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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC3755-2022
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
(Aprobado en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación formulado por Human
Team S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 7 de
octubre de 2019, en el proceso promovido por la recurrente
contra Zandor Capital S.A. Colombia.
I.- ANTECEDENTES
1.- De manera principal se solicitó declarar que el
contrato de prestación de servicios número 006-03-10,
suscrito el 9 de agosto de 2010, por Zandor Capital S.A.
Colombia, en calidad de contratante y Human Team S.A.S.
como contratista, se prorrogó por un año, en virtud de lo
dispuesto en la cláusula 14 y que la convocada lo incumplió
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al desconocer su prórroga y pago. En consecuencia, declarar
la resolución del convenio y condenar a la demandada a
pagar la
cláusula penal
sancionatoria pactada por la suma
de $4.964.163.798, que corresponde al 20% del precio del
contrato, o la que resulte probada en el curso del proceso, y
a indemnizar la totalidad de los perjuicios que con su
incumplimiento le ocasionó al contratante cumplido.
En subsidio, declarar que la convocada abusó del
derecho; que las comunicaciones remitidas informando de
manera injusta y unilateral que desea prorrogar el contrato
por un mes luego de que se prorrogó un año constituyen un
acto abusivo; que las motivaciones para no respetar la
prórroga del contrato y darlo por terminado de manera
unilateral, constituyen un acto abusivo del derecho; como
consecuencia, condenarla a pagar la
cláusula penal
y a
indemnizar los perjuicios.
En forma complementaria, ordenar la reparación
integral de todos los perjuicios por lucro cesante y daño
emergente, con actualización de las condenas de acuerdo con
el índice de precios al consumidor, más intereses
compensatorios y moratorios, así como costas y expensas.
2.- En sustento de las aspiraciones, informó la
demandante:
El 9 de agosto de 2010 Zandor Capital S.A. Colombia,
en calidad de contratante y Human Team S.A.S. como
contratista, suscribieron el contrato de prestación de
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servicios número 006-03-10, con el objeto de que la segunda
suministrara personal a la primera, para que se diera inicio
a la exploración, explotación y beneficio, en las zonas de
actividad minera. El 9 de agosto de 2011, el contrato se
prorrogó automáticamente en cumplimiento de la cláusula
14, es decir, por otro año, toda vez que ninguna de las partes
avisó a la otra con un mes de antelación su deseo de
terminarlo, tal como fue pactado.
El 10 de agosto de 2011, Sebastián Giraldo, vinculado
a Zandor Capital S.A., le remitió al representante legal de
Human Team S.A.S., un correo en el que se anexó un “modelo
de otro sí”, para ampliar el término del contrato hasta el 5 de
septiembre del 2011, al efecto, envió una propuesta de
cláusula adicional que no fue firmada ni aceptada por el
representante legal de la demandante, puesto que el contrato
se encontraba prorrogado hasta el 9 de agosto de 2012.
La accionada de manera unilateral y sin justa causa, le
comunicó que no continuaría participando en el contrato y
remitió copia de las comunicaciones a funcionarios de la
empresa «Eficacia», que reemplazó a la accionante y continuó
prestando los servicios con los trabajadores en misión que
requería la demandada para la exploración, explotación y
beneficio de sus actividades mineras.
3.- Enterada del auto admisorio, Zandor Capital S.A.
Colombia se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones que denominó: «nulidad por objeto ilícito de la cláusula
de prórroga», «el objeto del contrato desapareció (inexistencia
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sobreviniente del objeto)» y «ejercicio del derecho potestativo que el
contrato confirió a la sociedad demandada»1.
El juez de primera instancia declaró probada la
excepción de «nulidad por objeto ilícito (transgresión a normas
imperativas del contrato de prestación de servicios contratación de
trabajadores temporales número 006-03-10 de fecha 9 de agosto de
2010»2, providencia confirmada por el ad quem, el 7 de octubre
de 20193.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Para refrendar el fallo del a quo, en síntesis, se expuso:
1.- Del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 se desprenden
unos supuestos que restringen la contratación de servicios
temporales, limitándose desde el marco normativo que los
rige, a aquellas hipótesis donde las Empresas de Servicios
Temporales gozan de habilitación para contratar con sus
usuarios, lo que permite colegir la prevalencia del respeto por
las normas laborales, pues no puede pretenderse que a
través de figuras de contratación diferentes se sustituyan las
modalidades dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajo,
ni mucho menos que aquellas vayan en desmedro de los
derechos de quienes prestan personalmente sus servicios,
queriendo ocultar la permanencia bajo el ropaje de
temporalidad que ofrece esta modalidad de contratación.
1 Cfr. 236- 267, c. 1, expediente digital.
2 Cfr. Folios 515 – 519, c. 1 expediente digitalizado.
3 Cfr. Folios 17-45, cuaderno segunda instancia digitalizado.
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Es decir, hay una negociación de rango mercantil como
contrato marco, regulado por normas especiales consagradas
en el estatuto comercial bajo la premisa de la autonomía
privada, actividad económica e iniciativa libres, fundados en
el artículo primero del Código de Comercio, pero su objeto,
consistente en la prestación de servicios temporales a través
de trabajadores en misión, se entroniza en leyes de orden
público y de estricto cumplimiento como lo son las laborales,
y en el evento de suscitarse un conflicto normativo «deben
preferirse este tipo de normas, de acuerdo a lo estipulado por el artículo
20 del Código Sustantivo del Trabajo»
2.- Hay que diferenciar dos tipos de contratos, uno
comercial de prestación de servicios celebrado entre Zandor
Capital S.A, Colombia y Human Team S.A.S.; y otro, que
vincula a Human Team S.A.S. con cada uno de los empleados
que prestaron el servicio en misión, entre quienes media un
vínculo laboral, regulado por el artículo 77 de la Ley 50 de
1990 y el Decreto 4369 de 2006, que en su artículo 6°
consagra los eventos en los cuales las empresas usuarias
pueden contratar servicios con las de servicios temporales.
Sin embargo, en el caso en estudio, no se tuvieron en
cuenta las tres posibilidades consagradas por la ley para que
las empresas usuarias puedan contratar con las de servicios
temporales, comoquiera que al definir su objeto, la cláusula
primera del contrato mercantil de prestación de servicios No.
006-03- 10, dispone que éste se celebra con el fin de «Prestar
el servicio con los trabajadores en misión que requiera la empresa
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usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploración, explotación
y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera».
Se colige una estrecha relación entre la razón de la
celebración del convenio mercantil y el objeto social de
Zandor Capital S.A., referente a la «inversión, prospección,
construcción de infraestructuras, montaje, explotación, beneficio,
transformación, transporte, comercialización y exportación de todos o
cualquier de los minerales, hidrocarburos y energía eléctrica que se
encuentren en el suelo y el subsuelo», desconociendo abiertamente
la finalidad de contratar con empresas de servicios
temporales, porque, de acuerdo con lo estipulado en el
contrato, la demandada lo celebró con la finalidad de suplir
su planta de personal, buscando que fueran terceros quienes
ejecutaran las actividades a las que permanentemente se
dedica, a pesar de vincularse bajo la modalidad temporal,
contrariando, en cuanto a los trabajadores en misión, lo
dispuesto en los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del
Decreto 4369 de 2006.
3.- Comparando el objeto del contrato mercantil con los
supuestos de los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6° del
Decreto 4369 de 2006, dicho convenio no se compadece con
las disposiciones de orden público que lo rigen; puesto que
los trabajadores que demandaría Zandor durante la
ejecución del negocio, no desempeñarían un trabajo
ocasional en los términos del artículo 6 del Código Sustantivo
del Trabajo, no reemplazarían personal en vacaciones o en
licencias ni tampoco atenderían incrementos de producción
por períodos estacionales o por cosechas. De allí que, al
margen de la intención que tenían las partes a la hora de
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perfeccionar el contrato, «ambos buscaron desconocer la finalidad
que desde la Ley se ha contemplado para estas modalidades de
contratación; buscando el suministro de personal para el desarrollo de
la minería como eje fundamental de la actividad comercial ejercida
profesionalmente por la demandada».
Al respecto, memoró lo aducido por la Sala de Casación
Laboral de la Corte en SL 7 feb. 2018, SL1170-2107 y
SL13918-2017 respecto de la «contratación fraudulenta por recaer
sobre casos distintos para los cuales se permite la vinculación de
trabajadores en misión», de las cuales se desprende la violación
de normas de orden público de tipo laboral con la celebración
del contrato mercantil en estudio, sin que con ello se
desconozca la realidad de la relación laboral frente al
trabajador en misión, pues se busca es «evitar que la contratación
directa no (sic) se disfrace con figuras de intermediación, máxime cuando
un empleado está cumpliendo una labor permanente que hace parte de
las actividades ordinarias y cotidianas de una empresa».
4.- El tribunal mantuvo la decisión del a quo, pues a
pesar de estar frente a una controversia contractual de índole
mercantil, dada la especial connotación del objeto pactado
entre las partes consistente en, «prestar el servicio con los
trabajadores en misión que requiera la empresa usuaria, para inicio de
las operaciones de exploración, explotación y beneficio, de todas
aquellas relacionadas con la actividad minera», deben tenerse en
cuenta las normas laborales que rigen y reglamentan la
prestación de servicios temporales y el contrato realidad que
goza de protección legal y constitucional, en ese sentido, el
artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo contempla que,
«[l]as disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden
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público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas
conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados
por la ley».
Dado el carácter de orden público de la Ley 50 de 1990
y del Decreto 4369 de 2006 que la reglamenta, cualquier
marco contractual en el que se convenga la prestación de
servicios mediante la «provisión de trabajadores temporales», debe
acogerse a lo dispuesto en ellas, so pena de incurrir en una
causal de nulidad absoluta por violación de norma de
carácter imperativo y por objeto ilícito, al tenor de los
numerales primero y segundo del artículo 899 del Código de
Comercio, así como del 1740 y siguientes del Código Civil.
5.- Volviendo la vista sobre la cláusula 14, relativa a la
duración del contrato y a su prórroga que constituye la base
de las pretensiones, advirtió que ésta contempla un término
que contraviene lo dispuesto en las citadas disposiciones,
puesto que los contratantes «pretendieron mediante un contrato
mercantil -sujeto a normas laborales de orden público-, extender la
prestación de un servicio con trabajadores en misión por un plazo
superior a un año, aun cuando las mismas normas que lo supeditan
disponen con claridad que dicho negocio sólo puede perdurar seis (6)
meses, prorrogable por seis (6) meses más».
Así las cosas, bajo el amparo de la libertad contractual
y la autonomía privada, Human Team S.A.S. y Zandor
Capital S.A. Colombia, buscaban por medio de una cláusula
contractual, extender en el tiempo la relación jurídica que los
ataba, dando la posibilidad de prorrogar automáticamente
por períodos iguales a un año, un convenio que, por
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disposición de una norma imperativa de tipo laboral, no
puede exceder de seis meses prorrogable por seis meses más.
Tampoco podían pretender cubrir con trabajadores en
misión, las funciones de la actividad minera, relacionadas
con operaciones de exploración, explotación y beneficio, pues
ello desborda el objeto para el que fue pensada la
contratación temporal y desconoce los presupuestos fijados
en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006.
