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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC368-2023
Radicación n.° 50001-31-03-003-2006-00051-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Marina Robayo de López frente a la sentencia proferida por
la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, el 10 de diciembre de 2020, dentro del
proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que
instauró la recurrente en contra de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión
Marina Robayo de López pretendió que se declare que
la Universidad Cooperativa de Colombia incumplió, con
culpa grave, el contrato de arrendamiento celebrado por las
partes sobre el inmueble ubicado en la calle 23 núm. 33-42,
vía Puerto López, de la ciudad de Villavicencio. Como
consecuencia del antedicho ruego, instó a que se condene a
la convocada a pagar, en favor de la demandante, las
siguientes sumas por concepto de perjuicios patrimoniales:
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a título de daño emergente, el monto de $965.255.810, oo. Y,
por lucro cesante, los cánones de arrendamiento de seis
meses «transcurridos a la fecha de este escrito», los que cuantificó
en $467.437.506, oo, «más todos los meses (futuros) que transcurran
hasta la fecha en que quede en firme la sentencia con que termine el
proceso»1. Por último, pretendió el reconocimiento de
perjuicios extrapatrimoniales morales, equivalentes a 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes, «por el sufrimiento
sicológico, mental y físico y constante padecido por la demandante con
ocasión del
incumplimiento del contrato
y no entrega del inmueble
arrendado en las mismas buenas condiciones en que fue recibido por la
demandada y la no cancelación de cánones mensuales durante todo el
tiempo transcurrido».
Como pretensiones subsidiarias2, pidió que se declare,
por un lado, la existencia del contrato de arrendamiento
entre los litigantes. Y, por el otro, que la Universidad
Cooperativa de Colombia lo incumplió. Consecuencialmente,
instó a que se le condene a la demandada al pago del daño
patrimonial emergente ($965.255.810), lucro cesante
(derivado de la falta de explotación económica del fundo por
valor de $77.906.251 mensuales, contados desde el 1 de julio
del 2005) y daño extrapatrimonial moral sufrido por la
demandante.
2.- Causa petendi
2.1. Marina Robayo de López y la Universidad
Cooperativa de Colombia celebraron un contrato de
arrendamiento. Convención que versó sobre los inmuebles
1 Página 67 y ss. del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
2 Añadidas en la reforma de la demanda obrante en la página 120 y ss. del archivo
«C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
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ubicados en la Calle 23 núm. 33-42, barrio San Francisco,
vía Puerto López.
2.2. El 2 y 12 de julio de 1996, la arrendadora hizo
entrega del inmueble al arrendatario, consistente en el lote,
oficinas, salones, laboratorios y canchas deportivas. Además,
se elevó el correspondiente inventario. También se
entregaron, en calidad de «préstamo», ciertos muebles tales
como pupitres, cortinas, tableros, mesas de fórmica, entre
otros. Bienes que «fueron entregados (…) en completo buen estado y
a entera satisfacción».
2.3. El término de duración del acuerdo de voluntades
fue, inicialmente, de 36 meses. Sin embargo, este se prorrogó
varias veces, por un lapso total de 9 años.
2.4. El 1 de junio del 2002, un funcionario de la
arrendataria informó a la señora Marina que deseaba dar por
terminado el contrato. No obstante, «no le entregaron el inmueble
a mi cliente y no podían hacerlo por el estado lamentable en que se
encontraba para esa fecha, la cual presumimos continúa».
2.5. Posteriormente, el 25 de noviembre del 2004, el
señor Juan Carlos Pérez Soto -quien dijo ser el rector de la
Universidad- le manifestó, nuevamente, la intención de
finiquitar el acuerdo celebrado sobre el predio ubicado en la
«calle 33 No. 33 -42».
2.6. El 17 de mayo y el 4 de junio del 2005, la
arrendadora recibió comunicaciones, en las cuales la
convocada da por terminado de nuevo la convención. A su
turno, el 24 de junio del 2005, «envían escrito donde dicen que: “…
se sirva destinar una persona o varias personas o en su defecto, hacerse
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presente en esta sede, ubicada en la dirección calle 23 No. 33-42, Barrio
San Francisco para realizar la entrega en debida forma». Aviso que,
resalta la demandante, fue enviado seis días antes del
vencimiento de la cuarta prórroga del negocio.
2.7. Apuntaló que la demandada pretende hacer
entrega de los bienes arrendados sin haber efectuado
previamente las reparaciones locativas a las que se
comprometió, según la cláusula octava del contrato. Y es que,
afirma, la locataria efectuó una serie de «construcciones,
destrucciones, instalaciones y desinstalaciones», al punto que los
«bienes arrendados fueron destruidos en un 70%». Adujo, además,
que la nueva infraestructura fue construida «sin el cálculo y
estudios arquitectónicos y de ingeniería necesarios para saber de
antemano si la edificación los soportaría».
2.8. Por su parte, señaló que los muebles y enseres no
han sido devueltos. Y que los servicios públicos domiciliarios
de agua, alcantarillado, luz y teléfono se encuentran
suspendidos por falta de pago. También, afirmó que la
demandada estuvo -reiteradamente- en mora en el pago de
los cánones de arriendo.
2.9. Ante todas estas circunstancias, la demandante
envió a la arrendataria comunicación el 12 de julio del 2005,
en que manifestó que «no recibiría los bienes arrendados mientras
no estén en el mismo buen estado en que ella los entregó, hicieran
devoluciones y otros». Como consecuencia de la culpa grave en
que incurrió la convocada en la falta de entrega de los bienes
-se dijo-, «cesaron en los pagos de los cánones de arrendamiento, todo
en detrimento de los intereses económicos y morales de mi patrocinada,
porque al no haber podido hacer entrega la demandada por las razones
ya anotadas, automáticamente se prorrogó el Contrato de Arrendamiento
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por tres (3) años más, siendo su obligación la de continuar pagando los
cánones mensuales».
3.- Posición de la demandada
La interpelada Universidad Cooperativa de Colombia se
opuso a las pretensiones. En contraposición, propuso los
medios defensivos que denominó: «[e]xcepción de contrato no
cumplido»; «[e]xcepción de terminación de la relación contractual entre
Arrendador y Arrendatario»; «[e]xcepción de improcedencia del monto
pretendido como perjuicios»; y «[e]xcepción de los hechos que resulten
legalmente probados y los demás medios probatorios que surjan»3.
4.- Trámite procesal
4.1. Habiéndose integrado el contradictorio y
practicadas ciertas pruebas, mediante auto del 9 de abril del
2007 se resolvió acumular el proceso de radicado 50001-31-
03-003-2006-00072-004. En él, la Universidad Cooperativa
de Colombia demandó a la señora Marina Robayo de López,
para obtener la declaratoria de incumplimiento del referido
contrato de arrendamiento -y, por ende, su terminación-.
Para ello esgrimió, en esencia, que la Universidad informó su
voluntad de dar por terminado el contrato ocho meses antes
del vencimiento definitivo, esto es, el 30 de noviembre de
2004. Pese a las reiteradas comunicaciones enviadas a la
arrendadora, aquella guardó silencio frente a la decisión de
la locataria en las fechas en que debía realizarse la
restitución -25 de noviembre a 29 de junio de 2005-. En ese
orden, adujo que la señora Marina ha incumplido la
3 Página 111 y ss. del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
4 Página 5 y ss. del archivo «C0009CuadernoPrimeraInstanciaParte2».
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obligación «de recibir el inmueble al término del arrendamiento»5.
Frente a ello, la convocada propuso las excepciones de mérito
que denominó «ser la demandante la que incumplió el contrato de
arrendamiento»; «prórroga del contrato de arrendamiento»; y la
genérica.
4.2. Culminado el trámite correspondiente a la primera
instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió sentencia
estimatoria de las pretensiones el 11 de junio del 2014. Esto,
por hallar no probada las excepciones formuladas en torno a
las súplicas de la demanda principal. Por ende, declaró que
el contrato de arrendamiento aún continúa vigente; que la
Universidad Cooperativa de Colombia incumplió «sus deberes
de conservación y vigilancia de la cosa arrendada». Y que debe pagar
en favor de la demandante las siguientes sumas:
$4.320.639.816, por daño emergente; $19.137.711.456,
como lucro cesante. Y, 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a título de daño moral.
Por su parte, denegó las pretensiones de la demanda
acumulada.
4.3. El fallo fue apelado. Fue revocado parcialmente por
el Tribunal de Tunja, con proveído del 4 de noviembre del
2020. En su lugar, declaró la prosperidad de las excepciones
de mérito propuestas por la demandada «y denominadas
terminación de la relación contractual entre arrendador y arrendatario,
contrato no cumplido y parcialmente, la denominada como
improcedencia del monto pretendido como perjuicios y los hechos que
resulten legalmente probados y los demás medios probatorios que
5 Página 31 y ss. del archivo
«C0019CuadernoPrincipalDemandaAzumulada200600072».
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surjan». En consecuencia, tuvo por terminado el contrato de
arrendamiento. También declaró como responsable a la
Universidad Cooperativa de Colombia -pero únicamente
durante la vigencia del contrato-. En efecto, condenó a la
demandada a pagar la suma de $262.818.175, por concepto
de daño emergente. Por lo demás, se abstuvo de imponer
condena a título de lucro cesante y daño moral.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal comenzó por estudiar la legitimación en
la causa de los señores Ovidio, María Rocío y María Patricia
López Robayo. Frente a ello, indicó que aquellas personas no
pueden «considerárseles como interviniente litisconsorcial o
legitimados para hacer parte del proceso al tenor de lo dispuesto en el
artículo 52 del C.P.C, dado que en ellos no recae la titularidad de la
relación sustancial surgida como ya se anotara, entre la arrendadora y
la entidad arrendataria y por lo que de ahora en adelante, se deberá
entender para todos los efectos, que el análisis de la situación se
realizará respecto a la relación contractual celebrada entre la señora
MARINA ROBAYO DE LÓPEZ Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA».
2. A continuación, analizó la cuestión relativa a la
vigencia del contrato de arrendamiento. En aplicación del
artículo 1602 del Código Civil, evidenció cómo las partes
pactaron, en la cláusula decimosegunda del contrato, que el
preaviso de la otra parte para la no renovación del término
de duración debía efectuarse con 30 días de antelación. Por
lo tanto, consideró que la demandada «manifestó oportunamente
la voluntad de dar por terminado el referido contrato con envío de la
primer (sic) comunicación a la arrendataria, desde el 25 de noviembre de
2004 y en el entendido que debido a la prórroga del mismo
anteriormente, vencía en junio 30 del año 2005, por lo que el anuncio de
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la entidad arrendataria, corresponde a una antelación de siete meses a
la fecha de expiración del convenio, con sus respectivas reiteraciones de
17 de mayo de 2005 y 24 de junio de 2005». Por tanto, a juicio del
Colegiado, el cumplimiento de la obligación de avisar con la
debida antelación al arrendador junto con la expiración del
término del contrato sí da lugar a su terminación. Ello, tal
como lo prevén los cánones 2008 y 2011 del Código Civil.
Ahora bien, advirtió que al sitio concurrieron los directivos
de la universidad y, de parte de la arrendadora, la señora
Rocío López de Robinson -hija de Marina Robayo de López-.
No obstante, aquella decidió no recibir las instalaciones. De
tal hecho dio cuenta el testigo Carlos Arturo Palacio, quien
también indicó que «ante la inasistencia de la interesada, se procedió
a levantar acta». Al turno que la misma actora envió nota el 12
de julio del 2005 a la pasiva, «precisando que está presta a recibir
en las condiciones que ella entregó y relatando unos alegados daños
sobre el bien».
En ese orden, de cara a la situación presentada al
término de expiración del contrato de arrendamiento, acudió
al artículo 2005 del estatuto civil, para aseverar que «en la
diligencia de entrega y recibo, se construye el escenario ideal para que
la parte arrendadora deje las constancias u anotaciones sobre el estado
del bien, la forma y condiciones en que lo recibiría o se imposibilitaría
hacerlo señalando los daños y perjuicios que alega le ocasionaron».
Derecho que también le asiste al arrendatario, quien también
puede dejar constancia y observaciones del estado en que
entrega lo arrendado, «si lo reclamado como daños perjuicios,
destrucciones u obras no autorizadas, son aceptados, rechazados u
ofreciendo las explicaciones del caso, incluyendo si esos hechos o el
deterioro del bien son a su cargo o producto del uso y goce normal y
legítimo de la cosa». Además, es aquella la oportunidad para
presentar elementos probatorios que sustenten sus
manifestaciones y para constatar el estado del bien con las
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condiciones en que fue entregado según el acta respectiva
elaborada al inicio del contrato. En ese sentido, «si bien es
cierto, con la demanda, (folio 44 cdno 1) se presentó un informe técnico
sobre los daños ocasionados a la heredad, el mismo podía ser
presentado en la mentada diligencia de entrega y recibo, para sobre el
terreno efectuar las manifestaciones que fuesen del caso, en un sano
ejercicio de la buena fe contractual, los principios anclados en la
costumbre mercantil y en las reglas de la experiencia, indicativos de lo
ya anunciado».
