Texto del documento 81.021 caracteres
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3294-2024
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco
(2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Coloca International Corporation S.A. frente a la sentencia
de 6 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
proceso declarativo que le adelantó al Banco del Estado S.A.
I. EL LITIGIO
1. La accionante pidió declarar que el demandado le
debe US$442.350, US$1’325.000, US$1’570.000 y
US$140.000 e intereses de plazo a la tasa pactada o la legal,
junto con los de mora sobre los remuneratorios debidos
durante un año anterior a la presentación de la demanda
hasta el pago, y los que corran desde entonces hasta la
solución de la deuda, que deberá hacerse en dólares
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
2
americanos en la cuenta bancaria de Swiss Bank Corporatión
de New York (sucursal Four World Trade Center) o en Panamá o
en Bogotá, en este último caso, según la tasa de cambio del
dólar vigente al pago, o la que determine la sentencia.
Si la condena se dicta en pesos, reconocer el tipo de
cambio en la fecha en que la convocada contrajo las
obligaciones o el vigente cualquier día anterior al pago. La
diferencia, tanto por capital como por intereses de plazo y
mora, se liquidará al tipo de cambio vigente al amortizar la
deuda, sin excluir cualquier otra condena por daño
emergente y lucro cesante (fls. 12-21, cno.1).
Expuso, en síntesis, que celebró con el Banco del
Estado S.A. operaciones de suministro de dólares
norteamericanos mediante mutuo comercial en Panamá. El
25 de junio de 1982, giró el cheque 124 de Swiss Bank
Corporation, Sucursal New York, en el Four World Trade
Center, por US$442.350, el cual fue cobrado en su cuenta
del Citibank de New York. El 27 de junio de 1982, endosó el
cheque 266 del Banco Real S.A. en Miami, Florida, EE.UU.,
por US$1’325.000, girado por Ifasa, y el endosatario lo cobró
en su cuenta corriente del Banco de Nueva York.
El 4 de agosto de 1982 le giró el cheque 127 del Swiss
Bank Corporation por US$1’570.000, y otro por US$140.000
librado contra el Central Bank Miami, sin que el demandado
le haya restituido el capital e intereses, aun cuando, en carta
de 25 de junio de 1982, reconoció la deuda y dijo que pagaría
US$2’350.000 para saldarla con intereses. Incluso, el 28 de
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
3
julio de ese año, pidió el préstamo por dos meses con
intereses de US$50.000; en misiva de 30 de julio de 1982,
dijo que el 27 de septiembre siguiente sufragaría
US$1’600.000 por el préstamo de 28 de julio de 1982 de
US$1’570.000 y el 30 de agosto reconoció esas obligaciones.
Los directivos del Banco del Estado S.A. debían
registrar la operación en su contabilidad y hacer el reporte al
Banco de la República y demás oficinas del Estado, para que
los préstamos pudieran ser legalmente cancelados. Su
presidente y vicepresidente, dolosamente o por culpa grave,
no lo hicieron. La gerencia actual dice que el pago debe
efectuarse en Colombia, liquidado en pesos al cambio vigente
cuando se liberó el capital, ya que la operación no se incluyó
en los balances del deudor ni del Banco Central, lo cual
implicaría enriquecimiento sin justa causa.
2. El Banco del Estado S.A. se opuso, pero no formuló
excepciones (fls. 238-257, cno. 1).
3. El Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza1, en
sentencia 30 de junio de 2020, negó las pretensiones y
condenó en costas a la impulsora (fls. 3222-3248, cno.7).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El superior, al resolver la alzada de la accionante, en
fallo de 6 de diciembre de 2022, confirmó la decisión, para lo
1 En virtud de una medida de descongestión judicial.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
4
cual tuvo por acreditado que en 1982 las partes celebraron
un contrato de mutuo en Panamá y que Coloca le entregó al
Banco del Estado S.A. US$442.50, US$1.325.000,
US$1.570.000 y US$140.000 en cheques que este consignó
en una cuenta del Citibank en Nueva York, sin que esos
valores hayan sido reintegrados. El negocio tuvo objeto ilícito
por burlar el orden público colombiano al tratarse de una
operación de cambio exterior sujeta a ese marco. Para ello,
sostuvo que:
a). Se comprobó que el Banco del Estado S.A. recibió en
1982 esos dineros, tras consignar los 4 cheques en su cuenta
de Nueva York. Esta información fue confirmada por los
peritos Hernán Lozano Orduz y Darío Casado Romero, así
como por Margarita Sepúlveda y Néstor Medina Ríos, y
también fue aceptada por el representante legal de la
convocada, quien reconoció los tres primeros valores.
