Texto del documento 50.426 caracteres
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC3889-2021
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
(Aprobado en Sala virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021)
Se decide el recurso de casación interpuesto por
Inverhav S.A.S., respecto de la sentencia de 10 de abril de
2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso seguido por
la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- frente a la
recurrente, con la citación de la Procuraduría General de la
Nación y la intervención de Jorge Alberto Urrea Mejía en
calidad de tercero ad-excludendum.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. La demandante solicitó decretar la
expropiación de 18.0724 metros cuadrados de un predio de
mayor extensión denominado Casa Blanca de propiedad de
la interpelada, ubicado en el municipio de Puerto Colombia
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
2
(Atlántico), el cual identifica; previa autorización para pagar
el valor del precio establecido pericialmente.
1.2. Causa petendi. El terreno es requerido para
construir un proyecto vial, según ficha predial levantada por
la Concesión Costera Cartagena Barranquilla. La Lonja de
Bienes Raíces de Cartagena y Bolívar avaluó el área
pretendida en $7.775’228.625, las edificaciones en
$77´871.760 y los cultivos en $449’598.000, para un total de
$8.302’698.385. La demandada no llegó a ningún acuerdo
para la enajenación voluntaria.
1.3. Contestación de la demanda. La accionada puso
de presente varias circunstancias. El derecho derivado de un
título minero en una extensión de 410.9 hectáreas,
comprensivo de la franja pedida; la falta de respuesta a las
solicitadas aclaraciones al peritaje de la actora; la
improcedencia de deducir plusvalía; un avalúo de
$12.583’626.760 y un lucro cesante de $54.804’227.657,
conforme al dictamen rendido por Camalonjas Nacional.
1.4. Fallo de primer grado. El Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Barranquilla, el 28 de agosto de 2018, negó las
súplicas del tercero excluyente; decretó la expropiación y fijó
el daño emergente, el valor del terreno y demás, en
$13.178’099.760, así como el lucro cesante, la actividad
minera, en $40.894’399.140; y ordenó lo necesario para dejar
a salvo una servidumbre que resultaba afectada.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
3
1.4.1. Criticó los dictámenes evacuados en punto del
avalúo del área involucrada. El aportado con la demanda, al
disminuir plusvalía sin tomar un valor comparativo, dividir
el terreno en zonas fisiográficas siendo de igual naturaleza
geoeconómica y no tener en cuenta una servidumbre. El
allegado con la réplica, al perder autonomía conceptual, pues
se basó en la versión del extremo pasivo y en la experticia de
la demandante. El recaudado de oficio, erró al fijar los
parámetros de determinación y al establecer un valor que
excede al señalado como ítem mayor.
No obstante, en la apreciación de tales dictámenes,
consideró más ajustado el de la Lonja de Bienes Raíces de
Cartagena y Bolívar, pero sin descontar plusvalía. Sustrajo
así el valor del terreno, las construcciones y los cultivos.
1.4.2. El lucro cesante lo encontró en la pericia de un
ingeniero de minas al efecto decretada, referida a la
estimación de activos mineros inmediatamente afectados.
1.5. Sentencia de segundo grado. Frente al recurso de
apelación interpuesto por ambas partes, adhesivo el de la
demandada, y de la Procuraduría General de la Nación, así
como del tercero ad-excludendum, el Tribunal, por mayoría,
revocó y negó el lucro cesante, y redujo el daño emergente a
la cantidad de $8.302’698.385.
1.5.1. En el proceso, dijo, era procedente hablar de la
ganancia o provecho dejada de reportar, contrariamente a lo
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
4
sostenido por la demandante y el Ministerio Público. La
expropiación, por sí, tenía un carácter reparador y no se
limitaba exclusivamente al avalúo del bien requerido.
1.5.2. El precio del inmueble, sin embargo, debía
corresponder al dictamen de la Lonja de Propiedad Raíz de
Cartagena y Bolívar, presentado con el libelo incoativo, en
tanto, advertía su situación antes de la entrega provisional y
se basaba en la investigación económica indirecta del
mercado. Lo que no podía hacer el juzgado era fraccionar,
seleccionar o comunicar de cada experticia lo pertinente.
Las peritaciones, en verdad, partían de iguales
criterios. Coincidían en el valor de las construcciones y de los
cultivos, de ahí que esos rubros se acogerían en su totalidad.
La diferencia recaía en que el avalúo de la franja solicitada,
realizado por parte de Marcial Navarro Mendoza (de
Camalonjas Nacional), adosado con el escrito de réplica, no
descontaba plusvalía; y el de Ángel Tomás Avendaño Logreira
(decretado de oficio), omitía esa misma deducción y no dividía
el terreno en unidades fisiográficas.
Fraccionar la heredad era lo demandable, puesto que
la “zona objeto de expropiación poseía diferentes
características”. El descuento por plusvalía también debía
aplicarse, dado que la utilidad del sector provenía del
proyecto vial a ejecutarse y no de la actividad económica de
la convocada. Con mayor razón, cuando no se acreditó que
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
5
el “propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o
la contribución de valorización, según sea el caso”.
1.5.3. El lucro cesante, referido a la actividad minera,
reconocido en el fallo apelado, en cambio, resultaba
improcedente. Como el Estado era el propietario del subsuelo
y de los materiales y minerales que allí se encontraren,
ningún sentido tendría obligar a alguien a comprar,
expropiar, lo que de suyo le pertenece.
Si bien el artículo 399 del Código General del Proceso,
parágrafo único, autorizaba dicha partida, respecto de los
inmuebles expropiados “destinados a actividades
productivas”, el dictamen rendido por Víctor Hugo Marenco
Boekhoudt (ingeniero de minas), se sustraía de ese “criterio”.
Por una parte, no acreditaba esa explotación económica,
simplemente, se demostraba el paso de una carretera; y por
otra, valoraba la “reserva minera in situ”, cuando se trataba
de algo de propiedad del Estado.
