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República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC3930-2020
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
(Aprobado en sesión de veinte de agosto de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil
veinte (2020).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Martha
Ligia Guerrero Ortega frente a la sentencia de 6 de mayo de
2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que
promovió contra Seguros Generales Suramericana S.A. -
Suramericana.
ANTECEDENTES
1. La accionante pidió que se declarara que la
convocada abusó de su derecho de acción por actuar con
temeridad, mala fe y culpa grave, al continuar con el proceso
ejecutivo iniciado contra aquélla después de acordar con
Colseguros S.A. el pago de la obligación ejecutada, en el que
además se abusó del derecho a embargar porque «cauteló
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bienes que excedían ampliamente la cuantía autorizada por la
ley, la justicia y la equidad» (folio 76 del cuaderno 1).
Como consecuencia pidió se condenara al pago de
$200.000.000 por daño emergente, $100.000.000 por lucro
cesante y 1000 s.m.l.m.v. por perjuicios morales.
2. La reclamación tuvo el sustento fáctico que a
continuación se sintetiza (folios 76 a 90 idem):
2.1. La actora afirmó que con ocasión de un accidente
automovilístico ocurrido el 14 de junio de 1995 y para no
afectar su póliza expedida por Colseguros, demandó a Jaime
Joffre Bello Osorio para que fuera condenado a la reparación
del vehículo de su propiedad, proceso que fue fallado en su
contra el 7 de abril de 1999 y, en el mismo, se le condenó
como civilmente responsable al pago de $1.343.460.
2.2. Suramericana, como subrogataria de la anterior
obligación, por haber reparado el vehículo de Jaime Joffre
Bello en razón de la póliza que éste había contratado, el 25
de agosto de 1999 promovió proceso ejecutivo contra la ahora
demandante, en el que se libró mandamiento de pago por el
valor de la condena, más costas procesales e intereses
moratorios.
La sociedad ejecutante señaló una dirección incorrecta
para notificar a la deudora y después manifestó ignorarla, a
pesar de conocerla, por lo que la notificación del
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mandamiento de pago se hizo por medio del curador ad litem,
con quien se adelantó el proceso.
2.3. En desarrollo de un proceso ejecutivo mixto
impulsado por el Banco Central Hipotecario contra Martha
Ligia Guerrero Ortega, ésta se enteró del coactivo interpuesto
por Suramericana.
2.4. Requerido Colseguros certificó que desde el 7 de
marzo de 2003, en aplicación del convenio choque por choque,
canceló a Suramericana $940.422 para quedar a paz y salvo
por la condena emitida el 7 de abril de 1999. Solución que
tuvo efectos liberatorios y, por tanto, debió conducir a la
terminación del proceso o, por lo menos, a la reducción de
los embargos, lo que no sucedió.
2.5. El 10 de noviembre de 2015 se le informó al
abogado de Suramericana sobre el anterior pago, quien
manifestó que no podía desistir del coactivo hasta que fuera
autorizado.
2.6. A través de derechos de petición de 4 de junio, 10
de agosto, 3 de septiembre, 26 de octubre de 2007 y 29 de
enero de 2008, la ejecutada pidió a Suramericana que
certificara si había recibido el pago del siniestro, sin obtener
respuesta dentro del término legal.
Las contestaciones efectuadas por la aseguradora
fueron evasivas, en su mayoría extemporáneas y motivadas
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por sendas quejas que se promovieron ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
2.7. Se solicitó la terminación del proceso ejecutivo con
base en una nueva certificación de Colseguros, en la que se
precisó el número del siniestro, la fecha y vehículos
involucrados, la cual fue rechazada por el juez de la
ejecución.
2.8. El 14 de agosto de 2007 fueron secuestrados tres
(3) inmuebles de propiedad de la ejecutada, antes
embargados, lo que produjo daños morales por el escarnio
público al que se sometieron y por traumatizar a sus hijos,
quienes creyeron que la familia tenía serias dificultades
económicas y estaba en quiebra, lo que generó inseguridades
e inestabilidad emocional.
Ese mismo día Suramericana respondió un derecho de
petición con la invocación de la facultad de subrogarse y
cobrar ejecutivamente el valor pagado por los daños del
vehículo asegurado, en tanto no se había acreditado la
realización del pago por Colseguros.
2.9. Con una nueva certificación de esta última
aseguradora, en que se corrigió la fecha de pago, se elevó una
petición a la ejecutante para que certificara que recibió la
consignación, la que fue respondida el 2 de abril de 2008 con
la manifestación de que «si en gracia de discusión» se
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admitiera el pago de $940.422, el mismo sería parcial, por
quedar un saldo de $558.038.
2.10. Martha Ligia Guerrero Ortega extrajo como
indicador de la mala fe que se desconociera el pago efectuado,
así como la consulta de la sentencia que en segunda
instancia redujo el mandamiento de pago a $1.343.460.
También encontró excesivo el embargo, pues al
promoverse la acción debió limitarse a $1.498.460, pero el
23 de noviembre de 2005 se cauteló un apartamento valuado
catastralmente en $94.319.000 y dos (2) parqueaderos en
$2.155.000 cada uno. Además, al 26 de junio de 2007 quedó
claro que solo un parqueadero era suficiente para garantizar
el pago de lo adeudado.
2.11. Advirtió que el 14 de agosto de 2007 el juzgador
del ejecutivo secuestró únicamente el apartamento, con el
silencio del abogado de Suramericana, que omitió advertir
sobre su amplísimo valor.
Clarificó que el 5 de septiembre de 2007 se desistió del
secuestro de los parqueaderos y se emitieron los oficios
respectivos, los cuales no han sido llevados a la oficina de
registro amén de la negativa de la ejecutante de asumir el
costo de inscripción.
2.12. La demandante alegó que desde octubre de 2004
negoció el apartamento con los parqueaderos por valor de
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$350.000.000, con una
cláusula penal
del 30% del precio,
convenio que fracasó por el embargo de Suramericana, lo que
llevó a que tuviera que devolver el pago anticipado de
$200.000.000, cancelar la
cláusula penal
y cubrir los
intereses.
3. Una vez trabada la litis, Suramericana negó algunos
hechos y propuso las excepciones intituladas ausencia total
de actos realizados por parte Suramericana que pudieran
generar abuso del derecho, indebida valoración y falta de
prueba de los perjuicios reclamados y ausencia de juramento
estimatorio, así como la innominada.
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga
declaró civilmente responsable a la enjuiciada por abuso de
las vías de derecho al actuar de mala fe y la condenó a pagar
por perjuicios morales 20 s.m.l.m.v. Admitió la prosperidad
parcial de la excepción indebida valoración y falta de prueba
suficiente de los perjuicios reclamados, respecto a las otras
pretensiones (folios 462 a 476 del cuaderno 1-II).
5. Al desatar la alzada interpuesta el superior revocó la
sentencia de primer grado y, en su lugar, negó todas las
pretensiones, con base en los argumentos que se exponen en
lo subsiguiente (folios 28 a 52 del cuaderno 3).
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de hacer un recuento de algunos hechos
relevantes, se adentró en la legalidad de la notificación de
Martha Ligia Guerrero Ortega en el proceso ejecutivo,
encontrando que se ajustó a los artículos 315 y 320 del
Código de Procedimiento Civil, antes de la expedición de la
ley 794 de 2003, pues el notificador fijó el aviso, se publicó
el edicto y por último se designó al curador, al punto que el
juez de la ejecución negó el incidente de nulidad propuesto.
Por esta senda descartó un abuso del derecho en el
trámite de la notificación, en tanto la demandada vivía en el
lugar suministrado para recibir notificaciones, como se
prueba porque se recibió el aviso. Relievó que la solicitud de
emplazamiento de Suramericana, por desconocer el lugar de
habitación o trabajo de la ejecutada, fue rehusada el 11 de
abril de 2000, lo que devela su intrascendencia. Así mismo,
precisó que la desestimación del incidente de nulidad no fue
recurrida, a pesar de ser pasible de reposición y apelación.
2. El ad quem recordó el trámite de embargo y secuestro
de los inmuebles propiedad de Martha Ligia Guerrero Ortega,
con el fin de puntualizar que en múltiples ocasiones se
denegó su reducción por no haberse consumado el secuestro,
el desistimiento de las cautelas recayó únicamente sobre los
parqueaderos, y una vez se profirió la decisión que accedió a
este último pedimento se condenó a los perjuicios que se
hubieran causado.
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Con base en lo anterior, y posterior a señalar que es
abusivo el embargo excesivo, clarificó que como el título base
de la ejecución era una sentencia judicial, frente a la misma
sólo eran admisibles las excepciones del numeral 2 del
artículo 509 del anterior código procesal, de allí que
Suramericana legal y legítimamente promovió una ejecución
ante la falta de pago voluntario, así como el embargo de los
bienes que llegaren a ser desembargados en el proceso
ejecutivo hipotecario, lo cual se materializó el 12 de agosto
de 2005.
Respecto al pago de Colseguros a Suramericana,
encontró que únicamente fue dado a conocer al juez de la
ejecución el 17 de agosto de 2007, aunque materialmente se
realizara el 3 de marzo de 2003, aspecto que debe resolverse
en el incoativo a la luz del artículo 521 del C.P.C. Recordó
«que en el fallo de primer grado la Juez anotó que en el actual
proceso no está probado que el ya señalado convenio y el pago
efectuado por Colseguros a Suramericana hubiese cubierto en
su integridad el crédito perseguido en tal proceso, postura que
la Sala califica de razonable, pues en verdad en el asunto que
nos congrega no existe prueba que acredite con suficiencia el
efecto liberatorio total que aduce la parte actora e impugnante,
dado que, se insiste, la cantidad así acordada difiere del valor
sobre el que versa la condena impuesta» (folio 47) y, en todo
caso, el convenio fue posterior a la sentencia e inicio de la
ejecución.
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Remarcó que, aceptado en gracia de discusión el pago
reclamado, el mismo no satisface todo el crédito insoluto, al
quedar un saldo de $403.038, más las costas tasadas en
$167.527.
En adición, como el 14 de septiembre de 2007 se levantó
el embargo y secuestro de dos (2) parqueaderos, condenando
a la ejecutante al pago de posibles perjuicios, correspondía a
la propietaria promover el incidente de liquidación en el
ejecutivo, so pena de que caducara el derecho pretendido,
como sucedió, sin que pueda acudirse a un proceso diferente
para buscar el mismo resultado.
De otro lado señaló que, como no se ha terminado el
proceso de ejecución por el impago del crédito, no es posible
atribuir una conducta temeraria de Suramericana. Además,
«['Vótese que si en proceso en mención emerge una decisión
que lleve a condenar en abstracto a la parte que deprecó tales
medidas en perjuicios a favor de la parte contraria, ésta debe
allí mismo gestionar su liquidación, pero mientras ello no
suceda y el proceso compulsivo continúe bj no es posible
acudir a otro proceso pretendiendo obtener semejante
condena» (folio 51).
Negó los pedimentos de la actora, sin adentrarse en los
argumentos de los recursos de apelación, precisamente por
la inviabilidad de acceder a las súplicas iniciales.
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LA DEMANDA DE CASACIÓN
Martha Ligia Guerrero Ortega propuso el recurso
extraordinario en su oportunidad y formuló un único
reproche (folios 15 a 50 del cuaderno Corte), el cual fue
admitido por auto de 5 de agosto de 2016 (folio 55).
CARGO ÚNICO
1. Denunció la violación indirecta de los artículos 1626,
1630, 1634, 1637, 1638, 1639, 1645, 1649, 1666, 1667,
1668, 1669, 1670, 2341 a 2343, 2488, 2492 del Código Civil,
1083, 1098 y 1110 del Código de Comercio, y como normas
medio los cánones 71, 72, 73, 74, 134, 135, 170, 174, 175,
177, 185, 187, 249, 250, 285, 304, 305, 396, 513-8, 516-5,
517 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la ley 446 de
1998, por errores de hecho evidentes en la apreciación de la
demanda, la realidad procesal y la preterición de varios
medios de prueba.
