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clave: "corte_suprema:providencia:SC3930-2020 [2012-00047-01]"
titulo: "Corte Suprema: ante la falta de completitud de la censura procede su repulsa"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2020-10-16"
radicado: "2012-00047-01"
numero: "SC3930-2020"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: ante la falta de completitud de la censura procede su repulsa

- **Título oficial / radicado:** SC3930-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2020-10-16
- **Radicado:** 2012-00047-01
- **Número:** SC3930-2020
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3930-2020%20%5B2012-00047-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3930-2020%20%5B2012-00047-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIwL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzM5MzAtMjAyMCBbMjAxMi0wMDA0Ny0wMV0ucGRm/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 794 de 2003
- Ley 446 de 1998
- Constitución Política

## Extracto

Por tanto, el thema decidendi no se acotó a la existencia del pago y sus efectos sobre el coactivo, sino que también cobijó la razonabilidad de los embargos practicados, como se extrae abiertamente de la demanda. Huelga apuntar acerca del tema analizado, con miras a fortalecer el corolario que antecede, los siguientes aspectos: 1. Al haber sido valoradas la demanda inicial y la solicitud de 20 de enero de 2000, relativas a la dirección de notificaciones, se descarta su pretermisión, porque esta última únicamente se configura cuando se pasa «por alto una prueba decisiva, como si no hubiera sido producida»', lo que no sucedió en el sub-lite. Por tanto, resulta posible que el Edificio Monteverde también fuera asociado con la nomenclatura # 41-08, como se infiere del hecho de que el notificador de la oficina judicial, con base en la misma, pudiera localizarlo y hacer entrega del aviso de notificación respectivo.

## Texto del documento

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC3930-2020
Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
(Aprobado en sesión de veinte de agosto de dos mil veinte)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil
veinte (2020).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Martha
Ligia Guerrero Ortega frente a la sentencia de 6 de mayo de
2014, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que
promovió contra Seguros Generales Suramericana S.A. -
Suramericana.
ANTECEDENTES
1. La accionante pidió que se declarara que la
convocada abusó de su derecho de acción por actuar con
temeridad, mala fe y culpa grave, al continuar con el proceso
ejecutivo iniciado contra aquélla después de acordar con
Colseguros S.A. el pago de la obligación ejecutada, en el que
además se abusó del derecho a embargar porque «cauteló
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bienes que excedían ampliamente la cuantía autorizada por la
ley, la justicia y la equidad» (folio 76 del cuaderno 1).
Como consecuencia pidió se condenara al pago de
$200.000.000 por daño emergente, $100.000.000 por lucro
cesante y 1000 s.m.l.m.v. por perjuicios morales.
2. La reclamación tuvo el sustento fáctico que a
continuación se sintetiza (folios 76 a 90 idem):
2.1. La actora afirmó que con ocasión de un accidente
automovilístico ocurrido el 14 de junio de 1995 y para no
afectar su póliza expedida por Colseguros, demandó a Jaime
Joffre Bello Osorio para que fuera condenado a la reparación
del vehículo de su propiedad, proceso que fue fallado en su
contra el 7 de abril de 1999 y, en el mismo, se le condenó
como civilmente responsable al pago de $1.343.460.
2.2. Suramericana, como subrogataria de la anterior
obligación, por haber reparado el vehículo de Jaime Joffre
Bello en razón de la póliza que éste había contratado, el 25
de agosto de 1999 promovió proceso ejecutivo contra la ahora
demandante, en el que se libró mandamiento de pago por el
valor de la condena, más costas procesales e intereses
moratorios.
La sociedad ejecutante señaló una dirección incorrecta
para notificar a la deudora y después manifestó ignorarla, a
pesar de conocerla, por lo que la notificación del
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mandamiento de pago se hizo por medio del curador ad litem,
con quien se adelantó el proceso.
2.3. En desarrollo de un proceso ejecutivo mixto
impulsado por el Banco Central Hipotecario contra Martha
Ligia Guerrero Ortega, ésta se enteró del coactivo interpuesto
por Suramericana.
2.4. Requerido Colseguros certificó que desde el 7 de
marzo de 2003, en aplicación del convenio choque por choque,
canceló a Suramericana $940.422 para quedar a paz y salvo
por la condena emitida el 7 de abril de 1999. Solución que
tuvo efectos liberatorios y, por tanto, debió conducir a la
terminación del proceso o, por lo menos, a la reducción de
los embargos, lo que no sucedió.
