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clave: "corte_suprema:providencia:SC424-2024 [2019-00110-01]"
titulo: "Corte Suprema: la comunicación pública puede llevarse a cabo por diversos medios"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-09"
radicado: "2019-00110-01"
numero: "SC424-2024"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: la comunicación pública puede llevarse a cabo por diversos medios

- **Título oficial / radicado:** SC424-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-09
- **Radicado:** 2019-00110-01
- **Número:** SC424-2024
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC424-2024%20%5B2019-00110-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC424-2024%20%5B2019-00110-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by80Li0gQWJyaWwvU2VudGVuY2lhcy9TQzQyNC0yMDI0IFsyMDE5LTAwMTEwLTAxXS5wZGY%3D/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

La comunicación pública puede llevarse a cabo por diversos medios, entre otros.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 23 de 1982
- Ley 33 de 1987
- Ley 680 de 2001

## Extracto

El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en este Capítulo podrá interpretarse de manera tal que menoscabe dicha protección. Radicación n° 11001-31-03-032-2019-00110-01 35 las obras literarias, dramáticas, musicales o artísticas24. En suma, el contenido del derecho conexo consiste en la prerrogativa de su titular de «autorizar su reproducción, su retransmisión y su comunicación pública cuando esta última se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de un derecho de admisión o entrada»25, que, por supuesto, no afecta los derechos de autor, pues «no excluye a [los organismos de radiodifusión] y a los terceros de contar también con las autorizaciones de los autores, los artistas y los productores (salvo en los casos en que rijan licencias no voluntarias)»26.

## Texto del documento

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC424-2024
Radicación n.° 11001-31-03-032-2019-00110-01
(Aprobado en sesión virtual de veintinueve de febrero dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Se decide el recurso de casación de Telmex Colombia
S.A. -hoy Comcel S.A. (Comcel) frente a la sentencia que el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,
profirió el 23 de febrero de 2023 en el proceso declarativo que
en su contra le promovió la Entidad de Gestión Colectiva de
Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia (Egeda).
ANTECEDENTES
1. Egeda demandó declarar que Comcel retransmitió -
sin autorización suya ni de los productores y titulares de
derechos de autor que representa- obras audiovisuales y
cinematográficas desde el 1 de enero de 2008 y hasta la
demanda, razón por la que ha vulnerado los derechos de los
productores audiovisuales y cinematográficos que representa
consagrados en la decisión andina 351 de 1993, la ley 23 de
1982, el artículo 11 bis del Convenio de Berna (aprobado por
la ley 33 de 1987) y, en consecuencia, sea condenada a pagar
$172.164.257.998 por concepto de «los perjuicios
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ocasionados, en la modalidad de lucro cesante», más los que
se causen luego de la demanda, así como los intereses
moratorios calculados a la tasa máxima permitida y las
costas. También reclamó ordenarle a Comcel abstenerse de
comunicar públicamente las respectivas obras audiovisuales
y cinematográficas mientras carezca de autorización expresa
y previa de Egeda.
Relató que como sociedad de gestión colectiva de
derechos de propiedad intelectual autorizada por la Dirección
Nacional de Derechos de Autor para administrar y recaudar
los derechos patrimoniales en Colombia, representa
productores audiovisuales y asociaciones de productores
audiovisuales como RCN Televisión, Caracol Televisión,
Globovisión, CMO, Televisa, Venevisión, Telemundo, TV
Azteca, Antena 3, Agicoa, Egeda España, Egeda Chile, Egeda
Ecuador, Egeda Perú, Egeda Uruguay, Egeda Usa, Egeda
Argentina, entre otros.
Sostuvo que el 80% de la audiencia nacional es de los
canales de RCN TV y Caracol TV, y que la demandada los ha
incluido sin autorización en su parrilla de programación y,
por tanto, ha retransmitido desde 2007 obras audiovisuales
y cinematográficas que integran su portafolio como Todos
quieren con Marilyn, El man es Germán, El Chavo, Tu voz
estéreo, Chespirito, La costeña y el cachaco, Rebelde, etc., lo
que se traduce en la transgresión del derecho de
comunicación pública de los productores que representa.
