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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC424-2024
Radicación n.° 11001-31-03-032-2019-00110-01
(Aprobado en sesión virtual de veintinueve de febrero dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso de casación de Telmex Colombia
S.A. -hoy Comcel S.A. (Comcel) frente a la sentencia que el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,
profirió el 23 de febrero de 2023 en el proceso declarativo que
en su contra le promovió la Entidad de Gestión Colectiva de
Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia (Egeda).
ANTECEDENTES
1. Egeda demandó declarar que Comcel retransmitió -
sin autorización suya ni de los productores y titulares de
derechos de autor que representa- obras audiovisuales y
cinematográficas desde el 1 de enero de 2008 y hasta la
demanda, razón por la que ha vulnerado los derechos de los
productores audiovisuales y cinematográficos que representa
consagrados en la decisión andina 351 de 1993, la ley 23 de
1982, el artículo 11 bis del Convenio de Berna (aprobado por
la ley 33 de 1987) y, en consecuencia, sea condenada a pagar
$172.164.257.998 por concepto de «los perjuicios
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ocasionados, en la modalidad de lucro cesante», más los que
se causen luego de la demanda, así como los intereses
moratorios calculados a la tasa máxima permitida y las
costas. También reclamó ordenarle a Comcel abstenerse de
comunicar públicamente las respectivas obras audiovisuales
y cinematográficas mientras carezca de autorización expresa
y previa de Egeda.
Relató que como sociedad de gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual autorizada por la Dirección
Nacional de Derechos de Autor para administrar y recaudar
los derechos patrimoniales en Colombia, representa
productores audiovisuales y asociaciones de productores
audiovisuales como RCN Televisión, Caracol Televisión,
Globovisión, CMO, Televisa, Venevisión, Telemundo, TV
Azteca, Antena 3, Agicoa, Egeda España, Egeda Chile, Egeda
Ecuador, Egeda Perú, Egeda Uruguay, Egeda Usa, Egeda
Argentina, entre otros.
Sostuvo que el 80% de la audiencia nacional es de los
canales de RCN TV y Caracol TV, y que la demandada los ha
incluido sin autorización en su parrilla de programación y,
por tanto, ha retransmitido desde 2007 obras audiovisuales
y cinematográficas que integran su portafolio como Todos
quieren con Marilyn, El man es Germán, El Chavo, Tu voz
estéreo, Chespirito, La costeña y el cachaco, Rebelde, etc., lo
que se traduce en la transgresión del derecho de
comunicación pública de los productores que representa.
2. Comcel excepcionó carencia de legitimación en la
causa por activa, ausencia de legitimación por pasiva,
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inexistencia de la infracción, pago de la remuneración, cobro
de lo no debido, abuso del derecho, usos leales y honrados
de la señal codificada, imposibilidad de que la retransmisión
cause un daño injustificado, compensación, el ejercicio
intempestivo de un derecho o la doctrina del «Verwirkung» y
prescripción.
3. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá1, mediante fallo oral de 11 de julio de 2019, negó las
pretensiones y condenó en costas a la demandante, fijando
agencias en derecho por $500.000.000.
4. El Tribunal, al resolver la apelación de Egeda, revocó
esa sentencia y, en su lugar:
4.1. Negó las excepciones de mérito;
4.2. Declaró a Comcel «responsable de los perjuicios
causados y derivados de la retransmisión no autorizada de la
programación… de los productores adscritos a Egeda…
entre… enero de 2008 a mayo de 2016»;
4.3. La condenó a pagar a la demandante «a título de
indemnización por lucro cesante,… ciento setenta y dos mil
ciento sesenta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete
1 La demanda fue presentada inicialmente ante la Dirección Nacional de Derechos de
Autor y le correspondió la radicación 2016-84700; esa entidad perdió competencia
por exceder el término de duración del trámite y, por orden del Tribunal, remitió el
expediente ante los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá el 6 feb. 2019, donde se le
asignó la nueva radicación que actualmente tiene.
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mil novecientos noventa y ocho pesos ($172.164.257.998
m/cte)»; y
4.4. Negó las demás pretensiones.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El a quo limitó su decisión al deber legal de Comcel
de retransmitir gratuitamente la señal abierta de televisión,
pues Egeda pretende que Comcel la indemnice pagando por
la comunicación pública de las obras audiovisuales y
cinematográficas retransmitidas, lo que se traduce en que el
juzgador de primer grado soslayó su deber de resolver las
pretensiones, pues el derecho conexo de retransmisión de la
señal televisiva es distinto al de comunicación pública de
obras.
El juzgador de primer grado sí debía dilucidar si Comcel
tenía a su cargo los derechos de autor por las obras
retransmitidas, pues aceptar esa interpretación se traduciría
en permitir que el litigio no sea resuelto, sobre todo cuando
en la demanda «se aspiró a la declaratoria de infracción de
derechos de autor, arista desde la cual el fallador estaba
compelido a abordar la controversia».
2. El productor tiene «la prerrogativa de realizar,
autorizar o prohibir “la comunicación pública de la obra por
cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imágenes”» (art. 13, decisión andina
351 de 1993); una de las modalidades de comunicación
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pública (lit. e, art. 15, decisión andina 351 de 1993) es «[l]a
retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los
literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de
origen, de la obra radiodifundida o televisada”, labor que…
despliega la… demandada con el servicio de televisión por
suscripción, puesto que re-comunica la señal sin ser [su]
titular…; reproduce el contenido audiovisual que en un primer
momento se transmitió en la codificación abierta de televisión,
en particular y para lo que interesa al proceso, por los canales
Caracol y Rcn Televisión».
Los organismos de difusión como Caracol y RCN
Televisión pueden «autorizar o prohibir la retransmisión de
sus emisiones por cualquier medio o procedimiento,
prerrogativa… que se… ha… denomina[do] ‘derecho conexo’».
(art. 39, Decisión 351 de 1993).
El Convenio de Berna para la Protección de Obras
Literarias y Artísticas «reconoce la posibilidad que tienen los
autores para prohibir la comunicación pública de sus obras
literarias y artísticas que se dan a conocer bajo…
retransmisión» (num. 1, art. 11bis).
Según la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), «la retransmisión
es una forma de comunicación pública de una obra
audiovisual, y en consecuencia la titularidad sobre el derecho
de autor (obra audiovisual) y sobre el derecho conexo (la señal
de un organismo de difusión) puede recaer o no en la misma
persona». Además, «si la obra audiovisual, previamente
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radiodifundida, va a ser objeto de retransmisión por parte de
un organismo de radiodifusión distinto al que efectuó la
emisión o transmisión original, estamos frente a un nuevo acto
de comunicación pública, y naturalmente, para que este pueda
hacerse efectivo de forma lícita, es necesaria la autorización
del titular del derecho de autor de la obra audiovisual, que
puede ser el propio autor, una sociedad de gestión colectiva o
un organismo de radiodifusión”».
El TJCA también interpretó que «para ejercer debida y
reglamentariamente el servicio de televisión por suscripción
por cable se deben seguir dos directrices…: primero,… la
autorización… del organismo de radiodifusión para
retransmitir su señal -derecho conexo- y el aval del titular de
la obra audiovisual que se retransmite, de la que se sigue el
pago de la respectiva erogación económica, dualidad de
prerrogativas que… pueden estar en cabeza del mismo
organismo de difusión». Esto se traduce en que «para que la
actividad económica sea ejercida a cabalidad deben
verificarse por separado: (i) los derechos de retransmisión; (ii)
el permiso del titular de la producción, que conlleva un pago
por concepto de derechos de autor en razón de la nueva
difusión que despliegan los operadores particulares», sobre
todo cuando la protección de los derechos conexos no puede
afectar los de autor (art. 33, decisión 351 de 1993).
En conclusión, el Tribunal accedió a las pretensiones
por la retransmisión de las obras audiovisuales y
cinematográficas por parte de Comcel (derecho de autor), y
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no por la re-comunicación de la señal televisiva (derecho
conexo).
3. El informe de Business Bureau acredita que Comcel
ha retransmitido múltiples obras audiovisuales de los
representados por Egeda, resultando notorio que Comcel
ofreció a sus suscriptores los canales de señal abierta que
transmitieron obras protegidas por el derecho de autor, sin
haber pagado suma alguna «por la nueva difusión de las
producciones audiovisuales».
«Para que opere la infracción por falta de autorización de
comunicación pública de una obra audiovisual que forma parte
del repertorio inscrito en una sociedad de gestión colectiva
deben darse las siguientes condiciones: a) se debe considerar
la existencia de derecho de autor, en concreto de obras
audiovisuales reconocidas a favor de sus titulares; b) que sus
titulares hayan inscrito el repertorio de obras ante la sociedad
de gestión colectiva para la reproducción de sus derechos; c)
que se haya efectuado la comunicación pública de las obras
audiovisuales sin autorización de la sociedad que los
representa». Estos requisitos se cumplen en el caso concreto
por haberse retransmitido las obras sin aval de sus autores.
Aunque no fue cuestionada en la apelación, Egeda sí
está legitimada en la causa por activa pues las sociedades de
gestión colectiva (SGC) pueden ejercer los derechos confiados
a su administración, además de que, en concepto del TJCA
no se les puede exigir un poder por cada representado, por
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causar costos excesivos (art. 49, decisión andina 351 de
1993).
4. Ni el artículo 11 de la ley 680 de 2001 ni la sentencia
de competencia desleal del proceso de Caracol Televisión y
RCN Televisión contra Telmex (rad. 2014-16592-06)
desarrollaron «una limitante a los derechos de autor en razón
de que los canales de señal abierta deban ser gratuitos. Es
decir, pese a la falta de onerosidad en la transmisión de
ciertos canales de televisión, sigue latente la obligación de
pagar a los autores por las prerrogativas de las obras
retransmitidas sin autorización previa».
5. La Sala Civil del Tribunal ha resuelto en diversas
oportunidades que «la remuneración al autor por la obra
audiovisual retransmitida, sin su autorización y por el
operador de televisión por suscripción, debe realizarse
independientemente de que la emisión al público se haya
efectuado en un canal que por disposición legal se oferta
gratuitamente»2. Esto descarta la prosperidad de las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la infracción, cobro de lo no debido y usos
leales y honrados de la señal codificada.
6. Egeda no ha abusado de sus derechos porque está
reclamando a favor de sus representados el resarcimiento por
la comunicación pública no autorizada de obras protegidas
por el derecho de autor, pues, con independencia de que,
según Comcel, retransmite los canales de televisión pro del
2 Sentencias de 19 ene. 2023, rad. 2020- 33901-01, 11 mar. 2022 rad. 2020-33901
y 11 ag. 2022. Rad. 2018 31868 01.
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interés general, esa actividad debe estar precedida de la
autorización de los titulares, la cual no se obtuvo y genera
las sumas reclamadas por Egeda, máxime cuando no se
encuentra en juego el interés general de la colectividad
porque «los canales de televisión van a seguir llegando a la
sociedad bajo el uso de las tecnologías de la información», lo
cual descarta la prosperidad de la defensa denominada
imposibilidad de que la retransmisión cause un daño
injustificado.
7. No se probó que demandante y demandada sean
recíprocamente deudores y acreedores, por lo que no
prospera la defensa de la compensación; tampoco se
acreditaron comportamientos de Egeda que le hubieran
hecho pensar a Comcel «que nunca iba a ser vinculada a un
juicio civil», como se presenta en el fenómeno denominado
«Verwirkung». Por el contrario, Egeda reclamó en
comunicación de 25 de febrero de 2006 por la retransmisión,
lo que descarta deslealtad en la formulación de sus
pretensiones.
8. Si se pretende el pago por retransmisión desde 1 de
enero de 2008 y la demanda se presentó el 19 de octubre de
2016, no transcurrió el tiempo de prescripción extintiva de
10 años.
9. Las sociedades de gestión colectiva pueden fijar en
sus reglamentos tarifas proporcionales a los ingresos
obtenidos con la utilización de obras, concepto que permite
calcular la indemnización (arts. 45, lit g, 48 de la decisión
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351 de 1993, 73 de la ley 23 de 1982, 39 de la ley 33 de 1993,
y 2.6.1.2.4 del decreto 1066 de 2015).
Según el TJCA, «tarifa es el precio que debe pagar quien
pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de
gestión colectiva… [y] sirve para soportar las acciones
administrativas y judiciales en caso de infracción a los
derechos administrados por la sociedad». Dentro de sus
características se encuentran:
(I) Deben estar consignadas en un reglamento de tarifas
elaborado por la sociedad de gestión colectiva (Literal g del
Artículo 45);
(II) Las tarifas generales por el uso de los derechos de
sus afiliados deben ser publicadas por lo menos una vez al
año en un medio de amplia circulación (Literal h del artículo
45);
(III) Deben ser proporcionales a los ingresos que se
obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o
ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que
la normativa interna de los países miembros establezca algo
diferente (Interpretación prejudicial del TJCA de 21 de
septiembre de 2022, Proceso 257-IP-2021).
10. El valor de la indemnización reclamada surge de
«una tarifa de US$0.30, multiplicada por el número de
suscriptores que tiene Comcel S.A. en cada mensualidad, para
después multiplicar el monto por la TRM correspondiente»,
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pues se probó la cantidad de suscriptores de Comcel entre
enero de 2008 y mayo de 2016, lo cual arroja el siguiente
resultado:
Anualidad Tarifa TRM representados en
pesos
Cantidad de usuarios
de Comcel
2008 a 2013 0.30 dólares Para estos años se
expidió el mismo
reglamento de tarifas:
TRM $1.800 y el 0.30
equivale a $540 pesos.
Enero de 2008 empezó
con 1.530.435 usuarios
y en diciembre de 2013
ya se contaba con
2.036.427 usuarios
2014 0.30 dólares $1.869 y el 0.30
equivale a $560 pesos.
Enero 2014 tenía
2.050.930 usuarios y
diciembre de 2014
finalizó con 2.131.335
usuarios
2015 0.30 dólares $2.000 y el 0.30
equivale a $600 pesos.
Enero 2015 tenía
2.137.361 usuarios y
diciembre de 2015
finalizó con 2.169.112
usuarios
2016 (mayo) 0.30 dólares $2.743 y el 0.30
equivale a $822.90
pesos.
Enero 2016 tenía
2.171.472 usuarios y
mayo de 2016 finalizó
con 2.200.211 usuarios
11. Es improcedente reconocer el lucro cesante causado
luego de la presentación de la demanda porque no se probó
la retransmisión de la señal, así como el tipo de programa,
fecha y hora de publicación. Por esto, también hay lugar a
negar la solicitud de ordenarle a Comcel abstenerse de
retransmitir sin autorización.
12. Es inviable reconocer intereses sobre la condena
impuesta pues la obligación surge con la sentencia.
DEMANDA DE CASACIÓN
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Comcel sustentó ocho cargos que serán resueltos en el
mismo orden de la demanda. Los dos primeros, encausados
por la vía directa, se resolverán en conjunto en aplicación del
artículo 344 del Código General del Proceso, porque versan
sobre lo mismo (una posible excepción o límite al derecho de
autor); los demás se resolverán por separado.
CARGO PRIMERO
Bajo la primera causal, denunció vulneración directa de
los artículos «11 de la Ley 680 de 2001 (por falta de
aplicación), y su correlativa e inescindible sentencia de
exequibilidad C-654/03 proferida por la Corte Constitucional
…9, numeral primero (por aplicación indebida) y numeral
segundo (por falta de aplicación) y 11bis (por aplicación
indebida) del Convenio de Berna;… 13 literal b) y 21 de la
Decisión Andina 351 de 1993 (por falta de aplicación);… 72 de
la Ley 23 de 1982 (por aplicación indebida);… 58, 75, y 333
de la Constitución Política (por falta de aplicación)».
Apuntó que el artículo 11 de la ley 680 de 2001, a la luz
de la sentencia C-654/03 de la Corte Constitucional, ordena
a los operadores de televisión por suscripción garantizar sin
costo para sus suscriptores, la recepción de los canales
nacionales y regionales de televisión abierta y, por tanto,
«límit[a el] derecho de autor consagrado en [e]l artículo 21 de
la Decisión Andina 351 de 1993, en asocio… con… el numeral
segundo del artículo 9 del Convenio de Berna», con
fundamento en «el pluralismo informativo» y «el derecho de la
sociedad a estar debidamente informada».
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Recordó que la Corte Constitucional mediante sentencia
C-654/03 declaró exequible el artículo 11 de la ley 680 de
2001 por la prevalencia del interés general representado en
el pluralismo informativo y el derecho a la información,
además de consagrar «una carga o restricción [razonable] a la
libertad económica de los operadores de televisión por
suscripción» sin que puedan reclamar «derechos por este
concepto».
Recalcó que, a diferencia de lo resuelto por el Tribunal,
los operadores de televisión por suscripción carecen de la
«obligación jurídica de… pagar, reconocer o cancelar derechos
a raíz del cumplimiento del mandato legal de garantizar la
recepción de los canales de televisión abierta de carácter
nacional…, lo que… comprende sus correlativos contenidos
(señal y contenido), en el lógico entendido de que los derechos
aludidos son todos, y no unos, o una parte de ellos, puesto que
la Corte [Constitucional] no… distin[guió], motivo por el cual
caben no sólo los derechos conexos correspondientes a los que
figuran a favor de los canales mismos de señal abierta, sino
también los derechos autorales de los programadores o
productores cuyas obras se incluyen en la parrilla de esos
canales de señal abierta». Por tanto, arguyó, la sentencia
impugnada desconoció la decisión de constitucionalidad,
distorsionando e inaplicando el citado artículo 11.
