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clave: "corte_suprema:providencia:SC3755-2022 [2015-00953-01]"
titulo: "Corte Suprema: la actitud «anti contrato» por parte de la convocada solo se reveló con posterioridad a la terminación del convenio"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-28"
radicado: "2015-00953-01"
numero: "SC3755-2022"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte Suprema: la actitud «anti contrato» por parte de la convocada solo se reveló con posterioridad a la terminación del convenio

- **Título oficial / radicado:** SC3755-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-28
- **Radicado:** 2015-00953-01
- **Número:** SC3755-2022
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3755-2022%20%5B2015-00953-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3755-2022%20%5B2015-00953-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzExLi0gTm92aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzNzU1LTIwMjIgWzIwMTUtMDA5NTMtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 50 de 1990
- Decreto 4369 de 2006
- Decreto 1072 de 2015

## Extracto

8 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, op. cit. En síntesis, a pesar de encontrarnos frente a un contrato de índole mercantil, en el cual priman la actividad económica e iniciativa privadas dentro de los límites del bien común (artículo 333 C.P.), su objeto consistente en prestar servicios con trabajadores en misión, está regulado por normas imperativas y de obligatorio acatamiento, como los artículos 71 y ss. de la Ley 50 de 1990 y el parágrafo del artículo 6 del Decreto 4369 de 2006; que siendo leyes de carácter laboral, no pueden ser desconocidas por los particulares en sus negocios; toda vez que su trasgresión genera la nulidad absoluta de acuerdo con los numerales 1 y 2 del artículo 899 del C. de Co; lo que justifica que se confirme la sentencia de primera instancia. 3.- El otro error consistió en aseverar que el daño es incierto por falta de valoración de las pruebas de los perjuicios.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada Ponente
SC3755-2022
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
(Aprobado en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación formulado por Human
Team S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 7 de
octubre de 2019, en el proceso promovido por la recurrente
contra Zandor Capital S.A. Colombia.
I.- ANTECEDENTES
1.- De manera principal se solicitó declarar que el
contrato de prestación de servicios número 006-03-10,
suscrito el 9 de agosto de 2010, por Zandor Capital S.A.
Colombia, en calidad de contratante y Human Team S.A.S.
como contratista, se prorrogó por un año, en virtud de lo
dispuesto en la cláusula 14 y que la convocada lo incumplió
Radicación n.° 05001-31-03-001-2015-00953-01
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al desconocer su prórroga y pago. En consecuencia, declarar
la resolución del convenio y condenar a la demandada a
pagar la
cláusula penal
sancionatoria pactada por la suma
de $4.964.163.798, que corresponde al 20% del precio del
contrato, o la que resulte probada en el curso del proceso, y
a indemnizar la totalidad de los perjuicios que con su
incumplimiento le ocasionó al contratante cumplido.
En subsidio, declarar que la convocada abusó del
derecho; que las comunicaciones remitidas informando de
manera injusta y unilateral que desea prorrogar el contrato
por un mes luego de que se prorrogó un año constituyen un
acto abusivo; que las motivaciones para no respetar la
prórroga del contrato y darlo por terminado de manera
unilateral, constituyen un acto abusivo del derecho; como
consecuencia, condenarla a pagar la
cláusula penal
y a
indemnizar los perjuicios.
En forma complementaria, ordenar la reparación
integral de todos los perjuicios por lucro cesante y daño
emergente, con actualización de las condenas de acuerdo con
el índice de precios al consumidor, más intereses
compensatorios y moratorios, así como costas y expensas.
2.- En sustento de las aspiraciones, informó la
demandante:
El 9 de agosto de 2010 Zandor Capital S.A. Colombia,
en calidad de contratante y Human Team S.A.S. como
contratista, suscribieron el contrato de prestación de
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servicios número 006-03-10, con el objeto de que la segunda
suministrara personal a la primera, para que se diera inicio
a la exploración, explotación y beneficio, en las zonas de
actividad minera. El 9 de agosto de 2011, el contrato se
prorrogó automáticamente en cumplimiento de la cláusula
14, es decir, por otro año, toda vez que ninguna de las partes
avisó a la otra con un mes de antelación su deseo de
terminarlo, tal como fue pactado.
