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clave: "corte_suprema:providencia:SC3889-2021 [2017-00160-01]"
titulo: "Corte Suprema: la disposición no refiere si la indemnización debe ser “justa” e “integral”"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2021-09-07"
radicado: "2017-00160-01"
numero: "SC3889-2021"
ponente: "Luis Armando Tolosa Villabona"
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# Corte Suprema: la disposición no refiere si la indemnización debe ser “justa” e “integral”

- **Título oficial / radicado:** SC3889-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2021-09-07
- **Radicado:** 2017-00160-01
- **Número:** SC3889-2021
- **Ponente:** Luis Armando Tolosa Villabona
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3889-2021%20%5B2017-00160-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3889-2021%20%5B2017-00160-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIxL0RyLiBMdWlzIEFybWFuZG8gVG9sb3NhIFZpbGxhYm9uYS85Li0gU2VwdGllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMzg4OS0yMDIxIFsyMDE3LTAwMTYwLTAxXS5wZGY%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Regla de decisión

La disposición no refiere si la indemnización debe ser “justa” e “integral”, como se enfatiza en los cargos, pero si la involucra ante la necesidad de ponderar los derechos de la sociedad y del propietario expropiado.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1682 de 2013
- Ley 446 de 1998
- Ley 1228 de 2008

## Extracto

Los cargos se presentan resumidos en conjunto, porque como en su momento se verá, ameritan Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01 12 consideraciones comunes. En esa oportunidad se consideró que la “indemnización producto de la expropiación, por regla general, tiene una función reparatoria, de modo que incluye los daños de lucro cesante y emergente”. El Código Minero, Ley 685 de 2001, canon 5º, lo reafirma. Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01 19 Lo anterior no impide que el Estado se desprenda de la exploración y explotación de los minerales, mediante contratos de concesión a los particulares y el cobro de una retribución. La contraprestación económica es la suma o especie obligatoria percibida por el Estado al permitir explotar los recursos naturales no renovables.

## Texto del documento

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Ponente
SC3889-2021
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
(Aprobado en Sala virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno)
Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021)
Se decide el recurso de casación interpuesto por
Inverhav S.A.S., respecto de la sentencia de 10 de abril de
2019, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso seguido por
la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- frente a la
recurrente, con la citación de la Procuraduría General de la
Nación y la intervención de Jorge Alberto Urrea Mejía en
calidad de tercero ad-excludendum.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. La demandante solicitó decretar la
expropiación de 18.0724 metros cuadrados de un predio de
mayor extensión denominado Casa Blanca de propiedad de
la interpelada, ubicado en el municipio de Puerto Colombia
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(Atlántico), el cual identifica; previa autorización para pagar
el valor del precio establecido pericialmente.
1.2. Causa petendi. El terreno es requerido para
construir un proyecto vial, según ficha predial levantada por
la Concesión Costera Cartagena Barranquilla. La Lonja de
Bienes Raíces de Cartagena y Bolívar avaluó el área
pretendida en $7.775’228.625, las edificaciones en
$77´871.760 y los cultivos en $449’598.000, para un total de
$8.302’698.385. La demandada no llegó a ningún acuerdo
para la enajenación voluntaria.
1.3. Contestación de la demanda. La accionada puso
de presente varias circunstancias. El derecho derivado de un
título minero en una extensión de 410.9 hectáreas,
comprensivo de la franja pedida; la falta de respuesta a las
solicitadas aclaraciones al peritaje de la actora; la
improcedencia de deducir plusvalía; un avalúo de
$12.583’626.760 y un lucro cesante de $54.804’227.657,
conforme al dictamen rendido por Camalonjas Nacional.
1.4. Fallo de primer grado. El Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Barranquilla, el 28 de agosto de 2018, negó las
súplicas del tercero excluyente; decretó la expropiación y fijó
el daño emergente, el valor del terreno y demás, en
$13.178’099.760, así como el lucro cesante, la actividad
minera, en $40.894’399.140; y ordenó lo necesario para dejar
a salvo una servidumbre que resultaba afectada.