6.- Por ende, el contenido de las cláusulas primera y 14
referidas al objeto del contrato y su prórroga, van en
contravía de los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990
y del parágrafo del numeral 6 del Decreto 4369 de 2006, que
son de orden público, «determinando la existencia de un vicio
insubsanable por violación de norma imperativa y por objeto ilícito, que
torna en absolutamente nulo el contrato suscrito el 9 de agosto de 2010».
7.- En cuanto a las consecuencias de la declaratoria de
nulidad absoluta, el Código de Comercio no regula
restituciones mutuas, por lo que debe acudirse al artículo
1525 del Código Civil, conforme al cual, «no podrá repetirse lo
que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas»,
precepto aplicable dado que ambos contratantes y sobre todo
la demandante, atendiendo a su carácter profesional en el
sector de la contratación de servicios temporales, debía
conocer la existencia de la limitación legal y el hecho de
celebrar un contrato que fuera en contravía de las normas,
determina el conocimiento previo de la ilicitud del objeto.
8.- Ante la nulidad absoluta del contrato de prestación
de servicios, prescindió del análisis del tema fundante de la
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litis referido al incumplimiento de la demandada y a la
prórroga del contrato, así como la definición de los demás
puntos de inconformidad presentados por la recurrente.
9.- En síntesis, pese a la naturaleza mercantil del
contrato en estudio, en el cual priman la actividad económica
e iniciativa privadas dentro de los límites del bien común
(artículo 333 C.P.), su objeto consistente en prestar servicios
con trabajadores en misión, está regulado por normas
imperativas y de obligatorio acatamiento, como los artículos
71 y ss. de la Ley 50 de 1990 y el parágrafo del artículo 6 del
Decreto 4369 de 2006; que siendo de carácter laboral no
pueden ser desconocidas por los particulares en sus negocios
y su trasgresión genera la nulidad absoluta conforme a los
numerales 1 y 2 del artículo 899 del Código de Comercio, lo
que justifica confirmar la sentencia de primera instancia.
10.- Si en aras de discusión se diera por descontado el
tema de la validez del contrato de prestación de servicios, en
el hipotético caso de partir de una separación tajante entre
la relación mercantil y las normas de carácter laboral, a
partir de lo cual se permitiría una prórroga del contrato de
prestación de servicios, «se vislumbra un escollo con entidad
suficiente para dar al traste con las pretensiones indemnizatorias de la
demanda», relacionado con la falta de certidumbre del daño
sufrido por Human Team S.A.S. y, por ende, la imposibilidad
de tasar los perjuicios reclamados.
11.- En todo caso, bien por la invalidez del contrato
generada en la ilicitud del objeto y por violación de normas
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imperativas o por la ausencia de certeza del daño y sus
consecuentes perjuicios, la decisión redunda en confirmar la
sentencia impugnada.
III.- DEMANDA DE CASACIÓN.
Se formulan dos cargos contra la sentencia, con soporte
en las causales 1° y 2° del artículo 336 del Código General
del Proceso, los cuales se resolverán en el orden que fueron
propuestos.
IV.- PRIMER CARGO
Por la causal primera de casación, se acusa la sentencia
de segunda instancia de violar directamente los artículos 71,
74, 75, 76, 77, 79, 81, 83 de la Ley 50 de 1990 y del parágrafo
del artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015.
En síntesis, expuso el recurrente:
1.- El Tribunal incurrió en una equivocada
interpretación del problema jurídico y cometió tres graves
errores de interpretación en el proceso lógico - jurídico sobre
los cuales funda las conclusiones de la sentencia, a saber: i)
declarar incapaces a las empresas de servicios temporales y
confundir las relaciones jurídicas que se trabaron cuando se
celebró el contrato de prestación de servicios temporales; ii)
interpretar erróneamente la consecuencia jurídica que
corresponde aplicar en sede de discusión laboral, cuando se
prorrogan los contratos laborales de servicios temporales por
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espacio superior a un año, y iii) aplicar indebidamente la ley
al ignorar cuáles son los servicios temporales que pueden ser
contratados.
2.- No se puede tener como ilícito un objeto válidamente
permitido en Colombia para la relación comercial existente
entre las partes; la ley permite que las labores que se
consideran como permanentes para la empresa usuaria, en
el evento de requerirlo y por su carácter de temporales, sean
contratadas únicamente a través de empresas intermediarias
de servicios temporales, cuyos contratos deben ser revisados
por el Ministerio del Trabajo.
El error juris in judicando se presenta porque a pesar de
que el ad quem reconoció la existencia y validez de las
normas que gobiernan la prestación de servicios temporales,
se equivocó en la labor hermenéutica por falsa interpretación
de la ley, al aplicar a la relación comercial la prohibición que
se establece para la relación laboral e ignoró que el caso bajo
estudio versaba sobre el incumplimiento del contrato
comercial marco, no del servicio específico que es desarrollo
en la ejecución de aquel. El yerro es tan notorio que, de
acuerdo con el análisis del juzgador, las empresas de
servicios temporales no serían sostenibles jurídica ni
financieramente dado que los contratos marco por ellas
celebrados no podrían ser superiores a un año.
3.- Se desconoce en el fallo que Zandor celebró
válidamente un contrato de prestación de servicios
temporales con Human, el cual es de naturaleza mercantil de
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acuerdo a los artículos 81 y 77 de la Ley 50 de 1990 y 8° del
Decreto 4369 de 2006 y que, al tenor de los cánones 71, 74,
75, 76 y 79 de la Ley 50 de 1990, la empresa de servicios
temporales contrata directamente a los trabajadores en
misión y es su verdadera empleadora.
No es correcto aplicar indistintamente la temporalidad
referida en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 a las relaciones
de carácter comercial y laboral, por cuanto dicha norma hace
referencia a los servicios específicos de colaboración que
puede prestar la EST en el desarrollo de su objeto social, a
los cuales se les aplica la temporalidad, siendo ajeno el
contrato laboral con el trabajador a lo regulado por esta
disposición. Y como respecto del contrato comercial, el
artículo 81 de la Ley 50 guarda silencio, éste se rige por el
artículo 2.2.6.5.8 del Decreto 1072 de 2015.
En estos eventos se presenta una triple relación jurídica
de diferentes características íntimamente relacionadas. La
primera atañe a un contrato comercial regulado en la Ley 50
de 1990, cuyo objeto es la prestación de servicios temporales
de colaboración en las actividades de un tercer usuario (art.
77), para lo cual, se envían personas naturales que se
encargan de desarrollar el servicio objeto del contrato
comercial (art. 71), en este caso, mediante un contrato marco
se iban generando ordenes de servicio, tal y como se expresó
en su clausulado y conforme al artículo 8 del Decreto 4369
de 2006, servicio específico al que se le aplica la temporalidad
de acuerdo a la causa que le dio origen. Adicionalmente, se
presenta una relación laboral regida por los artículos 71 y
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siguientes de la Ley 50 de 1990 y 6° del Decreto 4369 de
2006, y otra funcional que es accidental, pues surge del
contrato de prestación de servicios entre la empresa de
servicios temporales y la usuaria, que es ejecutado a través
del trabajador en misión «que no tiene respecto a la usuaria ninguna
vinculación jurídica puesto que su empleador es la EST, que lo envía a
cumplir el contrato de prestación de servicios celebrado con la usuaria».
4.- El Tribunal confunde las tres relaciones jurídicas y
desconoce que el verdadero empleador del trabajador es la
EST, que lo envía a ejecutar una actividad de colaboración
temporal en las instalaciones de la usuaria en desarrollo de
un contrato de prestación de servicios de carácter comercial.
En la sentencia se confunde la relación funcional - accidental
que los empleados tuvieron con Zandor Capital, con la
relación laboral de aquellos con Human y se aplicó el Código
Sustantivo del Trabajo en lo que no era pertinente. El
raciocinio «máxime cuando un empleado está cumpliendo una labor
permanente hace parte de las actividades ordinarias y cotidianas de la
empresa», significa que para el Tribunal no es posible que un
empleado contratado por una EST pueda cumplir actividades
cotidianas de la empresa usuaria.
Además, ignoró que el artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, el artículo 2 de la Resolución 2021 de 2018, las
Sentencias 1482-2011 y 2218-16 del Consejo de Estado, los
artículos 71 y 72 de la Ley 50 de 1990, el Decreto 4369 de
2006 y el artículo 1° del Decreto 2025 de 2011 establecen
que las únicas que pueden ejercer legalmente la
intermediación laboral son las empresas de servicios
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temporales. De ahí que los empleados contratados para
prestar un servicio temporal «sí pueden desarrollar las mismas
actividades, obras u operaciones que las ejecutadas por los empleados
que desarrollan el objeto social en calidad de permanentes».
Por otra parte, el juzgador realizó una lectura parcial del
artículo 77 de la Ley 50 de 1990, al eludir que es válido
contratar servicios temporales sin ningún tipo de distinción
diferente a las consignadas en los tres eventos o casos
planteados en dicha norma. Esa es la lógica que de manera
caprichosa y arbitraria presenta para reputar las actividades
que realiza Human como de objeto ilícito, «pues según su
sentencia tanto el objeto social como el pacto de la prórroga contravienen
las normas laborales de orden público por el hecho de confundir las
relaciones comerciales y laborales que las empresas participantes deben
confeccionar para la debida prestación de los servicios temporales».
5.- No advirtió el Tribunal que la consecuencia jurídica
por el incumplimiento de lo señalado en el artículo 77 de la
Ley 50 de 1990 es la responsabilidad solidaria de la empresa
usuaria, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala
de Casación Laboral de la Corte para regularizar la relación
que existe entre la empresa de servicios temporales y el
trabajador en misión cuando se vulnera la referida
prohibición, de manera que se equivocó al atribuir la nulidad
absoluta a la relación gobernada por normas convencionales
y comerciales existente entre las partes.
6.- El fallador no comprendió que el contrato en estudio
era de carácter comercial y fue celebrado a la luz del artículo
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81 de la Ley 50 de 1990 cumpliendo los requisitos legales,
entre los cuales no se encuentra límite a su duración, siendo
la temporalidad del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 aplicable
al servicio específico de colaboración y no al contrato, tal
como lo aclara el artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de
2015.
También pasó por alto que se trataba de un contrato
marco cuya finalidad era que se solicitaran servicios según
la necesidad de la usuaria, por lo que las partes bien podían
estipular que este tuviera una duración superior a un año al
verificarse las prórrogas automáticas válidamente pactadas.
El yerro se observa nítido porque ni la ley ni el compendio
contractual se oponen a la cláusula decimocuarta que como
parte del contrato fue estudiada por el Ministerio del Trabajo
de conformidad con el numeral 4 del artículo 83 de la Ley 50
de 1990, coligiéndose que se ajustaba a derecho.