1.5.4. Las obras ordenadas para garantizar el tránsito
entre los terrenos bifurcados, tampoco eran de recibo. El
dictamen de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y
Bolívar, no las podía tener en cuenta. En efecto, contrastados
los antecedentes registrales de esa servidumbre constituida
y la oferta formal de compra, la limitación al dominio “surgió
posterior a la evaluación”.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
6
1.5.5. Aunque el tercero interviniente era cotitular de
la concesión minera, carecía de legitimación, puesto que no
era propietario del terreno involucrado. Además, no demostró
licencia ambiental para realizar el título minero y las pruebas
que aportó no habían sido tenidas en cuenta.
1.6. La demanda de casación. En todos los siete
cargos formulados contra lo así decidido, la demandada
recurrente acusa la violación de los artículos 58 y 332 de la
Constitución Política; 669, 1613 y 1614 del Código Civil; 23
y 58 de la Ley 1682 de 2013; 16 de la Ley 446 de 1998; y
399, parágrafo único, del Código General del Proceso
1.6.1. En el primero, recta vía, al decir que el Tribunal
desconoció el principio de reparación integral, producto de
confundir daño emergente con lucro cesante.
Es cierto, sostiene la casacionista, la propiedad del
subsuelo es del Estado, empero, esto no conlleva adquirir lo
suyo. Si estuviera “comprando el material” se estaría “frente
a una indemnización por daño emergente”. Extraídos los
minerales, el concesionario tiene la libre disposición de los
mismos y es ahí de donde “proviene el lucro o ganancia
futura”. Corresponde al “valor” de lo que deja de extraer en
virtud del título minero y que no ingresa a su haber.
Concluye que la “confusión” del “daño emergente y
lucro cesante y de la relación entre la propiedad del subsuelo
y la posibilidad de indemnizar por futuras mermas
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
7
relacionadas con la explotación de dichos materiales”, llevó al
juzgador a cercenar el “derecho a una reparación justa e
integral” proveniente de la expropiación de su inmueble.
1.6.2. En el segundo, la censurante deriva la violación
denunciada de los errores de hecho en que incurrió el ad-
quem al valorar los dictámenes sobre el lucro cesante, tal
cual fueron advertidos en el salvamento de voto.
1.6.2.1. El juzgador consideró que el de Víctor
Marenco, “experto en asuntos mineros”, no probaba que el
terreno requerido para la obra estuviera siendo explotada en
el marco de la concesión minera. Sin embargo, dejó a un lado
las explicaciones del perito sobre la “perturbación y el
impacto” que causaba la expropiación en “todo el inmueble y
el proyecto minero, impidiendo continuar con el mismo”. De
igual modo, la forma como cuantificó la indemnización.
El ingeniero de minas, en efecto, señaló que el predio
de mayor extensión, “como un todo”, contaba, amén de la
licencia ambiental, con un plan de trabajos y obras (PTO),
aprobado por la Agencia Nacional de Minería, y que el
concesionario ya había firmado contratos de infraestructura
para la operación. Además, calculó la indemnización a
presente y no a futuro, esto último, por cuanto no podía
establecerse, y aquello, en tanto la limitante de seis meses
consagrada en el parágrafo del artículo 399 del Código
General del Proceso, había sido declarada inexequible.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
8
1.6.2.2. Fuera de lo dicho, omitió apreciar los “demás
dictámenes” relacionados con la ganancia o provecho dejada
de percibir, incluido el “aportado por la misma ANI”.
1.6.2.3. En corolario, para la sociedad impugnante, el
lucro cesante debía reconocerse al estar demostrado que la
“expropiación de la franja de terreno impedirá continuar con la
explotación minera sobre todo el predio y dará por terminada
la servidumbre”.
1.6.3. En el tercero y el cuarto, en su orden, por la
vía directa e indirecta, la recurrente adiciona violados los
artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1228 de 2008, 55 de la Ley
1682 de 2013 y 35 de la Ley 685 de 2001.
1.6.3.1. Lo primero, porque el Tribunal no aplicó esa
normatividad. Allí se regula la indemnización por el “daño
emergente” sobre las franjas de retiro obligatorio que se
deben crear en la construcción de una carretera del sistema
vial nacional. Igualmente, lo relacionado con las zonas de
minería restringida sobre las cuales no se podrá realizar
ninguna actividad para la seguridad de la obra pública
construida, así sigan siendo de propiedad privada.
1.6.3.2. Lo otro, asociado con el “daño emergente” de
las mismas “fajas de retiro obligatorio o zonas de exclusión y
las zonas de minería restringida”, por cuanto el ad-quem
incurrió en error de hecho al valorar los “dictámenes
periciales”, pues “no ordenó ninguna indemnización”.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
9
Omitió apreciar en las experticias del “perito Marenco”
y “Camalonjas” que “sí las tuvieron en cuenta, mientras que el
dictamen de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y
Bolívar, aportado por la ANI, no lo hizo”. Así, inclusive, lo
había identificado el fallo de primer grado.
1.6.4. En el quinto, suma igualmente la violación de
los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 2279 de 2012, a raíz
de la comisión de error de hecho en la valoración del avalúo
de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar.
Específicamente, en punto de la plusvalía, puesto que no se
cumplieron los requisitos para el descuento.
En sentir de la recurrente, el juzgador colegiado
consideró que el aumento del precio del terreno no se debía
a un esfuerzo del demandado. No obstante, las normas
establecen “una carga para la entidad expropiante de elaborar
avalúos de referencia (…), los cuales no fueron aportados al
proceso ni realizados por la ANI”. Esto significa que “se
apreciaron indebidamente los supuestos avalúos de plusvalía
aportados (…) mediante el dictamen de la Lonja”.
Además, “reconoce que los peritos Avendaño y Navarro
no hacen descuento por plusvalía, pero no aprecia los motivos
por los cuales se abstuvieron de hacerlo”.