Insistió en el desconocimiento de la sentencia C-
654/03, pues en ella la Corte Constitucional declaró
exequible la norma citada con fundamento en que «…los
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operadores de la televisión por suscripción…. transmiten a sus
usuarios la programación que ofrecen los canales colombianos
de televisión abierta SIN TENER QUE CANCELAR DERECHOS
POR ESTE CONCEPTO», por lo que calificó la condena
impuesta a título de lucro cesante como «fabulosa y
extravagante».
Explicó que para «la Corte Constitucional… el artículo 11
de la Ley 680 de 2001, introdujo dos deberes diferentes…
plenamente compatibles con la Constitución. Ellos son: (i) el
deber para los operadores de televisión cerrada u operadores
de televisión por suscripción de transmitir gratuitamente la
señal de televisión por suscripción (‘Must carry’); y (ii) el deber
de los concesionarios de televisión u operadores de televisión
abierta de permitir que sus señales sean retrasmitidas por los
operadores de televisión cerrada u operadores de televisión
por suscripción sin costo alguno (‘Must offer’)».
Puso de presente que si los operadores de televisión por
cable tuvieran que «cancelar derechos por concepto de
retransmisión», tendrían una obligación desproporcionada,
contraria al orden social justo y la libertad económica.
Mencionó la «regla de los tres pasos» para sostener que
tanto el Convenio de Berna para la protección de obras
literarias y artísticas, como la decisión andina 351 de 1993
permiten a la legislación local (inclusive mediante sentencias
de constitucionalidad) limitar válidamente los derechos de
autor y conexos, pues no son absolutos, sobre todo por estar
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relacionados con la propiedad privada y ser una función
social que cede ante el interés general.
Calificó de «bifronte -o binario-» el gravamen establecido
en el artículo 11 de la ley 680 de 2001 porque «de un lado,
impuso a los operadores de televisión cerrada el deber de
retrasmitir dicha señal sin poder cobrar a los usuarios (‘Must
Carry’) y, del otro lado, equilibrada y equitativamente, estimó
que tal transporte, retransmisión o re-comunicación debía
operar sin costo alguno -y sin tener que cancelar derechos por
ese concepto- para los operadores de televisión cerrada (‘Must
Offer’)», pues si fuera unilateral se trataría de una carga
desproporcionada e inconstitucional, con independencia de
que la norma no exima expresamente del pago a los
operadores de televisión, máxime cuando la interpretación
exegética está «superada».
Centró el error del Tribunal en la «interpretación
meramente textual -aislada, esa sí ‘casi de paso’ de[l] artículo
11 de la Ley 680 de 2001, para así justificar su inaplicación…,
sin advertir que… forma un todo inseparable con su sentencia
de exequibilidad proferida por la Corte Constitucional».
Citó doctrina y documentos emanados de la Comisión
Nacional de Televisión para soportar que «los operadores de
televisión por suscripción… no están obligados a reconocer
suma alguna por… retransmisión de la señal televisiva y, por
ende, tampoco a obtener autorización o aval previo de parte de
los titulares, o de las entidades de gestión correspondientes –
y demás interesados-».
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Mencionó el artículo 21 de la decisión andina 351 de
1993 que permite la comunicación de obras de radiodifusión
en razón a que cumple la regla de los tres pasos porque:
(I) Regula un caso especial y específico que desea
lograr el pluralismo informativo;
(II) No atenta contra su explotación normal por
tratarse del cumplimiento de un deber legal que configura un
caso especial y específico; y
(III) No perjudica sin razón intereses legítimos de
autores por proteger y promover el pluralismo informativo.
Finalmente, hizo consistir la vulneración de los
artículos 72 de la ley 23 de 1982 (por aplicación indebida),
13 lit. b y 21 de la decisión andina 351 de 1993 (por
inaplicación) en que, según el Tribunal, «se producía -o
generaba- el derecho con tan sólo retransmitir la programación
contenida en la señal de los canales privados de televisión
abierta sin autorización del productor», sin detenerse en las
limitaciones de orden público que pesan sobre los derechos
de autor. También refirió la inaplicación del artículo 9º, # 2º
del Convenio de Berna porque el deber previsto en el artículo
11 de la ley 680 de 2001 es una excepción al derecho de autor
de autorizar la retransmisión de obras cinematográficas, lo
que hacía innecesaria la autorización previa de los titulares
e improcedente la condena económica impuesta a la
demandada.
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CARGO SEGUNDO
Con fundamento en la primera causal de casación,
imputó vulneración directa de «los artículos 72 de la ley 23
de 1982 (por aplicación indebida), 13 literal b) de la decisión
andina 351 de 1993 (Comisión del Acuerdo de Cartagena) 64
(por aplicación indebida), 9, #2° (por aplicación indebida) 65
del convenio de Berna, …11 de la Ley 680 de 2001 (por falta
de aplicación) y… 2341 del Código Civil (por aplicación
indebida)».
Explicó que cumple el deber legal de garantizar a sus
suscriptores la recepción de los canales colombianos de
televisión abierta, razón por la que no está llamada a
responder jurídica y patrimonial y la interpretación adoptada
en la sentencia impugnada es «una exigencia desmedida,
desbordada, exorbitante e insoportable».
Arguyó que la carga de transmitir la señal de televisión
abierta afecta su libertad económica, lo cual «se compens[a]
o equilibr[a] por el hecho de no “…tener que cancelar derechos
por este concepto”», como dijo la Corte Constitucional en la
sentencia C-654 de 2003, razón por la que sobre Comcel
existe sólo «un débito u obligación, pero no dos».
Hizo consistir la vulneración de los artículos 72 de la ley
23 de 1982 y 13, literal b), de la decisión andina 351 de 1993
en que la retransmisión o re-comunicación de la señal de
televisión abierta le causó un perjuicio resarcible, a pesar de
se produjo por un imperativo impuesto por el artículo 11 de
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la ley 680 de 2001 que, de haberse incumplido, hubiera
causado, entre otras consecuencias, la caducidad del
contrato de concesión.
Aludió a la aplicación indebida del artículo 2341 del
Código Civil para cuestionar el uso del régimen de
responsabilidad extracontractual por el Tribunal al referirse
a términos como «“indemnización”, “perjuicios”, “daños”,
“lucro cesante”, etc.,», a pesar de que «cuando un sujeto actúa
en estricto cumplimiento de un deber legal, por esencia, se
excluye cualquier antijuridicidad del daño, tornándolo,
además, de ordinario, lícito, justo y jurídico, condiciones estas
que impiden que, válidamente, se pueda pretextar una
indemnización de perjuicios sustentada en» esa norma.
Señaló que, en todo caso, también se aplicó
indebidamente el parágrafo del artículo 73 de la ley 23 de
1982 porque no había lugar a imponer la condena, a raíz de
que Comcel ha cumplido un deber legal, lo que también erigió
la aplicación indebida de los artículos 72 de la ley 23 de 1982,
13 literal b) de la decisión andina 351 de 1993 y numeral
primero del artículo 11 bis del convenio de Berna, pues «la
conducta desplegada por Comcel no podía calificarse de delito
o cuasidelito».
CONSIDERACIONES
El epicentro de estos cargos consiste en determinar si el
deber de Comcel (denominado must-carry) de garantizar a
sus suscriptores la recepción de los canales colombianos de
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televisión abierta nacionales, regionales y municipales, es un
límite o excepción al derecho de autor de realizar, autorizar
o prohibir la comunicación pública de obras audiovisuales y
cinematográficas que integran el portafolio de Egeda.
Para resolver ese problema jurídico, la Sala estima
oportuno ocuparse de varios temas como el deber de los
operadores de televisión cerrada de transportar ciertos
canales colombianos, los derechos morales y patrimoniales
de autor, así como los conexos y la regla de los tres pasos
como parámetro para crear, interpretar y aplicar los límites
o excepciones al derecho de autor. Todas estas explicaciones
servirán no sólo para decidir los dos primeros cargos, sino
también algunos de los planteados por Comcel.
1. Must-carry: deber de transportar canales
colombianos de televisión abierta
La televisión fue concebida a inicios del siglo veinte
como un posible medio educativo y de comunicación
interpersonal, que luego se convirtió en una forma
contundente de radiodifusión que informa y entretiene a las
personas en los lugares más recónditos del mundo3.
La televisión nacional es más que simple
entretenimiento. Puede cumplir diversos fines educativos,
informativos, comunicativos y, además, fortalecer la
3 A. MICHAEL NOLL, DONALD G. FINK Y DAVID E. FISHER. Voz television en
Encyclopedia Britannica. Disponible en
https://www.britannica.com/technology/television-technology
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identidad nacional de los habitantes de un país4. Expertos en
la materia señalan que la televisión hace parte de la vida
doméstica y, prácticamente, del día a día de las personas del
mundo, lo que hace indiscutible su importancia5.
Hacia 1960, en Norteamérica empezó a imponerse la
televisión por suscripción (pay-per-view) por encima de la
abierta. En esa época era posible que, al instalar los equipos
de televisión cerrada en los hogares que la contrataban, se
dejaran inactivos los mecanismos que permitían acceder a
los canales nacionales abiertos; esa fue una de las causas
que, al lado del poderío económico de los operadores de
televisión por suscripción empezó a suscitar desequilibrio en
desmedro de los canales de televisión abierta. Para
conjurarlo, en Estados Unidos y Canadá se expidieron
normas que impusieron a los operadores de televisión
cerrada el deber de transportar (must-carry) canales de
televisión nacional abierta.
Según la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso
Turner Broadcasting System, Inc. v. Federal
Communications Commission6, el deber de transporte de
canales de televisión abierta o must-carry no amenaza de
manera significativa la libertad de expresión ni implica
censura. Por el contrario, permite a los estadounidenses que
han contratado el servicio de televisión por suscripción
4 Sentencia T 599 de 2016 de la Corte Constitucional.
5 ROGER SILVERSTON. Televisión and everyday life. Routledge edit, London and New
York, 1994 pp. 19 y 24.
6 Turner Broadcasting System, Inc. v. Federal Communications Commission, 512 U.S
622 (Sup. Ct. 1994).
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también acceder a la televisión abierta, promueve la
pluralidad informativa y suscita la libre competencia
económica.
Diversas naciones del mundo han acogido en sus
legislaciones el must-carry. Su consagración no ha estado
exenta de polémicas y discusiones7 que han llegado hasta los
estrados judiciales, como demuestra el caso que ahora
resuelve la Sala. En Colombia el deber de transporte (must-
carry) fue consagrado en el artículo 11 de la ley 680 de 2001
que establece:
Los operadores de Televisión por Suscripción deberán garantizar
sin costo alguno a los suscriptores la recepción de los canales
colombianos de televisión abierta de carácter nacional, regional y
municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital en el área
de cubrimiento únicamente. Sin embargo, la transmisión de
canales locales por parte de los operadores de Televisión por
Suscripción estará condicionada a la capacidad técnica del
operador.
La Corte Constitucional dictaminó que el must-carry es
un deber de los operadores de televisión por suscripción que
respeta los postulados constitucionales de libertad
económica y libre competencia, además de contribuir al
pluralismo informativo y permitir a los suscriptores acceder
a los canales locales, regionales y nacionales de televisión
colombianos, razones por las que el artículo 11 de la ley 680
de 2001 fue declarado exequible mediante la sentencia C-654
de 2003 donde también se argumentó:
7 NICO VAN EIJK y BART VAN DER SLOOT, “Must-carry Regulation: a must or a
burden?”, en Must-carry: renaissance o Reformation, European Audiovisual
Observatory, Estrasburgo, 2012-5, p. 15 y ss.
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desde el punto de vista del derecho a la libre competencia el
servicio de televisión abierta y el de televisión por suscripción no
se encuentran en la misma situación fáctica, pues se ha visto como
en el caso de la primera modalidad televisiva la señal de televisión
es recibida en forma libre y gratuita por cualquier persona ubicada
en el área de servicio de la estación, al paso que en la segunda
modalidad la señal, independientemente de la tecnología
de transmisión y utilizada, es recibida únicamente por personas
autorizadas para su recepción quienes deben cancelar una tarifa
por el servicio ofrecido.
De acuerdo con la misma sentencia, el deber de
transporte o must-carry busca «garantizar el derecho al
pluralismo informativo que le asiste a toda la comunidad»,
finalidad que
se aviene a los principios superiores del Estado Social de Derecho
pues garantiza a los usuarios de televisión por suscripción acceder
por el mismo sistema, y sin costo alguno, a la información de
carácter nacional, permitiéndoles obtenerla de manera amplia y
adecuada, lo cual contribuye a la formación de una opinión pública
libre…
[H]ace efectivo el pluralismo informativo como objetivo de la
intervención del Estado en el espectro electromagnético, por cuanto
los suscriptores no estarán aislados de los acontecimientos
culturales, sociales y políticos de la realidad nacional…
[A]demás, al tiempo que disfrutan de la televisión extranjera tienen
la opción de acceder a la programación colombiana de naturaleza
cultural, recreativa e informativa, con lo cual se forman una
opinión pública globalizada donde los problemas nacionales se
pueden cotejar con los de otras latitudes en un interesante ejercicio
intercultural», siendo «idónea para la consecución del fin propuesto,
por cuanto si la conexión de los usuarios a una red de televisión
por suscripción implica por razones técnicas que ellos no puedan
recibir las señales de la televisión abierta que emiten los canales
nacionales, resulta adecuado imponerle a los operadores de dicho
servicio el deber de garantizarles a sus suscriptores la recepción
de los canales de la televisión abierta, siempre y cuando cuenten
con la debida capacidad técnica, tal como lo prescribe la norma
acusada.
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Si bien es cierto que la exigencia de la norma acusada podría
afectar la libertad económica de los operadores de la televisión por
suscripción, también lo es que la carga que se les impone no es de
ninguna manera mayor que el beneficio que se pretende obtener,
el cual consiste en la garantía del derecho a recibir una
información libre e imparcial. Puede afirmarse, incluso, que lejos
de afectar a los operadores de la televisión por suscripción la
medida censurada comporta para ellos beneficios significativos,
en tanto y en cuanto transmiten a sus usuarios la programación
que ofrecen los canales colombianos de televisión abierta sin tener
que cancelar derechos por este concepto. Y además tal garantía
puede hacer más atractivo para los usuarios el servicio por
suscripción (se destaca. CC C-654 de 2003).
Teniendo claros los principales aspectos de la televisión
como mecanismo informativo, educativo y de
entretenimiento, así como del deber de transporte o must-
carry a cargo de los operadores de televisión por suscripción
como la demandada Comcel, la Sala establecerá si ese deber
constituye un límite o excepción a los derechos patrimoniales
de autor, para lo cual es necesario ocuparse de ellos
brevemente.
2. El derecho de autor
Múltiples mecanismos internacionales protegen el
derecho de autor. El artículo 27.2 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos establece:
…2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora…
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales señala en la primera parte de su
artículo 15:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a:
…c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora….
El Protocolo Adicional a la Convención Americana de
Derechos Humanos prescribe en su artículo 14:
1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho
de toda persona a:
…c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora...
Se trata de una prerrogativa sustancial y subjetiva
protegida no sólo por cada uno de los ordenamientos
jurídicos locales, sino también por instrumentos
internacionales de derechos humanos, a los que se suman
normas comunitarias y, por supuesto, la Constitución
Política de Colombia que en su artículo 61 ordena:
El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley.
2.1. Los derechos morales
El derecho de autor protege la relación especial y
personal (única, dirían algunos) que, por el mismo acto de
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creación, existe entre el creador y su obra. De ahí que le
permitan al titular el reconocimiento de tal, evitar que la obra
se deforme o que se publique sin su consentimiento, lo que
justifica su carácter de intransferibles, irrenunciables e
imprescriptibles.
Los derechos morales se clasifican en prerrogativas
tales como: (I) paternidad; (II) integridad; (III) ineditud; (IV) de
modificación; y (V) retracto. Desde ya la Sala aclara que
ninguno de ellos está en entredicho en el presente proceso;
por el contrario, Egeda reclamó por la vulneración de una de
las modalidades de los derechos patrimoniales de autor,
razón por la que se abordan en el siguiente acápite.
2.2. Los derechos patrimoniales
Estas prerrogativas tienen una clara condición
económica y, a diferencia de los morales, son transferibles,
renunciables y prescriptibles, pues le permiten a su titular
explotar pecuniariamente la creación. Son derechos
patrimoniales de autor los de: (I) reproducción; (II)
comunicación pública; (III) distribución; y (IV) transformación.
Es de su esencia que el autor o titular pueda autorizar,
realizar o prohibir cada uno de tales actos, pues tiene la
potestad de decidir cómo utiliza su creación. De ahí que la
explotación de la obra por un tercero requiera autorización
previa y expresa del titular, sin importar el medio empleado
(art. 2º ley 23 de 1982).
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Esta idea tiene mayor importancia en los tiempos
actuales donde se impone otro derecho humano como el de
gozar de los adelantos científicos y tecnológicos, gracias al
cual el avance de las tecnologías de la información y la
comunicación aumentan las posibilidades de interacción,
comunicación, creación y, por supuesto, explotación
autorizada o no de obras que también impactan los derechos
de autor y conexos8. Así las cosas, los adelantos tecnológicos
y la posibilidad de comunicarse con mayores facilidades y a
menores costos, no puede hacer nugatorios los derechos de
autor, lo que se traduce en que la simple aparición de una
nueva tecnología (como, en su momento, la televisión) que
permita la comunicación pública de obras, no se constituya
de manera automática en un límite o excepción a los
derechos de autor.
El objeto de protección de los derechos patrimoniales de
autor es la obra, es decir, la «creación intelectual, original,
expresada en una forma reproducible»9 o «toda creación
intelectual originaria, de naturaleza artística, científica o
literaria susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma»10.