2. Manifestó que el Tribunal entendió erradamente la
pretensión primera y los hechos 10, 11 y 12 de demanda, al
concluir que no hubo abuso del derecho al promover la
ejecución, porque la ilegalidad planteada se refiere a las
actuaciones posteriores al 3 de marzo de 2003, después de
haber recibido el pago integral de la obligación.
3. Criticó que no se tuvieran por demostrados los
indicios de la mala fe y deslealtad procesal derivados de no
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señalar exactamente la dirección de la ejecutada, lo que
ocasionó que el proceso se adelantara a sus espaldas,
aspecto en el que se interpretó erradamente la demanda.
Resaltó que la dirección de notificaciones del coactivo
era inexistente, como lo certificó el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, pruebas dejadas de valorar, «de donde
resulta que la constancia del notificador de haber realizado la
notificación incluso con la fijación del aviso correspondiente...
es totalmente falsa, porque no se pueden realizar este tipo de
diligencia judiciales de notificación en una dirección
inexistente» (folio 31).
Recordó que Suramericana conocía la dirección
correcta, no sólo por el proceso de responsabilidad civil
previo, sino por haber solicitado el embargo del inmueble,
siendo ilegal que consignara en la demanda una errónea y
que después pidiera el emplazamiento por ignorar la
habitación o lugar de trabajo, indicio grave de la mala fe con
que actuó y que llevó a que la ejecutada se enterara del
proceso años tarde.
4. Sostuvo que se equivocó el Tribunal al no tener por
probado el pago integral, porque esto demuestra una
valoración indebida de la (i) certificación expedida por
Colseguros que habla de una indemnización integral en
virtud del convenio choque por choque; (ii) impresión de la
consulta al sistema ASAP que da cuenta del pago; y (iii) copia
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del comprobante en que se plasma el concepto por el cual fue
girado el cheque.
Argumentó que la certificación, junto con sus soportes,
develan que Colseguros canceló integralmente y a
satisfacción los perjuicios derivados del accidente de
tránsito, a pesar de lo cual Suramericana omitió reportar
esta situación al liquidar el crédito en el ejecutivo.
Documentos que prestan valor probatorio conforme al
artículo 277-2 del Código de Procedimiento Civil.
Además, alegó que las anteriores pruebas debieron
integrarse con las demás recopiladas en el proceso, labor que
no se hizo. Por el contrario, se les quitó su valor objetivo
según su tenor literal, fundado en la afirmación huera de
primera instancia de que no se probó la aplicación del
convenio choque por choque. Esto explica la contradicción
con la página 13 de la sentencia, en la que se da a entender
que el pago fue total.
5. Reprochó que no se valorara el testimonio de William
Barrera Valderrama, quien atendió la reclamación en
Colseguros y autorizó el pago integral con ocasión del
convenio existente con Suramericana, quien expresamente
reconoció que la demandante quedó liberada de cualquier
responsabilidad por el siniestro.
Lo mismo sucedió, en su criterio, con los siguientes
documentos: (i) e-mail de 10 de noviembre de 2005, el cual
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certificó el pago de Colseguros a la accionada y su
conocimiento por el abogado de ésta; (ii) oficio de Allianz -
antes Colseguros- en que consta la solución, reiterado el 7 de
septiembre de 2012; (iii) orden y detalle del pago; (iv) correo
de 25 de octubre de 2007 y la copia del cheque adjunta; (v)
certificación del Banco Santander sobre el cobro del título
valor; (vi) e-mail del Banco Santander con igual contenido al
anterior; (vii) copia del pantallazo ASAP; y (viii) oficio de 23
de mayo de 2013 de Bancolombia en que consta el depósito
del valor en una cuenta bancaria de Suramericana. Pruebas
que demuestran que el pago fue integral y su conocimiento
por la enjuiciada, así como su malicia al negar que lo recibió.
Tampoco se tuvieron en cuenta los derechos de petición
de 4 de junio, 10 de agosto, 26 de octubre de 2007 y 29 de
enero de 2008, las respuestas de 24 de agosto y 5 de
septiembre de 2007; las quejas de 3 de septiembre, 1°, 23 de
octubre, 12 de diciembre de 2007 y 10 de marzo de 2008; las
contestaciones de 14 de septiembre, 12 de octubre, 13 de
diciembre de 2007 y 2 de abril de 2008; y solicitud de 10 de
octubre de 2007. Escritos que prueban todos los esfuerzos
desplegados por la demandante para probar el pago
efectuado por Colseguros, así como la mala fe y deslealtad de
Suramericana.
Se pretermitió el oficio 3200 de 10 de julio de 2012,
remitido por el fallador de primera instancia a la enjuiciada,
el que no fue contestado y «muestra que el convenio choque
por choque y la prueba de que se aplicó en este caso, no obran
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en el presente proceso porque Sura quien los tenía en su poder,
los ocultó, y su negativa a exhibirlos debe ser valorada con los
efectos que consagra el artículo 285 del CPC..., es decir que el
Tribunal debió dar probado la aplicación de ese convenio y el
pago integral, y no lo hizo sin justificación alguna» (folio 39).
Consideró que fueron olvidados el memorial de 5 de
junio de 2013, en el que Suramericana negó el pago a pesar
de la certificación de Bancolombia; alegato de conclusión del
día 25 de ese mes, en el que nuevamente se afirmó que no
hubo pago; y la sustentación de la apelación que rehusó el
mismo hecho. También criticó la omisión de los testimonios
de Luisa Consuegra y César Gualdrón, por la misma razón.
Recordó que constituye temeridad la alegación de
hechos contrarios a la realidad a sabiendas, indicio de la
mala fe que debió ser analizado en conjunto con los otros
medios demostrativos.
6. Frente a las cautelas, reprochó que el ad quem
confundiera los momentos procesales, «pues si bien Sura
como accionante ejecutivo al inicio del proceso podía
legítimamente solicitar el embargo de bienes del deudor con
las limitaciones de ley..., lo cual no se censuró, dejó de advertir
que después de recibir el pago integral no era legítimo hacerlo,
que es lo que se censura, situación evidentemente diferente
que de asimilarse hubiese llevado al Tribunal a concluir que
Sura si (sic) abusó de su derecho a practicar embargos con
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posterioridad al pago y es lo que muestra esta realidad
objetiva» (folio 41).
Admitido, en gracia de discusión, que el pago fue parcial
y el saldo insoluto era de $570.565, debió evaluarse la
razonabilidad de las cautelas, pues al efectuarse la solicitud
sobre el apartamento y los parqueaderos no se conocía el
embargo sobre los mismos y era excesiva frente al avalúo
catastral incrementado en un 50%. Situación exacerbada
cuando los fundos se pusieron a disposición del proceso
ejecutivo por el desembargo en la causa coactiva promovida
por el Banco Central Hipotecario.
Las múltiples peticiones de regulación que fueron
elevadas (23 de noviembre, 9 de diciembre de 2005, 4 de
mayo de 2006, 26 de junio y 16 de agosto de 2007), donde se
aportaron los avalúos catastrales, demostraban la suficiencia
de embargar un solo parqueadero, sin que Suramericana se
preocupara por racionalizar el abuso.
Además, una vez se efectuó la diligencia de secuestro,
el juzgador fue cómplice de la ilegalidad y deshonestidad
porque decidió secuestrar únicamente el apartamento, cuyo
valor excedía en más de 94 veces lo adeudado, lo que
simplemente fue acepado por la enjuiciada. Funcionario que
guardó silencio frente a la nueva petición de regulación.
El embargo abusivo persistió después del desistimiento
a la medida cautelar sobre los parqueaderos, sin que la
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necesidad de promover el incidente de perjuicios desmienta
esta conclusión.
Cuestionó que se considerara que el pago integral no
pudiera alegarse en el ejecutivo, en tanto la liquidación del
crédito y costas no fue presentada por Suramericana sino
que la realizó el juzgador de ejecución, quien ha desconocido
las pruebas del pago. «Ello demuestra que en el especulativo
caso de que la ejecutada no hubiese estado representada por
curador ad litem y hubiese tenido la oportunidad en aquélla
pretérita ocasión... de presentar las pruebas del pago,
tampoco por esa vía procesal se hubiesen valorado. La
ejecutada acude al proceso ordinario porque por la vía del
ejecutivo todas las pruebas demostrativas del pago le fueron
desconocidas» (folio 47).
7. Respecto a la necesidad de acudir al incidente de
perjuicios en el coactivo, reprochó un error en la
interpretación de la demanda, pues allí se dejó en claro que
el abuso del derecho se configuró por continuar con la
ejecución a pesar del pago integral.
Con todo, aunque se redujera el petitum al abuso de las
cautelas, el error de hecho es evidente por la falta de juicio
de razonabilidad sobre lo que era necesario para garantizar
el capital perseguido, intereses y costas, en tanto al momento
en que se solicitaron bastaba con gravar los parqueaderos. Y
aunque hubiera caducado la liquidación de perjuicios
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respecto a estos últimos, no sucede lo mismo con el
apartamento que se mantiene embargado.
8. Por último, «no está demás resaltarle a esa Honorable
Corporación en forma especulativa que, si el Tribunal
consideró que la vía ordinaria no era la procedente sino la
especial del artículo 307 del CPC, lo que debió declarar fue la
nulidad del proceso ordinario por error de procedimiento y no
la revocatoria de la sentencia de primera instancia, lo cual es
otro error evidente de hecho» (folios 49 y 50).
CONSIDERACIONES
1. Cuestión de primer orden es precisar que, a pesar de
entrar en vigencia de manera íntegra el Código General del
Proceso desde el 1° de enero de 2016, al sub lite no resulta
aplicable por consagrar, en el numeral 5° de su artículo 625,
que los recursos interpuestos, entre otras actuaciones, deben
surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se
interpusieron».
Dado que el que ahora ocupa la atención de la Sala fue
iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil,
huelga recordarlo, el 13 de mayo de 2014, será este
ordenamiento el que siga rigiéndolo.
2. El cargo, conforme se historió atrás, se encaminó a
demostrar múltiples errores de hecho que, en sentir de la
recurrente, condujeron al Tribunal a no dar por demostrado,
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a pesar de estarlo, el abuso del derecho en la continuación
del proceso ejecutivo que en su contra promovió
Suramericana, así como por el embargo excesivo de que fue
víctima.
Con el fin de dilucidar la materia, previo al análisis
fáctico que debe acometerse, se harán unas precisiones
conceptuales sobre el abuso del derecho a litigar, también
conocido como abuso de las vías legales o judiciales.
3. El numeral 1° del artículo 95 de la Carta
Fundamental elevó a rango constitucional el deber para las
personas y ciudadanos de «[r]espetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios» (negrilla fuera del texto), en un
reconocimiento directo del carácter relativo de los derechos
subjetivos, lo cual implica admitir «que el ejercicio de aquellos
ha de realizarse con sujeción estricta al fin social para el cual
fueron establecidos por el sistema jurídico vigente, y dentro de
los precisos límites que por él se señalan» (SC, 2 dic. 1993,
exp. n.° 4159).
De esta forma se borró la idea de que la titularidad de
un derecho concede la posibilidad de ejercerlo de forma
irrestricta, ya que toda prorrogativa debe usarse en armonía
con su finalidad y fuera de la intención de dañar a los demás,
so pena de que deban indemnizarse los perjuicios que se
irroguen.
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Máxima que tiene cabida al pretenderse el acceso a la
administración de justicia, bajo la premisa de que la puesta
en funcionamiento de la rama judicial no genera, por si
misma, ningún deber resarcitorio para el demandante, salvo
cuando se utilice con temeridad, negligencia o con un animus
nocendi, casos en los cuales la contraparte estará
empoderada para alcanzar la reparación de los agravios
inferidos.