Además, los dos últimos expertos enfatizaron que Coloca le
entregó al banco, en Colombia, los cuatro (4) cheques, lo cual
quedó registrado en los soportes contables de este. En la
apelación solo se discutió la destinación, uso, manejo y
eventual devolución de algunos recursos, en el marco de las
operaciones que involucraron dinero adicional de otros
negocios o circunstancias.
b). El a quo se equivocó al concluir la falta de
legitimación en la causa respecto de los cheques US$140.000
y US$442.350 con estribo en que Gildardo Castro y/o María
de Castro los endosaron y que eran ellos los que podían
reclamar. Esto es incorrecto, ya que la acción no es
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
5
cambiaria, sino declarativa, y su fundamento radica en el
negocio causal que originó su entrega y no en los títulos
valores en sí. Por ello, pierde trascendencia la cadena de
endosos, pues estos solo sirven para constatar la entrega del
dinero. No hay prueba de que Gildardo Castro y/o María de
Castro hayan celebrado negocios con ese ente que justificara
la transferencia. Las cartas de reconocimiento de
obligaciones sugieren que obraron por cuenta de Coloca.
c). Es fútil que el Banco del Estado S.A. haya omitido
exhibir su contabilidad. Esto no demuestra que los recursos
eran de otra persona, ni que Coloca esté impedida para
reclamarlos, so pena de ir contra la presunción de buena fe.
Además, no existe evidencia que desmienta que el endoso de
los dos cheques, realizado por Gildardo Castro y/o María de
Castro, fue efectuado en nombre de la accionante.
d). El mutuo se probó con los 4 cheques y las cartas de
25 de junio, 28 de julio y 30 de agosto de 1982, firmadas por
Eduardo Zambrano Caicedo, vicepresidente del Banco del
Estado S.A., en las que reconoció la deuda. Estas misivas no
fueron tachadas de falsedad, a pesar de que el banco alegó
que esas operaciones no se anotaron en su contabilidad y
que se refirieron a negocios ajenos a su objeto social, ya que
sus administradores les dieron uso diferente a los intereses
del banco. Sus problemas internos no afectan al mutuante y,
además, nadie puede ampararse en su propia torpeza. Cabe
señalar que Eduardo Zambrano, al declarar, reconoció la
firma de las cartas y no cuestionó su autenticidad.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
6
e). Los problemas administrativos del Banco del Estado
S.A., como la falta de control de los actos indebidos de sus
administradores Jaime Mosquera y Eduardo Zambrano, que
revelan culpa en la elección -in eligiendo- o en la vigilancia -
in vigilando- por la junta directiva, la revisoría fiscal, así como
la eventual falta de detección temprana por los organismos
de inspección, vigilancia y control, no son excusables frente
a terceros. Tampoco hay evidencia de que su representante
legal haya estado coludido con tales dirigentes para
defraudarlo. Las pruebas que enuncia el demandado son
indicios generales de algunos hechos y no derriban la
presunción de buena fe. La infracción de los requisitos
internos del banco para emitir documentos no demerita las
cartas, solo afecta a sus funcionarios o terceros de mala fe.
No hay soporte de que Coloca conociera o estuviera al tanto
de la relevancia de estos hechos.
f). Se demostró que Coloca le prestó al Banco del Estado
US$3.477.350 con intereses, en Panamá. Esos recursos no
ingresaron a Colombia. Fueron consignados en la cuenta
corriente del mutuario en Citibank de Nueva York, según la
prueba pericial. Luego, sí fueron recibidos por ese ente para
su beneficio, al margen de que esto no haya ocurrido por el
proceder de sus directivos. Fue inusual que el mutuo se
hiciera en el extranjero, en dólares y de forma verbal, lo cual
dejó de lado la expresión mínima de condiciones como tasa
de interés, plazo, forma de pago y ley aplicable, tanto así que
las partes exhiben posturas contrarias en torno a este último
aspecto.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
7
g). Aplica la ley nacional, pues el negocio produjo
efectos en Colombia. Esto porque las partes efectuaron
importantes gestiones en este territorio y la acción se ejerce
en ese lugar. Ello encuadra en el artículo 869 del Código de
Comercio, que dispone que la ejecución de los contratos
hechos en el extranjero que deban cumplirse en esta nación
se regirá por la ley colombiana. Se invocaron leyes de Panamá
y de Estados Unidos, sin haberlas acreditado al tenor del
artículo 177 del Código General del Proceso.
