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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC3951-2022
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
(Aprobado en sesión virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación interpuesto por
Mayorista de Automóviles Madiautos S.A.S., antes
Madiautos Ltda., frente a la sentencia de 11 de diciembre de
2020, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso verbal que ella
promovió contra Ford Motor de Venezuela S.A., sociedad
extranjera establecida legalmente en Colombia mediante
Ford Motor de Colombia Sucursal, actualmente En
Liquidación.
ANTECEDENTES
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso,
obrante en los folios 147 a 183 del cuaderno No. 1, tomo I,
su promotora y ahora recurrente solicitó:
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1.1. Declarar que entre las partes se celebró un contrato
de “agencia mercantil de hecho, desde noviembre de 2000 hasta el
15 de diciembre de 2011”.
En subsidio, disponer que entre las litigantes “se celebró
y ejecutó una relación contractual innominada y/o atípica desde
noviembre de 2000 hasta el 15 de diciembre de 2011”, en virtud
de la cual la actora “se encargó de la promoción, comercialización
y mantenimiento de vehículos y repuestos de la marca Ford y de
los servicios de postventa a los clientes de la demandada,
cumpliendo instrucciones impartidas” por ésta.
1.2. Declarar que la accionada “ejerció una posición de
dominio contractual” frente a la promotora de la controversia,
durante el desarrollo de la referida relación negocial.
1.3. Declarar que en “ejercicio abusivo de su posición de
dominio” e “incumpliendo sus obligaciones legales y contractuales
de obrar de buena fe”, la convocada puso fin a dicho contrato
“de manera unilateral, mediante comunicación del 6 de julio de
2011, terminación que hizo efectiva a partir del 15 de diciembre de
2011”.
1.4. Declarar que, como consecuencia de la finalización
de la agencia comercial, se hicieron exigibles a cargo de la
accionada y en favor de la demandante las prestaciones
previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 1324 del Código
de Comercio, correspondientes a la cesantía comercial y a la
retribución equitativa allí previstas.
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1.5. Condenar a la demandada a pagar a la actora las
siguientes sumas de dinero, o las que, por los conceptos que
se expresan, resulten probadas en el proceso:
$5.557.445.198.46, por la mencionada cesantía comercial;
$81.325.433.729.99, por la también indicada retribución
equitativa; $1.000.000.000.oo, por daño emergente, y
$97.847.059.880.48, por lucro cesante, como indemnización
de los perjuicios ocasionados por la terminación unilateral
del contrato y el incumplimiento de “los deberes que emanan
del principio de la buena fe”, junto con la indexación de cada
uno de esos rubros, causada desde la presentación de la
demanda y hasta cuando se verifique su pago.
1.6. Imponer a la accionada las costas procesales.
2. En relación con el compendió de los hechos
sustentantes de la acción, debe ponerse de presente, como
se ampliará más adelante, de un lado, que en la sentencia de
primera instancia de 15 de agosto de 2019 quedó definido
que entre las partes “se celebró un contrato de concesión que rigió
su relación comercial desde noviembre de 2000 hasta el 15 de
diciembre de 2011”; y, de otro, que dicha declaración no fue
objeto de la apelación que interpuso la demandante, por lo
que la naturaleza del negoció jurídico ajustada entre las
litigantes no fue materia del pronunciamiento emitido por el
ad quem y, mucho menos, del recurso de casación que hora
se desata.
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En razón de ello, la Sala, en el resumen de los
planteamientos fácticos del libelo introductorio, no se
ocupará de los numerosos planteamientos dirigidos a
establecer que el referido nexo jurídico correspondía a una
agencia comercial, ni de aquellos relativos a la satisfacción
de los requisitos propios de esa tipología contractual.
Así las cosas, basta reseñar que, en apoyo de las
pretensiones incoadas, se adujeron los fundamentos que
enseguida se sintetizan:
2.1. De forma introductoria se afirmó la importancia de
la actora en el mercado automotriz colombiano; que la
demandada, identificada a lo largo del escrito introductorio
como “FMDC”, es filial de Ford Motor Company; y la total
independencia jurídica de estas dos empresas, por lo que las
actuaciones de aquélla no comprometían a la última.
2.2. Desde el año 2000 comenzó una relación
“simultánea pero independiente” entre la promotora del litigio y
la aquí accionada, por una parte, y Mazda, por la otra,
conforme la cual la primera “desarrolló la actividad comercial de
las marcas Ford y Mazda en el local de propiedad de dos de los
socios de Madiautos, ubicad[o] en la Avenida Carrera 70 No. 96-05
de esta capital”, denominado “Morato”, de modo que los
vehículos producidos por ambas empresas compartieron
vitrina, “hecho que fue determinante para MADIAUTOS a la hora
de escoger contratar con estas compañías que se ofrecían
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dualmente, en lugar de otros competidores, que requerían
exclusividad de sus salas de ventas”.
2.3. La convocada, desde el inicio, guardó conformidad
con las instalaciones y diseño arquitectónico del referido
local y, en conjunto con los representantes de Mazda,
participó activamente en la distribución interna del mismo.
A su turno, la demandante, antes de la inauguración del
negocio, satisfizo todos los “estrictos y numerosos requisitos”
establecidos por aquélla, “tales como cumplir con los colores de
la compañía, ubicación de las exhibiciones y logotipos, puestos de
trabajo en el taller de servicio, compra de herramientas y equipos
especializados de uso y dotación exclusivos, entre otros”.
2.4. Desde el inicio, Madiautos se posicionó como uno
de los mejores intermediarios en la colocación de los
vehículos Ford y Mazda, sosteniendo excelentes índices de
satisfacción de los clientes y de venta en los años posteriores,
de modo que, en forma permanente e ininterrumpida, hasta
el 15 de diciembre de 2011, realizó “actividades de promoción
y comercialización conjunta de vehículos y repuestos” de las
mencionadas marcas y “prestó servicios de taller y
mantenimiento para la demandada, a través de su establecimiento
de comercio en la sede Morato”.
2.5. El “contrato realidad” celebrado por las partes
“contiene todos los elementos de una agencia comercial de hecho
bajo los términos de los artículos 1317 y 1331 del Código de
Comercio”, pese a que la accionante se anunciaba como
concesionaria, puesto que ésta, en la reventa de los
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automotores, “no tenía la posibilidad” de hacerla “libremente al
mejor precio que lograra colocarlos ni en su exclusivo provecho y,
además, existían distintos elementos de riesgo compartido, o
incluso en cabeza exclusiva de FMDC, meses o años después de la
supuesta compra definitiva”, amén que el nexo comercial
persiguió la consecución de nueva clientela, estuvo sometido
a las estrictas instrucciones impartidas por la demandada y
fue objeto de la posición dominante que ella ejerció
abusivamente.
2.6. Hasta 2008, la gestora de la controversia sostuvo
“con gran éxito” la “vitrina compartida Ford-Mazda” y el “taller
multimarca en el concesionario de Morato”, año en el que “FMDC
hizo alarde de su posición dominante exigiéndole
intempestivamente (…) la separación de las vitrinas Ford-Mazda,
rompiendo claramente la tradición comercial entre ellos y
contraviniendo una conducta histórica ampliamente consolidada y
ratificada por sus actos propios desde el inicio de la relación”, de
forma coincidente a cuando Ford Motor Company “vendió la
mayoría de su participación accionaria en la compañía japonesa
Mazda Motor Corporation de la cual era socio mayoritario y
dominante”.
2.7. Del mismo modo, le solicitó “no prestar servicios de
taller a vehículos de la marca Hyundai, arbitrariedad que
implicaba no sólo una condición no pactada, sino también una
intromisión en negocios con terceros”.
2.8. La actora, como consecuencia de lo anterior, se vio
forzada a “intentar llegar a un acuerdo verbal para dar
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cumplimiento a las nuevas y muy complejas condiciones que se le
exigían puesto que implicaban modificaciones comerciales,
operativas, técnicas, de imagen, de taller, equipo humano y sobre
todo realizar unas delicadísimas y profundas intervenciones
estructurales en el local”, que “por el rechazo de la licencia de
construcción que había tramitado” no fueron posibles, lo que
condujo a que la demandante le imputara “un supuesto
incumplimiento contractual”.
2.9. Los requerimientos de la accionada, conforme sus
comunicaciones de 6 de agosto y 20 de octubre de 2008,
compelían a la actora a realizar “una cuantiosa inversión que
ascendía a seis mil millones de pesos para las obras de
remodelación y adecuación de la sede Morato de su
establecimiento de comercio, de los cuales se alcanzaron a ejecutar
mil millones de pesos ($1’000.000.000) correspondientes a
estudios arquitectónicos, planos, diseños, demolición parcial de las
instalaciones, las cuales debido a la presión ejercida por FMDC
iniciaron antes de tener aprobada la solicitud de licencia de
construcción solicitada ante la Curaduría Urbana N° 1 y se
adelantaron por el término de un (1) año pues las adecuaciones
tenían la limitante de no interrumpir, en la medida de lo posible, la
operación rutinaria de MADIAUTOS”.
2.10. Las comunicaciones de 25 de noviembre de 2009,
en la que se pidió a la actora cumplir los requerimientos a
más tardar en julio de 2010, y de 28 esos mismos mes y año,
en la que se le dio autorización para comercializar vehículos
Ford en la sede del Centro Comercial Centro Mayor, dejaron
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en claro la intención de la demandada “de continuar la relación
comercial con MADIAUTOS”, incluida la sede Morato.
2.11. La nombrada demandante no pudo terminar la
remodelación y adecuación del referido punto de ventas, para
atender las exigencias de la accionada, como quiera que la
licencia de construcción fue negada el 24 de enero de 2011,
circunstancia que le fue informada a la última mediante
carta de 11 de marzo siguiente, en la que se le solicitó
estudiar otras opciones de solución, entre las que estaba la
de asignársele una nueva sede.
2.12. Pese a lo anterior, la convocada, por intermedio de
su Directora Gerente, Luz Elena del Castillo, en misiva de 6
de julio de 2011, manifestó “que ‘…encontramos que no hay
una verdadera voluntad de parte suya ni de su concesionario
para cumplir con las reiteradas exigencias efectuadas por
la marca’ y anunci[ó] la decisión unilateral de dar por terminada
la relación con mi representad[a], con el pretexto de haber
incumplido MADIAUTOS las exigencias relativas a ‘no haber
reiterado la operación Hyundai del Taller Morato…; el
número de puestos de trabajo del taller (20 puestos de
trabajo en el bussines plan) y la separación física de la
vitrina de ventas Ford de las de Mazda en el punto Morato…’,
y notific[ó] que el contrato dejará de tener vigencia al finalizar el
plazo de sesenta (60) días, lapso caprichoso que la representante
legal de la demandada lo deduce de una cláusula inserta en un
contrato denominado GIDSA que, (…), no tiene poder vinculante
alguno”.
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2.13. La “inobservancia contractual” atribuida a la
demandante “se debió a causas ajenas” a ella, en tanto que se
soportó en “obligaciones sobre las cuales no tenía ningún
compromiso previo”, en “condiciones que hacían imposible el
cumplimiento de los requerimientos unilaterales” de la accionada,
la cual, ante el ofrecimiento de aquélla de trasladar la
operación exclusiva de Ford a otro local comercial, “respondió
que solamente estaban interesados en el local de Morato”.
2.14. El nexo jurídico preexistente “fue terminado sin
justa causa, con trato claramente discriminatorio, con mala fe,
abuso del derecho y de posición dominante, bajo falsos
argumentos y con base en un supuesto incumplimiento a un
contrato ilegítimo distinto al que rigió la relación contractual”, esto
es, al “denominado de ‘Importador Global’ o ‘GIDSA’”, que
“nunca se llegó a perfeccionar, a ejecutar ni a ratificar y es
inexistente, inaplicable, carente completamente de validez, de
identidad de partes, de autenticidad y correspondería
hipotéticamente a una relación contractual completamente
diferente e independiente a la que MADIAUTOS y FMDC
sostuvieron”.
2.15. La demandada puso fin a dicho vínculo
unilateralmente a partir del 16 de diciembre de 2011, en
virtud de lo cual realizó una “liquidación que no tuvo en cuenta
la verdadera naturaleza de la relación contractual y que se limitó a
un cruce de cuentas por inventario, en la que MADIAUTOS
conservó una importante cantidad de vehículos para su venta en el
año 2012”.
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3. El Juzgado Once Civil del Circuito de esta capital, al
que le correspondió el conocimiento del asunto, admitió la
demanda con auto de 18 de enero de 2017 (fl. 186, cuaderno
No. 1, tomo, I), que notificó personalmente al apoderado
judicial que con ese fin designó la accionada, en diligencia
verificada el 22 de noviembre de ese mismo año (fl. 194 ib.).
4. La convocada, en tiempo, contestó el libelo
introductorio (fls. 796 a 889, cuaderno No. 1, tomo II), escrito
en el que se opuso al acogimiento de sus pretensiones, se
pronunció de distinta manera sobre los hechos alegados y
propuso las siguientes excepciones meritorias:
4.1. “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN”, dentro de la cual
adujo la ocurrencia de ese fenómeno extintivo en relación con
la demandada y el contrato “GIDSA”.
4.2. “TRANSACCIÓN”, fincada en el “[a]cta de liquidación
del contrato denominado GIDSA celebrado por Ford Motor
Company (U.S.A.) y Distribuidora Mayorista de Automóviles
MADIAUTOS S.A.S. de fecha marzo 30 de 2004”.
4.3. “VALIDEZ Y OPONIBILIDAD DEL GIDSA ENTRE LAS
PARTES”, en virtud de la cual aseveró que este fue el contrato
que rigió la relación negocial que existió entre las litigantes y
en pro de la que adujo la “[p]rescripción de todas las
acciones relacionadas con la existencia, validez y
oponibilidad del GIDSA”; que el desconocimiento de ese
contrato significa que la actora ignora “sus propios actos”; y
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la “[e]xistencia de un indicio grave en contra de las
pretensiones de la [d]emandante”.
4.4. “VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO VENIRE CONTRA
FACTUM PROPIUM NON VALET”, que sustentó en el artículo
1603 del Código Civil y en el principio de la buena fe, el cual
consideró vulnerado con la conducta de la accionante, al
desconocer el contrato “GIDSA” y, particularmente, la
cláusula compromisoria allí estipulada.
4.5. “INEXISTENCIA DE UN CONTRATO DE AGENCIA
MERCANTIL”, en desarrollo de la cual se refirió a “[l]os
elementos esenciales” de esa tipología contractual, al
“[t]ratamiento jurisprudencial a relaciones contractuales
análogas a la presente”, a la “[a]usencia de los elementos
esenciales del contrato de agencia mercantil en el caso
concreto” y a que “[l]as partes expresamente excluyeron la
configuración de un contrato de agencia mercantil entre
ellas”.
4.6. “LA RELACIÓN COMERCIAL OBJETO DEL PROCESO
SE CARACTERIZ[Ó] COMO UN CONTRATO DE CONCESIÓN
MERCANTIL Y NO COMO UN CONTRATO DE AGENCIA”,
sustentada con argumentos muy cercanos a los expuestos en
la anterior defensa.
4.7. “INEXISTENCIA DE MALA FE Y DE ABUSO DE
POSICIÓN DOMINANTE CONTRACTUAL”, en relación con la
que destacó que la actora “se comprometió en el mes de marzo
de 2005 a separar las vitrinas de las marcas Ford y Mazda en su
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local Morato”, exigida por las dos empresas, obligación que
aquélla luego reafirmó, sin que, por lo tanto, ello hubiese sido
una imposición caprichosa de la aquí demandada.
4.8. “INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL IMPUTABLE A FMDC”, puesto que no media la
existencia de una “una obligación que pueda ser incumplida”
por ésta y, mucho menos, un “incumplimiento culposo” a su
cargo, a lo que se suma la “[i]nexistencia de daños
indemnizables” y la “[a]usencia de nexo causal”.
5. Agotado el trámite de la primera instancia, el juzgado
del conocimiento le puso fin con sentencia de 15 de agosto
de 2019, en la que resolvió:
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones primera, cuarta,
quinta, sexta y séptima de la demanda (…), referidas a la
declaración de existencia de una agencia mercantil de hecho
y a las condenas derivadas de la misma (…).
SEGUNDO: DECLARAR que entre Distribuidora Mayorista de
Automóviles Madiautos S.A.S. y Ford Motor de Venezuela
S.A., a través de Ford Motor de Colombia Sucursal, existió un
contrato de concesión que rigió su relación comercial desde
noviembre de 2000 hasta el 15 de diciembre de 2011.
TERCERO: NO ACCEDER a las pretensiones
indemnizatorias derivadas de la anterior declaración, por no
encontrarse justificada la terminación unilateral del contrato
de concesión que rigió entre las partes, conforme a lo
discurrido dentro de este proveído.
CUARTO: ORDENAR, en consecuencia, la terminación del
presente proceso y el consiguiente archivo del expediente,
una vez en firme la presente sentencia.
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QUINTO: CONDENAR en costas a Madiautos S.A.S. a favor
de la parte demandada, las cuales serán oportunamente
liquidadas por secretaría, incluyendo como agencias en
derecho la suma de $2.940.000.000.oo. Procédase de
conformidad con lo aquí dispuesto (fls. 1511 a 1543, cd. 1,
tomo IV).