Existen obras de diverso tipo, tales como las
fonográficas, literarias, así como las audiovisuales y
cinematográficas. Particularmente, las pretensiones se
8 La Sala ha reconocido la vigencia e importancia de este derecho. Al respecto, ver
caso Cotech S.A. vs. Uber B.V., Uber Technologies, Inc, y Uber Colombia S.A.S,
SC370-2023, rad. 2016-02106, 10 oct. 2023.
9 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de
Autor y Derechos Conexos. Autor Principal György Boyta. Ginebra, 1980. Voz 262.,
p. 268.
10 Art. 3º decisión 351 de 1993.
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originan en que, para la demandante Egeda, Comcel ha
comunicado de manera pública obras audiovisuales y
cinematográficas sin autorización previa y expresa de sus
productores.
Una obra audiovisual es «[t]oda creación expresada
mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin
sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a
ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier
otro medio de comunicación de la imagen y sonido,
independientemente de las características del soporte
material que la contiene»11. También puede entenderse como
«una obra perceptible por la vista y el oído, que consta de
imágenes relacionadas y de sonidos concomitantes, grabados
sobre un material adecuado, para ser ejecutada mediante la
utilización de mecanismos idóneos»12.
Ejemplo de las obras audiovisuales son «las
cinematográficas sonoras y todas las obras que se expresen
por un procedimiento análogo a la cinematografía, como las
producciones televisivas o cualquier otra producción de
imágenes sonoras fijadas sobre cintas magnéticas, discos,
etc.», como se desprende de la lista no exhaustiva de obras
protegidas contenida en el artículo 2 numeral 1 del Convenio
de Berna de 1886, incorporado al derecho colombiano
mediante ley 33 de 1987, reproducido en el artículo 2º de la
ley 23 de 1982.
11 Glosario de la dirección nacional de derechos de autor disponible en
http://derechodeautor.gov.co:8080/o-s1
12 Glosario de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Por tratarse del concepto que originó la demanda de
Egeda, es importante señalar que comunicación pública es
«todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o
no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa
distribución de ejemplares a cada una de ellas» (art. 15,
decisión 351 de 1993). La comunicación pública puede
llevarse a cabo por diversos medios, tales como las
representaciones en vivo, la proyección o exhibición pública,
la emisión, entre otros.
En concreto, el proceso de la radicación versa sobre una
modalidad específica de comunicación pública13 de obras
audiovisuales y cinematográficas: la retransmisión, que
puede hacerse por cualquiera de los medios citados
anteriormente «…por una entidad emisora distinta de la de
origen, de la obra radiodifundida o televisada» (art. 15, lit. e,
decisión 351 de 1993).
Este derecho patrimonial de autor permite a su titular
(por ejemplo, el productor de obras audiovisuales y
cinematográficas) «realizar, autorizar o prohibir» «[l]a
comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva
para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las
imágenes» (art. 13, decisión 351 de 1993).
El punto de partida, entonces, es que si el titular de la
obra goza del derecho patrimonial de autor de hacer,
13 JOSÉ CARLOS ERDOZAIN LÓPEZ, “Los derechos de propiedad intelectual de los
productores”, en Manual de propiedad intelectual, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano,
coord.., Tirat lo blanch, Valencia, 2019, p. 292.
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autorizar o prohibir la comunicación pública por medios
diversos como la retransmisión, los terceros que deseen
hacerlo requieren autorización previa y expresa suya. Si
carecen de ella, el titular está facultado no sólo para prohibir
la retransmisión de sus obras, sino también para reclamar la
respectiva indemnización. Por su parte, los supuestos
infractores del derecho de autor podrán defenderse
demostrando, por ejemplo, que sí cuentan con autorización
para retransmitir o que se configura algún límite o excepción
al respectivo derecho patrimonial de autor, para lo cual será
indispensable usar la conocida Regla de los Tres Pasos, de la
que se ocupará la Sala en su momento.
Para transgredir el derecho de autor de comunicación
pública no es necesario que la retransmisión por parte de un
organismo de radiodifusión distinto al de origen alcance un
nuevo público o una nueva audiencia, pues
En teoría, se trataba de una distinción fácil de hacer, pero en la
práctica fracasaba, ya que dependía de que existiera una
distinción funcional entre la audiencia original de la emisión y la
nueva audiencia a la que llegaba la retransmisión. Un criterio
geográfico podría haber parecido el más fácil de adoptar a este
respecto, pero ¿cómo determinarlo? Algunas redes de
radiodifusión operaban a nivel nacional, en cuyo caso podía
decirse que su audiencia original era toda la población. Pero en
muchos casos, las diferencias horarias regionales hacían
necesario dar servicio a esta población mediante estaciones
repetidoras. Por lo tanto, estos factores prácticos dificultan
establecer una distinción clara entre la audiencia original de una
emisión y una audiencia nueva, ya que lo que sería una audiencia
nueva en un caso puede muy bien formar parte de la audiencia
original en otro. Por este motivo, los delegados de la Conferencia
de Revisión de Bruselas de 1948 no pudieron llegar a un acuerdo
sobre una propuesta de programa que imponía la responsabilidad
en virtud del apartado 1 del artículo 11 bis con respecto a
"cualquier nueva comunicación al público... de la obra
radiodifundida". Esto confiere a los autores el derecho a autorizar
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"cualquier comunicación al público por cable o por redifusión de la
emisión de la obra, cuando esta comunicación sea realizada por
un organismo distinto del original". Así pues, el derecho abarca
todo tipo de transmisiones secundarias de terceros, ya sea por
cable u otra forma de comunicación alámbrica, así como por
redifusión14.
Con el fin de evitar confusiones entre ellos y sentar las
bases que servirán para resolver varios cargos de casación,
resulta necesario desarrollar los derechos conexos.
2.3. Los derechos conexos
2.3.1. También se denominan vecinos o afines. Estas
prerrogativas surgieron gracias al progreso tecnológico y
científico, pues la aparición de nuevos y cada vez más
sofisticados medios de reproducción, difusión y explotación
autorizada e indebida de obras, aumentó el impacto de las
industrias editorial, del entretenimiento, de la computación
y de los medios de comunicación15, sin que el derecho de la
propiedad intelectual pudiera mantenerse incólume. Así, el
incremento de la explotación de obras por medio de satélite,
fibra óptica, internet o telefonía celular ha sido directamente
proporcional al surgimiento de los soportes en que se fijan,
transportan o reproducen las obras, así como los intereses
subjetivos en juego16.
Por eso, se reconocen derechos conexos a los artistas y
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
14 SAM RICKETSON y JANE GINSBURG. International copyright and neighbouring
rights: the berne convention and beyond, Oxford, 2022, online edn.
15 DELIA LIPSZYC, Derecho de autor y derechos conexos, Cerlalc, 2017, cap. 1.4.
16 Ibidem.
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de radiodifusión17. La finalidad de los derechos conexos es
«proteger los intereses legales de determinadas personas y
entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición
del público de obras o que hayan producido objetos que,
aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de
derecho de autor de todos los países, contengan suficiente
creatividad y capacidad técnica y organizativa para merecer
la concesión de un derecho de propiedad que se asimile al
derecho de autor»18.
Los derechos conexos, vecinos, afines u otros derechos
de propiedad intelectual19 (como también se les denomina)
no han estado exentos de polémicas sobre su contenido, pues
la doctrina destaca que también se caracterizan por la
imprecisión20. Por eso los funcionarios judiciales encargados
de resolver asuntos como el que ahora ocupa a la Sala están
llamados a superar la sobreposición, confusión e, inclusive,
colisión entre los derechos de autor y los conexos empleando
diversos mecanismos como establecer cuál es la prerrogativa
concreta reclamada (si derechos morales, patrimoniales o
conexos) y cuál es el objeto protegido por cada uno de ellos.
Recuérdese que los derechos de autor no riñen con los
conexos porque «[l]a protección prevista para los Derechos
17 DANIEL GERVAIS, Related rights in United States Law, Legal Studies Research
Paper Series, Vanderbil University Law School, disponible en
http://ssrn.com/abstract=3267501; UNITED STATES COPYRIGHT OFFICE,
Compendium of U.S. copyright office practices, 3ª edición, enero, 2021. Ver también el
Glosario de la OMPI.
18 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Principios básicos del
derecho de autor y los derechos conexos, 2016, segunda edición, Suiza, p. 27.
19 JOSÉ CARLOS ERDOZAIN LÓPEZ, “Otros derechos de propiedad intelectual”, en
Manual de propiedad intelectual, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, coord.., Tirant lo
blanch, Valencia, 2009, p. 291.
20 DELIA LIPSZYC, Ob. Cit., cap. 7.
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Conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho
de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. En
consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en
este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que
menoscabe dicha protección. En caso de conflicto, se estará
siempre a lo que más favorezca al autor» (art. 33 decisión 351
de 1993).
2.3.2. Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan de la
prerrogativa (derecho conexo) de «autorizar o prohibir la
comunicación al público en cualquier forma de sus
interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación
y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones. Sin
embargo, los artistas intérpretes o ejecutantes no podrán
oponerse a la comunicación pública de su interpretación o
ejecución, cuando constituyan por si mismas una ejecución
radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente
autorizada». (art. 34 decisión 351 de 1993). También pueden
«[e]xigir que su nombre figure o esté asociado a cada
interpretación o ejecución que se realice» y «[o]ponerse a toda
deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su
interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o
reputación» (art. 35, ibid.).
2.3.3. Los productores de fonogramas también gozan
del derecho conexo de «a) Autorizar o prohibir la reproducción
directa o indirecta de sus fonogramas; b) Impedir la
importación de copias del fonograma, hechas sin autorización
del titular; c) Autorizar o prohibir la distribución pública del
original y de cada copia del mismo, mediante la venta, alquiler
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o cualquier otro medio de distribución al público; y, d) Percibir
una remuneración por cada utilización del fonograma o copias
del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida
con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que
establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros»
(art. 37 decisión 351 de 1993).
2.3.4. Por su parte, los organismos de radiodifusión
«gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir: a) La
retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o
procedimiento; b) La fijación de sus emisiones sobre una base
material; y, c) La reproducción de una fijación de sus
emisiones» (art. 39 decisión 351 de 1993).
El objeto protegido por el derecho conexo de los
organismos de radiodifusión es la emisión o señal (no la obra
audiovisual o cinematográfica que protege el derecho
patrimonial de autor)21. Al respecto es ilustrativo el símil
evocado desde diversos puntos de vista por Comcel y Egeda
durante el alegato de conclusión en la primera instancia: el
derecho conexo de los organismos de radiodifusión protege
«el tubo», o sea, el continente, señal, emisión o medio de
transporte, mientras que el derecho patrimonial de
comunicación pública resguarda «el agua» que aquel
transporta, es decir, el contenido, programas u obras
audiovisuales y cinematográficas.
21 JOSÉ CARLOS ERDOZAIN LÓPEZ, “Los derechos de propiedad intelectual de los
productores”, en Manual de propiedad intelectual, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano,
coord., Tirat lo blanch, Valencia, 2019, p. 29.
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Esa distinción es trascendental para el caso concreto
porque Comcel ha insistido en la inutilidad de diferenciar
entre señal y obra, y ha planteado que el consentimiento para
transportar las señales de los canales de televisión abierta se
extiende a la posibilidad de retransmitir las obras, aspecto
sobre el que regresará la Sala en el instante oportuno.
La radiodifusión puede definirse como «la transmisión
por medios inalámbricos para la recepción pública de sonidos
o de imágenes y sonidos. Esto excluye claramente las diversas
formas de transmisión por difusión alámbrica, como la
televisión por cable, y cabe dudar de que abarque las
transmisiones codificadas que requieren ser descifradas por
los receptores, por ejemplo, a través de dispositivos "box-top"
en sus receptores de televisión o radio»22.
Obsérvese que es posible que señales televisivas
«contengan obras protegidas por el derecho de autor o no,
como ocurre con los acontecimientos deportivos, los eventos de
interés público, etc.», lo que de por sí justifica la vigencia de
los derechos conexos, vecinos o afines, y no sólo los de
autor23, en razón a que «las emisiones de radiodifusión [o
señales] no son obras, aunque en varios países-la mayoría de
tradición jurídica basada en el common law (reino unido,
Irlanda, Australia, nueva Zelanda, Kenia, Nigeria) -se las
considera como tales, al igual que a los programas
distribuidos por cable, si bien de una categoría diferente de
22 SAM RICKETSON y JANE GINSBURG. International copyright and neighbouring
rights: the berne convention and beyond, Oxford, 2022, online edn.
23 DELIA LIPSZYC, Ob. Cit., cap. 7.3.
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35
las obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas»24. Si
no existieran los derechos conexos, objetos como los
descritos, por no ser creaciones en estricto sentido,
carecerían de protección por la propiedad intelectual.
En suma, el contenido del derecho conexo consiste en
la prerrogativa de su titular de «autorizar su reproducción, su
retransmisión y su comunicación pública cuando esta última
se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder
mediante el pago de un derecho de admisión o entrada»25, que,
por supuesto, no afecta los derechos de autor, pues «no
excluye a [los organismos de radiodifusión] y a los terceros de
contar también con las autorizaciones de los autores, los
artistas y los productores (salvo en los casos en que rijan
licencias no voluntarias)»26.
La demanda fue presentada por Egeda como Sociedad
de Gestión Colectiva (SGC) representante de productores de
obras audiovisuales y cinematográficas, dentro de los que se
encuentran RCN y Caracol TV, dos canales de televisión
abierta que también serían titulares de derechos conexos
sobre su señal. Sin embargo, para efectos de claridad, la Sala
precisa que el presente proceso versa exclusivamente sobre
la posible transgresión del derecho patrimonial de autor de
comunicación pública por retransmisión no autorizada de
obras audiovisuales y cinematográficas, lo que, en criterio del
demandante, es fuente de responsabilidad civil
24 Ibidem.
25 DELIA LIPSZYC, Ob. Cit. cap. 7.3.
26 Ibidem.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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extracontractual. La precisión es necesaria porque servirá
para resolver no sólo los dos primeros, sino también otros
cargos de casación.
3. Límites o excepciones a los derechos de autor y
conexos (la regla de los tres pasos)
Los derechos de autor solían considerarse absolutos,
carentes de limites o excepciones. Se les tildaba de «la más
sagrada y personal de las propiedades» y se les consideraba
prerrogativas naturales, inviolables y sagradas27. Se
concebían como una forma de propiedad especialísima con
una protección diamantina e infranqueable28.
Atrás han quedado los días en que los derechos de autor
podían verse como ilimitados o absolutos. En la actualidad,
como cualquier prerrogativa subjetiva, están sometidos a
limitaciones para cumplir diversos fines como incentivar a
los creadores a compartir sus obras con la sociedad, pues en
últimas está de por medio el conocimiento y la información29.
Lo cierto es, entonces, que existen límites y excepciones
a los derechos de autor. En abstracto, hay diversas
alternativas para consagrarlos. Una de ellas puede consistir
en límites amplios, listas abiertas (numerus apertus) bajo las
cuales puedan subsumirse los supuestos de hecho
27 JUANA MARCO MOLINA, “Bases históricas y filosóficas y precedentes legislativos
del derecho de autor”, en Anuario de Derecho civil, Vol. 47, n.º 1, 1994, p. 132.
28 JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LOZANO, “panorama general y justificación de los límites
a los derechos de explotación”, en Los derechos de propiedad intelectual en la obra
audiovisual, Dykinson, 2011, Madrid, Xavier O’Callaghan coord., p 332.
29 RUIZ NICHOLAS, “Copyright’s paradox: The public interest and private monopoly”,
en Intellectual property law bulletin, vol. 18, 2, p. 214.
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37
limitantes; otra reside en establecer excepciones específicas,
taxativas, concretas, claras y, en últimas, típicas (numerus
clausus).
Diversos países, bien sea por su derecho interno o por
convenciones multilaterales, así como normas comunitarias,
han optado por el segundo camino adoptando la denominada
Regla de los Tres Pasos30. Se trata de una pauta normativa
dirigida a varios actores para crear, interpretar y aplicar
límites o excepciones a los derechos de autor31. En efecto,
son destinatarios de la regla de los tres pasos32:
(I) el legislador y demás productores de fuentes
jurídicas para consagrar limitaciones y excepciones a estos
derechos;
(II) los jueces al momento de aplicar estos límites; y
(III) los intérpretes al momento de desentrañar el
sentido de posibles excepciones a los derechos de autor, así
como llenar lagunas y vacíos normativos.
Colombia hace parte de las naciones en las que impera
la regla de los tres pasos como parámetro de escrutinio de
las limitaciones y excepciones de los derechos de autor, pues
30 MARTIN SENFTLEBEN, The International Three-Step Test A Model Provision for EC
Fair Use Legislation, 1 (2010) JIPITEC 67, para. 1, pp. 68 y ss.
31 JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, “La regla de los tres pasos en la jurisprudencia
española”, en Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual, Xavier
O’Callaghan, coord., Kykinson, Madrid, 2011, p. 381.
32 MARTIN SENFTLEBEN, Copyright, Limitations and the Three-step test. An Analysis
of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law, Kluwer Law
International, Amsterdam, 2004.
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38
múltiples normas vinculantes la consagran. En efecto, el
Convenio de Berna en su artículo 9 (2) establece:
Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad
de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos
especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación
normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor.
El artículo 13 del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) señala:
Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones
impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos
especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra
ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del
titular de los derechos
Y el artículo 21 de la decisión 351 de 1993 ordena:
Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se
establezcan mediante las legislaciones internas de los Países
Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten
contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio
injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los
derechos.