7.- El ad quem interpretó erróneamente el artículo 8 del
Decreto 4369 de 2006 reglamentario de la Ley 50 de 1990,
conforme al cual, «cuando se celebre un solo contrato, este regulará
el marco de la relación, la cual se desarrollará a través de las órdenes
correspondientes a cada servicio específico», sin señalar restricción
temporal para el contrato marco, situación que se encuentra
en consonancia con el artículo 81 de la misma ley que señala
los requisitos que deben tener los contratos celebrados entre
las empresas de servicios temporales y las usuarias.
La ley no establece ningún criterio diferenciador entre
las labores que prestan los trabajadores contratados por la
empresa usuaria y los contratados a través de una de
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servicios temporales, ya que ambos prestan servicios
misionales, diferenciándose únicamente en la temporalidad,
por ello, el fallador debió valorar como lícito el contrato para
no incurrir en lo violación directa de la ley, pues ésta
claramente dispone que «es propio del servicio temporal, y por ende
del trabajador en misión que se ejecute el servicio para atender las
actividades propias, esto es, las del objeto social del usuario» (art. 71
Ley 50 de 1990). Y si el contrato es lícito, no podía
considerarse que en Colombia «los EST tienen un objeto limitado o
una capacidad reducida para contratar servicios y por espacio
únicamente de un año, ello claramente es una facultad absoluta a cargo
del legislador».
8.- El artículo 77 de la Ley 50 de 1990 señala que los
usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán
contratar con éstas en los siguientes casos: «1. Cuando se trate
de la labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el
artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo; 2. Cuando se requiere
reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad
por enfermedad o maternidad, y 3. Para atender incrementos en la
producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un
término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) mes más». El
Tribunal cercenó esta disposición, pues se enfocó en el
numeral 1, dejando por fuera de análisis el 2 y el 3 que
señalan otros eventos en los cuales es válido celebrar
contratos de prestación de servicios temporales comerciales.
Bajo la lógica laboralista del juzgador, Zandor no podía
tener suscrito un contrato comercial marco con Human o con
cualquier empresa de servicios temporales por ser
compatible con las funciones contenidas en su objeto social
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y tampoco para reemplazar vacaciones, ni para cubrir
licencias de maternidad o de incapacidad, ignorando que,
precisamente, la Ley 50 de 1990 fue concebida para permitir
que los trabajadores de planta fueran reemplazados por
trabajadores en misión suministrados por una Empresa de
Servicios Temporales legalmente habilitada para cubrir
dichas faltas temporales y también para atender incrementos
en la producción, el transporte, los ventas, y los periodos de
cosechas y también para la prestación de servicios.
El yerro es protuberante, pues no concibe el
sentenciador que se pueda contratar la prestación de
servicios con empresas de servicios temporales, en los otros
supuestos de hecho que establece el artículo 77 de la Ley 50
de 1990, y considera que en Colombia no pueden existir
contratos comerciales de esa índole que superen 12 meses;
además, es trascendente al desatender la literalidad de la ley
y, con el pretexto de consultar su espíritu, se «deja sin sustento
jurídico a las empresas de servicios temporales en Colombia (…) pues
considera que son ilícitos (sic) el objeto social de los acuerdos comerciales
marco que impliquen que los trabajadores contratados para la atención
de un servicio temporal misional ejecuten actividades dentro del objeto
social que son ejecutadas por otros trabajadores permanentes», de
manera que, «superando la equívoca interpretación de excluir tal
posibilidad legal a pesar de contenerse expresamente en la ley, el
contrato resultaría válido y el resultado hubiere sido diferente».
CONSIDERACIONES
1.- El cargo acusa quebrantamiento directo de normas
de contenido material, ello supone que, en criterio de la
censura, prescindiendo de cualquier desacuerdo con
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aspectos de valoración probatoria, el juez colegiado dejó de
aplicar al caso controvertido las normas llamadas a regirlo,
hizo actuar otras extrañas, o habiendo acertado en la
disposición rectora del asunto, erró en su interpretación.
Comoquiera que lo relacionado con la declaratoria de
nulidad absoluta del negocio jurídico que vinculó a las partes
atañe a un aspecto de puro derecho y que al invocarse la
causal primera de casación no se admiten discusiones de
carácter probatorio, en este caso resulta pacífica la existencia
del contrato de «prestación de servicios contratación de trabajadores
temporales», celebrado entre Zandor Capital S.A. Colombia
como «usuario» y Human Team S.A.S. como «contratista» y la
inclusión de la cláusula de prórroga por un periodo igual «si
ninguna de las partes avisa a la otra su deseo de terminarlo con un mes
de anticipación». De allí que el problema a resolver de cara a los
supuestos de la alegada causal de casación, se circunscribe
a verificar si se presentó yerro de iure respecto de los textos
legales que la recurrente considera indebidamente aplicados o
interpretados en forma errónea.
2.- De conformidad con las disposiciones del Código
Civil es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los
requisitos que la ley prescribe para su valor, según su especie
y la calidad o estado de las partes, nulidad que puede ser
absoluta o relativa (art. 1740), correspondiendo a la primera
especie la producida por un objeto o causa ilícita, por la
omisión de algún requisito o formalidad que las leyes
prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en
consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o
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estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, así como
la originada en los en los actos y contratos de personas
absolutamente incapaces (art. 1741).
Por su parte, el artículo 899 del Código de Comercio,
dispone que será absolutamente nulo el negocio jurídico en
los siguientes casos: «1) Cuando contraría una norma imperativa,
salvo que la ley disponga otra cosa; 2) Cuando tenga causa u objeto
ilícitos, y 3) Cuando se haya celebrado por persona absolutamente
incapaz».
La nulidad absoluta protege los intereses generales de
la colectividad, por encima de los intereses particulares,
constituyéndose en la más drástica sanción al acto o negocio
jurídico cuando vaya en contra de la ley, las buenas
costumbres o el orden público. Particularmente, sobre el
objeto ilícito como causal de nulidad prevista tanto en la
legislación civil como en la comercial, en términos generales,
el artículo 1519 del Código Civil señala que hay un objeto
ilícito «en todo lo que contraviene al derecho público de la nación» y, al
tenor del 1523, también lo hay «en todo contrato prohibido por las
leyes». No obstante, ello no significa que la configuración del
objeto ilícito penda, necesariamente, de la infracción a una
norma prohibitiva especial, pues también puede emanar de
desatender la amplia prohibición contenida en el 16 ibidem,
conforme al cual, «[n]o podrán derogarse por convenios particulares
las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas
costumbres».
Sobre esta sanción, autorizada doctrina nacional
sostiene que el objeto ilícito se presenta, «no solamente cuando
el acto quebranta prohibiciones expresas y concretas de la ley, no
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sancionadas de otro modo, sino también cuando dicho acto, por sus
prestaciones aisladamente consideradas o en su conjunto, atenta contra
el orden público o las buenas costumbres», puntualizando, además,
Pero ya en este punto de la eficacia de la nulidad absoluta por la
ilicitud del objeto, derivada de la contravención a las leyes
prohibitivas, hay que advertir una vez más que el criterio general de
nuestro Código Civil al respecto es el consignado en el artículo 16,
que hace depender la prohibición de derogar por convenios
particulares las leyes, no de cualquier clase, sino de aquellas “en
cuya observancia están interesados el orden público y las buenas
costumbres”, por lo cual dichas leyes adquieren el carácter de
imperativas. Así cuando la prohibición legal está determinada por
otros motivos extraños a estos conceptos, no se estructura la noción
de objeto ilícito ni, por ende, opera la nulidad absoluta4.
En lo que concierne a la ilicitud del objeto de los actos
y contratos jurídicos por contravención legal, el tratadista
chileno Arturo Alessandri Besa5, dentro de la nulidad
originada en los denominados «actos prohibidos por la ley»,
distingue lo referente a contrariar normas prohibitivas, leyes
imperativas y a los actos ejecutados en fraude a la ley.
Para el mencionado autor, «acto prohibido por la ley» es todo
acto jurídico unilateral o bilateral, que contraviene una ley
prohibitiva, y asegura que, todos los actos y contratos que la
ley prohíbe «adolecen de objeto ilícito, y son, por tanto, nulos de nulidad
absoluta (…) esta causal es muy amplia y comprende todos aquellos
casos en que se ejecuta un acto que la ley prohíbe». En cuanto a las
leyes imperativas, precisa que estas se asemejan a las
prohibitivas en que también mandan y ordenan, pero a
4 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del
Contrato y del Negocio Jurídico. 6° ed. Bogotá. Temis. 2000. Pág. 449.
5 La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno. Editorial Jurídica de Chile.
Santiago de Chile, 1990. Páginas 124-131.
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diferencia de ellas, no prohíben la ejecución de actos
jurídicos en forma absoluta, sino que se ejecuten sin reunir
los requisitos previstos para cada caso particular; y respecto
de la sanción por desconocimiento de normas de esta
naturaleza, puntualiza:
una ley imperativa se equipara a una de índole prohibitiva en
cuanto a la sanción que merece su contravención; pero solamente
cuando no se cumple con disposiciones que dicen relación con el
orden público y los intereses superiores de la colectividad; en otras
palabras, cuando los requisitos que se omiten al celebrarse un acto
o contrato, no son de los que se exigen en consideración al estado o
calidad de las personas que en él intervienen como interesados6.
El mismo autor, refiere además el concepto de «actos
ejecutados en fraude a la ley», indicando que los caracteriza, el
que, «aparentemente, en su letra, el acto esté todo acorde con las
disposiciones de las leyes prohibitivas e imperativas. Pero en el fondo,
en su espíritu, en la intención de los contratantes o del ejecutante, se
burla a la ley, se la contraviene y se logra un objetivo que la ley se
proponía, precisamente, evitar, mediante la disposición prohibitiva». Y
por lo que concierne a su sanción, hace énfasis en la
importancia de la interpretación que se les de, por cuanto,
no basta la sola intención de los contratantes para que se pueda
anular un acto; es necesario que exista oposición real y objetiva
entre el acto o contrato, y la ley, aunque los contratantes crean de
buena fe que no han infringido disposición prohibitiva alguna, si tal
acto choca objetivamente con el texto legal, tiene objeto ilícito y es
nulo absolutamente. Y viceversa, si la intención de los que
intervienen en un acto jurídico es de infringir la norma prohibitiva,
no será considerado nulo si en el hecho tal acto no pueda reputarse
contrario a la prohibición7.
6 Ibidem. Pág. 128
7 Ibidem. Pág. 131
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En la doctrina colombiana, se resalta la importancia de
la labor judicial en la apreciación de los actos jurídicos en
aras de verificar la licitud de su objeto, al respecto, Ospina
Fernández, señala,
Los ya citados artículos 16, 1518 y 1524 permiten ampliamente a
los jueces controlar los actos jurídicos lesivos del orden público o de
las buenas costumbres, aunque respecto de ellos no exista expresa
prohibición legal. (…) Corresponde, pues, al juez decidir en cada
caso concreto si un acto jurídico sometido a su consideración tiene
o no objeto ilícito. Dicha labor es fácil cuando aquel está
expresamente prohibido por la ley. Pero cuando no lo está, el juez
tendrá que decidir discretamente si dicho acto está o no de acuerdo,
tanto en sus prestaciones como en su conjunto, con las leyes, con el
orden público y con las buenas costumbres8.