En otras palabras, el ejercicio del derecho a litigar es
una prerrogativa que, si bien puede generar consecuencias
negativas para quien tiene que resistir la pretensión, sólo
comporta el débito indemnizatorio cuando a través de ella se
busque agraviar a la contraparte o se utilice de forma
abiertamente imprudente.
Bien ha pregonado «la jurisprudencia y la doctrina [que]
el ejercicio abusivo del derecho a litigar es un fenómeno que
puede configurar la responsabilidad civil extracontractual de
quien acude a la jurisdicción de manera negligente, temeraria
o maliciosa para obtener una tutela jurídica inmerecida» (SC,
14 feb. 2005, exp. n.° 12073).
En estos casos, para que proceda la reparación, el
afectado tiene que probar «una conducta humana antijurídica,
en este caso, el adelantamiento de un proceso o la realización
de un acto procesal particular en forma desviada de su
finalidad; un factor o criterio de atribución de la
responsabilidad, que en la referida hipótesis, como viene de
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explicarse, solamente puede consistir en la temeridad o mala
fe; un daño o perjuicio, es decir, un detrimento, menoscabo o
deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima,
vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o
afectiva, o con los bienes de su personalidad; y, finalmente,
una relación o nexo de causalidad entre el comportamiento de
aquel a quien se imputa la responsabilidad y el daño sufrido
por el afectado (SC, 1° nov. 2013, rad. n.° 1994-26630-01).
Son ejemplos de uso abusivo de las vías legales, entre
otros, (i) la interposición de una acción temeraria basada en
el albur del proceso y sin consideración al derecho en
discusión (SC, 28 sep. 1953); (ii) el desistimiento de un
proceso inesperadamente para evitar un inminente fallo
adverso que diere la victoria a la contraparte (ídem); o (iii) la
promoción de un compulsivo sin fundamento ni respaldo
(SC, 15 dic. 2009, rad. n.° 2006-00161-01).
4. En tratándose de cautelas está fuera de duda que el
acreedor, por mandato de los artículos 2488 y 2492 del
Código Civil, puede acudir a ellas con el fin de asegurar los
bienes del deudor y pretender la realización de su crédito,
junto a los intereses y gastos de cobranza.
Posibilidad que no es absoluta, por cuanto se entiende
que sólo se podrá hacer uso de ella cuando reporte un
beneficio para el acreedor y se limite a lo necesario para
satisfacer su interés, tasado en el duplo de la obligación
insatisfecha, «salvo [cuando] se trata de un solo bien o de
20
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
bienes afectados por hipoteca o prenda que garantizan aquel
crédito, o cuando la división disminuya su valor o su
venalidad» (artículo 513 del Código de Procedimiento,
equivalente al canon 599 del Código General del Proceso).
Así lo doctrinó esta Sala:
Tales normas, como es sabido, guardan estrecha relación con lo
preceptuado por el artículo 513, inciso 8° del Código de
Procedimiento Civil, en cuanto faculta al juez para que, al decretar
medidas precautorias las limite 'a lo necesario', de tal manera que
ellas no excedan el 'doble del crédito cobrado, sus intereses y las
costas prudencialmente calculadas', salvo, claro está, que se trate
de un solo bien gravado con hipoteca o prenda, o cuando por su
división se 'disminuya su valor o su venalidad' (SC, 2 ag. 1995,
exp. n.° 4159).
De allí que se considere abusivo el embargo innecesario
de bienes en un proceso ejecutivo (SC, 9 ab. 1942); la cautela
sobre la totalidad de los bienes del deudor sin justificación
(SC, 11 oct. 1973, G.J. CXLVII, n.° 2372 a 2377); la omisión
en el destrabamiento de bienes que no prestan ninguna
garantía para la efectividad de la obligación perseguida
(ídem); o la ejecución de un deudor con cautelas excesivas
respecto al crédito que se cobra (SC, 2 dic. 1993, exp. n.°
4159).
En estos casos, el afectado deberá reclamar la
indemnización de perjuicios a través de alguna de las
siguientes vías, según el orden de prelación establecido por
la codificación procesal:
21
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
(i) Por medio de un incidente en el proceso ejecutivo, en
los casos en que el juez del coactivo en el auto de desembargo
imponga al acreedor el deber de pagar los perjuicios
resultantes de las medidas cautelares practicadas, como lo
permiten, de forma ejemplificativa, los cánones 510y 687 del
Código de Procedimiento Civil -actuales 443 y 597 del C.G.P.-
De esta forma en el compulsivo deberán resolverse
todas las cuestiones relativas al mismo, en aplicación del
principio de economía procesal, para lo cual basta que el
afectado presente la liquidación de los perjuicios, junto con
las pruebas que permitan demostrar su causación. Ha dicho
este órgano de cierre:
[L]a Sala reitera su jurisprudencia en el sentido de que se trata de
alternativas procesales de un tipo especial de responsabilidad civil
extracontractual. En efecto, en sentencia del 12 de julio de 1993
(Cas. en proceso de Guillermo A. Salazar contra la Soc. Cial.
Franco Hermanos Ltda. aún sin publicar) dijo esta Corporación:
'Nada distinto de lo ya expuesto emerge de la condena preceptiva
al pago de perjuicios contemplada en el; artículo 510 del C. de P.C.,
pues si bien es verdad que su imposición otorga a la parte
favorecida con la misma el privilegio de no tener que acudir a
proceso diferente para obtener su indemnización, no por eso debe
entenderse ella liberada de demostrar los requisitos comunes a
esta especie de responsabilidad, por cuanto no es admisible
colegir que con la consagración legal de esa condena el legislador
se propuso establecer una presunción del daño.' (SC, 2 dic. 1993,
exp. n.° 4159).
De existir la condena y no procederse de la manera
descrita, se aniquilarán las vías judiciales para exigir la
reparación, en tanto «la extinción o pérdida del derecho
[deviene] como consecuencia del simple transcurso del plazo
22
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
perentorio e impostergable para presentar la liquidación
motivada, especificada y con petición de pruebas de la cuantía
determinada», debido a que «la caducidad extingue el derecho,
y por ende, la acción por el simple paso del tiempo, al no
hacerse valer dentro del plazo legal perentorio, esto es, basta
el dato objetivo del transcurso del último día del término para
generar el efecto jurídico consecuencial de la pérdida ex tuno>
(SC, 28 ab. 2011, rad. n.° 2005-00054-01).
(ii) La otra vía es un proceso de conocimiento, en el cual
se pruebe la existencia, cuantificación y atribución de los
daños causados, cuando no ha habido condena al pago de
los perjuicios en el proceso de ejecución (cfr. SC, 15 dic.
2009, rad. n.° 2006-00161-01) o se trate de un tercero a este
último (SC, 28 ab. 2011, rad. n.° 2005-00054-01).
Recálquese que no resulta admisible hacer uso de estos
mecanismos de forma simultánea o sucesiva, en tanto el
primero es de imperativa aplicación al punto que, sólo en
ausencia de éste, podrá hacerse uso del último.
5. Descendiendo al caso, como en el único cargo
enarbolado se propusieron múltiples errores de hecho,
importa resaltar que, según el numeral 3 del artículo 374 del
Código de Procedimiento Civil, éstos deben ser manifiestos y
el recurrente debe demostrarlos.
Exigencias explicables por la naturaleza extraordinaria
de la casación, la que propende por evitar que se convierta
23
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
en una tercera instancia, pues los jueces de primer y segundo
grado son los llamados a valorar el material suasorio
incorporado a la actuación, estando sus decisiones
revestidas de las presunciones de acierto y legalidad, las
cuales sólo podrán ser desvirtuadas ante defectos garrafales
y conclusiones contraevidentes.
Según la jurisprudencia de esta Corporación:
[P]ertinente resulta memorar que, como de antaño se tiene
establecido, los fallos impugnados a través del recurso
extraordinario de casación, cuando llegan a esta Corporación, lo
hacen soportados por la presunción de acierto y de legalidad que
los acompaña; lo anterior significa, que al gestor de la censura le
asiste el inevitable compromiso de enfrentar la decisión
reprochada, previo examen de la misma, auscultando los
procedimientos evaluativos acometidos por el ad-quem alrededor
de los aspectos fácticos y jurídicos involucrados en la controversia,
desnudar sus falencias o desaciertos y, así, puestos en evidencia,
combatirlos hasta el punto de derruir su basamento (SC, 18 dic.
2012, rad. n° 2007-00313-01).
Dentro de este escenario anticípese que las censuras no
se abrirán paso, ante la ausencia de los defectos de
valoración probatoria achacados al Tribunal, como se
explicará en lo sucesivo.
6. Conductas objeto de litigio.
6.1. Visto el contenido de la demanda que dio origen a
la actuación, que en criterio de la casacionista fue
interpretada de manera inadecuada pues se analizaron
cuestiones que no constituyen el soporte de la reclamación,
24
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
refulge que la interpretación dispensada por el Tribunal se
ajustó al recto entendimiento de este documento, lo que
descarta el yerro fáctico achacado.
6.2. Primero, porque el sentenciador no afirmó que el
eje de la controversia fuera el abuso del derecho en la
interposición de la demanda ejecutiva, ya que, por el
contrario, señaló que el reclamo se sustentó en la
continuación del coactivo después del pago efectuado por
Colseguros y en el exceso de los embargos.
Dijo de forma diamantina:
[All retomar el texto de la demanda introductoria del proceso, al
igual que el contenido del memorial sustentatorio de la alzada
interpuesta por la aquí actora Martha Ligia Guerrero Ortega por
medio de su apoderado, se establece que el abuso del derecho que
se alega se contrae a la acción judicial promovida por Seguros
Generales Suramericana S.A., 'al actuar con culpa grave,
temeridad y mala fe' dentro del proceso ejecutivo que en la
actualidad adelanta..., 'para el cobro coactivo de una sentencia
judicial', pese a que en desarrollo del convenio 'Choque contra
Choque' acordó su pago con Colseguros S.A. el 7 de marzo de
2003, pero no obstante sigue con la ejecución y además 'abusando
de su derecho a embargar cauteló bienes que excedían
ampliamente la cuantía autorizada por la ley, la justicia y la
equidad'... (folio 38 del cuaderno 3).
En estricto seguimiento de esta hoja de ruta, en la
providencia se abordaron las temáticas relativas a la
razonabilidad de las cautelas (folios 44 a 46) y los efectos del
pago realizado con ocasión del convenio choque contra choque
(folios 46 a 51), lo que le permitió concluir que como el
«proceso [ejecutivo] está en curso, porque no se ha
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
estructurado alguna de las situaciones previstas en la ley que
puedan conducir a su terminación», «no es admisible atribuir
a la parte que actúa como ejecutante en tal proceso... una
actuación temeraria, de mala fe..., pues el crédito cobrado se
encuentra insoluto, lo que implica que se descarta que al obrar
de ese modo esté inmersa en una conducta constitutiva de
abuso de derecho» (folios 50 y 51).
Materias que constituyen el basamento toral del libelo
genitor (folio 76 del cuaderno 1), conforme a los hechos 9, 10,
23, 25, 28 a 38, en los que se expusieron las condiciones de
tiempo y modo en que se efectuó el pago, el valor adeudado,
la continuación del trámite judicial y la forma en que se faltó
a la razonabilidad en las cautelas.
Ahora bien, que el Tribunal relatara que Suramericana
inició el coactivo en razón del impago de una sentencia
judicial (folio 39 del cuaderno 3) y sostuviera que este
derecho se «ejercitó de forma legal y legítima» (folios 45 y 46),
de ninguna forma puede entenderse como una inadecuada
interpretación de la demanda, pues su mención únicamente
se hizo para develar el origen de la controversia, sin excusar
el estudio de las pretensiones por esta razón. Se trata de un
dicho al pasar -obiter dicta-, incluido para contextualizar la
decisión, que dista de un defecto fáctico.