Con el fin de disolver el problema central planteado en
los dos primeros cargos de Comcel, relacionado con
determinar si el deber de transporte o must-carry es o no un
límite o excepción al derecho de comunicación pública por
retransmisión, la Corte establecerá en qué consiste cada uno
de los pasos que conforman la mencionada regla.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
39
3.1. Primer paso: especificidad de los casos33
Consagrada bajo las expresiones «determinados casos
especiales»34 o «aquellos casos»35, el primer paso alude
claramente a la taxatividad, es decir, que las excepciones y
limitaciones se encuentren establecidas expresamente en
una fuente jurídica. Exige «que las limitaciones o excepciones
prescritas en la legislación nacional estén claramente
definidas y sean de aplicación y alcance estrictos»36. Busca
evitar que las excepciones recaigan sobre casos generales o
indeterminados y, por el contrario, sean determinados,
específicos, precisos, exactos o ciertos37. Esto se traduce en
que la «excepción o limitación prevista en la legislación
nacional debe estar claramente definida», al punto que logre
«un grado suficiente de certidumbre jurídica»38.
Este primer paso tiene un doble contenido39. Por un
lado proscribe que puedan interpretarse de manera
extensiva, pues deben entenderse de forma restrictiva, sin
que puedan aplicarse a supuestos de hecho que no aparecen
específicamente consagrados en la respectiva fuente jurídica,
ni mucho menos extenderse a casos similares no
contemplados en la norma; por el otro, es indispensable que
33 Ibidem.
34 Convenio de Berna y ADPIC.
35 Decisión 351 de 1993.
36 Caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), WT/DS160/R, 15 de
junio de 2000, en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/160r-00.pdf.
37 SAM RICKETSON, BARRISTER, VICTORIAN BARTHE, The three-step test, deemed
quantities, libraries and closed exceptions, Center for copyright studies, diciembre,
2002, p. 28.
38 EDUARDO SERRANO ALONSO, “Límites en el mundo de las comunicaciones: cable,
satélite y redes”, en Los derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual,
Xavier O’Callaghan coord., Dykinson, Madrid, 2011, p 364.
39 SEBASTIÁN LÓPEZ MAZA, “Los derechos de explotación”, en Manual de propiedad
intelectual, Tirant lo blanch, Valencia, 2019, 9ª edición, p. 130.
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40
el productor de fuentes normativas, como el legislador,
«defina claramente los requisitos de aplicación de los límites,
señalando el derecho afectado por ellos, los beneficiarios, los
usos que se pueden hacer o si es necesario o no el pago de
una compensación».
En suma, el primer paso del test consiste en que:
Cualquier excepción que se haga conforme a esta disposición debe
definirse claramente y debería ser limitado en su alcance...40.
3.2. Segundo paso: no afectar la normal explotación
de la obra41
Consagrado para que la excepción o limitación «no
atente contra la normal explotación de la obra»42.
Este paso del test busca evitar que los límites a los
derechos de autor compitan con todas las formas en que sus
titulares consiguen valor económico gracias a su derecho.
También persigue evitar que comportamientos abusivos en el
uso de las obras queden impunes y priven al sujeto protegido
de ganancias sustanciales, sin mayores consecuencias43.
40 SAM RICKETSON, BARRISTER, VICTORIAN BARTHE, The three-step test, deemed
quantities, libraries and closed exceptions, Ob. Cit., p. 31.
41 MARTIN SENFTLEBEN, Copyright…, Ob.Cit., p. 168 y ss.
42 Coinciden los Convenios de Berna y ADPIC, así como la decisión 351 de 1993.
43 SEBASTIÁN LÓPEZ MAZA, “Los derechos de explotación”, en Manual de propiedad
intelectual, Tirant lo blanch, Valencia, 2019, 9ª edición, p. 130.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
41
Para agotar este paso, es necesario indagar cada caso
en particular y contrastarlo con el derecho exclusivo que esté
en juego44.
Autorizada doctrina señala que el segundo paso debe
interpretarse en el siguiente sentido:
Para determinar cuál es la explotación normal de una obra, se
debe tener en cuenta no sólo a los usos existentes, sino también
potenciales, de una obra de la que el propietario de los derechos
de autor puede obtener beneficios económicos.
No todos los usos potenciales de la obra deben considerarse dentro
del alcance de explotación normal, sino aquellos que pueden
considerarse de importancia considerable o práctica.
Las excepciones actuales y futuras no entrarán en conflicto con la
normal explotación de una obra por el simple hecho que impliquen
usos que de otro modo traerían provecho comercial para el autor:
el escrutinio consiste en determinar si las excepciones compiten o
no económicamente con el autor. Posiblemente este sea el tema con
la salvedad de que no deberían hacerlo en ninguna medida
apreciable.
En ese orden, una excepción no necesariamente permanece dentro
el alcance de la segunda condición de permanentemente. La
normal explotación es un concepto dinámico, siendo posible que
una excepción entre en conflicto con la explotación normal de una
obra a medida que cambien la tecnología y sus formas de uso. En
otras palabras, sería un error considerar el artículo 9(2) [del
Convenio de Berna] como una cláusula de derechos adquiridos que
consagra inmunidad permanente a una excepción en virtud de
disposiciones nacionales. Del mismo modo, es posible que surjan
nuevas limitaciones o excepciones que encajen dentro del segundo
paso.
Para la evaluación del segundo paso no son relevantes únicamente
las cuestiones económicas. También son relevantes aspectos
jurídicos de índole no económica; es decir, se debe determinar si el
uso sobre el que recae el escrutinio del segundo paso debe ser
controlado por el titular de los derechos de autor, o si existe algún
44 Caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), WT/DS160/R, 15 de
junio de 2000, en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/160r-00.pdf.
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42
otro interés en juego que justifique lo contrario. A la luz de las otras
excepciones permitidas por el Convenio [de Berna], tal interés debe
ser público y no meramente privado45.
Este paso «parece reflejar el aspecto empírico o
cuantitativo de la connotación de "normal", en el sentido de
"regular, usual, típico u ordinario"». Siendo una «manera de
evaluar la constatación normativa de la explotación normal
consiste en examinar, además de las formas de explotación
que generan actualmente ingresos importantes o apreciables,
las formas de explotación que, con cierto grado de
probabilidad y plausibilidad, podrían adquirir considerable
importancia económica o práctica», lo que implica que «se
presumiría que las excepciones o limitaciones no atentan
contra la explotación normal de las obras si se limitan a un
campo o grado de aplicación que no suponga competencia
económica con los usos no exentos»46.
3.3. Tercer paso: no perjudicar injustificadamente
intereses legítimos del titular47
Este paso se consagra bajo la expresión que «no caus[e]
perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular»48 y
se cumple indagando sobre
los intereses que están en juego: los de los titulares de derechos
de propiedad intelectual y los de los beneficiarios de los límites. Si
los derechos de usuarios de obras y prestaciones pesan más que
45 SAM RICKETSON, BARRISTER, VICTORIAN BARTHE, The three…, Ob. Cit., 2002,
p. 37.
46 Caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), WT/DS160/R, 15 de
junio de 2000, en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/160r-00.pdf.
47 MARTIN SENFTLEBEN, Copyright…, Ob. Cit., p. 210 y ss.
48 Coinciden el Convenio de Berna, ADPIC y la decisión 351 de 1993.
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43
los de los titulares de propiedad intelectual… se deberá permitir el
límite, aunque cause algún tipo de perjuicio a estos, sin exigir el
pago de remuneración… Si ambos tipos de derechos están
equilibrados, deberá permitirse el límite y el eventual perjuicio
quedaría justificado mediante el pago de una compensación… Y si
los derechos de propiedad intelectual pesan más que los de los
usuarios, entonces debería prohibirse el límite porque, de lo
contrario, afectaría a los intereses legítimos de los titulares de
derechos… Al llegar a este tercer paso es cuando procede valorar
… la justificación de los límites49.
La doctrina señala que debe entenderse en el siguiente
sentido:
El tercer paso solamente es aplicable cuando se hubieren cumplido
los dos anteriores.
Los “intereses legítimos del autor” incluyen tanto los patrimoniales
como los morales del autor y causahabientes. Esto implica
consideraciones jurídicas respecto de los mismos.
El perjuicio o afectación de estos intereses por el uso puede ser
sustancial o material, pero no debe ser “irrazonable” en el sentido
de ser desproporcionado. Esto implica que se pueden evitar
“perjuicios irrazonables” mediante la imposición de condiciones
sobre el uso, incluido el requisito de pagar remuneración50.
La legitimidad de los intereses se refiere «al carácter
lícito en una perspectiva jurídica positivista, pero también
tiene una connotación de legitimidad en una perspectiva más
normativa, en el contexto de exigir la protección de intereses
que se justifican habida cuenta de los objetivos de protección
de los derechos exclusivos». En cuanto a la razonabilidad de
la excepción «el perjuicio de los intereses legítimos de los
49 SEBASTIÁN LÓPEZ MAZA, “Los derechos de explotación”, en Manual de propiedad
intelectual, Tirant lo blanch, Valencia, 2019, 9ª edición, p. 130 y 131.
50 SAM RICKETSON, BARRISTER, VICTORIAN BARTHE, The three…, Ob. Cit., p. 41.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
44
titulares de derechos llega a un nivel injustificado si una
excepción o limitación causa o puede causar una pérdida de
ingresos injustificada al titular del derecho de autor»51.
4. Decisión de los cargos: el deber de transporte o
must-carry no limita ni excepciona el derecho de
comunicación pública por retransmisión de obras
Según los dos primeros cargos de casación, ese deber sí
sería una excepción al derecho patrimonial de autor
reclamado por Egeda, pues de lo contrario se trataría de un
imperativo injustificado y carente de proporción. Comcel
insistió en que esa limitación se desprende de la aplicación
conjunta del artículo 11 de la ley 680 de 2001 y la sentencia
C-654 de 2003 de la Corte Constitucional, por lo que la Sala
examinará la verosimilitud de esos argumentos.
Es evidente que, por sí solo, del artículo 11 de la ley 680
de 2001 no se desprende un límite a los derechos de autor
que satisfaga los parámetros de la regla de los tres pasos. Esa
norma se limitó a imponer a los operadores de televisión por
suscripción el deber de garantizarle a sus usuarios ciertos
canales de televisión colombianos, sin señalar los derechos
afectados ni la improcedencia de remunerar por la
retransmisión. De la norma y su contexto, es claro que los
beneficiarios del deber de transporte o must-carry son los
usuarios de la televisión cerrada, titulares de los derechos a
la pluralidad informativa. Explicado de otra manera, el must-
51 Caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC/WTO), WT/DS160/R, 15 de
junio de 2000, en https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/160r-00.pdf.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
45
carry no es un beneficio para los operadores de televisión por
suscripción, sino para sus usuarios.
Algo diferente podría pensarse de la sentencia C 654 de
2003 donde la Corte Constitucional, para declarar exequible
el citado artículo argumentó que el deber de transporte o
must-carry
no es de ninguna manera [una carga] mayor que el beneficio que
se pretende obtener, el cual consiste en la garantía del derecho a
recibir una información libre e imparcial. Puede afirmarse, incluso,
que lejos de afectar a los operadores de la televisión por
suscripción la medida censurada comporta para ellos
beneficios significativos, en tanto y en cuanto transmiten a sus
usuarios la programación que ofrecen los canales colombianos de
televisión abierta sin tener que cancelar derechos por este
concepto (se destaca).
Se afirma que las consecuencias de esta sentencia para
el derecho de comunicación pública por retransmisión
podrían ser diferentes porque es innegable que la Corte
Constitucional argumentó expresamente que los operadores
de televisión por suscripción cumplirían con el must-carry sin
pagar derechos por ese concepto. Precisamente, esa
consideración le ha servido a Comcel para soportar el núcleo
de los dos primeros cargos de casación.
Sin embargo, una lectura atenta de la sentencia C-654
de 2003 revela que la Corte Constitucional tampoco erigió un
límite -menos una excepción- al derecho de autor de
comunicación pública por retransmisión de obras
audiovisuales y cinematográficas, como pasa a explicarse.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
46
En primer lugar, la Corte Constitucional estableció que
el problema jurídico consistía en
establecer si el artículo 11 de la Ley 680 de 2001… desconoce la
libertad económica consagrada en el artículo 333 de la
Constitución Política, en la medida en que estaría generando una
ventaja comparativa en favor de los operadores de televisión
abierta, haciendo más gravosa las condiciones del negocio de la
televisión por suscripción e interfiriendo en la relación de
competencia que debe darse en dicha actividad (se destaca).
La Corte Constitucional concluyó que el must-carry
respetaba la libertad económica de los operadores de
televisión por suscripción porque
si bien… implica un condicionamiento al ejercicio de dicha
libertad el mismo resulta… razonable y proporcionado, ya que
está dirigido a la realización de los fines del servicio público de
televisión y, particularmente, a la efectividad de los derechos
constitucionales a la información, opinión y cultura (se destaca).
Y agregó que
desde el punto de vista del derecho a la libre competencia el
servicio de televisión abierta y el de televisión por suscripción no
se encuentran en la misma situación fáctica, pues se ha visto como
en el caso de la primera modalidad televisiva la señal de televisión
es recibida en forma libre y gratuita por cualquier persona ubicada
en el área de servicio de la estación, al paso que en la segunda
modalidad la señal, independientemente de la tecnología
de transmisión y utilizada, es recibida únicamente por personas
autorizadas para su recepción quienes deben cancelar una tarifa
por el servicio ofrecido (se destaca).
Además, el must-carry «garantiz[a] el derecho al
pluralismo informativo que le asiste a toda la comunidad»,
finalidad que
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
47
se aviene a los principios superiores del Estado Social de Derecho
pues garantiza a los usuarios de televisión por suscripción acceder
por el mismo sistema, y sin costo alguno, a la información de
carácter nacional, permitiéndoles obtenerla de manera amplia y
adecuada, lo cual contribuye a la formación de una opinión
pública libre…
[H]ace efectivo el pluralismo informativo como objetivo de la
intervención del Estado en el espectro electromagnético, por cuanto
los suscriptores no estarán aislados de los acontecimientos
culturales, sociales y políticos de la realidad nacional…
[A]demás, al tiempo que disfrutan de la televisión extranjera tienen
la opción de acceder a la programación colombiana de
naturaleza cultural, recreativa e informativa, con lo cual se
forman una opinión pública globalizada donde los problemas
nacionales se pueden cotejar con los de otras latitudes en un
interesante ejercicio intercultural…
[Siendo] idónea para la consecución del fin propuesto, por cuanto
si la conexión de los usuarios a una red de televisión por
suscripción implica por razones técnicas que ellos no puedan
recibir las señales de la televisión abierta que emiten los canales
nacionales, resulta adecuado imponerle a los operadores de
dicho servicio el deber de garantizarles a sus suscriptores
la recepción de los canales de la televisión abierta, siempre
y cuando cuenten con la debida capacidad técnica, tal como lo
prescribe la norma acusada (se destaca).
Es bastante fácil identificar los temas precisos y
principales que tuvo en cuenta la Corte Constitucional para
declarar exequible el must-carry: la libertad y la leal
competencia económica, el derecho a la información y al
pluralismo económico y las finalidades del servicio público de
televisión. Esto quiere decir que el derecho de autor, en
general, y el de comunicación pública por retransmisión de
obras audiovisuales y cinematográficas, en particular, no
hicieron parte del análisis de la Corte Constitucional, por lo
que mal podría pensarse que su intención fue consagrarles
un límite o excepción.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
48
En segundo lugar, es cierto que la sentencia C-654 de
2003 dice expresamente que el must-carry debe cumplirse sin
que los operadores de televisión por suscripción como
Comcel «ten[gan] que cancelar derechos por este concepto». No
obstante, esa expresión no satisface la regla de los tres pasos
porque, además de que no se evidencia que se hubiera tenido
en cuenta por la Corte Constitucional, no supera cada uno
de ellos.
La expresión de no «tener que cancelar derechos por este
concepto» contenida en la sentencia C 654 de 2003 no supera
el primer paso consistente en la especificidad,
determinación, precisión, exactitud y certeza de las
excepciones, de tal manera que exista un suficiente grado de
certeza sobre ellas. Recuérdese que esta exigencia se refiere
a la taxatividad, donde se defina claramente y sin
ambigüedades los derechos afectados, pues no puede
aplicarse de manera general, amplia y extensiva, sino
específica, concreta y restrictiva.
Esto es así porque la Corte Constitucional hizo
referencia general e imprecisa a los derechos, sin que de sus
consideraciones pueda inferirse que se refería a los derechos
de autor, menos al de comunicación pública de obras
audiovisuales y cinematográficas.
La frase no «tener que cancelar derechos por este
concepto» contenida en la sentencia C 654 de 2003 tampoco
supera el segundo paso que consiste en no afectar la normal
explotación de la obra. Si esta exigencia impide explotaciones
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
49
que consiste en evitar privar al titular de ingresos notable
consideración económica o práctica, el monto de la condena
impuesta en la sentencia impugnada revela que el monto del
que se privaría a los representados por Egeda, es una razón
de peso para considerar que la comunicación pública de
obras por retransmisión sí afectaría su normal explotación,
sin que pueda objetarse que el must-carry busca garantizar
la pluralidad informativa de los suscriptores, pues para ello
el legislador optó por consagrar un deber de transporte a
cargo de los operadores de televisión cerrada.
Finalmente, la frase no «tener que cancelar derechos por
este concepto» mucho menos supera el tercer paso de no
perjudicar injustificadamente los intereses legítimos del
titular del derecho de comunicación pública. Sobre este
punto Comcel planteó un dilema que no existe porque -se
insiste- el must-carry contribuye al pluralismo informativo de
los suscriptores por ser un deber impuesto a los operadores
de televisión por suscripción quienes, además, deben obtener
las autorizaciones para comunicar de manera pública las
obras audiovisuales o cinematográficas, so pena de
transgredir los derechos de autor y verse compelidos a
indemnizar a los sujetos afectados.