2.5. El 10 de noviembre de 2015 se le informó al
abogado de Suramericana sobre el anterior pago, quien
manifestó que no podía desistir del coactivo hasta que fuera
autorizado.
2.6. A través de derechos de petición de 4 de junio, 10
de agosto, 3 de septiembre, 26 de octubre de 2007 y 29 de
enero de 2008, la ejecutada pidió a Suramericana que
certificara si había recibido el pago del siniestro, sin obtener
respuesta dentro del término legal.
Las contestaciones efectuadas por la aseguradora
fueron evasivas, en su mayoría extemporáneas y motivadas
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
por sendas quejas que se promovieron ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
2.7. Se solicitó la terminación del proceso ejecutivo con
base en una nueva certificación de Colseguros, en la que se
precisó el número del siniestro, la fecha y vehículos
involucrados, la cual fue rechazada por el juez de la
ejecución.
2.8. El 14 de agosto de 2007 fueron secuestrados tres
(3) inmuebles de propiedad de la ejecutada, antes
embargados, lo que produjo daños morales por el escarnio
público al que se sometieron y por traumatizar a sus hijos,
quienes creyeron que la familia tenía serias dificultades
económicas y estaba en quiebra, lo que generó inseguridades
e inestabilidad emocional.
Ese mismo día Suramericana respondió un derecho de
petición con la invocación de la facultad de subrogarse y
cobrar ejecutivamente el valor pagado por los daños del
vehículo asegurado, en tanto no se había acreditado la
realización del pago por Colseguros.
2.9. Con una nueva certificación de esta última
aseguradora, en que se corrigió la fecha de pago, se elevó una
petición a la ejecutante para que certificara que recibió la
consignación, la que fue respondida el 2 de abril de 2008 con
la manifestación de que «si en gracia de discusión» se
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Radicación n.° 6800 1-3 1-03-005-2012-00047-01
admitiera el pago de $940.422, el mismo sería parcial, por
quedar un saldo de $558.038.
2.10. Martha Ligia Guerrero Ortega extrajo como
indicador de la mala fe que se desconociera el pago efectuado,
así como la consulta de la sentencia que en segunda
instancia redujo el mandamiento de pago a $1.343.460.
También encontró excesivo el embargo, pues al
promoverse la acción debió limitarse a $1.498.460, pero el
23 de noviembre de 2005 se cauteló un apartamento valuado
catastralmente en $94.319.000 y dos (2) parqueaderos en
$2.155.000 cada uno. Además, al 26 de junio de 2007 quedó
claro que solo un parqueadero era suficiente para garantizar
el pago de lo adeudado.
2.11. Advirtió que el 14 de agosto de 2007 el juzgador
del ejecutivo secuestró únicamente el apartamento, con el
silencio del abogado de Suramericana, que omitió advertir
sobre su amplísimo valor.
Clarificó que el 5 de septiembre de 2007 se desistió del
secuestro de los parqueaderos y se emitieron los oficios
respectivos, los cuales no han sido llevados a la oficina de
registro amén de la negativa de la ejecutante de asumir el
costo de inscripción.
2.12. La demandante alegó que desde octubre de 2004
negoció el apartamento con los parqueaderos por valor de
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
$350.000.000, con una
cláusula penal
del 30% del precio,
convenio que fracasó por el embargo de Suramericana, lo que
llevó a que tuviera que devolver el pago anticipado de
$200.000.000, cancelar la
cláusula penal
y cubrir los
intereses.
3. Una vez trabada la litis, Suramericana negó algunos
hechos y propuso las excepciones intituladas ausencia total
de actos realizados por parte Suramericana que pudieran
generar abuso del derecho, indebida valoración y falta de
prueba de los perjuicios reclamados y ausencia de juramento
estimatorio, así como la innominada.
4. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga
declaró civilmente responsable a la enjuiciada por abuso de
las vías de derecho al actuar de mala fe y la condenó a pagar
por perjuicios morales 20 s.m.l.m.v. Admitió la prosperidad
parcial de la excepción indebida valoración y falta de prueba
suficiente de los perjuicios reclamados, respecto a las otras
pretensiones (folios 462 a 476 del cuaderno 1-II).