6.3. A renglón seguido se descarta que la pretensión
primera fuera tergiversada, en palabras de la recurrente
porque la abusividad estaba acotada a la falta de
26
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
reconocimiento del pago, en tanto de forma literal se dejó en
claro que aquélla también era pretendida por la cuantía de
las medidas cautelares.
Y es que en la súplica en comento se pidió «[d]eclarar el
abuso del derecho a accionar judicialmente por la compañía
Seguros Generales Suramericana S.A.... dentro del proceso
ejecutivo... radicación # 1999-1339..., por cuanto en
desarrollo del convenio 'choque contra choque' desde el día
siete (7) de marzo de dos mil tres (2003), acordó su pago con
Colseguros S.A., pese a lo cual y después de ocurrido este
hecho, ha seguido adelantando la ejecución, proceso en
el que además, abusando de su derecho a embargarp
cauteló bienes que exceden ampliamente la cuantía
autorizada» (negrilla fuera de texto, folio 76 del cuaderno 1).
Brilla que el reclamo resarcitorio se formuló sobre los
pilares autónomos de la continuación del compulsivo y la
cuantía de los embargos, aunque se propusieron de consuno
en la pretensión primigenia, de allí que fuera menester su
análisis independiente, sin que este proceder pueda ser
objeto de reproche.
Conclusión que encuentra respaldo en la plataforma
fáctica propuesta por la demandante, en la que se criticó, de
un lado, que «una obligación amplísisamente (sic) menor (tan
solo $1.400.000), le hubieran embargado bienes por más de
$300 millones de pesos (un apartamento y 2 parqueaderos)»
(hecho 9, folio 78), y del otro «que el proceso sigue su curso
27
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
sin que Suramericana pida la terminación por pago total de lo
perseguido como es su obligación» (hecho 36, folio 84).
Por tanto, el thema decidendi no se acotó a la existencia
del pago y sus efectos sobre el coactivo, sino que también
cobijó la razonabilidad de los embargos practicados, como se
extrae abiertamente de la demanda. Inferencia que, por
demás, fue realizada desde la sentencia de primera instancia
(folios 468 y 469 del cuaderno 1-II), sin que la demandante
criticara este colofón, sino que, por el contrario, asintió en el
mismo al sustentar su alzada (folio 15 del cuaderno 3).
6.4. Tampoco se advierte un dislate protuberante en
que el Tribunal coligiera que la abusividad deprecada,
adicionalmente, se fundó en un inadecuado trámite de la
notificación, pues los hechos del libelo genitor dan cuenta de
este reproche, con independencia de que no se mencionara
expresamente en las pretensiones.
Precisamente, en el hecho 6 se narró:
A pesar que la compañía Seguros Generales Suramericana S.A.
conocía la dirección de residencia en Bucaramanga de la señora
Martha Ligia Guerrero Ortega por encontrarse consignada en el
expediente que contiene el ejecutivo en donde fue condenada por
el juez 22 civil municipal de Bogotá, que dicho sea de paso no ha
cambiado desde aquella época, obrando de mala fe y con
deslealtad no la suministró adecuadamente y por el
contrario mediante memorial de 6 de abril del año 2000..., bajo
la gravedad de juramento a través de su apoderada manifestó
ignorar la dirección de habitación y lugar de trabajo de la
demandada y por esta específica maniobra, mi defendida no se
enteró de esta nueva demanda en su contra, y el proceso se
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
tramitó estando representada por curador ad litem. Es el primer
acto desleal y abusivo cometido por la aseguradora (negrilla
fuera de texto, folio 78 del cuaderno 1).
Luego, si bien en la pretensión primera nada se dijo
frente a la abusividad en el trámite de enteramiento procesal,
lo cierto es que del cuerpo de la demanda podía inferirse que
se achacó un animus nocendi a la convocada por la forma en
que se adelantó, siendo necesario que este tema se abordara
en la resolución de segundo grado.
Recuérdese que «[s]i bien es verdad que uno de los
elementos que sirve a la identificación del concreto litigio que
se proponga en una determinada demanda, es la pretensión,
en sí misma considerada, también lo es que tal aspecto no es
el único y, mucho menos, uno suficiente..., toda vez que las
específicas peticiones elevadas deben ponderarse en
conjunción con la causa aducida en su respaldo, constituida
por los hechos invocados y por los efectos jurídicos que en
relación con ellos haya esgrimido el propio actor» (SC6504, 27
may. 2015, rad. n.° 2002-00205-01).
6.5. En resumen, la hermenéutica dispensada por el
Tribunal a la demanda fue acertada, en descrédito de las
pifias achacadas.
29
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
7. Inexistencia de abusividad en el trámite de
notificación.
7.1. Se reprochó que no se tuviera en cuenta que
Suramericana, en el coactivo, afirmó desconocer la dirección
de notificaciones de la enjuiciada y relacionó una inexistente,
a pesar de saber con precisión cuál era la correcta.
7.2. Al respecto, delanteramente procede señalar que se
desestima el error alegado, por cuanto el ad quem valoró las
pruebas que se aseveran como desconocidas, pues con el fin
de establecer la legalidad del enteramiento hizo un recuento
de las actuaciones surtidas, incluyendo las solicitudes de la
ejecutante, lo que permitió arribar al siguiente colofón:
La anterior reseña muestra de inmediato a la Sala que la mala fe
y deslealtad que la parte actora disconforme atribuye a la parte
demandada en su obrar en el tantas veces mencionado proceso
coactivo en lo referente al punto que atañe al emplazamiento y
notificación de la demandada Martha Ligia Guerrero Ortega, se
descartan por completo como supuestos que configuren un abuso
del derecho. Basta para sostener ese firme colofón repasar el
proveído que desestimó la nulidad alegada, porque es irrefragable
que en su totalidad las diligencias que se llevaron a cabo alrededor
de la situación en comento se acompasan en su integridad a los
artículos 315 y 320 numeral 3 del C.P.C. vigentes para el época,
vale decir realizadas entre el 6 de diciembre de 1999 y el 8 de
agosto de 2002, pues como se verificó que la ejecutada vivía en el
lugar suministrado en la demanda para recibir notificaciones, pero
no fue hallada por el notificador del juzgado, se le citó por medio
de aviso, que cumplió con todos los requisitos de rigor, para que
concurriera al despacho a notificarse, sin que compareciera en
término...
Huelga apuntar acerca del tema analizado, con miras a fortalecer
el corolario que antecede, los siguientes aspectos: 1. La solicitud
30
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
que presentó la vocera de la parte ejecutante en tal coactivo el 20
de enero de 2000 para que se emplazara a la demanda...,
manifestando bajo juramento que ignoraba su lugar de habitación
y trabajo, resultaba para ese momento de la actuación por entero
vana dado que, como ya quedó esclarecido, para esa fecha ya que
habían surtido las diligencias contempladas por los artículos 315
y 320 numeral 3 ídem, restando sólo el emplazamiento de la
ejecutada al que de oficio dio curso el juzgado competente con
sujeción a la ley... (folios 41 y 42 de la carpeta 3).
Al haber sido valoradas la demanda inicial y la solicitud
de 20 de enero de 2000, relativas a la dirección de
notificaciones, se descarta su pretermisión, porque esta
última únicamente se configura cuando se pasa «por alto una
prueba decisiva, como si no hubiera sido producida»', lo que
no sucedió en el sub-lite.
7.3. De otro lado, una comparación entre la censura
propuesta y los razonamientos de la sentencia confutada,
trasluce que aquélla deviene incompleta, pues la impugnante
dejó de lado dos (2) argumentos nucleares del Tribunal para
negar la existencia del hecho contrario a derecho; en
concreto, la recurrente nada dijo sobre la inviabilidad de que
haya abusividad cuando el acto de enteramiento se ajustó a
los requisitos legales, ni sobre la banalidad del escrito en que
se manifestó ignorar un lugar de notificaciones, en tanto este
último careció de incidencia en la causa.
Tal vacío constituye una desatención del artículo 374
del Código de Procedimiento Civil, que señala que las
1 Humberto Murcia Bailén, Recurso de Casación Civil, Ediciones Jurídicas Gustavo
Ibáñez, 2005, p. 387.
31
Radicación n.° 6800 1-3 1-03-005-2012-00047-0 1
acusaciones deben ser precisas, esto es, deben atacar la
totalidad de las bases de la sentencia criticada, pues de
conservarse alguna de ellas el proveído se soportará en la
misma, siendo inocuo el estudio de la acusación.
La jurisprudencia ha decantado que:
La precisión tiene un doble contenido. Primero, el embiste debe
dirigirse adecuadamente hacia los argumentos que soportan la
decisión de segunda instancia; segundo, debe controvertir en su
integridad las bases en que se soporta el fallo censurado, de
suerte que ninguna de ellas quede desprovista de
cuestionamiento...
No es suficiente, entonces, con denunciar que el Tribunal incurrió
en equivocaciones, sino que debe existir un ataque a todos los
argumentos de la sentencia, de suerte que, en caso de prosperar,
ésta se quiebre por falta de apoyadura.
El ataque realizado a espaldas de este requisito está condenado
al fracaso, por cuanto carecería de la vocación de invalidar el
proveído cuestionado, pues aún de admitirse el defecto, la decisión
se mantendría incólume, por descansar sobre las premisas no
cuestionadas. Recuérdese que el objeto de la casación 'no es el
proceso, en sí mismo considerado, como thema decidendum, sino
la sentencia combatida, cual thema decisum', entre otras cosas,
por obedecer a precisas causales legales y en las respectivas
hipótesis normativas... (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.° 2005-
00346-01).
Ante la falta de completitud de la censura procede su
repulsa, pues así se admitiera que hubo mala fe en el
señalamiento de una dirección incorrecta y en la aseveración
de que se ignoraba el lugar de residencia de la enjuiciada, lo
cierto es que la sentencia conservaría su vigor, bajo la
premisa de que no puede existir abuso en un acto que se
32
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
ajustó a la ley o que fue intrascendente para los fines del
proceso.
7.4. Empero de lo comentado, aunque se interpretara
que la acusación se dirigió a reprochar la tergiversación del
material suasorio y se dejara de lado el yerro técnico de
formulación, tampoco se vislumbra un error de hecho.
7.4.1. En verdad, en la demanda ejecutiva radicada el
25 de agosto de 1999 se aseguró que el lugar de
notificaciones de «Martha Ligia Guerrero Ortega... [era] la
carrera 39 No. 41-08 Apto. 1401 de Bucaramanga» (folio 260
del cuaderno 1-II), la cual carece de correspondencia con la
invocada para los embargos, correspondiente al «[a]pto 1401
Torre A del Edificio Monteverde, ubicado en la carrera 39 No.
41-12» (folio 319).
Sin embargo, esta divergencia debe entenderse en el
contexto de las múltiples direcciones que tenía asignada la
copropiedad, como se infiere de que en los certificados de
libertad y tradición arrimados a la foliatura aparezcan como
tales la cra. 39 # 41-12 (folio 334) y la cra 39 # 41-26 (folios
337 y 340).
Por tanto, resulta posible que el Edificio Monteverde
también fuera asociado con la nomenclatura # 41-08, como
se infiere del hecho de que el notificador de la oficina judicial,
con base en la misma, pudiera localizarlo y hacer entrega del
aviso de notificación respectivo.
33
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Total que el mencionado empleado dejó expresa
constancia de que concurrió a la Kra 39 # 41-08, en
particular, al Apto 1401, lugar en que cumplió la labor
encomendada por el artículo 318 del Código de
Procedimiento Civil, sin que se excusara en el hecho de que
la dirección fuera errónea o que la enjuiciada no viviera allí
(folio 263).