Así las cosas, de la mirada conjunta del artículo 11 de
la ley 680 de 2001 y de la sentencia C-654 de 2003 de la
Corte Constitucional no se desprende un límite o excepción
al derecho de comunicación pública por retransmisión de
obras audiovisuales y cinematográficas que respete la regla
de los tres pasos.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
50
En tercer lugar, reconocer que esas fuentes jurídicas
consagran un límite a un derecho tan específico como el de
comunicación pública por retransmisión de obras
audiovisuales, pasaría por alto sin razón la interpretación
prejudicial de normas andinas que para el caso concreto y,
por tanto, sobre los derechos en juego, presentó el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), con
independencia de que el juez del caso concreto aplique la
hermenéutica que dentro el ejercicio de sus competencias
considere.
En efecto, el 18 de junio de 2020 en el presente proceso
se solicitó la interpretación de normas comunitarias andinas
por parte del TJCA52, la cual fue rendida con ponencia del
magistrado Gustavo García Brito, donde el TJCA interpretó
los artículos 3º, lit b, 13, lit e, 11 y 49 de la decisión 351 de
1993 mediante la interpretación 139-IP-202053. De sus
consideraciones resalta que el TJCA tuvo en cuenta la
opinión diversas entidades latinoamericanas relacionadas
con el derecho de autor como la Dirección Nacional de
Derechos de Autor (Colombia), el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (Bolivia), el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (Ecuador), el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Perú), la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual, la Asociación Interamericana de Propiedad
Intelectual, entre otras.
52 Cuad. Tribunal, archivo “02AuoSolicitaInterpretacionJudicial”.
53 Cuad. Tribunal, archivo “18InterpretacionJudicial”.
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51
Todas esas entidades relacionadas con la divulgación o
defensa de los derechos de autor coincidieron en que:
(I) El operador de televisión por suscripción sí
necesita autorización del titular del derecho patrimonial
sobre las obras audiovisuales para retransmitir la señal o
emisión que las contiene.
(II) La obligatoriedad de esa autorización no varía por
que la retransmisión se haga por mandato de la legislación
interna (deber de transporte o must-carry).
(III) El deber de transporte o must-carry no exime a la
empresa que retransmite de obtener autorización del titular
de derechos patrimoniales sobre las obras retransmitidas.
(IV) La respuesta (III) no varía porque el titular de los
derechos patrimoniales de las obras sea el mismo organismo
de radiodifusión titular de la señal abierta; y
(V) Retransmitir una obra audiovisual (protegida por
el derecho de autor) es diferente de retransmitir la señal o
emisión del organismo de radiodifusión (protegida por los
derechos conexos).
El concepto del TJCA se sustenta en su «jurisprudencia
uniforme y consistente»54, además de coincidir con la del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues la
54 Interpretación prejudicial del TJCA 39-IP-1999.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
52
retransmisión de obras es un nuevo acto de comunicación
pública que necesita autorización del titular, sin que eso
varíe por una obligación o deber legal como el must carry.
Luego de diferenciar los derechos de autor (que recaen
sobre obras) de los conexos (que protegen la señal de
televisión en el caso de los organismos de radiodifusión), al
TJCA le pareció irrelevante que ambos tengan como titular al
mismo sujeto, porque los terceros requieren autorizaciones
diferentes para retransmitir tanto la señal como las obras.
Esto es importante porque Comcel ha señalado que el
consentimiento para retransmitir la señal se extiende y le
permite retransmitir las obras, sin tener que pagar por ese
concepto.
El TJCA concluyó que se infringe el derecho de
comunicación pública respecto de una obra audiovisual por
falta de autorización, cuando se cumplan las siguientes
condiciones, siempre que el reclamante sea una SGC:
(I) Se debe considerar la existencia del derecho de
autor sobre las obras;
(II) Las obras están inscritas ante la respectiva SGC;
y
(III) Que se hayan comunicado las obras sin
autorización.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
53
Teniendo en cuenta la interpretación prejudicial
rendida para el caso concreto por el TJCA, la Sala llama la
atención de los compromisos internacionales de Colombia
pues esa instancia es órgano «supranacional y comunitario,
instituido para declarar el derecho andino y asegurar su
aplicación e interpretación uniforme en todos los países
miembros»55, lo que en palabras de la Corte Constitucional se
traduce en que los países andinos están obligados a adoptar
las medidas necesarias para cumplir la normatividad jurídica
andina que, por supuesto, incluye las interpretaciones
prejudiciales y no pueden tomar decisiones contrarias a su
efectividad56.
Del derecho comunitario andino se predica
supranacionalidad, pues «cualquier acto de las partes que
desconozca el principio “pacta sunt servanda”, significaría
incumplimiento del Tratado, lo cual sería violatorio del derecho
internacional y, en nuestro caso, del derecho comunitario», sin
pasar por alto los postulados de «"primacía" de las normas
comunitarias y… "aplicación directa” de las mismas,
principios que, a la vez, son los que permiten a los Estados
signatarios cumplir con sus obligaciones sin necesidad de
trámites internos que pretendan dar a la norma comunitaria el
vigor que ya tiene desde su origen, la obligatoriedad que
representa para los Países Miembros y la aplicabilidad directa
que le asigna el Tratado, o de procedimientos que deroguen o
modifiquen el derecho interno»57.
55 Art. 40, decisión 500 de 2001.
56 Sentencia C-227 de 1999.
57 Interpretación prejudicial del TJCA 5-IP-89.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
54
En suma, existe «preeminencia de la norma comunitaria
sobre el derecho interno de los países» y «“en caso de conflicto
la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual
se aplica preferentemente ya que ... la norma interna resulta
inaplicable”»58, aspecto que, de llegar a ser desconocido,
podría activar las acciones de incumplimiento de las normas
comunitarias59.
La competencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina para la interpretación prejudicial de las
normas supranacionales de derecho comunitario ha sido un
pilar fundamental en el proceso de integración regional entre
los países miembros. Este mecanismo, inspirado en el
derecho de la integración europea, tiene como objetivo
principal garantizar la aplicación uniforme del derecho
comunitario en todo el territorio de la Comunidad Andina. En
este contexto, se destaca la obligación de los jueces
nacionales de solicitar la interpretación de normas relevantes
del derecho comunitario andino durante el curso de los
procesos judiciales internos. Esta solicitud de interpretación
no solo asegura la coherencia en la aplicación del derecho
comunitario, sino que también fortalece la autoridad del
TJCA en cuestiones de interpretación jurídica en la región.
Por ello, la Sala ha señalado:
Bajo esa perspectiva, surge la necesidad, sin duda alguna, de
aplicar los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal
58 Interpretación prejudicial del TJCA 10-IP-1994.
59 Arts. 107, 111 y 119 de la decisión 500 de 2001.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
55
de Justicia de la Comunidad Andina propiciando así la
interpretación prejudicial, máxime que los restantes requisitos
establecidos para su viabilidad concurren en este particular caso,
concretamente que el país hace parte de dicho tratado; que, como
se ha dicho, se está frente a una interpretación de normas de la
Comunidad Andina; que la consulta surge de un ente jurisdiccional
del país consultor; y, por último, que la situación aquí planteada
no tiene ya recursos que hagan susceptible de reexamen el caso
ventilado, aspecto este del que, huelga precisarlo, la resolución del
conflicto por parte de esta Corporación no soporta impugnación
alguna, salvo, eventualmente, el extraordinario de revisión, lo que
no obsta para la consulta dispuesta, como así lo ha determinado
el Tribunal Andino (CSJ, SC 31 may. 2007).
Para efectos de claridad, la Sala resalta que, según la
sentencia impugnada, el Tribunal estimó transgredido el
derecho de autor de comunicación pública por retransmisión
de obras audiovisuales y cinematográficas representadas por
Egeda, y no por el derecho conexo de retransmisión de la
señal televisiva de los organismos de radiodifusión.
Así las cosas, la Sala concluye que el deber de
transporte o must-carry previsto en el artículo 11 de la ley
680 de 2001, interpretado a la luz de la sentencia C-654 de
2003, es, en realidad, un deber a cargo de los operadores de
televisión por suscripción que beneficia del pluralismo
informativo a sus suscriptores y no constituye un límite o
excepción al derecho de comunicación pública por
retransmisión de obras audiovisuales y cinematográficas
reclamado por Egeda.
Ese deber de transporte o must-carry no se observa
contrario al orden justo, la libertad económica o carente de
proporcionalidad, como sin mayor desarrollo lo calificó
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
56
Comcel, pues tiene sentido en la medida de que debe ser
cumplido por los operadores de televisión cerrada con el fin
de garantizar los objetivos que se han señalado, para lo cual
deben procurar las autorizaciones de los productores de las
obras audiovisuales y cinematográficas que retransmiten, so
pena de incurrir en responsabilidad civil extracontractual
por infracción del derecho de autor de comunicación pública.
Obsérvese que la Sala no está haciendo a un lado la vigencia
del artículo 11 de la ley 680 de 2001, ni mucho menos de la
sentencia C-546 de 2003 para darle prevalencia a otras
disposiciones, sino que está haciendo una interpretación
conjunta y sistemática de esas fuentes para concluir que no
consagran un límite o excepción al derecho de autor de
comunicación pública.
En tal orden de ideas, por los anteriores razonamientos
no prosperan los cargos primero y segundo.
CARGO TERCERO
Bajo la segunda causal de casación imputó
desconocimiento indirecto de «los artículos 72 de la ley 23 de
1982 (por aplicación indebida), 13, literal b) de la decisión
andina 351 de 1993…(también por aplicación indebida), …11
bis, numeral 1 del convenio de Berna (por aplicación indebida),
…11 de la ley 680 de 2001 (por falta de aplicación) y… 2341
del Código Civil», debido a errores de hecho sobre las pruebas
que demostraron que Caracol TV y RCN TV («mandatarios de
Egeda») consintieron la retransmisión y facilitaron a Comcel
los códigos y elementos necesarios para realizarla, lo que
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
57
desdice la vulneración de derechos imputada a Comcel y
excluye un perjuicio resarcible.
Agregó que la autorización para la retransmisión o re-
comunicación sin remuneración se prolongó durante años y
vivificó en Comcel la confianza legítima de que no se le
reclamaría por ese concepto.
Identificó como pruebas sobre las que se cometieron los
errores de hecho las siguientes:
(I) Resolución 2291 de 22 de septiembre de 2014,
expedida por la (ANTV), prueba de que «durante más de 13
años los canales privados de televisión abierta nacional han
permitido la retransmisión de sus señales en los sistemas de
televisión cerrada sin costo alguno»;
(II) Sentencia de segunda instancia del Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Civil, proferida el 28 de marzo de
2017 en el proceso de competencia desleal de Caracol
Televisión S.A. y RCN televisión S.A. contra Telmex Colombia
S.A. y otros, pues dentro de los hechos narrados por esos
canales se deriva que autorizaron a Comcel para «retransmitir
la señal de su canal HD a través del servicio de televisión por
suscripción… En el caso de Caracol… hasta el 15 de abril de
2014… y RCN hasta el 30 de abril de ese mismo año»;
(III) Declaración del «testigo experto» Ernesto Orozco
Orozco, quien fuera director de la Junta Directiva de la ANTV,
quien sostuvo que la retransmisión de la señal sólo era
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
58
posible con «la participación activa de Caracol Televisión y
RCN Televisión»; y
(IV) Dictamen pericial de Daniel Peña Valenzuela quien
concluyó que «para que pueda existir retrasmisión de
programas como los que trasmiten Caracol y RCN, necesaria e
indefectiblemente se requiere una autorización por parte de
estos últimos pues de no contar con ella dichos canales
cuentan con una pluralidad de mecanismos o instrumentos
tecnológicos que les permite, de suyo, impedir o inhibir la
consabida retrasmisión».
Concluyó diciendo que las normas citadas fueron
vulneradas por haberse desconocido que Comcel sí contaba
con autorización para retransmitir las obras.
CONSIDERACIONES
La Sala se tomó el tiempo de delinear los derechos
patrimoniales de autor y distinguirlos de los conexos con el
fin de precisar que los primeros recaen sobre obras como las
audiovisuales y cinematográficas, mientras que los segundos
protegen -para el caso de los organismos de radiodifusión-,
la señal o emisión.
El cargo anterior pretende hacer caso omiso de esa
diferencia trascendental, como si los derechos de autor y los
conexos no fueran prerrogativas independientes. Esto es así
porque, con excepción del dictamen de Daniel Peña
Valenzuela, las otras pruebas sobre las que, según Comcel,
recayeron los errores de hecho del Tribunal versan sobre el
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
59
posible consentimiento de RCN y Caracol TV para que
Comcel transmitiera la señal televisiva, no las obras
audiovisuales y cinematográficas.
En efecto, la Resolución 2291 de 22 de septiembre de
2014 de la ANTV se refiere a las «señales en los sistemas de
televisión cerrada sin costo alguno»; los hechos que dieron pie
al proceso de competencia desleal que culminó mediante
sentencia de 28 de marzo de 2017 del Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Civil, igualmente versan sobre «la señal de su
canal HD», lo mismo que la declaración del experto Ernesto
Orozco Orozco, sin pasar por alto -eso es claro para la Sala-
que en su criterio el deber de transporte o must-carry sí sería
límite o excepción a los derechos de autor, aspecto dilucidado
por la Corte al resolver los dos primeros cargos.
Tampoco se observa error de hecho sobre el dictamen
de Daniel Peña Valenzuela. Por el contrario, en vez de
supresión de su contenido objetivo (una de las modalidades
de yerro fáctico), se evidencia que el Tribunal sí tuvo en
cuenta las conclusiones del experto, pero se apartó de ellas
porque estimó que la posibilidad de cortar el suministro de
la señal (black out) por parte de los canales de televisión que
representa Egeda, no puede traducirse en la autorización
para comunicar públicamente mediante retrasmisión obras
audiovisuales y cinematográficas.
El TJCA sustenta la diferencia y separabilidad de las
autorizaciones para retransmitir la señal, por un lado, y las
obras audiovisuales y cinematográficas, por el otro,
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
60
explicando con claridad que la una no puede extenderse a la
otra:
una empresa que presta el servicio de televisión por suscripción
(señal cerrada) tiene que obtener tanto una autorización del
titular de la obra audiovisual que retransmite, como una
autorización del organismo de radiodifusión titular de la
señal que retransmite, en ambos casos, a través de su servicio.
Ahora bien, si el organismo de radiodifusión es titular,
además, de obras audiovisuales, la empresa que presta el
servicio de televisión por suscripción necesita dos
autorizaciones de ese organismo de radiodifusión: una, por
retransmitir la obra audiovisual (derecho de autor) de titularidad
del organismo de radiodifusión; y la otra, por retransmitir la señal
(derecho conexo) del referido organismo de radiodifusión (se
destaca)60.
La doctrina también sustenta la diferencia que existe
entre autorizar la retransmisión de la señal y comunicar de
manera pública de obras:
cuando la distribución de programas radiodifundidos es realizada
por un organismo distinto al de origen, en todas las circunstancias
importa un nuevo acto de comunicación pública y, como
consecuencia del monopolio de explotación de que goza el autor,
debe estar expresamente autorizado por este y ser
retribuido.
En este último caso, nos encontramos frente a una explotación
secundaria de la obra, distinta se su radiodifusión, pues se brinda
un nuevo servicio -que no presta el organismo de origen-
consistente en la captación de las ondas radioeléctricas emitidas
por este, en su amplificación, modulación y distribución,
posibilitando así que las obras sean comunicadas con nitidez a
públicos nuevos pues, de otro modo, no las recibirían o solo las
captarían muy defectuosamente. De ahí que sea necesaria la
autorización autoral y el pago de una remuneración por
parte del cable-distribuidor no comprendida en el pago que
realiza el organismo de origen, el que solo incluye las
actividades realizadas por este y que fueron las tenidas en
vista por las partes al contratar (se destaca)61.
60 Interpretación prejudicial del TJCA 122-IP-2020.
61 DELIA LIPSZYC, Ob. Cit., p. 135.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
61
Otro doctrinante opina de manera parecida:
Los actos de comunicación al público de las señales portadoras de
programas deberían requerir siempre la autorización del
organismo de radiodifusión, además de la correspondiente de los
otros titulares de derechos62.
En consecuencia, comoquiera que Comcel pretende
extender la autorización para retransmitir la señal televisiva
a un beneplácito para comunicar de forma pública obras
audiovisuales, a pesar de que son objetos distintos
protegidos por derechos diferentes, no se configura un yerro
fáctico evidente que hubiera vulnerado de manera indirecta
la normativa sustancial razón que justifica que no prospera
el cargo tercero.
CARGO CUARTO
Invocando la segunda causal de casación denunció
desconocimiento indirecto de los artículos «830 del Código de
Comercio (por falta de aplicación), …13, 83 y 95 de la
Constitución [Política] (por falta de aplicación), …4º y 8º de la
ley 153 de 1887; …2341 del Código Civil (por aplicación
indebida); y …72 de la ley 23 de 1982 (por aplicación
indebida), al mismo tiempo que por desconocer el principio
general de buena fe, el de la protección de la confianza
legítima, y aquel que proscribe el abuso del derecho (por falta
de aplicación)» por errores de hecho al descartar la excepción
de mérito «denominada “ejercicio intempestivo de un derecho
62 GUSTAVO SCHÖTZ. El derecho conexo de los organismos de radiodifusión y la
necesidad de un nuevo tratado internacional. “Revista Iberoamericana de la
Propiedad Intelectual”, Argentina, N° 10, diciembre 2017.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
62
o la doctrina del Verwirkung”» (retraso desleal) donde alguien
«de forma sorpresiva, ejerce un determinado derecho, a
sabiendas de que previamente había dejado trascurrir un
apreciable lapso, o período de tiempo -inferior, por naturaleza,
a aquél relativo al de la prescripción-, sin haber hecho uso de
tal derecho, generándose… la confianza legítima en la otra
parte, concerniente a que dicho derecho no sería ejercitado».