1.6.5. En el sexto, añade también infringidos, recta
vía, los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 2729 de 2012, 80
y 88 de la Ley 388 de 1997.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
10
Reafirma la sociedad impugnante que la carga de
demostrar el avalúo de referencia para descontar plusvalía
correspondía a la entidad demandante, la expropiante.
Empero, “ninguna mención, ni mucho menos aplicación de
estas normas realiza la sentencia” impugnada.
Si lo anterior fuera poco, conforme a las mismas
disposiciones, el descuento no se hace cuando el “propietario
hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución
de valorización”. Esto, sin embargo, requería ser liquidado
por el respectivo Alcalde y notificado al propietario, pero
tampoco ello fue cumplido. De ahí que a la demandada “no
es posible exigirle (…) lo imposible física y jurídicamente, esto
es, haber pagado la plusvalía que no estaba liquidada por la
administración”.
1.6.6. En el séptimo, la violación de las normas que
en común han sido denunciadas se hace derivar de la
infracción medio de los artículos 176 y 232 del Código
General del Proceso. En concreto, al no apreciarse en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, los
elementos de juicio incorporados al expediente,
“especialmente las pruebas periciales”.
Para la recurrente, los dictámenes evacuados
expresaron diferencias sobre si el inmueble debía dividirse en
unidades fisiográficas, una geoeconómica y otra geofísica, y
darles valores distintos a cada una; o si debía considerarse
como un todo y con un mismo avalúo.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
11
Las experticias sobre el daño emergente del “perito
Avendaño” y de la “Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y
Bolívar”, concluyeron, el primero, en que el inmueble no
debía dividirse en zonas, y el segundo, el acogido por el ad-
quem, en que el avalúo aplicaba a “todo el predio”. Esto lo
apreció acertadamente el juzgado, pero el Tribunal erró al
asentar que los dictámenes no podían ser “fraccionados” ni
“seleccionados parcialmente”.
En sentir de la censura, el error de apreciación jurídica
del conocimiento experto era palpable. “[N]o hay ninguna
norma en Colombia que impida, como lo exige el Tribunal en la
sentencia atacada, que el juez deba limitarse a aceptar o
rechazar íntegramente los dictámenes, y que no pueda
encontrar probados elementos de un dictamen pericial y
elementos de otro dictamen, llegando así a la adecuada
convicción sobre los aspectos probados”.
1.6.8. Solicitudes finales, según la impugnante, en el
evento de prosperar cualquiera de los cargos desarrollados,
la Corte debe casar “total o parcialmente” la sentencia
confutada y, para garantizar la reparación integral y justa
proveniente de la expropiación, confirmar en todas sus
partes el fallo apelado.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Los cargos se presentan resumidos en conjunto,
porque como en su momento se verá, ameritan
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
12
consideraciones comunes. Derivadas, por una parte, de la
denunciada, en todas las acusaciones, violación directa e
indirecta de unas mismas disposiciones constitucionales y
legales; y por otra, de los conceptos de daño emergente y
lucro cesante, en términos generales, interconectados en el
contexto de la demanda de casación.
2.2. El estudio respectivo se acometerá de mérito,
contrario a lo solicitado en el escrito de réplica. La admisión
a trámite de dicho libelo incoativo en auto de 9 de diciembre
de 2019, ocurrió “por reunir los requisitos formales”. Si tales
exigencias fueron incumplidas y equivocadamente fueron
pasadas por alto, ha debido reclamarse en su oportunidad.
Esto, claro está, no impide su reconocimiento posterior frente
a la persistencia de un vicio insalvable, imputable a la parte
recurrente, que ponga en entredicho los derechos de defensa
y contradicción de la parte opositora.
2.2.1. Las garantías dichas, en el caso, quedaron a
salvo, porque si la demanda de casación, en su contexto, fue
contestada de fondo, esto significa que cualquier deficiencia
técnica, de haber existido, fue posible superarla. Según
explica a espacio la replicante, los errores estrictamente
jurídicos y los probatorios imputados al Tribunal en cada
uno de los cargos son inexistentes.
El primero, al decir que “fue correcto” negar el lucro
cesante. El segundo, cuando recaba como adecuada la
“valoración” de la prueba que indica la falta de explotación
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
13
económica del terreno materia de expropiación y ajustada la
desestimación del dictamen que ponderó la “reserva minera
in situ”. El tercero y el cuarto, por cuanto la experticia
abrigada del daño emergente, la adosada por la actora, “sí
contempla” las franjas de retiro obligatorias. El quinto y el
sexto, referente a la deducción de plusvalía, porque ese
mismo dictamen daba cuenta del incremento de valor de los
fundos del sector luego de anunciado el proyecto, a lo cual se
“aplicó correctamente” la norma, incluidas aquellas que
gobernaban la reparación integral. Y el séptimo, al sostenerse
que las reglas de la sana crítica no son una licencia ni para
fraccionar ni completar pruebas.
2.2.2. El requisito de señalar las normas sustanciales
infringidas, echado de menos por la opositora en este trámite
extraordinario, tampoco amerita reparo.