Aunque la lex mercatoria permite incorporar reglas y
axiomas a cada sistema jurídico en materia contractual,
como lo hacen los principios Unidroit que contemplan la
libertad de contratación, de forma, el carácter vinculante de
los contratos, la buena fe y lealtad negocial, usos y prácticas
y validez del simple acuerdo, lo cual sustenta la validez del
mutuo verbal, ello no implica desconocer el orden interno de
cada país. Lo contrario serviría para habilitar operaciones
ilícitas solo por ser transnacionales en desmedro de la
soberanía y la legislación de cada nación.
h). Coloca adujo que el préstamo se suscitó en una
relación de confianza, sin que tuviera por qué saber sobre la
destinación de los recursos. Se infiere que la causa del
préstamo fue su carácter lucrativo, al ser obvia función
económica del contrato que el acreedor recibiera el capital
con sus réditos, sobre todo al ser el mutuario una entidad
bancaria de Colombia, aunado al monto liberado
(US$3.477.350).
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
8
i). El negocio debía respetar las leyes colombianas a las
que estaban sujetas ambas partes, entre ellas el régimen
cambiario vigente. El Banco del Estado S.A., por ser un ente
nacional, y la accionante, así fuese extranjera, en virtud de
la diligencia que debía observar en torno al régimen jurídico
a que estaba sujeto el mutuario, todavía más si se considera
el alto valor mutuado. Además, su representante legal
conocía este sistema jurídico al ser nacional, residente en
este país, conforme lo aceptó, además dijo que el préstamo
buscó ayudar al demandado, radicado en Colombia, según lo
admitió en su interrogatorio.
j). Coloca tenía conciencia de entregar una cuantiosa
cantidad de dinero en dólares, a un banco colombiano, pues
buscaba invertir capital en un ente cuya actividad
profesional, financiera y comercial era desarrollada en
Colombia. También sabía que en este país se generaría la
utilidad que obtendría. Luego, se trató de una operación de
cambio exterior que involucró el manejo de divisas. Ello
imponía cumplir el Decreto-Ley 444 de 1967 sobre el régimen
de cambios internacionales y de comercio exterior, norma de
orden público que asignaba obligaciones a ambas partes.
k). La conducta del representante legal y los directivos
del Banco del Estado S.A. no vincula la celebración del
mutuo base de los 4 cheques, pues ninguna prueba desvirtúa
que los dólares ingresaron a una cuenta bancaria suya en el
exterior. Por el contrario, ello fue corroborado en los
peritajes, sin que Coloca haya admitido que el préstamo
estaba llamado a producir efectos solo en el extranjero.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
9
l). El mutuo incumplió la regulación cambiaria de
Colombia, según lo dictaminó el peritaje de Margarita
Sepúlveda de Moreno y de Néstor Medina Río, acogido por el
a quo, en el que se aludió a las regulaciones, autorizaciones
y permisos que en 1982 se requerían para realizar
operaciones con dólares en Colombia, aspecto sobre el que
también fueron indagados Mónica Santamaría Salamanca y
Jorge Tyrone Andrade. Las partes coinciden en que ningún
reporte o información se envió a la Superintendencia
Bancaria o al Banco de la República.
m). La omisión del régimen jurídico cambiario
colombiano no solo es atribuible al Banco del Estado S.A.,
pues Coloca también debía ceñirse a él y ser diligente sobre
el marco al que estaba sujeta su contraparte. Luego, fue
injustificada la inobservancia del Decreto-Ley 444 de 1967,
cuyo artículo 105 establecía que las normas del Capítulo VIII
cobijaban las inversiones de capital extranjero en Colombia,
así como a los créditos en moneda extranjera otorgados a
personas naturales o jurídicas residentes en dicho país, y la
Sección II) preveía que los préstamos o créditos externos
hechos a personas residentes en Colombia, para inversiones
o gastos en el país, debían registrarse en la Oficina de
Cambios, lo cual incumbía a ambas partes, según el artículo
130, pues solo así podía Coloca International Corporation
S.A. girar al exterior los intereses y el capital, sin que haya
acreditado que, tras incumplirse la obligación de restitución,
trató de regularizar la inversión en Colombia y de obtener el
registro.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
10
n). Hubo objeto ilícito por eludir las órdenes perentorias
del estatuto cambiario, pues las partes las inobservaron
consciente y deliberadamente. Ello denota negligencia de
Coloca dadas las particularidades del negocio y la suma
entregada. Esta omisión generó nulidad absoluta del
contrato, según los artículos 1519 del Código Civil y 899 del
de Comercio, siendo aplicable el artículo 1525 ibidem, que
prohíbe repetir lo dado o pagado por un objeto o causa ilícita
a sabiendas, sin que ello imponga atribuirle mala fe o dolo a
la accionante, ya que la ilicitud del objeto no exige esas
formas conductuales calificadas. Basta el conocimiento
objetivo de la situación. Tampoco cabe estudiar la
prohibición de enriquecimiento sin causa del demandado,
pues sobre ello no hay pretensión, ni excepción.