Teniendo en cuenta lo expuesto, para el ad quem es un
hecho cierto que el contrato de arrendamiento terminó desde
el 30 de junio del 2005. Ello, atendiendo a lo estipulado en
la convención. Aunado a lo acaecido, en la diligencia de
entrega y en la voluntad del arrendatario en no prorrogar el
acto jurídico. En tal sentido, consideró que no es cierto que,
como lo sostuvo el a quo, «además del preaviso se requería la
entrega en las condiciones en que se recibió los inmuebles, ya que ello
no hace parte ni de la cláusula décima segunda del contrato ya
enunciado, ni de los supuestos normativos de que trata el artículo 2008
del CC, de cara a un escenario, donde la señora ROBAYO, como se lee
desde la comunicación de 12 de julio de 2005 (pese a no comparecer el
día señalado para la entrega), no se opone a la terminación del contrato
en tanto manifiesta Únicamente, que recibirá el bien en las condiciones
que lo entregó». Asimismo, destacó que no puede tampoco
aseverarse que el haber efectuado obras y modificaciones
sobre el bien impida su restitución, «pues esto lo que genera es la
obligación de indemnizar que tiene un tratamiento legal diferente».
Adicionalmente, aludió a que el demandado entregó las
llaves al despacho judicial. Hecho del cual tuvo conocimiento
la demandante. Por ende, «las consecuencias que de esa acción se
desprenden e imposibilitan la conclusión a la que se llegó en la primera
instancia, asistiéndole el deber de estudiar la voluntad de la ahora
demandada y los actos que desplegó para eso». De manera que, ante
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la repulsa de la señora Robayo en acudir a la diligencia de
entrega del inmueble, «la pasiva dejó las constancias del caso y ante
la incomunicación con la otra parte del negocio, dejó las llaves a cuenta
del proceso en una clara manifestación que estuvo presto a devolver lo
arrendado y por la negativa de la arrendadora, puso a disposición las
referidas llaves a órdenes del expediente. Al cual tenía acceso la
reclamante, quien habiendo sido renuente a concurrir a la pluricitada
diligencia de entrega, no puede escudarse, en que debía iniciarse un
proceso restitutorio, pues perfectamente como quiera que la arrendataria
realizó los trámites de comunicación oportuna para finiquitar el negocio
y asistió a devolver la cosa, esta actuación es idónea con el fin de
restituir, sin que le sea forzosamente obligatorio acudir a otro trámite. ya
que en desarrollo del contrato su culminación tiene precisamente el acto
restitutorio de devolución».
A todo lo cual se suma que la promotora hubiera
adelantado proceso de restitución de inmueble arrendado,
rad. 2013-0456, ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Villavicencio, cuya demanda «fue admitida el 25 de junio de 2014
y en la cual se ordenó la práctica de diligencia de restitución provisional
del inmueble (folio 41, cuaderno N 3), la cual fue suspendida por solicitud
de la parte demandante. Como reposa en acta de 6 de agosto de 2014
(folio 71 cuaderno N. 3)». Tal circunstancia demuestra la
voluntad de la señora Robayo de recibir el bien en el estado
en que se encontrare. De manera que censuró el
entendimiento del a quo respecto a la continuación del
contrato, pues la misma demandante manifestó su intención
de que se practicara la diligencia de entrega provisional de la
edificación. Parte que, en todo caso, desde el principio del
pleito de marras «centró su conducta procesal no en desvirtuar los
efectos de las comunicaciones sobre no continuidad en el contrato y su
obligación de asistir a la entrega del bien, sino en argumentar que no
recibía sino en las condiciones que lo entregó, querer que reiteró en año
2014, pero que mantuvo desde el año 2005». Así las cosas, encontró
que sí estaba llamada a prosperar la excepción de
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terminación de la relación contractual desde el 30 de junio
del 2005. Y la denominada como «contrato no cumplido».
3. Posteriormente, estudió si se configuró la
responsabilidad civil contractual deprecada a cargo de la
arrendataria durante la vigencia del contrato de alquiler y
hasta el 30 de junio del 2005. Frente a lo cual estimó lo que
sigue:
3.1. En primer lugar, acudió a las cláusulas novena y
décima primera del contrato, contentivas del acuerdo en
torno a la restitución del bien. De donde coligió que era
necesario verificar las condiciones del inmueble al momento
de la finalización del plazo de duración del arriendo, a efectos
de determinar si se encontraba en similares condiciones
respecto al momento en que fue entregado.
3.2. Dicho esto, se volcó en la valoración del informe
técnico rendido por el arquitecto Alberto Bolívar A; en los
testimonios de Carlos Julio Burgos y Carlos Arturo Palacio;
en la diligencia de inspección judicial del 8 de marzo del
2007; y en el informe del ingeniero Alfonso Santiago Agudelo.
3.3. Ante tal situación fáctica, halló acreditados los
elementos de la responsabilidad civil contractual. Está
comprobada la existencia de un contrato. También lo está
que la arrendadora cumplió con sus obligaciones desde el 30
de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2005, salvo la de
concurrir a la devolución del inmueble. Adicionalmente, se
acreditó el incumplimiento de la arrendataria «frente a la
conservación, derivado ello de la cláusula novena del pacto contractual,
como del parágrafo de la cláusula octava, que si bien es cierto resulta
ser ambigua, el hecho de construir, dividir paredes, dividir salones, se
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constituye en una modificación sustancial a la estructura y de lo pactado
no emerge con claridad que se autorice hacer construcciones que
implicaran ciertas destrucciones del bien». Ahora bien, no estima
del caso considerar, como lo alega la actora, que el «inmueble
se perdió por culpa del arrendatario», en tanto que lo acreditado es
la afectación frente a la conservación de la cosa, pero no su
destrucción total. En ese sentido, al haberse contravenido el
compromiso de no efectuar obras o reparaciones más allá de
las permitidas contractualmente, deviene la procedencia de
la indemnización de perjuicios conforme a los artículos 1614
y 1615 del Código Civil.
3.4. Ahora bien, calificó que no había lugar a condenar
a la demandada por lucro cesante en tanto que «la obligación
de cancelar los cánones de arrendamiento se honró hasta la fecha de
terminación del contrato de arrendamiento».
3.5. Asimismo, tampoco tiene vocación de éxito la
súplica por los daños generados luego de la culminación de
la relación negocial. Y esto es así por cuanto «la parte
demandante no probó que los daños alegados se causaron durante la
vigencia del contrato, pues contrario a ello, las experticias obrante al
plenario, dan cuenta de que lo ocurrido, en parte deviene del vandalismo,
de circunstancias propias de la naturaleza, el clima, la humedad, la falta
de planeación, ente otros». Así dan cuenta los informes de
Octavio Vásquez, Alexander Ruiz y Alfonso Santiago Agudelo.
A su turno, de lo aseverado por el experto Mauricio Bustos,
se logra colegir que «la estructura original, carece de un diseño
estructural, asimetría y rigidez, falta de diseño y supervisión estructural,
y por lo que a partir de dicho análisis, de forma alguna, puede atribuirse
tal irregularidad o afectación a la entidad arrendataria, pues
evidentemente esas falencias derivan desde el proceso de planeación de
la obra que difiere ampliamente de la fecha de celebración del contrato y
que no pueden ser imputables a la universidad, sino a la falta de
diligencia de la señora ROBAYO».
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Aunado a lo anterior, señaló que, en el acta de la
diligencia de entrega, a la cual no concurrió la actora, consta
que el bien se encontraba en condiciones normales de uso.
Sin que obre en el plenario probanza que acredite lo
contrario, «pues la inasistencia injustificada de la señora Robayo a ese
diligencia, no permitió que en el escenario natural ella controvirtiera que
la edificación había sufrido los daños y deterioros que mucho tiempo
después alegó». De manera que, para el Tribunal, es claro que
la cosa estaba en condiciones normales al momento de la
entrega, salvo los deterioros ocasionales generados por el uso
y goce legítimos derivados del contrato. Por otro lado, no
puede afirmarse que el inmueble pereció en poder del
arrendatario «teniendo presente que como quiera que la actora o la
reclamante no asistió al acto de devolución de lo arrendado, estando
obligada a ello, según ya se explicitó, los daños que haya podido sufrir
el bien raíz por las causas ya señaladas son imputables a ella y su
decidía, omisión en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y
el abandono del bien, son de su responsabilidad, no pudiendo trasladar
su propia culpa a su contraparte: por lo que no se abre paso el reclamo
por los presuntos daños acaecidos luego de la terminación de la relación
contractual».
3.6. Frente a la cuantificación del daño emergente,
correspondiente a los daños sucedidos hasta el mes de junio
de 2005, acudió a las experticias obrantes en el plenario.
Ejercicio del cual concluyó que el valor era de
$262.818.175,8. Ello, no sin antes precisar que sobre ciertos
perjuicios reclamados no aparece acreditación de su
causación. Al respecto, concretó que frente a los
denominados «daños estructurales primera y segunda planta»,
según los dictámenes de Bolívar, Bustos y Vásquez, «existían
elementos externos, ampliamente explicitados que imposibilitan colegir
los daños estructurales ocurridos durante la vigencia del contrato de
arrendamiento. tal como lo enseñara el apelante, al hacer alusión a la
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falta de estudios previos que llevaran a la determinación de la afectación
reclamada, ya que no reposan los planos, del momento de la edificación,
como también se constata falencias de toda la estructura, que no pueden
ser atribuidas a la Universidad, pues su ocurrencia data desde el diseño
inicial y por lo que no yace la prosperidad de la pretensión invocada en
tal sentido».
Lo mismo ocurre en torno a los perjuicios denominados
como «construcción y demolición de área de recreación. donde se
incluyó zonas verdes, talleres, fachadas, murales, reubicación de
elementos eléctricos, arreglo baterías sanitarias y revisión, instalaciones
sanitarias e hidráulicas». Porque no se estableció que su
causación hubiese ocurrido en vigencia del contrato. Aunado
a la culpa atribuible a la arrendadora por no presentarse en
la fecha acordada para la restitución del bien. Además de que
el peritaje de Octavio Vásquez imputa el mal estado de estos
elementos a aspectos externos.
En lo que concierne con la demolición de la «sala de
profesores e isla exterior primer piso sobre fachada lateral» y la
construcción de unidades sanitarias para mujeres y hombres
en la zona recreativa demolida, indicó que «tampoco yace prueba
que demuestre la construcción realizada y la demolición de esas
unidades sanitarias, pues el perito ALFONSO SANTIAGO, es claro en
mencionar a folio 189 C. 1.2 que la única demolición que se encontró
fueron tres salones ubicados enseguida de la batería de baños de los
laboratorios, donde se trató de construir una obra que fue iniciada, pero
que está sin terminar, por lo que ello no da cuenta de la afectación directa
de las baterías de los baños».
3.7. Finalmente, en cuanto al daño moral reclamado,
encontró que un testimonio no es un medio suficiente para
acreditar la afectación que alega la demandante. Así, pues,
al no hallarse en el plenario alguna prueba de carácter
médico legal y de análisis psicológico, «mal haría esta colegiatura
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en proceder a cuantificar ello. sin el soporte real de su ocurrencia y el
grado de la misma, por lo que frente a ello, tampoco ha de prosperar lo
pretendido en la demanda».
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
En la demanda de casación se formularon cinco cargos.
Los primeros dos se resolverán conjuntamente, al versar
ambos sobre la mora de la arrendadora, el lucro cesante y el
momento de terminación del contrato. De manera que dichos
embates se sirven de los mismos hechos para fundamentar
las múltiples falencias endilgadas a la sentencia de segunda
instancia. Y, asimismo, considera la Corte necesario
despacharlos al unísono, por ser complementarios.
Posteriormente, serán resueltos por separado los cargos
tercero, cuarto y quinto.
CARGO PRIMERO
Denunció la violación indirecta de los artículos 882 del
Código de Comercio, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1613,
1614, 1615,1627, 1648, 1649, 1656, 1658, 1663, 1730,
1731, 2005, 2006, 2007, 2029, 2341 y 2342 del Código Civil,
y del artículo 822 del Código de Comercio, todos por falta de
aplicación como consecuencia del error de hecho que cometió
el ad quem en la apreciación de las pruebas. Además,
censuró la aplicación indebida del canon 2008 del Código
Civil. En su desarrollo, la recurrente sostuvo que la sentencia
del Tribunal incurrió en los siguientes yerros fácticos:
1. El primero se cimenta en que se interpretó
erradamente la demanda pues no se advirtió que la
reclamación del lucro cesante se sustentó en la falta de
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entrega del inmueble por parte de la arrendataria a la
arrendadora. Tal afirmación se corrobora con la simple
lectura de las pretensiones subsidiarias, cuya acumulación
fue simple en tanto que «la pretensión segunda y siguientes no son
consecuenciales de la primera, es decir, su prosperidad no está
supeditada a que se estime favorablemente esa primera pretensión».