3.- En el sub judice, el Tribunal concluyó la nulidad
absoluta del contrato que vinculó a las partes enfrentadas en
esta litis, por considerar que dos de sus cláusulas, la primera
y décimo cuarta, eran contrarias a normas de orden público
de carácter laboral y que, de acuerdo con el canon 20 del
Código Sustantivo del Trabajo, «en caso de conflicto entre las leyes
del trabajo y cualquiera otras, prefieren aquéllas». En concreto, las
normas de orden público que consideró vulneradas fueron:
El artículo 77 de la Ley 50 de 1990, conforme al cual,
los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo
podrán contratar con éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o
transitorias a que se refiere el artículo 6o del Código Sustantivo del
Trabajo.
8 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, op. cit. Pág. 246.
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2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso
de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las
ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de
cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6)
meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.
Y el artículo 6° del Decreto 4369 de 20069 -Por el cual se
reglamenta el ejercicio de la actividad de las Empresas de Servicios
Temporales y se dictan otras disposiciones- que es del mismo tenor
del artículo 77 en mención, con la adición de un parágrafo
que dispone: «Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga
a que se refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio
específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta no
podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con
diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho
servicio».
Para el fallador, pese a la naturaleza mercantil del
contrato en el cual priman la actividad económica e iniciativa
privadas dentro de los límites del bien común, dado que su
objeto consiste en prestar servicios con trabajadores en
misión, está regulado por normas imperativas y de
obligatorio acatamiento, que siendo de carácter laboral no
pueden ser desconocidas por los particulares en sus
negocios; en este caso, su trasgresión genera la nulidad
absoluta conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 899 del
Código de Comercio, por objeto ilícito y por desconocimiento
de normas imperativas de carácter laboral.
Por lo que atañe a la ilicitud del objeto contractual, los
argumentos jurídicos esgrimidos fueron los siguientes:
9 Artículo compilado en el 2.2.6.5.6 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015
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i) Si bien existe un negocio mercantil como contrato
marco, su objeto, consistente en la prestación de servicios
temporales a través de trabajadores en misión, se entroniza
en leyes laborales de orden público de estricto cumplimiento
y en el evento de suscitarse un conflicto normativo «deben
preferirse este tipo de normas, de acuerdo a lo estipulado por el artículo
20 del Código Sustantivo del Trabajo».
ii) En este caso, no se tuvieron en cuenta las tres
posibilidades consagradas en los artículos 77 de la Ley 50 de
1990 y 6° del Decreto 4369 de 2006, para que las empresas
usuarias pudieran contratar con las de servicios temporales,
dado que, al definir su objeto, en la cláusula primera del
contrato se dispone que éste se celebra con el fin de: «[p]restar
el servicio con los trabajadores en misión que requiera la empresa
usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploración, explotación
y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera».
iii) Se colige una estrecha relación entre la razón de la
celebración del convenio mercantil y el objeto social de
Zandor Capital S.A., y que la demandada lo celebró para
suplir su planta de personal, buscando que terceros
vinculados bajo la modalidad temporal ejecutaran las
actividades a las que se dedica en forma permanente,
contrariando, en cuanto a los trabajadores en misión, lo
dispuesto en los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del
Decreto 4369 de 2006.
iv) Comparando el objeto del contrato mercantil con los
supuestos de los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6° del
Decreto 4369 de 2006, dicho convenio no se compadece con
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las disposiciones de orden público que lo rigen; puesto que
los trabajadores que demandaría Zandor durante la
ejecución del negocio, «no desempeñarían un trabajo ocasional en
los términos del artículo 6 del C. S. T., no reemplazarían personal en
vacaciones o en licencias ni tampoco atenderían incrementos de
producción por períodos estacionales o por cosechas». De allí que, al
margen de la intención que tenían las partes a la hora de
perfeccionar el contrato, «ambos buscaron desconocer la finalidad
que desde la Ley se ha contemplado para estas modalidades de
contratación; buscando el suministro de personal para el desarrollo de
la minería como eje fundamental de la actividad comercial ejercida
profesionalmente por la demandada».
Y, frente al desconocimiento de normas imperativas de
carácter laboral, razonó: i) la Ley 50 de 1990 y el Decreto
4369 de 2006 que la reglamenta son normas de orden
público, por lo que, cualquier marco contractual en el que se
convenga la prestación de servicios mediante la «provisión de
trabajadores temporales», debe acogerse a lo dispuesto en ellas,
so pena de incurrir en una causal de nulidad absoluta por
violación de norma de carácter imperativo y por objeto ilícito;
ii) la cláusula 14, relativa a la duración del contrato y a su
prórroga, contempla un término que contraviene lo dispuesto
en la citada normativa, puesto que los contratantes
«pretendieron mediante un contrato mercantil -sujeto a normas laborales
de orden público-, extender la prestación de un servicio con trabajadores
en misión por un plazo superior a un año, aun cuando las mismas
normas que lo supeditan disponen con claridad que dicho negocio sólo
puede perdurar seis (6) meses, prorrogable por seis (6) meses más», y,
iii) tampoco podían pretender cubrir con trabajadores en
misión, las funciones de la actividad minera, relacionadas
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con operaciones de exploración, explotación y beneficio, pues
ello desborda el objeto para el que fue pensada la
contratación temporal y desconoce los presupuestos fijados
en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006.
4.- La anterior reseña es útil para establecer que, dado el
carácter dispositivo del recurso extraordinario que nos ocupa,
cualquier desliz en la resolución jurídica del caso atacable en
casación por la vía directa, le impone a la inconforme el deber
de exponer de manera clara y precisa las razones por las
cuales estima que se infringieron las normas materiales
referidas por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea
interpretación, lo que, a su vez, supone encarar los precisos
argumentos del fallo y demostrar el yerro de iure endilgado,
que en últimas, consistiría en establecer que su genuino
entendimiento era distinto al que se les atribuyó.
Desde esa perspectiva, emerge con nitidez que la
disconformidad de la casacionista debía orientarse a señalar,
desde el punto de vista jurídico, por qué se equivocó el
sentenciador al refrendar la declaratoria de nulidad absoluta
del contrato de prestación de servicios suscrito entre las
partes, con respaldo en los numerales 1 y 2 del artículo 899
del Código de Comercio, a tono con los cuales, el negocio
jurídico es nulo absolutamente, «1) Cuando contraría una norma
imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa; 2) Cuando tenga causa
u objeto ilícitos»; y a establecer cómo erró al conferirle el alcance
de normas imperativas de orden público a los cánones 77 de
la Ley 50 de 1990, 6° del Decreto 4369 de 2006 y parágrafo
de éste último a partir del criterio de interpretación elegido,
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especificando, además, por qué razón el adecuado
entendimiento de esas normas solo podía llevar a establecer
la legalidad del acuerdo de voluntades, lo que, de paso,
pondría en evidencia el desacierto del fallo.
No obstante, ese laborío resultó insuficiente toda vez que
la censura, por una parte, omitió atacar de manera frontal
todos los argumentos expuestos para deducir los vicios del
contrato en mención y, por otra, tergiversó algunos de sus
razonamientos, según pasa a exponerse.
4.1.- Para comenzar, se destaca que, contrario a lo
indicado por la censura, el Tribunal no consideró
irreflexivamente las disposiciones de derecho laboral que
estimó pertinentes, sino que, de manera consciente y
explícita, al emprender el estudio del caso puso de presente
que, sin negar la naturaleza mercantil del contrato objeto de
controversia, atendiendo las prestaciones convenidas, éste
involucraba el reconocimiento de normas laborales de orden
público y de estricto cumplimiento, cuya aplicación era
preferente de llegar a suscitarse un conflicto normativo.
Es claro que para resolver el litigio, desde el punto de
vista jurídico, el fallador utilizó un criterio de interpretación
sistemático, a partir del cual, le reconoció alcance de normas
de orden público y aplicación prevalente tanto a la Ley 50 de
1990 como al Decreto 4369 de 2006, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 del Código Sustantivo del trabajo,
conforme al cual «[l]as disposiciones legales que regulan el trabajo
humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y
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prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos
expresamente exceptuados por la ley», y en el precepto 20 del
mismo estatuto, a cuyo tenor «[e]n caso de conflicto entre las leyes
del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquéllas». Fue al tamiz de
ese entendimiento que, al resolver la controversia sometida a
su escrutinio, incursionó en el análisis del objeto del contrato
y la finalidad perseguida por las partes, concluyendo:
En síntesis, a pesar de encontrarnos frente a un contrato de índole
mercantil, en el cual priman la actividad económica e iniciativa
privadas dentro de los límites del bien común (artículo 333 C.P.), su
objeto consistente en prestar servicios con trabajadores en misión,
está regulado por normas imperativas y de obligatorio acatamiento,
como los artículos 71 y ss. de la Ley 50 de 1990 y el parágrafo del
artículo 6 del Decreto 4369 de 2006; que siendo leyes de carácter
laboral, no pueden ser desconocidas por los particulares en sus
negocios; toda vez que su trasgresión genera la nulidad absoluta de
acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 899 del C. de Co; lo
que justifica que se confirme la sentencia de primera instancia.
(Subraya intencional).
Sin embargo, la impugnante al sustentar el yerro de iure,
lejos de combatir las razones aducidas por el juzgador al
momento de seleccionar el marco jurídico que tendría en
cuenta para resolver la alzada, la calidad de normas de orden
público de las disposiciones laborales invocadas o su
aplicación preferente, se centró en alegar que no puede
tenerse como ilícito un objeto válidamente permitido en
Colombia para la relación comercial existente entre las
partes, y que incurrió en error por falsa interpretación de la
ley, por cuanto: i) aplicó a la relación comercial la prohibición
que se establece para la relación laboral; ii) desconoció que
la temporalidad del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 atañe al
servicio específico de colaboración y no al contrato marco, y,
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iii) pasó por alto que, tratándose de un contrato marco, las
partes podían estipular una duración superior a un año al
verificarse las prórrogas automáticas válidamente pactadas.
Frente a estos cuestionamientos, debe destacarse que las
empresas de servicios temporales están habilitadas para
contratar la prestación de servicios con terceros beneficiarios
para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus
actividades, mediante la labor desarrollada por personas
naturales contratadas directamente por la empresa de
servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el
carácter de empleador, tipología contractual que tiene
sustento en los artículos 71 a 94 de la Ley 50 de 1990 y las
pertinentes disposiciones de su Decreto Reglamentario 4369
de 2006, en especial, el artículo 8° que define los parámetros
de los contratos de esa índole. Sin embargo, esos aspectos
carecen de relevancia en esta senda por cuanto no fue sobre
problemas de habilitación legal o la naturaleza de las
prestaciones que pueden pactarse en esa clase de contratos
que versaron las disertaciones del juzgador para definir el
litigio.