6. Al desatar la apelación que la actora interpuso contra
el referido proveído, el ad quem, en sentencia de 11 de
diciembre de 2020, decidió “MODIFICAR EL NUMERAL
QUINTO (…) que quedará así: ‘CONDENAR a la parte demandante
al pago del 90% de las costas del proceso’”; “CONFIRMAR las
restantes determinaciones proferidas en la providencia de fecha y
procedencia indicadas”; y abstenerse de imponer costas, “dada
la prosperidad parcial del recurso” (fls. 278 a 314 vuelto,
cuaderno de segunda instancia).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En respaldo de su fallo, dicha Corporación esgrimió los
argumentos que, resumidos, pasan a reseñarse:
1. Tras advertir la satisfacción de los presupuestos
procesales y la inexistencia de nulidades, dejó en claro que
su pronunciamiento únicamente versará sobre “los reparos
señalados por el apelante en la primera instancia” y que fueron
“sustentados en esta sede”.
Destacó que, “como enfáticamente lo resaltó el recurrente al
sustentar[,] su recurso se dirige ‘exclusivamente’ a cuestionar los
numerales 3º y 5º de la parte resolutiva de la sentencia de primer
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grado, en cuanto no se accedió a las pretensiones indemnizatorias
con ocasión de la terminación unilateral del contrato de concesión
y se condenó en costas”.
En consonancia con esas apreciaciones, concluyó que,
“[p]or lo tanto, a ello se circunscribe la competencia del Tribunal,
descartándose el examen de la temática concerniente a la agencia
comercial de hecho y las condenas derivadas de ésta, sin perjuicio,
claro está, del análisis que incumbe para dilucidar las
inconformidades del recurrente”.
2. Con ayuda de la jurisprudencia, el sentenciador de
segunda instancia se ocupó de distinguir la agencia
mercantil de otras formas negociales, particularmente, de los
contratos de concesión, análisis que lo llevó a aseverar:
Puesto de presente el marco legal y jurisprudencial que
antecede, en verdad no puede pregonarse que entre las
partes se desarrolló una agencia mercantil, pues el negocio
entre ellas ajustado y ejecutado consistió en que Madiautos
compraba a Ford Motor vehículos para la reventa,
adquiriendo para sí la propiedad de los mismos, procedía a
su comercialización por cuenta propia, asumía los riesgos del
negocio, asesoraba y atendía a sus clientes en la posventa y
su margen de ganancia estaba en la diferencia entre el valor
por el cual adquiría los automotores y el precio por el cual los
revendía, sin que representara a la demandada, ni
gestionara sus negocios, tampoco recibía como
contraprestación una remuneración; no tenía exclusividad ni
la ofrecía, pues véase que comercializaba vehículos nuevos
de la marca Mazda; y usados de otras marcas; e
indistintamente brindaba asistencia técnica y servicio de
taller.
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3. Con tal base, pasó a “adentrarse en los reproches
plateados por el apelante, quien no cuestionó la inexistencia de la
agencia comercial de hecho[,] pretensión cuyo fracaso declaró la
juez de primera instancia; dirigiendo su disenso a plantear que el
contrato que unió a las partes fue finiquitado unilateral e
injustificadamente por la demandada, razón que soporta la
reparación de los daños irrogados a la demandante”.
4. Delanteramente, relacionó las siguientes pruebas:
4.1. Todas “las comunicaciones cruzadas entre las partes,
arrimadas al plenario”, que ordenó cronológicamente,
reproduciéndolas en lo que estimó pertinente o comentando
su contenido.
4.2. El interrogatorio de parte absuelto por el
representante legal de la actora, quien, a decir del Tribunal,
“fue reiterativo en señalar que su relación comercial siempre fue
con Ford Motor Sucursal Colombia”; señaló que la misma no
comportó la importación de los vehículos, se efectuó en el
territorio nacional y las operaciones se realizaron en moneda
legal colombiana; “[a]ceptó haber firmado el Gidsa en 2004, y
haberlo devuelto en dos ejemplares, y solo después de terminado
el contrato obtuvieron uno de ellos pero firmado con la
enmendadura en la antefirma de quien debía suscribirlo por Ford
Motor Company”; indicó que el nexo comercial inició en 2001
y la solicitud de separación de vitrinas fue elevada en 2008,
tanto por la demandada como por Mazda; añadió que desde
ese momento se realizaron múltiples reuniones, “hasta que se
acordó lo que se quería”; puntualizó que para hacer efectivo
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dicho acuerdo, se adquirió un lote de 400 metros cuadrados
que se englobó a con el de la sede Morato, pero que como
tenía “destinación residencial”, sin que “el englobe de áreas”
comprendiera “el englobe de uso”, ese fue “el obstáculo y la
primera observación que hizo el Curador Urbano” para negar la
licencia de construcción, la cual no se obtuvo, “aunque
existían mecanismos” para su consecución, pero “el tema era
complejo y podía tardar dos o tres años”; y observó que ello
determinó la intempestiva
terminación del contrato
.
4.3. La declaración de parte rendida por el
representante legal de Ford Motor Colombia, quien admitió
que, en principio, se autorizó la concesión en conjunto con
Mazda y luego, “cuando el mercado repuntó[,] se fueron dando
cumplimiento a las condiciones de separación de vitrinas y
operaciones como se había establecido desde un comienzo para
seguir adelante con la relación”; especificó que el contrato
“Gidsa” era el que regía la relación de Ford con todos sus
concesionarios; detalló que firmó el celebrado con la
demandante, cambiando la antefirma, como quiera que
“Ignacio Ortiz se fue de la compañía en el 2008”, estando
autorizado por “el ‘assistant secretary’ de Ford Motor Company”,
quien además “ratificó toda la gestión realizada por la sucursal”;
narró que, como aconteció con todos los concesionarios de la
Ford en Colombia, se solicitó a Madiautos la “separación de
vitrinas, áreas de servicios y (…) operaciones”, empero con ella,
“desde el comienzo[,] hubo dificultad que cumpliera con los
compromisos, se hicieron múltiples reuniones y conforme el acta de
2008 se fijaron unos plazos que no se atendieron y hubo constantes
incumplimientos”; y puntualizó que “[e]l proyecto autorizado para
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la separación de vitrinas en Morato (…) no fue aprobado por la
Curaduría, de lo cual Madiautos enteró a Ford dos meses después
de tener la decisión, no presentó ningún plan alternativo y la oferta
que fuera allí solo vitrina Ford la hizo después de que se le
comunicara la
terminación del contrato
”.
4.4. El testimonio rendido por Jorge Andrés Neira
Fresneda, del cual destacó que el deponente manifestó que,
en su condición de Gerente de Desarrollo de los
concesionarios Ford, participó en “las reuniones con Madiautos
y la Compañía Colombiana Automotriz con el fin de separar las
vitrinas”; que “las decisiones se tomaban de forma conjunta, en
armonía, concertadas”; y que esa política de “independizar todos
los concesionarios fue una decisión a nivel nacional”.
4.5. El testimonio de Félix Darío Guevara Cadena, en
torno del cual trajo a colación que él indicó que el nexo
comercial entre las partes fue siempre el mismo, desde 2001
hasta 2011; que en 2008 se solicitó la separación de vitrinas
y que, a raíz de ello, se realizaron múltiples reuniones entre
Ford, Mazda y Madiautos hasta que llegaron a un acuerdo,
como dos años después; que “la independización implicaba una
ampliación para separar entradas, salas de ventas y talleres,
trabajo que requería licencia de construcción que finalmente no fue
aprobada por la Curaduría por un tema del uso del suelo, lo que se
comunicó a la Ford para explorar otras alternativas y la respuesta
fue la
terminación del contrato
”; y que reconoció haber suscrito
los documentos visibles en los folios 282 y 305 del cuaderno
1A.
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4.6. El testimonio de Luis Gabriel Mojica Porras, jefe del
servicio posventa de la actora desde 2006, de cuya versión
rescató que el deponente dijo haber participado en las
reuniones adelantadas con la Ford y Mazda para la
separación de vitrinas; que se llegó a un “acuerdo final” en
abril de 2011, el cual explicó, especialmente, en lo
relacionado con el taller y los puestos de trabajo; y que la
demolición del local de la sede Morato se inició en 2010.
4.7. El testimonio de Luz Elena del Castillo Trucco, en
relación con el cual el ad quem puso de presente su
vinculación laboral con Ford Motor Colombia desde 2008;
que ella señaló que la relación de dicha compañía con todos
sus concesionarios estaba sometida a un “contrato universal,
el Gidsa”, aplicado en toda la región; que cuando empezó a
trabajar con la demandada, se le encomendó “acelerar el
proceso de separación de las marcas Mazda y Ford”, el cual se
hizo en todo el país y fue cumplido por la mayoría de los
concesionarios en el 2010; que como “Ford no tiene un modelo
de negocio solo con vitrina, sino [que] era condición prestar servicio
posventa con unos estándares de marca[,] taller y repuestos, (…)
las propuestas de Madiautos de sólo vitrina no eran opción”; que
por la importancia de la sede Morato, decidieron quedarse
allí; que “fueron varios los incumplimientos” de la precitada
actora “que, sumados, llevaron a la
terminación del contrato
: el
retiro de Hyundai del taller; tener los puestos suficientes de taller
asignados para Ford para prestar un servicio adecuado y
diferenciado para la marca; y uno de los más importantes ‘el no
haber separado las vitrinas, ni haber tenido un plan claro de
separación de las vitrinas, lo teníamos aprobado pero no vimos
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evolución’, que fueron las más preocupantes, porque ya habían
sido requeridos por otros motivos: la exhibición en sitio no
autorizado en la autopista norte, publicidad no aprobada”; que
Ford entregaba a los concesionarios “un manual de imagen
general”, con base en el cual ellos debían hacer el “render” y
“presentar la propuesta”, la cual debía incluir “la vitrina, la
entrada, la distribución de los puestos de trabajo, la distribución
de los puestos de taller asignados, básicamente eso era lo que se
examinaba para autorizarlo con el fin de cuidar la imagen de la
marca de cara al cliente”; que “planos arquitectónicos específicos[,]
detallados de construcción, no”; y que la demandante “no hizo
ningún tipo de reparo sobre las inversiones que tendría que hacer
para la separación”, las cuales, en su criterio, “no tendrían que
ser muy altas”.
4.8. El testimonio de José Armando García Martínez,
gerente nacional de posventa de Ford Motor Colombia,
respecto del cual el Tribunal memoró que el declarante se
refirió al proceso conjunto con la Mazda, iniciado en 2008,
“para restituir la individualidad y la dedicación exclusiva de
recursos para cada una de las marcas”, lo que se comunicó a
todos los concesionarios que tenían operación dual. Añadió
que, según el deponente, dicho proceso con Madiautos “fue
tortuoso y dilatado (…), se realizaron múltiples reuniones, [se]
suscribieron actas y cruzaron comunicaciones”, amén que
“funcionarios de las tres entidades evaluaban las propuestas que
presentaba el concesionario” y que, “luego de diversos
incumplimientos”, ella “informó que la licencia de construcción no
le había sido autorizada”.
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20
También observó que, a decir del testigo, “en ningún
momento se exigió la ampliación del local, de cara a su propia
realidad cada concesionario dimensionaba sus necesidades en
cuanto a su operación de servicio, de taller, los puestos de trabajo
para que su atención fuera adecuada y presentaba la propuesta”;
“[n]o en todos los casos se requirió ampliación, sino simplemente
remodelaciones, lo que cada concesionario determinaba para
elaborar y presentar su propuesta”; y “en el caso de Madiautos, en
su taller atendía vehículos de la marca Hyundai, y se le pidió retirar
esa operación y la de usados, cosa que nunca hizo”.
Destacó que el declarante indicó que en las diferentes
comunicaciones que se hicieron a la actora, se le “recordaba
el cumplimiento de las estipulaciones del Gidsa, sin que ellos
manifestaran desconocerlas, ‘era absolutamente claro que existía
un documento que regía la relación y en ningún momento se notó
desconocerlo’”.
5. Con sustento en “el material probatorio reseñado”, el ad
quem aseveró que el contrato celebrado por las partes fue de
“distribución”, como quiera que así se indicó en la carta de
intención de 21 de noviembre de 2000, fluye de la
correspondencia cruzada entre ellas, lo señalaron sus
representantes legales en los interrogatorios de parte que
absolvieron y lo refirieron de manera concordante los
declarantes.
Reiteró que a lo anterior se suma el desarrollo de la
relación negocial, como quiera que de ella emergen los
elementos que la jurisprudencia ha identificado como
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propios de esa clase de contrato, “pues la demandada Ford
Motor[,] atendiendo la solicitud que le hiciera el representante de la
demandante, le concedió la prerrogativa de unirse a su red de
comercialización de sus productos (vehículos y repuestos),
manteniendo un importante grado de control de la actividad, si bien
es cierto aquella le vendía a Madiautos los automotores, repuestos,
herramientas, para que éste los revendiera y la utilidad (…)
consistía en la diferencia entre el precio de adquisición y el de
colocación o venta”.
Puntualizó que dicho vínculo comenzó el 21 de
noviembre de 2000, cuando la actora manifestó a la
demandada “que aceptaba las condiciones plasmadas en la carta
de intención de esa misma calenda”.
6. En cuanto hace a las reglas contractuales, puso de
presente que ese fue uno de los temas principales de la
controversia, pues mientras la accionada dijo que la referida
carta de intención fue reemplazada en el año 2004 por el
llamado “contrato Gidsa”, que regula a todos los
concesionarios Ford en el mundo, la gestora del proceso negó
la eficacia del mismo, puesto que si bien es verdad que su
representante lo firmó en dos ejemplares, nunca se volvió a
saber de dicho convenio hasta después de terminado el
contrato base de la acción, como quiera que, a solicitud suya,
le fue remitida una copia firmada por el representante legal
de la Ford Motor Colombia Sucursal en 2008, con
adulteración de la antefirma.
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22
Sobre el particular, el Tribunal recordó que el a quo, al
resolver las excepciones previas, descartó que el predicho
contrato hubiese regulado la relación de las partes objeto del
debate, no obstante que la actora conocía su “contenido y
alcance”, no solo porque, como ya se registró, su
representante lo suscribió en el 2004, sino porque ninguna
sorpresa le ocasionó que fuera invocado tanto al
comunicársele la
terminación del contrato
, como en muchos
otros mensajes de la correspondencia cruzada, amén que lo
respaldó “en el documento ‘ACUERDO EN RELACIÓN CON EL
CONTRATO DENOMINADO GIDSA CELEBRADO ENTRE FORD
MOTOR COMPANY (US) Y DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE
AUTOMÓVILES MADIAUTOS S.A.S. DE FECHA MARZO 30 DE
2004’, suscrito el 8 de septiembre de 2011 por Enrique Guzmán
Gálvez y Félix Darío Guevara Cadena en nombre de Madiautos
(folios 282-283 cuaderno 1A), en el que reiterativamente se citaron
estipulaciones del Gidsa; de la misma forma procedió el señor
Guevara Cadena, al firmar el documento fechado el 10 de agosto
de 2012 con el que se liquidó el contrato (folios 3’5-311 cuaderno
1A)”.
Tras recordar el postulado de la buena fe, en general y
en materia contractual, que explicó con ayuda de la
jurisprudencia, y lo expresado por el a quo en su fallo, el ad
quem señaló que, “[c]iertamente, la decisión adoptada por el juez
de primer grado no se basó exclusivamente en el documento
GIDSA, sino en los documentos y declaraciones recaudadas en el
curso del proceso que dieron cuenta que las condiciones recogidas
en el referido instrumento las partes las aceptaron, y al no tratarse
de un pliego ad substantiam actus como lo propone el apelante, su
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existencia podía probarse por otros medios como efectivamente lo
determinó”.
Así las cosas, el sentenciador de segunda instancia,
sobre el punto, en definitiva coligió que “queda desvirtuado el
primer argumento en torno a la utilización o valoración del
documento denominado GIDSA, que como se explicó no fue tenido
en cuenta en sí, pero sí los otros documentos y las declaraciones
recaudadas que prueban que las partes dieron por sentadas las
cláusulas del referido contrato, entiéndase que no se le est[á]
dando valor al manuscrito sino a lo aceptado por las partes con sus
manifestaciones y a los documentos que muestran su voluntad de
aceptar los elementos característicos del contrato y las obligaciones
que de allí emergen”.
7. A continuación fijó su atención en el supuesto abuso
de la posición dominante por parte de la accionada, temática
a la que se refirió en abstracto mediante la reproducción en
lo pertinente de un fallo de esta Corporación, luego de lo cual
abordó las quejas que sobre el particular plateó la actora.
7.1. En lo relacionado con la
terminación del contrato
,
puso de presente que la última no concretó la “estipulación
abusiva impuesta por la demandada de la que hizo uso en
detrimento” de sus intereses.
7.2. Añadió que el hecho de que “la relación provenga de
un contrato de adhesión, en sí mismo no es reprochable ni ilegal”,
como tampoco lo es que uno de sus celebrantes “tenga una
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posición de superioridad o dominante”, pues “lo reprochable es
que se abuse de esa condición en menoscabo del otro contratante”.