5. Al desatar la alzada interpuesta el superior revocó la
sentencia de primer grado y, en su lugar, negó todas las
pretensiones, con base en los argumentos que se exponen en
lo subsiguiente (folios 28 a 52 del cuaderno 3).
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de hacer un recuento de algunos hechos
relevantes, se adentró en la legalidad de la notificación de
Martha Ligia Guerrero Ortega en el proceso ejecutivo,
encontrando que se ajustó a los artículos 315 y 320 del
Código de Procedimiento Civil, antes de la expedición de la
ley 794 de 2003, pues el notificador fijó el aviso, se publicó
el edicto y por último se designó al curador, al punto que el
juez de la ejecución negó el incidente de nulidad propuesto.
Por esta senda descartó un abuso del derecho en el
trámite de la notificación, en tanto la demandada vivía en el
lugar suministrado para recibir notificaciones, como se
prueba porque se recibió el aviso. Relievó que la solicitud de
emplazamiento de Suramericana, por desconocer el lugar de
habitación o trabajo de la ejecutada, fue rehusada el 11 de
abril de 2000, lo que devela su intrascendencia. Así mismo,
precisó que la desestimación del incidente de nulidad no fue
recurrida, a pesar de ser pasible de reposición y apelación.
2. El ad quem recordó el trámite de embargo y secuestro
de los inmuebles propiedad de Martha Ligia Guerrero Ortega,
con el fin de puntualizar que en múltiples ocasiones se
denegó su reducción por no haberse consumado el secuestro,
el desistimiento de las cautelas recayó únicamente sobre los
parqueaderos, y una vez se profirió la decisión que accedió a
este último pedimento se condenó a los perjuicios que se
hubieran causado.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Con base en lo anterior, y posterior a señalar que es
abusivo el embargo excesivo, clarificó que como el título base
de la ejecución era una sentencia judicial, frente a la misma
sólo eran admisibles las excepciones del numeral 2 del
artículo 509 del anterior código procesal, de allí que
Suramericana legal y legítimamente promovió una ejecución
ante la falta de pago voluntario, así como el embargo de los
bienes que llegaren a ser desembargados en el proceso
ejecutivo hipotecario, lo cual se materializó el 12 de agosto
de 2005.
Respecto al pago de Colseguros a Suramericana,
encontró que únicamente fue dado a conocer al juez de la
ejecución el 17 de agosto de 2007, aunque materialmente se
realizara el 3 de marzo de 2003, aspecto que debe resolverse
en el incoativo a la luz del artículo 521 del C.P.C. Recordó
«que en el fallo de primer grado la Juez anotó que en el actual
proceso no está probado que el ya señalado convenio y el pago
efectuado por Colseguros a Suramericana hubiese cubierto en
su integridad el crédito perseguido en tal proceso, postura que
la Sala califica de razonable, pues en verdad en el asunto que
nos congrega no existe prueba que acredite con suficiencia el
efecto liberatorio total que aduce la parte actora e impugnante,
dado que, se insiste, la cantidad así acordada difiere del valor
sobre el que versa la condena impuesta» (folio 47) y, en todo
caso, el convenio fue posterior a la sentencia e inicio de la
ejecución.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Remarcó que, aceptado en gracia de discusión el pago
reclamado, el mismo no satisface todo el crédito insoluto, al
quedar un saldo de $403.038, más las costas tasadas en
$167.527.
En adición, como el 14 de septiembre de 2007 se levantó
el embargo y secuestro de dos (2) parqueaderos, condenando
a la ejecutante al pago de posibles perjuicios, correspondía a
la propietaria promover el incidente de liquidación en el
ejecutivo, so pena de que caducara el derecho pretendido,
como sucedió, sin que pueda acudirse a un proceso diferente
para buscar el mismo resultado.
De otro lado señaló que, como no se ha terminado el
proceso de ejecución por el impago del crédito, no es posible
atribuir una conducta temeraria de Suramericana. Además,
«['Vótese que si en proceso en mención emerge una decisión
que lleve a condenar en abstracto a la parte que deprecó tales
medidas en perjuicios a favor de la parte contraria, ésta debe
allí mismo gestionar su liquidación, pero mientras ello no
suceda y el proceso compulsivo continúe bj no es posible
acudir a otro proceso pretendiendo obtener semejante
condena» (folio 51).