Identificó errores de hecho sobre las siguientes pruebas:
(I) Comunicaciones de las partes de 2016 (no 2006,
como dijo el Tribunal), enviadas el 25 de febrero, 17 de
marzo, 20 de abril de ese año, 10 años luego de la creación
de Egeda, sobre todo cuando poco tiempo más tarde instauró
la demanda;
(II) Conducta o actitud de RCN y Caracol TV al iniciar
otro proceso judicial contra Comcel donde reclamaron por los
derechos conexos sin incluir las pretensiones de ahora, y
donde se confesó que Comcel estuvo autorizada hasta 2014
a retransmitir obras, lo que hizo suponer a Comcel que no
sería demandada por derechos de autor;
(III) Resolución 2291 de 22 de septiembre de 2014,
expedida por la ANTV, prueba de que «durante más de 13
años los canales privados de televisión abierta nacional han
permitido la retransmisión de sus señales en los sistemas de
televisión cerrada sin costo alguno»;
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
63
(IV) Declaración del «testigo experto» Ernesto Orozco
Orozco, quien fuera director de la Junta Directiva de la ANTV,
quien sostuvo que la retransmisión de la señal sólo era
posible con «la participación activa de Caracol Televisión y
RCN Televisión»; y
(V) Dictamen pericial de Daniel Peña Valenzuela quien
concluyó que «para que pueda existir retrasmisión de
programas como los que trasmiten Caracol y RCN, necesaria e
indefectiblemente se requiere una autorización por parte de
estos últimos pues de no contar con ella dichos canales
cuentan con una pluralidad de mecanismos o instrumentos
tecnológicos que les permite, de suyo, impedir o inhibir la
consabida retrasmisión».
CONSIDERACIONES
La doctrina del «retraso desleal» invocada por Comcel se
justifica en que la omisión en el ejercicio de un derecho
subjetivo por un lapso considerable impide exigirlo, en razón
a que se ha cimentado en la otra parte la confianza legítima
de que no se haría valer.
El comportamiento, tanto el positivo (acción) como el
negativo (omisión), genera consecuencias para el sujeto que
lo observa, sobre todo cuando se trata de derechos
renunciables, pues, como ha reconocido la Corte en punto al
«Verwirkung» invocado por Comcel
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
64
[es] conducta contraria a la buena fe objetiva, por el transcurso de
un término significativo del cual la parte contraria legítimamente
confía en que su titular no va a ejercer un derecho (S. 21 de octubre
de 2005) (SC, 28 ab. 2011, rad. n.° 2005-00054-01).
Y ha reiterado que
concierne con la inadmisibilidad del ejercicio de un derecho
abandonado por un período significativo, desprendimiento que
crea en la parte contraria la creencia objetiva de que ya no hará
valer tal derecho. Situación semejante, se dice, contraviene la
buena fe. No obstante, debe aparecer de manera clara la actitud
desleal e intolerable para el adversario (SC, 24 en. 2011, rad.
n.° 2001-00457-01).
Por su parte, la doctrina explica que «el ‘retraso desleal’,
sancionado por la buena fe, consiste en la inadmisibilidad del
ejercicio del derecho cuando el titular no se ha preocupado
durante un período de tiempo más o menos largo de hacerlo
valer y ha dado lugar con su inactividad a que la otra parte de
la relación jurídica confíe en que el derecho ya no será
ejercitado»63.
De configurarse el retraso desleal, el ejercicio del
derecho por el titular se torna inadmisible, en el sentido de
que los afectados pueden oponerse a su disfrute o restarle
prosperidad a la reclamación que se promueva para tal fin.
Se trata de un límite para no afectar a quienes tienen
confianza legítima sobre su no disfrute.
63 ANTONIO MORENO GARCÍA, Buena fe y derechos fundamentales en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En Revista Española de Derecho
Constitucional, año 13, n.° 8, mayo-agosto, 1993.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
65
Precisa la doctrina: «[l]a confianza legítima se predica de
la no actuación futura del derecho, no de su extinción, ya que
el sujeto pasivo no tiene por qué dudar de la subsistencia del
derecho. Si, por lo tanto, se protege una confianza razonable
en el no ejercicio, lo que debe impedirse, convirtiéndolo en
inadmisible, es dicho ejercicio, sin que se observe razón
alguna que justifique la necesidad de la extinción del
derecho»64.
Las pruebas sobre las que pretendieron mostrarse los
errores de hecho del Tribunal no fueron cercenadas en su
contenido objetivo por el Tribunal, como pasa a mostrarse.
En efecto, las comunicaciones de 2016 muestran, por el
contrario, que antes de la presentación de la demanda Egeda
reclamó a Comcel por los derechos de comunicación pública
de obras audiovisuales de sus afiliados, lo que denota que
con anterioridad de la instauración de acciones judiciales
Egeda sí fue activo en la protección de los derechos de sus
representados, así ello hubiera ocurrido el mismo año de
radicación de la demanda65. Por la naturaleza de los derechos
reclamados, cuyos titulares directos son los productores
audiovisuales y cinematográficos, y no Egeda, resulta
irrelevante que hubiera pasado, para efectos del retraso
desleal, diez años desde la constitución de la demandante
hasta la presentación de la demanda, hecho bajo el que
Comcel pretendió construir un error de hecho.
64 Ibidem, p. 183.
65 Inicialmente, la radicación del proceso era 2016-84700 hasta que el Tribunal le
ordenó a la DNDA remitir el asunto a los Jueces Civiles del Circuito, donde recibió el
número de radicación que actualmente tiene.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
66
El comportamiento de RCN y Caracol al promover otro
proceso judicial por competencia desleal sin incluir las
pretensiones del caso de la radicación, tampoco denota
retraso desleal que impida reclamar por la comunicación de
obras audiovisuales y cinematográficas, pues ese otro asunto
versó sobre los derechos conexos (que, recuérdese, protegen
la señal televisiva), mientras que el de ahora se refiere a los
de autor que resguardan las obras audiovisuales.
Esa distinción es relevante en punto a la Resolución
2291 de 22 de septiembre de 2014, expedida por la ANTV,
que, a pesar de referirse a la autorización de señales
televisivas, y no de obras audiovisuales y cinematográficas,
fue invocada como una de las pruebas sobre las que,
supuestamente, se cometió un yerro fáctico. Tal equivocación
no se presentó, pues resulta evidente que se refiere a un
objeto distinto al que pretende protegerse con las
pretensiones de Egeda.
Algo similar ocurre con la declaración de Ernesto
Orozco Orozco y el dictamen de Daniel Peña Valenzuela, de
los que no se deriva error de hecho porque el Tribunal
hubiera dejado de apreciar que sí probaban retraso desleal
de Egeda o sus representados.
La Sala recuerda que las simples discrepancias de
criterio sobre la valoración de las pruebas no edifican errores
de hecho, pues la adición o supresión de su contenido
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
67
objetivo deben advertirse de manera evidente y manifiesta, lo
que no sucedió en el presente caso.
En tal orden de ideas, por no haberse demostrado los
errores de hecho denunciados, fracasa el cuarto cargo.
CARGO QUINTO
De acuerdo con el segundo motivo de casación invocó la
violación indirecta de «los artículos 72 de la ley 23 de 1982
(por aplicación indebida), 13 literal b) de la Decisión 351 de
1993 (por aplicación indebida), 1613, 1614, 2341 del Código
Civil (por aplicación indebida), …consecuencia de yerros
probatorios de hecho evidentes y trascendentes».
Antes de referir los errores fácticos, recordó que el
Tribunal criticó al a quo por enmarcar la controversia en la
responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, el
Tribunal llegó al mismo destino temático porque omitió
decidir las pretensiones declarativas de Egeda relacionadas
con la comunicación pública por retransmisión sin
autorización y la vulneración de derechos de autor, «imaginó
una pretensión declarativa distinta a la responsabilidad civil»,
al declarar a Comcel responsable de los perjuicios causados
y condenarla a indemnizar «lucro cesante», negar el pago de
intereses porque la obligación existe desde su declaratoria
judicial y estimar cumplidos los presupuestos de «la
indemnización pretendida».
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
68
Identificó error de hecho en la interpretación de la
demanda, la fijación del litigio y la sustentación de la alzada
porque el Tribunal concluyó que se pretendían las regalías
dejadas de pagar según las tarifas de Egeda, en vez de un
perjuicio extracontractual, como si se tratara de una
obligación precisa, concreta e incumplida por Comcel, lo cual
sería intrascendente porque «en la parte resolutiva del fallo,
desvió su mirada hacia la responsabilidad civil».
Señaló que la indemnización presupone la existencia de
un perjuicio cierto, concreto, singular determinado, así como
las diferencias entre la responsabilidad contractual y
extracontractual, agregando que el desconocimiento de una
obligación previa no permite presuponer perjuicios porque la
afectación debe probarse en su existencia y cuantía, lo que
también ocurre en la responsabilidad extracontractual
porque sin daño no hay responsabilidad.
Precisó que si la demanda se hubiera encausado en la
infracción de derechos de autor y el cobro de una obligación
insoluta, se estaría en un asunto de «declaración y condena
en punto al cumplimiento coactivo de una obligación previa».
Endilgó al Tribunal error de hecho «mayúsculo, evidente
y manifiesto» por suponer «prueba de la existencia del
perjuicio… de… los… representados por Egeda», pues si se
llegara a «considera[r] que el Tribunal dedujo la existencia el
daño a partir del no pago de los derechos de autor…, se
comprueba la presencia de un error facti in iudicando, al
derivar, de tal hecho, la prueba del perjuicio, pues constituiría
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
69
meramente una conjetura, un atisbo -o boceto- probatorio, un
dato o vestigio… contingente, en tanto que forzosamente no se
dirige a la demostración siquiera virtual de la existencia del
perjuicio, que… debe ser cierto… y… acreditado cabal y
fehacientemente».
Agregó que «con ese único indicio puramente contingente,
y que virtualmente permitiría inferir tanto el perjuicio como el
beneficio, no podía el Tribunal proceder como si hubiese
certidumbre del daño, requisito sine qua non que la
jurisprudencia siempre ha exigido», lo que se traduce en
«creación judicial» del daño por la falta de pago de unos
derechos que Comcel no adeuda, configurando un «perjuicio
hipotético o eventual».
Finalizó argumentando que el error de hecho consistió
en estimar cierto un perjuicio que, en realidad, era hipotético
a partir de un hecho contingente, lo que vulneró el artículo
2341 del Código Civil que exige un daño para que pueda
ordenarse su indemnización, lo que también evidencia
vulneración de los artículos 72 de la ley 23 de 1982 y 13,
literal b, de la decisión 351 de 1993, que no podían aplicarse
como se usaron porque debía acreditarse la existencia del
perjuicio.
CONSIDERACIONES
El anterior cargo sugiere, de manera poco inteligible,
que el Tribunal se extravió del marco de la decisión
determinado por la demanda, la fijación del litigio y la
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
70
sustentación de la alzada, al resolver un asunto de
responsabilidad contractual por incumplimiento de una
obligación previa, en vez de uno extracontractual.
Tal defecto no se presentó por múltiples razones, entre
ellas que de la sentencia impugnada es claro que entre
Comcel y Egeda no existió vínculo previo que se hubiera
incumplido, que la indemnización surgió por la infracción del
derecho de comunicación pública previsto legalmente y que
el Tribunal negó los intereses moratorios porque la obligación
surge desde que se reconoce en la sentencia, como suele
suceder en los casos de responsabilidad civil
extracontractual, razón por la que se negaron los intereses
de mora.
La Sala también negará la prosperidad del cargo en
punto a la supuesta inexistencia de la prueba del perjuicio
porque sobre ese punto Comcel no refirió un solo medio
suasorio sobre el que hubieran recaído los errores de hecho.
Simplemente mencionó, sin mayor desarrollo, un supuesto
indicio cuyos elementos no detalló ni precisó en qué
consistía.
Obsérvese que, a diferencia de lo argüido por Comcel, el
Tribunal no reconoció un perjuicio incierto o eventual, sino
uno que estimó cierto y real, conclusión a la que llegó luego
de valorar el informe de Business Bureau, prueba de la
retransmisión de obras cinematográficas por hora, día y
canal, respecto del cual ninguna labor de contraste efectuó
Comcel.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
71
El Tribunal también consideró cierta la afectación de los
representados por Egeda con base en el hecho notorio de que
Comcel ofreció a sus suscriptores los canales RCN y Caracol
TV, así como la constatación de que Comcel «no ha pagado
ningún importe por la nueva difusión de las producciones
audiovisuales, que como quedó dicho…, es una erogación que
debe sufragar», pruebas sobre las que -pese a haber
enrostrado un error de hecho- nada se dijo en el cargo, lo que
determina su carencia de prosperidad.
Así las cosas, por las razones anotadas no prospera el
quinto cargo.
CARGO SEXTO
Bajo la primera causal de casación imputó vulneración
directa de «los artículos 2341 del Código Civil (por aplicación
indebida), 73 de la ley 23 de 1982 (por falta de aplicación), y
48 de la decisión andina 351 de 1993, en relación con el… 30
de la ley 44 de 1993 y 48 de la decisión andina 351 de 1993».
Explicó que la vulneración del precepto 73 de la ley 23
de 1982 radica en que su parágrafo ordena que, cuando no
haya contrato entre la SGC y quien debe pagar los derechos
de autor, las tarifas no pueden superar las acordadas por la
SGC en otros casos similares. No obstante, el Tribunal
concluyó que «el hecho de que… se haya cobrado una tarifa
inferior a otros operadores podría haber sido en razón de una
posible conciliación y/o concertación entre las partes,
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
72
circunstancia que no se puedo verificar en el sublite…» (la
subraya es del casacionista).
Recordó que Egeda confesó en la «solicitud de pruebas
anticipadas» que otros operadores de televisión por
suscripción le pagan quince centavos de dólar por el número
mensual de suscriptores a cambio de la autorización para
retransmitir obras audiovisuales y cinematográficas
administradas por la demandante, suma dineraria que debió
servir de base para calcular la indemnización.
Por consiguiente, afirmó que «habiendo advertido el ad
quem esa afirmación de la parte demandante» debía aplicar la
parte final del artículo 73 de la ley 23 de 1982 para liquidar
«los perjuicios a razón de $0.15 de dólar y no de $0.30 de dólar
como sin fundamento lo hizo -aumentando… el valor que
estableció finalmente como adeudado», proceder que
desconoció los preceptos 2341 del Código Civil, 16 de la ley
446 de 1998 y 283 del Código General del Proceso al causar
«enriquecimiento» de la demandante a raíz de la condena, en
vez de una «reparación integral».
Adicionó que el artículo 48 de la decisión andina 351 de
1993 exige «tener en consideración los ingresos que reciba
quien hace uso de la obra, para aplicar la tarifa en proporción
a los mismos», limitante de la que no tomó nota el Tribunal
para cuantificar la indemnización pues, si según el artículo
11 de la ley 680 de 2001, los operadores de televisión por
suscripción no reciben remuneración por el must-carry,
«hubiera tenido que concluir que como los ingresos de Comcel
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por la retransmisión fueron US$0,oo, lo proporcional, es decir,
lo que mantiene una proporción o razón constante entre la
tarifa de Egeda (US$0.15) y el ingreso (US”0.0) era
forzosamente US$0.oo.», razón por la que la condena por
perjuicios es exorbitante.
CONSIDERACIONES
El anterior cuestionamiento critica, desde la vía directa,
que el Tribunal hubiera calculado el monto del lucro cesante
con base en las tarifas de los estatutos de Egeda que,
además, sirvieron para efectuar el juramento estimatorio de
la demanda que, igualmente, fue acogido en la sentencia
impugnada. Por ello, es necesario hacer las explicaciones
necesarias sobre las modalidades de gestión de derechos de
autor que permitan resolver el cuestionamiento.
1. Gestión individual
1.1. El titular originario o derivado (por la celebración
de actos jurídicos como la cesión) de los derechos de autor
puede realizar, autorizar, prohibir o reclamar (en el sentido
amplio del término) por la indebida utilización de su obra,
como, por ejemplo, la comunicación pública por
retransmisión sin su beneplácito previo y expreso.
Esta forma de ejercer directamente las prerrogativas
autorales le permite al autor conservar el control inmediato
sobre su creación; sin embargo, en algunos casos puede
resultar costosa e, inclusive, extraña al giro ordinario de su
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
74
labor creativa porque tendría que monitorear cada uso de la
obra, con la complejidad de que, en términos generales,
puede dificultarse saber con precisión cuándo, cómo y dónde
fue explotada66. Por supuesto, generalmente los creadores
están en libertad de gestionar directamente sus derechos.
La gestión directa de los derechos de autor también
puede dificultar la actividad de los interesados en utilizar la
obra, pues tendrían que contactar directamente al titular
para obtener la autorización y pagar la remuneración, sin
pasar por alto que cada negociación puede tener una tarifa
diferente.
Esto muestra que aunque el derecho de autor se puede
gestionar sin cortapisas directamente por sus autores, esa
forma puede resultar ineficiente. Las dificultades de la
gestión directa de autor puede subir de punto respecto de las
obras audiovisuales y cinematográficas (sobre las que versa
la presente controversia) que se caracterizan por su
complejidad, sobre todo porque comprenden múltiples
campos de acción humanos y requieren diversos aportes no
sólo intelectuales sino también patrimoniales, dado que
confluye un sinnúmero de creadores como autores literarios,
musicales, guionistas, actores, intérpretes, ejecutantes,
escenógrafos, entre muchos otros, cuyos derechos de autor
individuales también deben resguardarse. Por esa razón,
otorgar derechos exclusivos a cada uno de los partícipes de
obras cinematográficas o audiovisuales resultaría
66 DELIA LIPSZYC, Ob. Cit., p. 30.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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sumamente complejo y, de acuerdo con las particularidades
específicas de cada caso, podría hacerlos nugatorios.