El 10 de agosto de 2011, Sebastián Giraldo, vinculado
a Zandor Capital S.A., le remitió al representante legal de
Human Team S.A.S., un correo en el que se anexó un “modelo
de otro sí”, para ampliar el término del contrato hasta el 5 de
septiembre del 2011, al efecto, envió una propuesta de
cláusula adicional que no fue firmada ni aceptada por el
representante legal de la demandante, puesto que el contrato
se encontraba prorrogado hasta el 9 de agosto de 2012.
La accionada de manera unilateral y sin justa causa, le
comunicó que no continuaría participando en el contrato y
remitió copia de las comunicaciones a funcionarios de la
empresa «Eficacia», que reemplazó a la accionante y continuó
prestando los servicios con los trabajadores en misión que
requería la demandada para la exploración, explotación y
beneficio de sus actividades mineras.
3.- Enterada del auto admisorio, Zandor Capital S.A.
Colombia se opuso a las pretensiones y formuló las
excepciones que denominó: «nulidad por objeto ilícito de la cláusula
de prórroga», «el objeto del contrato desapareció (inexistencia
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sobreviniente del objeto)» y «ejercicio del derecho potestativo que el
contrato confirió a la sociedad demandada»1.
El juez de primera instancia declaró probada la
excepción de «nulidad por objeto ilícito (transgresión a normas
imperativas del contrato de prestación de servicios contratación de
trabajadores temporales número 006-03-10 de fecha 9 de agosto de
2010»2, providencia confirmada por el ad quem, el 7 de octubre
de 20193.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Para refrendar el fallo del a quo, en síntesis, se expuso:
1.- Del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 se desprenden
unos supuestos que restringen la contratación de servicios
temporales, limitándose desde el marco normativo que los
rige, a aquellas hipótesis donde las Empresas de Servicios
Temporales gozan de habilitación para contratar con sus
usuarios, lo que permite colegir la prevalencia del respeto por
las normas laborales, pues no puede pretenderse que a
través de figuras de contratación diferentes se sustituyan las
modalidades dispuestas en el Código Sustantivo del Trabajo,
ni mucho menos que aquellas vayan en desmedro de los
derechos de quienes prestan personalmente sus servicios,
queriendo ocultar la permanencia bajo el ropaje de
temporalidad que ofrece esta modalidad de contratación.
1 Cfr. 236- 267, c. 1, expediente digital.
2 Cfr. Folios 515 – 519, c. 1 expediente digitalizado.
3 Cfr. Folios 17-45, cuaderno segunda instancia digitalizado.
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Es decir, hay una negociación de rango mercantil como
contrato marco, regulado por normas especiales consagradas
en el estatuto comercial bajo la premisa de la autonomía
privada, actividad económica e iniciativa libres, fundados en
el artículo primero del Código de Comercio, pero su objeto,
consistente en la prestación de servicios temporales a través
de trabajadores en misión, se entroniza en leyes de orden
público y de estricto cumplimiento como lo son las laborales,
y en el evento de suscitarse un conflicto normativo «deben
preferirse este tipo de normas, de acuerdo a lo estipulado por el artículo
20 del Código Sustantivo del Trabajo»
2.- Hay que diferenciar dos tipos de contratos, uno
comercial de prestación de servicios celebrado entre Zandor
Capital S.A, Colombia y Human Team S.A.S.; y otro, que
vincula a Human Team S.A.S. con cada uno de los empleados
que prestaron el servicio en misión, entre quienes media un
vínculo laboral, regulado por el artículo 77 de la Ley 50 de
1990 y el Decreto 4369 de 2006, que en su artículo 6°
consagra los eventos en los cuales las empresas usuarias
pueden contratar servicios con las de servicios temporales.