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1.4.1. Criticó los dictámenes evacuados en punto del
avalúo del área involucrada. El aportado con la demanda, al
disminuir plusvalía sin tomar un valor comparativo, dividir
el terreno en zonas fisiográficas siendo de igual naturaleza
geoeconómica y no tener en cuenta una servidumbre. El
allegado con la réplica, al perder autonomía conceptual, pues
se basó en la versión del extremo pasivo y en la experticia de
la demandante. El recaudado de oficio, erró al fijar los
parámetros de determinación y al establecer un valor que
excede al señalado como ítem mayor.
No obstante, en la apreciación de tales dictámenes,
consideró más ajustado el de la Lonja de Bienes Raíces de
Cartagena y Bolívar, pero sin descontar plusvalía. Sustrajo
así el valor del terreno, las construcciones y los cultivos.
1.4.2. El lucro cesante lo encontró en la pericia de un
ingeniero de minas al efecto decretada, referida a la
estimación de activos mineros inmediatamente afectados.
1.5. Sentencia de segundo grado. Frente al recurso de
apelación interpuesto por ambas partes, adhesivo el de la
demandada, y de la Procuraduría General de la Nación, así
como del tercero ad-excludendum, el Tribunal, por mayoría,
revocó y negó el lucro cesante, y redujo el daño emergente a
la cantidad de $8.302’698.385.
1.5.1. En el proceso, dijo, era procedente hablar de la
ganancia o provecho dejada de reportar, contrariamente a lo
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sostenido por la demandante y el Ministerio Público. La
expropiación, por sí, tenía un carácter reparador y no se
limitaba exclusivamente al avalúo del bien requerido.
1.5.2. El precio del inmueble, sin embargo, debía
corresponder al dictamen de la Lonja de Propiedad Raíz de
Cartagena y Bolívar, presentado con el libelo incoativo, en
tanto, advertía su situación antes de la entrega provisional y
se basaba en la investigación económica indirecta del
mercado. Lo que no podía hacer el juzgado era fraccionar,
seleccionar o comunicar de cada experticia lo pertinente.
Las peritaciones, en verdad, partían de iguales
criterios. Coincidían en el valor de las construcciones y de los
cultivos, de ahí que esos rubros se acogerían en su totalidad.
La diferencia recaía en que el avalúo de la franja solicitada,
realizado por parte de Marcial Navarro Mendoza (de
Camalonjas Nacional), adosado con el escrito de réplica, no
descontaba plusvalía; y el de Ángel Tomás Avendaño Logreira
(decretado de oficio), omitía esa misma deducción y no dividía
el terreno en unidades fisiográficas.
Fraccionar la heredad era lo demandable, puesto que
la “zona objeto de expropiación poseía diferentes
características”. El descuento por plusvalía también debía
aplicarse, dado que la utilidad del sector provenía del
proyecto vial a ejecutarse y no de la actividad económica de
la convocada. Con mayor razón, cuando no se acreditó que
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el “propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o
la contribución de valorización, según sea el caso”.
1.5.3. El lucro cesante, referido a la actividad minera,
reconocido en el fallo apelado, en cambio, resultaba
improcedente. Como el Estado era el propietario del subsuelo
y de los materiales y minerales que allí se encontraren,
ningún sentido tendría obligar a alguien a comprar,
expropiar, lo que de suyo le pertenece.
Si bien el artículo 399 del Código General del Proceso,
parágrafo único, autorizaba dicha partida, respecto de los
inmuebles expropiados “destinados a actividades
productivas”, el dictamen rendido por Víctor Hugo Marenco
Boekhoudt (ingeniero de minas), se sustraía de ese “criterio”.
Por una parte, no acreditaba esa explotación económica,
simplemente, se demostraba el paso de una carretera; y por
otra, valoraba la “reserva minera in situ”, cuando se trataba
de algo de propiedad del Estado.
1.5.4. Las obras ordenadas para garantizar el tránsito
entre los terrenos bifurcados, tampoco eran de recibo. El
dictamen de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y
Bolívar, no las podía tener en cuenta. En efecto, contrastados
los antecedentes registrales de esa servidumbre constituida
y la oferta formal de compra, la limitación al dominio “surgió
posterior a la evaluación”.