Se debe, por lo tanto, modificar el fallo apelado para
declarar la nulidad absoluta del contrato de mutuo, por
objeto ilícito, sin lugar a restituciones mutuas, por fuerza del
artículo 1525 ejusdem (Archivo digital 21, cno. Tribunal).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante interpuso recurso de casación y planteó
siete (7) cargos, pero en el CSJ AC1207-2024 (9 abr.) la Sala
inadmitió el primero, el segundo, el tercero y el sexto, al
tiempo que el Magistrado ponente le dio curso a los restantes,
a cuyo examen se procede ahora, para lo cual se tendrá en
cuenta las reglas previstas en el Código General del Proceso,
vigente cuando se planteó la opugnación (19 dic. 2022),
conforme lo dispone el numeral 5º del artículo 625 ibidem.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
11
Las tres acusaciones serán desatadas conjuntamente
porque comparten argumentos similares y apuntan a
demostrar que no procedía la prohibición de recobro que, por
objeto ilícito, aplicó el Tribunal.
CUARTO CARGO
Denuncia la violación directa del artículo 1525 del
Código Civil por aplicación indebida porque el Tribunal olvidó
que, al ser norma sancionatoria, tiene interpretación
restringida. Omitió que la excepción a las restituciones exige
que se haya «dado o pagado a sabiendas» del objeto o la
causa ilícita, de ahí que la ilicitud debe afectar al acuerdo
desde su inicio y se debe tener conciencia de ella.
Esa sanción no procede al declarar la nulidad absoluta
de oficio, como lo ha dicho la jurisprudencia, ya que el
legislador no la autorizó. Según el artículo 27 del Código
Civil, se debe aplicar el artículo 1525 ibid. en su literalidad,
sin activar la sanción drástica y restrictiva que prevé. Es
preciso verificar que lo que se dio o entregó se realizó a
sabiendas de la ilicitud del objeto o la causa; sin ese elemento
cognitivo, es imposible negar las restituciones mutuas.
El Tribunal interpretó mal la expresión «a sabiendas» y
estimó que la sanción cabe si quien dio o pagó no conocía del
objeto o la causa ilícita, pero debía conocerlo, aun cuando se
requiere el conocimiento real y efectivo, no presuntivo, de la
ilicitud en el negocio; es decir, de una atribución
participativa, no que haya debido conocerlo.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
12
Aplicó mal el artículo 1525 ejusdem al decir que Coloca
debía conocer las normas imperativas supuestamente
incumplidas debido a la diligencia exigible. Era necesario
demostrar que las partes conocían la ilicitud, conocer que no
es virtual, porque entonces la excepción se convertiría en la
regla y vaciaría el sentido de la expresión «a sabiendas».
QUINTO CARGO
Alega la infracción directa del artículo 1525 del Código
Civil por aplicación indebida, así como del artículo 8º de la
Ley 153 de 1887, del artículo 7º del Código de Comercio y del
artículo 230 de la Constitución Política por no aplicación, así
como de los principios generales del derecho, entre ellos el de
que nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo, el de
la buena fe y el que proscribe el enriquecimiento sin justa
causa; el primero por indebida aplicación y este por omisión.
El Tribunal aplicó mecánicamente la sanción del
artículo 1525 ejusdem y permitió que el Banco del Estado se
beneficie de una conducta propia, culposa e ilícita, y se
enriquezca en forma ilícita e injustificada a expensas de
Coloca, lo que supone desconocer la teleología de esa norma,
aunque nadie puede beneficiarse de su propia torpeza.
Ignoró tres principios del derecho: el primero, que
impide obtener ventaja de la propia culpa o dolo; el segundo,
de la buena fe, ya que al prohibir las restituciones le concedió
un beneficio injustificado al Banco del Estado y le
recompensó su actuación dolosa o, cuando menos,
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
13
gravemente culposa; y el tercero, que reprime el
enriquecimiento sin justa causa. El Tribunal justificó su
decisión con el sustento de que la demanda no propendió por
la acción correspondiente, con lo cual desconoció el
mencionado principio, a pesar de ser cardinal, conforme lo
ha entendido la jurisprudencia, máxime si se tiene en cuenta
que se configuraron los elementos que lo estructuran.