Ciertamente, la indemnización reclamada por la accionante
por concepto de lucro cesante «proviene del ingreso que ella deja
de recibir durante todo el término en que no puede explotar
económicamente los inmuebles arrendados “por causa de la no entrega
de los mismos”». Al turno que la pretensión primera, que alude
a la vigencia del contrato, es un pedimento autónomo e
independiente del cual no dependen las pretensiones
restantes. Y es que, a su juicio, el hecho de que el contrato
hubiera concluido no implicaba necesariamente la
denegación de los perjuicios materiales por lucro cesante,
«que siguieron padeciéndose por la arrendadora, por cuanto que la
obligación de entregar, que persistía en cabeza de la arrendataria,
continuó vigente en el tiempo dada la desatención prestacional de ésta y
que justamente por perdurar sin ser asumida le impidió a la demandante
la posibilidad de explotar el inmueble objeto de ese acuerdo
prestacional».
2. En lo que toca con el segundo error de hecho
enrostrado a la sentencia, el pretensor adujo que hubo
equivocación al afirmar que la arrendadora incurrió en mora
por no haberse presentado a recibir el inmueble en la fecha
en la que unilateralmente la convocó la inquilina. Ello, por
cuanto:
2.1. Supuso que el testigo Carlos Arturo Palacio hubiese
declarado que el 28 de junio del 2005 era la fecha en que las
partes acordaron que acaecería la terminación del contrato.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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2.2. Se cercenó el contenido de la cláusula tercera del
contrato de arrendamiento según el cual el cómputo de
duración del contrato tuvo su génesis en el momento en que
la arrendadora hiciera entrega del inmueble debidamente
adecuado. En ese orden, en su última renovación, el negocio
fenecía el 12 de julio del 2005. Asimismo, se pretirió el acta
de entrega de los inmuebles arrendados del 12 de julio de
1996. De la cual se puede deducir que la fecha pactada entre
las partes para la expiración del contrato y sus sucesivas
prórrogas correspondía al 12 de julio de 2005. Si el ad quem
no hubiese pasado por alto tal hecho, «no habría calificado a la
arrendadora como contratante incumplida de su obligación de recibir el
inmueble, pues reluce que le correspondía hacerlo a la extinción del
contrato, esto es, el 12 de julio de 2005, como ya se ha reiterado, pues
fue esta la fecha convenida en ese pacto». A su turno, destacó que
la mora accipiendi requiere que se acredite la tardanza
culpable del acreedor. A lo que se suma que, en
consideración del casacionista, la deudora no estaba en
condiciones de restituir en las mismas condiciones en que
recibió el inmueble.
2.3. Aduce que se incurrió en yerro al distorsionar el
contenido de la carta del 12 de julio del 2005, que la
arrendadora remitió a la Universidad. Con lo que el Tribunal
dejó de advertir que la demandante optó por reclamar la
restitución del predio objeto del contrato de arrendamiento
al exigir, en ejercicio de su derecho, que le fuese devuelto en
las condiciones en que lo entregó. El dislate cometido por el
ad quem lo llevó a violentar los cánones 1627, 1648 y 1649
del Código Civil, que consagran el principio de integridad del
pago. Adicionalmente, al apreciar indebidamente tal misiva,
el Colegiado no reparó en que, mediante aquella, la acreedora
constituyó en mora a la arrendataria como deudora de su
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
18
obligación de entregar. De manera que se desconoció el
artículo 2007 del Código Civil, en tanto que el ad quem omitió
deducir que, por haber sido enviada oportunamente la
comunicación a la fecha de expiración del término
contractual, esto comportaba un requerimiento para
constituir en mora a la arrendataria. No obstante, a pesar de
que se efectuó nuevamente la petición el 2 de diciembre del
2005, la arrendadora no cumplió, nunca, con su obligación
de restituir el predio.
3. El tercer error radica en la falta de reconocimiento de
la responsabilidad civil contractual de la demandada frente
a la destrucción de los inmuebles. Al respecto, reiteró que la
demandante no estaba en mora de recibir los bienes
arrendados. Por otro lado, apuntaló que se incurrió en yerro
al considerar que no estaba probado que los inmuebles se
destruyeran por culpa de la demandada. Ello, como
consecuencia de la pretermisión de los testimonios de Luis
Enrique Casas Hernández, Víctor Ángel Beltrán Buitrago y
Juan Fernando Suaza Restrepo; la inspección judicial
realizada el 8 de marzo del 2007 y el 9 de agosto del mismo
año; los memoriales presentados por la arrendadora en los
que advertía al juez del estado de abandono del inmueble -
del 25 de abril de 2007, 15 y 25 de septiembre, 18 de
diciembre y 9 de noviembre de 2006-. Además del
cercenamiento de la experticia de Alfonso Santiago Agudelo
y Octavio Vásquez, quienes pusieron de presente la
destrucción total de la edificación.
Todos estos medios de convicción dan cuenta de que el
demandado incumplió su obligación de custodiar y vigilar el
inmueble, pese a mantener, en su poder, los fundos
arrendados. Como consecuencia de tal abandono
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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injustificado de sus deberes de vigilancia y custodia,
acaecieron los actos de saqueo y vandalismo. Así como
aparecieron humedades y demás circunstancias que
destruyeron el bien.
En suma, encontró que la Universidad siempre estuvo
en mora de restituir, porque no entregó la edificación ni los
enseres adeudados en la época fijada en el contrato, a pesar
de haber sido requerida para tal fin. Así como, tampoco, se
ofreció formalmente a efectuar la consignación y depósito de
las cosas debidas. Del mismo modo, «de manera negligente
abandonó la custodia de la edificación, de manera que la falta de
cuidado, la intemperie y los vándalos la destruyeron». Y aún si el
arrendatario consideraba que la arrendadora estaba obrando
injustificadamente al oponerse a recibir el inmueble, debió
acudir a la vía judicial con miras a forzar a la acreedora a
recibir. Ejercicio que sí la hubiera liberado de la
responsabilidad de custodiar y conservar la cosa raíz y la
hubiera descargado de la obligación de entregar.
4. El cuarto reparo apunta a los errores de hecho
cometidos al señalar que ciertos daños materiales
reclamados no aparecen comprobados. En concreto, censuró
el cercenamiento de las experticias rendidas por Alberto
Bolívar Añez, Octavio Vásquez Bermúdez y Alfonso Santiago
Agudelo. Además, que pretermitió los testimonios de
Fernando López Guzmán y Carlos Julio Burgos. Quienes
dieron cuenta de que los deterioros se produjeron dentro del
término de vigencia de la relación contractual. Y que otros, si
bien acontecieron después de terminado el contrato, «lo cierto
es que también son imputables a la negligencia de la arrendataria quien,
al no cumplido su obligación contractual de entregar el inmueble, sigue
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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respondiendo por los menoscabos materializados, en tanto el predio
continuaba estando en sus manos».
CARGO SEGUNDO
Censuró la violación directa de los artículos 882 del
Código de Comercio, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1613,
1614, 1615,1627, 1648, 1649, 1656, 1663, 1730, 1731 y
2029 del Código Civil y del artículo 822 del C. de Co., a la vez
que incidió en una errónea interpretación de los artículos
2005 y 2006 del Código Civil.
1. Indicó que se transgredieron los reseñados cánones
2005, 1627, 1648 y 1649 del Código Civil, pues la correcta
inteligencia de tales disposiciones llevaba a concluir que
«cuando el deterioro del bien proviene, como en este caso acaeció y así
lo tuvo por probado el Tribunal, por hechos imputables a la arrendataria,
el acreedor ya no tiene el deber de recibirla en las condiciones en las que
aquella lo puso y, subsecuentemente, el deudor incumple su obligación
de entregar en la forma debida». Por ende, al haber el Tribunal
evidenciado que, en vigencia del contrato, la arrendataria
efectuó modificaciones en el bien y que, con ello, faltó a su
deber de conservación de los predios, «no le era dado al juzgador
de segundo agrado aseverar, subsecuentemente, que dadas esas
modificaciones (que admite que se hicieron al inmueble), le incumbía a la
arrendadora recibirlo para demandar solamente la indemnización de
perjuicios, pues está claro que la obligación de restituir el predio apareja
la de hacerlo en el estado en que el arrendatario lo recibió,
correspondiéndole al acreedor optar por recibirlo en ese estado y
reclamar el resarcimiento correspondiente o, por el contrario, exigir que
se restableciera al estado original, esto es, al que denotaba cuando lo
entregó». Pues, dadas las aludidas normas, es potestad del
acreedor no recibir la cosa o aceptarla, pero con
indemnización de perjuicios. En ese orden, y conforme al
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artículo 1649 del Código Civil, «no le era dado al Tribunal inferir
que correspondía a la actora recibir por pedazos la edificación o con las
modificaciones no autorizadas por la arrendadora, pues, por el contrario,
la restitución debía hacerse indivisiblemente entregando el bien en las
condiciones en que lo recibió la arrendataria».
Por otro lado, en cuanto a los deberes de conservar y
custodiar la cosa debida, reparó en los artículos 1605 y 1606
del estatuto civil. Ello, para denunciar que el ad quem erró al
aseverar que «la arrendadora esté obligada a recibir el inmueble sin
importar el estado en que se encuentra, porque esa deducción riñe
abiertamente con lo preceptuado por el artículo 1648 (…)». Además,
estimó que las obligaciones de conservar y custodiar a las
que se refieren las aludidas normas se predican de la entrega
en sí misma considerada, independientemente de que se
trate de una obligación de dar o de hacer. De manera que, a
su juicio, las aludidas obligaciones subsisten hasta que la
cosa arrendada sea entregada al acreedor, con
independencia de la expiración del contrato.
2. En segundo lugar, aseveró que se incurrió en
desacierto al concluir que la arrendadora estuvo en mora de
recibir y que, por lo tanto, eran de su cargo las consecuencias
derivadas de ello. Para lo cual destacó que, en el caso en
concreto, la cooperación de la acreedora no era indispensable
para el cumplimiento de la obligación insoluta de entrega.
Además, apuntaló que para tildar a un arrendador de moroso
en su deber de recibir la cosa es menester que el juzgador -
en un proceso de pago por consignación- se cerciore de si la
oferta de cumplimiento del deudor es seria. En otras
palabras, el deudor ha de comparecer a solucionar una
deuda con la aptitud jurídica de hacerlo. Por consiguiente,
«no le bastaba a la arrendataria organizar una maraña, acta incluida,
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en la que aparentaba estar dispuesta a restituir la cosa cuando es lo
cierto, y así lo reconoce el fallador de segunda instancia, que el inmueble
no estaba en las mismas condiciones en las que lo recibió, es decir que
en verdad no estaba en posibilidad de cumplir».
3. En tercer lugar, criticó el quebrantamiento del canon
1656 del código civil, que consagra la forma en que el deudor
puede pagar contra la voluntad del acreedor. Esta norma fue
violada por el Tribunal pues, contrario a lo argüido por el
Colegiado, que «no es en el acto de entrega en el que el deudor debe
discutir y refutar la negativa del acreedor a recibir, sino es el aludido
trámite y de cara al juez, que es a quien le corresponde dirimir la
controversia». Y es que, atendiendo a los artículos 1657 y 1663,
la trascendencia de acudir a este trámite radica en que le
permite al deudor «descargarse de su obligación de pagar intereses
y de responder por los riesgos de la cosa, todo esto a partir de la
consignación (no a partir de la fecha de vencimiento de la obligación); al
mismo tiempo que consolida, de existir, la mora creditoris». Hizo
énfasis en cómo en ninguna parte del artículo 2006 del
código civil se prevé la posibilidad de que se dejen las llaves
en manos de un tercero -v.g. un juzgado- para constreñir al
acreedor a recibir el bien. Actitud que solo muestra la
deslealtad de la demandada.
4. En alusión a los artículos 1613, 1614 y 1615 del
Código Civil, apuntaló que la argumentación esgrimida por el
ad quem respecto del lucro cesante parece indicar que «según
su parecer sólo existe responsabilidad contractual si el contrato está
vigente, elucidación que contraviene las reglas de los artículos 1613,
1614 y 1615 del Código Civil, que consagran como supuesto de la
indemnización el incumplimiento de la obligación sin circunscribirla, pues
no podía hacerlo, a que debió estar vigente el contrato».
CONSIDERACIONES
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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1. Se anticipa el fracaso de los ataques. A continuación,
se ofrece el soporte de esta determinación.