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1.5.5. Aunque el tercero interviniente era cotitular de
la concesión minera, carecía de legitimación, puesto que no
era propietario del terreno involucrado. Además, no demostró
licencia ambiental para realizar el título minero y las pruebas
que aportó no habían sido tenidas en cuenta.
1.6. La demanda de casación. En todos los siete
cargos formulados contra lo así decidido, la demandada
recurrente acusa la violación de los artículos 58 y 332 de la
Constitución Política; 669, 1613 y 1614 del Código Civil; 23
y 58 de la Ley 1682 de 2013; 16 de la Ley 446 de 1998; y
399, parágrafo único, del Código General del Proceso
1.6.1. En el primero, recta vía, al decir que el Tribunal
desconoció el principio de reparación integral, producto de
confundir daño emergente con lucro cesante.
Es cierto, sostiene la casacionista, la propiedad del
subsuelo es del Estado, empero, esto no conlleva adquirir lo
suyo. Si estuviera “comprando el material” se estaría “frente
a una indemnización por daño emergente”. Extraídos los
minerales, el concesionario tiene la libre disposición de los
mismos y es ahí de donde “proviene el lucro o ganancia
futura”. Corresponde al “valor” de lo que deja de extraer en
virtud del título minero y que no ingresa a su haber.
Concluye que la “confusión” del “daño emergente y
lucro cesante y de la relación entre la propiedad del subsuelo
y la posibilidad de indemnizar por futuras mermas
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relacionadas con la explotación de dichos materiales”, llevó al
juzgador a cercenar el “derecho a una reparación justa e
integral” proveniente de la expropiación de su inmueble.
1.6.2. En el segundo, la censurante deriva la violación
denunciada de los errores de hecho en que incurrió el ad-
quem al valorar los dictámenes sobre el lucro cesante, tal
cual fueron advertidos en el salvamento de voto.
1.6.2.1. El juzgador consideró que el de Víctor
Marenco, “experto en asuntos mineros”, no probaba que el
terreno requerido para la obra estuviera siendo explotada en
el marco de la concesión minera. Sin embargo, dejó a un lado
las explicaciones del perito sobre la “perturbación y el
impacto” que causaba la expropiación en “todo el inmueble y
el proyecto minero, impidiendo continuar con el mismo”. De
igual modo, la forma como cuantificó la indemnización.
El ingeniero de minas, en efecto, señaló que el predio
de mayor extensión, “como un todo”, contaba, amén de la
licencia ambiental, con un plan de trabajos y obras (PTO),
aprobado por la Agencia Nacional de Minería, y que el
concesionario ya había firmado contratos de infraestructura
para la operación. Además, calculó la indemnización a
presente y no a futuro, esto último, por cuanto no podía
establecerse, y aquello, en tanto la limitante de seis meses
consagrada en el parágrafo del artículo 399 del Código
General del Proceso, había sido declarada inexequible.
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1.6.2.2. Fuera de lo dicho, omitió apreciar los “demás
dictámenes” relacionados con la ganancia o provecho dejada
de percibir, incluido el “aportado por la misma ANI”.
1.6.2.3. En corolario, para la sociedad impugnante, el
lucro cesante debía reconocerse al estar demostrado que la
“expropiación de la franja de terreno impedirá continuar con la
explotación minera sobre todo el predio y dará por terminada
la servidumbre”.
1.6.3. En el tercero y el cuarto, en su orden, por la
vía directa e indirecta, la recurrente adiciona violados los
artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1228 de 2008, 55 de la Ley
1682 de 2013 y 35 de la Ley 685 de 2001.
1.6.3.1. Lo primero, porque el Tribunal no aplicó esa
normatividad. Allí se regula la indemnización por el “daño
emergente” sobre las franjas de retiro obligatorio que se
deben crear en la construcción de una carretera del sistema
vial nacional. Igualmente, lo relacionado con las zonas de
minería restringida sobre las cuales no se podrá realizar
ninguna actividad para la seguridad de la obra pública
construida, así sigan siendo de propiedad privada.