Los preceptos que definen fenómenos jurídicos o que
describen sus elementos, no siempre, carecen de contenido
sustantivo. Por regla de principio, lo tienen aquellos que
confieren derechos subjetivos o regulan una situación de
hecho seguida de una consecuencia jurídica, pero
eventualmente lo pueden tener preceptos definitorios. Esto
mismo se ha predicado de los artículos constitucionales,
algunos representan una naturaleza sustantiva patente,
cuando consagran derechos, pero otros carecen de esa efigie,
circunstancia que debe analizarse en cada caso.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
14
Frente a la Constitución hoy vigente, la lectura y su
análisis debe realizarse desde la naturaleza del Estado
Constitucional y Social de Derecho edificado a partir de los
valores, principios y derechos constitucionales; por ello,
justamente el artículo 333 del Código General del Proceso,
impone axiológicamente que uno de los fines del recurso de
casación es “(…) proteger los derechos constitucionales”. Si los
cánones de la Constitución Política, en un caso dado,
permiten su aplicación directa u orientan la aplicación legal,
su carácter sustancial es innegable. Así lo asentó esta
Corporación, precisamente, en alusión al artículo 58,
superior, al decir:
“Así, pues, hoy no admite duda, con miras a la aplicación de la
ley, que ésta debe estar en perfecta armonía con la Constitución
Política, entendida esta última con una dimensión que trascienda
el carácter jurídico formal, es decir que esa aplicación debe
consultar la fuerza normativa del ordenamiento superior en punto
a principios, derechos y garantías consagrados en ella; de
manera que al hacerla actuar (la ley) el operador judicial sea
consciente que es deber ineludible suyo el de garantizar la
vigencia del orden jurídico justo, como lo reclama el propio
preámbulo de la Carta; labor esa que, consecuentemente, lo
llevará de paso a ser certero al hacer uso de los preceptos que le
están subordinados.
“De manera que si la Constitución Política reclama en la
actualidad una aplicación legal que consulte su valor normativo
y no meramente organicista, y si constituye así mismo afirmación
apodíctica la de que el orden legal debe estar en consonancia con
la Constitución Política dado el sistema piramidal en el que se
estructura el ordenamiento jurídico colombiano, cuando el
juzgador aplica las normas sustanciales contenidas en la ley sin
tomar las previsiones que se imponen para mantener la
correspondencia entre ésta y la carta política, produce un
dislocamiento del andamiaje jurídico en que se asienta el
correspondiente derecho legal”1.
1 CSJ. Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 1997, expediente 4837.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
15
La excepción también aplica cuando el derecho
reconocido está inmerso en la norma de definición o
descripción. Por ejemplo, el artículo 762 del Código Civil,
ilustra la posesión y a su vez reputa al poseedor dueño,
mientras otra persona no justifique serlo. Las reglas 1613 y
1614, ibídem, enuncian los rubros de la indemnización de
perjuicios, el daño emergente y el lucro cesante, y los
determina, pero derivados del derecho subjetivo del
incumplimiento total, imperfecto o tardío de la obligación.
En el sub-júdice, todos los siete cargos acusan
infringidos los artículos 58 de la Constitución Política y 1613
y 1614 del Código Civil, entre otros. Al margen de si las
demás normas enlistadas son o no sustanciales, dichos
preceptos, dado su contenido material en causa, son
suficientes para sustentar formalmente el libelo casacional,
por su pertinencia y ser innecesario integrar una proposición
jurídica completa. Al tenor del parágrafo primero del canon
344 del Código General del Proceso, basta señalar una “(…)
cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo
base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a
juicio del recurrente haya sido violada (…)”.
Ese canon constitucional es sustancial o material,
porque “garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos”, todo lo cual tiene relación inmediata con los
derechos derivados del blandido, por la recurrente, título
minero. Y los demás preceptos, puesto que aluden, en el
contexto de la acusación, al daño emergente y lucro cesante,
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
16
en especial, al derecho subjetivo de fijar su contenido
económico.
2.3. Sentado lo que precede, pasa a estudiarse si el
Tribunal se equivocó al reducir y limitar los componentes
cuantitativos de la indemnización de perjuicios provenientes
de la expropiación declarada en instancias.
Ninguna consideración, desde luego, cabe hacerse a la
operación mediante la cual el extremo demandado, ahora
impugnante, resultó obligado a transferir al dominio público
de parte de su heredad. La razón estriba en que en casación
nada se enarboló sobre el particular.
2.3.1. El artículo 58 de la Constitución Política,
autoriza expropiar la propiedad privada por motivos de
utilidad pública e interés social cuando se frustran los
trámites de negociación y enajenación voluntaria. Tiene lugar
por vía administrativa en los casos previstos por el legislador,
pero sujeta al control posterior ante la jurisdicción
contenciosa, o en virtud de una sentencia judicial. En
cualquier hipótesis, previa indemnización fijada “consultando
los intereses de la comunidad y del afectado”.
La disposición no refiere si la indemnización debe ser
“justa” e “integral”, como se enfatiza en los cargos, pero si la
involucra ante la necesidad de ponderar los derechos de la
sociedad y del propietario expropiado. Es justa cuando existe
una relación retributiva o correctiva, verbi gratia, “si el
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
17
expropiado sufrió un perjuicio de 100, deberá recibir 100 como
indemnización”, empero, “si el daño causado por un hecho, se
compensa por el provecho derivado del mismo, no hay lugar a
idenmización porque ésta no resulta justa”2.
Es completa ante su carácter reparador e involucra el
daño emergente y el lucro cesante. La ratio legis radica en
que el expropiado no está obligado a soportar una carga
específica en beneficio del interés público o social, según se
desprende del parágrafo único del artículo 399 del Código
General del Proceso: “Para efectos de calcular el valor de la
indemnización del lucro cesante cuando se trate de inmuebles
destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitante temporal o definitiva a
la generación de ingreso proveniente del desarrollo de las
mismas, deberá considerarse independientemente del avalúo
del inmueble, la compensación por las rentas que se dejaren
de percibir”.
El precepto extendía la indenización a un “periodo
máximo de seis (6) meses”, no obstante, la limitante fue
retirada del ordenamiento jurídico por la Corte
Constitucional3. En esa oportunidad se consideró que la
“indemnización producto de la expropiación, por regla general,
tiene una función reparatoria, de modo que incluye los daños
de lucro cesante y emergente”. Lo mismo, en términos
2 Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 1996.
3 Sentencia C-750 de 2016.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
18
generales, ya lo había asentado esa Corporación en las
sentencias C-153 de 1994 y C-1074 de 2002.