7.3. Resaltó que en la carta de intención de 21 de
noviembre de 2000, Ford subrayó la importancia que tenía
para ella la ubicación de la actora, esto es, que estaba
localizada en la sede Morato, por lo que “no puede calificarse
de abusivo (…) que[,] con posterioridad[,] no hubiese aceptado que
la distribución de sus mercancías por Madiautos se trasladara a
otro sitio, ni a seccionar la operación para tener solo vitrina”, pues
allí claramente se expresó que “esa fue una razón que los indujo
a contratar”, a lo que se añaden “todas las explicaciones que
sobre la ubicación estratégica” de esa sede en el “mercado
automotriz capitalino”, expusieron “varios declarantes”.
7.4. Puntualizó que, en la referida carta de intención,
adicionalmente, se establecieron las siguientes obligaciones
a cargo de la aquí demandante:
7.4.1. Acondicionar, organizar e identificar las
instalaciones conforme las “guías corporativas de diseño” de la
accionada y ampliarlas según “el crecimiento de las operaciones
de vehículos nuevos, repuestos, servicio técnico y vehículos
usados”, con el fin de “de prestar una eficiente atención en
servicio técnico y repuestos a los usuarios de los productos Ford”.
7.4.2. Adquirir las “herramientas” y “manuales técnicos”
necesarios para la operación de la marca.
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7.4.3. Manejar “única y exclusivamente las marcas Ford y
Mazda”, sin perjuicio de la comercialización de vehículos
usados de marcas diferentes.
7.4.4. Cumplir “un volumen de ventas planificado”.
7.4.5. Atender en todo momento los “planes de acción
operativos que Ford Motor de Colombia Suc. le requiera, (…) en
cada una de las distintas áreas del negocio dentro del proceso de
inicio, desarrollo y estandarización de sus operaciones”.
7.5. Tales compromisos fueron adquiridos por la actora
al aceptar, sin reservas, esa propuesta de negocio, habiendo
recalcado, además, que dejaría de vender vehículos nuevos
Fiat y Hyundai a partir de diciembre de 2000.
7.6. Dicha relación negocial solamente fue modificada
para separar la comercialización de las marcas Ford y Mazda,
de lo que se empezó a hablar en 2005, según carta que el 16
de marzo de ese año remitió Enrique Guzmán Gálvez, en su
condición de representante legal de la actora, en la que
anunció que “se han independizado las fuerzas de ventas de las
marcas MAZDA-FORD y se independizarán las salas de exhibición
a más tardar a fines de 2005” (fl. 133, cd. 1A).
A decir del Tribunal, el 1º de abril de 2008, tanto el
Director Gerente General de Ford Colombia y el Presidente
Ejecutivo de la Compañía Colombiana Automotriz, aludiendo
a misivas anteriores, conjuntamente expresaron a la
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accionante que “como las condiciones del mercado habían
variado sustancialmente y ‘han llevado tanto a Ford como a Mazda
a buscar la diferenciación y separación de su imagen en las
instalaciones de sus concesionarios’, era necesario que Madiautos
presentara ‘su propuesta formal de separación de las dos
marcas’”, la cual debía cumplir “….‘con los estándares de cada
una, tal como se detalla en el anexo’”, petición que fue aceptada
“[t]ácitamente” por aquélla, como quiera que “presentó
propuestas de separación, sobre las que se hicieron observaciones
por parte de Ford”.
Acotó el ad quem que, “finalmente[,] el 28 de octubre de
2008 se reunieron los representantes de Ford, de la Compañía
Colombiana Automotriz S[.]A[.] y de Madiautos; suscribiéndose
acta de compromiso en la que ést[a], en cuanto a la separación de
la operación de ventas, servicios y repuestos de las marcas Mazda
y Ford, expresamente se comprometió a proceder con la separación
‘a más tardar el treinta (30) de [j]unio de 2008’ (sic), proponiendo 3
opciones y señalando que en abril de 2009 se verificaría el
cumplimiento del cronograma fijado”; y que, con base en tal
acuerdo, la demandada requirió en varias ocasiones a la
actora “por el incumplimiento de las actividades señaladas en los
plazos concertados”.
Así las cosas, el sentenciador de segunda instancia
coligió:
Hasta aquí, tampoco se observa una conducta abusiva por
parte de Ford, de un lado porque desde la misma aceptación
de la carta de intención, Madiautos asumió el deber de hacer
las adecuaciones a sus instalaciones atendiendo los
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estándares organizacionales de aquella, e incluso hacer
ampliaciones en la medida que evolucionaran y crecieran las
ventas; por otra parte, la solicitud de independización de
operaciones (vitrina, sala de exhibición, taller, repuestos) no
fue decisión exclusiva de Ford Motor Colombia, sino de
manera conjunta con la Compañía Colombiana Automotriz,
que también tenía el interés en el mismo propósito para sus
productos y servicios Mazda; siendo importante señalar que
tal determinación de separación de operaciones no se tomó
sólo respecto de Madiautos, sino a nivel nacional en todos los
distribuidores del país.
El Tribunal añadió que “las exigencias de Ford no lucen
extraordinarias”, en tanto que se invitó a todos los
distribuidores a presentar sus propuestas, las cuales, en su
gran mayoría, previo estudio y aprobación, se materializaron
en 2010. De suyo, pues, “[n]o se trató de especificaciones
impuestas por Ford o por Mazda”, de modo que, en el caso de la
aquí demandante, ella fue quien planteó las fórmulas para la
separación solicitada, siendo “discutidas, examinadas y
concertadas en múltiples reuniones en las que participaron equipos
de funcionarios de las tres compañías, como así al unísono lo
dijeron los representantes de las partes en sus interrogatorios y los
testigos; también de ello dan cuenta las misivas cruzadas”.
Puso de presente que el 25 de noviembre de 2009, la
demandada instó a la gestora de la controversia para
“…‘ponerse al día con estos estándares mínimos de operación
Ford’, advirtiéndole que contaba con 8 meses para que de manera
gradual los reuniera y fuesen satisfechos a más tardar en julio de
2010; pero, llegada esta fecha ello no había ocurrido, aun así Ford
amplió plazos para entrega de planos, para el inicio de obras y sí,
en efecto, el 13 de agosto de 2010 verificó en la sede Morato que
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sólo estaba pendiente la licencia de construcción; sin embargo, no
puede desconocerse que 4 meses después el mismo señor Guzmán
Gálvez solicitó autorización de un punto de venta e informó que la
obra de Morato estaba ‘paralizada’ a la espera del otorgamiento de
la licencia”.
Y que el 21 de enero de 2011 la Curaduría Urbana No.
1 enteró a la demandante del acta de observaciones respecto
de la licencia de construcción, en la que se consignó que “no
se cumplían las condiciones para concederla”, entre otros
motivos, por “razón del uso del suelo”, determinación que
Madiautos comunicó a la accionada “casi dos meses después,
el 11 de marzo”, fecha a partir de la cual “transcurrieron cuatro
meses sin que haya constancia de que se hubiese propuesto por
Madiautos otra solución, fue entonces cuando Ford Motor de
Colombia Sucursal comunicó la determinación de terminación
unilateral del contrato”.
Corolario de las precedentes apreciaciones, el ad quem
descartó la existencia de “una conducta caprichosa, arbitraria,
inflexible por parte de la demandada Ford en el tema de la
separación de vitrina de los productos Mazda, si en consideración
se tiene que quien ideó, diseñó y presentó la propuesta fue
Madiautos; discutida, evaluada y concertada se elaboró un
cronograma para su realización; se concedieron plazos que fueron
ampliados; también se evidencia el reiterado incumplimiento de su
compromiso por la demandante, y que, si bien se presentó un
obstáculo al no concederse la licencia de construcción, no es menos
cierto que después de presentado el escollo Madiautos no hizo
patente su disposición de atender el requerimiento de
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independización de operaciones de Ford y Mazda mediante el
ofrecimiento de otras alternativas o propuestas, sólo después de
que se le comunicó (…) la
terminación del contrato
, afanosamente
propuso dejarle a Ford toda la sede Morato y sacar de allí a
Mazda”.
Agregó que la finalización del contrato “no surgió de
manera ‘intempestiva’, pues transcurrieron cerca de tres años sin
que se satisficiera el compromiso adquirido por Madiautos de
independizar las operaciones Ford y Mazda; y tampoco, se trató de
una decisión inesperada, pues ya en varias comunicaciones se le
había advertido que si persistía en la desatención de las cargas
contractuales se daría por terminado el contrato; particularmente,
en la carta de 25 de noviembre de 2009 se destacó ‘que el
cumplimiento de los compromisos adquiridos conjuntamente con
Uds., es indispensable para que Madiautos siga representando a
la marca Ford en Bogotá’, ya en el mismo sentido funcionarios de
Ford habían reconvenido (…) a Madiautos (folios 22 cuaderno 1;
137, 180, 215, 222 del cuaderno 1 A)”.
7.7. Pasó el Tribunal a referirse sobre el “retiro de la
operación Hyundai”, obligación a la que, en su sentir, se
comprometió la actora “desde noviembre de 2000”, y que no
cumplió, siendo requerida en distintas comunicaciones,
como en la carta de 26 de marzo de 2009, habiéndose
ampliado el plazo para ello “hasta el 30 de noviembre de ese
año”, sin que en el proceso se hubiere demostrado su
satisfacción.
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7.8. En definitiva, el sentenciador de segunda instancia,
soportado en el “precedente análisis”, concluyó que “las
conductas arbitrarias que se endilgaron a la parte demandada son
infundadas, como quiera que la decisión de terminación del
contrato que lo ligaba a la demandante se fundó en el reiterado
incumplimiento de ésta a las cargas contractuales que asumió”,
razón por la cual “las pretensiones indemnizatorias no podían
obtener decisión favorable”.
8. Adicionalmente a lo expuesto, esa Corporación
descartó la censura tocante con la indebida valoración de los
medios de convicción por parte del a quo, toda vez que,
“además de haberse consignado en la providencia” impugnada,
recayó sobre el “conjunto de las pruebas recaudadas” y se
realizó “de manera ponderada y conforme las reglas de la sana
crítica”.
9. Tampoco halló razón al cuestionamiento consistente
en la falta de pronunciamiento de las excepciones alegadas
por la demandada, toda vez que la mayoría de ellas estaban
relacionadas con las pretensiones dirigidas a declarar la
existencia de un contrato de agencia comercial entre las
partes y al reconocimiento de las prestaciones propias del
mismo, pedimentos que fueron denegados por el juzgado del
conocimiento, determinación que lo exoneraba de
profundizar sobre los mecanismos defensivos alegados.
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LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene seis cargos, los dos iniciales fincados en la
causal segunda de casación y los cuatro restantes, en la
primera.
La Corte los resolverá conjuntando, de un lado, el
primero y el segundo y, de otro, los tres siguientes, habida
cuenta que razones comunes servirán para despachar cada
grupo. Finalmente abordará el análisis de la última
acusación.
CARGO PRIMERO
En él se denunció la sentencia cuestionada por ser
indirectamente violatoria de los artículos 1546, 1602, 1603,
1613, 1614 del Código Civil, 830, 870, 871 y 973 del Código
de Comercio, como consecuencia de los errores de hecho y
de derecho especificados a lo largo de la censura.
El recurrente, en sustento de la acusación, en síntesis,
adujo:
1. El Tribunal concluyó que la
terminación del contrato
que unió a las litigantes fue justificada, soportado en el
incumplimiento, básicamente, de dos obligaciones a cargo de
la actora, a saber: la separación de vitrinas de las marcas
Ford y Mazda y el retiro de la operación Hyundai del taller de
la sede “Morato”.
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2. En cuanto hace al último de esos deberes, el
inconforme manifestó:
2.1. La comisión por parte del ad quem de los siguientes
errores de hecho:
2.1.1. Distorsionó la comunicación de 21 de noviembre
de 2000, como quiera que en ella la demandante no se
comprometió a “retirar la operación Hyundai del taller”, sino a
no continuar comercializando vehículos nuevos de esa marca
y de Fiat.
2.1.2. Supuso la prueba de los diversos requerimientos
en los que la demandada reclamó la insatisfacción de dicha
obligación, como quiera que en el proceso no milita uno sólo
en que así se hubiere señalado.
2.1.3. Pasó por alto la carta de 14 de enero de 2002, en
la que la accionante reportó la constitución de una nueva
sociedad, denominada “MADIAUTOS 127”, destinada a la
comercialización de automotores de marcas distintas a Ford
y Mazda.
2.1.4. Pretirió la misiva de 13 de marzo de 2002, en la
que la propia demandada reconoció que la gestora de este
asunto litigioso cumplió el compromiso del manejo por
separado de la operación Hyundai.
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2.1.5. Desfiguró el contenido del acta de compromiso de
28 de octubre de 2008, firmada por los representantes de la
actora, la accionada y Mazda, como quiera que lo que allí se
propuso fue el retiro “parcial” de la operación posventa de la
marca Hyundai, toda vez que se “dejó clara una salvedad: ‘a
excepción de colisión’, lo que quiere decir que, en caso de que se
escogiera esa opción, MADIAUTOS se reservaría la atención de
vehículos Hyundai averiados en colisiones”.
2.1.6. Alteró el sentido de la “Minuta Reunión Ford-Mazda-
Madiautos” de 26 de marzo de 2009, pues lo previsto en ella
fue el retiro definitivo de toda la operación Hyundai como un
componente de la separación de vitrinas de las marcas Ford
y Mazda, mas no que ese fuera un compromiso
independiente, distinto y sometido a un plazo diferente.
2.1.7. Tergiversó el alcance de la comunicación de 11 de
noviembre de 2009, habida cuenta que el plazo concedido
hasta el 30 de noviembre de 2009 fue para la presentación
de “planos y cronograma de la implementación de la propuesta
definitiva” y no para el retiro de la operación Hyundai del
taller de la sede “Morato”.
2.2. Por aparte, el impugnante le enrostró al
sentenciador de segunda instancia la comisión del error de
derecho consistente en exigir la prueba del cumplimiento de
la obligación de haber retirado la operación Hyundai del
taller de “Morato”, pues siendo una “prestación de NO HACER,
cuyo cumplimiento está constituido por un hecho indefinido, pues
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se trata de una abstención sin determinación en el tiempo: dejar de
atender vehículos Hyundai”, tal “hecho está exonerado de prueba
por expresa disposición legal (CGP, art. 167-4), dada la
imposibilidad de demostrar en el proceso afirmaciones o
negaciones indefinidas”.
Así las cosas, el casacionista señaló que, de
conformidad con la citada norma, “no era el cumplimiento del
compromiso (la abstención) lo que debía probarse en el proceso,
sino los hechos constitutivos del incumplimiento. En otras palabras,
lo que debía ser objeto de prueba era que MADIAUTOS atendió
vehículos Hyundai” en “situaciones no derivadas de colisiones” y
“[d]urante la vigencia del compromiso de abstención”,
demostración que al no militar en el proceso obligaba al
Tribunal a “considerar no probado el incumplimiento alegado por
Ford”.
2.3. En definitiva, el recurrente concluyó que el ad
quem, de no haber incurrido en los desatinos de apreciación
probatoria atrás registrados, “habría advertido que el retiro de
la operación Hyundai del taller Morato fue concebido como un
componente fundamental de la separación de vitrinas y que
debía materializarse con la remodelación que la haría realidad.
Claro está que, gracias a la prematura
terminación del contrato
, la
separación de vitrinas no llegó a cristalizarse, por lo que tampoco
se hizo realidad el retiro de la operación Hyundai del taller”.
Añadió que, en contravía de lo que expresan los
relacionados documentos, el mencionado juzgador “entendió
que el retiro de la operación Hyundai del taller Morato fue un
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compromiso independiente de la separación de vitrinas, surgido en
noviembre de 2000”; y que el mismo fue incumplido por la
actora, erigiéndose en un justificante de la terminación del
contrato celebrado por las partes.
3. En lo tocante con la obligación de separar las vitrinas
de las marcas Ford y Mazda, el impugnante delató la
incursión por parte del sentenciador de segunda instancia en
los errores fácticos que pasan a describirse:
3.1. Desfiguró el acta de compromiso suscrita por los
representantes de la actora, la accionada y Mazda el 28 de
octubre de 2008, como quiera que la fecha de 30 de junio de
ese mismo año allí indicada, fue alusiva a la previamente
acordada solamente entre aquélla y la Compañía Colombiana
Automotriz para hacer la separación de vitrinas, sin que, por
lo tanto, significara que ese era el plazo fijado entre
Madiautos y Ford con tal fin, como erradamente lo entendió
el Tribunal.
El censor explicó que “[e]l documento no dice que en la
reunión de 28 de octubre de 2008 MADIAUTOS se comprometió a
‘proceder con dicha separación a más tardar el treinta (30) de
[j]unio de 2008’, lo cual hubiese sido irracional, pues esa fecha
había pasado cuatro meses antes. Lo que dice el documento es que,
con anticipación, MADIAUTOS había contraído ese compromiso con
la CCA”.
Adicionalmente, puso de presente que, según la
comentada acta, el acuerdo de los firmantes consistió en la
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proposición de tres opciones para la separación de las
marcas, sin que se definiera una de ellas, decisión que quedó
postergada para abril de 2009, por lo que mal podía el ad
quem colegir que la promotora del litigio se obligó allí a
efectuar la independización de las marcas a más tardar el 30
de junio de 2008, esto es, en una fecha que ya había
transcurrido.
3.2. Preterición de la carta de 11 de noviembre de 2009
que Ford dirigió a Madiautos, como quiera que fue en ella
que la primera hizo la escogencia de una de las tres opciones
que habían sido delineadas para la separación de las marcas,
más exactamente, la opción No. 1, toda vez que manifestó su
interés de permanecer en el local de “Morato”.
