contaron con el respaldo y los soportes jurídicos necesarios toda vez que
(...) los liquidadores no tienen facultades jurisdiccionales y menos
competencia para ordenar embargos y tomas de posesiones»,
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debiéndose añadir que, al «hacerse público el registro de esa orden,
con la connotación de toma de posesión, [se causaron] enormes y
cuantiosos perjuicios a las demandantes», asociados a la afectación
de su buen nombre comercial, «puesto que una toma de posesión
significa malos manejos y actos irregulares de la sociedad», y a la
decisión de una entidad bancaria de romper relaciones con
las actoras, y abstenerse de desembolsarles un crédito
preaprobado por $9.145.000.000, con el que financiarían la
construcción de una planta procesadora de alimentos.
2. Actuación procesal.
2.1. Enterada del auto admisorio, la convocada
excepcionó «inexistencia de la responsabilidad de DMG Grupo Holding
S.A. hoy en liquidación dada la inexistencia de daño»; «falta de
legitimación en la causa por activa» y «mala fe de Colbank Banca de
Inversión e Inversiones López Piñeros Ltda.».
2.2. Mediante fallo de 3 de julio de 2019, el Juzgado
Once Civil del Circuito de Bogotá desestimó las defensas de
la convocada y le ordenó indemnizar los perjuicios que su
conducta le irrogó a las demandantes, consistentes en «los
frutos civiles que, como mínimo, hubieran podido generar los predios si
estos estuvieran arrendados», tasados en $10.000.000.000.
SENTENCIA IMPUGNADA
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandada, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y,
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en su lugar, desestimó todas las pretensiones, al amparo de
los siguientes razonamientos:
(i) Inicialmente, se advierte que «los demandantes no
demostraron por medio de documentos, testimonios o pruebas técnicas
que la preaprobación de financiamiento de un proyecto productivo les fue
denegada por parte del Banco Agrario por la conducta de la interventora
y hoy liquidadora, pues tal afirmación sólo la respalda el dicho expuesto
por el representante legal de la parte demandante».
(ii) Las pruebas tampoco revelan afectación a su buen
nombre, ni esta puede inferirse de la simple inscripción de la
cautela que ordenó la liquidadora, siendo del caso señalar
que «si (...) las demandantes desconocían la verdadera intención de sus
promitentes compradores y nunca tuvieron conocimiento que aquellos
adquirían para DMG, es a éstos a quienes debe reclamar
responsabilidad por ocultar información».
(iii) No puede perderse de vista que las promitentes
vendedoras recibieron la totalidad del precio pactado en la
promesa de compraventa ($23.000.000.000), y que también
reconocieron ante los jueces penales su intención de
colaborar con la efectiva transferencia de los tres inmuebles
negociados y pagados a satisfacción, a fin de facilitar la
liquidación judicial de DMG Grupo Holding S.A.
(iv) A lo expuesto se añade que «hay una severa orfandad
de prueba en torno a que la conducta de la interventora y hoy liquidadora
haya sido arbitraria, pues actuó conforme a su deber profesional, siendo
las autoridades (...) quienes expidieron los actos administrativos y las
decisiones que involucraron los lotes en las investigaciones, ya que
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fungían elementos de prueba que permitían inferir de manera razonable
que habían sido negociados previamente con dineros provenientes de la
captación ilegal de dineros al público, como quedó demostrado».
(v) En punto de la causación del daño, «no se evidenció
que las actividades de la liquidadora en ejercicio de sus funciones hayan
tenido incidencia en el valor comercial de las compañías demandantes,
ni irrumpió en la representación económica de sus intangibles, como
tampoco que se hayan afectado por una disminución ostensible de
utilidades o que perdieron la oportunidad de negocios con base en ello,
ni cerrado el flujo de transferencias por cuenta de una presunta
sospecha, imposibilitado el acceso general a la financiación e ingresado
en un periodo de duda en el gremio».
(vi) Añádase que la juez a quo impuso una condena
infundada, «pues nada conlleva a colegir que el sustento del daño
material (...) haya tenido como origen la presunta suspensión de la
disponibilidad de los tres bienes inmuebles y su imposibilidad de
explotación económica. Tal apreciación jamás fue afirmada por los
convocantes». En ese sentido «la juzgadora tergiversó el contenido de
la experticia arrimada al proceso, pues las conclusiones del dictamen no
corresponden a lo pretendido con la demanda».
DEMANDA DE CASACIÓN
Aunque las dos convocantes interpusieron el recurso
extraordinario de casación, solo Colbank S.A. lo sustentó
oportunamente1, formulando dos cargos, que se fincaron en
1 El recurso interpuesto por Inversiones López Piñeros Ltda. fue declarado desierto por auto de 7 de
septiembre de 2023.
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las causales quinta y segunda del artículo 336 del Código
General del Proceso (según el orden propuesto).