2. Comcel excepcionó carencia de legitimación en la
causa por activa, ausencia de legitimación por pasiva,
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inexistencia de la infracción, pago de la remuneración, cobro
de lo no debido, abuso del derecho, usos leales y honrados
de la señal codificada, imposibilidad de que la retransmisión
cause un daño injustificado, compensación, el ejercicio
intempestivo de un derecho o la doctrina del «Verwirkung» y
prescripción.
3. El Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de
Bogotá1, mediante fallo oral de 11 de julio de 2019, negó las
pretensiones y condenó en costas a la demandante, fijando
agencias en derecho por $500.000.000.
4. El Tribunal, al resolver la apelación de Egeda, revocó
esa sentencia y, en su lugar:
4.1. Negó las excepciones de mérito;
4.2. Declaró a Comcel «responsable de los perjuicios
causados y derivados de la retransmisión no autorizada de la
programación… de los productores adscritos a Egeda…
entre… enero de 2008 a mayo de 2016»;
4.3. La condenó a pagar a la demandante «a título de
indemnización por lucro cesante,… ciento setenta y dos mil
ciento sesenta y cuatro millones doscientos cincuenta y siete
1 La demanda fue presentada inicialmente ante la Dirección Nacional de Derechos de
Autor y le correspondió la radicación 2016-84700; esa entidad perdió competencia
por exceder el término de duración del trámite y, por orden del Tribunal, remitió el
expediente ante los Jueces Civiles del Circuito de Bogotá el 6 feb. 2019, donde se le
asignó la nueva radicación que actualmente tiene.
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mil novecientos noventa y ocho pesos ($172.164.257.998
m/cte)»; y
4.4. Negó las demás pretensiones.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El a quo limitó su decisión al deber legal de Comcel
de retransmitir gratuitamente la señal abierta de televisión,
pues Egeda pretende que Comcel la indemnice pagando por
la comunicación pública de las obras audiovisuales y
cinematográficas retransmitidas, lo que se traduce en que el
juzgador de primer grado soslayó su deber de resolver las
pretensiones, pues el derecho conexo de retransmisión de la
señal televisiva es distinto al de comunicación pública de
obras.
El juzgador de primer grado sí debía dilucidar si Comcel
tenía a su cargo los derechos de autor por las obras
retransmitidas, pues aceptar esa interpretación se traduciría
en permitir que el litigio no sea resuelto, sobre todo cuando
en la demanda «se aspiró a la declaratoria de infracción de
derechos de autor, arista desde la cual el fallador estaba
compelido a abordar la controversia».
2. El productor tiene «la prerrogativa de realizar,
autorizar o prohibir “la comunicación pública de la obra por
cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imágenes”» (art. 13, decisión andina
351 de 1993); una de las modalidades de comunicación
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pública (lit. e, art. 15, decisión andina 351 de 1993) es «[l]a
retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los
literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de
origen, de la obra radiodifundida o televisada”, labor que…
despliega la… demandada con el servicio de televisión por
suscripción, puesto que re-comunica la señal sin ser [su]
titular…; reproduce el contenido audiovisual que en un primer
momento se transmitió en la codificación abierta de televisión,
en particular y para lo que interesa al proceso, por los canales
Caracol y Rcn Televisión».
Los organismos de difusión como Caracol y RCN
Televisión pueden «autorizar o prohibir la retransmisión de
sus emisiones por cualquier medio o procedimiento,
prerrogativa… que se… ha… denomina[do] ‘derecho conexo’».
(art. 39, Decisión 351 de 1993).