2. En primer lugar, el censor alegó que el error de
interpretación del libelo consistió en que el ad quem no
advirtió que la acumulación de pretensiones subsidiarias es
simple. Y que la reclamación del lucro cesante se sustentó en
la falta de entrega del inmueble por parte de la arrendataria
a la arrendadora. De manera que este rubro no era una
consecuencia de la declaración de que el contrato se
mantenía vigente. En palabras del casacionista, «está
reclamando las sumas de dinero que ha dejado de percibir por causa del
incumplimiento de la arrendataria en su obligación de restituir».
2.1. El ejercicio hermenéutico del fallador, al apreciar la
demanda, está supeditado a que del texto se muestre oscuro.
La opacidad habilita la interpretación. En ese orden, avizora
esta Corporación que el error de hecho que se le atribuye al
Tribunal no se configuró.
2.2. Las pretensiones planteadas en el escrito tienen por
propósito atribuir la responsabilidad civil de la demandada.
Ello, a efectos de que se le condene al pago de los perjuicios
causados a título de daño emergente, lucro cesante y daño
moral. Sobre el lucro cesante, la súplica principal tercera es
diciente al instar a que, «como consecuencia» de la declaratoria
de
incumplimiento del contrato
a cargo de la Universidad
Cooperativa de Colombia, se le condene al pago de los
«cánones de arrendamiento de seis (06) meses transcurridos a la fecha
de este escrito (…) más todos los meses (futuros) que transcurran hasta
la fecha en que quede en firme la sentencia con que termine este proceso».
Esto es, para la arrendadora, «al no haber podido hacer entrega la
demandada por las razones ya anotadas, automáticamente se prorrogó
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el Contrato de Arrendamiento por tres (3) años más, siendo su obligación
la de continuar pagando los cánones mensuales».
La manera en que los pedimentos principales se
plantearon revela que la promotora del litigio censura la
conducta de su contraparte -deudor-, de manera principal,
por haber cesado en el pago de los cánones de arrendamiento
de un contrato que se prorrogó y, de esta circunstancia, fija
los perjuicios. Por tanto, fue la demandante misma quien
circunscribió la controversia a que, de manera principal, el
lucro cesante se determinara por el valor de los frutos civiles
que se generaron de la propia prórroga del convenio. Y que la
demandada no pagó.
Por ende, no es un exabrupto la motivación expuesta
por el ad quem. En efecto, negó el lucro cesante con
fundamento en la terminación del contrato. Pues, al
advertirse que este finalizó el 30 de junio del 2005, la
obligación del pago de los cánones de arrendamiento se
generó «hasta la fecha de fin del contrato, según la última prórroga
aceptada, que correspondería hasta el día 30 de junio de 2005, llegar a
conclusión contraria, deriva en una obligación sin causa real, sin que ello
sea posible, al tenor de lo estimado en el artículo 1524 del CC,
desconociendo que el arrendatario, hizo la manifestación clara,
amparada en la ley y el contrato de dar por terminado aquel y la
correlativa obligación de entrega (…)». Y más adelante estimó que
«no hay lugar a indemnizar por lucro cesante en cuanto la obligación de
cancelar los cánones de arrendamiento se honró hasta la fecha de
terminación del contrato de arrendamiento, sin que milite razón para
modificar esta conclusión».
2.3. Ahora bien, es cierto que la activa reformó la
demanda para añadir pretensiones subsidiarias. En ellas, se
pidió que se declarara la existencia del contrato de
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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arrendamiento, que este fue incumplido por la demandada.
Y que «como consecuencia de las anteriores declaraciones», se
condene a la universidad al pago del lucro cesante derivado
de «las sumas de dinero que ha dejado de producirle durante todo el
término en que no ha sido posible su explotación económica por causa de
la no entrega de los mismos y los bienes muebles y enseres en el mismo
buen estado en que le fueron entregados a la Arrendataria por parte de
la Arrendadora (…)».
Lo primero que se advierte es que la redacción de las
peticiones no es clara, pues, por un lado, pide la declaratoria
de subsistencia del contrato. Y, por otro lado, pretende que,
como consecuencia de ello, se condene al pago de lucro
cesante generado a causa de la falta de entrega del bien. No
obstante, no se avizora que la interpretación del sentenciador
de segundo grado haya sido esa que expone el casacionista.
En efecto, si bien es cierto, la sentencia sí señala que «el lucro
cesante que se demanda corresponde a los cánones de arrendamiento
insolutos en cuanto que el contrato de arrendamiento no se ha
extinguido», el Colegiado lo hizo para referirse a las peticiones
principales -que no para las subsidiarias-. Con respecto a
estas, como ya se vio, el lucro cesante se limitó a los cánones
causados, pero no pagados.
Valga aclarar, frente a las subsidiarias, la falta de
condena de perjuicios se debió a la culpa de la arrendadora
en no recibir el inmueble a la terminación del contrato de
arrendamiento. Y no, como lo aduce el impugnante, por la
indebida interpretación de la demanda. De manera que es
claramente desenfocado el cargo, por cuanto distorsiona el
hilo conductor de la decisión del ad quem, haciéndolo decir
algo que en realidad no dijo. Ciertamente, para el Tribunal
«no tiene vocación de éxito la súplica por daños presuntamente
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generados luego que culminara la pluricitada relación negocial», puesto
que, en síntesis, «como quiera que la actora o la reclamante no asistió
al acto de devolución de lo arrendado, estando obligada a ello, según ya
se explicitó, los daños que haya podido sufrir el bien raíz por las causas
ya señaladas son imputables a ella». Y se agregó que esa «omisión
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y el abandono del
bien, son de su responsabilidad, no pudiendo trasladar su propia culpa
a su contraparte: por lo que no se abre paso el reclamo por los presuntos
daños acaecidos luego de la terminación de la relación contractual». Así
las cosas, se estima que el litigio se dirimió teniendo como
pábulo la demanda.
3. De otro lado, en cuanto a la controversia que plantea
el casacionista con respecto a la fecha de terminación del
contrato de arrendamiento, el 12 de julio del 2005, observa
la Sala que tal planteamiento se constituye como un medio
nuevo. Véase que, a lo largo del pleito, para ambas partes
siempre fue pacífico que la expiración de la cuarta prórroga
habría ocurrido el 30 de junio del 20056. Tal como lo
dictaminaron los jueces de primera y segunda instancia. Por
ende, el argüir que la fecha fenecimiento del plazo
contractual era un día distinto de aquel constituye un
argumento novedoso, que no fue discutido en ninguna de las
instancias. E, incluso, se manifiesta contrario a las
afirmaciones de la demandante a lo largo de la litis. Por ende,
no es una fecha imaginada por el ad quem, sino el propio
reflejo de las manifestaciones de las partes.7
6 La propia demandante al interior del proceso efectuó manifestaciones sobre dicha
fecha. Por ejemplo, en el hecho 14 de la demanda, se aseveró que: «14. Esa
comunicación (la del 24 de junio del 2005) donde hablan de la entrega la hacen seis
(6) días antes al vencimiento de la cuarta prórroga del Contrato de Arrendamiento» Pág.
72 del PDF «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1.pdf».
7 Al respecto, frente a los argumentos novedosos, en casación, «se tutelan los derechos
de defensa y contradicción de los no recurrentes, quienes podrían verse sorprendidos
con un replanteamiento de la plataforma fáctica que varíe la causa petendi, sin que
tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos aún, hacer pedidos probatorios para
su desestimación.” (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)» (CSJ
SC2779-2020, 10 ago.)» (CSJ SC948-2022).
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4. Ahora bien, en adelante, el casacionista se enfoca en
cuestionar algunas de las afirmaciones bajo las cuales el
Tribunal dictó la sentencia de segundo grado. Estas son: i)
que la arrendadora efectuó en debida forma el preaviso para
impedir la prórroga del contrato; ii) que el arrendatario puso
a disposición del arrendador el inmueble, que estaba en
condiciones normales para su entrega; iii) que la locadora no
asistió al acto de devolución de lo arrendado, estando
obligada a ello; por ello, los daños que haya podido sufrir el
bien raíz por su abandono son imputables a ella y a su
desidia; y, iv) que, con todo, sobre el inmueble se efectuaron
modificaciones y construcciones sin autorización de la
demandante «y que van más allá de las reparaciones meramente
locativas y que por ende, constituyeron en afectación de la propiedad
inmueble».
Para el actor, se incurrió en error de hecho al dar por
probado, sin estarlo, que la arrendataria cumplió con su
obligación de entrega del inmueble a la terminación del
contrato. En tanto que este no se encontraba en condiciones
para ser entregado. Correlativamente, increpa la tercera
conclusión, es decir, aquella según la cual existió mora en la
arrendadora en su obligación de recibir. Así, insiste en que
la demandada, de manera negligente, abandonó la custodia
de la edificación. Y de ello devino su destrucción por la falta
de cuidado.
5. El Tribunal estimó que la diligencia de entrega del
inmueble arrendado a la terminación del contrato se
«construye el escenario ideal para que la parte arrendadora deje las
constancias u anotaciones sobre el estado del bien, la forma y
condiciones en que lo recibiría o se imposibilitaría hacerlo, señalando los
daños y perjuicios que alega le ocasionaron. Empero, este derecho
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también le asiste al arrendatario, quien allí puede dejar constancia y
observaciones del estado en que entregará lo arrendado, si lo reclamado
como daños perjuicios, destrucciones u obras no autorizadas, son
aceptados, rechazados u ofreciendo las explicaciones del caso,
incluyendo si esos hechos o el deterioro del bien son a su cargo o
producto del uso y goce normal y legítimo de la cosa». Ello, en ejercicio
de la buena fe contractual, los principios anclados en la
costumbre mercantil y en las reglas de la experiencia. De
manera que, si en el caso en concreto no se realizó el pago de
la obligación de restitución, ello obedeció a una causa no
imputable a la demandada. En efecto, fue la señora Robayo
quién se negó a concurrir a la diligencia, citada
oportunamente para «en ella efectuar las observaciones, sin que
pueda confundirse que el hecho de haber efectuado obras y
modificaciones al bien, impida la restitución pues esto lo que genera es
la obligación de indemnizar que tiene un tratamiento legal diferente».
6.- No se advierte en dicho raciocinio la incursión de
ninguno de los yerros in iudicando denunciados por el
censor. Es impreciso, como lo pretende sentar el
impugnante, que, con la declaratoria de responsabilidad
civil, el ad quem hubiera considerado que el locatario no
estuviera en condiciones de cumplir con la obligación de
restitución. Ciertamente, contrario a ello, el juez de segundo
grado aseguró que, al momento de la terminación del pacto
negocial, el bien «estaba en condiciones normales para su entrega».
Afirmación con la cual interpretó la cláusula novena del
contrato, que compulsaba a la arrendataria a «restituir[a] el
inmueble a la arrendadora a la terminación del contrato en el mismo
estado que lo reciba, salvo el deterioro por su uso normal». En el
sentido de entender que dicha obligación se circunscribía a
que el inmueble estuviera en condiciones normales de uso.
Con independencia de las modificaciones que hubieran
variado el bien, aspecto que a la postre habría de dilucidarse
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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en el escenario del proceso de responsabilidad civil
contractual.
Ahora, frente al tema, es menester hacer las siguientes
acotaciones: la interpretación otorgada por el Tribunal
respecto de la cláusula novena de la citada convención se
halla plausible8. Puesto que consideró que la heredad debía
encontrarse en condiciones normales de uso. Que fue, a su
turno, el estado en que lo recibió. Tal modo de entender la
obligación cabe destacar, no puede ser reprochada, máxime
cuando -en la demanda- se atribuyó la renuencia a recibir el
pago por haberse incumplido la cláusula atinente a las
reparaciones locativas9. Mas no por la falta de atención de la
estipulación novena.
Por su parte, tal exégesis no resulta transgresora de los
artículos 1627, 1648 y 1649 del Código Civil. Al respecto, el
casacionista intenta convencer de que el Colegiado
transgredió las normas relativas a la integridad del pago, en
tanto que «no le era dado al Tribunal inferir que correspondía a la
actora recibir por pedazos la edificación o con las modificaciones no
autorizadas por la arrendadora, pues, por el contrario, la restitución
debía hacerse indivisiblemente entregando el bien en las condiciones en
que lo recibió la arrendataria». Sin embargo, tal inferencia no fue
efectuada de manera alguna por el juzgador de segundo
grado. Lo que aquél dijo, y no se refutó -valga destacarlo-, fue
8 Memórese que «[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la
Corte en constante jurisprudencia- que la equivocación del sentenciador haya sido de
tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el análisis de las probanzas se debe a que la
apreciación probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad
del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de
interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un
error de la naturaleza indicada» (CSJ SC de 16 de agosto de 2005, expediente
1999-00954-01).
9 En la demanda se indicó: «18. La demandada pretende hacer entrega de los bienes
arrendados sin antes dar cumplimiento a la Cláusula Octava aludida, puesto que la
demandada hizo y deshizo una serie de construcciones, destrucciones instalaciones,
desinstalaciones, etc.».