Si sólo en la indicada fecha se eligió una de las
propuestas planteadas por la actora, impropio era aceptar,
como lo hizo el Tribunal, que Madiautos se comprometió a
tener culminado el proceso de independización en una fecha
anterior, es decir, el 30 de junio de 2008.
3.3. Desconocimiento de la comunicación de 9 de
diciembre de 2010, en la que la promotora del litigio informó
de la parálisis de la obra en el tantas veces mencionado local,
“en espera de la licencia de construcción” y ofreció como
alternativa, la apertura de una vitrina de ventas en la carrera
19 con calle 102 de esta ciudad, pese a lo cual el juez de la
apelación aseveró que la nombrada demandante no hizo
patente su voluntad de cumplir con la independización de las
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37
marcas, como quiera que sólo hasta después de que se
comunicó la
terminación del contrato
fue que, afanosamente,
ofreció dejar el mencionado local únicamente para Ford.
3.4. Cercenamiento del mensaje fechado el 11 de marzo
de 2011, en el que Madiautos, además de informar a Ford
sobre la negativa de la concesión de la licencia de
construcción, hizo una franca invitación a “explorar otras
posibilidades”, por lo que no era factible que el ad quem le
imputara falta de interés en cumplir con el compromiso sobre
la separación de vitrinas que había adquirido.
4. Al cierre, el inconforme reiteró el quebranto indirecto
de las normas que enlistó al inicio del cargo y advirtió la
trascendencia de los errores cometidos por el juzgador de
segunda instancia, pues de no haberlos cometido “habría
concluido que el 26 de marzo de 2009, no antes, MADIAUTOS se
comprometió a incluir el retiro de la operación Hyundai del taller
solo como un componente del proyecto de separación de
vitrinas, que FORD insistió en ese compromiso el 11 de noviembre
de 2009 cuando le solicitó incluirlo en los planos de la
propuesta definitiva y que no se hizo realidad por el hecho de
que el contrato fue clausurado unilateralmente antes de que se
realizara la separación de vitrinas”; y que “el 28 de octubre de
2008 MADIAUTOS ofreció tres opciones para separar las vitrinas,
que el 11 de noviembre de 2009 FORD escogió una de las tres
opciones propuestas, que el 9 de diciembre de 2010 le ofreció a
FORD una opción adicional (…) y que el 11 de marzo de 2011 le
invitó a explorar otras posibilidades ante el obstáculo insalvable
con la opción elegida por FORD. En tales condiciones, el Tribunal
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
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habría tenido que descartar el incumplimiento de MADIAUTOS
alegado por FORD y habría reconocido que la terminación unilateral
del contrato fue caprichosa e injustificada, lo que inevitablemente
habría conducido a imponer las condenas pedidas en la demanda”.
CARGO SEGUNDO
Con respaldo en la causal de casación del mismo
número, se reprochó al ad quem haber quebrantado
indirectamente similares normas a las relacionadas en la
acusación anterior, como consecuencia de los errores de
derecho que el censor pasó a exponer.
1. Empezó refiriéndose a la obligación que el Tribunal le
asignó a la demandante, consistente en el “retiro de la
operación Hyundai del taller Morato”, en relación con la cual
denunció la falta de apreciación en conjunto de los
documentos respecto de los que, en la acusación precedente,
denunció errores de hecho (punto 3.1., cargo primero), en
torno de los que consignó apreciaciones similares a las allí
explicitadas, así como del acta de “la reunión proyecto CONDOR
de marzo 2 de 2000, en la cual se dejó constancia de que
MADIAUTOS era concesionario de las macas FIAT y HYUNDAI” y
de la comunicación de 13 de agosto de 2010, “en la que FORD
confirmó que había constatado el cumplimiento de los
requerimientos, excepto la aprobación de la licencia de
construcción”.
Aseveró que la ponderación panorámica de esos medios
de prueba, a la luz de la sana crítica, de un lado, descarta
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
39
que la citada actora, desde la primera de esas fechas,
adquirió tal deber, sino el de no comercializar vehículos
nuevos de la mencionada marca reservándose, incluso, la
posibilidad de mercadear automotores usados de distintas
marcas.
Y, de otro, acredita:
a)-. Que la idea de retirar parcialmente (a excepción de
colisión) la operación Hyundai del taller Morato fue planteada
por MADIAUTOS en la reunión de 28 de octubre de 2008,
como parte de una de las opciones para separar las vitrinas
de Ford y Mazda y que ni siquiera en esa fecha se dejó
acordado (Cuaderno 1A, folio 181);
b)-. Que en reunión de 26 de marzo de 2009 se precisó que
‘Madiautos manifiesta que retirará la concesión Hyundai con
lo cual se dará solución definitiva a la exclusividad del taller
Ford-Mazda’ como un componente de la propuesta de
separación de vitrinas (Cuaderno 1, folio 27);
c)-. Que el 11 de noviembre de 2009 FORD solicitó que ‘nos
presenten antes del 30 de noviembre de 2009, plano y
cronograma de implementación de la propuesta definitiva,
incluyendo el retiro de la operación Hyundai y Fiat del taller
de servicio’ (Cuaderno 1A, folio 222); y
d)-. Que el 13 de agosto de 2010 FORD se declaró satisfecho
por el cumplimiento de los requerimientos por parte de
MADIAUTOS, quedando pendiente solo la licencia de
urbanismo (Cuaderno 1 A, folios 252 y 253), sin reparo
alguno sobre el retiro de la operación Hyundai del
taller.
Es decir, que el conjunto de los documentos
relacionados demuestra que “el retiro de la operación Hyundai
del taller se concibió en 2008, 2009 y 2010 como un componente
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del proyecto de separación de vitrinas”; que “debía
cristalizarse cuando éste se hiciera realidad, lo que descarta que
haya sido un compromiso independiente”; y que la fecha de 30
de noviembre de 2009, no era el hito final para la satisfacción
de tal deber.
Con tal secuencia de ideas, el recurrente estimó que la
ponderación aunada de los referidos medios de convicción,
“muestra la contraevidencia de una de las principales premisas
fácticas de la sentencia del Tribunal: que desde noviembre de 2000
MADIAUTOS se comprometió a retirar la operación Hyundai del
taller Morato y que el último plazo otorgado para ello fue el 30 de
noviembre de 2009”, apreciaciones en las que esa autoridad se
soportó para colegir el incumplimiento de dicha obligación y,
por ende, que la
terminación del contrato
que existió entre
las partes fue justificada.
2. En relación con el compromiso de separación de
vitrinas de las marcas Ford y Mazda, adquirido por la actora,
el recurrente expresó:
2.1. La falta de apreciación conjunta de las siguientes
pruebas:
2.1.1. Comunicación de 1º de abril de 2008, en la que
los representantes de Mazda y Ford, de forma conjunta,
pidieron a la demandante la separación de vitrinas de dichas
marcas (fl. 172, cd. 1A).
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2.1.2. Comunicación de 30 de julio de 2008, mediante
la cual la demandada agradeció a Madiautos el envío de la
propuesta de separación de las marcas, hizo observaciones
sobre la misma y le solicitó la remisión de una nueva
ajustada a tales cuestionamientos (fls. 176 y 177, cd. 1A).
2.1.3. Comunicación de 20 de octubre de 2008,
contentiva del reclamo que Ford Motor de Colombia Sucursal
hizo a la promotora del litigio, por no haber recibió la
propuesta ajustada y que fue solicitada en la misiva
relacionada precedentemente.
2.1.4. Acta de compromiso suscrita por los
representantes de la actora, la accionada y Mazda, el 28 de
octubre de 2008, en la que constan las tres opciones para la
separación de vitrinas (fls. 181 y 182, cd. 1A).
2.1.5. Comunicación de 11 de noviembre de 2009, a
través de la cual la demandada escogió una de las propuestas
señaladas en el documento anterior (fl. 222, cd. 1A).
2.1.6. Comunicación de 25 de noviembre de 2009, en la
que la accionada anunció un nuevo producto, el “Ford Fiesta”,
y estableció que su comercialización se realizaría por los
concesionarios que cumplieran los requisitos mínimos de
operación e invitó a Madiautos a satisfacerlos, concediéndole
el término de ocho meses para ello (fls. 28 y 29, cd. 1).
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2.1.7. Comunicación de 28 de julio de 2010, mediante
la cual la convocada condicionó la facturación del producto
“Ford Fiesta” a la entrega de los planos definitivos del proyecto
de separación de vitrinas y a su radicación en la curaduría
urbana, autorizó un nuevo punto de ventas y agradeció a la
actora su interés de crecer junto con la marca (fls. 25 y 26,
cd. 1).
2.1.8. Comunicación de 6 de agosto de 2010, con la que
Ford aplazó la facturación hasta que Madiautos cumpliera
una serie de requerimientos (fl. 236, cd. 1A).
2.1.9. Comunicación de 13 de agosto de 2010,
indicativa de que la demandada constató el cumplimiento de
todas sus exigencias, excepto la obtención de la licencia de
construcción (fls. 252 y 253, cd. 1A).
2.1.10. Comunicación de 9 de diciembre de 2010, en la
que la actora, ante la parálisis de la obra en “Morato” por la
demora en el otorgamiento de la licencia de urbanismo, le
propuso a la demandada, como solución alterna, abrir un
punto de ventas en la carrera 19 con calle 102 de esta ciudad
(fl. 269, cd. 1A).
2.1.11. Acta de observaciones y correcciones de 21 de
enero de 2011, emitida por la Curaduría Urbana No. 1 de
Bogotá, donde figuran las razones que impidieron el
otorgamiento de la licencia de construcción.
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2.1.12. Comunicación de 11 de marzo de 2011, a través
de la que Madiautos informó a Ford Motor de Colombia
Sucursal la denegación de la licencia de urbanismo y la invitó
a “explorar otras posibilidades” (fl. 35, cd. 1).
2.1.13. Comunicación de 27 de julio de 2011, alusiva a
la propuesta de la actora de dejar únicamente la operación
de Ford en la sede “Morato” (fls. 39 y 39, cd. 1).
2.2. El recurrente explicó que la ponderación en grupo
de los relacionados medios de prueba, permite ver “la
contraevidencia de la principal premisa fáctica de la sentencia
impugnada: que FORD terminó unilateralmente el contrato porque
MADIAUTOS incumplió, por cerca de tres años, el compromiso de
separar las vitrinas de Ford y Mazda y, ante el tropiezo por la
negación de la licencia de construcción, no ofreció otras
alternativas”.
2.3. Afirmó que las mencionadas probanzas acreditan
que, previa la proposición por parte de la actora de tres
opciones para la separación de vitrinas, la demandada
solamente el 11 de noviembre de 2009 escogió una de ellas;
que el 25 siguiente, esta última otorgó un plazo de ocho
meses a Madiautos para “ponerse al día con los Estándares
Mínimos de Operación Ford (…), los que se identifican con el
proyecto de separación de marcas Ford y Mazda”; y que “el 13 de
agosto de 2010 FORD se declaró satisfecho con el cumplimiento de
MADIAUTOS respecto de los requerimientos hechos (estándares
mínimos de operación Ford) y dispuso facturarle el nuevo Ford
Fiesta”.
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
44
Así las cosas, el recurrente reprochó que el Tribunal
hubiese considerado que la accionante “incumplió
reiteradamente ese compromiso cerca de tres años”, cuando fue
la demandada quien se tardó más de uno en hacer la
escogencia de la opción (11 de noviembre de 2009) y nueve
meses después “se declaró satisfech[a] con las actividades de
MADIAUTOS encaminadas a la separación de vitrinas” (13 de
agosto de 2010).
2.4. Añadió que de los documentos relacionados
igualmente se infiere que, ante la demora en el trámite de la
licencia de construcción, la accionante propuso la apertura
de un punto de venta en otro sitio de la ciudad; y que, frente
a la negativa de la misma, invitó a la demanda a “explorar
otras posibilidades”.
Consiguientemente, el impugnante estimó que tampoco
se ajusta a la realidad probatoria que el ad quem hubiese
aseverado que “Madiautos no hizo patente su disposición de
atender el requerimiento de independización de las operaciones
Ford y Mazda mediante el ofrecimiento de otras alternativas”,
cuando su comprobado comportamiento muestra
exactamente lo contrario.
2.5. Puso de presente que, conforme el material
probatorio que se analiza, la actora, dos días después de
cuando la demandada anunció la terminación unilateral del
contrato, “ofreció la destinación de toda la planta física de Morato
a la marca Ford y la renuncia a la concesión de Mazda (…) con el
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propósito de disuadir a FORD y mantener subsistente el contrato”,
planteamiento que esta última “rechazó rotundamente”
prefiriendo “aniquilar el contrato, como si su decisión de
terminarlo unilateralmente fuese irrevocable”.
De uno y otro comportamiento de las partes, se sigue el
desacierto del sentenciador de segunda instancia al estimar
“ausente una conducta caprichosa, arbitraria, inflexible por parte
de Ford en el tema de la separación de vitrina”, puesto que la
“experiencia obliga a pensar que, si la razón para terminar el
contrato fue el tropiezo para adelantar el proyecto de separación de
vitrinas, el ofrecimiento de MADIAUTOS de destinar toda la sede
Morato a la marca Ford, que incluía el retiro de Hyundai y de todas
las demás marcas, tenía que inducir a conservar el contrato”.
2.6. Finalmente, memoró que Ford, el 25 de julio de
2010, aprobó la apertura de otro punto de venta en “Centro
Mayor”; que el 13 de agosto siguiente, se declaró satisfecha
con las labores realizadas por Madiautos para la separación
de vitrinas; que el 9 de diciembre, esta última, frente a la
demora de la licencia de urbanismo, propuso como
alternativa una nueva vitrina; que la actora, cuando informó
la decisión de la Curaduría Urbana de negar ese trámite,
invitó a aquélla a “explorar otras posibilidades”; que la
respuesta de la demandada, fue la terminación unilateral del
contrato; y que la propuesta final de dejar toda la sede
“Morato” a la marca Ford, fue rechazada rotundamente por
esta compañía.
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Con tal base, expresó que la convocada, “en uso de la
posición dominante que le confirió el contrato de concesión”,
conminó a la actora a “realizar grandes esfuerzos e inversiones”
para remodelar la sede “Morato”, hasta el punto de empezar
la obra sin contar con la respectiva licencia de construcción,
para luego, de forma “caprichosa y súbita”, poner fin
unilateralmente al contrato, comportamiento que, conforme
“las reglas de la experiencia”, traduce el ejercicio de una
“actitud opresiva, engañosa, torticera y abusiva de FORD, en
aprovechamiento ilícito de su posición dominante, sin
consideración de los legítimos intereses económicos de
MADIAUTOS”, amén que traicionó la confianza legítima que
provocó en esta última, pues le dio a entender que “el contrato
de concesión se prolongaría indefinidamente”.
Corolario de ello, es que la conclusión del ad quem, de
que está “ausente una actitud inflexible, caprichosa o abusiva de
FORD en la terminación unilateral, es (…) contrari[a] al contenido
de las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (CGP,
art. 164), a las reglas de la experiencia, a las reglas de la sana
crítica (CGP, art. 176), por lo que constituye un manifiesto error de
derecho en la valoración probatoria, que resultó decisivo a la hora
de calificar la licitud de la terminación unilateral del contrato, pues
allí el Tribunal se fundó en el ‘reiterado incumplimiento’ de
MADIAUTOS sin consideración de la conducta abusiva de FORD,
contraria a sus propios actos y a la buena fe contractual”.
3. Fruto de lo expuesto, el censor insistió en la
infracción indirecta de las normas sustanciales que denunció
como violadas y aseveró la trascendencia de los errores
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develados, porque de no haberlos cometido, el juez de la
alzada “habría tenido que reconocer que son falsos los hechos
alegados por FORD como incumplimiento de MADIAUTOS y que, por
lo tanto, la terminación unilateral del contrato fue injustificada,
caprichosa, abusiva y contraria a la buena fe y al principio de
conservación del contrato”.
CONSIDERACIONES
1. Por mandato del numeral 2º del artículo 344 del
Código General del Proceso, todo cargo que se proponga en
casación debe sustentarse “en forma clara, precisa y completa”
(se subraya), previsión que, en cuanto hace a la última de
tales exigencias, cuando la acusación versa sobre la violación
indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de la
comisión por parte del Tribunal de errores de hecho o de
derecho, traduce que es obligación del recurrente atacar
todos los genuinos fundamentos fácticos que sostienen la
providencia confutada.
Dicho requisito, en la práctica, se traduce en la
completitud del cargo, esto es, corresponde al censor
combatir en integridad los fundamentos que presten
apoyatura a la sentencia de segunda instancia, sin dejar uno
o varios por fuera del ataque, porque de así acontecer, él no
tendría la virtud de ocasionar el derrumbamiento del
respectivo proveído, en la medida que aquél o aquéllos no
combatidos, serían suficientes para mantener en pie las
determinaciones adoptadas.