De hecho, en el informe se aseguró que «fijó aviso.., en
la puerta de acceso a su domicilio en la dirección referida, [que]
sí recibió copia del aviso Manuel Muñoz y [que] sí lo firm[ó]»
(idem). Prueba de lo cual es la copia del documento que fue
incorporada al expediente, suscrita por la persona
mencionada y quien se abstuvo de objetar la corrección de la
dirección o su vínculo con Martha Ligia Guerrero Ortega (folio
265).
Además, la Secretaría del Juzgado Cuarto Civil de
Bucaramanga remitió copia del edicto emplazatorio a la
«dirección suministrada en la demanda» (folio 266), sin que
haya constancia de que la empresa de mensajería devolviera
la actuación porque la dirección fuera inexistente o errónea.
Estos medios demostrativos muestran que la propiedad
horizontal, a la fecha del trámite de notificación, era
localizable con la nomenclatura 41-08, razón para
descalificar que Suramericana actuara con deslealtad o
fraudulentamente al invocarla.
34
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 10 de
junio de 2005, señalara que en el archivo magnético catastral
no existe la dirección carrera 39 41 08 del municipio de
Bucaramanga (folio 415), lo único que denota es que para la
fecha de la certificación no se tenía certeza sobre su
asignación, situación que difiere con lo acaecido arios atrás,
en los que era posible su asociación con el Edificio
Monteverde.
De allí que no sea contraevidente la conclusión del
Tribunal, en el sentido de que «como se verificó que la
ejecutada si (sic) vivía en el lugar suministrado en la demanda
para recibir notificaciones, pero no fue hallada por el
notificador del juzgado, se le citó por medio de aviso, que
cumplió con todos los requisitos de rigor» (folios 41 y 42 del
cuaderno 3), con lo cual se descartó la abusividad de
Suramericana, punto en el que se desestima la acusación.
7.4.2. También es cierto que la apoderada judicial de la
ejecutante, el 20 de enero de 2000, pidió el emplazamiento
de Martha Ligia Guerrero Ortega con la manifestación de que
ignoraba su habitación o lugar de trabajo para notificarla
personalmente, [porque] éste no figura en el directorio
telefónico y no se conoce su paradero (folio 275 del cuaderno
1-II).
Empero, esta petición debe interpretarse dentro del
contexto del trámite, pues con ella se pretendió que el
35
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
despacho judicial emitiera el edicto emplazatario del
entonces artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, para
lo cual se reprodujo el contenido de este mandato, a pesar de
su impertinencia para el caso, lo que sin hesitación puede
calificarse como una equivocación, pero lejos de un actuar
temerario o malicioso.
Y es que la ejecutante se ajustó en todo a la ritualidad
de la notificación, antes y después de su petición de
emplazamiento, por lo que no puede pretenderse que a partir
de una aseveración aislada se infiera un actuar doloso o
gravemente culposo, esto es, la torcida intención de causar un
daño, con el fin de que la notificación fuera contraria al orden
jurídico.
En otras palabras, visto que Suramericana agotó los
pasos señalados en los artículos 315, 318 y 320 del anterior
estatuto adjetivo, sin que se adviertan defectos sustanciales
en su proceder, resulta exigua una manifestación aislada
para deducir el ánimo abusivo, razón para desestimar el
hecho indicador propuesto en la demanda de casación.
Con todo, como el juzgador de instancia negó el
emplazamiento solicitado, «toda vez que por auto de fecha
febrero veinticinco de dos mil, se designó curador ad litem de
la demandada» (folio 276), se excluye que la petición de 20
de enero de 2000 produjera un efecto concreto, como bien lo
señaló el ad quem, razón por rehusar el cargo por su
intrascendencia.
36
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
En resumen, las pruebas que reposan en el expediente
descartan que la ejecutante actuara con dolo o culpa grave
en el enteramiento de compulsivo, lo que desdeña la
prosperidad de las críticas formuladas en casación en este
punto.
8. Inexistencia de abusividad por la continuación del
coactivo.
8.1. Frente a la supuesta falta de valoración de las
pruebas que demuestran el pago integral realizado por
Colseguros a Suramericana, lo que en sentir de la opugnante
habría llevado a la terminación del coactivo, es menester
realizar las siguientes precisiones.
8.2. Antes de hacer el análisis individual de los medios
persuasivos denunciados como olvidados, se llama la
atención de que en las consideraciones de la sentencia
confutada no hay mención explícita de ninguno de ellos; sin
embargo, esta situación no prueba su preterición, ya que los
mismos fueron implícitamente valorados por el Tribunal para
arribar al colofón de que el pago de la condena judicial fue
parcial.
Total que en la sentencia de 6 de mayo de 2014 se
invocó, no sólo la consignación efectuada por Colseguros,
sino los soportes que le sirvieron de asidero, para asegurar
que:
37
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
[Els claro que ese convenio se produjo el 3 de marzo de 2003,
recibiendo Suramericana un cheque como instrumento de pago por
tal valor. Para la Corporación ello aparece acreditado tanto en el
proceso coactivo como en el asunto que en la actualidad nos ocupa,
de ahí que el colofón que en dicho sentido se halla consignado en
el proveído que se revisa es acertado y el Tribunal lo comparte...
Se recuerda que en el fallo de primer grado la juez anotó que en el
actual proceso no está probado que el ya señalado convenio y el
pago efectuado por Colseguros a Suramericana hubiese cubierto
en su integridad el crédito perseguido en tal proceso, postura que
la Sala califica de razonable, pues en verdad en el asunto que nos
congrega no existe prueba que acredite con suficiencia el efecto
liberatorio total que aduce la parte actora e impugnante, dado que,
se insiste, la cantidad así acordada difiere del valor sobre el que
versa la condena impuesta en el ya citado fallo, a más de que el
convenio se celebró tiempo después de la emisión de esa sentencia
y de la época en que fue incoada la demanda genitora del proceso
compulsivo (folios 46 y 47 del cuaderno 3).
Estas inferencias necesariamente provienen del análisis
amalgamado de los instrumentos suasorios, pues ésta es la
única forma que permitía extraer la inferencia de que hubo
un acuerdo entre las aseguradoras para el pago de siniestros,
que en desarrollo del mismo se hizo una consignación y que
la misma tenía incidencia en la ejecución, colofones que
guardan correspondencia con la realidad objetiva que se
extrae de aquéllos, lo que desvirtúa su omisión.
Bien ha dicho esta Corporación que «la falta de mención
de una probanza por sí misma no siempre comporta preterición
del elemento probativo respectivo, particularmente, cuando del
contenido integral del fallo, y la exposición del juzgador, puede
deducirse su valoración implícita, así no se haya hecho
38
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
ostensible» (SC, 17 may. 2011, rad. n.° 2005-00345-01,
reiterada SC, 13 nov. 2012, rad. n.° 2003-00119-01).
Este argumento, por sí mismo, permite derruir la
acusación en este punto.
8.3. No obstante, adentrándose la Corte en la revisión
de las certificaciones emanadas de Colseguros, las cuales
dan cuenta del pago de $940.422 a Suramericana, se observa
que las mismas se refieren exclusivamente a la relación entre
las aseguradoras, sin hacer lo mismo respecto a la ejecutada,
a diferencia de lo que aseveró la impugnante extraordinaria,
lo que explica por qué el Tribunal coligió que la solución fue
parcial.
En efecto, Colseguros en el escrito de 29 de mayo de
2007 certificó:
Que por medio del siniestro N° 95041623097, el 03 de marzo de
2004 se procedió a indemnizar integralmente a la Compañía
Suramericana de Seguros en cuantía de $940.422.00..., de
acuerdo con la solicitud de aplicación del convenio choque por
choque que presentara dicha entidad ante Colseguros, derivada
del accidente de tránsito acaecido el 14 de junio de 1995...
Que con lo anterior se dio plena aplicación al convenio referido y
se indemnizó a satisfacción al tercero afectado... (folio 1 del
cuaderno 1).
Este documento deja en claro que Colseguros aseveró
haber satisfecho el interés de Suramericana, en cuanto hace
al acuerdo existente entre las entidades para extinguir sus
39
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
obligaciones correlativas, sin clarificar la situación respecto
a la persecución de eventuales remanentes no pagados por
la aplicación de la convención de marras.
La certificación es cristalina en circunscribir su
contenido a la «solicitud de aplicación del convenio choque por
choque», en desarrollo del cual se indemnizó a Suramericana
respecto al «convenio referido», sin prever el mismo resultado
en relación con Martha Ligia Guerrero Ortega en su calidad
de responsable por el choque ocurrido el 14 de junio de 1995.
En otras palabras, Colseguros únicamente dio cuenta
del cumplimiento de una obligación convencional contraída
con Suramericana, sin que pueda extenderse esta conclusión
frente al perjuicio derivado del siniestro y el total de la
condena judicialmente impuesta a la ejecutada.
Tesis que encuentra respaldo en el artículo 1096 del
Código de Comercio, el cual prescribe que «[ehl asegurador
que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de
la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos
del asegurado contra las personas responsables del siniestro»
(negrilla fuera del texto); por tanto, demostrado que
Suramericana costeó $1.343.460 por el siniestro, se subrogó
en este crédito y estaba facultado para exigir su pago, sin que
se probara que la solución parcial de Colseguros tuviera un
efecto general.
40
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
El escrito de 30 de julio de 2012, de forma aún más
genérica, mencionó la realización de una consignación el 7
de marzo de 2012 (sic), por valor de $940.422 (folio 147), sin
particularizar sus consecuencias respecto a una condena
judicial por un valor superior.
Lo mismo sucede con el documento de 18 de diciembre
de 2007, pues Colseguros certificó que aplicó el convenio
choque por choque, resarció a Suramericana y entregó un
cheque, declarando que hubo indemnización a satisfacción
en virtud del citado convenio (folio 177), sin mencionar que
por este hecho Martha Ligia Guerrero Ortega quedaba a paz
y salvo respecto al saldo insoluto.
Por tanto, que en las certificaciones se aseverara que la
indemnización fue integral, debe entenderse en el contexto de
lo atestado, esto es, referidas al acuerdo entre las
aseguradoras y respecto a las obligaciones existentes entre
ellas, pero sin hacer afirmaciones frente a terceros o respecto
a la renuncia parcial de la condena impuesta, lo que descarta
que el análisis del Tribunal fuera falaz.
8.4. Por igual senda los documentos soporte de la
consignación tampoco brindan la perspicuidad pretendida
por la casacionista, en tanto las impresiones del aplicativo
contable únicamente muestran la emisión de un cheque (folio
2), el concepto del mismo (folios 3, 94, 176), su valor (folios
149, 175) y los movimientos contables asociados (folio 148),
sin que de ellos se infiera que el pago realizado por
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Colseguros fuera idóneo para extinguir la condena judicial, o
que Suramericana hubiera renunciado a la diferencia entre
la consignación y la sentencia.
Ninguno de estos documentos menciona que la
ejecutante fuera satisfecha por todos los perjuicios «a que
tenía derecho como subrogataria de su asegurado», como lo
señaló inexactamente la impugnante, pues los mismos se
circunscriben, itérese, al convenio choque contra choque y las
consecuencias patrimoniales que asumió Colseguros con
ocasión del mismo, sin que a partir de éstos pueda concluirse
que la ejecutada quedó eximida de responsabilidad por el
remanente insatisfecho.
8.5. Sostuvo la promotora que el testimonio de William
Barrera Valderrama brinda certidumbre sobre los efectos del
convenio choque por choque, por cuanto, en su calidad de
funcionario de Colseguros, admitió la completa liberación de
la ejecutada una vez se realizó el pago de $940.422.