SÉPTIMO CARGO
Invoca la infracción indirecta del artículo 1525 del
Código Civil por error de hecho y suposición probatoria. El
ad quem aplicó de oficio una nulidad absoluta que no tenía
cabida y privó a Coloca de las restituciones, sin comprobar
que entregó el dinero a sabiendas de un objeto o causa ilícita.
Inadvirtió que el artículo 1525 ib., exige certeza de que
el pago se hizo a sabiendas del objeto o la causa ilícita.
Supuso la prueba de ese elemento subjetivo. Los medios que
mencionó -cheques, prueba pericial y los testimonios de
Mónica Santamaría y de Jorge Tyrone- solo indicaron el
incumplimiento del régimen cambiario, no que Coloca
conocía la ilicitud.
Aun cuando el fallador se fundó en el interrogatorio del
aludido directivo y estableció el régimen cambiario vigente,
dedujo incorrectamente que el Decreto-Ley 444 de 1967 era
aplicable a Coloca. Las respuestas de ese empleado no
mostraron un conocimiento específico sobre la regulación o
la ilicitud, solo un entendimiento genérico.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
14
Al ser imposible inferir del interrogatorio de parte que
Coloca conocía la ilicitud, la sanción del artículo 1525 era
inviable, ya que el conocimiento debe ser real, no presunto.
Esto no se modifica por el artículo 9º del Código Civil, pues
la presunción no suple esta exigencia. Aunque la declaración
de Jorge Castro sugiere que sabía del régimen cambiario,
esto no implica que Coloca compartiera dicha información.
La responsabilidad del administrador no equivale al
conocimiento o voluntad de la sociedad, lo que reafirma el
error fáctico del Tribunal al estar ausente el elemento
cognitivo «a sabiendas» que exige el artículo 1525 ejusdem.
CONSIDERACIONES
1. La autonomía de la voluntad es el principio estelar
que fundamenta la libertad negocial y permite que lo
acordado sea vinculante para las partes, siempre que no
exceda el orden público, el ius cogens, ni las buenas
costumbres, según lo advierte el artículo 1602 del Código
Civil al decir que «[t]odo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo o por causales legales». Por lo tanto,
quien cumpla lo pactado tiene derecho a insistir en el nexo o
pedir su extinción, con indemnización de perjuicios.
Precisamente, al analizar el artículo 1602 del Código
Civil, en la CSJ SC1962-2022, se indicó que:
Esa norma determina la fuerza vinculante, obligatoria y coercible
del acuerdo de voluntades, al advertir que si a él se llega de forma
válida «no podrá ser derogado sino por causas legales o por mutuo
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
15
consentimiento», lo que significa que ninguno de los contratantes
puede separarse -total o parcialmente- del programa obligacional,
so pena de infringir sus compromisos; en cuyo caso, la otra parte,
que sí satisfizo o estuvo dispuesta a atender los suyos en la forma
y tiempo debido, tiene a su disposición diversos remedios
contractuales de carácter jurídico, ya que puede exigir la
realización de lo pactado u optar por su extinción mediante la
resolución o la terminación (arts. 1546 C.C. y 870 C. de Co.) según
proceda, y reclamar, asimismo, la reparación del demérito sufrido.
Se enfatiza que, por virtud de ese postulado liberal, las
partes de un contrato ejercen su libertad de regulación y
autogobierno, reconocidas por el Estado. De ese modo
definen sus intereses y fijan el programa obligacional que
acuerdan cumplir para suplir sus necesidades y objetivos.
Así se garantiza un marco de confianza y seguridad jurídica
para sus interacciones contractuales.
2. El nacimiento, la eficacia y las patologías del
negocio jurídico:
El sistema legal nacional determina requisitos de
existencia y de validez del negocio jurídico. Los primeros lo
forman y permiten que se perfeccione. A ese respecto, el
Código Civil establece la capacidad, el consentimiento, la
causa y el objeto, así como, en algunos casos, una
solemnidad. Solo si el acto existe, adquieren especial
relevancia los elementos de validez: la capacidad de ejercicio,
el consentimiento sin vicios, y la licitud del objeto y la causa.
La falta de cualquiera de estos requerimientos -sea de
existencia o de validez- se sanciona de diferentes maneras,
ya sea con la ineficacia de pleno derecho, la inexistencia, la
nulidad -absoluta o relativa (anulabilidad), que puede ser
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
16
total o parcial-, y la inoponibilidad. Así, el Estado castiga las
imperfecciones del acto jurídico.