La indemnización, entonces, no se circunscribe al
daño emergente representado en el valor del bien que sale del
patrimonio del expropiado. Incluye el lucro cesante derivado
de la actividad económica que atrualmente se desarrolla en
el inmueble afectado por el hecho de la expropiación y se
concretiza en la ganancia o provecho que se deja de reportar
por la limitación o suspensión de la empresa que venía
realizando su propietario. Por supuesto, siempre
consultando o equilibrando los intereses involucrados, tanto
de la comunidad como del particular.
2.3.2. El artículo 334 de la Costitución Política radica
en cabeza del Estado la propiedad del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables. Todo, sin perjuicio de los
derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes
preexistentes.
El Código Minero, Ley 685 de 2001, canon 5º, lo
reafirma. Los “minerales de cualquier clase y ubicación,
yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico
natural, son de la exclusiva propiedad del Estado, sin
consideración a que la propiedad, posesión o tenencia de los
correspondientes terrenos, sean de otras entidades públicas,
de particulares o de comunidades o grupos”.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
19
Lo anterior no impide que el Estado se desprenda de la
exploración y explotación de los minerales, mediante
contratos de concesión a los particulares y el cobro de una
retribución. Esto, sin embargo, conforme lo establece el
artículo 15, ibídem, “no transfieren al beneficiario un derecho
de propiedad de los minerales ‘in situ’ sino el de establecer en
forma exclusiva y temporal dentro del área otorgada, la
existencia de minerales en cantidad y calidad aprovechables,
a apropíarselos mediante su extracción o captación y a gravar
los predios de terceros con las servidumbres necesarias para
el ejercicio eficiente de dichas actividades”.
La contraprestación económica es la suma o especie
obligatoria percibida por el Estado al permitir explotar los
recursos naturales no renovables. Recibe el nombre de
ragalía y consiste en un porcentaje del producto bruto
explotado objeto del título minero y sus subproductos, que
es lo suceptible de apropiación, pero una vez extraído o
captado el mineral (artículo 227, ejúsdem).
Significa lo expuesto que los recursos naturales no
renovables, entre los cuales se encuentran el ramo de la
minería, mientras permanezcan “in situ”, no confieren
ningún derecho a los concesionarios de títulos mineros. En
la cadena de explotación, solo los adquieren, conforme a al
canon 15, transcrito, en los eventos de “extracción o
captación”. De ahí, en su estado natural, al ser propiedad del
Estado, su existencia, así medie una autorización minera de
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
20
explotación, no refleja un “perjuicio o pérdida” (daño
emergente) en el patrimonio del concesionario.
El menoscabo, empero, sí tiene lugar cuando el título
minero resulta afectado en el proceso de la real extración o
captación de los minerales, no en la teórica o mera
expectativa de explotación. Es la “ganancia o provecho” (lucro
cesante) que el hecho de la interferencia o suspensión de la
actividad minera deja de reportarle al particular autorizado;
de algun modo, corresponde al beneficio que obtiene, luego
de restados los costos de producción y el valor de la regalía.
Las utilidades para el titular minero, así como las
contribuciones en favor del Estado, definitivamente, derivan
de la explotación del respectivo recurso y no de su propiedad.
En concordancia, cual se tiene precisado, “lo que genera la
regalía es la explotación misma del recurso y no la propiedad
sobre el mismo”4.
2.3.3. El daño, al igual que su medida, el perjuicio,
debe ser real y cierto, y no eventual o meramente hipotético.
Desde luego, no necesariamente requiere que se actual,
porque el “daño cierto y futuro (…) también es indemnizable”5.
Se necesita, sí, su comprobación, salvo que se presuma,
como ocurre con la
cláusula penal
y los intereses de un
capital por el simple retardo.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-669 de 2002.
5 CSJ. Civil. Sentencia de 9 de agosto de 1999.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
21
La certeza del daño depende de su ocurrencia. No son
indemnizables, por tanto, las simples conjeturas o
suposiciones. Para que exista es indiferente que ya se
hubiere causado o sea la prolongación cierta, inclusive hacia
el porvenir, de un estado actual de cosas. Es lo que ocurre
con la explotación minera, actual y real, que se viene
realizando en el terreno materia de la expropiación.
En esa hipótesis, es incontrastable, la presencia del
menoscabo. El mismo hecho de forzar la transferencia del
derecho de dominio al Estado lo envuelve, en la modalidad
de daño emergente, porque figurando el inmueble
involucrado en el haber del particular, al salir del mismo, su
patrimonio se disminuye. La explotación minera, en la
especie de lucro cesante, puesto que al truncarse la actividad
minera que se está desarrollando, no la expectativa de
explotación, se repite, implica dejar de ingresar a las arcas
del concesionario ciertos recursos.
2.4. Frente a lo discurrido, se entra a verificar si el
Tribunal incurrió en los errores iuris in iudicando y facti in
iudicando enrostrados.
2.4.1. Con relación al cargo primero, enarbolado por la
vía directa y asociado con el lucro cesante, ante todo se
advierte que el sentenciador reconoció su procedencia
tratándose de la pretensión de expropiación. Ello, al decir
que la indemnización tenía una función “reparatoria”, lo cual
involucra el daño emergente y el lucro cesante.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
22
La ganancia o provecho dejada de reportar no pudo
haberse negado por improcedente. Se desestimó, llanamente,
por dos razones. La primera, porque “no está demostrado” la
explotación económica del área requerida al momento de la
intervención del Estado. La segunda, por cuanto la valorada
“reserva minera in situ” que “a futuro no va a poder ser
extraída del subsuelo”, no la configuraba.
La violación recta vía de la ley sustancial supone que
la recurrente acepta las conclusiones probatorias del ad-
quem. En el caso, que no estaba acreditada la explotación
económica y que lo avaluado fue la reserva minera “in situ”.
Solo que la discrepancia radica en la selección y subsunción
normativa de los hechos así establecidos.