CARGO PRIMERO
Tras denunciar que el fallo impugnado se dictó en un
juicio viciado de nulidad, las demandantes adujeron que «la
sentencia [de] segunda instancia (...) fue dictada por una Sala que había
perdido la competencia para dictarla, pues así lo dispone el artículo 121
del Código General del Proceso».
Para precisar, señalaron que el 24 de febrero de 2021
solicitaron a la magistrada sustanciadora declarar la pérdida
de su competencia, pese a lo cual dicha funcionaria «procedió
a dictar sentencia de segunda instancia el día 21 de junio de 2021»,
obviando que «su falta de competencia operó desde el mismo momento
en que se radico la solicitud de fecha 24 de febrero de 2021, y no fue
saneada, pues así lo confirmó la sentencia de tutela STC7616-2021».
CONSIDERACIONES
1. Los regímenes de validez en el derecho
procesal.
El mandato constitucional previene que todas las
actuaciones, judiciales y administrativas, deben realizarse
«(…) con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio». Acorde con ello, en materia procesal, las causales de
anulabilidad se erigen con la finalidad de controlar y
garantizar la validez del proceso. Se orientan a excluir del
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orden jurídico las actuaciones gravemente defectuosas o
anómalas que lesionen garantías constitucionales para lo
cual se ha instituido un cuerpo de principios.
Especificidad, trascendencia, protección, convalidación
y declaración judicial se afirman como principios rectores en
materia de causales de anulabilidad. El primero de ellos, la
especificidad significa que no hay anulabilidad sin texto
expreso que la consagre. En tal virtud, en esta materia no
caben ni la aplicación analógica ni la interpretación
extensiva. Sólo la Constitución o la ley pueden instituirlas.
La trascendencia consiste en que solo los vicios que
lesionen efectivamente el debido proceso tienen significación
y consecuencia anulatoria. La protección enseña que la
finalidad última de las causales de anulación no es otra que
la vigencia de las garantías procesales, razón por la cual
deben removerse las actuaciones que las lesionen.
La convalidación se traduce en la posibilidad de que
algunas causales de anulabilidad puedan sanearse, bien por
el silencio de la parte agraviada, es decir, por su no alegación
oportuna, o por convalidación, esto es, por la manifestación
de ratificar la actuación cuestionada. Finalmente, el principio
de declaración judicial implica que la exclusión de un acto
procesal del orden jurídico es competencia propia, exclusiva
y excluyente de la función jurisdiccional.
2. Elementos normativos del artículo 121 del
Código General del Proceso.
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2.1. El supuesto de pérdida de competencia.
2.1.1. Con el propósito de contribuir a la reducción
del tiempo de duración de los juicios civiles y de familia, el
artículo 121 del Código General del Proceso consagró que:
«Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no
podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar
sentencia de primera o única instancia, contado a partir de la
notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento
ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el
plazo para resolver la segunda instancia no podrá ser superior a
seis (6) meses, contados a partir de la recepción del expediente en
la secretaría del juzgado o tribunal.
Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin
haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario
perderá automáticamente competencia para conocer del
proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el
expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien
asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término
máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará
directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las
oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el
proceso deberá informar a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la
emisión de la sentencia.
(...) Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por
una sola vez el término para resolver la instancia respectiva,
hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad
de hacerlo, mediante auto que no admite recurso (...)».
La norma transcrita estableció límites temporales
objetivos para los juicios, buscando «garantizar (...) que se
obtenga una decisión judicial en un término prudencial y a través de un
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proceso de duración razonable»2. Además, a fin de incentivar la
adhesión de los funcionarios judiciales a la nueva regulación,
el citado precepto 121 previó varias consecuencias jurídicas
sui generis, cuyo sujeto pasivo es el juez o magistrado que no
profiera sentencia –o defina la instancia de cualquier otro
modo– antes de la expiración de dicho plazo legal.
Entre esas sanciones legales descollaba la pérdida
automática de la competencia del funcionario cognoscente, y
el subsecuente deber de «remitir el expediente al juez o magistrado
que le sigue en turno» –es decir, el de la misma sede y
especialidad que continúe en orden numérico ascendente, o
«el juez que designe la sala de gobierno del tribunal superior respectivo»,
si es que «en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y
especialidad»–, a fin de que sea él quien ado

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tra las bases de la sentencia de
instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer
reflexiones de último minuto o aspectos que están por fuera
de la discusión” (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018,
rad. n.° 2005-00036-02).
“Con esta prohibición también se tutelan los derechos de defensa
y contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse
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sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma fáctica que
varíe la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de
controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para su
desestimación. Agréguese que, admitir argumentos nuevos en
casación, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que
en los grados jurisdiccionales se discutan las materias
fácticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al
final para izar tópicos con los que se pretende una
resolución favorable” (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019,
rad. 2005-00539-01)» (CSJ SC18500-2017).