Sin embargo, en el caso en estudio, no se tuvieron en
cuenta las tres posibilidades consagradas por la ley para que
las empresas usuarias puedan contratar con las de servicios
temporales, comoquiera que al definir su objeto, la cláusula
primera del contrato mercantil de prestación de servicios No.
006-03- 10, dispone que éste se celebra con el fin de «Prestar
el servicio con los trabajadores en misión que requiera la empresa
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usuaria, para el inicio de las operaciones en la exploración, explotación
y beneficio, de todas aquellas relacionadas con la actividad minera».
Se colige una estrecha relación entre la razón de la
celebración del convenio mercantil y el objeto social de
Zandor Capital S.A., referente a la «inversión, prospección,
construcción de infraestructuras, montaje, explotación, beneficio,
transformación, transporte, comercialización y exportación de todos o
cualquier de los minerales, hidrocarburos y energía eléctrica que se
encuentren en el suelo y el subsuelo», desconociendo abiertamente
la finalidad de contratar con empresas de servicios
temporales, porque, de acuerdo con lo estipulado en el
contrato, la demandada lo celebró con la finalidad de suplir
su planta de personal, buscando que fueran terceros quienes
ejecutaran las actividades a las que permanentemente se
dedica, a pesar de vincularse bajo la modalidad temporal,
contrariando, en cuanto a los trabajadores en misión, lo
dispuesto en los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6 del
Decreto 4369 de 2006.
3.- Comparando el objeto del contrato mercantil con los
supuestos de los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 6° del
Decreto 4369 de 2006, dicho convenio no se compadece con
las disposiciones de orden público que lo rigen; puesto que
los trabajadores que demandaría Zandor durante la
ejecución del negocio, no desempeñarían un trabajo
ocasional en los términos del artículo 6 del Código Sustantivo
del Trabajo, no reemplazarían personal en vacaciones o en
licencias ni tampoco atenderían incrementos de producción
por períodos estacionales o por cosechas. De allí que, al
margen de la intención que tenían las partes a la hora de
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perfeccionar el contrato, «ambos buscaron desconocer la finalidad
que desde la Ley se ha contemplado para estas modalidades de
contratación; buscando el suministro de personal para el desarrollo de
la minería como eje fundamental de la actividad comercial ejercida
profesionalmente por la demandada».
Al respecto, memoró lo aducido por la Sala de Casación
Laboral de la Corte en SL 7 feb. 2018, SL1170-2107 y
SL13918-2017 respecto de la «contratación fraudulenta por recaer
sobre casos distintos para los cuales se permite la vinculación de
trabajadores en misión», de las cuales se desprende la violación
de normas de orden público de tipo laboral con la celebración
del contrato mercantil en estudio, sin que con ello se
desconozca la realidad de la relación laboral frente al
trabajador en misión, pues se busca es «evitar que la contratación
directa no (sic) se disfrace con figuras de intermediación, máxime cuando
un empleado está cumpliendo una labor permanente que hace parte de
las actividades ordinarias y cotidianas de una empresa».
4.- El tribunal mantuvo la decisión del a quo, pues a
pesar de estar frente a una controversia contractual de índole
mercantil, dada la especial connotación del objeto pactado
entre las partes consistente en, «prestar el servicio con los
trabajadores en misión que requiera la empresa usuaria, para inicio de
las operaciones de exploración, explotación y beneficio, de todas
aquellas relacionadas con la actividad minera», deben tenerse en
cuenta las normas laborales que rigen y reglamentan la
prestación de servicios temporales y el contrato realidad que
goza de protección legal y constitucional, en ese sentido, el
artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo contempla que,
«[l]as disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden
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público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas
conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados
por la ley».