Negó los pedimentos de la actora, sin adentrarse en los
argumentos de los recursos de apelación, precisamente por
la inviabilidad de acceder a las súplicas iniciales.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Martha Ligia Guerrero Ortega propuso el recurso
extraordinario en su oportunidad y formuló un único
reproche (folios 15 a 50 del cuaderno Corte), el cual fue
admitido por auto de 5 de agosto de 2016 (folio 55).
CARGO ÚNICO
1. Denunció la violación indirecta de los artículos 1626,
1630, 1634, 1637, 1638, 1639, 1645, 1649, 1666, 1667,
1668, 1669, 1670, 2341 a 2343, 2488, 2492 del Código Civil,
1083, 1098 y 1110 del Código de Comercio, y como normas
medio los cánones 71, 72, 73, 74, 134, 135, 170, 174, 175,
177, 185, 187, 249, 250, 285, 304, 305, 396, 513-8, 516-5,
517 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la ley 446 de
1998, por errores de hecho evidentes en la apreciación de la
demanda, la realidad procesal y la preterición de varios
medios de prueba.
2. Manifestó que el Tribunal entendió erradamente la
pretensión primera y los hechos 10, 11 y 12 de demanda, al
concluir que no hubo abuso del derecho al promover la
ejecución, porque la ilegalidad planteada se refiere a las
actuaciones posteriores al 3 de marzo de 2003, después de
haber recibido el pago integral de la obligación.
3. Criticó que no se tuvieran por demostrados los
indicios de la mala fe y deslealtad procesal derivados de no
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Radicación n.° 6

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ón que ella misma indica, torna abusivo
el ejercicio del derecho subjetivo establecido por el art. 2488 del C.
Civil, y como se dijo, compromete la responsabilidad de quien así
actúa, si con tal proceder causa un perjuicio y se le puede imputar
un comportamiento temerario o de mala fe (SC099, 27 nov. 1998,
exp. n.° 4909).
(ii) Empero de lo comentado, la casacionista centró su
acusación en la diferencia entre el valor catastral de los
bienes embargados y el monto de la ejecución, quedando
huérfana de reflexión la satisfacción de los requisitos
especiales que permiten desdecir de la abusividad.
Dilucidaciones que eran necesarias en el sub examine,
pues los bienes cautelados tienen condiciones particulares
con incidencia en su negociabilidad y en el precio de
mercado. Total que, a pesar de que los tres (3) fundos eran
bienes privados que integran una copropiedad, el
secuestrado corresponde a una unidad destinada a vivienda,
mientras que los demás son zonas de parqueo, siendo del
resorte del acreedor la escogencia acerca de cuál de ellos le
representa mayor posibilidad de satisfacer el crédito, derecho
que ejerció Suramericana en el sub examine al escoger una
heredad y desechar las dos (2) restantes.
El sentido común indica que, de cara a una eventual
venta judicial, puede existir un mayor número de interesados
en la adquisición del inmueble destinado a la vivienda, en
comparación con los que pretendan parqueaderos. Esto
debido a que la vivienda digna es una necesidad general de
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
la sociedad, no así la utilización de un vehículo automotor,
lo que reduce y modifica el público destinatario.
Además, en un ejercicio prospectivo de un eventual
remate judicial, la experiencia indica que la conservación de
la unidad entre el inmueble y sus parqueaderos puede
favorecer las condiciones de la venta, lo que se verá
menguado de procederse de manera fraccionada, como fue
pretendido por la ejecutada.
Estos elementos de juicio, brindan explicaciones
razonables al comportamiento de la ejecutante en el coactivo;
además, ésta adoptó medidas tendientes a proteger el interés
de la ejecutada, pues el 5 de septiembre de 2007
Suramericana desistió del embargo de los parqueaderos 18 y
19, en los siguientes términos: qqlue se levante el embargo y
secuestro decretado sobre los bienes inmuebles de propiedad
de la demanda (sic), concernientes a los parqueaderos 18 y 19
del Edificio Monteverdi (sic)» (folio 381 del cuaderno 1-II).