La nulidad absoluta, en particular, presenta
características bien definidas: (i) está prevista en el ámbito
civil (art. 1740 y ss.), mercantil (art. 899 y ss.), y en diversas
regulaciones especiales; (ii) constituye una forma de
extinguir las obligaciones (art. 1625 núm. 8º ib.); (iii) se
configura por motivos legales, entre ellos, la incapacidad
absoluta, la omisión de algún requisito o formalidad que la
ley exija para el valor del acto o contrato en consideración a
su naturaleza, y la ilicitud en la causa o en el objeto; (iv)
puede ser alegada por las partes, sus causahabientes y
cualquier tercero que tenga interés en su reconocimiento; (v)
debe ser declarada de oficio por el juez cuando sea manifiesta
en el acto; y (vi) el Ministerio Público la puede invocar en
defensa del orden público y la moral.
2.1. Los efectos de la nulidad del contrato frente a
las partes:
Por regla general, la nulidad de un negocio jurídico
produce efectos ex tunc, es decir, hace que las cosas regresen
a su estado natural. Esto se expresa con el aforismo Quod
nullum est nullum producit efectum. Dicha retroactividad
origina las restituciones recíprocas. Así lo establece el
artículo 1746 del Código Civil al señalar que «[l]a nulidad
pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada,
da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado
en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
17
nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa
ilícita». Con ello, se busca recomponer la situación de las
partes involucradas en el acuerdo declarado nulo,
permitiéndoles recuperar lo que entregaron. Esto, porque las
restituciones recíprocas se fundamentan en sólidos criterios
de justicia y equidad, con el fin de evitar el enriquecimiento
sin justa causa.
Al referirse al artículo 1746 del Código Civil, en la CSJ
SC 17 jul.1990, rad. 265, se indicó:
La Corte, al determinar el recto sentido y alcance del precepto
antes citado, en su parte transcrita, ha sostenido que el efecto
general y propio de toda declaración judicial de nulidad, esa
absoluta, ora relativa, es el de retrotraer las cosas al estado en
que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo.
Precisamente, de manera reiterada y uniforme ha afirmado que “el
efecto legal y natural de toda declaración judicial de nulidad es la
restauración completa de las cosas al estado en que se hallarían
si no hubiese existido el acto o contrato anulado. La sentencia
declarativa de nulidad produce efectos retroactivos y en virtud de
ella cada una de las partes tiene que devolver a la otra lo que ha
recibido como contraprestación del contrato invalidado” (CSJ. SC.
10 abr. 1938, XLVII, pág. 227; SC 14 sept. 1976, CLII, pág. 369,
SC 30 sept. 1987, CLXXXVIII, pág. 228).
Recientemente, en la CSJ SC5513-2021, se expresó:
De acuerdo con la citada norma, la declaratoria de la nulidad de
un contrato apareja la aniquilación de sus efectos vinculantes y
obligatorios para las partes, de donde deviene el carácter
retroactivo de tal veredicto, a fin de colocar a los extremos de la
relación negocial en la situación en que se encontrarían de no
haber celebrado la convención.
En consecuencia, si han ejecutado de manera parcial o total los
compromisos a su cargo, se habilitan las devoluciones bilaterales,
salvo, claro está, en el evento de las nulidades absolutas
originadas en objeto o causa ilícitos. Para tal efecto, es menester
acudir a las disposiciones que gobiernan las prestaciones mutuas
en materia de reivindicación, consignadas en los artículos 961 a
971 del compendio citado.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
18
2.2. La ilicitud del objeto o la causa del contrato:
Existen excepciones legales al principio general de que
las cosas deben volver a su estado natural tras declararse la
nulidad del contrato, destacándose el artículo 1525 ibidem,
el cual establece que «[n]o podrá repetirse lo que se haya dado
o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas». Tal regla
jurídica se funda en el axioma in pari causa turpitudinis
cessat repetitio, que impide recuperar lo entregado a
sabiendas de la ilicitud en la causa o en el objeto del contrato.
A tal efecto, en la CSJ 30 sept. 1987, GJ n.° XLXXXVIII,
pág. 229, la Sala explicó que:
También ha sostenido la jurisprudencia, igualmente de vieja data,
que el principio general consagrado en el artículo 1746 del C. Civil
registra las excepciones legales que contemplan los artículos 1525
y 1747 del C.C., esto es, cuando la nulidad proviene de objeto o
causa ilícita, evento en el cual, a términos del primer precepto, no
puede repetirse lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la
ilicitud; y cuando se declara nulo el contrato celebrado con una
persona incapaz con omisión de los requisitos que exige la ley, en
cuya hipótesis, según lo establece la segunda norma mencionada,
el que contrató con ella no puede pedir la restitución o reembolso
de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto
probare haberse hecho más rica con ella la persona incapaz.