En efecto, en ningún apartado del fallo de segunda
instancia se señaló de manera general que este tipo de
contratos, per se, estuvieran afectados por objeto ilícito o que
no tuvieran respaldo jurídico, cosa distinta es que, en el
ejercicio hermenéutico propio del oficio jurisdiccional, al
analizar de manera particular el «contrato de prestación de
servicios – contratación de trabajadores temporales» celebrado entre
Zandor Capital S.A. Colombia y Human Team S.A.S., en
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especial su objeto y finalidad confrontados con las normas
de orden público que disciplinan esa clase de negocios
jurídicos, se haya advertido un vicio de tal entidad que
comprometía su validez.
En tal virtud, el reproche en punto a que el colegiado
estimó como ilícito un objeto contractual válidamente
permitido en Colombia, no se compadece con los verdaderos
motivos que orientaron esa inferencia, de manera que si
algún yerro cometió en dicho análisis no estaría relacionado
con aspectos de selección, aplicación o interpretación
normativa, sino de apreciación de los medios de convicción,
cuestionable por la vía indirecta, y con mayor razón cuando
en la sustentación de este yerro ni siquiera se pone en
entredicho la viabilidad de la interpretación judicial que
orientó la solución del caso.
Obsérvese que el estudio efectuado por el ad quem para
colegir la ilicitud del objeto contractual, no se centró en la
verificación de un eventual desconocimiento de normas
prohibitivas de esa modalidad de acuerdo de voluntades
como parece entenderlo la opugnante, sino en el análisis de
la inobservancia de disposiciones imperativas de orden
público, por lo que, de acuerdo con las reseñas doctrinarias
mencionadas en la parte inicial de estas consideraciones, al
no deducirse el objeto ilícito de la ejecución de un acto
expresamente prohibido, la conformidad del mismo con las
leyes, el orden público y las buenas costumbres, exigía una
labor interpretativa más compleja por parte del juez, en aras
de establecerlo, tal y como ocurrió en este asunto.
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4.2.- Por otra parte, debe tenerse en cuenta que entre las
normas que el ad quem halló desatendidas por los
contratantes en lo que atañe a la cláusula de prórroga, está
el parágrafo del artículo 6° del Decreto 4369 de 2006,
conforme al cual, «Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la
prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa originaria del
servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria,
esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o
con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de
dicho servicio», y fue con apego a esa prohibición que en su fallo
expuso:
Por ende, el contenido de la cláusula primera referente al objeto del
contrato y de la décimo cuarta en lo tocante con su prórroga, van en
contravía de lo estatuido por los artículos 71 y ss. de la Ley 50 de
1990 y del parágrafo del numeral 6 del Decreto 4369 de 2006, que
tienen el carácter de normas laborales (de orden público),
determinando la existencia de un vicio insubsanable por violación
de norma imperativa y por objeto ilícito, que torna en absolutamente
nulo el contrato suscrito el 9 de agosto de 2010. (Subraya
intencional).
Pese a lo expuesto, en la formulación de este cargo, la
recurrente incurre en una evidente asimetría, por cuanto
esgrime su disconformidad alegando la facultad que tenían
las partes de estipular la duración del contrato mercantil por
un lapso superior a un año, así como sus prórrogas
automáticas y una indebida interpretación del artículo 8 del
Decreto 4369 de 2006 reglamentario de la Ley 50 de 1990
que no consagra ninguna restricción temporal para el
contrato marco, todo ello sin rebatir la pertinencia o
corrección de la aplicación del parágrafo del artículo 6 del
Decreto 4369 de 2006 ni la convergencia de sus supuestos
fácticos, pese a que fue esa la norma de orden público que el
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tribunal encontró desconocida por las partes en la cláusula
14 respecto a la prórroga, de donde ese argumento como tal
permanece inalterable.
4.3.- Así mismo, es desenfocado el argumento referente
a que se cercenó el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 por
haberse centrado solo en su numeral 1, fundamento que se
cae de su peso, comoquiera que, revisado el texto del fallo en
ese aspecto se advierte que el juzgador echó de menos los
tres supuestos que prevé la norma en comentario, al indicar:
Es que comparando el objeto del contrato mercantil que se examina,
con los supuestos que taxativamente consagra el artículo 77 de la
Ley 50 de 1990 y el 6 del Decreto 4369 de 2006, refulge con
claridad, que el objeto de dicho convenio, no se compadece con las
disposiciones de orden público que indefectiblemente lo rigen;
puesto que los trabajadores que demandaría ZANDOR CAPITAL
S.A. COLOMBIA durante la ejecución del negocio jurídico, no
desempeñarían un trabajo ocasional en los términos del artículo 6
del C.S.T., no reemplazarían personal en vacaciones o en licencias
ni tampoco atenderían incrementos de producción por períodos
estacionales o por cosechas. (Subraya intencional).
4.4.- Tampoco tiene eco en la vía de impugnación
elegida, la discrepancia referente a que la consecuencia
jurídica por el incumplimiento de lo señalado en el artículo
77 de la Ley 50 de 1990 era la responsabilidad solidaria de
la empresa usuaria frente a los trabajadores y no la nulidad
absoluta del contrato, puesto que, nuevamente el censor se
aleja de cuestionar la verdadera disertación que condujo al
tribunal a resolver del modo que lo hizo, y en esencia,
propone la solución a una controversia sustancialmente
distinta a la que dio origen a este proceso, esto es, la que
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eventualmente podría surgir entre los trabajadores en misión
y las dos empresas.
4.5.- Los reproches referentes a que se desconoció que
la temporalidad del artículo 77 de la Ley 50 de 1990
concierne al servicio específico de colaboración y no al
contrato marco, y a que los empleados contratados para
prestar un servicio temporal «sí pueden desarrollar las mismas
actividades, obras u operaciones que las ejecutadas por los empleados
que desarrollan el objeto social en calidad de permanentes», resultan
desconectados de los pilares argumentativos del fallo y por lo
mismo insuficientes para quebrarlo.
Lo anterior, por cuanto, se insiste, el límite temporal
que advirtió el sentenciador para deducir la invalidez de la
cláusula 14 fue el previsto en el parágrafo del artículo 6° del
Decreto 4369 de 2006, mientras que el reparo frente al
acatamiento de lo dispuesto en el artículo 77 de la citada Ley
50, no se basó en el estudio de los contratos de trabajo
efectivamente celebrados, sino que se remontó a la fase de
celebración del negocio mercantil que vinculó a los
contendientes, concluyendo que los trabajadores que
demandaría la convocada durante su ejecución, «no
desempeñarían un trabajo ocasional en los términos del artículo 6 del
C.S.T., no reemplazarían personal en vacaciones o en licencias ni
tampoco atenderían incrementos de producción por períodos
estacionales o por cosechas», todo ello a partir de una
interpretación sistemática de dichas disposiciones jurídicas
confrontadas con la finalidad perseguida por los
contratantes, de ahí la falta de sustento de la distorsión en
la interpretación normativa alegada.
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5.- Desde la anterior perspectiva, el recurrente no atinó
en el desenvolvimiento de la censura por afrenta directa de
normas sustantivas, por lo que inanes resultan también por
su generalidad, los planteamientos referidos a que el
juzgador no tuvo en cuenta la naturaleza mercantil del
contrato, así como la especialidad de las empresas de
servicios temporales y sus relaciones con sus trabajadores y
las empresas usuarias.
En suma, el cargo no se abre paso.
V.- SEGUNDO CARGO
Se acusa violación indirecta de los artículos 71, 74, 75,
76, 77, 79, 81 y 83 de la Ley 50 de 1990; el parágrafo del
artículo 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015 y el Decreto
4369 de 2006 en sus artículos 6 y 8, como consecuencia de
los errores manifiestos de hecho en la apreciación de las
pruebas.
En tres puntos fundó el cuestionamiento al fallo de
segunda: i) por la declaratoria de nulidad del contrato; ii) por
haber concluido que no está probado el número de
trabajadores requeridos por Zandor después de la prórroga,
y, iii) por haber señalado que el daño era incierto. Todo ello,
desde el punto de vista del censor, debido a la falta de
valoración de los documentos, dictamen pericial,
testimonios, declaraciones de parte y confesión por
apoderado judicial, obrantes en el plenario.
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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1.- En cuanto a la declaratoria de nulidad, se afirma
que se realizó una equivocada interpretación del objeto del
contrato, por lo siguiente:
1.1.- Desconoció que los convenios que se celebran con
las empresas de servicios temporales pueden ser a través de
un único contrato marco, en este caso, con la emisión de
varias órdenes de servicio remitidas por la empresa usuaria
por correos electrónicos. De acuerdo con el contrato marco y
los contratos laborales de 456 trabajadores referidos en el
dictamen pericial, «sí podían pretender las partes, cubrir con
trabajadores en misión las funciones relacionadas con la actividad
minera», pues no se trata de una actividad prohibida.
Es evidente el error toda vez que se concluyó «que existe
objeto ilícito por la celebración del contrato de prestación de servicios –
contratación de trabajadores temporales, sin que de tal instrumento
contractual ni de las pruebas documentales se desprenda dicha
irregularidad sustancial», sin tener en cuenta que el mismo fue
celebrado a la luz del artículo 8 del Decreto 4369 de 2006 y
corresponde a una práctica válida en Colombia celebrar
contratos comerciales marco con empresas de servicios
temporales que perduran en el tiempo.
La violación de facto estriba en deducir que el objeto
planteado en el contrato marco de prestación de servicios de
empleados temporales es nulo «por haberse contratado
trabajadores para temas misionales, es decir, para los temas que
únicamente debían realizar los trabajadores permanentes que supone la
sentencia, debía tener la empresa usuaria para el desarrollo de su
actividad comercial, esto es la actividad de exploración y explotación
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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minera»; pues brilla por su ausencia la prueba de tal ilicitud y
se desconocen las aportadas por la demandante para
sustentar sus pretensiones, y tampoco se acreditó que las
labores desempeñadas por los 500 trabajadores durante la
ejecución del contrato «se hayan prestado en un mismo servicio por
espacio superior a un año, debido a que no se incurrió en la prohibición
temporal».
1.2.- El Tribunal infirió una colusión para defraudar a
los trabajadores sin sustento probatorio, sin tener en cuenta
la finalidad del contrato y que el interés de la demandante
era que éste tuviera una proyección entre 3 y 5 años según
lo relató en su interrogatorio el representante legal de
Human; además, en el dictamen pericial se determinó el
número de trabajadores que prestaron su servicio durante la
ejecución del negocio, y que «no todos los contratos fueron
celebrados en el mismo mes, ni en todos los meses de ejecución del
contrato permanecieron los mismos trabajadores».
No existe ningún elemento de convicción que permita
colegir que Human participó con Zandor «en una estratagema
según la cual pretendían desconocer la finalidad que trae la ley para
contratar con empresas de servicios temporales», lo estipulado en el
contrato y las pruebas, da cuenta de la intención de los
contratantes al momento de celebrar el pacto y del motivo
serio que tenía Human para afrontar los compromisos que
asumía una multinacional canadiense en Colombia. En esa
medida, no se demostró que entre demandante y demandada
pretendieran, mediante un contrato mercantil sujeto a
normas laborales de orden público, extender la prestación de
un servicio con trabajadores en misión por un lapso superior
a un año.
