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clave: "corte_suprema:providencia:SC368-2023 [2006-00051-01]"
titulo: "Corte Suprema: nada más es necesario, ni requiere un acto culposo especial, sino que debe mirarse como culpa el solo hecho"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-09-29"
radicado: "2006-00051-01"
numero: "SC368-2023"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: nada más es necesario, ni requiere un acto culposo especial, sino que debe mirarse como culpa el solo hecho

- **Título oficial / radicado:** SC368-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-09-29
- **Radicado:** 2006-00051-01
- **Número:** SC368-2023
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC368-2023%20%5B2006-00051-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC368-2023%20%5B2006-00051-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIzL0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzkuLSBTZXB0aWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzNjgtMjAyMyBbMjAwNi0wMDA1MS0wMV0ucGRm/Civil/incumplimiento%20del%20contrato

## Regla de decisión

Nada más es necesario, ni requiere un acto culposo especial, sino que debe mirarse como culpa el solo hecho de no recibir o no cooperar al cumplimiento.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Por tanto, fue la demandante misma quien circunscribió la controversia a que, de manera principal, el lucro cesante se determinara por el valor de los frutos civiles que se generaron de la propia prórroga del convenio. Así las cosas, se estima que el litigio se dirimió teniendo como pábulo la demanda. Lo cual se halla en consonancia con el estado de funcionamiento en que el objeto en comento se encontraba al momento en que fue entregado, según se desprende del acta suscrita por los contratantes el 12 de julio de1996, según la cual se RECIBE EN CALIDAD DE ARRIENDO, Así las cosas, el Colegiado evidenció que el inquilino se plegó a la norma y al contrato, que prescriben que la entrega del inmueble se realizará poniéndolo a disposición del arrendador.

## Cita textual

> el lucro cesante que se demanda corresponde a los cánones de arrendamiento insolutos en cuanto que el contrato de arrendamiento no se ha extinguido

## Texto del documento

FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC368-2023
Radicación n.° 50001-31-03-003-2006-00051-01
(Aprobado en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Marina Robayo de López frente a la sentencia proferida por
la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, el 10 de diciembre de 2020, dentro del
proceso ordinario de responsabilidad civil contractual que
instauró la recurrente en contra de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión
Marina Robayo de López pretendió que se declare que
la Universidad Cooperativa de Colombia incumplió, con
culpa grave, el contrato de arrendamiento celebrado por las
partes sobre el inmueble ubicado en la calle 23 núm. 33-42,
vía Puerto López, de la ciudad de Villavicencio. Como
consecuencia del antedicho ruego, instó a que se condene a
la convocada a pagar, en favor de la demandante, las
siguientes sumas por concepto de perjuicios patrimoniales:
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
2
a título de daño emergente, el monto de $965.255.810, oo. Y,
por lucro cesante, los cánones de arrendamiento de seis
meses «transcurridos a la fecha de este escrito», los que cuantificó
en $467.437.506, oo, «más todos los meses (futuros) que transcurran
hasta la fecha en que quede en firme la sentencia con que termine el
proceso»1. Por último, pretendió el reconocimiento de
perjuicios extrapatrimoniales morales, equivalentes a 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes, «por el sufrimiento
sicológico, mental y físico y constante padecido por la demandante con
ocasión del
incumplimiento del contrato
y no entrega del inmueble
arrendado en las mismas buenas condiciones en que fue recibido por la
demandada y la no cancelación de cánones mensuales durante todo el
tiempo transcurrido».
Como pretensiones subsidiarias2, pidió que se declare,
por un lado, la existencia del contrato de arrendamiento
entre los litigantes. Y, por el otro, que la Universidad
Cooperativa de Colombia lo incumplió. Consecuencialmente,
instó a que se le condene a la demandada al pago del daño
patrimonial emergente ($965.255.810), lucro cesante
(derivado de la falta de explotación económica del fundo por
valor de $77.906.251 mensuales, contados desde el 1 de julio
del 2005) y daño extrapatrimonial moral sufrido por la
demandante.