El Convenio de Berna para la Protección de Obras
Literarias y Artísticas «reconoce la posibilidad que tienen los
autores para prohibir la comunicación pública de sus obras
literarias y artísticas que se dan a conocer bajo…
retransmisión» (num. 1, art. 11bis).
Según la interpretación prejudicial del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), «la retransmisión
es una forma de comunicación pública de una obra
audiovisual, y en consecuencia la titularidad sobre el derecho
de autor (obra audiovisual) y sobre el derecho conexo (la señal
de un organismo de difusión) puede recaer o no en la misma
persona». Además, «si la obra audiovisual, previamente
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radiodifundida, va a ser objeto de retransmisión por parte de
un organismo de radiodifusión distinto al que efectuó la
emisión o transmisión original, estamos frente a un nuevo acto
de comunicación pública, y naturalmente, para que este pueda
hacerse efectivo de forma lícita, es necesaria la autorización
del titular del derecho de autor de la obra audiovisual, que
puede ser el propio autor, una sociedad de gestión colectiva o
un organismo de radiodifusión”».
El TJCA también interpretó que «para ejercer debida y
reglamentariamente el servicio de televisión por suscripción
por cable se deben seguir dos directrices…: primero,… la
autorización… del organismo de radiodifusión para
retransmitir su señal -derecho conexo- y el aval del titular de
la obra audiovisual que se retransmite, de la que se sigue el
pago de la respectiva erogación económica, dualidad de
prerrogativas que… pueden estar en cabeza del mismo
organismo de difusión». Esto se traduce en que «para que la
actividad económica sea ejercida a cabalidad deben
verificarse por separado: (i) los derechos de retransmisión; (ii)
el permiso del titular de la producción, que conlleva un pago
por concepto de derechos de autor en razón de la nueva
difusión que despliegan los operadores particulares», sobre
todo cuando la protección de los derechos conexos no puede
afectar los de autor (art. 33, decisión 351 de 1993).
En conclusión, el Tribunal accedió a las pretensiones
por la retransmisión de las obras audiovisuales y
cinematográficas por parte de Comcel (derecho de autor), y
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no por la re-comunicación de la señal televisiva (derecho
conexo).
3. El informe de Business Bureau acredita que Comcel
ha retransmitido múltiples obras audiovisuales de los
representados por Egeda, resultando notorio que Comcel
ofreció a sus suscriptores los canales de señal abierta que
transmitieron obras protegidas por el derecho de autor, sin
haber pagado suma alguna «por la nueva difusión de las
producciones audiovisuales».
«Para que opere la infracción por falta de autorización de
comunicación pública de una obra audiovisual que forma parte
del repertorio inscrito en una sociedad de gestión colectiva
deben darse las siguientes condiciones: a) se debe considerar
la existencia de derecho de autor, en concreto de obras
audiovisuales reconocidas a favor de sus titulares; b) que sus
titulares hayan inscrito el repertorio de obras ante la sociedad
de gestión colectiva para la reproducción de sus derechos; c)
que se haya efectuado la comunicación pública de las obras
audiovisuales sin autorización de la sociedad que los
representa». Estos requisitos se cumplen en el caso concreto
por haberse retransmitido las obras sin aval de sus autores.
Aunque no fue cuestionada en la apelación, Egeda sí
está legitimada en la causa por activa pues las sociedades de
gestión colectiva (SGC) pueden ejercer los derechos confiados
a su administración, además de que, en concepto del TJCA
no se les puede exigir un poder por cada representado, por
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causar costos excesivos (art. 49, decisión andina 351 de
1993).
4. Ni el artículo 11 de la ley 680 de 2001 ni la sentencia
de competencia desleal del proceso de Caracol Televisión y
RCN Televisión contra Telmex (rad. 2014-16592-06)
desarrollaron «una limitante a los derechos de autor en razón
de que los canales de señal abierta deban ser gratuitos. Es
decir, pese a la falta de onerosidad en la transmisión de
ciertos canales de televisión, sigue latente la obligación de
pagar a los autores por las prerrogativas de las obras
retransmitidas sin autorización previa».