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Precisamente, haciendo referencia a la exigencia
advertida, la Sala, en reciente pronunciamiento, respecto de
una acusación incompleta, reiteró:
En tal orden de ideas, como el reproche casacional no reprueba
todos los soportes del fallo criticado, está llamado al fracaso,
cuestión frente a la cual la Corte ha indicado, en relación con el
recurso de que se trata, que:
‘…el recurso de casación debe contar con la fundamentación
adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son
inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte
recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de
este requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un
gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión,
acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los
motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre
el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da
una precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que,
cual lo ha reiterado con ahínco la doctrina científica, si la
declaración del vicio de contenido o de forma sometido a la
consideración del Tribunal de Casación no tiene injerencia
esencial en la resolución jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse
en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto
carecerá entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y
tendrá que ser desechado’ (…) En la misma providencia, se
añadió que ‘…para cumplir con la exigencia de suficiente
sustentación de la que se viene hablando, el recurrente tiene
que atacar idóneamente todos los elementos que fundan el
proveimiento, explicando con vista en este último y no en otro
distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se le
atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto
debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad
sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no
menor importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones
decisorias de la sentencia sea completa’. Ello significa que el
censor tiene la ineludible carga de combatir todas las
apreciaciones de fondo que conforman la base jurídica esencial
del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse
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de la línea argumental contenida en aquel proveído… (CSJ
AC7629 de 2016, rad. nº 2013-00093-01. Destacó la Sala).
En estas condiciones el cargo formulado no se aviene a las
exigencias formales del artículo 344 del Código General del
Proceso, lo cual es motivo suficiente para declararlo infundado
(CSJ, SC 4407 de 22 de octubre de 2021, Rad. n.° 2016-00298-
01).
2. El ad quem infirió la legalidad de la terminación
unilateral del contrato base de la acción que efectuó la
demandada, del hecho de que la actora incumplió dos
obligaciones a su cargo, en orden de importancia, la de
separar las vitrinas de ventas de las marcas Ford y Mazda y
la de retirar la operación Hyundai del taller de la sede
“Morato”.
Para arribar a esa conclusión, compendió por orden
cronológico la totalidad de la correspondencia cruzada entre
las partes que fue allegada al proceso, resaltando en cada
caso su contenido e importancia; reseñó lo expuesto por los
representantes legales de las litigantes en los interrogatorios
que absolvieron; y destacó los aspectos que estimó más
relevantes de las declaraciones rendidas por los testigos
Jorge Andrés Neira Fresneda, Félix Darío Guevara Cadena,
Luis Gabriel Mojica Porras, Luz Helena del Castillo Trucco y
José Armando García Martínez.
Luego de eso, con base en el “material probatorio
reseñado”, el Tribunal coligió:
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2.1. En cuanto hace a la insatisfacción del primero de
los deberes atrás aludidos, se reitera, la independización de
las operaciones de las marcas Ford y Mazda:
2.1.1. Fue motivo fundamental para que la demandada
contratara con la actora, que ésta desarrollaba su actividad
en la sede “Morato”, por lo que no puede calificarse de
abusivo que aquélla, posteriormente, no hubiese querido
trasladar la operación de la marca Ford a un lugar distinto,
lo que infirió de la carta de intención de 21 de noviembre de
2000, con la que se dio inicio al vínculo comercial que ató a
las dos, y de “las explicaciones que sobre la ubicación estratégica”
de ese local en el “mercado automotriz capitalino” ofrecieron
“varios declarantes”.
2.1.2. Entre muchas otras obligaciones, la accionante,
desde el comienzo del referido nexo, se comprometió a
adecuar e, incluso, a ampliar sus instalaciones, según las
necesidades del mercado y los requerimientos que al efecto
le hiciera la demandada, así como a dejar de vender vehículos
nuevos de las marcas Fiat y Hyundai a partir de diciembre
de 2000, lo que halló comprobado con la carta de intención
mencionada en el punto anterior y con la aceptación sin
reservas que de la misma hizo la primera.
2.1.3. La relación negocial de las partes fue modificada,
como quiera que el 1º de abril de 2008, tanto la demandada
como la Compañía Colombiana Automotriz, por intermedio
de sus representantes, fincadas en los cambios sustanciales
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de “las condiciones del mercado”, solicitaron a la actora
independizar las operaciones Ford y Mazda y presentar la
“propuesta formal de separación de las marcas” con sujeción a
los estándares de cada una, detallados en el documento
anexo a la petición.
2.1.4. Esa alteración del contrato fue tácitamente
aceptada por la promotora del litigio, como quiera que
elaboró y remitió el proyecto de separación de vitrinas
requerido, en relación con el que Ford Motor de Colombia
Sucursal formuló observaciones.
2.1.5. El 28 de octubre de 2008, en reunión sostenida
por los representantes de la accionante, la demandada y la
Compañía Colombiana Automotriz, se suscribió un “acta de
compromiso” en la que la primera se comprometió a realizar la
“separación de la operación de ventas, servicios y repuestos de las
marcas Mazda y Ford” y a hacerlo “a más tardar el 30 de junio
de 2008 (sic)”, para lo cual planteó tres opciones, se estableció
un cronograma de trabajo y se determinó que en abril de
2009 se evaluaría el avance del mismo.
2.1.6. El proyecto de separación fue propuesto por la
actora. Consiguientemente, no se trató de una serie de
“especificaciones impuestas por Ford o por Mazda”. Por el
contrario, aquélla ideó las fórmulas para materializar la
separación solicitada, las cuales fueron “discutidas,
examinadas y concertadas en múltiples reuniones en las que
participaron equipos de funcionarios de las tres compañías”, como
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de forma armónica lo expusieron “los representantes de las
partes en sus interrogatorios y los testigos” y aflora de la
correspondencia cruzada entre las partes.
2.1.7. Debido a las múltiples vicisitudes que se
presentaron en el desarrollo de la propuesta seleccionada, la
demandada prorrogó los plazos acordados para su
concreción, hasta cuando mediante comunicación de 25 de
noviembre de 2009 instó a la accionante a “ponerse al día” con
los “estándares mínimos” de la “operación de la marca Ford”,
concediéndole un plazo de diez meses para ello, esto es, hasta
el mes de julio de 2010.
2.1.8. Pese a que el 13 de agosto de dicho año “verificó
en la sede Morato que sólo estaba pendiente la licencia de
construcción”, cuatro meses después la actora solicitó un
nuevo punto de ventas e informó de la parálisis de la obra en
el mencionado establecimiento, en espera de la licencia de
urbanismo.
2.1.9. La referida licencia fue negada por la Curaduría
Urbana No. 1 de esta capital el 21 de enero de 2011, entre
otras causas, por el “uso del suelo”, determinación que
Madiautos comunicó a la demandada “casi dos meses después,
el 11 de marzo”, fecha a partir de la cual “transcurrieron cuatro
meses sin que haya constancia de que se hubiese propuesto por
Madiautos otra solución, fue entonces cuando Ford Motor de
Colombia Sucursal comunicó la determinación de terminación
unilateral del contrato”.
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2.1.10. Así las cosas, en definitiva, descartó la presencia
de “una conducta caprichosa, arbitraria, inflexible por parte de la
demandada Ford en el tema de la separación de vitrina de los
productos de Mazda”; y estimó que la finalización del contrato
no fue una determinación “intempestiva”, ni “inesperada”,
pues habían transcurrido cerca de tres años desde que se
acordó la independización de las marcas sin que se hubiere
realizado la misma, amén que la aquí convocada ya había
advertido a la actora que la satisfacción de ese compromiso
era indispensable para que continuara comercializando los
productos Ford en Bogotá, en apoyo de lo cual citó la
comunicación de 25 de noviembre de 2009 y los documentos
obrantes en los folios 22 del cuaderno No. 1 y 137, 180, 215
y 222 del cuaderno No. 1A.
2.2. Respecto del incumplimiento de la obligación de
retirar la operación Hyundai del taller de “Morato”, el ad quem
puntualizó que la misma fue adquirida por la accionante
desde noviembre de 2000 y que pese a los distintos
requerimientos que le hizo la demandada, como el que figura
en la carta de 26 de marzo de 2009, habiéndose ampliado el
pazo para ello hasta el 30 de noviembre de ese año, no se
verificó.
3. En los dos cargos que ocupan la atención de la Sala,
con respaldo en la causal segunda de casación, el censor
cuestionó la comprobación del incumplimiento de las dos
obligaciones que el Tribunal estableció a cargo de la actora,
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se reitera, la independización de la comercialización de las
marcas Mazda y Ford y la finalización de la operación
Hyundai en el taller de “Morato”, cuya insatisfacción llevó a
esa autoridad a colegir justificada la terminación unilateral
del contrato base de la acción que en su momento adoptó la
demandada.
4. Realizado el recuento precedente encuentra la
Corporación que, tratándose del reproche por la falta de
separación de las vitrinas de ventas, los cargos examinados
resultan incompletos, como se dilucidará en lo sucesivo.
4.1.1. En la primera acusación, el impugnante adujo la
comisión por parte del ad quem de diversos errores de hecho
en la apreciación de la prueba documental, que lo condujeron
a colegir de forma contraevidente, en esencia, por una parte,
que el 30 de junio de 2008 fue la fecha fijada para la
materialización de esa obligación; y, por otra, que la
demandante no tuvo voluntad de satisfacer el referido
compromiso, pues no ofreció alternativas diferentes para su
acatamiento.
4.1.2. En el segundo cargo, denunció el error de derecho
consistente en la falta de apreciación de la abundante prueba
documental que identificó y que, como consecuencia de ello,
el Tribunal se equivocó al sostener que la actora “incumplió
reiteradamente” el mencionado compromiso, cuando fue la
demandada quien se tardó más de un año para escoger una
de las opciones que aquélla propuso y nueve meses después
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“se declaró satisfecha con las actividades de Madiautos
encaminadas a la separación de vitrinas”; que la demandada “no
hizo patente su disposición de atender el requerimiento de
independización de las operaciones Ford y Mazda mediante el
ofrecimiento de otras alternativas”, cuando planteó la apertura
de un nuevo punto de ventas y, luego, pidió “explorar otras
posibilidades”; que la propuesta que efectuó dos días después
de que se le comunicó la
terminación del contrato
, de dejar
toda la sede “Morato” para la operación Ford, conforme las
reglas de la experiencia, “tenía que inducir a conservar el
contrato”; que con su conducta, la accionada obligó a la actora
a adelantar los trabajos de remodelación de la mencionada
locación sin tener la licencia de construcción y, por ende, a
realizar grandes inversiones, para luego poner fin al contrato,
actitud “opresiva, engañosa, torticera y abusiva de FORD, en
aprovechamiento ilícito de su posición dominante”.
4.1.3. Cotejados unos y otros planteamientos, los del
fallo, por una parte, y los de las censuras, por la otra, se
constata que éstas, vistas individualmente y en conjunto, no
fustigaron las verdaderas razones en las que el ad quem
soportó el incumplimiento del referido deber, como quiera
que dejaron por fuera las que enseguida se detallan:
4.1.3.1. Nada dijo el censor sobre que fue causa
esencial para la celebración del contrato, en lo que respecta
a la demandada, que la actora estuviera ubicada en la sede
“Morato”, por lo que su negativa de cambiar de sitio la
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comercialización de sus productos, no califica como una
determinación abusiva o caprichosa.
4.1.3.2. Del mismo modo, el recurrente guardó absoluto
silencio frente a la apreciación del Tribunal relativa a que la
actora, desde el inicio de la relación negocial, se comprometió
a adecuar e, incluso, a ampliar sus instalaciones, según las
necesidades del mercado y el requerimiento que sobre ese
particular le pudiere hacer la demandada.
4.1.3.3. En cuanto concierne con los dos puntos
anteriores, véase cómo, en ninguno de los cargos ahora
auscultados, el impugnante mencionó la carta de intención
en la que el ad quem radicó el origen de la relación
contractual, como tampoco la aceptación sin reservas que de
la misma hizo la accionante, ni la prueba testimonial, sin
que, por lo tanto, se ocupara de las obligaciones que, en
concepto de dicha autoridad, surgieron desde un inicio para
la última.
4.1.3.4. No fue objeto de reparo, la afirmación del
sentenciador de segunda instancia consistente en que el
vínculo contractual que conectó a las partes, se modificó para
acordar la separación de las operaciones comerciales de las
marcas Ford y Mazda, toda vez que los representantes de la
aquí demandada y de la Compañía Colombiana Automotriz
así se lo solicitaron a la demandante el 1º de abril de 2008,
requiriéndola para que presentara la propuesta con ese fin,
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57
y esta última lo aceptó, en la medida que formuló el
respectivo proyecto de independización.
Tampoco que el mencionado cambio contractual quedó
confirmado en la reunión que los representantes de la
accionante, la convocada y la Compañía Colombiana
Automotriz sostuvieron el 28 de octubre de 2008, en la que,
por consenso, se acordó que la primera efectuaría la
“separación de la operación de ventas, servicios y repuestos de las
marcas Mazda y Ford”, para lo cual se dejaron allí definidas
tres opciones, se estableció un cronograma de trabajo y se
previó evaluar el adelantamiento del mismo en abril de 2009.
Sobre esas inferencias del ad quem, es del caso destacar
que la inconformidad del recurrente únicamente atañó con
la premencionada reunión de 28 de octubre de 2008, pero se
cifró en que no fue cierto que allí se fijara como fecha para la
concretización de la separación de vitrinas el 30 de junio de
2008, cuestión que en sentir del impugnante marcó el rumbo
de la sentencia de segunda instancia y que, como se verá más
adelante, al referirse la Sala al desenfoque de las censuras,
no corresponde a un argumento basilar del fallo confutado.
4.1.3.5. La aseveración del Tribunal de que el proyecto
de separación fue ideado por Madiautos, propuesta que los
representantes de las tres compañías estudiaron, analizaron,
discutieron y concertaron, cual lo refirieron tanto los
representantes legales de las partes como varios declarantes
y quedó confirmado con la correspondencia cruzada entre
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ellas, no fue blanco de ataque por el casacionista, al punto
que ninguno de los errores de hecho y de derecho que
denunció, recayó sobre los interrogatorios absueltos por las
litigantes, o estuvo relacionado con alguno o algunos de los
testimonios escuchados en el proceso, probanzas que por sí
solas sostienen la señalada inferencia fáctica.
4.1.3.6. Respecto a que los plazos para concretizar la
independización del mercadeo de las marcas Ford y Mazda
fueron prorrogados, hasta fijarse, mediante misiva de 25 de
noviembre de 2009, el que venció en el mes de julio de 2010;
que el 13 de agosto siguiente, la demandada constató que
“sólo estaba pendiente la licencia de construcción”; que pese a lo
anterior, la actora, de un lado, cuatro meses más tarde,
informó la parálisis de la obra en la sede “Morato” por no
haberse cumplido aún dicho requisito y, de otro, el 11 de
marzo de 2011, comunicó la negativa de la licencia de
urbanismo, casi dos meses después de que esa decisión fue
adoptada por la Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá; y que a
partir de esa calenda, “transcurrieron cuatro meses” hasta
“cuando Ford Motor de Colombia Sucursal comunicó la
determinación de terminación unilateral del contrato”, sin que
“haya constancia” de que, en ese lapso, la actora “hubiese
propuesto (…) otra solución”, se aprecia que no fueron frontal y
certeramente combatidos, no obstante ser razonamientos
cruciales del ad quem.
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En efecto, fue total el mutismo del impugnante frente al
argumento de que los plazos para la separación de vitrinas
se fueron prorrogando.
Él, lejos de reñir, estuvo de acuerdo en que, mediante
comunicación de 25 de noviembre de 2009, “FORD otorgó un
plazo de ocho meses a MADIAUTOS para ponerse al día con los
Estándares Mínimos de Operación Ford (Cuaderno 1, folios 28 y
29), los que se identifican con el proyecto de separación de las
marcas Ford y Mazda”, como lo expresó al sustentar el cargo
segundo.
Adicionalmente, no reprochó la conclusión del
sentenciador de segunda instancia, según la cual la
demandada, “el 13 de agosto de 2010[,] verificó en la sede Morato
que sólo estaba pendiente la licencia de construcción”, sino que
sobrepuso a ella una inferencia fáctica propia, como fue que,
en esa fecha, “FORD se declaró satisfecho con el cumplimiento de
MADIAUTOS respecto de los requerimientos hechos (estándares
mínimos de operación Ford)”, deducción que, como se aprecia,
no desvirtuó la de dicha autoridad.
Tampoco cuestionó que cuatro meses más tarde, la
actora informó la parálisis de la obra en la sede “Morato”
debido a la falta de la licencia de construcción. Por el
contrario, el recurrente afirmó el mismo hecho, pero enfatizó
que en dicha comunicación la demandante, como medida
alternativa, solicitó autorización para la apertura de un
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nuevo punto de ventas, agregado que en nada contraría la
conclusión del sentenciador.
Algo parecido aconteció en relación con la prédica del
ad quem consistente en que, el 11 de marzo de 2011, la
accionante comunicó a la demandada sobre la negativa de la
concesión de la licencia de construcción, decisión adoptada
casi dos meses antes, pues el censor, sin contradecirla,
simplemente resaltó que, en esa misiva, la promotora del
litigio, adicionalmente, propuso a la convocada “explorar otras
posibilidades”.
Del mismo modo, no fue materia del ataque que entre
la carta atrás mencionada y aquélla en la que la demandada
dio por terminado unilateralmente el contrato (6 de julio de
2011), trascurrieron cuatro meses, tiempo en el que la actora
no plateó ninguna fórmula de solución.
Sobre el particular, es del caso puntualizar que el
casacionista concentró sus quejas en sostener que la actora,
antes y después, pero no en ese interregno de tiempo, sí
efectuó propuestas de solución, toda vez que, como ya se
registró, en la carta de 9 de diciembre de 2010 planteó la
apertura de un nuevo punto de ventas y, luego de la
terminación del contrato
, ofreció dejar todas las instalaciones
de la sede “Morato” para la operación de la marca Ford.