2.- Causa petendi
2.1. Marina Robayo de López y la Universidad
Cooperativa de Colombia celebraron un contrato de
arrendamiento. Convención que versó sobre los inmuebles
1 Página 67 y ss. del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
2 Añadidas en la reforma de la demanda obrante en la página 120 y ss. del archivo
«C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
3
ubicados en la Calle 23 núm. 33-42, barrio San Francisco,
vía Puerto López.
2.2. El 2 y 12 de julio de 1996, la arrendadora hizo
entrega del inmueble al arrendatario, consistente en el lote,
oficinas, salones, laboratorios y canchas deportivas. Además,
se elevó el correspondiente inventario. También se
entregaron, en calidad de «préstamo», ciertos muebles tales
como pupitres, cortinas, tableros, mesas de fórmica, entre
otros. Bienes que «fueron entregados (…) en completo buen estado y
a entera satisfacción».
2.3. El término de duración del acuerdo de voluntades
fue, inicialmente, de 36 meses. Sin embargo, este se prorrogó
varias veces, por un lapso total de 9 años.
2.4. El 1 de junio del 2002, un funcionario de la
arrendataria informó a la señora Marina que deseaba dar por
terminado el contrato. No obstante, «no le entregaron el inmueble
a mi cliente y no podían hacerlo por el estado lamentable en que se
encontraba para esa fecha, la cual presumimos continúa».
2.5. Posteriormente, el 25 de noviembre del 2004, el
señor Juan Carlos Pérez Soto -quien dijo ser el rector de la
Universidad- le manifestó, nuevamente, la intención de
finiquitar el acuerdo celebrado sobre el predio ubicado en la
«calle 33 No. 33 -42».
2.6. El 17 de mayo y el 4 de junio del 2005, la
arrendadora recibió comunicaciones, en las cuales la
convocada da por terminado de nuevo la convención. A su
turno, el 24 de junio del 2005, «envían escrito donde dicen que: “…
se sirva destinar una persona o varias personas o en su defecto, hacerse
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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presente en esta sede, ubicada en la dirección calle 23 No. 33-42, Barrio
San Francisco para realizar la entrega en debida forma». Aviso que,
resalta la demandante, fue enviado seis días antes del
vencimiento de la cuarta prórroga del negocio.
2.7. Apuntaló que la demandada pretende hacer
entrega de los bienes arrendados sin haber efectuado
previamente las reparaciones locativas a las que se
comprometió, según la cláusula octava del contrato. Y es que,
afirma, la locataria efectuó una serie de «construcciones,
destrucciones, instalaciones y desinstalaciones», al punto que los
«bienes arrendados fueron destruidos en un 70%». Adujo, además,
que la nueva infraestructura fue construida «sin el cálculo y
estudios arquitectónicos y de ingeniería necesarios para saber de
antemano si la edificación los soportaría».
2.8. Por su parte, señaló que los muebles y enseres no
han sido devueltos. Y que los servicios públicos domiciliarios
de agua, alcantarillado, luz y teléfono se encuentran
suspendidos por falta de pago. También, afirmó que la
demandada estuvo -reiteradamente- en mora en el pago de
los cánones de arriendo.
2.9. Ante todas estas circunstancias, la demandante
envió a la arrendataria comunicación el 12 de julio del 2005,
en que manifestó que «no recibiría los bienes arrendados mientras
no estén en el mismo buen estado en que ella los entregó, hicieran
devoluciones y otros». Como consecuencia de la culpa grave en
que incurrió la convocada en la falta de entrega de los bienes
-se dijo-, «cesaron en los pagos de los cánones de arrendamiento, todo
en detrimento de los intereses económicos y morales de mi patrocinada,
porque al no haber podido hacer entrega la demandada por las razones
ya anotadas, automáticamente se prorrogó el Contrato de Arrendamiento
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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por tres (3) años más, siendo su obligación la de continuar pagando los
cánones mensuales».