Dado el carácter de orden público de la Ley 50 de 1990
y del Decreto 4369 de 2006 que la reglamenta, cualquier
marco contractual en el que se convenga la prestación de
servicios mediante la «provisión de trabajadores temporales», debe
acogerse a lo dispuesto en ellas, so pena de incurrir en una
causal de nulidad absoluta por violación de norma de
carácter imperativo y por objeto ilícito, al tenor de los
numerales primero y segundo del artículo 899 del Código de
Comercio, así como del 1740 y siguientes del Código Civil.
5.- Volviendo la vista sobre la cláusula 14, relativa a la
duración del contrato y a su prórroga que constituye la base
de las pretensiones, advirtió que ésta contempla un término
que contraviene lo dispuesto en las citadas disposiciones,
puesto que los contratantes «pretendieron mediante un contrato
mercantil -sujeto a normas laborales de orden público-, extender la
prestación de un servicio con trabajadores en misión por un plazo
superior a un año, aun cuando las mismas normas que lo supeditan
disponen con claridad que dicho negocio sólo puede perdurar seis (6)
meses, prorrogable por seis (6) meses más».
Así las cosas, bajo el amparo de la libertad contractual
y la autonomía privada, Human Team S.A.S. y Zandor
Capital S.A. Colombia, buscaban por medio de una cláusula
contractual, extender en el tiempo la relación jurídica que los
ataba, dando la posibilidad de prorrogar automáticamente
por períodos iguales a un año, un convenio que, por
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disposición de una norma imperativa de tipo laboral, no
puede exceder de seis meses prorrogable por seis meses más.
Tampoco podían pretender cubrir con trabajadores en
misión, las funciones de la actividad minera, relacionadas
con operaciones de exploración, explotación y beneficio, pues
ello desborda el objeto para el que fue pensada la
contratación temporal y desconoce los presupuestos fijados
en el artículo 6 del Decreto 4369 de 2006.
6.- Por ende, el contenido de las cláusulas primera y 14
referidas al objeto del contrato y su prórroga, van en
contravía de los artículos 71 y siguientes de la Ley 50 de 1990
y del parágrafo del numeral 6 del Decreto 4369 de 2006, que
son de orden público, «dete

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con
diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho
servicio» (se resalta).
De allí, lo desenfocado que resulta el argumento de
censura referente a que dicha cláusula no contravenía el
ordenamiento por cuanto Human podía acordar con cada
uno de los trabajadores una relación laboral sin vulnerar la
17 Cfr. Folios 388-394. C.1 expediente físico.
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prohibición temporal, dado que no fue ese el reproche del
juez colegiado para deducir que el convenio respecto de la
prórroga automática contradecía una norma imperativa
como lo era el parágrafo el artículo 6° del Decreto 4369 de
2006, precepto que propende por evitar el fraude a la ley en
la contratación de trabajadores en aquellos eventos que el
servicio en sí mismo considerado no tiene las características
de excepcional o temporal, sino que es de aquellos que
requiere la empresa de manera continua para el desarrollo
de sus actividades.
Aun prescindiendo de tal exigencia técnica, lo cierto es
que, auscultado el fallo impugnado, se advierte que ningún
defecto fáctico cometió el juzgador por no haber tomado en
consideración las pruebas relacionadas por la censura
referentes al traslado a la empresa Estrategias y Minas S.A.,
del personal inicialmente contratado por Human para
prestar sus servicios en Zandor, por el contrario, esa sola
circunstancia sirve para conferirle razón a sus deducciones
respecto a la inviabilidad de pactar la prórroga en un
contrato en el que, efectivamente, «la causa originaria del
servicio específico objeto del contrato» seguía subsistiendo en
la empresa usuaria, un año después del inicio de la relación
comercial con la de servicios temporales para cubrir las
labores que de manera permanente aquella requería para
desarrollar su objeto social, apreciación que para el juzgador
igualmente quedó reafirmada con la declaración del testigo
Fernando Vallejo en lo referente al notable incremento de los
trabajadores en misión que Human le remitió a Zandor
durante el año de duración del contrato.