4.1.4. Es palpable la incompletitud de las censuras
examinadas, pues como queda establecido, el censor dejó por
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fuera de ellas los razonamientos del Tribunal en precedencia
identificados, los cuales, como se desprende de su sólo
contenido, le prestan suficiente apoyo a las conclusiones
fácticas a que esa Corporación arribó.
4.2. En íntima conexión con el defecto anterior, debe
añadirse que los reproches casacionales auscultados,
adicionalmente, lucen desenfocados.
4.2.1. Rememórese que el numeral 2° del artículo 344
del C.G.P. ordena que las acusaciones, para su adecuada
formulación, sean precisas, huelgo decirlo, se dirijan con
acierto hacia las premisas decisionales del sentenciador.
Dicho de otra forma, los reproches deben guardar
simetría o absoluta correspondencia con las verdaderas
razones aducidas por el ad quem en respaldo de su fallo, de
modo que la inconformidad no puede concentrarse en rebatir
planteamientos inexistentes o que no constituyan la base
cardinal de las determinaciones con las que se fulminó el
proceso.
El antagonista de la precisión es el desenfoque o
desatino, que sucede «cuando la argumentación del recurrente
se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el
fallador, es decir cuando van por caminos disímiles» (SC2506,
26 jul. 2022, rad. n.° 2015-00829-01).
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4.2.2. Ya se indicó que el recurrente, en los cargos de
que se trata, le reprochó al ad quem, esencialmente, haber
colegido que el 30 de junio de 2008 venció el plazo fijado para
cumplir la obligación de separar las vitrinas de las marcas
Ford y Mazda; y que ella no tuvo una verdadera voluntad de
satisfacer dicho deber, pues no ofreció alternativas para su
efectiva concreción.
4.2.3. En relación con esas quejas, debe ponerse de
presente que ellas no versaron sobre ninguno de los genuinos
argumentos basilares en los que el Tribunal soportó su
conclusión de que la actora incumplió la señalada obligación.
4.2.3.1. Si bien es verdad dicha autoridad, en principio,
observó que en la reunión que los representantes de la
demandante, la accionada y la Compañía Colombiana
Automotriz realizaron el 28 de octubre de 2008, la primera
“expresamente se comprometió a proceder con la separación ‘a más
tardar el treinta (30) de [j]unió de 2008’ (sic), proponiendo 3
opciones y señalando que en abril de 2009 de verificaría el
cumplimiento del cronograma fijado”, es lo cierto que,
posteriormente, reconoció que:
El 25 de noviembre de 2009, Luz Elena del Castillo instó al señor
Guzmán a ‘ponerse al día con los estándares mínimos de
operación Ford’, advirtiéndole que contaba con 8 meses para que
de manera gradual los reuniera y fuesen satisfechos a más tardar
en julio de 2010; pero llegada esta fecha ello no había ocurrido,
aún así Ford amplió plazos para entregas de planos, para el inicio
de obras y sí, en efecto, el 13 de agosto de 2010 verificó en la sede
de Morato que sólo estaba pendiente la licencia de construcción;
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sin embargo, no puede desconocerse que 4 meses después el
mismo señor Guzmán G[á]lvez solicitó autorización de un punto de
venta e informó que la obra de Morato estaba ‘paralizada’ a la
espera del otorgamiento de la licencia.
Significa lo anterior que el ad quem, pese a haber
predicado que la primera fecha atrás consignada fue el plazo
que se fijó en la reunión de 28 de octubre de 2008 para que
el proceso de independización de las marcas Ford y Mazda
estuviere concluido, en el mismo fallo aceptó que ese término
fue posteriormente ampliado y que en la comunicación de 25
de noviembre de 2009 se trasladó para julio de 2010, sin que
para entonces la separación de vitrinas se hubiere
concretado.
Más aún, esa Corporación igualmente observó que el 13
de agosto del citado año, la convocada constató que el único
requisito que estaba “pendiente” era el otorgamiento de “la
licencia de construcción”; y, en consonancia con lo anterior,
acotó que sólo después de que aquélla fue informada de que
el permiso de urbanismo había sido denegado, tras esperar
cuatro meses, tomó la decisión unilateral de poner fin al
contrato.
De ello se sigue que el sentenciador de segunda
instancia, en últimas, estableció el incumplimiento de la
obligación de independizar las operaciones de las marcas
Ford y Mazda como consecuencia de la negativa de la licencia
de construcción, lo que trasluce la imposibilidad de cumplir
con el único requisito que estaba pendiente, sin que, por lo
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tanto, asignara ninguna importancia al vencimiento de los
plazos fijados con tal fin y, mucho menos, al que consideró
como el inicialmente concedido (30 de junio de 2008).
Es notorio, entonces, el desenfoque del cargo primero,
toda vez que, como viene de analizarse, el fenecimiento del
término en precedencia indicado, no tuvo ninguna incidencia
en el incumplimiento que el Tribunal le imputó a la actora.
4.2.3.2. Tampoco se ajusta a la realidad procesal que el
ad quem hubiese sostenido que la accionante no tuvo
voluntad de cumplir con la separación de vitrinas, como en
forma llana y general lo cuestionó el recurrente.
Es que, como ya se consignó, dicha autoridad reconoció
expresamente que la demandante, en la mencionada reunión
de 28 de octubre de 2008, propuso tres opciones para el logro
de ese objetivo; que ella fue quien elaboró el proyecto
definitivo de separación de marcas; y que habiendo escogido
la demandada quedarse en la sede “Morato” y, por ende, que
se adaptara la misma para independizar la comercialización
de las marcas Ford y Mazda, aquélla adelantó hasta donde le
fue posible las actividades correspondientes, al punto que el
13 de agosto de 2010, Ford Motor de Colombia Sucursal
estableció que el único requisito pendiente era el
otorgamiento de la licencia de construcción.
Cuestión bien distinta fue que el sentenciador de
segunda instancia enfatizara que, una vez la accionante
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conoció la negativa de la Curaduría Urbana No. 1 de Bogotá
de conceder el permiso constructivo, dejara transcurrir, en
primer lugar, casi dos meses para informar de ello a la
convocada y, en segundo término, cuatro meses sin proponer
ninguna fórmula de solución, hasta cuando esta última le
notificó la decisión de terminar unilateralmente el contrato.
De suyo, si como ya se analizó, el incumplimiento
avizorado por el ad quem lo derivó de la imposibilidad en que
quedó la actora de obtener la licencia de construcción, que
cerró el paso, en forma definitiva, a continuar con la
ejecución del proyecto de separación de vitrinas, propio era
que esa Colegiatura entendiera que correspondía a aquélla
ofrecer alguna solución para superar tal obstáculo y que
como ninguna gestión realizó el tal sentido, coligiera que “no
hizo patente su disposición de atender el requerimiento de
independización de operaciones de Ford y Mazda[,] mediante el
ofrecimiento de otras alternativas o propuestas”.
Se sigue de lo expuesto, la falta de simetría entre la
acusación y el argumento del sentenciador de segunda
instancia que, en virtud de tal desacople, no resultó
combatido.
4.3. Fruto de las falencias en precedencia advertidas, es
nítido, de un lado, que los principales fundamentos
respaldatorios de la conclusión fáctica obtenida por el
Tribunal, consistente en que la actora incumplió la
obligación de independizar las operaciones de las marcas
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Ford y Mazda, no fueron certera y eficazmente controvertidos
y, mucho menos, desvirtuados; de otro, que tal deducción,
por consiguiente, continúa en pie; y, finalmente, que ante la
firmeza de esa inferencia, son intrascendentes las restantes
acusaciones que en relación con ella se propusieron, pues así
se determinara que el mencionado juzgador incursionó en
alguno o algunos de los errores de hecho o de derecho
denunciados, tales desatinos carecerían de la fuerza
necesaria para provocar su derrumbamiento.
5. Fijada la atención en la otra obligación insatisfecha
por la actora, se recuerda, el retiro de la operación Hyundai
del taller de la sede “Morato”, debe señalarse que los reparos
que en los dos cargos auscultados se formularon al respecto,
caen al vacío, pues si, como acaba de decirse, el
incumplimiento del deber de separación de vitrinas no fue
removido por el censor, a nada conduce establecer si el ad
quem erró al colegir que la accionante también se sustrajo de
atender ese otro compromiso, puesto que la desatención del
primero es suficiente para mantener la conclusión esencial
obtenida por esa Corporación, esto es, que la decisión de
poner fin unilateralmente al contrato base de la acción, fue
legítima.
Agrégase que los cargos estudiados, en lo atañedero con
el fundamento ahora examinado, envuelven su propio
fracaso, toda vez que así se admitiera que el débito
consistente en no seguir atendiendo vehículos de la marca
Hyundai en el taller de la sede de “Morato” fue “un componente
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del proyecto de la separación de vitrinas” que “debía cristalizarse
cuando éste se hiciera realidad”, tesis defendida por el
recurrente al sustentar las cesuras, ese argumento
conduciría a colegir, de todas maneras, que esta segunda
obligación fue igualmente incumplida al tiempo con la
primera, en la medida que la prédica sobre la insatisfacción
de este último deber continúa vigente, por no haber sido
controvertida exitosamente en casación, como
reiteradamente lo ha expresado la Sala a lo largo de estas
consideraciones.
6. Colofón de todo lo expresado, es el rotundo fracaso
de las dos acusaciones examinadas.
CARGO TERCERO
Fincado en la causal primera de casación, el recurrente
delató la infracción directa, por falta de aplicación, de los
artículos 1602, 1603 del Código Civil, 830, 870, 871 y 973
del Código de Comercio.
Luego de reproducir las conclusiones fácticas que
condujeron al Tribunal a descartar la ocurrencia de una
conducta “caprichosa, arbitraria, inflexible por parte de la
demandada Ford en el tema de la separación de vitrina de los
productos Mazda”; de insistir en que ella abusó de la posición
dominante que detentaba, para presionar a la actora a
adelantar la remodelación de la sede “Morato” con miras al
logro de ese objetivo; y de destacar que, no obstante el
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adelantamiento de esos trabajos por parte de Madiautos, la
convocada, en últimas, optó por poner fin unilateralmente al
contrato base de la acción, el recurrente, en concreto, le
reprochó a dicho sentenciador:
1. Haber incurrido en el “error de juicio” consistente “en
haberse limitado a observar que MADIAUTOS asintió realizar lo que
FORD exigió para la subsistencia del contrato y que no consiguió el
objetivo final de separar las vitrinas en el tiempo que FORD
unilateralmente le había otorgado”.
2. Pasó por alto que “los contratos deben ejecutarse de
buena fe y, por lo tanto, obligan no solo a lo pactado expresamente
en ellos, sino a todo lo que corresponda a su naturaleza, según la
ley, la costumbre o la equidad natural (Código Civil, arts. 1602 y
1603 y Código de Comercio, arts. 830 y 871)”.
3. Omitió que, como lo ha precisado la jurisprudencia,
“la buena fe contractual implica que las partes, en especial la que
detenta posición de dominio en el contrato, están obligadas a obrar
con el debido respeto a los derechos ajenos, teniendo en cuenta
valores como la razonabilidad, el equilibrio contractual y el fin
común y que deben comportarse libre de propósitos egoístas e
individualistas, de manera que el ejercicio de las prerrogativas que
la ley o el contrato confieren a cada una no arrase con los intereses
de la otra”.
4. Soslayó “el proceder caprichoso, abusivo y
desconsiderado de FORD” y justificó “la ruptura unilateral del
contrato en el hecho de que MADIAUTOS no alcanzó a realizar la
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separación de vitrinas en el tiempo que arbitrariamente le
estableció FORD”.
5. Calificó de trascendentes los desaciertos jurídicos del
ad quem, toda vez que “[d]e haber apreciado correctamente los
preceptos invocados en este cargo, (…) habría concluido que FORD
obró de manera contraria al principio de buena fe, con abuso de la
posición dominante que el contrato de concesión le confirió, que
rompió arbitraria e injustificadamente el contrato y que, por lo
tanto, se hizo responsable de los perjuicios que con su conducta le
ocasionó a MADIAUTOS”.
CARGO CUARTO
Con apoyo en la misma causal invocada en el ataque
anterior, se denunció la violación directa de los artículos
1546, 1602, 1603 del Código Civil, 830, 871 y 973 del Código
de Comercio, por falta de aplicación.
A fuerza de reiterar los fundamentos basilares del fallo
de segunda instancia y las conclusiones fácticas que, a decir
del recurrente, les sirvieron de sustento, el casacionista
expuso:
1. Con su actuar, la demandada “engendró en
MADIAUTOS la fundada expectativa (confianza legítima) de que el
contrato de concesión se prolongaría indefinidamente”; se abstuvo
de pronunciarse sobre la invitación que le hizo la actora de
“explorar otras opciones”; puso fin al contrato unilateralmente;
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
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y se “rehusó a considerar” la propuesta de destinar todas las
instalaciones de la sede “Morato” a la marca Ford.
2. Ese comportamiento de la accionada “no corresponde
a la actitud de buena fe que el ordenamiento exige de los
contratantes en la ejecución del contrato, pues el buen suceso del
contrato reclamaba el consentimiento de ambos para solucionar las
dificultades que MADIAUTOS puso de presente”.
3. Con la finalización del contrato, dicha parte asumió
un “proceder (…) contrario a sus propios actos (venire contra
factum proprium non valet)”, “defraudó la confianza legítima de
su concesionario” y “violó los postulados de la buena fe
contractual”.
4. Ese desempeño ilícito y, como se dijo, contrario a la
buena fe, quedó ratificado cuando la convocada se “negó
rotundamente a considerar la posibilidad de mantener el contrato
a pesar de que el 8 de julio de 2011 MADIAUTOS ofreció destinar
toda la planta física de Morato para la marca Ford”.
5. Coligió el censor que, “[e]n suma, realizar actos
claramente indicativos de que el contrato va a perdurar, como
provocar y apurar la remodelación de las instalaciones del
concesionario y aprobarle un nuevo punto de venta, para
sorprender después con la ruptura unilateral tras haber hecho caso
omiso de las inquietudes e invitaciones de MADIAUTOS para
explorar otras posibilidades, sin consideración del esfuerzo y los
intereses de [é]sta, es un comportamiento contractual contrario a la
buena fe que el ordenamiento jurídico exige de los contratantes
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(Código Civil, art. 1603 y Código de Comercio, art. 871) y un abuso
del derecho (Código de Comercio, art. 830) que le confiere la
posición privilegiada que ocupa el concedente en el contrato de
concesión”.
6. En tal orden de ideas, aseveró el desacierto del
Tribunal cuando soslayó que la conducta de la demanda fue
caprichosa, arbitraria e inflexible en punto de la separación
de vitrinas, que abusó de su posición dominante, que la
decisión de terminar el contrato fue intempestiva,
apreciaciones que reiteró para sustentar la trascendencia de
la acusación.
CARGO QUINTO
Mediante su formulación, se denunció el quebranto
directo, por falta de aplicación, de los artículos 1546, 1602,
1603, 1613, 1614 del Código Civil, 830, 870, 871 y 973 del
Código de Comercio.
1. Con ayuda de la jurisprudencia, el censor destacó
que para que el incumplimiento de un contrato pueda
ocasionar su terminación debe ser grave, importante, de gran
significación, a tal punto que haga preferible
inequívocamente “la disolución del vínculo en lugar de su
conservación”; y que, correlativamente, cuando ello deriva de
la insatisfacción de obligaciones secundarias, leves,
insignificantes o carentes de aptitud para frustrar el fin
práctico del contrato, la finalización de esa manera adoptada
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
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contraviene “los objetivos institucionales del tráfico jurídico,
abusa(…) del derecho, obra(…) contra la buena fe y violenta(…) el
principio de conservación del contrato”.
2. En consonancia con lo anterior, el recurrente criticó
la sentencia confutada, habida cuenta que ella “legitimó la
ruptura unilateral del contrato de concesión celebrado entre FORD
y MADIAUTOS con fundamento en el ‘reiterado incumplimiento’ que
hizo consistir en la demora de MADIAUTOS en separar las vitrinas
de las marcas Ford y Mazda y retirar la operación Hyundai del
taller Morato”.
3. Al respecto, puso en duda que esos comportamientos
imputados a la actora fueran “jurídicamente calificables como
incumplimiento contractual y, en caso afirmativo, si tal
incumplimiento exhibe los caracteres que le darían aptitud para
justificar la ruptura unilateral del negocio”, habida cuenta que:
3.1. Las partes acordaron un cronograma de
actividades para la concretización de los dos objetivos atrás
especificados, sin que “ninguna de tales actividades” hubiese
estado “sometida a plazo o término esencial, al cabo del cual
desaparecería el interés de FORD en su realización”.
3.2. Como lo advirtió el Tribunal, los plazos acordados
se fueron extendiendo debido a las circunstancias. Por
consiguiente, la insatisfacción de los referidos compromisos
no podía “catalogarse como incumplimiento, sino, a lo sumo, como
un simple retardo en el cumplimiento”, pues fueron múltiples las
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actividades que la accionante realizó para la consecución de
esos objetivos.
3.3. El detectado retraso, “no versó sobre las obligaciones
principales derivadas del contrato de concesión, sino sobre pactos
accesorios a cuya realización no estaba supeditado el objeto
principal de la concesión”, al punto que la relación negocial
siguió ejecutándose.