En la hipótesis de estar siendo explotada la parte del
terreno expropiada al momento de la intervención del Estado,
el punto de esa explotación, es claro, se debe descartar como
causa de la transgresión de los preceptos enlistados. Si el
Tribunal no encontró demostrado el hecho, nada habría para
subsumir normativamente. El problema, entonces, es
netamente probatorio, como de hecho la impugnante
anuncia que será “objeto del cargo segundo”.
El error tampoco pudo configurarse en el tema de la
“reserva minera in situ”. Si eso fue lo avaluado, entendiéndolo
admitido por la censura, el artículo 5º de la Ley 685 de 2001,
establece que los contratos de concesión minera o
equivalentes “no transfieren al beneficiario un derecho de
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
23
propiedad” de los minerales en el estado natural. Nada al
respecto, en consecuencia, pudo egresar o dejar de ingresar
al patrimonio de la recurrente.
En lo demás, explotación y propiedad “in situ” no es lo
mismo. Las regalías y utilidades se encuentran en lo primero,
no en lo segundo. En concreto, al tenor del artículo 227 del
Código Minero, en el “producto bruto explotado objeto del título
minero y sus subproductos”. Por esto, es errado pensar con la
recurrente que la totalidad de la reserva minera sin extraer o
captar traduce, hacia el futuro, lucro cesante. Lo refleja,
simplemente, no el potencial minero, sino lo que realmente
se venía explotando al momento de la expropiación, pues es
el estado actual de cosas que con certeza se proyectaba en el
porvenir.
2.4.2. Las precisiones anteriores dejan sin piso los
errores de hecho denunciados en el embate segundo,
respecto de la apreciación de los dictamenes acopiados.
Nadie desconoce que la franja de terreno expropiada
hace parte de un lote de mayor extensión y que en aquella no
se realizaba ninguna explotación minera, en tanto, la misma
ocurría en otro sector. Esto último, pese a que el Tribunal
concluyó que “no está demostrado”, en el cargo se confirma,
al involucrar ambas cosas como un todo. Las enlaza por el
impacto que produce la expropiación en la totalidad del área
del título minero, pues, dice, perturba e impide continuar
con la industria montada y da lugar a la pérdida de una
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
24
servidumbre de tránsito constituida. En definitiva, es la
misma recurrente, como supuesto de la acusación, quien sin
miramientos sostiene que no existía explotación minera en la
franja de terreno expropiada y ahí es donde justifica la
indemnización al hacerla derivar del entorpocimiento o
impacto que la expropiación causa a la totalidad de la tierra
comprendida en el títlo minero y a la otra parte que, ella sí,
viene siendo explotada.
En la hipótesis de los errores, son inexistentes. Si la
parte expropiada no venía siendo explotada, carece de
sentido derivar lucro de una expectativa de explotación. En
el entretanto, los minerales y materiales “in situ”, así los
comprenda el título minero y respondan a un plan de trabajo
de obras (PTO), siguen siendo propiedad del Estado. El
contrato de concesión solo concede la posibilidad de
apropiación, ocurrida la extracción o captación, y mientras
ello no suceda, nada habría transformado la realidad.
El montaje de la industria y demás, es ajeno a la
ganancia o provecho. Se instala, precisamente, para
obtenerla. Luego, si algún perjuicio se ocasionó, estaría
constituído por lo egresado para la planificación y la
infraestructura. En los términos del cargo, si el área
expropiada no estaba explotada, sino que la intervención del
Estado perturbaba la actividad desarrollada en otro sector,
los errores, entonces, refulgen intrascendentes. Como quedó
elucidado, las ganancias se miden es por el “producto bruto
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
25
explotado objeto del título minero y sus subproductos” al
momento de la expropiación.
Lo relacionado con el carreteable igualmente ninguna
incidencia tiene. Por una parte, constituiría una pérdida, no
una ganancia, ciertamente lo reclamado en el cargo, en
cuanto, parodiando la censura, la enajenación forzada “dará
por terminada la servidumbre”. Por otra, frente a la
conclusión del Tribunal, según la cual, cuando comenzó la
intervención el Estado, inclusive con el avalúo, “dicho acto
surgió posterior”, porque al no confutarse el particular en
casación, al margen del acierto, el hecho sigue vigente, por
sí, suficiente para mantener en el punto la decisión.
2.4.3. En los cargos tercero y cuarto, encauzados, en
su orden, recta vía y por la comisión de errores de hecho
probatorios, la recurrente reclama, como componente del
daño emergente, el valor de las “fajas de retiro obligatorio o
zonas de exclusión” y de las “zonas de minería restringida”.
El Tribunal, es cierto, ninguna alusión hizo a esos
terrenos adyacentes a la vía construida. Sin embargo, el
silencio no comporta, necesariamente, la comisión de algún
error de juzgamiento; conllevaría solo una deficiencia de
expresión, pues si no había lugar a incluir tales áreas dentro
de la indemnización, nada tenía que analizar ni decidir. Claro
está, en en el supuesto de no estar comprendidas dentro de
las 18,072 hectáreas que fueron requeridas para el trazado
de la obra pública.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
26
2.4.3.1. En ese evento, atinente con la restricción de la
actividad minera, en la perspectiva del lucro cesante, ningún
error jurídico ni probatorio puede comportar.
Sentado que la franja contigua inmediatamente a la
expropiada, comprendida en el título minero, no venía siendo
explotada, dado que la actividad ocurría en otro sector del
predio de mayor extensión, para mostrar lo infundado de las
acusaciones, la Corte se remite a lo analizado al respecto en
los dos primeros cargos.
2.4.3.2. En el resto de los mismos embates se
considera que las fajas de retiro obligatorio o área de reserva
de exclusión, siguen siendo de propiedad particular.