3.- Posición de la demandada
La interpelada Universidad Cooperativa de Colombia se
opuso a las pretensiones. En contraposición, propuso los
medios defensivos que denominó: «[e]xcepción de contrato no
cumplido»; «[e]xcepción de terminación de la relación contractual entre
Arrendador y Arrendatario»; «[e]xcepción de improcedencia del monto
pretendido como perjuicios»; y «[e]xcepción de los hechos que resulten
legalmente probados y los demás medios probatorios que surjan»3.
4.- Trámite procesal
4.1. Habiéndose integrado el contradictorio y
practicadas ciertas pruebas, mediante auto del 9 de abril del
2007 se resolvió acumular el proceso de radicado 50001-31-
03-003-2006-00072-004. En él, la Universidad Cooperativa
de Colombia demandó a la señora Marina Robayo de López,
para obtener la declaratoria de incumplimiento del referido
contrato de arrendamiento -y, por ende, su terminación-.
Para ello esgrimió, en esencia, que la Universidad informó su
voluntad de dar por terminado el contrato ocho meses antes
del vencimiento definitivo, esto es, el 30 de noviembre de
2004. Pese a las reiteradas comunicaciones enviadas a la
arrendadora, aquella guardó silencio frente a la decisión de
la locataria en las fechas en que debía realizarse la
restitución -25 de noviembre a 29 de junio de 2005-. En ese
orden, adujo que la señora Marina ha incumplido la
3 Página 111 y ss. del archivo «C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
4 Página 5 y ss. del archivo «C0009CuadernoPrimeraInstanciaParte2».
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obligación «de recibir el inmueble al término del arrendamiento»5.
Frente a ello, la convocada propuso las excepciones de mérito
que denominó «ser la demandante la que incumplió el contrato de
arrendamiento»; «prórroga del contrato de arrendamiento»; y la
genérica.
4.2. Culminado el trámite correspondiente a la primera
instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado
en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió sentencia
estimatoria de las pretensiones el 11 de junio del 2014. Esto,
por hallar no probada las excepciones formuladas en torno a
las súplicas de la demanda principal. Por ende, declaró que
el contrato de arrendamiento aún continúa vigente; que la
Universidad Cooperativa de Colombia incumplió «sus deberes
de conservación y vigilancia de la cosa arrendada». Y que debe pagar
en favor de la demandante las siguientes sumas:
$4.320.639.816, por daño emergente; $19.137.711.456,
como lucro cesante. Y, 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a título de daño moral.
Por su parte, denegó las pretensiones de la demanda
acumulada.
4.3. El fallo fue apelado. Fue revocado parcialmente por
el Tribunal de Tunja, con proveído del 4 de noviembre del
2020. En su lugar, declaró la prosperidad de las excepciones
de mérito propuestas por la demandada «y denominadas
terminación de la relación contractual entre arrendador y arrendatario,
contrato no cumplido y parcialmente, la denominada como
improcedencia del monto pretendido como perjuicios y los hechos que
resulten legalmente probados y los demás medios probatorios que
5 Página 31 y ss. del archivo
«C0019CuadernoPrincipalDemandaAzumulada200600072».
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surjan». En consecuencia, tuvo por terminado el contrato de
arrendamiento. También declaró como responsable a la
Universidad Cooperativa de Colombia -pero únicamente
durante la vigencia del contrato-. En efecto, condenó a la
demandada a pagar la suma de $262.818.175, por concepto
de daño emergente. Por lo demás, se abstuvo de imponer
condena a título de lucro cesante y daño moral.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El Tribunal comenzó por estudiar la legitimación en
la causa de los señores Ovidio, María Rocío y María Patricia
López Robayo. Frente a ello, indicó que aquellas personas no
pueden «considerárseles como interviniente litisconsorcial o
legitimados para hacer parte del proceso al tenor de lo dispuesto en el
artículo 52 del C.P.C, dado que en ellos no recae la titularidad de la
relación sustancial surgida como ya se anotara, entre la arrendadora y
la entidad arrendataria y por lo que de ahora en adelante, se deberá
entender para todos los efectos, que el análisis de la situación se
realizará respecto a la relación contractual celebrada entre la señora
MARINA ROBAYO DE LÓPEZ Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA».