Por precisión, se transcribe el acápite respectivo de la
declaración:
Los convenios choquen por choque son fórmulas de arreglo
prepactadas entre diferentes compañías de seguros, en donde al
verificarse de manera extrajudicial la responsabilidad de
alguno (sic) de las aseguradoras, la compañía del presunto
responsable entra a indemnizar a la compañía del presunto
afectado, en los montos en que esta haya incurrido, con ocasión
del cumplimiento del contrato de seguro con su asegurado... En el
caso en particular, Aseguradora Colseguros entró a aplicar el
convenio choque por choque, pagando a Suramericana la suma por
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
esta reclamada, deduciendo de este valor el porcentaje pactado
para la época en el convenio de choque por choque; quedando con
esto liberados tanto la compañía de seguros como la señora
Martha Ligia Guerrero Ortega, por lo menos en lo reclamado
por Suramericana de Seguros S.A. por los perjuicios por
esta asumida (sic), derivados del transito (sic) mencionado
(negrilla fuera de texto, folio 138 del cuaderno 1).
El testigo, al abrigo del convenio asegurador, admitió un
pago integral del crédito de Suramericana. Sin embargo, su
conclusión partió de una premisa incorrecta, como es que
entre las entidades aseguradoras se « verific[ó] de manera
extrajudicial la responsabilidad», pues en el sub lite Martha
Ligia Guerrero Ortega promovió una causa judicial para
establecer el responsable del accidente, proceso en el que fue
condenada el 7 de abril de 1999 a pagar $1.343.460 (folios
229 a 241 del cuaderno 1-II).
Luego, desmentido que extrajudicialmente se hubiera
reconocido la responsabilidad por el incidente de 14 de junio
de 1995, no puede darse credibilidad a la afirmación de que
el pago parcial tuviera efectos liberatorios totales; máxime
cuando el declarante, al ser inquirido sobre «[c]uando se
hacía reclamación con sentencia, emitida por juzgado civil,
0Colseguros qué porcentaje pagaba?», respondió que «ISle
pagaba el total de la sentencia» (negrilla fuera de texto,
folio 139).
Para compendiar, según el declarante, cuando entre las
aseguradoras se alcanza un arreglo extrajudicial el pago es
porcentual según el deducible acordado entre las entidades,
43
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
mientras que cuando se acude a un proceso debe cancelarse
el total de la sentencia, situación que, razonablemente,
encuentra explicación en el ahorro de los costos de
transacción que supone la primera de las hipótesis.
Como en el proceso ejecutivo que promovió
Suramericana contra Martha Ligia Guerrero Ortega
únicamente se acreditó la solución del 70% de la condena
judicial, acorde con la última respuesta de William Barrera,
Suramericana tenía pleno derecho a proseguir con el coactivo
por el remanente insoluto, punto en el que las conclusiones
del Tribunal se muestran razonables y, en todo caso, fuera
de un yerro evidente.
8.6. Los otros documentos que se calificaron como
olvidados tampoco sirven para el objetivo trazado en el cargo
propuesto, pues se limitan a redundar en el pago que hizo
Colseguros y la extinción de las obligaciones entre las
aseguradoras, sin que prueben la misma consecuencia
jurídica con relación a la ejecutada.
Así, los e-mails de 10 de noviembre de 2005 se limitan
a dar cuenta de la orden de pago (folio 93 del cuaderno 1) y
la solicitud de la demandante para que se terminara el
proceso ejecutivo (folio 95), sin ninguna otra precisión.
La comunicación de Allianz de 30 de julio de 2012
vuelve sobre el pago por $940.422, con soporte en los
pantallazos del sistema contable (folios 147 a 149), sin
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
referirse a la situación de la promotora. Lo mismo sucede con
el oficio de 7 de septiembre del mismo ario, en el que se
arrimó, adicionalmente, copia del cheque, certificación de
pago y constancia del Banco Santander sobre el cobro del
título valor (folios 173 a 181).
El oficio de Bancolombia de 23 de mayo de 2013 prueba
la consignación del instrumento cambiario en una cuenta de
Suramericana (folios 211 a 214), sin mencionar los
antecedentes de la operación o sus consecuencias frente a la
extinción de obligaciones preexistentes.
Los derechos de petición de 4 de junio (folios 4 y 5), 10
de agosto (folios 6 y 7), 3 de septiembre (folios 11 a 16), 1°
(folios 19 y 20), 2 (folios 22 a 30), 23 (folios 32 y 33), 26 de
octubre (folios 34 y 35), 15 de noviembre (folios 36 y 37), 12
de diciembre de 2007 (folio 38), 19 de enero (folios 41 a 43) y
14 de marzo de 2008 (folios 44 a 51), respuestas de
Suramericana de 24 de agosto (folio 8), 14 de septiembre
(folios 17 y 18), y 13 de diciembre de 2007 (folios 39 y 40), y
los traslados de las quejas de la Superintendencia Financiera
de Colombia (folios 9, 10 y 31), nada develan sobre la
juridicidad de que Suramericana persiguiera el valor insoluto
de la condena judicial impuesta a Martha Ligia Guerrero
Ortega, ni sobre el clausulado del convenio choque por
choque.
Por el contrario, estos escritos muestran que, a pesar
de la insistencia de la actora para que se certificara que el
45
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
débito indemnizatorio con Suramericana se había extinguido
en su totalidad, esta entidad fue clara en especificar que tal
situación no se había acreditado y que, en todo caso, «el pago
de novecientos cuarenta [mil] cuatrocientos veintidós pesos
Mcte*** ($940.422.00) efectuado por su aseguradora en
relación con este accidente... no... ha cancelado la totalidad
de la obligación objeto de actuación judicial... A lo anterior se
suma que a la fecha no se encuentra en los registros de la
compañía, contrato de transacción o acta de conciliación que
de (sic) cuenta de exoneración de responsabilidad a su favor,
sobre todo si se tiene en cuenta... que el proceso ejecutivo se
inicio (sic) en 1999 y ya cuenta con sentencia judicial a favor
de la Suramericana» (folio 53).
Es cierto que el volumen y contenido de peticiones, en
comparación con la labilidad de las respuestas, pone sobre
la mesa la displicencia con la cual Suramericana trató a la
ejecutada, así como su nula colaboración para clarificar su
situación, lo que desdice de su rol como partícipe en el
sistema financiero; pero esta situación, no sólo es ajena a la
materia objeto de enjuiciamiento, sino que además carece de
conexión con la continuación del ejecutivo por la
incompletitud del pago realizado.
8.7. En cuanto se refiere a la supuesta preterición de la
confesión de Suramericana, respecto a la aplicación del
convenio choque por choque y el pago integral, que la
opugnante encontró como una consecuencia del artículo 285
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
del Código de Procedimiento Civil, carece de asidero, pues en
el proceso no se decretó una exhibición documental.
En efecto, dentro de los pedidos probatorios de la
demandante únicamente se deprecó que «se oficie a la
compañía Seguros Generales Suramericana S.A...., a fin de
que certifiquen... si en desarrollo del convenio 'choque contra
choque', el día siete (7) de marzo de dos mil tres (2003)
recibieron.., el cheque #124672... Además, (sic) el texto del
convenio choque contra choque suscrito con Colseguros vigente
en marzo de 2003» (negrilla fuera de texto, folio 87).
El a quo accedió al anterior pedimento en la audiencia
de 10 de junio de 2010, esto es, oficiar a Suramericana para
que certificara el pago hecho por Colseguros y «[a]demás (sic)
el texto del convenio choque contra choque... vigente en marzo
de 2003» (folios 122 y 123).
Igual redacción tuvo el oficio 3200 de 10 de julio de
2012 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga,
dirigido a Suramericana y contentivo de la orden judicial
(folios 128 y 165).
Refulge que no se pidió la exhibición judicial de
documentos, ni un decreto en tal sentido, como erradamente
lo aseguró la casacionista, motivo suficiente para excluir la
aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 285 de
la anterior codificación procesal, esto es, la confesión tácita
o ficta.
47
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Descartada la existencia de la prueba no es dable su
omisión, de allí que se niegue la casación por este aspecto.
8.8. La opugnante calificó como demostrativo de la
deslealtad y mala fe de Suramericana que, por escritos de 5,
25 de junio y 5 de diciembre de 2013, desconociera el pago
efectuado por Colseguros, aún después de que Bancolombia
certificara la consignación del cheque en una cuenta de su
titularidad, lo que fue ignorado por el ad quem.
Al respecto, no admite duda que mediante escrito
radicado el 31 de mayo de 2013, e incorporado a la foliatura
días después, la citada entidad bancaria certificó «que el 7 de
abril de 2003 se realizó una consignación de[l] cheque N°
124672 del Banco Santander, en la sucursal de Bucaramanga
a la cuenta corriente N° 20-008763-11 a nombre Cia.
Suramericana de Seguros S.A. con NIT 890.903.407 por
$940.422» (folio 211).
A partir de este momento, como bien lo aseguró la
casacionista, quedó en claro que Colseguros, en el ario 2003,
puso a disposición de la ejecutante $940.422 con ocasión del
accidente ocurrido el 14 de junio de 1995. Sin embargo, de
esta comprobación no se infiere que Suramericana actuara
deslealmente.
Primero, porque el alegato de conclusión radicado el 5
de junio de 2013, en el que expresamente el apoderado de la
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
accionada manifestó que «no está probado el pago», reposa
en el expediente antes de que anexara la comunicación de
Bancolombia, de lo cual da cuenta la foliación, pues los
primeros están en los correspondientes a 209 y 210,
mientras que la última principia en el folio 211.
Como la misma entidad bancaria, antes de 2013, había
rehusado la posibilidad de la consignación (folios 151 y 152),
al abrigo de esta prueba es razonable que se negara el pago
por parte de la ejecutante. Así lo asintió la actora al presentar
su escrito de cierre en primera instancia, lo que ahora no
puede desconocerse en casación: «Inicialmente y en relación
con la demostración de este pago existieron dudas pues por
un lado Suramericana siempre expresó que el pago nunca
ocurrió, y por otro lado Bancolombia certificó que el hecho no
era cierto, que tal consignación no aparecía en sus registros»
(folio 219).
Segundo, después de que el a quo volvió a correr el
término para alegar de conclusión, el apoderado de la
demandada radicó un escrito idéntico al anterior, con la
consecuencia de obviar la manifestación de Bancolombia. De
este proceder no puede deducirse un animus nocendi, en
tanto la actuación de la ejecutante se limitó a allegar una
reproducción de un escrito previo, que ciertamente muestra
parvedad en la actividad de procuración judicial, pero carece
por sí mismo de un fin torticero.
49
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Por último, en la sustentación de la apelación
Suramericana se adentró en la materia del pago para aclarar
que la dificultad en la determinación de la consignación se
derivó de una indebida identificación de la cuenta bancaria y
que, en todo caso, «no se ha hecho pago total de la obligación»
(folios 23 a 24 del cuaderno 3), afirmaciones que encuentran
respaldo en las demás pruebas del proceso, y que despejan
los recelos sobre cualquier propósito malicioso.
Por tanto, de los memoriales de 5, 25 de junio y 5 de
diciembre de 2013 no puede demostrarse una actuación
abusiva que pruebe un error de juzgamiento en segunda
instancia.
8.9. Las razones expuestas dan sentido a la atestación
de Luisa Consuegra, representante legal de Suramericana,
quien delanteramente a la certificación de Bancolombia dijo
que «[d]e acuerdo con el conocimiento que tengo del caso y la
documentación que tengo del mismo, no me consta [que] la
compañía haya sido indemnizada por este siniestro» (folio
135).
Por la fecha en que se hizo esta manifestación, itérese,
no se tenía la certificación de 31 de mayo de 2013, de allí que
la deponente asegurara que «la documentación que conozco
es la que menciona que el cheque fue entregado por parte de
Colseguros, más no el ingreso efectivo del mismo a nuestras
cuentas» (idem).