3.4. La demora atribuida a Madiautos, por lo tanto,
“carecía de aptitud para frustrar el fin práctico perseguido con el
contrato y para producir un impacto real en la economía del
negocio”.
3.5. El señalado retardo “fue conocido y consentido por
FORD al extender sucesivamente los plazos otorgados y fortalecer
el contrato de concesión”, con la apertura de otro punto de
ventas.
3.6. Con el ofrecimiento efectuado por la actora el 8 de
julio de 2011, de destinar “toda la planta de Morato
exclusivamente para la marca Ford, quedó íntegramente superado
el retardo que FORD adujo para clausurar el contrato, dado que ello
envolvía la separación de las marcas, el retiro definitivo de la
operación Hyundai, de la operación Mazda y de todas las otras
marcas, a pesar de lo cual FORD mantuvo su decisión de finiquitar
el contrato”.
4. Al final, el inconforme reiteró que el “incumplimiento”
en que se fincó el ad quem para justificar la terminación del
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74
acuerdo de voluntades que vinculó a la partes, no fue tal; y
que ese yerro determinó las decisiones adoptadas por dicha
Corporación, puesto que de “haber valorado correctamente las
circunstancias que FORD adujo como motivación para clausurar el
contrato de concesión, habría reconocido que ninguna de ellas
corresponde al concepto jurídico de ‘incumplimiento contractual’ y
mucho menos con aptitud para justificar la terminación unilateral”.
CONSIDERACIONES
1. En tratándose de la violación directa de la ley
sustancial que, como motivo de casación, contempla el
numeral 1º del artículo 336 del Código General del Proceso,
es requisito indispensable, según la expresa previsión del
numeral 2º del artículo 344 de la misma obra, que “el cargo
se circunscri[ba] a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse
a la materia probatoria”.
Esa exigencia obedece a que, cuando el reproche se
formula por la indicada vía, ello presupone que el recurrente
acepta las conclusiones fácticas a que arribó el Tribunal y
que, como es obvio entenderlo, no puede, al tiempo,
controvertirlas, ni separarse de ellas, o abordar los hechos
del litigio para enrostrarle a dicho juzgador la falta de
apreciación de unos distintos a los que constituyen el
sustento de su fallo, porque actuar de esa manera desborda
la naturaleza de la acusación que, como se sabe, se reduce a
descubrir si el ad quem, con prescindencia de su
comprensión sobre lo ocurrido, decidió la controversia con
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base en normas ajenas a ella, o no aplicó las que sí estaban
llamadas a gobernarla, o interpretó incorrectamente las que
con acierto escogió.
2. Recurrir al componente fáctico en desarrollo de un
cargo montado en la causal primera de casación, comporta
entremezclar ese elemento del debate judicial con el
estrictamente jurídico, hibridismo que la ley proscribe y que,
por lo mismo, torna frustráneo el cargo.
Al respecto, en tiempo reciente, la Sala reiteró la que ha
sido su doctrina constante e invariable sobre la materia, al
sostener:
(…) Tampoco le será dable al opugnante deambular entre las
distintas causales o mixturar su contenido, dada la autonomía y
características disímiles de cada una, por lo que deberá exponer
adecuadamente las razones de su inconformidad, sin que le sea
permitido ‘involucrar indistintamente reproches que refieran a una
y otra senda casacional; también mixturar o entremezclar,
simultáneamente, la fundamentación que sirve de soporte a
cualquiera de ellas’ (CSJ, AC5139-2018 de 4 de dic., Rad. 2001-
00636-01; reiterada SC1084-2021 Rad. 2006-00128-01).
(…) Las causales primera y segunda del artículo 336 del Código
General del Proceso se ocupan de los errores de juzgamiento, a
consecuencia de la violación directa de normas sustanciales, e
indirecta ‘como consecuencia de error de derecho derivado del
desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho
manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su
contestación, o de una determinada prueba’.
Cuando se invocan dichos motivos, el impugnador no puede
entremezclar los aspectos que estructuran los yerros estrictamente
jurídicos, propios de la vía directa, con aquellos que atañen a lo
factual, reservados para la indirecta; tampoco, se anunció
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precedentemente, pueden fusionarse; los motivos que darían lugar
a una u otra acusación, una vez identificados, no se pueden
agrupar indistintamente en una misma causal; cada fundamento
debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con
el dislate esgrimido.
(…) Ha sido reiterativa esta Colegiatura al señalar, que la violación
directa únicamente se produce ‘cuando, el funcionario deja de
emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse
y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones extrañas al
litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto
yerra en la interpretación que de ella hace. También ha sido criterio
reiterativo de la Sala, que cuando la denuncia se orienta por esta
vía, presupone que el acusador viene aceptando plenamente las
conclusiones fácticas deducidas por el Tribunal’ (CSJ AC4048-
2017 del 27 de jun., Rad. 2014-00173-01). Lo que caracteriza esa
clase de ataque es su total prescindencia de la cuestión probatoria,
pues se presenta ‘directamente, en línea recta, sin rodeos, sin el
medio o vehículo de los errores en el campo probatorio’ (CSJ, GJ.
LXXXVIII, 657) (CSJ, SC 1226 de 23 de agosto de 2022, Rad. n°.
2013-01116-01).
3. La mención de la referida exigencia obedece a que
aparece incumplida en los tres cargos que ahora se estudian,
como pasa a dilucidarse:
3.1. En esencia, en los cargos tercero y cuarto se
reprochó al Tribunal el desconocimiento de la mala fe con
que, a decir del recurrente, procedió la demandada en la
ejecución del contrato que vinculó a las partes.
En el primero de ellos, en síntesis, señaló que la citada
parte presionó a la actora para proceder a la remodelación
del local de la sede “Morato” y luego optó por poner fin
unilateralmente al contrato, comportamientos que desdicen
que su actuación haya sido respetuosa de los derechos
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
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ajenos, dirigida a mantener el equilibrio contractual y libre
de propósitos egoístas. Así las cosas, coligió que, si el ad
quem hubiese “apreciado correctamente” las normas señaladas
como quebrantadas, “habría concluido que FORD obró de manera
contraria al principio de la buena fe, con abuso de la posición
dominante que el contrato de concesión le confirió, que rompió
arbitraria e injustificadamente el contrato y que, por lo tanto, se
hizo responsable de los perjuicios que con su conducta le ocasionó
a MADIAUTOS”.
En el otro, enfatizó que la accionada desarrolló actos
que dieron a pensar a la demandante que el contrato iba a
continuar indefinidamente -requirió la remodelación de la
sede “Morato” y autorizó un nuevo punto de ventas-; se
abstuvo de pronunciarse sobre la invitación de “explorar otras
opciones”; y “rehusó (…) considerar” la propuesta final que le
planteó, de dejar todas las instalaciones de la mencionada
sede para la operación de la marca Ford.
Apoyado en esos comportamientos, el censor predicó
que la convocada traicionó la confianza legítima que había
creado en su contraparte y, de esta manera, desconoció el
principio de la buena fe.
3.2. A su turno, en el cargo quinto el censor cuestionó
que la insatisfacción de los deberes que el Tribunal le imputó
a la actora, específicamente, no haber independizado las
operaciones de las marcas Ford y Mazda y no haber retirado
la operación Hyundai del taller de “Morato”, constituyan un
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verdadero incumplimiento contractual, planteamiento que
sustentó en los que enseguida se precisan:
- Ninguno de tales compromisos estuvo sometido a
“plazo o término esencial”.
- Los fijados se fueron extendiendo, debido a las
circunstancias.
- La actora realizó diversas actividades, en procura del
logro de esos objetivos.
- Ellos no versaron sobre “obligaciones principales” del
contrato de concesión que vinculó a las partes sino sobre
“pactos accesorios”, al punto que la relación negocial se
ejecutó hasta cuando la demandada le puso fin.
- Tal retardo de la accionante, consiguientemente,
“carecía de aptitud para frustrar el fin práctico perseguido con el
contrato” e incidir en el aspecto económico del mismo, amén
que fue “conocido y consentido” por la convocada, al ampliar
los plazos acordados y autorizar otro punto de
comercialización de los productos Ford.
- El señalado retraso “quedó íntegramente superado” con
el ofrecimiento que la demandante hizo de dejar todas las
instalaciones del local de “Morato” para la mencionada marca.
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4. Patente es entonces que, pese a que los cargos se
propusieron por la vía directa, su sustento se edificó sobre
cuestiones eminentemente fácticas, mixtura que, como ya se
dijo, es absolutamente inadmisible.
4.1. Tal y como ya quedó especificado, la tercera cesura
se fincó en que la aquí demandada presionó a la actora para
que realizara la remodelación de las instalaciones de la sede
“Morato”, correspondiendo esa actuación a una clara
manifestación de abuso de su posición dominante en el
contrato base de la acción; y en que, pese a que la gestora
del litigio atendió tales requerimientos hasta donde le fue
posible, aquélla luego puso fin a la relación negocial
unilateralmente y sin justificación legal atendible,
comportamientos de los que el recurrente infirió la mala fe de
la primera.
Debe insistirse, entonces, en que esa fundamentación,
por estar cifrada en cuestiones fácticas, riñe abiertamente
con la naturaleza de la vía escogida por el recurrente para la
formulación del cargo, el cual, por ende, acusa una mixtura
que impide explorarlo en el fondo y determina su fracaso.
4.2. Igual ocurre con el cargo cuatro. Sus basamentos
pertenecen al campo de los hechos: la demandada, al apurar
la remodelación de la sede “Morato” y autorizar un nuevo
punto de ventas, creó en la accionante la convicción de que
el contrato iba a continuar indefinidamente; adicionalmente,
se abstuvo de explorar otras posibilidades de solución, pese
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a la invitación que en ese sentido le formuló la actora; por
añadidura, rehusó el ofrecimiento que ésta le hizo, de
destinar toda la sede “Morato” a la operación Ford; y,
finalmente, decidió terminar el contrato, pretextando su
incumplimiento.
4.3. Más visible es el detectado hibridismo en el cargo
quinto, toda vez que se soportó en que las obligaciones sobre
las que versó el mismo -separación de vitrinas y retiro de la
operación Hyundai del taller de la sede “Morato”- no
estuvieron sometidas a “plazos esenciales”; los que se
concedieron, fueron ampliados por la demandada; con esas
prórrogas, ella consintió el comportamiento de la actora; los
referidos deberes no corresponden a prestaciones principales
del contrato de concesión sino, a lo sumo, a débitos
accesorios; y la accionante realizó múltiples actividades, en
procura de la satisfacción de dichos compromisos.
5. Ahora bien, aunque se interpretara que las
acusaciones se formularon por la vía indirecta, no hay cómo
resolverlos de fondo, pues para ello la Corte tendría que
asumir el estudio de los elementos de juicio militantes en el
proceso, lo que no es factible, en tanto que en ninguna se
especificaron los mismos.
5.1. Ciertamente, en relación con el cargo tercero
tendría, como mínimo, que establecerse si, como lo afirmó el
censor, la demandada ejerció una indebida presión a la
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actora para que realizara las obras de remodelación de la
sede “Morato”.
5.2. En cuanto hace a la siguiente acusación, sería
indispensable constatar que la accionada, en efecto, apuró la
remodelación del mencionado local, autorizó un nuevo punto
de ventas, se abstuvo de atender la invitación que le hizo la
accionante de explorar otras posibilidades de solución y
rehusó la oferta de dejar toda esa sede para la operación de
la marca Ford.
5.3. A su turno, en tratándose de la quinta censura, se
impondría establecer cuáles fueron las obligaciones
principales y las accesorias o secundarias del contrato de
concesión que existió entre las partes, para ubicar en unas u
otras las señaladas en el cargo, así como confirmar si la
insatisfacción de las últimas, acarreó la imposibilidad de
ejecutar alguna o algunas de las primeras, laborío que
supera, por completo, el campo de acción de la violación
directa denunciada.
6. Con todo, queda por decir que el fracaso de los cargos
primero y segundo, cuyo estudio ya adelantó la Sala, se erige
en un valladar infranqueable para que los cargos que ahora
se auscultan se abran paso, pues si el Tribunal, fruto de la
valoración que hizo de las pruebas, esto es, desde la
perspectiva fáctica estimó, en definitiva, que estaba “ausente
una conducta caprichosa, arbitraria, inflexible por parte de la
demandada Ford en el tema de la separación de vitrina de los
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productos Mazda” y, en consonancia con ello, que “las
conductas arbitrarias que se le endilgaron (…) son infundadas”,
inferencias que, por el referido naufragio de las indicadas
censuras, salieron enhiestas y conservan, por ende, vigencia,
no habría cómo reconocer, de un lado, que la demandada
abusó de su posición contractual y, en virtud de ello, que
vulneró el principio de la buena fe; y, de otro, que la
insatisfacción de los compromisos que el ad quem le imputó
a la actora no eran constitutivos de un “incumplimiento
contractual”, propiamente dicho.
7. De los anteriores razonamientos, se extrae la
imposibilidad de reconocer mérito a los cuestionamientos
que se dejan analizados.
CARGO SEXTO
Refirió la violación directa de las mismas normas
explicitadas en la acusación precedente y del artículo 822 del
Código de Comercio, por falta de aplicación.
1. En desarrollo del reproche, su proponente trajo a
colación que fueron dos los incumplimientos que el Tribunal
imputó a la actora: no haber realizado la separación de
vitrinas de las marcas Ford y Mazda y no haber retirado la
operación Hyundai del taller de “Morato”.
Recordó el sustento que esa autoridad esgrimió en
apoyo de tales inferencias y en que, por lo tanto, para el ad
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
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quem, la terminación unilateral del contrato que adoptó la
demandada fue legítima, sin que hubiere lugar al
resarcimiento de los perjuicios reclamados como
consecuencia de la misma.
2. Soportado en esas apreciaciones, el censor señaló
que dicha Corporación “incurrió en un inocultable error de juicio”,
consistente en que actuó de forma contraria a las previsiones
de los artículos 870 Código de Comercio y 1546 del Código
Civil, toda vez que “descartó la necesidad de pronunciamiento
judicial que califique el incumplimiento contractual para clausurar
el contrato” y dejó al arbitrio del contratante que puso fin a la
relación negocial tal evaluación, con lo que, aparejadamente,
lo sustrajo del imperio del artículo 1602 del Código Civil y lo
exoneró de actuar conforme el principio de buena fe
establecido en los artículos 1603 de la misma obra y 871 del
estatuto mercantil.
3. Reiteró que el razonamiento del sentenciador, “según
el cual es legítimo que una de las partes del contrato lo clausure,
por decisión unilateral, cuando advierta que la otra parte se ha
apartado del programa obligacional que de él se deriva o ha
retardado la realización de alguna de las prestaciones a su cargo”,
viola frontalmente los preceptos mencionados al inicio de la
acusación.
4. Señaló que su correcta aplicación, habría conducido
al Tribunal a establecer que, frente al presunto
incumplimiento de la actora, le correspondía a la accionada
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demandar la declaratoria de esa situación y de la terminación
de contrato, con las consecuencias jurídicas contempladas
en tales mandatos legales, argumentos que repitió para
explicar la trascendencia de la acusación.
CONSIDERACIONES
1. Desde los antecedentes de esta providencia se dijo
que en el fallo de primera instancia se definió que el contrato
base de la acción fue de concesión, determinación que al no
haber sido materia de la apelación interpuesta por la
demandante el Tribunal confirmó.
2. La concesión de naturaleza comercial que, sin lugar
a dudas, corresponde a un contrato atípico, en la medida que
no aparece expresamente regulada en el estatuto mercantil,
tiene como característica esencial, entre otras, su
prolongación en el tiempo, esto es, que las prestaciones a que
se obligan las partes se cumplen en forma extendida y no de
una sola vez, de modo que el concesionario desarrolla su
actividad de intermediación constantemente y, para ello, el
concedente garantiza los productos objeto de
comercialización y/o el uso de la marca, según sea el objeto
del contrato, también de forma prolongada.
La Sala, con ayuda de la doctrina extrajera, precisó que
“ese acuerdo de voluntades es aquel ‘atípico, consensual y
sinalagmático, por medio del cual una persona física o jurídica
(fabricante-concedente), otorga por un tiempo definido o indefinido
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la facultad de distribuir sus productos (promoción y reventa) a otra
persona física o jurídica (distribuidor-concesionario), normalmente
con exclusividad para un área geográfica limitada y apoyándose
en el prestigio de una marca’” (CSJ, SC 575 de 4 de abril de
2022, Rad. n.° 2006-00226-01; se subraya).
3. En el caso del contrato generatriz de esta controversia
judicial, veáse cómo la relación negocial duró un buen
número de años, tiempo en el cual la demandada concedente
vendió los vehículos de su marca, repuestos y herramientas
a la concesionaria accionante y ésta, a su turno, comercializó
tales productos, revendiéndolos, y prestó el servicio posventa
y de taller a sus clientes, claro está, en las condiciones de
mercado preestablecidas por las partes.
4. Los contratos de tracto sucesivo, precisamente, por
tener esa naturaleza, desde la perspectiva jurídica, no son
susceptibles de resolverse -disolución con efectos ex tunc-
sino de terminarse -disolución con efectos ex nunc-, en el
entendido que estas formas de finalización son diferentes y,
por ende, no pueden confundirse.