Este pedimento, según lo expuesto por César Humberto
Plata, encargado del trámite ejecutivo en nombre de
Suramericana, se tomó como consecuencia de la solicitud
«por exceso» de la enjuiciada (folio 206 del cuaderno 1), lo que
muestra su preocupación por responder al interés de ésta.
Máxime porque el canon 344 del CPC permite a «fijas partes
podrán desistir de los recursos interpuesto y de los incidentes,
las excepciones y los demás actos procesales que hayan
promovido», facultad de la cual se hizo uso en el caso.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
9.3.5. Finalmente, las múltiples peticiones efectuadas
por la ejecutada durante el compulsivo, tendientes a lograr
la reducción de los embargos, se hicieron de forma
inoportuna, razón para excluir que la falta de respuesta sea
constitutiva de un abuso del derecho.
(i) La codificación adjetiva derogada, en su canon 517,
manda que «practicado el avalúo y antes de que se fije fecha
para remate, el ejecutado podrá solicitar que se excluyan
del embargo determinados bienes, por considerarlo
excesivo» (negrilla fuera de texto); asimismo, en el inciso final
prescribe que «[e]n cualquier estado del proceso, aún antes del
avalúo de los bienes, y una vez consumados los embargos y
secuestros, el juez, de oficio, cuando considere que las
medidas cautelares son excesivas, requerirá al ejecutante
para que en el término de cinco días, manifieste de cuáles de
ellas prescinde o rinda las explicaciones a que hubiere lugar».
(ii) Trasluce que la súplica de reducción de las cautelas
sólo podía elevarse con posterioridad a la concreción de los
secuestros en el ejecutivo, esto es, el 14 de agosto de 2007,
fecha en que se aprehendió físicamente el apartamento 1401;
por tanto, los escritos de 23 de noviembre, 9 de diciembre de
2005 y 4 de mayo de 2006 fueron prematuros, de allí que la
falta de respuesta a los mismos carecen de la aptitud para
sustentar un comportamiento doloso o gravemente culposo
de Suramericana.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Además, reitérese, con el desistimiento efectuado el 5
de septiembre de 2007, tendiente a evitar el secuestro de los
otros inmuebles, la ejecutante desveló un ejercicio razonable
de las prerrogativas legales, tendiente a responder a los
pedimentos de la embargada, incluso antes de que
judicialmente tuviera que hacerlo.
9.4. Descuella la ausencia de un actuar abusivo,
susceptible de generar responsabilidad para Suramericana,
pues ajustó su comportamiento a las normas que regulan el
trámite cautelar.
10. Para concluir, los argumentos relativos a la
pasividad o complicidad del juzgador del ejecutivo, que
fueron propuestos por la casacionista como crítica general a
lo que sucedió en su caso, por referirse a una persona
distante de la enjuiciada, no podrán ser objeto de análisis
alguno, máxime cuando este tipo de controversias deben
ventilarse por los mecanismos pertinentes.
Además, en tanto constituyen medios nuevos en
casación, proscritos para el remedio extraordinario, porque
en el curso de las instancias no se plantearon alegaciones de
este talante.
11. En suma, ante la ausencia de los errores de hecho
imputados al Tribunal, así como por la intrascendencia de
algunos de ellos, se cierra la prosperidad del recurso de
casación promovido.
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
Conforme al inciso final del artículo 375 del Código de
Procedimiento Civil se condenará en costas a la recurrente.
Las agencias en derecho se tasarán, por el magistrado
ponente, según el numeral 3 del artículo 393 ibidem y las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de
6 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, en el
proceso promovido por Martha Ligia Guerrero Ortega contra
Seguros Generales Suramericana S.A. -Suramericana-.
Se condena en costas a la recurrente en casación. Por
secretaría de Tribunal inclúyase en la liquidación la suma de
cuatro (4) s.m.l.m.v., por concepto de agencias en derecho que
fija el magistrado ponente.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
LU S ARMANDO T LOSA VILLABONA
Presiden e de Sala
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4
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Radicación n.° 68001-31-03-005-2012-00047-01
ÁLVARO FER
7'
O GARCÍA RESTREPO
AROLDO WILSON QIROZ MONSA VO
FRANCIS7TER / BARRIOS
69
a

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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3930-2020 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2020-10-16. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2012-00047-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3930-2020%20%5B2012-00047-01%5D).