Respecto a la finalidad de esa prohibición legal, en la
CSJ SC. 23 abr. 1998, rad. 4544, se estableció:
Es, ciertamente, sensato inferir que las relaciones jurídicas no
están signadas únicamente por criterios prácticos y racionales que
las despersonalizan para reducirlas a meros vínculos
patrimoniales, frente a los cuales ninguna trascendencia podría
tener las reglas morales, ya que éstas, por el contrario, subyacen
de manera palpable en el ordenamiento legal como un criterio
regulador que impide el abuso de las formas jurídicas, a las
cuales, por el contrario, le dan contenido y substancia.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
19
Principios de tanta importancia para el derecho como el de la
justicia y el equilibrio en las relaciones contractuales, el de la
relatividad de los derechos, el de la apreciación de los móviles
negóciales, la protección de la buena fe y el repudio del dolo y la
malicia, entre otros, ponen de manifiesto que tas regias morales
penetran profundamente las estructuras jurídicas, dotando los
fines patrimoniales o económicos que persiguen de contenidos
axiológicos.
La figura legis se activa si la ilicitud en la causa o en el
objeto era conocida al celebrar el contrato, ya sea por ambas
partes o por aquella a quien debería restituírsele lo que
entregó. Este aspecto es crucial, pues solo si se demuestra
tal conocimiento se frustra el recobro (artículo 1525 ibidem).
Específicamente, en la CSJ SC 22 ene. 1971, G.J. t.
CXXXVIII, n.° 2340 a 2345, pág. 42-45, la Corte indicó:
Es perfectamente explicable que, si una persona a plena
conciencia interviene en un acto contrario al ordenamiento jurídico,
se le niegue toda acción y derecho, porque la ley no puede
utilizarse para obtener ventajas que tienen como soporte la ilicitud.
Sin embargo, como la sanción es grave en cuanto impide la
restitución de lo entregado en razón del contrato nulo, el legislador
sólo reprime al contratante que actúa en el negocio jurídico “a
sabiendas” de la ilicitud.
Ahora, ¿qué se entiende por “a sabiendas” Cuando no se trata de
palabras técnicas referentes a una ciencia o arte o palabras
definidas por la ley, estas han de entenderse en su sentido natural
y obvio, según el uso general de las mismas, enseña una regla de
interpretación (arts. 28 y 29 del C.C.). Sentido natural y obvio es
el que a las palabras da el diccionario de la Academia Española.
En este orden de ideas, el adverbio “a sabiendas”, según el
diccionario de La Lengua, significa “de modo cierto”, “a ciencia
segura”, o, con otras palabras, a plena conciencia, a pleno
conocimiento, con conocimiento inequívoco. Esto indica que se
requiere un conocimiento objetivo o conocimiento-realidad frente a
determinado hecho. Y, a esta categoría de conocimiento se refiere
el artículo 1.525 del C. cuando utiliza la locución “a sabiendas”,
expresión esta empleada en otros artículos del Código Civil (477,
737, 955, 1029, 1480, 1675 n.° 1, 1870, 1992 y 2017).
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
20
Igualmente, en la CSJ SC 13097-2017, la Sala recordó
que:
(…) si bien las partes están legitimadas para alegar ese defecto
de validez, no pueden tener derecho a los restablecimientos
anejos, cuando el mismo emana de un objeto o causa ilícita que
ellas conocieron, porque la restricción dispuesta en aquel (art.
1525) al no permitir que pueda repetirse lo que se haya dado o
pagado por un objeto o causa ilegales, como ha dicho la Corte, es
de un gran contenido ético fundado en el principio clásico que
impide sacar provecho o repetición de su propia torpeza o dolo2.
El orden jurídico impide ir en contravía de la regla moral de las
obligaciones que desde los romanos enseña que la justicia se niega
a dar protección cuando quien la requiere no llega hasta ella con las
manos limpias (nemo creditur trpitudinem suam allegans)3.
De ahí que, si una persona de manera consciente interviene o
participa, directa o indirectamente, en la formación de un acto con
objeto o causa ilícitos, debe negársele protección, o cuando menos
las prestaciones que ejecutó o dio en tal cometido.
Pero desde luego que restricción de ese linaje no se aplica de
manera mecánica, puesto que el precepto 1525 requiere una
especie de atribución participativa en el acto o contrato afectado
por objeto o causa ilícitos, al agregar que sea «a sabiendas», vale
decir, de modo cierto, con pleno o inequívoco conocimiento de los
contratantes, porque tuvo ocasión de precisarlo esta Corte, tal
expresión, entendida en su sentido natural y obvio (art. 28 del
C.C.), que debe ser el de la lengua española, significa «de modo
cierto, a ciencia cierta», y que, por consiguiente, «se requiere un
conocimiento objetivo o un conocimiento-realidad frente a
determinado hecho»4.