5. La Sala Civil del Tribunal ha resuelto en diversas
oportunidades que «la remuneración al autor por la obra
audiovisual retransmitida, sin su autorización y por el
operador de televisión por suscripción, debe realizarse
independientemente de que la emisión al público se haya
efectuado en un canal que por disposición legal se oferta
gratuitamente»2. Esto descarta la prosperidad de las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la infracción, cobro de lo no debido y usos
leales y honrados de la señal codificada.
6. Egeda no ha abusado de sus derechos porque está
reclamando a favor de sus representados el resarcimiento por
la comunicación pública no autorizada de obras protegidas
por el derecho de autor, pues, con independencia de que,
según Comcel, retransmite los canales de televisión pro del
2 Sentencias de 19 ene. 2023, rad. 2020- 33901-01, 11 mar. 2022 rad. 2020-33901
y 11 ag. 2022. Rad. 2018 31868 01.
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interés general, esa actividad debe estar precedida de la
autorización de los titulares, la cual no se obtuvo y genera
las sumas reclamadas por Egeda, máxime cuando no se
encuentra en juego el interés general de la colectividad
porque «los canales de televisión van a seguir llegando a la
sociedad bajo el uso de las tecnologías de la información», lo
cual descarta la prosperidad de la defensa denominada
imposibilidad de que la retransmisión cause un daño
injustificado.
7. No se probó que demandante y demandada sean
recíprocamente deudores y acreedores, por lo que no
prospera la defensa de la compensación; tampoco se
acreditaron comportamientos de Egeda que le hubieran
hecho pensar a Comcel «que nunca iba a ser vinculada a un
juicio civil», como se presenta en el fenómeno denominado
«Verwirkung». Por el contrario, Egeda reclamó en
comunicación de 25 de febrero de 2006 por la retransmisión,
lo que descarta deslealtad en la formulación de sus
pretensiones.
8. Si se pretende el pago por retransmisión desde 1 de
enero de 2008 y la demanda se presentó el 19 de octubre de
2016, no transcurrió el tiempo de prescripción extintiva de
10 años.
9. Las sociedades de gestión colectiva pueden fijar en
sus reglamentos tarifas proporcionales a

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e podrá
pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la cuantía en que
debía haberse reducido la pérdida».
85 «La parte incumplidora no es responsable del daño sufrido por la parte perjudicada
en tanto que el daño pudo haber sido reducido si esa parte hubiera adoptado medidas
razonables».
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[el] demandante con sus omisiones creó un escenario altamente
propicio para la generación del resultado que afectó su patrimonio,
es decir generó un evidente estado de riesgo que vino a ser
agravado por la conducta omisiva de la demandada, habrá de
reducirse la condena en contra de la parte demandada» (SC, 3 ag.
2004, exp. n.° 7447; en el mismo sentido SC, 6 ab. 2001, exp. n.°
6690, reiteradas en (CSJ SC282-2021, Rad. 2008-00234-
01, 15 feb. 2021).
Luego, sobre el mismo deber expresó:
[E]n el campo de la responsabilidad civil -contractual y
extracontractual- la doctrina contemporánea destaca la
importancia, cada vez mayor, que adquiere el que la víctima con
su conducta procure mitigar o reducir el daño que enfrenta o que
se encuentra padeciendo…
El señalado comportamiento, que muchos tratadistas elevan a la
categoría de deber de conducta al paso que otros lo identifican con
una carga, encuentra su razón de ser en el principio de buena fe,
hoy de raigambre constitucional (art. 83, C.P.), el cual, sin duda,
orienta, en general, todas las actividades de las personas que
conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden al
mundo de lo jurídico, imponiendo a las personas que actúan -
sentido positivo- o que se abstienen de hacerlo -sentido negativo-
parámetros que denotan honradez, probidad, lealtad y
transparencia…
En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de
un daño, quien lo padece, en acatamiento de las premisas que se
dejan reseñadas, debe procurar, de serle posible, esto es, sin
colocarse en una situación que implique para sí nuevos riesgos o
afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las
conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del
daño no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos
perjudiciales, pues sólo de esta manera su comportamiento podría
entenderse realizado de buena fe y le daría legitimación para
reclamar la totalidad de la reparación del daño que haya
padecido.