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En suma, la apreciación ofrecida por el fallador a los
medios demostrativos tenidos en cuenta no resulta
antojadiza o contraevidente y tampoco se acreditó ningún
desvió evidente y trascendente por no haber valorado otros
medios pues ese laborío se tornó innecesario ante la
naturaleza de la decisión adoptada.
6.- Por otra parte, inanes resultan todos los reproches
relacionados con la falta de valoración de elementos de
convicción de los cuales podía deducirse el incumplimiento
contractual endilgado a la convocada18, en especial, por dar
cuenta de que ésta sí necesitaba a los trabajadores de
Human con posterioridad a la terminación de la relación
comercial, al punto que los contrató por conducto de
Estrategias y Minas S.A.S., y posteriormente a través de otras
empresas de servicios temporales; o que actuó de ese modo
para no contratarlos de manera directa, evitar que los jueces
ordenaran su reintegro sin solución de continuidad y no
enfrentar demandas por sustitución patronal.
Lo anterior, porque ante la refrendación de la sentencia
de primer grado por un aspecto de puro derecho como lo es
el relacionado con la validez del negocio jurídico, ningún
yerro podía cometer el juzgador por no incursionar en el
estudio de las pruebas con las que la demandante pretendió
demostrar el incumplimiento de su opositora, pues declarada
la nulidad del contrato en su integridad, innecesario
18 mensajes electrónicos, documentos referidos en la contestación de la demanda y
anexos presentados ante un tribunal de arbitramento, copias de sentencias judiciales,
conceptos jurídicos, información contable y financiera de la demandante, dictamen
ericial, declaraciones de parte, etc.
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resultaba detenerse en la acusación referente a que la
convocada no honró su cláusula de prórroga.
En ese sentido, en forma puntal, y una vez concluido el
referido estudio de validez, el tribunal puso de presente,
«[a]nte la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios, la Sala
se releva del análisis del tema fundante de la demanda, que
correspondía al hipotético incumplimiento de la entidad demandada,
relativo a la prórroga del contrato por un año más; no siendo necesario
desarrollar los demás puntos de inconformidad presentados por la parte
demandante», de manera que no existió la omisión en la
valoración de algunos medios que le achaca la recurrente,
sino una determinación consciente del juzgador por
considerarlo innecesario.
7.- Los reparos contra los razonamientos del tribunal
acerca de la falta de prueba del número de trabajadores
requeridos por Zandor luego de la prórroga del contrato y
sobre la ausencia de certeza del daño, son irrelevantes toda
vez que al permanecer incólume la nulidad del contrato como
razón determinante del fracaso de las súplicas, resulta
innecesario en esta sede evaluar el respaldo probatorio de los
argumentos adicionales del juzgador relacionados con esos
dos aspectos, los cuales fueron considerados a manera de
refuerzo y solo si «en aras de discusión se diera por descontado el
tema de la validez del contrato de prestación de servicios celebrado entre
las partes», cosa que no ocurrió, pues el recurrente no logró
derruir la presunción de legalidad y acierto que ampara a la
providencia fustigada.
Por lo expuesto, este cargo tampoco se abre paso.
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8.- Como la decisión es adversa a la recurrente, será
condenada en costas, de conformidad con el numeral 1° del
artículo 365 del Código General del Proceso, y se tendrá en
cuenta que oportunamente la opositora formuló réplica.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 7 de
octubre de 2019, en el proceso referenciado.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte impugnante.
Por concepto de agencias en derecho, se fija la suma
equivalente a 10 SMLV.
NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de la Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 03D0FD621F663A521B6B9DBF4BF44AAEC1C03F46924BDABFB31E214255B40E1F
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3755-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-11-28. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2015-00953-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3755-2022%20%5B2015-00953-01%5D).