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Tampoco se prueba la deslealtad constitutiva de abuso
de las vías judiciales con la declaración de César Gualdrón,
en concreto, con la aseveración de que conoció los
comprobantes de pago de Colseguros desde 10 de noviembre
de 2005 (folio 206), en tanto para esta fecha no se habían
despejado las dudas que se cernían sobre la realización
efectiva de la consignación y su completitud.
8.10. Así las cosas, no puede aceptarse que es
desacertada y contradictoria la afirmación del Tribunal en el
sentido de que «no se probó que la aplicación del convenio
choque por choque hubiese cubierto la totalidad de la
obligación perseguida», ya que las pruebas arrimadas no
permiten llegar a esta conclusión, pues la demandante no
satisfizo su deber de allegar al plenario una copia del
convenio o de otro medio demostrativo que diera razón a sus
afirmaciones.
Tráigase a la memoria el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual, «incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen».
8.11. Con todo, es menester señalar que las censuras
enarboladas por la demandante en este asunto resultan
inocuas, pues si la Corte se ubicara en sede de instancia
tendría que arribar a la conclusión de que no hubo abuso del
derecho a litigar respecto a la falta de reconocimiento del
pago efectuado por Colseguros, bien fuera total o parcial,
51
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
pues un análisis de las pruebas obrantes en la foliatura
evidencian que Suramericana tenía motivos fundados para
desconocer que la consignación fue realizada, hasta tanto se
arrimó la certificación de Bancolombia de 31 de mayo de
2013.
Las pruebas que, en particular, permiten arribar a este
colofón son las siguientes:
(i) La sentencia de 7 de abril de 1999 impuso la condena
a Martha Ligia Guerrero Ortega, sin que haya constancia de
que Colseguros fuera llamada en garantía a dicho proceso
(folios 229-242 del cuaderno 1-II), a pesar de lo cual el
depósito fue realizado por esta última;
(ii) El monto de la condena judicial era de $1.343.460,
que según la declaración de William Barrera debía ser
solucionada totalmente, pero la consignación se realizó por
una cifra inferior;
(iii) A pesar de que la sentencia del Juzgado Veintidós
Civil Municipal de Bogotá se notificó por estado del 16 de
abril de 1999 (folio 241 del cuaderno 1-II), la consignación de
Colseguros se hizo el 7 de abril de 2003 (folio 211 del
cuaderno 1), esto es, casi cuatro (4) arios más tarde;
(iv) No se probó que Colseguros informara a
Suramericana sobre la emisión del cheque, su depósito y
concepto;
52
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
(v) Una vez Martha Ligia Guerrero Ortega elevó varios
derechos de petición y otras solicitudes para que se
reconociera la solución, se manifestó que la consignación fue
realizada en la cuenta n.° 020-008163-11 o 020-008463-11
(folios 44, 49 y 51 del cuaderno 1), las cuales no existían
conforme a la certificación de Bancolombia de 24 de julio de
2012 (folio 151). Equivocación que hundió sus raíces en la
constancia del Banco Santander, en la que señaló que el
cheque girado por Colseguros fue depositado en la «cuenta
No. 020-008163-11... el día 07.04.2003» (folio 180).
Frente a la anterior situación, después de que
Bancolombia hiciera una constatación directa, se determinó
que la cuenta correcta era la n.° 20-008763-11; y
(vi) La fecha del pago era imprecisa, ya que en las
diversas las certificaciones se mencionaron datas disímiles,
a saber:
Fecha de la
certificación
Entidad que emite la
certificación
Fecha señalada del
pago
29 de mayo de 2007
(folio 1 del cuaderno 1)
Colseguros 3 de marzo de 2004
25 de octubre de 2007
(folio 179)
Banco de Santander 7 de abril de 2003
18 de diciembre de
2007 (folio 177)
Colseguros 3 de marzo de 2003
31 de julio de 2012
(folio 147)
Colseguros 7 de marzo de 2012
31 de mayo de 2013
(folio 211)
Bancolombia 7 de abril de 2003
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Este manto de incertidumbre, cuya dilucidación tardó
muchos arios, descarta que Suramericana tuviera una
intención maliciosa o descuidada en la continuación del
ejecutivo, desestimándose uno de los requisitos para que
pudiera acceder a las pretensiones de la demanda, como es
el hecho contrario a derecho, conclusión a la que tendría que
arribar esta Corporación en caso de fungir como juez de
instancia.
Fulgura la intrascendencia del dislate, argumento
suplementario para negar la casación, ante la inocuidad de
casar una sentencia que al proferirse nuevamente tendrá que
ser fallada en el sentido de negar la abusividad por la
continuación del ejecutivo.
8.12. Empero de lo comentado, la Sala debe hacer un
enérgico llamado al comportamiento arbitrario de las
aseguradoras en el presente caso, por cuanto una vez emitida
la sentencia que impuso a Martha Ligia Guerrero Ortega el
deber de pagar los perjuicios por el suceso de 14 de junio de
1995, correspondía a las aseguradoras tomar las medidas
para hacer los pagos internos que correspondieran, así como
suministrarle información precisa, sin imponerle cargas
excesivas.
Total que, según las pruebas que hacen parte de la
foliatura, Suramericana y Colseguros eran conocedoras del
accidente automovilístico, en tanto cada una de ellas
solventó la reparación del vehículo propiedad de su
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
asegurado, lo que anticipaba la necesidad de que, una vez se
estableciera judicialmente la responsabilidad por el
incidente, se efectuaran las compensaciones internas a que
hubiera lugar, sin sujetar a los tomadores o asegurados a
tortuosas reclamaciones y, menos aún, un proceso ejecutivo.
Así se infiere de: (i) las certificaciones de Colseguros en
las que se menciona la existencia del convenio y su aplicación
para extinguir las obligaciones entre las aseguradoras (folios
1 y 177 del cuaderno 1); (ii) el interrogatorio de Luis Fernanda
Consuegra, representante legal de Suramericana, en el que
admitió la vigencia de ese acuerdo y que «fijas aseguradoras,
en virtud del convenio del choque por choque, buscan facilitar
las subrogaciones y permitir que los asegurados obtengan
atención por parte de sus propias aseguradoras..., de modo
que la relación derivada de la acción de recobro sea
entre aseguradoras» (negrilla fuera de texto, folio 134); (iii)
el correo electrónico de 10 de noviembre de 2005, en el que
William Barrera envió al apoderado de la ejecutada la «orden
de pago por medio de la cual Colseguros realizó pago dando
aplicación al convenio chxch con los señores de Suramericana.
La Dra. Clara Sonia Pérez López fue quien realizó las gestiones
por parte de Suramericana...» (folio 93); y (iv) la declaración
de William Barrera, abogado del área de indemnización de
Colseguros, quien aseguró que «fijos convenios choque por
choque son fórmulas de arreglo prepactadas... con el
compromiso de parte de la compañía del presunto
afectado de no efectuar más cobros de manera judicial
o extrajudicial al presunto responsable de los perjuicios
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
señalados, toda vez que su asegurador los [asumirá], así
fuera en aplicación del convenio choque por choque»
(negrilla fuera de texto, folio 138 del cuaderno 1).
Estos medios suasorios dejan en claro que, cuando
exista el citado convenio -choque por choque-, como
efectivamente sucedió en el sub lite, las aseguradoras deben
hacerse los cobros y recobros pertinentes, siendo de su
exclusivo resorte todas las discusiones relativas a su
completitud y oportunidad, sin vincular a las mismas a los
tomadores o asegurados, quienes tienen la confianza legítima
de que quedarán liberados de toda responsabilidad, sin
perjuicio del pago del deducible cuando haya lugar a esto.
Por tanto, Suramericana actuó en contravía de sus
deberes al accionar ejecutivamente contra Martha Ligia
Guerrero Ortega, por cuanto lo correcto era hacer uso del
acuerdo choque por choque y propender porque Colseguros
hiciera el pago según las reglas allí prescritas. Además
Colseguros, bajo el halo de unas certificaciones de pago
integral, se limitó a azuzar a la ejecutada para que
argumentara que la indemnización por el siniestro había sido
satisfecha, sin asumir directamente la actuación ante su
colega.
La vía más expedita para las aseguradoras, sin duda
alguna, fue perseguir a la condenada judicialmente, exigirle
que buscara y entregara los documentos soporte de la
consignación, y someterla a la discusión inasible sobre la
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
plenitud del pago; sin embargo, lo que se esperaba de ellas,
en su condición de profesionales del mercado, era que la
excluyeran de la controversia, que entre aquéllas resolvieran
sus diferencias y evitarle los efectos negativos de toda la
situación.
Para la Corte está fuera de duda que las entidades
financieras mencionadas abusaron de sus derechos al
comportarse como lo hicieron, pero como este aspecto no fue
propuesto en la demanda inicial, ni se planteó por la
demandante en sus diferentes intervenciones, está cerrada
la puerta para su reconocimiento, sin perjuicio del llamado
que se hace para que estas situaciones no se presenten.
9. Las medidas cautelares y el comportamiento
procesal de Suramericana.
9.1. Sostuvo la recurrente, después de describir los
diferentes estadios que llevaron a la consumación de los
embargos, que en todos ellos hay prueba de la abusividad
con la que actuó la accionada.
9.1. Para mejor comprensión de las críticas, conviene
contextualizar el trámite cautelar, a saber:
(i) El apartamento 1401 de la Torre A y los parqueaderos
18 y 19 del Edificio Monteverde, de propiedad de Martha Ligia
Guerrero Ortega, fueron embargados el 22 de enero de 1999
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
dentro de un proceso adelantado por el Banco Central
Hipotecario (folios 56, 59 y 63 del cuaderno 1);
(ii) El 25 de agosto de 1999 Suramericano inició un
trámite coactivo contra Martha Ligia Guerrero Ortega, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Bucaramanga;
(iii) En este último trámite se profirió auto que resolvió
«seguir adelante la ejecución» el 26 de agosto de 2002 (folio
286 del cuaderno 1-II);
(iv) Con ocasión del trámite jurisdiccional de consulta,
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga
modificó el mandamiento de pago en el ejecutivo impulsado
por Suramericano para limitarlo a $1.343.460 (folios 305 a
307);
(y) El 20 de febrero de 2003 se aprobó la liquidación
oficial del crédito por $6.723.136 (folio 294);
(vi) El 2 de noviembre de 2004 Suramericana pidió el
embargo de los remanentes de los bienes embargados de la
deudora (folio 324 del cuaderno 1);
(vii) El 11 de noviembre de 2005 se registró, en la oficina
de instrumentos públicos, el levantamiento de las medidas
cautelares ordenadas en el coactivo hipotecario y, en el
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
mismo acto, quedaron gravados en favor del ejecutivo
singular (folios 56, 59 y 63 del cuaderno 1);
(viii) El 26 de septiembre de 2006 se corrigió la
liquidación del crédito para acotarla a $1.343.460 (folio 296);
(ix) El 14 de agosto de 2007 se secuestró el apartamento
1401 (folio 360 del cuaderno 1-II) y el día 28 siguiente se
ordenó la misma diligencia para los demás bienes
embargados (folio 380);
(x) El 5 de septiembre de 2007 Suramericana pidió que
cesara el embargo de los parqueaderos 18 y 19 (folio 381); y
(xi) El 14 de septiembre de 2007 se autorizó levantar las
medidas cautelares sobre los parqueaderos y se condenó a
Suramericana al pago de los posibles perjuicios asociados a
éstas (folio 382).
9.3. Dentro de este escenario las quejas extraordinarias
se advierten infundadas, por las razones que se explicarán
en lo sucesivo.
9.3.1. Primeramente, en cuanto se refiere a la indebida
apreciación de la realidad procesal por desconocerse que,
después de realizado el pago total de la acreencia, el 3 de
marzo de 2003, la ejecutante pidió el embargo y secuestro de
tres (3) inmuebles, basta reiterar que, conforme al material
suasorio allegado al expediente, no hay prueba que muestre
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
que la solución realizada por Colseguros extinguió la
obligación dineraria impuesta por la sentencia de 7 de abril
de 1999.