Una actitud contraria, como es lógico entenderlo, al quebrantar el
principio que se comenta, tendría que ser calificada como “una
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postura incorrecta, desleal, desprovista de probidad y
transparencia, que descono[ce] al otro [e] ignor[a] su particular
situación, o sus legítimos intereses, o que est[á] dirigida a la
obtención de un beneficio impropio o indebido” (Cas. Civ., ib.), la
cual, por consiguiente, es merecedora de desaprobación por parte
del ordenamiento y no de protección o salvaguarda (SC, 16 dic.
2010, rad. n.° 1989-00042-01).
Y luego reiteró:
[P]untualícese que el deber de mitigación o atenuación, connatural
al principio de reparación integral, propende porque la víctima
tome las medidas que estén a su alcance para evitar que las
consecuencias del daño aumenten o no se detengan; esto es, el
lesionado tiene la carga de adoptar los correctivos razonables y
proporcionadas que reduzcan las pérdidas, o impidan su
agravación, ya que no hacerlo puede acarrearle la disminución de
la indemnización reclamada (SC512, 5 mar. 2018, rad. n.° 2005-
00156-01).
2. De la manera como viene planteado el cargo, no
puede prosperar, porque Comcel no explica qué
consecuencias debe tener la supuesta omisión de Egeda o
sus representados de mitigar el daño por la comunicación
pública de obras cinematográficas y audiovisuales sin
autorización ni remuneración, es decir, si la indemnización
debe ser reducida (y en qué proporción), así como las razones
para hacerlo, ni mucho menos si debe negarse
completamente.
Adicionalmente, el planteamiento de Comcel busca
favorecerse de su propia conducta generadora de
responsabilidad civil. A pesar de que el perjuicio que Comcel
dice debió mitigarse obedece a su infracción del derecho de
comunicación pública, esa empresa sostiene que por no
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haberse promovido medidas cautelares en su contra o haber
implementado medidas tecnológicas para suspender la
transmisión de la señal (black out), los representados por
Egeda omitieron su deber de mitigar el daño y, en últimas,
actuaron de espaldas al principio de la buena fe. Tal manera
de pensar no puede es de recibo porque, precisamente, las
pretensiones se originaron en la infracción imputable a
Comcel del derecho de comunicación pública de obras
audiovisuales y cinematográficas, sin la autorización previa
y expresa, y nadie puede beneficiarse de su propia culpa.
Si Comcel dejó de obtener autorización previa y expresa
para retransmitir obras protegidas por el derecho de autor,
mal haría en sostener que los afectados debían utilizar
medios jurídicos y técnicos para aminorar los daños, porque
un planteamiento de ese linaje es contrario a la buena fe,
razones que se estiman suficientes para que no prospere el
cargo octavo.
DECISIÓN
Primero: En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, profirió el
23 de febrero de 2023 en el proceso declarativo de Entidad
de Gestión Colectiva de Derechos de Productores
Audiovisuales de Colombia contra Telmex Colombia S.A. -hoy
Comcel S.A.
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Segundo: Condenar en costas a Telmex Colombia S.A.
-hoy Comcel S.A, las que serán liquidadas en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso en
concordancia con el canon 625, numeral 1, literal c) in fine
de la misma obra, incluyendo $10.000.000 por concepto de
agencias en derecho que fija el magistrado ponente.
En firme esta providencia devuélvase la actuación
surtida al Tribunal de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de la Sala
Salvamento de voto
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Salvamento parcial de voto
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Salvamento parcial de voto
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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