La hipóteses de la impugnante, en campo del daño
emergente, aspecto al cual se contraen ambos ataques,
descarta cualquier yerro jurídico o probatorio. En el caso de
haberse incurrido en las faltas denunciadas, la decisión
seguiría siendo la misma, porque el Estado solo es obligado
a indemnizar lo expropiado y no lo que permanece en el
patrimonio privado. En últimas, el “perjuicio o pérdida” para
el particular no se habría producido.
2.4.3.3. No se desconoce que ciertas áreas adyacentes
a la vía, a pesar de ser de dominio privado, resultan gravadas.
El legislador, en efecto, las declaró de “interés público”
(artículo 3º de la Ley 1228 de 2008), y prohibió “cualquier tipo
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
27
de construcción o mejora en las mencionadas zonas” (canon
55 de la Ley 1682 de 2013).
Tienen como propósito conservar la estabilidad y
seguridad de la obra, y garantizar futuras ampliaciones, la
construcción de nuevas vías y los cambios de categoría con
fines de ampliación. El artículo 3º, parágrafo 1º de la Ley
1228, citada, impone para esos efectos, cuando se decidan
realizar, “adelantar los trámites administrativos
correspondientes para la adquisición de las fajas”.
Significa lo anterior que mientras las fajas de retiro
obligatorio o zonas de exclusion no sean traspasadas al
Estado, voluntaria o forzadamente, hecho que ocurre cuando
realmente se les imprime el destino para el cual fueron
gravadas, no pueden ser indemnizadas en el componente de
daño emergente. En ese sentido, cualquier error jurídico o
probatorio en que se haya incurrido, no cambiaría la decisión
finalmente adoptada.
El problema estaría en las secuelas de la restricción.
Si las limitaciones impiden en forma plena la explotación
económica de las fajas de retiro o zonas de exclusión, ello
traduciría en que el propietario vería limitada la ganancia o
provecho de allí derivado. La Corte se releva de analizar el
particular, por ser un tema ajeno a la propuesta casacional.
Si bien en ambos cargos se señaló que sobre tales fajas
o zonas no se podrá realizar ninguna actividad, el tema se
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
28
asocia con la pérdida de un derecho. El tercero, al
pretenderse “una reparación por el daño emergente
correspondiente a estos terrenos”; y el cuarto, al criticarse la
reducción del “daño emergente” por haberse acogido un
dictamen que “no incluía una valoración por estas franjas”.
2.4.4. El cargo quinto cuestiona el descuento por
plusvalía, como consecuencia de la comisión del error de
hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar el dictamen de
la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar.
Se fundamenta en que la carga de elaborar los “avalúos
de referencia” al momento de anunciar el proyecto fue
incumplida por la entidad expropiante. Esto conllevó a
valorar indebidamente la estimación del descuento por
plusvalía contenida en en el citado dictamen.
2.4.4.1. La posibilidad sustancial de la deducción en
comento es cuestión pacífica. La polémica radica en que el
“descuento sólo se podrá realizar si se realizan avalúos de
referencia” conforme a la ley. El error, entonces, no es de la
existencia u objetividad de la experticia acusada, sino de su
idoneidad jurídica, por sí, para demostrar el hecho.
El yerro de hecho, cual fue denunciado, por tanto, no
se configura. Lo confutado hace relación a cuestiones
extrínsecas a la prueba. Por lo mismo, al no existir la falta se
descarta que un error inexistente haya podido ser
“profundizado” con los motivos manifestados por los peritos
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
29
“Avendaño y Navarro” para no descontar la plusvalía; menos,
cuando esos otros dictámenes fueron desestimados.
2.4.4.2. Interpretando con amplitud como de derecho
el error probatorio al respecto enrostrado, en cuanto el
descuento de plusvalía visto en el dictámen de la Lonja de
Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar tendría eficacia
jurídica solamente si se hubiere practicado los avalúos de
referencia, el yerro tampoco se estructura.
La recurrente sostiene que los “avalúos de referencia
(…) no fueron aportados al proceso ni realizados por la ANI”.
Si se dejaron de adosar o evacuar, acerca de lo que
materialmente no existe, ningún juicio de valor pudo
realizarse en torno a si cumplieron o no exigencias legales.
El Tribunal, con todo, en atención a lo argumentado
por el a-quo, sí hizo mención a la presencia de esos avalúos
de referencia. Esto, al decir que la juzgadora argumentó para
descartar la plusvalía que los “avalúos de referencia habían
tomado un término mayor de seis (6) meses, situación que bien
debería constituir una falta grave por parte de la entidad que
pretende la expropiacion”.
Exisitiendo los avalúos de referencia, el dictamen de la
Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, no pierde
eficacia jurídica. En el conjunto probatorio, el argumento del
Tribunal para descontar plusvalía fue muy otro. Consistió en
que “tal precio no fue generado por la actividad económica” del
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
30
expropiado, “sino por un hecho de la administración, tal es la
construcción de la vía. Así las cosas, no se podía aumentar el
valor del predio sin una actividad del demandado”. Y ese
rgumento, al no rebatirse en casación, cobró firmeza para
sostener la decisión.
2.4.5. El cargo sexto, enarbolado por la vía directa,
reitera que el Tribunal se equivocó al aplicar el descuento de
plusvalía y agrega la imposibilidad de pagar la participación
o la contribución de valorización ante la falta de su
liquidación por las autoridades municipales.
2.4.5.1. Lo primero se fundamenta en que se dejó de
citar y aplicar las normas que establecen “una carga para la
entidad expropiante de elaborar avalúos de referencia” de
conformidad con los requisitos legales.
El sustrato del cuestionamiento envuelve que la
entidad demandada no suplió el onus probandi, pese a lo cual
se tuvo por cumplido. Como consecuencia, se realizó la
deducción de plusvalía sobre el valor del inmueble.
La falta, si la hubo, no es estrictamente jurídica, pues
se habría subsumido un hecho en las normas sustanciales
que la entidad expropiante, siendo de su cargo, dejó de
acreditar. El problema es mediato, no directo, en tanto, se
derivaron unas consecuencias jurídicas sin estar acreditados
los hechos que las preveían.