1.6.3.2. Lo otro, asociado con el “daño emergente” de
las mismas “fajas de retiro obligatorio o zonas de exclusión y
las zonas de minería restringida”, por cuanto el ad-quem
incurrió en error de hecho al valorar los “dictámenes
periciales”, pues “no ordenó ninguna indemnización”.
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Omitió apreciar en las experticias del “perito Marenco”
y “Camalonjas” que “sí las tuvieron en cuenta, mientras que el
dictamen de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y
Bolívar, aportado por la ANI, no lo hizo”. Así, inclusive, lo
había identificado el fallo de primer grado.
1.6.4. En el quinto, suma igualmente la violación de
los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 2279 de 2012, a raíz
de la comisión de error de hecho en la valoración del avalúo
de la Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar.
Específicamente, en punto de la plusvalía, puesto que no se
cumplieron los requisitos para el descuento.
En sentir de la recurrente, el juzgador colegiado
consideró que el aumento del precio del terreno no se debía
a un esfuerzo del demandado. No obstante, las normas
establecen “una carga para la entidad expropiante de elaborar
avalúos de referencia (…), los cuales no fueron aportados al
proceso ni realizados por la ANI”. Esto significa que “se
apreciaron indebidamente los supuestos avalúos de plusvalía
aportados (…) mediante el dictamen de la Lonja”.
Además, “reconoce que los peritos Avendaño y Navarro
no hacen descuento por plusvalía, pero no aprecia los motivos
por los cuales se abstuvieron de hacerlo”.
1.6.5. En el sexto, añade también infringidos, recta
vía, los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 2729 de 2012, 80
y 88 de la Ley 388 de 1997.
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Reafirma la sociedad impugnante que la carga de
demostrar el avalúo de referencia para descontar plusvalía
correspondía a la entidad demandante, la expropiante.
Empero, “ninguna mención, ni mucho menos aplicación de
estas normas realiza la sentencia” impugnada.
Si lo anterior fuera poco, conforme a las mismas
disposiciones, el descuento no se hace cuando el “propietario
hubiere pagado la participación en plusvalía o la contribución
de valorización”. Esto, sin embargo, requería ser liquidado
por el respectivo Alcalde y notificado al propietario, pero
tampoco ello fue cumplido. De ahí que a la demandada “no

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

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Interpretando el cargo por el cauce del error facti in
iudicando, en la hipótesis de invención o suposición de
pruebas, el error es inexistente. Como se analizó en el cargo
anterior, a donde la Corte ahora se remíte, el Tribunal, en
alusión a la decisión del juzgado, sí hizo mención a las
controvertidas pruebas de referencia.
2.4.5.2. El fracaso del otro segmento de la acusación
también se avizora. Así se haya demostrado que las
autoridades municipales no han liquidado la “participación
en plusvalía o la contribución de valorización” para proceder
a su pago, confirma que el descuento por plusvalía había que
realizarlo. Otra cosa es que la deducción de ese concepto en
el proceso de expropiación ya no pueda ser objeto de
facturación por la administración municipal,
específicamente en lo que corresponda a esa deducción.
La trascendencia del error tendría lugar si la ley
prohibiera el anotado descuento cuando no media
liquidación por parte de las autoridades locales. Ese no es el
caso. Lo que establece el artículo 61, parágrafo 1º de la Ley
388 de 1997, es que la dedución no se aplica cuando el
“propietario hubiere pagado la participación en plusvalía o la
contribución de valorización, según sea el caso”.
2.4.6. El último cargo, atinente con el daño emergente
y su prueba, reprocha al Tribunal por considerar que no se
pueden hallar elementos acreditados en dos dictamenes
diferentes, sino que, necesariamente, se debe aceptar uno en
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su integridad, llevándose de calle los postulados de los
artículos 176 y 232 del Código General del Poceso sobre la
apreciacion de las pruebas en conjunto.
2.4.6.1. Los errores de derecho en el encadenamiento
probatorio, tienen lugar cuando se contrarían los dictados de
la lógica, de la ciencia y de la experiencia, que son el
fundamento de las reglas de la sana crítica.