Como desde vieja data lo tiene establecido la
Corporación:
La Corte ha señalado ya con toda precisión los efectos de la
resolución y de la terminación de los contratos en la forma que
pasa a transcribirse:
‘Por terminación (o cesación) judicial, pierde el contrato su fuerza
para lo futuro, mas quedan en pie los efectos hasta entonces
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surtidos. Existió desde que fue concertado hasta que tuvo fin, y
mientras existió nacieron de él obligaciones y derechos que se
respetan. He aquí el sentido de la terminación, aplicable de
preferencia a los contratos llamados de tracto sucesivo,
‘ejecutorios’ por oposición a ‘ejecutados’, cuyo cumplimiento se
hace en prestaciones periódicas o paulatinas.
‘No así la resolución judicial. Por ésta, el contrato cesa para lo
futuro; se extingue retroactivamente desde su nacimiento, y -como
anotaba el Magistrado Luis Eduardo Villegas, siguiendo a Rogron,
Maourlont, Laurent y Baudry Lacantinerie- ‘se borra’; se desatan
todos los derechos y obligaciones que del contrato emanaron; se
vuelven las cosas al estado en que se hallaban antes de
celebrarse; se tiene la convención por no celebrada…. La
resolución obra doblemente sobre el contrato: para lo futuro,
quitándole su fuerza; para lo pasado, deshaciendo sus efectos. La
cesación solamente produce el primer resultado.
‘No hay duda de que un contrato resuelto queda retroactivamente
anonadado. Nació válido. Pero el incumplimiento de una parte,
alegado y comprobado por la que demuestra su cumplimiento,
obliga al Juez a eliminarlo.
‘(…).
Los efectos de la resolución tienen íntima relación con la
naturaleza del contrato y miran al pasado y al futuro si está
destinado, al perfeccionarse, a producir un hecho jurídico
inmediato y definitivamente, como la venta. Pero en los pactos
destinados a producir una serie de efectos escalonados, llamados
por eso de tracto sucesivo, como el de concesión administrativa de
servicios privilegiados que es materia de este pleito, sería
imposible restablecer la situación originaria y el efecto retroactivo
no se produce por la naturaleza misma de la convención y la
imposibilidad de volver las cosas al estado anterior. En el primero
de los casos enunciados se trata de una resolución ex tunc,
llamada a tener efectos en el pasado; en el segundo se está en
presencia de una
terminación del contrato
, que no obra sino para
el porvenir, salvo el caso de indemnización de perjuicios, si hay
lugar a ello por la parte de las obligaciones que quedan sin
ejecución (CSJ, SC de 29 de septiembre de 1944, proceso
ordinario del Municipio de Pamplona contra la Compañía de
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Alumbrado Público de Pamplona. G.J., t. LVII, págs. 600 a 609;
se subraya).
Siguiendo esa misma línea de pensamiento la Sala, de
forma mucho más cercana en el tiempo, expresó que “es
menester destacar también que, en líneas generales, la
jurisprudencia y la doctrina han considerado que la resolución se
predica de aquellos contratos cuyos efectos son susceptibles de
destruirse retroactivamente, hasta el punto de dejar a las partes
en el estado anterior a la celebración del acuerdo disuelto -efectos
ex tunc-, y, contrario sensu, la terminación se encuentra reservada
para aquellos contratos con prestaciones de ejecución periódica,
sucesiva o continuada, también llamados contratos de duración,
pues precisamente, dada la ejecución de las obligaciones en el
tiempo y su aprovechamiento por el acreedor, no resulta posible
deshacerlas respecto del pasado sino sólo hacia el porvenir –
efectos ex nunc-, o en otras palabras, ellas adquieren plena firmeza
con ocasión de su autonomía y consolidación jurídica y económica,
que se van dando a lo largo del tiempo” (CSJ, SC de 26 de agosto
de 2011, Rad. n.° 2002-00007-01; se subraya).
5. Ahora bien, los contratos de que se viene haciendo
mérito, esto es, los de tracto sucesivo, pese a que están
llamados a perdurar y, por ende, a que las obligaciones que
de ellos emanan se ejecuten reiterativamente, pueden estar
sujetos a plazo, que en todo caso deberá respetar esa especial
naturaleza, o ser indeterminados en el tiempo, sin que, en
este último caso, puedan calificarse de indefinidos.
Es que cuando se trata de los referidos convenios, si
bien es verdad, resulta esencial su duración, inclusive, por
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un apreciable lapso, también lo es que no es aceptable
preconcebirlos con extensión temporal infinita, esto es, sin
finalización, como quiera que la supervivencia de un acuerdo
de voluntades con tal característica, riñe abiertamente con la
naturaleza y finalidad del contrato mismo, especialmente en
el campo comercial, en el que la fluidez de los negocios es un
distintivo importante.
Si la fuente del contrato es la voluntad coincidente de
las partes de celebrarlos, mal podría pensarse que el
propósito de éstas o, con otras palabras, que su asentimiento
al establecer una relación negocial, comporta su ánimo de
ligarse indefinidamente al respectivo vínculo, pues ello
contradice, en primer lugar, el concepto mismo de obligación,
en tanto que el ordenamiento jurídico proscribe las
irredimibles, de modo que todas son susceptibles de
extinguirse por prescripción (art. 2535, C.C.); en segundo
puesto, la libertad de contratación, expresión esencial de la
iniciativa privada que en materia económica protege el
artículo 333 de la Constitución Política; y, por último, de la
voluntad, como generatriz de aquéllas (art. 1494, C.C.) y,
sobre todo, como causa de su extinción (art. 1625, ib.), en
tanto que comprende el derecho al arrepentimiento.
En tal orden de ideas, propio es pensar y reconocer
factible que, en frente de un contrato de tracto sucesivo por
tiempo indeterminado, sus celebrantes, por regla de
principio, puedan ponerle fin, en tanto que, como viene de
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decirse, no están compelidos a mantenerse vinculados a él
indefinidamente.
Ese entendimiento le permitió a la Sala, en reciente
pronunciamiento, precisar que:
La perpetuidad no es normal en la ejecución de los contratos; al
contrario, resulta extraña e incompatible al concepto de obligación,
y al orden público por suprimir la libertad contractual, desde luego,
sin perjuicio de las denominadas obligaciones propter rem, que,
por surgir con ocasión de un derecho real principal, el titular de
éste se constituye deudor de aquellas mientras mantenga esa
calidad jurídica; pero, aquél débito sigue siempre anejo al referido
derecho, y se transmite al adquirente del mismo. Es oportuno
señalar que algunos atribuyen características parecidas a las
denominadas obligaciones modales, así llamadas por el artículo
1147 del Código Civil; aunque cabe advertir que lo modalizado no
es la obligación, sino el derecho del asignatario adquirente.
En ese sentido, se estima que el legislador o las partes, ceñidas a
la ley, la ética, la corrección, y en fin, con apego a la buena fe, con
observancia de la función, utilidad y relatividad de los contratos,
y en ejercicio de la libertad contractual, pueden disponer, además
de otros aspectos, la terminación unilateral del vínculo negocial.
Las razones por las cuales una de las partes recurre a la
finalización unilateral del pacto son múltiples en el esquema de
libertad contractual, las que no se reducen al incumplimiento, dado
que puede ser consecuencia de la confianza perdida o de la
intención de poner fin a relaciones indeseables o inconvenientes.
De hecho, puede ser una manifestación del derecho al
arrepentimiento, en sentido lato, de cara a la duración diferida o
al tracto sucesivo del pacto, como lo entendió la Sala en SC, 14 dic.
2001, rad. 6230, en la que explicó:
«Pero más allá de éste indiscutido fundamento teleológico, no es
posible perder de vista que la revocación también puede hundir
sus raíces en múltiples motivos no necesaria o indefectiblemente
ligados a la confianza, stricto sensu, o a la protección de la
uberrima bona fides –cuando alguna de las partes considere
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que el comportamiento contractual de la otra no se acompasa
con tan caro postulado-, pudiendo considerarse, bien como una
garantía instituida en pro del consumidor y en beneficio de una
sana, ortodoxa y transparente competencia, en cuanto que
aquel puede legítimamente aprovecharse de las ventajas
cualitativas y cuantitativas que ofrece el mercado, v. gr.: en
materia de primas y de coberturas; ora como una expresión del
derecho al arrepentimiento –en sentido lato- de cara al término
de duración aún no transcurrido en los negocios jurídicos
‘fluyentes’, de duración, de ejecución diferida o de tracto
sucesivo, como acontece en punto tocante con el contrato de
seguro, conforme se refirió en aparte que antecede. De ahí que
para algunos doctrinantes, la revocación –o su equivalente en el
Derecho nacional pertinente- deba entenderse como ‘una
declaración de voluntad unilateral incausada’ (se subraya), lo
que pone de presente, en lo que a su génesis atañe, que es
altamente subjetiva, que ella ‘debe dejarse al arbitrio unilateral
de cada uno de los contratantes’ (ad nutum), como –a propósito-
se consignó en la Exposición de motivos del meritado Proyecto
de Código de Comercio del año 1958, sin que ello signifique, de
ninguna manera, que el revocante escape al inexorable y
plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus
derechos (art. 95-1 C. Pol. y 830 C. de Co.), habida cuenta que
el reconocimiento de una facultad o poder, de por sí, no
constituye salvoconducto o patente de corso para propiciar la
arbitrariedad, so pena de la condigna indemnización de los
perjuicios irrogados. Es por ello por lo que el abuso, en sí,
trasciende al mero arbitrio o a la simple volición».
De ese modo, ambas partes son titulares de un derecho potestativo
para terminar unilateralmente el contrato, sin asentimiento de la
otra, aunque la generalidad de la doctrina enseña que debe darse
un preaviso mínimo, legal o convencional, o en su defecto, congruo,
razonable y suficiente, que le permita al otro contratante realizar
las gestiones pertinentes, en orden a procurar nuevos clientes, o
proveedores o abrir otros mercados, entre varias alternativas.
En otras palabras, se busca evitar una terminación abrupta e
intempestiva que sorprenda al otro contratante, al punto de
impedirle adoptar medidas adecuadas para continuar sus
actividades con un mínimo de parálisis o afectación de su giro
Radicación n.° 11001-31-03-011-2016-00862-01
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ordinario (CSJ, SC 4902 de 13 de noviembre de 2019, Rad. n.°
2015-00145-01).
6. Descendiendo al caso concreto, propio es colegir que
esa figura, la de la terminación unilateral del contrato, fue la
utilizada por la demandada para ponerle fin a la convención
base de la acción.
Sobre el particular se recuerda que el contrato
vinculante de las partes era de concesión, el cual, por su
propia naturaleza, como ya se señaló, corresponde a uno de
tracto sucesivo; y que como no tenía vencimiento, se
configuró indeterminado en el tiempo.
Adicionalmente, debe observarse que la comunicación
de 6 de julio de 2010, mediante la cual la demandada
comunicó a la actora la finalización del contrato que las unía,
es del siguiente tenor:
Después de revisar detenidamente el proceso para que el
concesionario satisfaga las necesidades y requerimientos de la
marca en varios temas relacionados con la distribución de Ford en
Bogotá, encontramos que no hay una verdadera voluntad de parte
suya ni de su concesionario para cumplir con las reiteradas
exigencias efectuadas por la marca.
Desde el 6 de [a]gosto de 2008 venimos solicitando mediante
comunicaciones escritas que se dé cumplimiento a diversos
requerimientos sin que se haya obtenido una solución
satisfactoria, solicitudes que sobrepasan la decena de cartas y
hasta un acta de compromiso firmada en [o]ctubre 28 de 2008
entre CCA, Ford y el [c]oncesionario.
Son varios y diversos los incumplimientos en que ha incurrido ese
concesionario de manera reiterada sin atender los compromisos
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acordados bajo los planes de negocio anuales (‘Business Plan’) y
otros , respecto de los cuales, a manera de ejemplo, podemos
destacar: (i) no haber retirado la operación Hyundai del Taller de
Morato, para el cual se tenía previsto como última fecha de
compromiso 30 [de] [n]oviembre de 2009 sin que a la fecha se haya
hecho efectivo (ii) el número de puestos de trabajo en el taller y (iii)
la separación física de vitrina de ventas Ford de las de Mazda en
el punto Morato, requerimiento este que todos los demás
concesionarios han cumplido debidamente.
En todos estos incumplimientos se les ha dado amplio plazo
(inclusive mayor al plazo de 60 días que establece el contrato
GIDSA) para que fueran debida y completamente atendidos sin
haber sido solucionados hasta la fecha. Por consiguiente, con base
en la facultad conferida bajo la [c]láusula 13 (c) del contrato
GIDSA, nos permitidos notificarle que el [c]ontrato suscrito con
ustedes dejará de tener vigencia al finalizar el plazo de los sesenta
(60) días contados a partir de la fecha de la presente
comunicación.
En consecuencia, al término del plazo establecido en el párrafo
anterior, aplican las obligaciones indicadas bajo la [c]láusula 15
del contrato GIDSA (se subraya).
7. Así las cosas, independientemente de que en dicha
misiva su remitente hubiese, por una parte, aludido al
incumplimiento de varias obligaciones por parte de la aquí
accionante y, por otra, respaldado su decisión en el contrato
“GIDSA”, pese a no ser el rector de la relación negocial, según
lo definieron los jueces de instancia y que deviene intangible
en este momento procesal, es patente que a través de dicha
comunicación, aquélla preavisó a la última su voluntad de
poner fin al vínculo que las ligaba y que, con ese fin,
estableció el término de 60 días.
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8. En relación con ese último aspecto, no puede
soslayarse que, posteriormente, atendiendo solicitud de
Madiautos, amplió el plazo para la finalización del contrato
hasta el 15 de diciembre de 2011, como figura en la carta
cuyo contenido pasa a reproducirse:
Bogotá, 6 de setiembre de 2011
Señores
MADIAUTOS
Atención: Sr. Enrique Guzmán
Gerente
Ref: Terminación Contrato de Distribución Ford (GIDSA)
Estimado Enrique:
De conformidad con lo discutido y acordado telefónicamente en el
día de ayer con el Sr. Héctor Pérez, ratificado a mi y a José
Armando García en tus oficinas en la tarde, Ford acepta que la
fecha de terminación del [c]ontrato GIDSA no sea el 6 de
septiembre de 2011 sino el 15 de diciembre de 2011. En todo caso,
si así lo desea MADIAUTOS, sea por que liquide el negocio y/o
alquile las instalaciones donde actualmente opera[,] podrá
presentar renuncia al plazo de entrada en vigencia de la
terminación del [c]ontrato GIDSA que se acepta conceder.
Esta decisión se toma dentro de la mayor cordialidad con miras a
que MADIAUTOS pueda manejar con más tiempo y de una mejor
manera el proceso de terminación ante los empleados de
MADIAUTOS y el público en general para beneficio de todos, pero
en ningún caso movidos por lo manifestado en la carta dirigida por
MADIAUTOS a FORD de fecha 2 de septiembre de 2011,
particularmente el tercer párrafo, respecto de lo cual FORD no
entiende a qu[é] se refiere.
(…)
Cordialmente,
Luz Elena del Castillo
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Directora Gerente General
Ford Motor de Colombia
(aparece firma ilegible)
9. No hay duda que ese fue el entendimiento que el
Tribunal le dio a la finalización del contrato, puesto que,
como reiteradamente se ha señalado a lo largo de este fallo,
estimó que dicha terminación fue legítima, toda vez que la
halló soportada en el incumplimiento de las obligaciones a
cargo de la actora que encontró insatisfechas, análisis que
efectuó, valga destacarlo, en virtud de lo pedido por esta
última en la demanda -declarar que el finiquito del contrato
fue injustificado y abusivo- y no porque considerara que no
procedía la terminación unilateral o que era necesaria la
calificación judicial del incumplimiento atribuido a la
empresa concesionaria.
10. Se sigue de lo expuesto, que el ad quem, por ende,
no incurrió en el error jurídico denunciado en el cargo objeto
de estos razonamientos, pues no es verdad que la
demandada, para poner fin al negocio jurídico de concesión
que la ató con la promotora de este asunto litigioso, cuando
no pretendió el resarcimiento de perjuicio alguno, estuviese
indefectiblemente obligada a recurrir a la acción de
terminación contractual consagrada en los artículos 870 del
Código de Comercio y 1546 del Código Civil, mucho menos,
a la de resolución allí mismo consagrada, que como se vio no
era aplicable.
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Tampoco se encuentra acertado sostener que, en ese
supuesto, fuera necesario un “pronunciamiento judicial que
califique el incumplimiento contractual”. Posición que ha venido
abriéndose paso, incluso tratándose de contratos de
ejecución instantánea, en diferentes ordenamientos de
derecho, tales como la Convención de Viena sobre
Compraventa Internacional de Mercaderías, Principios
Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacionales,
decreto-ley n.° 2016-131 de 10 de febrero de 2016 de la
República francesa, Código Civil y Comercial de la Nación
argentina, entre muchas otras.
11. La sinrazón de la acusación, como es obvio
entenderlo, signa su naufragio.
DECISIÓN
Por mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la
sentencia de 11 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala
Civil, en el proceso plenamente identificado al comienzo de
este proveído.
Costas del recurso extraordinario a cargo de su
proponente. Como la parte opositora replicó en tiempo la
demanda con la que se sustentó el mismo, se fija como
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agencias en derecho la suma de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a la fecha de la liquidación.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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