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
31
Interpretando el cargo por el cauce del error facti in
iudicando, en la hipótesis de invención o suposición de
pruebas, el error es inexistente. Como se analizó en el cargo
anterior, a donde la Corte ahora se remíte, el Tribunal, en
alusión a la decisión del juzgado, sí hizo mención a las
controvertidas pruebas de referencia.
2.4.5.2. El fracaso del otro segmento de la acusación
también se avizora. Así se haya demostrado que las
autoridades municipales no han liquidado la “participación
en plusvalía o la contribución de valorización” para proceder
a su pago, confirma que el descuento por plusvalía había que
realizarlo. Otra cosa es que la deducción de ese concepto en
el proceso de expropiación ya no pueda ser objeto de
facturación por la administración municipal,
específicamente en lo que corresponda a esa deducción.
La trascendencia del error tendría lugar si la ley
prohibiera el anotado descuento cuando no media
liquidación por parte de las autoridades locales. Ese no es el
caso. Lo que establece el artículo 61, parágrafo 1º de la Ley
388 de 1997, es que la dedución no se aplica cuando el
“propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la
contribución de valorización, según sea el caso”.
2.4.6. El último cargo, atinente con el daño emergente
y su prueba, reprocha al Tribunal por considerar que no se
pueden hallar elementos acreditados en dos dictamenes
diferentes, sino que, necesariamente, se debe aceptar uno en
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
32
su integridad, llevándose de calle los postulados de los
artículos 176 y 232 del Código General del Poceso sobre la
apreciacion de las pruebas en conjunto.
2.4.6.1. Los errores de derecho en el encadenamiento
probatorio, tienen lugar cuando se contrarían los dictados de
la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que son el
fundamento de las reglas de la sana crítica.
Ello, mediante la conjugación del método analítico con
el sintético. Consistente, el primero, en la fijación del
contenido de cada medio en particular; y el segundo, en el
análisis del todo con la parte. El muestrario así presentado
es lo que permite elaborar el inventario de diferencias,
concatenaciones, exclusiones y conclusiones
Exige como requisito que las pruebas individualmente
consideradas hayan superado las etapas de apreciación
material y objetiva, y jurídica. Si no lo han sido, quiere decir
que han quedado rezagadas, por lo mismo, no pueden
contribuir a asentar los hechos que, en el universo
probatorio, se tornan definitivos, so pena de contaminarlos.
2.4.6.2. La recurrente, pese a proponer que se aprecien
los dictámenes del “perito Avendaño”, decretado de oficio, y
de la “Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar”,
allegado con el escrito incoativo del proceso, en lo coincidente
respecto al daño emergente, no indica ni explica cuál regla
de la sana crítica resultó vulnerada. Tampoco enseña la
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
33
conclusión que debe asentarse. Como se supone que reclama
en favor, se entiende, en la propuesta de encadenamiento
probatorio, una decisión cercana a sus intereses.
Seguramente, teniendo en cuenta que el “perjuicio o pérdida”
el primer dictamen citado lo avaluó en $14.892’981,536, y el
segundo, en $8.302’689.385.
En ese contexto, se interpreta que, frente a una misma
coincidente argumentación de ambas experticias, en el caso,
en el sentido de que la parte expropiada no debía fraccionarse
en unidades fisiográficas, sino que debía tomarse como un
todo, la regla de la experiencia enseña que el corolario no
puede ser distinto. Con todo, el error de derecho en la
apreciación del dictamen del “perito Avendaño”,
individualmente, aceptando su existencia material, no
superó la etapa de apreciación objetiva para llegar a su
diagnosis jurídica en conjunto.
Si para el Tribunal el resultado de la Lonja de
Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, en punto de la
evaluación del daño emergente, cumplía las “expectativas de
ley para ser acogido”, esto significa que, así hubiera
coincidencia en algunos aspectos con el otro, ciertamente, en
ese otro se incumplían. Si la prueba abrigada “advertía la
situación en la que se encontraba el predio antes de la entrega
provisional que efectuare el despacho de instancia” y, además,
respondía a “una investigación económica indirecta del
mercado”, esto tuvo que echarse de menos en el del “perito
Avendaño”. Así se infiere de la conclusión del juzgador, según
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
34
la cual, los “demás peritos” tomaron del dictamen con eficacia
jurídica los valores “en el que se escogió y ponderó cual podría
ser el valor para el predio a partir de las ofertas de predios
colindantes”.
Si era contraevidente que los “demás peritos” no
indicaron la situación del inmueble antes de la entrega
provisional y no hicieron una investigación económica
indirecta del mercado, eso es lo que ha debido destruirse
para permitir el encadenamiento jurídico. El error de
derecho, por tanto, es inexistente.
2.5. Sentado, entonces, que el Tribunal no incurrió en
su sentencia en ningún error iuris in iudicando ni facti in
iudicando, el conjunto de las normas que se dice fueron
vulneradas quedaron a salvo.
2.6. Todos los cargos, en consecuencia, están llamados
a su rotundo fracaso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, no casa la sentencia de 10 de abril de 2019, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Civil-Familia, en el proceso seguido por la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI- frente a interpuesto por
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
35
Inverhav S.A.S., con la citación de la Procuraduría General
de la Nación y la intervención del tercero ad-excludendum
Jorge Alberto Urrea Mejía.
Las costas en casación corren a cargo de la demandada
recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma
de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de
agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo de
casación fue replicado.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior,
devuélvase el expediente a la oficina de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Francisco Ternera Barrios
Alvaro Fernando Garcia Restrepo
Hilda Gonzalez Neira
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Luis Armando Tolosa Villabona
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: F8E7B1145FE2C4E57DF755668C7F8F5F1896014F7DCCFF6BB5CB2175E6CE2837
Documento generado en 2021-09-07