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que, al momento de la entrega, el bien se encontraba en
condiciones normales de uso. Tal como se derivó del «acta
suscrita por los intervinientes y luego protocolizada en Notaría y los
testimonios de este hecho, entre los cuales resalta el testimonio del
celador presente». Lo cual se halla en consonancia con el estado
de funcionamiento en que el objeto en comento se
encontraba al momento en que fue entregado, según se
desprende del acta suscrita por los contratantes el 12 de julio
de1996, según la cual se «RECIBE EN CALIDAD DE ARRIENDO,
DEJANDO EXPRESA CONSTANCIA QUE LO RECIBIMOS EN PERFECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO»10. Otra cosa es que a las
construcciones se le hubieren efectuado modificaciones no
autorizadas. Situación que no desacredita que el
arrendatario hubiere estado en condiciones de cumplir lo
estipulado en la cláusula novena del contrato de
arrendamiento. Así las cosas, el Colegiado evidenció que el
inquilino se plegó a la norma y al contrato, que prescriben
que la entrega del inmueble se realizará poniéndolo a
disposición del arrendador.
En este punto, se debe señalar también la
incompletitud del cargo. Y es que véase que el esfuerzo
argumentativo del censor estuvo dirigido a evidenciar el
supuesto error del Tribunal en torno a lo que debía
considerarse como el pago completo de la obligación de
restitución. Sin embargo, no efectuó ningún comentario
frente al estado de funcionamiento del inmueble al momento
de la cita agendada por el arrendatario. En tal sentido, dejó
incólume la consideración de que el bien se encontraba «en
condiciones normales para su entrega».
10 Página 13 del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
31
7. Sentado lo anterior, esto es, que el arrendatario sí
estuvo en las condiciones y dispuesto a cumplir la obligación
de restitución, se debe estudiar los argumentos esgrimidos
en torno a la mora creditoris. Frente al tema, el censor aduce,
en esencia, que «la arrendadora no estaba en mora de recibir los
inmuebles arrendados, toda vez que la diligencia de entrega del 28 de
junio de 2005 obedeció a un acto unilateral de la inquilina que no
corresponde a la fecha contractualmente prevista para tal efecto, esto es,
el 12 de julio de ese mismo año o, en todo caso, según lo dedujo el
Tribunal, el 30 de junio de esa anualidad. Es decir que la elección de esa
fecha no tiene efectos vinculantes para la arrendadora en cuanto no se
comprometió a recibir los predios ese día sino en data posterior».
Sin embargo, el esfuerzo argumentativo del impugnante
en tal punto responde a un ejercicio hermenéutico
alternativo al desarrollado por el sentenciador de segundo
grado. Por lo que no es posible imponer el suyo frente al del
ad quem. Aunado a que, en todo caso, para esta Sala, si bien
es cierto que la fecha de terminación del contrato era el 30
de junio del 2005 y la entrega se pretendió llevar a cabo dos
días antes, las partes modificaron consensualmente el
momento de cumplimiento de tal obligación. Esto es,
acordaron tácitamente que esta habría de ocurrir el 28 de
junio del mismo año.
Se reitera, el contrato de arrendamiento es un acto
jurídico consensual -regla general de los contratos-. De allí
que las partes puedan válidamente modificarlo con su
conducta recíproca, reiterada, consentida y tolerada.
Recuérdese que el contrato es un todo lógico –«un todo
completo»11-, una unidad que somete a los contratantes. Como
primera medida, «la intención de las partes al celebrar los contratos
11 Capitant, Henri. De la cause des obligations. Dalloz, París, 1927, pág. 103.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
32
puede desentrañarse tomando en consideración la naturaleza del
contrato y las cláusulas claras y admitidas del mismo»12. Desde luego,
en el Código Civil se consagran varias «pautas»13 o «reglas
auxiliares de interpretación» -arts. 1619 a 1624 CC.14. En efecto,
«[p]ara averiguar el querer de los obligados, a más del tenor literal de sus
cláusulas y las directrices establecidas en los artículos 1618 a 1624 del
Código Civil, 5° y 823 del Código de Comercio, debe tener en cuenta el
intérprete diversos factores que inciden en el acuerdo, tales como las
condiciones particulares de los intervinientes y su proceder en los
diferentes momentos contractuales, esto es, antes, durante y después de
su celebración, de tal manera que se refleje de manera precisa el ánimo
que los inspiró a vincularse» (CSJ SC del 24 de julio de 2012, rad.
n.° 2005-00595-01; se subraya). En ese orden, habrá de
atenderse al desenvolvimiento negocial de los contratantes
para determinar su real intención en cuanto a la
interpretación de las cláusulas negociales15. Siendo también
factible, por supuesto, la modificación de las condiciones
contractuales por la conducta de los contratantes16.
En el caso en concreto se presentó, en efecto, la
variación del momento en que habría de cumplirse la
obligación de restitución pues, hecho oportunamente el
preaviso, la arrendataria solicitó a la arrendadora que
acudiera el 28 de junio del 2005 para efectuar la entrega del
12 Colombia. CSJ. Sentencia del 3 de junio de 1946. G.J. LX, p. 661.
13 CSJ, Sala Civil, 19 de diciembre de 2008, rad. n.°. 11001-3103-012-2000-00075-
01.
14 Cfr. SC del 5 de julio de 1983, SC139-2002 de ag. 1° 2002, rad. n.° 6907; SC127-
2008 de dic 19 2008, rad. n.° 11001-3103-012-2000-00075-01; SC038-2015, de feb
2 de 2015, rad. 1100131030192009002980l, entre otras
15 «Esa búsqueda –o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe ser
erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima
facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común de las
partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor literal, el que,
in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la
verdadera voluntad de los convencionistas, ratio medular del laborío hermenéutico.»
(CSJ SC de 28 de febrero de 2005, exp. 7504).
16 En cuanto al consentimiento tácito, mutatis mutandis, esta Sala ha expuesto que
el: «consentimiento implícito, entonces, se manifiesta por actos del destinatario de la
propuesta que denoten total conformidad con la misma… Deben ser actos de valor
positivo, que demuestren inequívocamente una voluntad determinada de aceptar»
(CSJ SC, 12 Ago. 2002, Rad. 6151)» (CSJ SC054-2015).
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
33
bien. Y, atendiendo a dicho requerimiento, aquella envió a su
hija, quien se negó a recibir al aducir que era su madre la
indicada para señalar el estado en que se encontraba el
inmueble al momento en que fue entregado17. Ahora, véase
que frente al ofrecimiento de cumplir el compromiso en
comento en fecha anterior al momento de terminación del
contrato nada dijo la impugnante. Quien, únicamente, vino
a efectuar tales reclamos al momento de sustentar el recurso
extraordinario de casación. Sin embargo, no existe prueba de
que aquella haya rechazado la propuesta de entrega
anticipada. Por el contrario, estuvo de acuerdo con ella, mas
no en la forma en que habría de efectuarse. De tal
circunstancia da cuenta, por un lado, la asistencia de la
señora Rocío López de Robinson a la diligencia. Y, por el otro,
la comunicación remitida por la arrendadora a su
contraparte el 12 de julio del 2005, con la siguiente
aseveración: «recibiré el inmueble en donde funcionaba esa
Institución, inmediatamente ustedes hayan cumplido los términos del
contrato de arrendamiento en lo relacionado al estado del predio (…).
Ustedes recordarán que el inmueble lo entregué en perfectas condiciones
en todas sus áreas, en consecuencia, les solicito comedidamente
devolverlo en el mismo estado y a nuestra entera satisfacción»18.
Así pues, como la obligación sí podía ser cumplida el 28
de julio del 2005. Y, paralelamente, la demandada también
estaba en condiciones de efectuar la entrega a la luz de lo
pactado en la cláusula novena del contrato de
arrendamiento, para esta Sala no es un error haber
17 De esto dio cuenta Carlos Arturo Palacios, quien narró lo siguiente: «[e]n junio se le
volvió a enviar otra carta, que el 28 de junio le entregábamos la sede y que se hiciera
presente ese día para poderla entregar, sin embargo, se hizo presente solamente la hija
que se llama ROCIO, ella adujo que no podía recibirlo porque la mamá era la que sabía
en qué condiciones la había entregado». Página 150 del archivo
«C0001CuadernoPrimeraInstancia».
18 Página 62 del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
34
considerado que la acreedora se constituyó en mora de la
obligación de recibir el inmueble.
Recuérdese que el principio de la buena fe, que «significa
que cada uno debe guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar
la confianza o abusar de ella»19, es transversal a todo el análisis
contractual. En el caso concreto, a propósito de la
denominada mora accipiendi, esta resistencia de la acreedora
a recibir el retorno de la tenencia del inmueble se conectó con
plurales contenidos del contrato. Con su crédito obligacional,
porque frustró el pago - «satisfacción esperada»20, cuyo acreedor
no podría «oponerse a recibirlo»-21. Y sometió al deudor a la
penumbra del cumplimiento de esa obligación22-que
englobaba «otras como aquella de conservación»23-. En efecto, «el
deudor había de tener un legítimo interés en liberarse»24. Principio este
de la buena fe «irrenunciable»25, que, a propósito de la citada
mora accipiendi podría recibirse como una carga-deber. Se
trataría, primero, de la «gestión de un interés personal»26: el
acreedor «[e]n virtud de esta conducta se perjudica todo lo más así
mismo»27. Y, segundo, también podría reconocerse como la
trasgresión de un débito o conducta debida per se -sin
correlativo directo-. Esto es, su necesaria consecuencia
podría ser la reducción o eliminación de la responsabilidad
19 Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Editorial Revista de Derecho. Madrid, 1958,
p. 142.
20 Stark, B., Roland, H. y Boyer, L. Obligations. T.3. Litec, París, 1992, pág. 67.
21 CSJ. SC del 13 de julio de 1907. G.J. XXIII, pág. 118.
22 “Toda obligación puede engendrar mora del acreedor, por cuanto debe entenderse
que si el deudor está obligado a cumplir, el acreedor debe estar obligado a facilitar ese
cumplimiento (…) El mero hecho de no recibir sin un motivo legítimo constituye mora del
acreedor. Nada más es necesario, ni requiere un acto culposo especial, sino que debe
mirarse como culpa el solo hecho de no recibir o no cooperar al cumplimiento (…)”.
Arturo Valencia Zea. Derecho Civil. Tomo III. Editorial Temis. Bogotá: 1974. Pág. 383-
385.
23 Malaurie, Ph. y Aynes, L. Droit Civil. Les contrats spéciaux. Cujas, París, 1998,
pág. 390.
24 Baudry-Lacantinerie, G. Précis de Droit Civil. Recueil Sirey. París, 1925, pág. 170.
25 Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Editorial Revista de Derecho. Madrid, 1958,
p. 144.
26 Von Tuhr, A. Tratado de las obligaciones. T.I. Madrid, 1959, pág. 5.
27 Larenz, Karl. Derecho de obligaciones. Revista de Derecho. Madrid, 1958, pág. 376.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
35
del deudor: «podría liberarse a despecho del acreedor»28, con
respecto a «los efectos posibles de la mora solvendi»29.
De manera puntual, se reconoció la desatención de la
demandante de su carga-deber de colaboración en la
ejecución y la anunciada terminación del contrato de
arrendamiento. De tal circunstancia dan cuenta los distintos
medios de prueba obrantes en el plenario. Véase que la
Universidad, desde el 25 de noviembre del 2004, estuvo
remitiendo comunicaciones a la arrendadora en las que le
manifestó su intención de no continuar con el contrato de
arrendamiento en tanto que «nuestra Institución adquirió el terreno
para la construcción de la sede y en los próximos meses estaremos
unificados a este»30.
A su turno, llegado el día en que se le informó que iba a
efectuarse la entrega del bien -dos días antes del
fenecimiento del lapso contractual- la demandante decidió no
asistir, así como tampoco manifestó a los arrendatarios las
modificaciones o mejoras que debían hacer sobre el inmueble
para su entrega. Tal como lo testificó Carlos Arturo Palacio
Echeverry, quien relató que «en julio 28 de 2005 que fue cuando la
citamos, gravamos, citamos testigos estuvo doña ROCIO LOPEZ, se
conversó telefónicamente con doña MARINA para que la hija le dijera sí
había que hacerle algunas mejoras y la Universidad pues obviamente
debería [responder porque la cláusula dice que la universidad respondía
por esas mejoras pero nunca nos quisieron recibir y yo no puedo mentir
cómo se recibió en 1996 la sede, necesitábamos de la presencia de ella
28 Delvincourt, C. É. Cours de Droit Civil. Gueffier, París, 1813, pág. 163.
Desde antiguo, en una hipótesis algo próxima, el jurista Marcelo precisaba que «no es
justo que responda del dinero perdido, porque no lo estaría, si el acreedor hubiese
querido recibirlo». D. 46, 3,72. El Digesto de Justiniano. Cuerpo de Derecho Civil
Romano. T.III. García del Corral, I. Arkhe, Barcelona, 1897, pág. 611.