2. A continuación, analizó la cuestión relativa a la
vigencia del contrato de arrendamiento. En aplicación del
artículo 1602 del Código Civil, evidenció cómo las partes
pactaron, en la cláusula decimosegunda del contrato, que el
preaviso de la otra parte para la no renovación del término
de duración debía efectuarse con 30 días de antelación. Por
lo tanto, consideró que la demandada «manifestó oportunamente
la voluntad de dar por terminado el referido contrato con envío de la
primer (sic) comunicación a la arrendataria, desde el 25 de noviembre de
2004 y en el entendido que debido a la prórroga del mismo
anteriormente, vencía en junio 30 del año 2005, por lo que el anuncio de
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la entidad arrendataria, corresponde a una antelación de siete meses a
la fecha de expiración del convenio, con sus respectivas reiteraciones de
17 de mayo de 2005 y 24 de junio de 2005». Por tanto, a juicio del
Colegiado, el cumplimiento de la obligación de avisar con la
debida antelación al arrendador junto con la expiración del
término del contrato sí da lugar a su terminación. Ello, tal
como lo prevén los cánones 2008 y 2011 del Código Civil.
Ahora bien, advirtió que al sitio concurrieron los directivos
de la universidad y, de parte de la arrendadora, la señora
Rocío López de Robinson -hija de Marina Robayo de López-.
No obstante, aquella decidió no recibir las instalaciones. De
tal hecho dio cuenta el testigo Carlos Arturo Palacio, quien
también indicó que «ante la inasistencia de la interesada, se procedió
a levantar acta». Al turno que la misma actora envió nota el 12
de julio del 2005 a la pasiva, «precisando que está presta a recibir
en las condiciones que ella entregó y relatando unos alegados daños
sobre el bien».
En ese orden, de cara a la situación presentada al
término de expiración del contrato de arrendamiento, acudió
al artículo 2005 del estatuto civil, para aseverar que «en la
diligencia de entrega y recibo, se construye el escenario ideal para que
la parte arrendadora deje las constancias u anotaciones sobre el estado
del bien, la forma y condiciones en que lo recibiría o se imposibilitaría
hacerlo señalando los daños y perjuicios que alega le ocasionaron».
Derecho que también le asiste al

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e un
hecho45-; consideración que, adicionalmente, se esboza como
una deducción de la propia pena sufrida por el declarante.
Quien más adelante indica que «también me duele a mí, trabajé
ahí hasta que se le arrendó a la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA yo también aporté mi granito de arena, a uno también como
41 Hernando Devis Echandía. Teoría General de la prueba judicial. Primera edición.
Tomo I. Biblioteca jurídica Diké. Pág. 341.
42 Pág. 68 C.1 «primera instancia».
Esto es, ha de ser «demostrable preferentemente por la vía del dictamen médico-legal,
que permite a la vez establecer su origen y alcance, porque no es dable la suposición
de heridas, perturbaciones funcionales, traumas síquicos o lesiones de los bienes de la
personalidad, extraídas del mero aserto del interesado sin la percepción de ellas”
(casación octubre 23 de 1936, XLIV, 449/53; marzo 23 de 1943, LV, 252; septiembre
3 de 1941, LII, 36/46; febrero 5 de 1945, LVIII, 582/84» (Subrayado aparte. Sentencia
SC del 4 de abril de 1968).
43 Recuérdese, que «[l]a apreciación racional de la prueba en su singularidad se
establece a partir de su consistencia y coherencia: una prueba es valiosa si la
información que suministra explica la realidad a la que se refiere y no contiene
contradicciones» (SC9193-2017).
44 Página 208 del Archivo «C001CuadernoPrimeraInstanciaParte1».
45 «Es cierto, como principio general, que en tratándose de la prueba de linaje
testimonial, la misión y órbita propia de los testigos es la deponer sobre hechos
concretos, por ellos percibidos, antes que la de emitir opiniones o sacar consecuencias
de los hechos por ellos presenciados» (CSJ. SC del 16 de mar. de 1996).
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empleado le duele ver el estado en que esta ese predio, por tal motivo
puedo dar fe porque no se le ha recibido a la universidad, porque no lo
entrego nunca en las condiciones que debían entregarse».