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
38
El Tribunal desconoció las «revelaciones» del testigo
Fernando Vallejo respecto a lo sucedido en la etapa
precontractual que influyen en la causa justa de la aquí
demandante y en su expectativa legítima de contratar por un
término superior a un año a los anteriores empleados de
Frontino Gold Mines, lo que deja sin sustento la conclusión
de que ambas partes tuvieron un fin contrario a lo perseguido
por la ley.
Que se haya probado que Zandor tuvo una finalidad
contraria a derecho según la cual buscaba inicialmente la
contratación de Human y otras dos empresas de servicios
temporales en el año 2010 para suplir su propia planta de
personal; después contratar vía outsourcing a Estrategias y
Minas y luego a Tiempos S.A., Max Empleos S.A.S y Uno A
S.A., no implica que se haya demostrado que ambas partes
buscaban desconocer la finalidad que la ley ha contemplado
para esas modalidades de contratación, por ello, yerra el
Tribunal al inferir lo contrario sin pruebas de respaldo y al
endilgar culpa a Human fundada en inferencias. Así mismo,
omitió analizar la declaración de Fernando Vallejo, según la
cual, la finalidad de la demandada al terminar abruptamente
el contrato no obedeció a la infracción de la Ley 50 de 1990,
sino a la «necesidad de evitar la sustitución patronal y el plan de evitar
contratar o los empleados como permanentes una vez cumplieran un año
en el mismo cargo».
1.3.- Para resolver acerca del objeto del contrato y del
alcance de su cláusula 14, el ad quem no valoró que era lícito
pactar la prórroga del acuerdo comercial, lo que no va en
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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contravía de que Human hubiere realizado con cada uno de
los trabajadores un contrato laboral sin vulnerar la
prohibición de prestar el servicio en la misma causa original
solicitada por Zandor, es decir, la prórroga del contrato
comercial no implicaba que la labor se prestara por espacio
superior a un año en el mismo servicio, pues se trata de dos
escenarios contractuales distintos.
El juzgador no valoró la Resolución 0123 del 13 de
febrero de 2013 proferida por el Ministerio de Trabajo que se
convierte en la prueba demostrativa de que no se vulneraron
los derechos de los trabajadores, pues en la investigación
administrativa no se encontró mérito para calificar de ilícita
la intermediación contratada por Zandor Capital con la
sociedad Estrategias y Minas, ni razones para sancionarla.
Además, pasó inadvertido que en ninguno de los
contratos laborales celebrados por la demandante y los
trabajadores se incurrió en la prohibición temporal de la Ley
50 de 1990; tampoco tuvo en cuenta los «correos electrónicos que
reposan en el plenario» por medio de los cuales la empresa
usuaria ordenaba los cambios de servicio de los trabajadores
enviados en misión lo cual da cuenta de la forma en que se
instrumentalizó el contrato comercial marco y deja en
evidencia que en el mismo servicio no se cumplía un año por
el solo hecho de que hubiese transcurrido el primer año del
contrato comercial. En virtud de dicha modificación, sin
contrariar el ordenamiento jurídico colombiano, los
trabajadores podían prestar o continuar con la prestación del
servicio hasta el 11 de junio de 2012 en el seno del contrato
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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comercial marco, situación que podía mantenerse de forma
indefinida si la necesidad de su prestación persistía, como en
efecto sucedió y se acreditó en el proceso.
1.4.- De las pruebas practicadas se deduce que Zandor
sí requería trabajadores a la terminación de su relación con
la accionante y que su finalidad era no vincular a los
empleados directamente luego de culminar labores con
Human para evitar a toda costa la sustitución patronal, por
lo que decidió a partir del 1° de septiembre de 2011 realizar
la contratación del personal a través de la empresa
Estrategias y Minas, situación que igualmente podía inferirse
de otras probanzas que no se valoraron como el dictamen
pericial y las copias de las sentencias laborales aportadas en
la audiencia de testimonio de Fernando Vallejo.
2.- También se equivocó el ad quem al considerar que
no está probado el número de trabajadores requeridos por
Zandor luego de la prórroga del contrato, aduciendo que se
trataba de una obligación de índole condicional o «simplemente
potestativa». Pasó por alto que existió gran flujo de personal
entre los meses de septiembre de 2010 y agosto de 2011 y
aunque por voluntad de la demandada dejaron de requerirse,
el caso es que, de manera contradictoria, al día siguiente,
procedió a contratar el mismo personal, pero a través de la
empresa Estrategias y Minas, lo que constituye una evidencia
irrefutable de que sí eran requeridos los trabajadores.
Es claro que al momento de suscribirse el contrato en
cuestión ambas partes eran conscientes de que los
trabajadores en misión se podrían necesitar por un periodo
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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superior a un año, razón por la cual en la cláusula 12 dejaron
abierta la posibilidad de seguir adelante con su ejecución
mientras éstos permanecieran vinculados.
3.- El otro error consistió en aseverar que el daño es
incierto por falta de valoración de las pruebas de los
perjuicios. El fallador no analizó la conclusión del dictamen
pericial respecto a que el «colapso financiero de Human se debió a
la ruptura unilateral y sin causa por parte de Zandor», lo que no
permitió mantener la planeación de las condiciones
administrativas para el salvamento financiero de la
compañía, que se proyectó «conforme a los ideales brindados por la
parte contratante, y máxime después del 9 de julio de 2011 que se
entendía válidamente prorrogado el contrato suscrito».
4.- Las equivocaciones denunciadas inciden en forma
directa en la parte conclusiva del fallo, toda vez que el
juzgador resolvió el caso como si el asunto fuera de puro
derecho, sin valorar el acervo probatorio de manera integral
y en conjunto, como lo exige el artículo 176 del Código
General del Proceso; no estudió debidamente el contrato, los
documentos cruzados entre las partes, las pruebas
practicadas en el proceso, ni el dictamen pericial. Si se
hubieran valorado las pruebas que dan cuenta de la
intención de Human al momento de contratar y delimitado
los hechos probados antes de la celebración del contrato,
durante su ejecución y con posterioridad a la terminación
intempestiva, la conclusión hubiese sido distinta.
La actitud «anti contrato» por parte de la convocada solo
se reveló con posterioridad a la terminación del convenio,
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específicamente, durante la etapa probatoria de este proceso,
por lo que mal hace el Tribunal en calificar que la causa
ilegítima es común a las partes, pues se probó que la
actuación y voluntad de Human siempre fue ajustada a
derecho; igualmente, que los trabajadores contratados por
Human fueron los mismos que contrató Estrategias y Minas
y luego las tres empresas de servicios temporales; pero no se
demostró que los contratados por estas empresas
permanecieran durante un año en la causa original para la
cual fueron contratados por Human.
El yerro es evidente, pues la única prueba para avalar
los hechos de la contestación de la demanda deviene en
otorgar credibilidad a la declaración del representante legal
de la demandada, según la cual es nula la cláusula 14,
ignorando su confesión en lo que es desfavorable que devela
la intención torcida de Zandor, y si no hay prueba de los
hechos narrados por la demandada, la sentencia está basada
en una arbitrariedad.
CONSIDERACIONES
1.- Una de las vertientes de la afrenta indirecta de la ley,
atañe al error de hecho manifiesto y trascendente en la
apreciación de los medios de convicción. Sobre este motivo,
la Sala ha precisado que solo se configura cuando el vicio
emerge abrupto y ostensible, de manera que analizado el
contenido material de las pruebas, en contraste con las
conclusiones a las que arribó el juzgador por efecto de su
valoración, salte de bulto la disconformidad.
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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2.- En este caso el sentenciador declaró la nulidad
absoluta del «contrato de prestación de servicios – contratación de
trabajadores temporales» celebrado entre Zandor Capital S.A.
Colombia y Human Team S.A.S., tras confrontar algunas
disposiciones imperativas de carácter laboral con las
cláusulas primera y décimo cuarta del contrato, además,
tuvo en cuenta el objeto social de la demandada y el deber de
la accionante de conocer la normatividad y limitaciones que
rigen su oficio.
3.- La censura alegó una equivocada lectura de la
cláusula primera del contrato que define su objeto, por
cuanto éste se celebró con apego al artículo 8 del Decreto
4369 de 2006 que autoriza esa modalidad de negocios como
una práctica comercial válida, y aseveró también que,
contrario a lo afirmado por el ad quem, las partes sí podían
cubrir mediante trabajadores en misión las labores
relacionadas con la actividad minera de la usuaria por no
estar prohibida.
Al respecto se advierte que, por su generalidad, ese
argumento de inconformidad distorsiona la verdadera
motivación del ad quem, comoquiera que, según se explicó en
precedencia, éste en ningún momento sostuvo que la ilicitud
del objeto emanara de un acto ilegal o prohibido, o que a
través de empresas de servicios temporales la demandada no
podía contratar la realización de actividades propias del
desarrollo de su objeto social, cosa distinta es que, en el
escrutinio del caso en particular y al analizar los medios de
convicción que consideró pertinentes, haya llegado al
convencimiento de que siendo el objeto social de Zandor
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Capital S.A., la «(...) inversión, prospección, construcción de
infraestructuras, montaje, explotación, beneficio, transformación,
transporte, comercialización y exportación de todos o cualquier de los
minerales, hidrocarburos y energía eléctrica que se encuentren en el
suelo y el subsuelo (...)»; el contrato celebrado con la accionante
con el fin de «prestar el servicio con los trabajadores en misión que
requiera la empresa usuaria, para el inicio de las operaciones en la
exploración, explotación y beneficio, de todas aquellas
relacionadas con la actividad minera»; en realidad tenía como
finalidad «suplir su planta de personal» de la primera para que
trabajadores temporales ejecutaran las actividades que de
manera permanente necesitaba desarrollar.
Así, concluyó que ese negocio contrariaba los artículos
77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del Decreto 4369 de 2006, puesto
que los trabajadores que demandaría la usuaria no
desempeñarían un trabajo ocasional en los términos del
artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, no
reemplazarían personal en vacaciones o en licencias ni
tampoco atenderían incrementos de producción por períodos
estacionales o por cosechas.
Desde esa óptica, cualquier desliz del juzgador en la
apreciación probatoria ha debido atacarse a partir del
desacierto del raciocinio que lo condujo a esas deducciones,
tarea que resultó frustránea, según pasa a explicarse.
3.1.- En efecto, en la cláusula primera del contrato
celebrado entre las partes se plasmó como su objeto:
Prestar el servicio con los trabajadores en misión que requiera la
empresa usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploración,
explotación y beneficio de todas aquellas relacionadas con la
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actividad minera. Del título minero de propiedad privada RPP140
Ñeme Ñeme, código EDKE001 por la empresa Zandor Capital S.A.
Colombia de acuerdo con las características que se convengan en
cada caso y por el tiempo que, a juicio del usuario sea necesario. La
empresa Human Team S.A., se obliga para con el usuario a prestar
el servicio de personal para el desempeño de labores temporales y
transitorias en las dependencias del usuario, de conformidad con
las condiciones establecidas en este contrato. Los servicios de que
trata este contrato estarán sujetos en cada caso a los dispuesto en
el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
Revisado el argumento de la providencia impugnada,
resulta palmario que el tribunal no interpretó esa cláusula
de manera aislada, sino que para llegar a la conclusión, que
a la postre definió la suerte del proceso, tuvo en cuenta lo
que denominó una «estrecha relación entre la razón de la celebración
del convenio mercantil y el objeto social de la usuaria», apreciación
que de ninguna manera resulta desconectada de los medios
documentales que le sirven de soporte, toda vez que,
ciertamente, en el objeto del contrato se dice expresamente
que la prestación de los trabajadores en misión se realizará
para el «inicio de las operaciones» allí descritas.