29 Giordi, J. Teoría de las Obligaciones. Reus. Madrid, 1977, pág. 126.
30 Página 10 del archivo «C0019CuadernoPrincipalDemandaAcumulada200600072».
Manifestaciones que reiteró el 17 de mayo del 2005.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
36
para que nos dijera cómo se recibió en esa época la sede»31. Solo fue
hasta el 12 de julio del 2005, después de fenecido el término
contractual, que la arrendadora manifestó su negativa a
recibir el bien en «razón a las múltiples demoliciones de algunas
áreas construidas, como salones, canchas de voleibol, dos (2) canchas
de baloncesto, destrucción de jardines y zonas verdes, destrucción de
laboratorios de física, química, mecánica dental, modificaciones de aulas
de clase, daños causados a la cafetería y alrededores, daños al edificio
en general, así mismo los cambios causados al enchape de la fachada
que desmejoran y perjudican notablemente su estética». Y, pese a ello,
según las pruebas obrantes en el plenario, solo fue hasta el
2 de diciembre del 2005 que la señora Robayo le indicó a la
Universidad las modificaciones que deseaba se efectuaran en
el bien. Ello, pese a los múltiples esfuerzos llevados a cabo
por la propia arrendataria para finiquitar la entrega del
fundo32. En ese sentido, allí indicó que
«(…) [l]os perjuicios materiales que se me han causado, y que
deben cubrirse son entre otros:
1.- Construcción de 3 salones demolidos, construcción de unidades
sanitarias para damas y varones zona recreativa demolida, aulas
de clase primer piso y laboratorios, sala de profesores e isla
exterior primer piso sobre fachada lateral, salones segundo piso,
área de recreación, zonas verdes, talleres, fachadas, murales,
reubicación de elementos eléctricos, arreglo baterías sanitarias y
revisión, instalaciones sanitarias e hidráulicas, etc. (según
presupuesto de obra elaborado el 2 de noviembre de 2005 por el
Arg. ALBERTO BOLIVAR AÑEZ)».
El testigo Alberto Bolívar Añez aseveró que únicamente
asistió a las instalaciones hasta el 2 de noviembre del 2005,
por petición de la arrendataria. Al respecto, indicó que «fui
invitado por doña MARINA para el recibo de la planta física, encontrando
la propietaria ciertas variaciones del inmueble entregado hacía varios
años, no recuerdo exactamente cuánto duraron ellos creo que pasa de
31 Página 152 del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
32 Los cuales se reflejan en las audiencias de conciliación llevadas a cabo entre los
meses de julio y noviembre del 2005.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
37
10 años. (…) que no están cuantificados dentro del presupuesto que doña
MARINA ROBAYO me solicitó ese día que ejecutara debido a que ella no
estaba en condiciones de recibir el inmueble hasta tanto no se evaluara
las modificaciones que hizo el arrendatario sin autorización del
arrendador. En términos generales ese fue el inicio de lo que
posteriormente se empezó a ejecutar como fue el presupuesto respectivo
y la corroboración digamos de los espacios que según testimonios de
doña MARINA y de un funcionario anterior de la misma universidad.
Estoy hablando del 2 de noviembre que no se recibió por esas
razones»33.
Por demás, a través de un derecho de retención de los
frutos existentes de la cosa arrendada y de su amueblado, el
arrendador habrá de asegurar el pago de las obligaciones a
cargo del arrendatario (art. 2000 CC). De manera que tal
oposición a recibir no constituye más que una falta al deber-
carga de colaboración en el pago de la obligación. Sin
mencionar, también, que hace imposible el cumplimiento de
la obligación de entrega por oponerse a realizar los actos
preparatorios necesarios para la satisfacción de la deuda. Lo
que, sin duda, da lugar a la configuración de la mora del
acreedor.
Tampoco son de recibo las alegaciones esgrimidas en lo
que concierne con la ausencia de ejercicio de la acción
consagrada en el artículo 426 del Código de Procedimiento
Civil -hoy 385 del CGP-. En tanto ello no expurga la mora de
la demandante en recibir el bien. Por ende, no es posible
considerar, en el caso en concreto, que los daños surgidos
con posterioridad al ofrecimiento de restitución del inmueble
puedan ser atribuidos al demandado. Pues, como lo ha
señalado esta Sala, «es natural que si el hecho de la restitución no se
realiza por culpa del arrendador, el arrendatario se salva de
33 Página 195 del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1.pdf».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
38
responsabilidad comprobando que estuvo listo a hacer la entrega de la
cosa arrendada»34.
8. Por otro lado, los daños reclamados con posterioridad
a la terminación del contrato tampoco podrían ser
concedidos. Y ello es así debido a la desatención de la
arrendadora en abogar por la conservación del inmueble
dado en arriendo, tras la extinción del contrato por el
cumplimiento del plazo. En efecto, véase cómo, pese a que
las llaves fueron puestas a disposición del juzgado desde el 8
de noviembre del 2006, ninguna actuación efectuó para
evitar los hurtos y la destrucción del inmueble. Ciertamente,
tan solo se limitó a poner en conocimiento del Despacho tal
situación35, para que se ordenara a la demandada «que refuerce
la vigilancia existente en el inmueble donde funcionó la U.C.C. en esta
ciudad, ya conocido de autos, hasta que por sentencia se dirima este
asunto». Frente a lo cual el Juzgado manifestó que tal
actuación «no es del resorte de este Despacho; y en su lugar se le
recuerda al profesional que representa a la actora, el derecho que les
asiste de acudir ante las autoridades penales y/o policivas respectivas,
para denunciar los hechos que atenten contra la seguridad y protección
a la propiedad». No obstante, no se halla en el plenario prueba
de que hubiera efectuado alguna actuación tendiente a
garantizar la seguridad y estabilidad del bien. Memórese que,
al respecto, esta Sala ha prohijado por la denegación del
lucro cesante futuro ante la inobservancia del deber-carga de
mitigar o atenuar el daño. Sobre la materia, en CSJ SC282-
2021, memoró que «[e]l señalado comportamiento, que muchos
tratadistas elevan a la categoría de deber de conducta al paso que otros
lo identifican con una carga, encuentra su razón de ser en el principio de
buena fe, hoy de raigambre constitucional (art. 83, C.P.)».
34 CSJ, SC, sentencia del 6 de mayo de 1952. GJ. Tomo LXXII n°. 2115, págs. 53 a
59.
35 Página 176 del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
39
9. En cuanto a los errores endilgados al Tribunal «al
señalar que ciertos daños materiales reclamados no aparecen
comprobados, basamento sobre el cual denegó su indemnización», esta
Sala evidencia que lo argüido no es más que un alegato de
instancia. Al respecto, se observa:
9.1. En torno a los daños estructurales, el impugnante
aseveró que el ad quem distorsionó el peritaje de Alberto
Bolívar Añez, quien nunca dijo «que el daño no había existido». Y
el de Mauricio Bustos González, en el cual jamás se dedujo
que «los daños de la edificación se originaron desde su propia
construcción». Además, criticó el cercenamiento de la experticia
de Octavio Vásquez Bermúdez.
Véase cómo el censor omitió efectuar el necesario
ejercicio de comprobación del error de hecho denunciado. El
cual consiste en realizar un cotejo entre lo que dedujo el ad
quem de los medios suasorios supuestamente tergiversados
o cercenados y lo que objetivamente se extrae de la prueba.
Por el contrario, a la manera de un alegato, únicamente se
contentó con señalar los apartes que le convenian para
efectos de sostener su postura. Proceder que es inadmisible
en casación.
En adición, se advierte que el reparo es desenfocado,
pues el Tribunal no señaló que el daño no hubiera existido.
Lo que sí dijo es que era imposible colegir si los daños
estructurales habían acaecido durante la vigencia del
contrato de arrendamiento. Esto, por cuanto los expertos
fueron coincidentes en extrañar los estudios previos «que
llevaran a la determinación de la afectación reclamada, ya que no
reposan los planos, del momento de la edificación, como también se
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
40
constata falencias de toda la estructura, que no pueden ser atribuidas a
la Universidad, pues su ocurrencia data desde el diseño inicial».
9.2. El mismo yerro en la elaboración del motivo de
casación se evidencia en lo criticado en torno a la apreciación
efectuada sobre los daños «denominados como construcción y
demolición de área de recreación, donde se incluyó zonas verdes,
talleres, fachadas, murales, reubicación de elementos eléctricos, arreglo
baterías sanitarias y revisión, instalaciones sanitarias e hidráulicas».
En el entendido de que, exclusivamente, alude al
cercenamiento y tergiversación de la prueba, pero sin
efectuar el necesario ejercicio de comprobación. Por el
contrario, el único esfuerzo va dedicado a transcribir apartes
que le funcionan para su postura, sin que ello signifique
necesariamente la equivocación del ad quem en la valoración
de la prueba.
9.3. Acerca de la «demolición de sala de profesores e isla
exterior primer piso sobre fachada lateral», es menester apuntalar
que el cargo es desenfocado. Y ello es así pues, en lo que tiene
que ver con el peritaje de Alfonso Santiago, si bien aquel sí
dijo que habían existido otras demoliciones, lo cierto es que
el estudio efectuado en el aparte que critica se encontraba
circunscrito exclusivamente a las unidades sanitarias para
damas y varones, zona recreativa. Por el contrario, los
apartes que trae de presente el censor aluden a una
«construcción realizada en el primer piso, salón y una batería de baños»,
«[c]onstrucción de aproximadamente 10,0 m2 para posible oficina», «[u]n
salón contiguo al laboratorio» y dos muros. Sin referirse,
específicamente, a la demolición de baterías de baños de la
zona recreativa. Por tal razón, el Tribunal no halló probado
ese perjuicio. Por ende, el yerro denunciado no tiene la
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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virtualidad de derruir la presunción de legalidad y acierto que
cobija la providencia de segundo grado.
9.4. Respecto de la «construcción de unidades sanitarias para
damas y varones zona recreativa demolida», el actor aduce que se
pretermitió el testimonio de Burgos Jaimes. No obstante, no
es posible imputar error al Tribunal por haber preferido el
dicho de un experto frente a la prueba testifical. De manera
que no es cierto que el ad quem haya pretermitido la
declaración. Lo que ocurre es que otorgó mayor mérito
convictivo a lo expresado por el perito.
10. Esto es, los cargos primero y segundo fracasan.
CARGO TERCERO
Denunció la violación indirecta, por falta de aplicación,
de los artículos 1605, 1606, 1648, 1649, 1656 y 1663 del
Código Civil y de los cánones 518, 524 y 822 del Código de
Comercio. Y, por aplicación indebida, de los artículos 2005,
2006, 2008 y 2011 del Código Civil, debido a los siguientes
yerros en la apreciación probatoria:
1. Aseveró que el ad quem cercenó las declaraciones de
Carlos Arturo Palacio Echeverri, pues si bien desde el 2002
la Universidad enviaba comunicados a la arrendadora en los
que le manifestó su deseo de terminar el contrato, lo cierto
es que perseveró en el mismo al no haber restituido el bien.
2. Por otro lado, estimó que en la demanda ordinaria
que incoó la Universidad Cooperativa, aquella pretendió que
se declarara que hubo incumplimiento de la arrendadora y
que, por consiguiente, se tuviera por terminada la referida
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
42
convención. En ese orden, si el «sentenciador no hubiese omitido
ese documento, habría visto que para la arrendataria el contrato no
terminó por el aviso que le envió a la arrendadora, sino, mucho después,
esto es, por el supuesto incumplimiento de aquella en recibirlo». De
manera que es claro que ambas partes, además de culparse
recíprocamente del incumplimiento, «tienen de presente que el
contrato no ha terminado por el aviso enviado por la arrendataria, motivo
por el cual reclaman su terminación por el incumplimiento del otro».
3. A su turno, hizo hincapié en que, conforme a las
normas mercantiles, la expiración del plazo pactado no es
causal de terminación del contrato de arrendamiento cuando
el inquilino lo ha ocupado por más de dos años. En
consecuencia, «en tratándose de arrendamientos regidos por los
preceptos mercantiles y dado el derecho legal e imperativo del
arrendatario a la renovación del contrato, la falta de entrega del
inmueble debe entenderse como la manifestación de la renovación ipso
iure de éste, como así lo impone la ley». En ese orden, consideró
que, como la renovación es un derecho unilateral del
arrendatario que se le impone forzosamente al arrendador, el
vencimiento del término previsto para la duración del
contrato no apareja su terminación. Ello es así en tanto que
es del arbitrio del arrendatario proseguir con el negocio o
restituir el bien. Aunado a ello, destacó que si «el locatario no
restituye el inmueble, carece el arrendador de instrumentos para
impetrar su devolución porque el ordenamiento se lo prohíbe, a menos
que acuda a alguna de las hipótesis del artículo 518 del C. de Co., que
no vienen al caso pues la arrendadora no las activó en este caso».