Para conjurar ese inconveniente, el Convenio de Berna
(art. 14 bis 2, lit b) y la ley 23 de 1982 (art. 98) establecen
una cesión presunta, salvo pacto en contrario, de los
derechos patrimoniales a favor del productor de obras
audiovisuales y cinematográficas. Esto quiere decir que, por
ministerio de la ley, el productor de una obra audiovisual, es
decir, «la persona natural o jurídica que goza de la iniciativa
de la creación intelectual, y que asume la responsabilidad de
una grabación audiovisual»67, generalmente cuenta con la
titularidad de los derechos de autor sobre la obra, a menos
que los demás creadores acuerden algo distinto.
Tal cesión presunta faculta al productor de obras
audiovisuales y cinematográficas ejercitar los derechos
patrimoniales de autor, evitando su ejercicio simultáneo por
los demás autores e incentivando la actividad empresarial
que gira en torno a la producción de la obra. Se trata de una
cesión acorde con la Constitución Política porque permite
pacto en contrario, resguarda la autonomía privada y radica
«la capacidad de disposición sobre la obra en quien la impulsa,
la financia, realiza las correspondientes inversiones y asume
los riesgos, sin menoscabar con ello los derechos morales de
cada uno de los colaboradores y sin restringir su capacidad
para libremente acordar los términos de sus respectivos
contratos»68.
67 Interpretación prejudicial del TJCA 177-IP-2013.
68 Sentencia C-276 de 1996 de la Corte Constitucional.
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76
Lo anterior, por supuesto, no desdice los otros derechos
exclusivos que tienen los productores de obras
cinematográficas:
A. Fijar y reproducir la obra cinematográfica para distribuirla y
exhibirla por cualquier medio a su alcance en salas
cinematográficas o en lugares que hagan sus veces o cualquier
medio de proyección o difusión que pueda surgir, obteniendo un
beneficio económico por ello;
B. Vender o alquilar los ejemplares de la obra cinematográfica o
hacer aumentos o reducciones en su formato para su exhibición;
C. Autorizar las traducciones y otras adaptaciones o
transformaciones cinematográficas de la obra, y explotarlas en la
medida en que se requiere para el mejor aprovechamiento
económico de ella, y perseguir ante los tribunales y jueces
competentes, cualquier reproducción o exhibición no autorizada de
la obra cinematográfica, derecho que también corresponde a los
autores quienes podrán actuar aislada o conjuntamente (art.
103, ley 23 de 1982).
Así las cosas, los creadores pueden ejercer y hacer
respetar sus derechos directamente y, en el caso de las obras
audiovisuales y cinematográficas, a menos que exista pacto
en contrario, tal conducta puede ser realizada por el
productor.
1.2. La gestión individual también puede efectuarse de
manera indirecta, o sea, con intermediación de un sujeto
diferente al creador que recibe el encargo (mandato) del
titular de los derechos de autor para que proteja de la obra.
2. Gestión colectiva de derechos de autor
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77
Esta modalidad es netamente indirecta porque no se
realiza directamente por los creadores sino por un tercero e
intermediario: las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC).
Se trata de «organizaciones de derecho privado
destinadas a representar a los titulares de estos derechos en
interés general de los asociados, que hacen posible el ejercicio
colectivo de los derechos patrimoniales de autor y de derechos
conexos. Pueden ser socios de las sociedades de gestión
colectiva los autores y los titulares de derechos de autor, de
una parte y los titulares de derechos conexos de otra,
pudiendo converger en una misma sociedad, titulares
originarios y derivados de una misma rama de la actividad
autoral»69.
Las SGC cuentan con facultades para representar a los
autores, convenir tarifas y condiciones de uso, conferir
licencias, recaudar regalías, distribuirlas entre los creadores,
entre otras70. Además, la eficacia de las SGC es mayor porque
pueden tener alcances internacionales mediante los
acuerdos de representación recíproca, donde la SGC de un
país acuerda con la de otro hacer valer en el territorio de la
otra las obras que hacen parte del portafolio de la primera71.
La gestión colectiva busca enervar las deficiencias de la
gestión individual, pues estas entidades especializadas
69 Interpretación prejudicial del TJCA 22-IP-1998.
70 DOMINIQUE KAESMACHER Y THÉODORA STAMOS. Brevets, marques, droits
d'auteur: mode d'emploi. D. Questions partículíeres. 2. La gestíon colleective. Edipro,
Liege, 2009.
71 LUCIE GUIBAULT Y STEF VAN GOMPEL, “Collective management in the European
Union”, en Collective Management of Copyright and Related Right, Alphen aan den
Rijn, Netherlands, Kluwer Law International, 2006 p. 158.
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78
administran los derechos y monitorean el uso de las obras
con mayores herramientas para desempeñar esa labor72.
Por mandato legal, las SGC deben carecer de ánimo de
lucro73, no están reguladas por las normas comerciales
societarias y se encuentran sometidas a intervención
estatal74.
Para facilitar las labores de las SGC, la ley las exonera
expresamente de que tengan que demostrar cuáles titulares
de derechos y qué obras representan, pues las SGC gozan de
legitimación o autorización presunta para hacer respetar
judicial y extrajudicialmente los derechos autorales75. Es
decir, la SGC está exenta de demostrar su representación
porque esta se presume; por el contrario, quien considere que
una SGC no representa a un determinado titular o una obra,
tendrá la carga probarlo. Sin embargo, ello no impide que en
un proceso judicial el juez pueda invertir la carga de la
prueba y la asigne a la SGC para que demuestre la
representación cuando se encuentre en una situación más
favorable de aportar las evidencias respectivas, en los
términos del artículo 167 del Código General del Proceso,
decisión que está sometida a recursos y debe ser oportuna.
La legitimación presunta de las SGC recibió el aval
constitucional mediante C-833 de 2007, donde la Corte
Constitucional señaló:
72 DELIA LIPSZYC, Ob. Cit., p. 409.
73 Art. 10, ley 44 de 1993.
74 Art. 43, decisión andina 351 de 1993 y art. 37, ley 44 de 1993.
75 Art. 49 decisión 351 de 1993; art. 2.6.1.2.9, decreto 1066 de 2015.
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79
si bien la Corte ha señalado que para la administración de sus
derechos los titulares de derechos de autor y derechos conexos
pueden acogerse a formas de asociación distintas a la gestión
colectiva, o realizar sus reclamaciones en forma individual,
también ha sido expresa en puntualizar que quien quiera acceder
a la modalidad de gestión prevista para las sociedades de gestión
colectiva, debe acogerse a las previsiones legales sobre la materia.
Eso sí, la legitimación presunta de las SGC no las
convierte en titulares de los derechos de autor, pues estos
corresponden a los creadores en sus diversas modalidades.
La labor de las SGC consiste, entonces, en representar a los
titulares de derechos de autor y conexos.
Para que opere la legitimación presunta es necesario
acreditar el certificado de existencia y representación de la
SGC expedido por la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, así como sus estatutos y, según el caso, los contratos
de representación recíproca.
Otra de las facilidades derivadas de la gestión de las
SGC radica en la posibilidad de fijar tarifas en sus
reglamentos o estatutos «para soportar las acciones
administrativas y judiciales en caso de infracción a los
derechos administrados por la sociedad; [que] además,
genera[n] igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio
administrado por la institución»76.
Es deber de las SGC publicar, al menos anualmente,
tales tarifas generales fijadas en sus estatutos, las cuales,
como señala la demanda de casación de Comcel, deben ser
76 Interpretación prejudicial del TJCA 120-IP-2012.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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proporcionales a los ingresos obtenidos con la utilización de
las obras77.
3. Decisión del cargo: indebido cuestionamiento de
la cuantificación de los perjuicios
3.1. Debe recordarse que el Tribunal consideró que
Comcel no demostró que Egeda hubiera recibido pagos
inferiores a treinta centavos de dólar por suscriptores
mensuales por la comunicación pública de obras efectuada
por otros operadores de televisión por suscripción. El cargo
que se resuelve, planteado por vulneración directa de normas
sustanciales, no se quedó en el plano jurídico, sino que
descendió a la plataforma fáctica porque Comcel rebatió la
averiguación del Tribunal de no haberse probado las
negociaciones con otros operadores que le pagaron a Egeda
una tarifa menor a la impuesta a Comcel.
Sabido es que un cargo por la vía directa debe aceptar
los hechos determinados por el Tribunal, porque el literal a
del numeral 2º del artículo 344 del Código General del
Proceso ordena que «[t]ratándose de violación directa, el cargo
se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni
extenderse a la materia probatoria».
3.2. Aunque lo anterior bastaría para negar el cargo,
este también carece de precisión porque, de un lado, Comcel
cuestionó que la condena se hubiera cuantificado con base
77 Arts. 45 y 48 de la decisión 351 de 1993 y 2.6.1.2.4 del decreto 1066 de 2015.
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en treinta centavos de dólar por suscriptor mensual, en vez
de haberlo hecho con quince centavos de dólar por suscriptor
mensual, mientras que por, el otro, señaló que el monto del
resarcimiento debía ser cero, porque Comcel no recibió
ningún beneficio por la comunicación pública de obras
audiovisuales. No se puede pasar por alto que Comcel omitió
desarrollar explicaciones jurídicas dirigidas a sustentar por
qué no recibe beneficio alguno de la retransmisión de las
obras audiovisuales o cinematográficas.
La falta de precisión es evidente porque ambos
planteamientos (el de calcular la indemnización con base en
quince centavos de dólar, o sea, reducirla, y el de
determinarla en ceros para conservar la proporcionalidad) se
excluyen mutuamente, toda vez que no se puede reducir y
eliminar al mismo tiempo la condena impuesta. Bien se sabe
que, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 344 ibidem,
los cargos de casación tienen que ser precisos, so pena de
que no configuren la causal invocada.
3.3. A lo anterior debe agregarse que Comcel se limitó a
afirmar que no devengaba beneficio alguno por retransmitir
obras audiovisuales y cinematográficas, aspecto que debía
explicar con mayor suficiencia para comprender la completa
magnitud de sus argumentos.
Así las cosas, por tales razones no prospera el cargo
sexto.
CARGO SÉPTIMO
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Con fundamento en la segunda causal denunció
vulneración indirecta de «los artículos 2341 del Código Civil
(por aplicación indebida), … 72 (por aplicación indebida) y 73
(por falta de aplicación) de la ley 23 de 1982, 13 literal b) de
la decisión 351 de 1993 (por aplicación indebida),… 30 de la
ley 44 de 1993 y 48 de la decisión andina 351 de 1993» por
error de hecho sobre el juramento estimatorio, su objeción,
el documento que la sustentó, así como el dictamen pericial
de Jorge Arango respecto de la «tasa representativa del
mercado [TRM], en la tarifa y el método utilizado» para calcular
la indemnización
1. Criticó que se hubiera tomado íntegramente el
juramento estimatorio de Egeda, con una TRM promedio de
tres mil pesos para todos los años, sin reparar en la
idoneidad de esa forma de liquidar la indemnización, así
como si el lapso entre enero de 2008 y mayo de 2016 era o
no el indicado, sobre todo cuando no se estaba cobrando un
«derecho convencional establecido en un acuerdo previo [de
Egeda] con Comcel», sino «una indemnización» por
responsabilidad civil extracontractual.
Precisó que el error de hecho sobre el juramento
estimatorio, su contradicción y el referido dictamen pericial
«arroja una suma inferior en algo más de $57.000 millones [de
pesos] como monto de la indemnización reclamada, con tan
sólo reparar en la TRM de $3.000 [pesos] frente a la que debía
aplicarse, según el referido reglamento» de Egeda.
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Tildó de «limitada, insuficiente y errónea» la labor del
Tribunal para cuantificar los perjuicios, pues no expuso
mayores explicaciones para aplicar la TRM del año anterior,
es decir, «el mismo que la actora había reclamado en su
demanda y en el juramento estimatorio, que sirvió de base
única para el Tribunal fallar» con la TRM promedio de tres mil
pesos.
Señaló que el siguiente cuadro corresponde al
juramento estimatorio:
Fecha Suscriptores Tarifa (USD) Pago anual
(USD)
TRM
Promedio de
EGEDA
Pagos anuales
(COP)
Dic-2008 1.835.712 0.30 5.993.245 3.000 17.979.735.600
Dic-2009 1.693.714 0.30 6.332.404 3.000 18.997.210.800
Dic-2010 1.719.643 0.30 6.132.265 3.000 18.396.795.600
Dic-2011 1.814.313 0.30 6.319.082 3.000 18.957.245.400
Dic-2012 1.954.784 0.30 6.823.450 3.000 20.470.349.700
Dic-2013 2.036.427 0.30 7.201.894 3.000 21.605.681.700
Dic-2014 2.131.335 0.30 7.567.621 3.000 22.702.682.700
Dic-2015 2.169.112 0.30 7.739.089 3.000 23.217.265.800
May-2016 2.200.211 0.30 3.279.037 3.000 9.837.110.700
Total 57.388.086 172.164.258.000
Recordó los conceptos del perito Jorge Arango sobre lo
errado de usar la TRM de tres mil pesos para todo el periodo,
así como lo irrazonable de los cálculos de la perita Amparo
Parra.
Señaló que a pesar de que el Tribunal explicitó haber
utilizado «una tasa representativa del mercado acorde con los
estatutos de Egeda, [cuando] en realidad para haber llegado
al mismo guarismo, tuvo que haber aplicado la tasa promedio
mencionada» que resulta incorrecta, por lo que el Tribunal
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
84
pretirió las críticas realizadas por la parte demandada y el
perito Arango.
Señaló que el Tribunal no expuso las pruebas que le
sirvieron para sus cálculos, a pesar de los cuales, con la
«aplicación misma de los guarismos en la tabla.. del fallo», el
resultado correcto debe ser otro:
Periodo Tarifa
mes en
USD
TRM
COP/USD
Tarifa
mes en
COP
Inicio Fin Promedio Meses Valor total COP
2008 a
2013
0.30 1.800 540 1.530.435 2.036.427 1.783.431 72,00 69.339.797.280
2014 0.30 1.869 561 2.050.930 2.131.335 2.091.133 12.00 14.069.975.913
2015 0.30 2.000 600 2.137.361 2.169.112 2.153.237 12.00 15.503.302.800
2016 0.30 2.743 823 2.171.472 2.200.211 2.185.842 5.00 8.993.644.852
Total 107.906.720.845
[pesos]
Sostuvo que «con aplicación… de los guarismos incluidos
en… el fallo del Tribunal, al ser desarrollado su cálculo de
forma matemática, no arroja un valor ni siquiera cercano a los
supuestos COP172.164.257.998 [pesos], si no que totaliza
COP 107.906.720.845 [pesos], es decir una diferencia de COP
64.257.537.153 [pesos]».
Y «si se aplicara la TRM, según los estatutos de Egeda,
el resultado también es diferente» como lo muestra el
siguiente cuadro:
Fecha Año Suscriptores Tarifa
(USD)
Pago anual
(USD)
TRM
Promedio
año
anterior
Pagos anuales
(COP)
Dic-2008 2008 1.835.712 0.30 5.993.245 2.076 12.443.413.936
Dic-2009 2009 1.693.714 0.30 6.332.404 1.967 12.456.548.806
Dic-2010 2010 1.719.643 0.30 6.132.265 2.153 13.204.592.543
Dic-2011 2011 1.814.313 0.30 6.319.082 1.899 11.997.937.431
Dic 2012 2012 1.954.784 0.30 6.823.450 1.847 12.602.687.446
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
85
Dic-2013 2013 2.036.427 0.30 7.201.894 1.798 12.947.462.335
Dic-2014 2014 2.131.335 0.30 7.567.621 1.869 14.144.631.931
Dic-2015 2015 2.169.112 0.30 7.739.089 2.000 15.480.706.504
May-2016 2016 2.200.211 0.30 3.279.037 2.743 8.995.666.351
Total 57.388.086 114.273.647.281
[pesos]
Estimó que «sólo con la correcta utilización de las
variables económicas de uso común en la transformación de
valores de dólares americanos a pesos, siguiendo los
estatutos y el reglamento de tarifas de Egeda, se desvirtúa,
ab initio, en $57.3890.610.719 [pesos] la pretensión acogida
por el Tribunal. Y, como se anotó previamente, siguiendo los
datos ofrecidos por el Tribunal, el resultado sería también uno
muy distinto: $107.906.720.845 [pesos] ».
Resaltó que también hubo error de hecho en el número
de usuarios porque «razonablemente no puede sostenerse que
el total de los usuarios de Comcel estuvieron simultáneamente
en la posibilidad de disfrutar de uno y otro canal (o peor aún
todos los canales), al mismo tiempo durante todos los días de
cada año reclamado en la demanda y durante las 24 horas
del día», hecho «físicamente imposible…, irrazonable, y
contraevidente de cara a la más elemental lógica y a las reglas
mismas de la experiencia», sobre todo cuando «en el
juramento estimatorio no figuran las razones por las cuales el
método de utilizar el número de usuarios es el adecuado no
obstante lo cual el tribunal sin cuestionárselo así lo aceptó» y
se «trata en últimas de un dictamen ayuno de explicación o
fundamentación técnica que no resiste un simple análisis que
el solo sentido común impone», pues la condena debía
calcularse según «la efectiva audiencia y no el número de
suscriptores de la empresa demandada», lo que derivó en una
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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condena «fabulosa, desbordada en grado superior,… carente
de freno y justificación», máxime cuando «cada una de estas
empresas nacionales de canal abierto hubiese demandado por
separado, habría muy seguramente obtenido…, cada una, la
suma a la que llegó el Tribunal, lo cual sería un contrasentido».