Tal expresión armoniza con lo narrado en el hecho
primero de la demanda respecto a que el contrato se celebró
para que la accionante suministrara personal a la accionada
«para que así mismo dieran inicio a la exploración, explotación y
beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera», así
como con el dicho del testigo Fernando Vallejo Ortiz, quien
igualmente refirió que Zandor apenas iba a comenzar las
actividades de esa índole en Colombia y con la cláusula 22
del contrato que supedita su efectividad, al indicar que, «para
todos los efectos este contrato nace a la vida jurídica una vez Zandor
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Capital S.A. Colombia sea propietaria del título minero de propiedad
privada RPP140 Ñeme Ñeme código EDKE001».
En esa medida, no carece de sustento el razonamiento
referente a que, por tratarse a penas de la iniciación de las
actividades mineras por parte de la convocada, lo que
pretendía era suplir su planta de personal con trabajadores
en misión, por cuanto los que llegara a requerirle a la
demandante no desempeñarían un trabajo ocasional en los
términos del artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, no
reemplazarían personal en vacaciones o en licencias ni
tampoco atenderían incrementos de producción por períodos
estacionales o por cosechas, lo que a su vez, afianzó en la
certificación del revisor fiscal de Human respecto a la
magnitud de los ingresos que ese contrato le reportaba a la
accionante (50.54% del total) y en lo señalado por el testigo
Fernando Vallejo, quien «expresó que, comenzaron con 14
trabajadores; en diciembre alcanzaron a tener 497 trabajadores, casi
500 trabajadores; pactándose el plazo y el suministro del contrato de
empleados para lo que fuera necesario».
3.2.- El otro reproche fáctico atañe a lo que el
inconforme califica como desconocimiento de que el contrato
fue celebrado a partir de una práctica válida en Colombia;
que del mismo no se desprende irregularidad sustancial y
que en los correos electrónicos cruzados entre las partes no
se anunciaba «que la terminación unilateral del contrato se daba por
haberse celebrado con objeto ilícito».
Al efecto, es preciso memorar que el tribunal no extrajo
el motivo de nulidad de un apartado específico del negocio
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jurídico objeto de controversia, ni de un texto legal
prohibitivo de ese tipo de relaciones comerciales en general,
sino de su interpretación integral a la luz de la legislación
laboral que debió ser tenida en cuenta por las partes al
tiempo de ser ajustado.
Nótese que en la cláusula segunda del referido
convenio, se precisaron las obligaciones que el contratista
Human Team S.A.S. contraía con el usuario Zandor Capital
S.A. Colombia, así: «a) A prestar el servicio con los trabajadores en
misión que éste le requiera, de acuerdo con las características que se
convengan en cada caso, por el tiempo convenido con el usuario y que
sea necesario para ejecutar el objeto del contrato; en ningún caso la
ejecución del contrato del trabajador en misión excederá de seis (6)
meses y si subsiste la necesidad del servicio podrá ser prorrogable
únicamente por seis (6) meses más», seguidamente, se relacionan
las obligaciones de carácter legal, laboral y de coordinación
que asumiría respecto de los empleados en relación con
Zandor, precisando, «k) en general a cumplir estrictamente las
disposiciones laborales vigentes, como empleador que es del personal
dedicado a prestar servicios al usuario».
El texto de las obligaciones consagradas en dicho
apartado no logra derruir las inferencias del juez colegiado
en cuanto al objeto contractual y su finalidad, toda vez que
éste no sustentó su decisión en la falta de estipulación o
acatamiento de las obligaciones legales allí contraídas por la
empresa de servicios temporales, sino en el desconocimiento
implícito de disposiciones laborales a través de una forma de
contratación prevista para situaciones particulares (art. 77
Ley 50/90), que no se compadecían con la verdadera
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finalidad de la usuaria dirigida a suplir toda su planta de
cargos con trabajadores en misión.
Tampoco tiene asidero el yerro derivado de haber
pasado por alto la prueba de que los trabajadores en misión
sí están habilitados para desempeñar actividades propias de
la empresa usuaria, por cuanto parte de una premisa
equivocada dado que en ninguna parte de la providencia
impugnada el juzgador sostuvo tal cosa. Su disertación se
centró en lo que dedujo era la finalidad de los contratantes,
sin desconocer la viabilidad de la contratación de servicios
temporales siempre que se respetaran las disposiciones
laborales que la condicionan y limitan, lo que, de suyo,
incluye el cumplimiento de actividades propias.
Deviene de lo analizado que no es factible dar crédito a
la censura en lo que respecta a una equivocada
interpretación del objeto contractual, pues, se itera, ésta no
se circunscribió a la literalidad de sus cláusulas, y por lo
mismo, ningún error evidente y trascendente puede
deducirse de la apreciación del contrato en sí.
4.- Para la recurrente no existe prueba de lo discurrido
por el fallador acerca de que ambos contratantes tenían la
finalidad de desconocer las normas imperativas que limitan
el suministro de trabajadores temporales para el desarrollo
de las actividades de minería propias de la demandada, y que
se haya probado que la finalidad de Zandor era contraria a
derecho al contratar con Human y otras dos empresas de
servicios temporales para suplir su propia planta de
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personal, no implica demostración de que las dos partes
buscaron desconocer la finalidad que la ley contempla para
esa modalidad de contratación, por lo que erró el tribunal al
inferir culpa de Human.
Sobre esa temática se recuerda que la conclusión
referente a que la demandante también participó de la
finalidad convencional encaminada a que la empresa usuaria
pudiera desde el inicio desempeñar las actividades de
minería y demás propias de su objeto social a través de
trabajadores temporales y no permanentes, se afianzó en el
razonamiento acerca del conocimiento de la legislación
laboral que ésta debía tener. Al respecto, en el segmento del
proveído referente a la inviabilidad de imponer restituciones
mutuas, acotó,
ambas partes contratantes y sobre todo la parte demandante
(atendiendo a su carácter profesional en el sector de la contratación
de servicios temporales), tiene la obligación de conocer la Ley
(artículo 9 del Código Civil), lo que permite colegir que la
demandante debía conocer la existencia de la limitación legal y el
hecho de celebrar un contrato que fuera en contravía, determina el
conocimiento previo de la ilicitud del objeto relacionado con la
prestación de servicios con trabajadores en misión en todas
aquellas funciones relacionadas con la actividad minera, buscando
superar el término de un año; violentando lo permitido por las
normas de orden público.
Como puede apreciarse, la recurrente no cuestionó el
argumento específico del a quo en punto a que, por su
carácter de profesional en la prestación de servicios
temporales debía conocer las limitaciones legales de ese tipo
de contratación, por lo que el mismo permanece firme dado
que su solidez y pertinencia son inobjetables.
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El reparo se orientó a señalar, de manera general, que
no existe prueba de un acuerdo dirigido a defraudar
disposiciones laborales y a refutar que no se hayan valorado
en su integridad las pruebas allegadas, lo que encajaría en la
alegación de un error por suposición de las pruebas que
condujeron a esa inferencia. En esa dirección, es menester
entrar a revisar si, como se afirma, no existen medios
demostrativos al respecto o aquellos cuya valoración fue
omitida habrían conducido a una conclusión
sustancialmente distinta.
En cuanto al desconocimiento de las «revelaciones» del
testigo Fernando Arturo Vallejo Ortiz respecto a lo sucedido
en la etapa precontractual que influían en la expectativa
legítima de la demandante de contratar por un término
superior a un año a los anteriores empleados de Frontino
Gold Mines, se advierte que en la audiencia celebrada el 6 de
diciembre de 2018, el mencionado declarante10, quien
manifestó que se desempeñó como asesor de Human Team,
y dio su concepto jurídico favorable respecto del contrato
mercantil celebrado con Zandor Capiltal. Refirió11:
hubo una etapa precontractual en la cual las partes se dijeron
bueno tenemos esta necesidad, usted que nos puede ofrecer,
Human Team le dijo yo puedo ofrecerle como una empresa que estoy
constituida hace muchos años, el personal que usted necesite, yo
puedo trasladarme a Antioquia, porque esta empresa funcionaba en
Bogotá y tenía algunas sedes, yo puedo poner una sede también en
Medellín, yo puedo suministrarle personal tanto para la labor de las
minas, como puedo ponerle oficinas administrativas en Segovia y
donde usted necesite. Se hicieron las discusiones sobre los valores
10 Cfr. Folio 442 expediente físico. Video inicial A) Hora: 2.07.00
11 Cfr. Hora: 2.11.40
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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y los valores realmente eran sencillos, ¿Sencillos como que es?
bueno, pues si yo le voy a dar el personal, usted me paga, usted
ZANDOR me paga lo que yo gaste en ese personal (…) finalmente
llegan a un acuerdo y se dicen nosotros Zandor Capital le pagamos
eso, más (…) un cálculo por administración que era del 9%. Eso lo
acordaron, cuando estuvieron ya convencidas las dos partes de que
eso se debía firmar, escogieron el 9 de agosto como fecha Inicial del
contrato y se firmó y se pactó. Como estaba previéndose que serían
hasta 1.000 trabajadores en ese momento, se dijo pongamos una
cláusula de prórroga por ahora por un año, pero en las
conversaciones previas se hablaba mínimo de tres años, entonces
se dijo pongamos una prórroga de un año, ¿Por qué? porque es que
Human Team decía, es que yo voy a invertir, yo tengo que gastar
un dinero y yo necesito esto es una cosa comercial, yo necesito tener
precauciones financieras para mantener ese contrato. En esas
condiciones se firmó y empezó ese día señor Juez el 09 de agosto,
ese día empieza con 14 trabajadores señor juez, 14 nada más; es
decir 14 no tiene nada que ver con lo que había al 31 de agosto del
año 2011. Al mes siguiente a agosto, en septiembre el contrato ya
va en 415 trabajadores, en octubre el contrato ya va en 421
trabajadores, en noviembre va en 452 trabajadores y en diciembre
va en 497 por 3 no llegamos a los 500.
Más adelante, al ser indagado sobre su interpretación
del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, respondió que esa
norma propende porque los trabajadores tuvieran estabilidad
en la empresa en que están laborando. Y afirmó que, en este
caso, los empleados se enviaban en misión para que
cumplieran un objeto específico; dio ejemplos de la manera
en que el usuario podía modificar las funciones en distintos
oficios y aseguró que lo que la ley prevé es que un trabajador
no puede estar en el mismo servicio por más de 6 meses, pero
que ello no impide que pueda cumplir una labor desde una
fecha y con posterioridad se presenten cambios de oficio de
acuerdo a los requerimientos del usuario. Y a la pregunta
acerca de si esa interpretación se extiende a lo previsto en el
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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numeral 6 del Decreto 4369 de 2006 y su parágrafo12,
respondió que para esos eventos se celebró el contrato según
las necesidades que tuviera de Zandor, y acotó, además, «no
podemos pasar por inadvertido que Zandor empezaba en ese momento
una labor muy especial en Antioquia, Zandor se constituyó para eso, y
no es que viniera de atrás laborando en eso, exactamente en Antioquia,
Zandor se constituyó para eso empezó a prever esos 3 eventos»13.