CONSIDERACIONES
1.- Como se vio en precedencia, el censor aduce que, en
lo que respecta a la terminación del contrato de
arrendamiento mercantil, el juzgador incurrió en yerro de
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
43
hecho en la valoración de la demanda presentada por la
Universidad Cooperativa de Colombia y en el testimonio de
Carlos Arturo Palacio Echeverri. Además, señaló la indebida
utilización de las normas del Código Civil relacionadas con la
extinción de los contratos, comoquiera que, en los casos en
los que el arrendatario ha ocupado el bien por más de dos
años, «la expiración del término convenido en el contrato no es causal
de terminación de éste».
2. Se advierte la incompletitud del cargo, pues pasó por
alto las consideraciones del ad quem en torno a las diversas
comunicaciones enviadas por la demandada a la
arrendadora en las que manifestaba su clara intención de dar
por finiquitado el contrato. Al respecto, para el juzgador de
segundo grado, «la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA,
manifestó oportunamente la voluntad de dar por terminado el referido
contrato, con envío de la primer comunicación a la arrendataria, desde
el 25 de noviembre de 2004 y en el entendido que debido a la prórroga
del mismo anteriormente, vencía en junio 30 del año 2005, por lo que el
anuncio de la entidad arrendataria, corresponde a una antelación de
siete meses a la fecha de expiración del convenio, con sus respectivas
reiteraciones de 17 de mayo de 2005 y 24 de junio de 2005 y por lo que
atendiendo lo antes ilustrado, el cumplimiento de dicha condición junto
con la expiración del término del contrato, contrario a lo concluido por el
a-quo, sí da lugar a la terminación del contrato, tal como lo indica el
apelante; pues reitérese que se parte de la existencia de un contrato
escrito, formal y las consecuencias que de él emergen, del mismo lo cual
debe analizarse en su integralidad, imponiéndose analizarlo en su
integralidad». De forma tal que dicha conclusión quedó
incólume: no se atacó el fundamento de la decisión.
3. Por lo demás, tampoco se comparte la conclusión
según la cual «la falta de entrega del inmueble debe entenderse como
la manifestación de la renovación ipso iure de éste, como así lo impone
la ley». Esta aseveración se enfrenta a protuberantes
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
44
deficiencias técnicas. Por ejemplo, a propósito de hipótesis
tan disimiles como la prórroga de un mismo contrato y la
formación de uno nuevo -renovación, incluso aquella
renovación tácita-. Sobre la primera, el demandante «es quien
debe suministrar la prueba, y no el arrendatario, que niega dicha
prórroga»36. Con respecto a la segunda, el escenario sería el de
aquella situación en dónde «ambas partes hubieran manifestado
por cualquier hecho igualmente inequívoco su intención de perseverar en
el arriendo»37. En el caso concreto, desde la antípoda factual de
las instituciones relatadas, la ausencia de entrega del bien se
produjo por la mora de la parte acreedora de esa obligación38.
Aunado a lo anterior, es necesario traer de presente
que, para el Tribunal, «quien manifestó su intención de no prórroga
del contrato, fue la entidad arrendataria, y por lo que en atención al
principio de autonomía de la voluntad de las partes, anclada en el art.
1602 del CC a efectos de determinar si se configuró la prórroga
automática del contrato o terminación, se debe acudir a la cláusula
decima segunda del documento contractual, donde se extrae “…la
expiración del término pactado para su duración”, con preaviso a la otra
parte, con treinta (30) días de antelación (folio 7 Cdno 1), esto también
en consideración a lo establecido en el artículo 1602 citado en tanto que
los contratos legalmente celebrados, se convierten el ley para los
contratantes, no pudiéndose invalidar sino por consentimiento mutuo o
causas legales». No obstante, aquella consideración tampoco
fue cuestionada por el censor. De manera que aparece el
embate como un alegato de instancia, en tanto no es claro en
dónde radicó el yerro del juzgador en su apreciación
probatoria o en las normas bajo las cuales fundamentó su
36 CSJ. Sentencia de 8 oct. de 1927, G.J. XXXV, pág. 63.
37 CSJ. Sentencia de 3 agos. de 1937. G.J. 1927, pág. 409. Por lo demás, sobre la
denominada tácita reconducción, recuérdese que es regla general que esta «no se
produzca, como se desprende del inciso 1.» [art. 2014 C.C.]. Contardo, J. Comentario
histórico-dogmático al libro IV del Código Civil de Chile. Director Amunátegui, C.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, pág. 1283.
38 Además, recuérdese que: «las relaciones jurídicas no pueden estructurarse sobre
una base de indiferencia o esterilidad de los actos humanos, sino mirando por el
contrario, la intención y los fines perseguidos por quien los ejecuta» (CSJ. SC del 23 de
sep. 1974. G.J. CXLVIII, pág. 246).
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
45
postura. Por el contrario, la argumentación aparece como
una visión alternativa a la controversia, pero sin que ello
desvirtúe la presunción de legalidad y acierto que cobija la
providencia de segundo grado.
4. Por tales razones, el cargo debe desestimarse.
CARGO CUARTO
Con apoyo en la causal segunda de casación, se censuró
la violación indirecta de los artículos 1613, 1614, 2341 y
2342 del Código Civil, por causa de errores de apreciación
probatoria incurridos por considerar, el Colegiado, que
Ovidio, María Rocío Esperanza y María Patricia López Robayo
no estaban legitimados en la causa por activa para ser
reconocidos como litisconsortes de la parte activa. Afirmó que
el Tribunal omitió el memorial allegado por los intervinientes
el 10 de mayo del 2011, del cual se desprende que el daño
cuya reparación pretenden aquellos no concierne con el
incumplimiento de las obligaciones contractuales de la
demandada. Sino, más bien, tiene que ver con el detrimento
que han sufrido sus predios. Y es que se debió atender a que
en la demanda se reclaman los perjuicios provenientes de la
demolición y alteración parcial de las edificaciones;
menoscabos que afectan patrimonialmente a los
propietarios. En ese orden y si el ad quem hubiera cumplido
con su deber de interpretar la demanda, habría advertido que
se le reprochó a la convocada su descuido al emprender la
construcción de nuevas obras sin cerciorarse si la estructura
así lo permitía. Criterio de atribución que sí atañe a los
litisconsortes. Por ello, consideró trasgredidos los cánones
2341 y 2342 del Código Civil, «como quiera que la Universidad
demandada, en un acto ilícito que no tuvo venero en el contrato (en
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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cuanto este no la autorizaba para tal efecto) procedió transformar el
inmueble para adecuarlo a sus intereses lesionando los derechos
patrimoniales de los intervinientes quienes, por consiguiente, deben ser
reparados». De ahí que les surge un interés de resarcimiento
propio -extracontractual-, diverso al de la arrendadora, pero
derivada de la omisión de la demandada.
CONSIDERACIONES
1. El impugnante reprocha la violación indirecta de
normas sustanciales, al considerar que Ovidio, María Rocío
Esperanza y María Patricia López Robayo no estaban
legitimados en la causa para ser reconocidos como
litisconsortes de la parte activa. Frente al tema, el Tribunal -
en efecto- aseveró que aquellos no podían ser considerados
como intervinientes litisconsorciales al tenor del artículo 52
del Código de Procedimiento Civil, «dado que en ellos no recae la
titularidad de la relación sustancial surgida como ya se anotara, entre
la arrendadora y la entidad arrendataria». Y, en torno a la
posibilidad de concurrencia en un mismo proceso de
pretensiones de índole contractual y extracontractual, indicó
que no se avizora que este último tipo de súplicas «hayan sido
presentadas en tal forma y menos que diera lugar al entendimiento de
la conformación de un litisconsorcio cuasinecesario (…)».
2. Ningún yerro de hecho se observa respecto de la
consideración esbozada por el ad quem sobre la intervención
de los propietarios del inmueble. En efecto, véase que en la
demanda se ejerció la acción de responsabilidad civil
contractual, derivada del
incumplimiento del contrato
de
arrendamiento suscrito entre Marina Robayo de López y la
Universidad Cooperativa de Colombia. Así fue anunciado en
el libelo inicial, en que aseguró que, haciendo uso del poder
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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especial conferido por la señora Robayo de López, «mediante
este escrito en forma muy respetuosa, presento ante Usted Señor Juez,
demanda en contra de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA,
(…) para que por los trámites del PROCESO ORDINARIO DE
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE MAYOR CUANTÍA, se acceda a
las siguientes declaraciones y condenas». Y, a continuación, esbozó
tres pretensiones principales y tres subsidiarias, todas
dirigidas a que se declarase el incumplimiento de la
convención por parte de la demandada. Y que, «como
consecuencia de las anteriores declaraciones», se procediera a
ordenar la correspondiente indemnización de perjuicios a
título de daño emergente, lucro cesante y daño moral. De
manera que la controversia quedó circunscrita al ámbito del
contrato: no se elevó súplica alguna fundada en la
responsabilidad extracontractual.
De manera que ningún error manifiesto se evidencia en
la apreciación de la demanda por parte del Tribunal. Por
cuanto la interpretación que propone la censora no es
suficiente para aseverar que hubo un dislate protuberante
entre lo que se desprende naturalmente de dicho documento
y lo concluido por el juzgador de segundo grado.
3. Por otro lado, aun cuando se reconociera que existe
un interés de los propietarios en accionar en contra de la
Universidad de Colombia por los detrimentos sufridos en el
inmueble objeto del contrato de arrendamiento, lo cierto es
que debieron ellos haber elevado una súplica independiente.
Y, si se quiere, haber intentado la acumulación de procesos
a través de la integración del litisconsorcio -facultativo-. Sin
embargo, así no se hizo. Por cuanto, tal como se desprende
del memorial radicado el 11 de mayo del 2011, los
convocantes únicamente instaron a que fueran reconocidos
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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«en sus calidades de propietarios inscritos del inmueble ubicado en esta
ciudad en la Calle 23 No. 33 — 42, Barrio San Francisco, ya conocido de
autos, como intervinientes litisconsorciales de la demandante Señora
MARINA ROBAYO DE LÓPEZ, de conformidad con el artículo 52 del C. P.
C.». Ello, para efectos de que «les sean pagados ya directamente o
a través de la Arrendadora Señora MARINA ROBAYO DE LOPEZ, todos
los daños materiales causados en las modalidades de daño emergente,
y lucro cesante presentes y futuros, con su debida corrección monetaria,
de conformidad con los Peritazgos ya obrantes en el expediente y los
cuales se encuentran en firme y los demás que se causen hasta su pago
total». Para lo cual dijeron coadyuvar «todas las Pretensiones y
Hechos de la demanda Principal y Reforma». Es decir, en momento
alguno elevaron pretensión alguna relacionada con la
responsabilidad civil extracontractual que alega el
casacionista39.
4. En ese orden de ideas, el embate no tiene vocación
de prosperidad. Pues, se insiste, ningún error se evidencia en
la valoración de la demanda ni del memorial radicado el 11
de mayo del 2011 -que, en todo caso, no puede ser
considerado un medio de prueba-. Y es que de ninguna
manera los propietarios estaban legitimados para participar
en el proceso como litisconsortes, habida cuenta de que las
pretensiones esbozadas en la demanda y su reforma se
ubicaron en el ámbito contractual. Del cual estaban
excluidos los señores Ovidio, María Rocío Esperanza y María
Patricia López Robayo.
CARGO QUINTO
39 Esto se ve también ratificado con los fundamentos de derecho esbozados en dicho
escrito, dentro de los cuales no se hallan los artículos 2341 y siguientes del Código
Civil.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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Con fundamento en la causal segunda de casación, se
censuró la violación indirecta de los artículos 1615 del
Código Civil y 16 la Ley 446 de 1998, por causa de error de
derecho como consecuencia del quebrantamiento de los
cánones 175, 37 numeral 4, 174, 179 y 180 del Código de
Procedimiento Civil, cometido al desestimar la pretensión
indemnizatoria por el daño moral.