Por tanto, con el fin de alcanzar la satisfacción de su
acreencia, resultaba justificado que Suramericana acudiera
al coactivo y en desarrollo del mismo deprecara varias
cautelas, cual fue el motivo que esgrimió para demandar,
como lo relató el abogado encargado del trámite judicial: «La
facultad se otorga para que al abogado persiga los bienes del
deudor para garantía del pago de la obligación» (folio 206 del
cuaderno 1), en descrédito de un comportamiento torticero.
9.3.2. Ahora bien, ciertamente el pedimento cautelar se
hizo sin la previa verificación de la situación jurídica de los
fundos, como lo reconoció el procurador judicial de
Suramericana (folio 206 del cuaderno 1); empero, esta
desatención no tuvo ninguna consecuencia, pues los
embargos pedidos y decretados no se perfeccionaron, amén
de que la autoridad registral rechazó la inscripción por la
existencia de cautelas previas.
Así se infiere del memorial de 2 de noviembre de 2004,
en el que Suramericana pidió «[e]l embargo del remanente y
de los bienes que se lleguen a desembargar del proceso
ejecutivo mixto que adelanta el Banco Central Hipotecario,
contra la demandada Martha Ligia Guerrero Ortega» (folio 324
del cuaderno 1), lo cual fue autorizado por auto de 22 de este
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
mes (folio 325), aunque limitado a la «suma de $14.000.000»
(folio 326).
Se agrega a lo expuesto que, ante el hecho objetivo de
que los inmuebles perseguidos estaban afectados por unos
embargos emanados de un juicio hipotecario, medidas
registradas el 22 de enero de 1999 y en vigor hasta el 11 de
noviembre 2005 (folios 56, 59 y 63 del cuaderno 1), era dable
que la ejecutante persiguiera todos los activos de la deudora,
con vistas a un eventual desembargo o de los remanentes,
por disposición del artículo 543 del CPC.
9.3.3. En lo tocante al hecho de que todos los
inmuebles, al final de cuentas, resultaron embargados por
cuenta del coactivo promovido por Suramericana, tampoco
descubre un comportamiento malicioso en sí mismo.
(i) El inciso 5° del artículo 543 del Código de
Procedimiento Civil establece, refiriéndose a la cautela de
remanentes, que «[c]uando el proceso termine por
desistimiento o transacción, o si después de hecho el pago a
los acreedores hubiere bienes sobrantes, éstos o todos los
perseguidos, según fuere el caso, se considerarán
embargados por el juez que decretó el embargo del remanente
o de los bienes que se desembarguen».
Significa que una vez levantada la medida cautelar en
el trámite coactivo, los bienes gravados quedan a disposición
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
de los procesos en que se pidiera el embargo de los mismos
o de su remanente, por simple mandato legal.
(ii) Por tanto, una vez concluido el ejecutivo promovido
por el Banco Central Hipotecario contra Martha Ligia
Guerrero Ortega, devenía imperativo que las cautelas
decretadas en aquél siguieran en vigor, pero en favor del
ejecutivo quirografario adelantado por Suramericana.
Así lo hizo saber el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Bogotá, en el proveído de 12 de agosto de 2005, por el cual
comunicó al Juzgado Cuarto Civil Municipal de
Bucaramanga que por «auto de fecha diecinueve de mayo del
año dos mil cinco, se ordenó levantar el embargo y secuestro
de los bienes inmuebles.., de propiedad de la demandada
Martha Ligia Guerrero Ortega; pero como el remanente se
encuentra embargado por cuenta de su Despacho... dichos
bienes quedan a disposición de su Despacho... Se le informa
que con oficio No. 2012 de fecha 10 de agosto de 2005, se le
comunicó al señor Registrador de Instrumentos Públicos de
Bucaramanga» (folio 327 del cuaderno 1-II).
En otros términos, después que el registrador rehusó la
posibilidad de embargar los fundos y Suramericana elevó
una nueva súplica que no estaba dirigida a un bien en
particular sino a los remanentes de otro juicio, le resultó
totalmente ajeno a su conducta que estos tres inmuebles
fueran dejados a disposición del juicio, razón para rehusar
abusividad.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Se descarta, entonces, una conducta imputable a la
convocada tendiente a perjudicar a su contraria.
9.3.4. Por otra parte, la decisión de la ejecutante de
mantener la cautela sobre el apartamento y desistir de la
pretendida frente a los parqueaderos tampoco reluce
caprichosa, al encontrar adecuada apoyadura en los cánones
que regulan el trámite procesal.
(i) Dispone el mandato 513 de la anterior codificación
que, «Islimultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el juez
decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros
de los bienes que el ejecutante denuncie como de propiedad
del ejecutado», momento en el cual «iell juez... podrá limitarlos
a lo necesario..., salvo que se trate de un solo bien o de bienes
afectados por hipoteca o prenda que garantizan aquel crédito,
o cuando la división disminuya su valor o su venalidad».
Significa que el carácter excesivo de una cautela es un
asunto que requiere considerar, no sólo el valor de los activos
frente al monto de la obligación insatisfecha, sino que
también las variables relativas al (i) número de bienes
perseguidos, (ii) existencia de garantías reales que graven los
activos, y (iii) efectos de la división en su valor comercial.
Tal es el entendimiento dispensado por esta
Corporación al señalar:
De modo que perseguir bienes cuyo valor excede los límites
establecidos por la propia ley, sin que concurra alguna de las
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Radicación n.° 6800 1-3 1-03-005-2012-00047-01
circunstancias de excepción que ella misma indica, torna abusivo
el ejercicio del derecho subjetivo establecido por el art. 2488 del C.
Civil, y como se dijo, compromete la responsabilidad de quien así
actúa, si con tal proceder causa un perjuicio y se le puede imputar
un comportamiento temerario o de mala fe (SC099, 27 nov. 1998,
exp. n.° 4909).
(ii) Empero de lo comentado, la casacionista centró su
acusación en la diferencia entre el valor catastral de los
bienes embargados y el monto de la ejecución, quedando
huérfana de reflexión la satisfacción de los requisitos
especiales que permiten desdecir de la abusividad.
Dilucidaciones que eran necesarias en el sub examine,
pues los bienes cautelados tienen condiciones particulares
con incidencia en su negociabilidad y en el precio de
mercado. Total que, a pesar de que los tres (3) fundos eran
bienes privados que integran una copropiedad, el
secuestrado corresponde a una unidad destinada a vivienda,
mientras que los demás son zonas de parqueo, siendo del
resorte del acreedor la escogencia acerca de cuál de ellos le
representa mayor posibilidad de satisfacer el crédito, derecho
que ejerció Suramericana en el sub examine al escoger una
heredad y desechar las dos (2) restantes.
El sentido común indica que, de cara a una eventual
venta judicial, puede existir un mayor número de interesados
en la adquisición del inmueble destinado a la vivienda, en
comparación con los que pretendan parqueaderos. Esto
debido a que la vivienda digna es una necesidad general de
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
la sociedad, no así la utilización de un vehículo automotor,
lo que reduce y modifica el público destinatario.
Además, en un ejercicio prospectivo de un eventual
remate judicial, la experiencia indica que la conservación de
la unidad entre el inmueble y sus parqueaderos puede
favorecer las condiciones de la venta, lo que se verá
menguado de procederse de manera fraccionada, como fue
pretendido por la ejecutada.
Estos elementos de juicio, brindan explicaciones
razonables al comportamiento de la ejecutante en el coactivo;
además, ésta adoptó medidas tendientes a proteger el interés
de la ejecutada, pues el 5 de septiembre de 2007
Suramericana desistió del embargo de los parqueaderos 18 y
19, en los siguientes términos: qqlue se levante el embargo y
secuestro decretado sobre los bienes inmuebles de propiedad
de la demanda (sic), concernientes a los parqueaderos 18 y 19
del Edificio Monteverdi (sic)» (folio 381 del cuaderno 1-II).
Este pedimento, según lo expuesto por César Humberto
Plata, encargado del trámite ejecutivo en nombre de
Suramericana, se tomó como consecuencia de la solicitud
«por exceso» de la enjuiciada (folio 206 del cuaderno 1), lo que
muestra su preocupación por responder al interés de ésta.
Máxime porque el canon 344 del CPC permite a «fijas partes
podrán desistir de los recursos interpuesto y de los incidentes,
las excepciones y los demás actos procesales que hayan
promovido», facultad de la cual se hizo uso en el caso.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
9.3.5. Finalmente, las múltiples peticiones efectuadas
por la ejecutada durante el compulsivo, tendientes a lograr
la reducción de los embargos, se hicieron de forma
inoportuna, razón para excluir que la falta de respuesta sea
constitutiva de un abuso del derecho.
(i) La codificación adjetiva derogada, en su canon 517,
manda que «practicado el avalúo y antes de que se fije fecha
para remate, el ejecutado podrá solicitar que se excluyan
del embargo determinados bienes, por considerarlo
excesivo» (negrilla fuera de texto); asimismo, en el inciso final
prescribe que «[e]n cualquier estado del proceso, aún antes del
avalúo de los bienes, y una vez consumados los embargos y
secuestros, el juez, de oficio, cuando considere que las
medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante
para que en el término de cinco días, manifieste de cuáles de
ellas prescinde o rinda las explicaciones a que hubiere lugar».
(ii) Trasluce que la súplica de reducción de las cautelas
sólo podía elevarse con posterioridad a la concreción de los
secuestros en el ejecutivo, esto es, el 14 de agosto de 2007,
fecha en que se aprehendió físicamente el apartamento 1401;
por tanto, los escritos de 23 de noviembre, 9 de diciembre de
2005 y 4 de mayo de 2006 fueron prematuros, de allí que la
falta de respuesta a los mismos carecen de la aptitud para
sustentar un comportamiento doloso o gravemente culposo
de Suramericana.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Además, reitérese, con el desistimiento efectuado el 5
de septiembre de 2007, tendiente a evitar el secuestro de los
otros inmuebles, la ejecutante desveló un ejercicio razonable
de las prerrogativas legales, tendiente a responder a los
pedimentos de la embargada, incluso antes de que
judicialmente tuviera que hacerlo.
9.4. Descuella la ausencia de un actuar abusivo,
susceptible de generar responsabilidad para Suramericana,
pues ajustó su comportamiento a las normas que regulan el
trámite cautelar.
10. Para concluir, los argumentos relativos a la
pasividad o complicidad del juzgador del ejecutivo, que
fueron propuestos por la casacionista como crítica general a
lo que sucedió en su caso, por referirse a una persona
distante de la enjuiciada, no podrán ser objeto de análisis
alguno, máxime cuando este tipo de controversias deben
ventilarse por los mecanismos pertinentes.
Además, en tanto constituyen medios nuevos en
casación, proscritos para el remedio extraordinario, porque
en el curso de las instancias no se plantearon alegaciones de
este talante.
11. En suma, ante la ausencia de los errores de hecho
imputados al Tribunal, así como por la intrascendencia de
algunos de ellos, se cierra la prosperidad del recurso de
casación promovido.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil se condenará en costas a la recurrente.
Las agencias en derecho se tasarán, por el magistrado
ponente, según el numeral 3 del artículo 393 ibidem y las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de
6 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el
proceso promovido por Martha Ligia Guerrero Ortega contra
Seguros Generales Suramericana S.A. -Suramericana-.
Se condena en costas a la recurrente en casación. Por
secretaría de Tribunal inclúyase en la liquidación la suma de
cuatro (4) s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que
fija el magistrado ponente.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
LU S ARMANDO T LOSA VILLABONA
Presiden e de Sala
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
ÁLVARO FER
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O GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QIROZ MONSA VO
FRANCIS7TER / BARRIOS
69
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