Luego manifestó que, por distintas circunstancias, el
señor Roger quedó como único socio de Human Team, y
asumió la gerencia, así como el trabajo de posicionarla; que
lo vio muy motivado con el negocio con Zandor, porque le
ofrecían un potencial de 1000 trabajadores, por lo que tenía
que montar una oficina en Antioquia, como en efecto lo hizo;
y agregó, que no fue fácil contratar los trabajadores porque
venían de una lucha sindical con la Frontino Gold, pero
Human logró “capturar a toda esa gente para ofrecérsela a Zandor
Capital”14
Y a una pregunta del procurador judicial, respondió15
que Zandor apenas empezaba actividades en esa labor y al
llegar a Colombia se encontró con un conflicto que tenían los
trabajadores de la empresa Frontino de connotación social y
laboral, por lo que meditaron que no les convenía contratar
esos trabajadores directamente porque les podían alegar
sustitución patronal, y por ello optaron por las empresas
temporales como Human a la que en el precontrato le dijeron
que iban a llegar a 1000 trabajadores.
12 Cfr. Ibidem, hora: 2.25.50
13 Cfr. Ibidem, hora: 2.27.40
14 Cfr. Ibidem, hora: 2:33.25
15 Cfr. Parte b) audiencia inicial, hora: 1.17.00
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El dicho de este testigo resulta relevante porque alude
a la fase precontractual del negocio jurídico objeto de la
controversia, de la que tuvo conocimiento directo en su
condición de asesor jurídico de la promotora, no obstante, en
contravía de lo indicado por la recurrente, sus afirmaciones
lejos de aminorar las inferencias del Tribunal las ratifican.
Ciertamente, con lo expuesto por ese declarante se
corrobora que la demandante era profesional en la prestación
de servicios temporales y contaba con la pertinente asesoría
jurídica al momento de celebrar el contrato, lo que permite
establecer que ningún yerro cometió el ad quem, al dar por
establecido que ésta contaba con suficientes conocimientos
sobre la normativa laboral que debía tener en cuenta por su
repercusión en el contrato comercial. Adicionalmente, el
testigo ratificó que Human sabía que Zandor requería un
considerable número de empleados porque apenas iba a
iniciar su actividad minera en Colombia y no quería
contratarlos directamente para evitar que se presentara el
fenómeno de la sustitución patronal, por lo que optó por
contratar los servicios a través de empresas temporales como
Human Team, frente a la cual generó una expectativa de llegar
a 1000 trabajadores.
El hecho de que la sociedad demandante haya
efectuado una importante inversión de recursos financieros
y administrativos para dar cumplimiento a lo acordado con
Zandor con la confianza de su prórroga, no desdice de que
en esa contratación las dos partes eran conocedoras de que,
en últimas, lo que se pretendía, como lo dedujo el Tribunal,
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era suplir en su totalidad la planta de personal de la
convocada, pasando por alto los precisos eventos que la ley
colombiana autoriza para la contratación de trabajadores en
misión.
Esa conclusión tampoco se desvanece por la aducida
falta de valoración de algunos correos electrónicos de la
demandada -copias allegadas en la audiencia el testigo
Fernando Vallejo16-, con los que se pretendía demostrar que
durante la ejecución del contrato se presentó la práctica de
cambio de oficio o de actividades de los empleados ordenada
por la usuaria, por lo que no era cierto que su permanencia
en los respectivos cargos sobrepasara el término de seis
meses prorrogables por el mismo periodo. Lo anterior, por
cuanto la decisión del juzgador de segunda instancia no se
centró en la valoración pormenorizada de lo acaecido en la
fase de ejecución del contrato, sino en la etapa de
celebración, en la cual halló que la finalidad de los
contratantes era contraria a normas imperativas laborales,
de ahí, que la omisión aducida carece de relevancia, y con
mayor razón cuando los documentos que se afirma omitidos
solo aluden a algunos casos aislados, pues según quedó
establecido Human remitió aproximadamente 500
trabajadores a Zandor mientras subsistió su vínculo
negocial.
Por lo demás, tampoco se advierte yerro fáctico por no
haber valorado la Resolución 123 del 13 de febrero de 2013,
16 Continuación audiencia. Cd. B). Hora: 31.00. Folios 395-430 cuaderno 1, expediente
físico.
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mediante la cual el Ministerio de Trabajo se abstuvo de
sancionar a Zandor Capital y a Estrategias y Minas dentro de
la investigación administrativa de carácter laboral que
adelantó17, dada la inconducencia del referido medio pues de
su texto se extrae que tal investigación solo involucró a las
mencionadas sociedades y nada tuvo que ver con el contrato
comercial suscrito por Human Team y Zandor.
5.- Adujo el recurrente que para resolver acerca del
objeto del contrato y del tenor literal de su cláusula 14, no se
consideró que era lícito pactar su prórroga, lo que no va en
contravía de que Human acordara con cada uno de los
trabajadores una relación laboral sin vulnerar la prohibición
temporal.
Sobre este punto, es preciso destacar que, de acuerdo
con la motivación del fallo, la norma imperativa inobservada
por las partes al acordar la prórroga del contrato fue el
parágrafo el artículo 6° del Decreto 4369 de 2006 conforme
al cual, «[s]i cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que
se refiere el presente artículo, la causa originaria del servicio
específico objeto del contrato subsiste en la empresa usuaria, esta
no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con
diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho
servicio» (se resalta).
De allí, lo desenfocado que resulta el argumento de
censura referente a que dicha cláusula no contravenía el
ordenamiento por cuanto Human podía acordar con cada
uno de los trabajadores una relación laboral sin vulnerar la
17 Cfr. Folios 388-394. C.1 expediente físico.
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prohibición temporal, dado que no fue ese el reproche del
juez colegiado para deducir que el convenio respecto de la
prórroga automática contradecía una norma imperativa
como lo era el parágrafo el artículo 6° del Decreto 4369 de
2006, precepto que propende por evitar el fraude a la ley en
la contratación de trabajadores en aquellos eventos que el
servicio en sí mismo considerado no tiene las características
de excepcional o temporal, sino que es de aquellos que
requiere la empresa de manera continua para el desarrollo
de sus actividades.
Aun prescindiendo de tal exigencia técnica, lo cierto es
que, auscultado el fallo impugnado, se advierte que ningún
defecto fáctico cometió el juzgador por no haber tomado en
consideración las pruebas relacionadas por la censura
referentes al traslado a la empresa Estrategias y Minas S.A.,
del personal inicialmente contratado por Human para
prestar sus servicios en Zandor, por el contrario, esa sola
circunstancia sirve para conferirle razón a sus deducciones
respecto a la inviabilidad de pactar la prórroga en un
contrato en el que, efectivamente, «la causa originaria del
servicio específico objeto del contrato» seguía subsistiendo en
la empresa usuaria, un año después del inicio de la relación
comercial con la de servicios temporales para cubrir las
labores que de manera permanente aquella requería para
desarrollar su objeto social, apreciación que para el juzgador
igualmente quedó reafirmada con la declaración del testigo
Fernando Vallejo en lo referente al notable incremento de los
trabajadores en misión que Human le remitió a Zandor
durante el año de duración del contrato.
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En suma, la apreciación ofrecida por el fallador a los
medios demostrativos tenidos en cuenta no resulta
antojadiza o contraevidente y tampoco se acreditó ningún
desvió evidente y trascendente por no haber valorado otros
medios pues ese laborío se tornó innecesario ante la
naturaleza de la decisión adoptada.
6.- Por otra parte, inanes resultan todos los reproches
relacionados con la falta de valoración de elementos de
convicción de los cuales podía deducirse el incumplimiento
contractual endilgado a la convocada18, en especial, por dar
cuenta de que ésta sí necesitaba a los trabajadores de
Human con posterioridad a la terminación de la relación
comercial, al punto que los contrató por conducto de
Estrategias y Minas S.A.S., y posteriormente a través de otras
empresas de servicios temporales; o que actuó de ese modo
para no contratarlos de manera directa, evitar que los jueces
ordenaran su reintegro sin solución de continuidad y no
enfrentar demandas por sustitución patronal.
Lo anterior, porque ante la refrendación de la sentencia
de primer grado por un aspecto de puro derecho como lo es
el relacionado con la validez del negocio jurídico, ningún
yerro podía cometer el juzgador por no incursionar en el
estudio de las pruebas con las que la demandante pretendió
demostrar el incumplimiento de su opositora, pues declarada
la nulidad del contrato en su integridad, innecesario
18 mensajes electrónicos, documentos referidos en la contestación de la demanda y
anexos presentados ante un tribunal de arbitramento, copias de sentencias judiciales,
conceptos jurídicos, información contable y financiera de la demandante, dictamen
ericial, declaraciones de parte, etc.
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resultaba detenerse en la acusación referente a que la
convocada no honró su cláusula de prórroga.
En ese sentido, en forma puntal, y una vez concluido el
referido estudio de validez, el tribunal puso de presente,
«[a]nte la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios, la Sala
se releva del análisis del tema fundante de la demanda, que
correspondía al hipotético incumplimiento de la entidad demandada,
relativo a la prórroga del contrato por un año más; no siendo necesario
desarrollar los demás puntos de inconformidad presentados por la parte
demandante», de manera que no existió la omisión en la
valoración de algunos medios que le achaca la recurrente,
sino una determinación consciente del juzgador por
considerarlo innecesario.
7.- Los reparos contra los razonamientos del tribunal
acerca de la falta de prueba del número de trabajadores
requeridos por Zandor luego de la prórroga del contrato y
sobre la ausencia de certeza del daño, son irrelevantes toda
vez que al permanecer incólume la nulidad del contrato como
razón determinante del fracaso de las súplicas, resulta
innecesario en esta sede evaluar el respaldo probatorio de los
argumentos adicionales del juzgador relacionados con esos
dos aspectos, los cuales fueron considerados a manera de
refuerzo y solo si «en aras de discusión se diera por descontado el
tema de la validez del contrato de prestación de servicios celebrado entre
las partes», cosa que no ocurrió, pues el recurrente no logró
derruir la presunción de legalidad y acierto que ampara a la
providencia fustigada.
Por lo expuesto, este cargo tampoco se abre paso.
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8.- Como la decisión es adversa a la recurrente, será
condenada en costas, de conformidad con el numeral 1° del
artículo 365 del Código General del Proceso, y se tendrá en
cuenta que oportunamente la opositora formuló réplica.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 7 de
octubre de 2019, en el proceso referenciado.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte impugnante.
Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma
equivalente a 10 SMLV.
NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de la Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 03D0FD621F663A521B6B9DBF4BF44AAEC1C03F46924BDABFB31E214255B40E1F
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