Especificó que el yerro se configuró. Pues, el Tribunal
indicó que la prueba testimonial no era idónea para
comprobar los sentimientos de tristeza, dolor y abatimiento
padecidos por la demandante. Consideración que «destronca
paladina e ilegítimamente el principio de libertad probatoria (artículos
174 y 175 del Código de Procedimiento Civil, y, 164 y 165 del Código
General del Proceso) que es cardinal en punto del derecho a probar en
los litigios, a la vez que crea, per se y veleidosamente, una desatinada
regla de “tarifa legal”, que en manera alguna está prevista en el ámbito
normativo para gobernar o regular el tema de la probanza del perjuicio
moral». Con tal pifia, el sentenciador dejó de ver que «de la mano
de lo depuesto por Fernando López Guzmán, sí fueron acreditadas
afecciones psicológicas de la demandante, testimonio sobre el cual le
incumbía al juez colegiado, en ejercicio del arbitrio judicial que gobierna
la materia, desplegar su laborío de aquilatamiento para proceder a
imponer la compensación pecuniaria que corresponde a favor de aquélla
derivada de la afectación que le fue causada en el ámbito
extrapatrimonial». Aunado a lo anterior, el referido error implicó
que el ad quem omitiera que, aún desde antes de la
formulación de la demanda, la señora Marina -en escrito del
2 de diciembre de 2005- puso en conocimiento de la
Universidad que había padecidos daños extrapatrimoniales.
Adicionalmente, incurrió en transgresión de los
artículos 37 numeral 4, 174, 179 y 180 del Código de
Procedimiento Civil ante la falta del ejercicio de sus deberes
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
50
oficiosos. En efecto, el Tribunal debió proceder al decreto
oficioso de las pruebas que creyera pertinentes para
acreditar el aludido perjuicio. A su turno, destacó la labor
probatoria desplegada por la demandante en función de
acreditar el daño. Para lo cual, «al plenario se allegó prueba
testimonial y documental en pro de obtener la correspondiente
compensación por la aflicción que padece al dársele un uso harto
descomedido e irresponsable a los inmuebles que dio en renta a la
demandada».
Finalmente, en cuanto al hecho de que en el poder no
se hubiera facultado al apoderado para solicitar perjuicios
morales, indicó que tal aspecto no está «perfilado en las aristas
materiales del Derecho, sino mera y contingentemente en las de índole
procesal, siendo que esa invocación, por demás, alberga menosprecio a
la primacía del derecho sustancial sobre el adjetivo, que perennemente
ha de observarse». Afirmó que los errores denunciados
resultaban trascendentes pues, al realizar tales
consideraciones, «pretirió y dejó de lado lo referente a la ponderación
del documento 2 de diciembre de 2005, así como también acerca de la
circunstancia de que no se propuso la excepción previa correspondiente
ni tampoco se formuló la nulidad que se imponía, todo lo cual depara una
falencia adicional en la sentencia cuestionada que, cómo no, se aunó
para infringir las normas sustanciales invocadas como quebrantadas en
tanto no vio que un asunto de ese resorte procesal tiene manera de ser
conjurado a través de la utilización de los mecanismos rituales al efecto
establecidos para ello».
CONSIDERACIONES
1.- El cargo adolece de un vicio formal que amerita su
inmediata desestimación. En efecto, pese a invocarse la
causal segunda de casación, se omitió mencionar al menos
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
51
una norma de índole sustancial40 que, constituyendo la base
esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio
del recurrente haya sido violada. Tal exigencia es cardinal
porque a partir de allí se despliega la función nomofiláctica y
de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede
casacional a la Corte. En el reparo se censuró la sentencia de
segunda instancia por ser violatoria indirectamente de los
artículos 1615 del Código Civil y 16 la Ley 446 de 1998, por
causa de error de derecho como consecuencia del
quebrantamiento de los cánones 175, 37 numeral 4, 174,
179 y 180 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo,
ninguna de las mentadas disposiciones es de carácter
sustancial. El canon 1615 CC señala el momento en que
comienza a deberse la indemnización de perjuicio. Sin
embargo, dicha norma no consagra derechos ni obligaciones
concretas a las partes, ligadas por un vínculo especial. En
efecto, «los artículos 1613, 1614 y 1615 (…) no son sustanciales pues
tan sólo hacen una clasificación y explicación de dos modalidades de
daños resarcibles» (AC2506-2016, AC3597-2018, ambos
mencionados en AC2117-2020). El artículo 16 de la Ley 446
de 1998 tampoco «declara, crea, modifica o extingue una relación
jurídica concreta (…) (CSJ. AC. 18. Dic. 2014, rad. 2008-00267-01)»
(CSJ AC5525-2015).
2.- Aunado a lo anterior, se observa una mixtura de los
tipos de errores que pueden ser alegados bajo la causal
segunda de casación. Y es que, si bien el censor invocó la
violación indirecta de la norma sustancial por pifias de
derecho -al imponerse supuestamente una tarifa legal y al no
40 Memórese que las normas sustanciales son aquellas que «en razón de una situación
fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también
concretas entre las personas implicadas en tal situación’, sin que, por ende, ostenten
tal carácter las disposiciones materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o
a detallar los elementos estructurales de los mismos, o las puramente enunciativas o
enumerativas, o los interpretativas, o las procesales» (CSJ AC280-2021).
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
52
decretar pruebas de oficio-, lo cierto es que a la postre
terminó denunciando yerros de hecho. En efecto, en varias
oportunidades se criticó la pretermisión de medios suasorios
al efectuar la valoración de los daños morales. En particular,
indicó que se «dejó de ver que aun desde antes de la formulación del
libelo demandatorio, la señora Marina Robayo de López, mediante
escrito adiado 2 de diciembre de 2005 (fol. 48, cdno. 1.1.), dirigido a
César Pérez García en su calidad de representante legal de la
Universidad Cooperativa de Colombia, ya había puesto de presente que,
entre otros, había padecido daños extrapatrimoniales que pedía
resarcir». Entremezclamiento que se repitió al final del embate,
cuando afirmó -respecto a la falta de mandato señalada por
el Tribunal-, que el ad quem «pretirió y dejó de lado lo referente a
la ponderación del documento 2 de diciembre de 2005».
3. Así y todo, aún si se pasaran por alto lo anterior, el
cargo no está llamado a prosperar. Para el censor, el ad quem
incurrió en error de derecho al «imponer, ante sí y para sí, la
inaplazable observancia de una limitación demostrativa no contemplada
por el legislador en el estatuto procesal y, de la mano de esa exigencia,
tildar de inconducente un medio probatorio cabal y eficazmente aportado
al proceso, concretamente la declaración del señor FERNANDO LÓPEZ
GUZMÁN». Elucubración que, a su juicio, vulnera el principio
de libertad probatoria.
3.1. No obstante, las consideraciones enarboladas sobre
el punto en concreto por el ad quem están muy alejadas de
ser consideradas como impositivas de una tarifa legal. De
igual manera, tampoco es cierto que hubiera desestimado el
testimonio por inconducente. En puridad, la deposición no
ofreció el mérito persuasivo para demostrar la afectación
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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moral y psicológica. No fue eficaz: no condujo a «darle al juez
la convicción que necesita»41.
3.2. Recuérdese, por lo demás, que el daño moral
aducido se fundamentó en padecimientos psicológicos y
mentales42. Vista la declaración, aflora que aquella no dio
cuenta sobre «el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el
sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena,
angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u Otros
signos expresivos». Tampoco acreditó las circunstancias de
tiempo, modo o lugar en que se produjo tal afectación a la
esfera sentimental y afectiva de la convocante.43Por el
contrario, tan solo se aseveró que «nunca se le ha recibido a la
universidad porque no lo han entregado en las condiciones en que le fue
arrendado, esa situación ha generado daños materiales, daños
económicos, a nivel psicológico se puede decir porque es un trabajo de
toda una vida y ver que se lo van a entregar en mal estado, por eso nunca
se le ha recibido a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA»44. Además, tal
aserto es una opinión subjetiva -que no la descripción de un
hecho45-; consideración que, adicionalmente, se esboza como
una deducción de la propia pena sufrida por el declarante.
Quien más adelante indica que «también me duele a mí, trabajé
ahí hasta que se le arrendó a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA yo también aporté mi granito de arena, a uno también como
41 Hernando Devis Echandía. Teoría General de la prueba judicial. Primera edición.
Tomo I. Biblioteca jurídica Diké. Pág. 341.
42 Pág. 68 C.1 «primera instancia».
Esto es, ha de ser «demostrable preferentemente por la vía del dictamen médico-legal,
que permite a la vez establecer su origen y alcance, porque no es dable la suposición
de heridas, perturbaciones funcionales, traumas síquicos o lesiones de los bienes de la
personalidad, extraídas del mero aserto del interesado sin la percepción de ellas”
(casación octubre 23 de 1936, XLIV, 449/53; marzo 23 de 1943, LV, 252; septiembre
3 de 1941, LII, 36/46; febrero 5 de 1945, LVIII, 582/84» (Subrayado aparte. Sentencia
SC del 4 de abril de 1968).
43 Recuérdese, que «[l]a apreciación racional de la prueba en su singularidad se
establece a partir de su consistencia y coherencia: una prueba es valiosa si la
información que suministra explica la realidad a la que se refiere y no contiene
contradicciones» (SC9193-2017).
44 Página 208 del Archivo «C001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
45 «Es cierto, como principio general, que en tratándose de la prueba de linaje
testimonial, la misión y órbita propia de los testigos es la deponer sobre hechos
concretos, por ellos percibidos, antes que la de emitir opiniones o sacar consecuencias
de los hechos por ellos presenciados» (CSJ. SC del 16 de mar. de 1996).
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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empleado le duele ver el estado en que esta ese predio, por tal motivo
puedo dar fe porque no se le ha recibido a la universidad, porque no lo
entrego nunca en las condiciones que debían entregarse».
4.- Finalmente, el yerro de iure se presenta cuando el
juez no se sirve de las facultades oficiosas, pese a la
presencia de motivos serios para ello. Situación que, tal como
lo ha decantado esta Sala, ocurre cuando: i) la ley le impone
el decreto oficioso de ciertos medios de prueba -v.g., la
experticia de ADN en los procesos de filiación-; ii) sean
necesarias «en la verificación de “los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes”, sin que ello conlleve suplir las cargas
desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de
aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y
cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisión tenga relevancia
en la forma como se desató el pleito»46; iii) impidan fallos
inhibitorios y para evitar nulidades; iv) o que, después de la
demanda, sobrevengan sucesos que alteren o extingan la
pretensión inicial y se pretenda demostrar con una prueba
que no fue legal ni oportunamente practicada dentro del
proceso. O, finalmente, v) si «existen elementos de juicio suficientes
que indican con gran probabilidad la existencia de un hecho que reviste
especial trascendencia para la decisión, de suerte que solo falte
completar las pruebas que lo insinúan (CSJ SC, 27 Ago. 2015, Rad.
2004-00059-01)»47.
Sin embargo, no se observa que el caso en concreto se
enmarque en ninguna de las aludidas circunstancias.
Aunado a ello, no es patente que la parte demandante
hubiera efectuado un esfuerzo probatorio dirigido a acreditar
el daño moral sufrido. Puesto que solo aportó, para el efecto,
un testimonio de un empleado -y sobrino del exesposo- de la
46 CSJ SC de 21 de oct. 2013, rad. 2009-00392-01.
47 CSJ SC8456-2016.
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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propia señora Robayo. Declaración que, como ya se vio,
únicamente es una opinión frente a la posible afectación
sufrida, pero que no permite constatar la existencia cierta del
daño cuya reparación se reclama. Por lo demás, en la
demanda se pidió «designar Perito Psicológico de la Lista de
Auxiliares de la Justicia, para que establezca las consecuencias
psicológicas, afectivas, mengua de personalidad y demás que viene
padeciendo mi patrocinada con ocasión de los daños morales que viene
padeciendo con ocasión del
Incumplimiento del contrato
por parte de la
demandada», prueba que luego fue decretada en el auto del 31
de agosto del 200648. Empero, no aparece que tal pericia se
hubiese practicado -evidente carga de la demandante-.
5.- En una palabra, el cargo fracasa.
6.- En aplicación del inciso final del artículo 349 del
Código General del Proceso, se impondrá condena en costa
en contra de la recurrente. Las agencias en derecho se
tasarán por el magistrado ponente -se tomará en cuenta la
réplica de la opositora-.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2020
48 Al respecto, se decidió que: «[e]n los términos solicitados en el acápite de pruebas
numeral 5-2 envíese a Medicina Legal de esta ciudad a la señora LUZ MARINA ROBAYO
DE LÓPEZ, a fin de que determinen lo allí solicitado». Página 125 del archivo
«C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1». Además, también se expidió el Oficio núm.
1798, en el que la Secretaría del Juzgado remitió al Instituto Nacional de Medicina
Legal «a la señora MARINA ROBAYO DE LOPEZ (…) a fin de que establezca las
consecuencias psicológicas, afectivas, mengua de personalidad y demás que viene
padeciendo con ocasión de los daños morales causados por el incumplimiento del
contrato de arrendamiento del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle 23 número
33-42, Barrio San Francisco de esta ciudad, por parte de la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, en el proceso sub examine.
Condenar en costas al recurrente. Inclúyase en la
liquidación de las costas la suma de $10.000.000, por
concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado
Ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(con ausencia justificada)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma ausencia justificada
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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