De nuevo, en la sentencia dictada por el Juzgado Once
Civil del Circuito de Bogotá, se descartó expresamente que
Colbank S.A. –y su coparte– hubieran sufrido algún tipo de
daño reputacional, o una pérdida asociada a la negativa de
un crédito aprobado. Y como tal determinación no fue
apelada, la corporación ad quem no habría podido reconocer
a favor de las demandantes sumas adicionales al lucro
cesante asociado a «los frutos civiles que podía generar el inmueble
“Las Mercedes”, desde el 6 de enero de 2010».
De lo contrario, habría excedido su competencia, e
infringido la prohibición de reformatio in pejus que consagra
el inciso tercero del artículo 328 del Código General del
Proceso, a cuyo tenor, «el juez no podrá hacer más desfavorable la
situación del apelante único». Y, siendo ello así, resultaría
improcedente criticar ahora al ad quem por no extender las
condenas a otros rubros que no fueron discutidos en su foro,
como los que se dijeron suficientemente probados en la
sustentación del segundo cargo.
A Colbank S.A. no le bastaba, pues, con demostrar que
el tribunal erró al no acceder a sus pretensiones, sino que
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tenía la carga de acreditar que lo correcto era mantener la
condena al pago de los frutos civiles que se reconocieron en
la sentencia de primera instancia, sin crítica de su parte.
Pero, en lugar de hacer tal cosa, acusó la comisión de yerros
de la valoración de la prueba que se refieren a perjuicios
patrimoniales distintos, que no se debatieron ante el ad
quem, lo que significa que el cuestionamiento propuesto es
técnicamente inidóneo, por desenfoque.
Por contera, uno de los pilares argumentativos del fallo
recurrido, a saber, que en la demanda (reformada) no se
pidieron frutos civiles del predio “Las Mercedes” –ni se ilustró
su procedencia–, no fue refutado por la casacionista. De
hecho, lo que refulge es que, en efecto, esos frutos no tienen
ninguna relación con el hecho dañoso alegado, que consistió
en la inscripción de una cautela en un inmueble que fue
entregado voluntariamente a los promitentes compradores,
quienes anticiparon el pago total del precio, en cumplimiento
de lo acordado en un contrato preparatorio.
Lo expuesto equivale a decir que se mantuvo incólume
uno de los pilares de la motivación de la providencia
impugnada, atinente a la imposibilidad formal de confirmar
la única condena que reconoció la juez de primer grado –sin
reproche de la casacionista–. Y, siendo ello así, la presunción
de legalidad y acierto de lo decidido por el ad quem deviene
inquebrantable, siendo pertinente insistir en que el buen
suceso del recurso de casación impone al inconforme
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«(...) desandar los pasos del tribunal para derruir todos y
cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisión
que clausuró la segunda instancia, porque en la medida en
que alguno de sus argumentos basilares se mantenga incólume, la
presunción de legalidad y acierto que ampara la labor de esa
colegiatura se torna intangible para la Corte (...). “La
competencia que el recurso de casación otorga a la Corte, no abre
un debate sin límite como si fuera un thema decidendum, todo lo
contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre sí la censura, como
thema decisum. La demanda de casación delinea estrictamente
los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea
de velar por la cabal aplicación del derecho objetivo y la
preservación de las garantías procesales, según sea la causal
alegada. Síguese de ello, que no puede la Corte abordar un
examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misión termina
donde la acusación acaba, y si tal impugnación es deficitaria,
porque algunos argumentos o elementos probatorios
invocados por el Tribunal quedaron al margen de la
censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que
respecto de ellos dejó de explicar en qué consiste la infracción a la
ley, cuál su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qué
dirección debe buscarse el restablecimiento de la normatividad
sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la
impugnación. En suma, “el ataque en casación supone el
arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras
subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará
indemne” (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985. reiterada en CSJ SC,
29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)» (CSJ AC2680-2020;
reiterado en CSJ SC428-2023).
Como aquí ese cometido de refutación no se cumplió, el
segundo cargo tampoco se abre paso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 21 de junio de
2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que promovieron
Colbank S.A. e Inversiones López Piñeros Ltda. contra DMG
Grupo Holding S.A. – en liquidación judicial.
SEGUNDO. CONDENAR a Colbank S.A., como
impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta
actuación. En la liquidación inclúyanse diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes (10 SMLMV), que el
Magistrado sustanciador fija como agencias en derecho.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: F39D295DEA9CC413DD8B79C14218B80E5A4DE1E3F96D24BD3026FDD98D5B07E7
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC434-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-04-03. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2015-00690-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC434-2024%20%5B2015-00690-00%5D).