Ello, mediante la conjugación del método analítico con
el sintético. Consistente, el primero, en la fijación del
contenido de cada medio en particular; y el segundo, en el
análisis del todo con la parte. El muestrario así presentado
es lo que permite elaborar el inventario de diferencias,
concatenaciones, exclusiones y conclusiones
Exige como requisito que las pruebas individualmente
consideradas hayan superado las etapas de apreciación
material y objetiva, y jurídica. Si no lo han sido, quiere decir
que han quedado rezagadas, por lo mismo, no pueden
contribuir a asentar los hechos que, en el universo
probatorio, se tornan definitivos, so pena de contaminarlos.
2.4.6.2. La recurrente, pese a proponer que se aprecien
los dictámenes del “perito Avendaño”, decretado de oficio, y
de la “Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar”,
allegado con el escrito incoativo del proceso, en lo coincidente
respecto al daño emergente, no indica ni explica cuál regla
de la sana crítica resultó vulnerada. Tampoco enseña la
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conclusión que debe asentarse. Como se supone que reclama
en favor, se entiende, en la propuesta de encadenamiento
probatorio, una decisión cercana a sus intereses.
Seguramente, teniendo en cuenta que el “perjuicio o pérdida”
el primer dictamen citado lo avaluó en $14.892’981,536, y el
segundo, en $8.302’689.385.
En ese contexto, se interpreta que, frente a una misma
coincidente argumentación de ambas experticias, en el caso,
en el sentido de que la parte expropiada no debía fraccionarse
en unidades fisiográficas, sino que debía tomarse como un
todo, la regla de la experiencia enseña que el corolario no
puede ser distinto. Con todo, el error de derecho en la
apreciación del dictamen del “perito Avendaño”,
individualmente, aceptando su existencia material, no
superó la etapa de apreciación objetiva para llegar a su
diagnosis jurídica en conjunto.
Si para el Tribunal el resultado de la Lonja de
Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, en punto de la
evaluación del daño emergente, cumplía las “expectativas de
ley para ser acogido”, esto significa que, así hubiera
coincidencia en algunos aspectos con el otro, ciertamente, en
ese otro se incumplían. Si la prueba abrigada “advertía la
situación en la que se encontraba el predio antes de la entrega
provisional que efectuare el despacho de instancia” y, además,
respondía a “una investigación económica indirecta del
mercado”, esto tuvo que echarse de menos en el del “perito
Avendaño”. Así se infiere de la conclusión del juzgador, según
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la cual, los “demás peritos” tomaron del dictamen con eficacia
jurídica los valores “en el que se escogió y ponderó cual podría
ser el valor para el predio a partir de las ofertas de predios
colindantes”.
Si era contraevidente que los “demás peritos” no
indicaron la situación del inmueble antes de la entrega
provisional y no hicieron una investigación económica
indirecta del mercado, eso es lo que ha debido destruirse
para permitir el encadenamiento jurídico. El error de
derecho, por tanto, es inexistente.
2.5. Sentado, entonces, que el Tribunal no incurrió en
su sentencia en ningún error iuris in iudicando ni facti in
iudicando, el conjunto de las normas que se dice fueron
vulneradas quedaron a salvo.
2.6. Todos los cargos, en consecuencia, están llamados
a su rotundo fracaso.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley, no casa la sentencia de 10 de abril de 2019, proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Civil-Familia, en el proceso seguido por la Agencia
Nacional de Infraestructura -ANI- frente a interpuesto por
Radicación: 08001-31-03-005-2017-00160-01
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Inverhav S.A.S., con la citación de la Procuraduría General
de la Nación y la intervención del tercero ad-excludendum
Jorge Alberto Urrea Mejía.
Las costas en casación corren a cargo de la demandada
recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma
de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de
agencias en derecho, teniendo en cuenta que el libelo de
casación fue replicado.
Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior,
devuélvase el expediente a la oficina de origen.
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Francisco Ternera Barrios
Alvaro Fernando Garcia Restrepo
Hilda Gonzalez Neira
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Luis Armando Tolosa Villabona
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3889-2021 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2021-09-07. C.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 2017-00160-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3889-2021%20%5B2017-00160-01%5D).