Agregó que el Tribunal ignoró el concepto del perito
Jorge Arango en punto a que la audiencia de los canales cuya
señal fue retransmitida aumentaron su audiencia e
incrementaron la demanda y precio de la pauta publicitaria,
lo que excluye la causación de perjuicios.
Sostuvo que de haber reparado en tales pruebas, el
Tribunal hubiera tenido «que disminuir el monto de la
indemnización» con fundamento en los artículo 283 del CGP
y 16 de la ley 446 de 1998.
2. Atribuyó error de hecho en la falta de apreciación del
fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior
de Bogotá, Sala Civil, el 28 de marzo de 2017 en el proceso
que por competencia desleal incoaron Caracol Televisión S.A.
y RCN Televisión S.A. contra Telmex Colombia S.A. y otros,
pues en los hechos que sustentaron las pretensiones de ese
proceso aquellos aceptaron haber autorizado a Comcel a
retransmitir su señal de televisión HD (Caracol TV hasta el
15 de abril de 2014 y RCN TV hasta el día 30 de iguales mes
y año), a pesar de que la condena se fundó en que desde
enero de 2008 y hasta mayo de 2016 Comcel retransmitió «la
programación de la titularidad de los productores adscritos a
Egeda».
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
87
También sostuvo que el error de hecho recayó sobre la
Resolución 2291 del 22 de septiembre de 2014, expedida por
la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), prueba de que
«durante más de 13 años los canales privados de televisión
abierta nacional han permitido la retransmisión de sus
señales en los sistemas de televisión cerrada sin costo
alguno», a pesar de lo cual Comcel fue condenada por «la
“retrasmisión no autorizada” por parte de Comcel de la
programación de los canales que representa Egeda» desde
enero de 2008 hasta mayo de 2016; sin embargo, si la
condena fuera precedente, solo podría imponerse desde el 30
de abril de 2014, fecha hasta la que existió autorización, lo
que arrojaría una cifra distinta y bastante inferior a la
impuesta que terminó enriqueciendo a la demandante,
resultado contrario al que se persigue con la responsabilidad
civil: la reparación integral de un daño.
Tales yerros hicieron que el Tribunal lesionara de
manera indirecta los artículos 2341 del Código Civil, 16 de la
ley 446 de 1998 pues la función de la responsabilidad civil
extracontractual es la indemnización de un perjuicio y no
enriquecer a la víctima.
CONSIDERACIONES
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1. Egeda reformó la demanda el 14 de noviembre de
201778, época en que la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) estaba alrededor de tres mil pesos79.
En la primera pretensión de condena Egeda reclamó la
indemnización por lucro cesante «por la suma de COP
$172.164.257.998 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
M/CTE)»80, es decir, la indemnización se pretendió en
pesos colombianos, no en dólares estadounidenses.
Según el juramento estimatorio incluido en la reforma
de la demanda, Egeda presentó desde enero de 2008 y hasta
mayo de 2016 el número mensual de suscriptores de Comcel
la «Tasa de Cambio aprobada por Egeda», su tarifa y «el valor
mensual en dólares», a partir de lo cual estableció que el valor
total de su indemnización hasta esa fecha en dólares era
«[USD$]57.388.086» y en pesos «[COP$]172.164.257.998». La
sala destaca que este último valor en pesos fue el
reclamado en las pretensiones.
Multiplicar USD$57.388.086 (dólares) por COP$3.000
(TRM en pesos que, según Comcel, no debió emplearse para
calcular la indemnización) da como resultado
COP$172.164.258.000 (pesos), es decir, prácticamente la
misma cantidad reclamada por Egeda en su pretensión de
78 Fl. 1717, cd. 1, T. IV
79 Para ser exactos el promedio acumulado desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el
día 13 de igual mes y año era de $3.033.
80 Fl. 1719, cd. T. IV.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
89
condena, pues la diferencia es de apenas dos centavos de
pesos.
El Tribunal condenó a Comcel a pagar exactamente el
valor pretendido por Egeda, es decir, en pesos, para lo cual
acogió íntegramente el juramento estimatorio como prueba
de la indemnización pues la condena impuesta fue: «ciento
setenta y dos mil ciento sesenta y cuatro millones doscientos
cincuenta y siete mil novecientos noventa y ocho pesos
($172.164.257.998 m/cte)».
Fácilmente se advierte la falta de asidero de los
argumentos de Comcel en punto a la supuesta incorrección
del Tribunal al momento de aplicar, en su criterio, una TRM
indebida, pues lo cierto es que las pretensiones de
responsabilidad extracontractual se formularon en pesos, no
en dólares, lo que, de entrada, no revela un error de hecho
por parte del Tribunal, sino, por el contrario, el respeto del
postulado de la congruencia. Explicado de otra manera, la
condena económica se pretendió en pesos, no en dólares.
En todo caso, si en gracia de discusión se acogiera el
planteamiento de Comcel y fuera necesario convertir
USD$57.388.086 dólares a pesos colombianos, el resultado
sería idéntico porque la sentencia de última instancia se
profirió el 23 feb. 2023, época para la que la TRM estaba
alrededor de COP$4.70081, monto bastante superior al que
tuvo en cuenta Egeda para calcular -en el juramento
81 El valor exacto entre el 1 feb y 21 feb. 2023 es $4.788.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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estimatorio- las pretensiones y que, de haberse acogido,
hubiera lesionado el principio de la congruencia porque -se
insiste- las pretensiones fueron formuladas en pesos.
En conclusión, comoquiera que Egeda reclamó la
responsabilidad civil extracontractual de Comcel, como esta
última insiste, fuente de las obligaciones que se reconoce en
la sentencia, nada obligaba a que las sumas se fueran
liquidando periódicamente tal y como se fueran causando
con la TRM de cada período, porque, en últimas se reconocen
tan solo en la sentencia que declara la existencia de la
responsabilidad civil extracontractual, lo que descarta la
comisión del primer error de hecho imputado al Tribunal.
Recuérdese que para las partes es pacífico que las
pretensiones versan sobre la responsabilidad civil
extracontractual de Comcel por la supuesta transgresión del
derecho de autor a la comunicación pública de obras
audiovisuales y cinematográficas por retransmisión. Esto es
así de acuerdo con la fijación del litigio, la sentencia de último
grado o la demanda de casación que refirió en múltiples
ocasiones el artículo 2341 del Código Civil.
2. De su peso se caen las argumentaciones de Comcel
acerca de que si los mandatarios de Egeda hubieran
presentado directamente sendas demandas habrían obtenido
la misma indemnización que fue concedida, porque en ese
hipotético evento no serían aplicables a la controversia las
disposiciones empleadas por el Tribunal que regulan a las
sociedades de gestión colectiva. Es decir, no es cierto que en
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
91
ese caso RCN y/o Caracol TV hubieran obtenido por
separado indemnizaciones iguales a la concedida a Egeda,
encargada de repartirla según corresponde.
Algo similar ocurre con el anuncio desenfocado que la
indemnización debía calcularse según la efectiva audiencia
que tuvieron los programas dentro del periodo reclamado,
porque además de que la argumentación inicial aceptaba la
manera en que debía establecerse la indemnización, Comcel
omitió señalar a cuánto equivalía ese valor, lo que era
necesario explicar para estructurar un verdadero yerro
fáctico.
3. La segunda parte del cargo, relacionada con el
consentimiento de RCN y Caracol para que Comcel
transmitiera la señal de televisión, también está condenada
al fracaso porque como ha dicho la Sala al resolver cargos
anteriores, el presente proceso versa sobre la transgresión
del derecho de autor de comunicación pública por
retransmisión de obras, y no por el derecho conexo que recae
sobre la señal, lo que impide extender la autorización para
retransmitir señales televisivas a la posibilidad de hacerlo
con obras audiovisuales y cinematográficas.
Explicado de otra manera con el fin de evitar
confusiones, Comcel no puede afirmar que contaba con
autorización para transmitir las obras audiovisuales y
cinematográficas (objeto protegido por el derecho de autor)
porque RCN y Caracol le autorizaron transmitir su señal de
televisión (objeto protegido por el derecho conexo), pues
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92
ambas cosas no son asimilables. La Sala aclara, una vez más,
que la transgresión del derecho de autor de comunicación
pública se produjo, según el Tribunal, por la retransmisión
de obras audiovisuales y cinematográficas representadas por
Egeda, y no por el derecho conexo de re-comunicación de la
señal televisiva de los operadores de radiodifusión.
En tal orden de ideas, por esas razones no prospera el
séptimo cargo.
CARGO OCTAVO
Con fundamento en la segunda causal de casación
denunció vulneración indirecta de «los artículos 2341, 2357,
1626 del Código Civil, en relación con el artículo 16 de la ley
446 de 1998», así como el artículo 8º de la ley 153 de 1887,
«a causa de error de hecho manifiesto y trascendente por no
haber apreciado la conducta de la demandante y sus
representadas», quienes omitieron aminorar los perjuicios
mediante las opciones que tenían, tales como la solicitud de
una medida cautelar de suspender la comunicación pública
por retransmisión o interrumpir tecnológica y
funcionalmente la transmisión de la señal y su contenido
(black out).
Refirió la declaración de Ernesto Orozco (Director
entonces de la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión)
y el dictamen de Daniel Peña Valenzuela, quienes
demostraron que los canales de televisión podían impedir
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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técnicamente que su señal fuera retransmitida por Comcel,
sugiriendo que sobre estas probanzas recaía el yerro fáctico.
CONSIDERACIONES
1. La Sala ha reconocido que la buena fe objetiva impone
desplegar comportamientos acordes con los estándares
exigibles a cualquier persona puesta en las mismas
circunstancias, que se expresa por medio de deberes
secundarios de conducta, también conocidos como
obligaciones accesorias o colaterales (CSJ SC282-2021, Rad.
2008-00234-01, 15 feb. 2021).
Se trata de un principio ético que «actúa como regla de
conducta, que origina la actuación ideal del sujeto, lo que
determina que se le denomine ‘buena fe-lealtad’» y se
caracteriza por:
a) Se trata de un deber de conducta impuesta al sujeto, con un
contenido eminentemente ético. b) Este deber de conducta importa
que no se perjudiquen los intereses ajenos fuera de los límites
impuestos por la tutela legítima de los intereses propios. c) Para
apreciar la conducta se prescinde del punto s de vista subjetivo de
las partes para referirse a un criterio objetivo. e) El criterio objetivo
consiste en la comparación de la conducta del sujeto con un
standard jurídico, o sea un prototipo de conducta social media. f)
El stantard jurídico aplicable debe buscarse teniendo en cuenta el
contexto social en el que actúa el sujeto…82.
Un sujeto se comporta de acuerdo con la buena fe
cuando evita actitudes de omisión respecto del daño sufrido y,
82 MANUEL DE LA PUENTA Y LAVALLE, La fuerza de la buena fe. En Alterini, Atilio
Aníbal y otros, Contratación contemporánea, teoría general y principios, Tomo I, Perú
y Bogotá, Ed. Palestra y Temis, 2000, pp. 276 y 277.
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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en su lugar, adopta comportamientos dirigidos a evitar su
consumación o agravación (CSJ SC282-2021, Rad. 2008-
00234-01, 15 feb. 2021).
Por ello, se deben «adoptar, de buena fe y conforme a las
circunstancias, las medidas razonables para evitar que se
produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas
evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero
sería responsable, tiene derecho a que este le reembolse el valor
de los gastos en que incurrió»83.
Se trata del denominado deber de «mitigación» o
«atenuación del daño», reconocido por los artículos 7784 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías y 7.4.8. (1) de los
Principios Unidroit sobre Contratos Comerciales
Internacionales85.
Este postulado tiene plena vigencia Colombia, gracias a
su reconocimiento jurisprudencial. En efecto, es procedente
reducir el monto de la indemnización cuando la víctima haya
creado un escenario favorable a la ocurrencia del daño o su
propagación:
83 NICOLÁS NEGRI, Responsabilidad Civil Contractual, Astrea, Buenos Aires, 2017,
p. 107.
84 «La parte que invoque el
incumplimiento del contrato
deberá adoptar las medidas que
sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro
cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra parte podrá
pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que
debía haberse reducido la pérdida».
85 «La parte incumplidora no es responsable del daño sufrido por la parte perjudicada
en tanto que el daño pudo haber sido reducido si esa parte hubiera adoptado medidas
razonables».
Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01
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[el] demandante con sus omisiones creó un escenario altamente
propicio para la generación del resultado que afectó su patrimonio,
es decir generó un evidente estado de riesgo que vino a ser
agravado por la conducta omisiva de la demandada, habrá de
reducirse la condena en contra de la parte demandada» (SC, 3 ag.
2004, exp. n.° 7447; en el mismo sentido SC, 6 ab. 2001, exp. n.°
6690, reiteradas en (CSJ SC282-2021, Rad. 2008-00234-
01, 15 feb. 2021).
Luego, sobre el mismo deber expresó:
[E]n el campo de la responsabilidad civil -contractual y
extracontractual- la doctrina contemporánea destaca la
importancia, cada vez mayor, que adquiere el que la víctima con
su conducta procure mitigar o reducir el daño que enfrenta o que
se encuentra padeciendo…
El señalado comportamiento, que muchos tratadistas elevan a la
categoría de deber de conducta al paso que otros lo identifican con
una carga, encuentra su razón de ser en el principio de buena fe,
hoy de raigambre constitucional (art. 83, C.P.), el cual, sin duda,
orienta, en general, todas las actividades de las personas que
conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden al
mundo de lo jurídico, imponiendo a las personas que actúan -
sentido positivo- o que se abstienen de hacerlo -sentido negativo-
parámetros que denotan honradez, probidad, lealtad y
transparencia…
En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de
un daño, quien lo padece, en acatamiento de las premisas que se
dejan reseñadas, debe procurar, de serle posible, esto es, sin
colocarse en una situación que implique para sí nuevos riesgos o
afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las
conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del
daño no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos
perjudiciales, pues sólo de esta manera su comportamiento podría
entenderse realizado de buena fe y le daría legitimación para
reclamar la totalidad de la reparación del daño que haya
padecido.
Una actitud contraria, como es lógico entenderlo, al quebrantar el
principio que se comenta, tendría que ser calificada como “una
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postura incorrecta, desleal, desprovista de probidad y
transparencia, que descono[ce] al otro [e] ignor[a] su particular
situación, o sus legítimos intereses, o que est[á] dirigida a la
obtención de un beneficio impropio o indebido” (Cas. Civ., ib.), la
cual, por consiguiente, es merecedora de desaprobación por parte
del ordenamiento y no de protección o salvaguarda (SC, 16 dic.
2010, rad. n.° 1989-00042-01).
Y luego reiteró:
[P]untualícese que el deber de mitigación o atenuación, connatural
al principio de reparación integral, propende porque la víctima
tome las medidas que estén a su alcance para evitar que las
consecuencias del daño aumenten o no se detengan; esto es, el
lesionado tiene la carga de adoptar los correctivos razonables y
proporcionadas que reduzcan las pérdidas, o impidan su
agravación, ya que no hacerlo puede acarrearle la disminución de
la indemnización reclamada (SC512, 5 mar. 2018, rad. n.° 2005-
00156-01).
2. De la manera como viene planteado el cargo, no
puede prosperar, porque Comcel no explica qué
consecuencias debe tener la supuesta omisión de Egeda o
sus representados de mitigar el daño por la comunicación
pública de obras cinematográficas y audiovisuales sin
autorización ni remuneración, es decir, si la indemnización
debe ser reducida (y en qué proporción), así como las razones
para hacerlo, ni mucho menos si debe negarse
completamente.
Adicionalmente, el planteamiento de Comcel busca
favorecerse de su propia conducta generadora de
responsabilidad civil. A pesar de que el perjuicio que Comcel
dice debió mitigarse obedece a su infracción del derecho de
comunicación pública, esa empresa sostiene que por no
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haberse promovido medidas cautelares en su contra o haber
implementado medidas tecnológicas para suspender la
transmisión de la señal (black out), los representados por
Egeda omitieron su deber de mitigar el daño y, en últimas,
actuaron de espaldas al principio de la buena fe. Tal manera
de pensar no puede es de recibo porque, precisamente, las
pretensiones se originaron en la infracción imputable a
Comcel del derecho de comunicación pública de obras
audiovisuales y cinematográficas, sin la autorización previa
y expresa, y nadie puede beneficiarse de su propia culpa.
Si Comcel dejó de obtener autorización previa y expresa
para retransmitir obras protegidas por el derecho de autor,
mal haría en sostener que los afectados debían utilizar
medios jurídicos y técnicos para aminorar los daños, porque
un planteamiento de ese linaje es contrario a la buena fe,
razones que se estiman suficientes para que no prospere el
cargo octavo.
DECISIÓN
Primero: En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, profirió el
23 de febrero de 2023 en el proceso declarativo de Entidad
de Gestión Colectiva de Derechos de Productores
Audiovisuales de Colombia contra Telmex Colombia S.A. -hoy
Comcel S.A.
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Segundo: Condenar en costas a Telmex Colombia S.A.
-hoy Comcel S.A, las que serán liquidadas en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso en
concordancia con el canon 625, numeral 1, literal c) in fine
de la misma obra, incluyendo $10.000.000 por concepto de
agencias en derecho que fija el magistrado ponente.
En firme esta providencia devuélvase la actuación
surtida al Tribunal de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de la Sala
Salvamento de voto
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Salvamento parcial de voto
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Salvamento parcial de voto
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: E620DBDE8DD420374BEF3CB5282C0571C162C52353B63D8BBC939775CF719A4E
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