4.- Finalmente, el yerro de iure se presenta cuando el
juez no se sirve de las facultades oficiosas, pese a la
presencia de motivos serios para ello. Situación que, tal como
lo ha decantado esta Sala, ocurre cuando: i) la ley le impone
el decreto oficioso de ciertos medios de prueba -v.g., la
experticia de ADN en los procesos de filiación-; ii) sean
necesarias «en la verificación de “los hechos relacionados con las
alegaciones de las partes”, sin que ello conlleve suplir las cargas
desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de
aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y
cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisión tenga relevancia
en la forma como se desató el pleito»46; iii) impidan fallos
inhibitorios y para evitar nulidades; iv) o que, después de la
demanda, sobrevengan sucesos que alteren o extingan la
pretensión inicial y se pretenda demostrar con una prueba
que no fue legal ni oportunamente practicada dentro del
proceso. O, finalmente, v) si «existen elementos de juicio suficientes
que indican con gran probabilidad la existencia de un hecho que reviste
especial trascendencia para la decisión, de suerte que solo falte
completar las pruebas que lo insinúan (CSJ SC, 27 Ago. 2015, Rad.
2004-00059-01)»47.
Sin embargo, no se observa que el caso en concreto se
enmarque en ninguna de las aludidas circunstancias.
Aunado a ello, no es patente que la parte demandante
hubiera efectuado un esfuerzo probatorio dirigido a acreditar
el daño moral sufrido. Puesto que solo aportó, para el efecto,
un testimonio de un empleado -y sobrino del exesposo- de la
46 CSJ SC de 21 de oct. 2013, rad. 2009-00392-01.
47 CSJ SC8456-2016.
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propia señora Robayo. Declaración que, como ya se vio,
únicamente es una opinión frente a la posible afectación
sufrida, pero que no permite constatar la existencia cierta del
daño cuya reparación se reclama. Por lo demás, en la
demanda se pidió «designar Perito Psicológico de la Lista de
Auxiliares de la Justicia, para que establezca las consecuencias
psicológicas, afectivas, mengua de personalidad y demás que viene
padeciendo mi patrocinada con ocasión de los daños morales que viene
padeciendo con ocasión del
Incumplimiento del contrato
por parte de la
demandada», prueba que luego fue decretada en el auto del 31
de agosto del 200648. Empero, no aparece que tal pericia se
hubiese practicado -evidente carga de la demandante-.
5.- En una palabra, el cargo fracasa.
6.- En aplicación del inciso final del artículo 349 del
Código General del Proceso, se impondrá condena en costa
en contra de la recurrente. Las agencias en derecho se
tasarán por el magistrado ponente -se tomará en cuenta la
réplica de la opositora-.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2020
48 Al respecto, se decidió que: «[e]n los términos solicitados en el acápite de pruebas
numeral 5-2 envíese a Medicina Legal de esta ciudad a la señora LUZ MARINA ROBAYO
DE LÓPEZ, a fin de que determinen lo allí solicitado». Página 125 del archivo
«C0001CuadernoPrimeraInstanciaParte1». Además, también se expidió el Oficio núm.
1798, en el que la Secretaría del Juzgado remitió al Instituto Nacional de Medicina
Legal «a la señora MARINA ROBAYO DE LOPEZ (…) a fin de que establezca las
consecuencias psicológicas, afectivas, mengua de personalidad y demás que viene
padeciendo con ocasión de los daños morales causados por el incumplimiento del
contrato de arrendamiento del inmueble de su propiedad ubicado en la Calle 23 número
33-42, Barrio San Francisco de esta ciudad, por parte de la UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA».
Radicación no. 50001-31-03-003-2006-00051-01
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por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, en el proceso sub examine.
Condenar en costas al recurrente. Inclúyase en la
liquidación de las costas la suma de $10.000.000, por
concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado
Ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
(con ausencia justificada)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Presidente de sala
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
No firma ausencia justificada
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC368-2023 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2023-09-29. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2006-00051-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC368-2023%20%5B2006-00051-01%5D).