Asimismo, en el ámbito nacional, un autorizado
expositor del derecho privado expresa que:
(...) el inc. 1. ° del artículo 1746, establece como regla general que
la declaración de nulidad de un acto o contrato, produce el efecto
de restituir las cosas respectivas al estado precedente al acto o
contrato. Esta regla tiene dos excepciones: 1. Lo prevenido sobre
el objeto o causa ilícita, puesto que según el artículo 1525, no
podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o
causa ilícita a sabiendas, lo que quiere decir que declarado nulo
2 CSJ. Casación civil de 22 de enero de 1971, GJ. 2340, p. 50.
3 Citada en la sentencia de esta Sala del 4 de octubre de 1982, CLXV, P. 215.
4 Así se explicó en la ya referida sentencia SC. de 22 de enero de 1971.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
21
un contrato, por ejemplo, no se mande devolver a una persona lo
que haya dado en virtud de ese contrato. Es claro que esto impide
que las cosas vuelvan al estado anterior del contrato5.
La doctrina española afirma que la prohibición de
restitución por ilicitud en la causa o en el objeto del contrato
se inspira en «la regla de que nadie puede alegar en su ventaja
su propia torpeza, regla que podemos explicar como una
consecuencia propia de la buena fe en sentido objetivo. Como
dice la STC227/1991, 28 de noviembre, FJ 3º: “a nadie le es
lícito beneficiarse de la propia torpeza”. (allegans propriam
turpitudinem non liquet)» 6.
En ese mismo sistema jurídico7 se ha enfatizado que tal
proscripción de recobro de lo entregado se sustenta en,
tres reglas que fluyen desde el brocardo nemo propriam
turpitudinem allegare potest: ninguno de los contratantes (incurso
o extraño a la causa ilícita) puede pedir el cumplimiento (ex turpi
causa non oritur actio); el contratante extraño a la causa ilícita
puede reclamar restitución de lo que hubiese entregado; y, por
último, si los dos están incursos en la ilicitud, cada uno retiene lo
eventualmente percibido (in pari causa turpi, melior est conditio
defendentis).
El elemento decisivo, entonces, es además de qué clase de
infracción sea la que defina la invalidez del contrato, a qué
contratante le es imputable o si le es imputable a ambos. Se
distinguen los siguientes casos, que tienen una evidente
inspiración común hasta el punto de que podrían ser refundidos
en un único precepto sin especial dificultad: (i) infracción penal
común (art. 1305 I CC); (ii) infracción penal imputable a una de las
partes (art. 1305 II CC); (iii) causa torpe o ilícita que no constituye
5 VÉLEZ F. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, Imprenta París América, 2a.
Edición, Bogotá, [Editado 1982] tomo VI, pág. 422.
6 BERCOVITZ, R. RODRIGO. (director). Comentarios al Código Civil. Tomo VII.
Tirant o Blanch tratados. Valencia, 2013, págs. 9272.
7 Cfr. Ob cit. págs. 9272-9273.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
22
delito o falta imputable a ambas partes (art. 1306, 1ª CC); y (iv)
causa torpe o ilícita que no constituye delito o falta imputable a
una de las partes (art. 1306. 2ª CC). La imputación a ambos tiene
por consecuencia la indiferencia frente a sus resultados y la
inexigibilidad de lo prometido al modo en que ocurre en el dolo
recíproco (art. 1270 I CC), asumiendo incluso que tal indiferencia
pueda aprovechar a una de las partes sin correspectivo alguno.
Esa así un incentivo o acicate evidente para que no se celebren
contratos nulos: el contratante al que le sea imputable la nulidad
suporta el riesgo de la prestación, debe restituir y no puede pedir
lo prometido.
Ello coincide con el pensamiento de Díez-Picazo, quien
argumenta que «[e]n la tradición jurídica, la privación de la
acción restitutoria se producía si existía prestación con causa
injusta o inmoral común a ambas partes o, por lo menos, al
accipiente. La regla es única y priva del derecho a la
restitución al contratante partícipe en la causa inmoral o
injusta»8.
La doctrina chilena, encabezada por Claro Solar9,
enseña que:
En principio, cuando un acto o declaración de voluntad es
declarado absolutamente nulo, cada uno de los contratantes tiene
derecho para ser restituido en el mismo estado en que se hallarían
si no hubiera existido el acto o contrato anulado (art. 1687); pero
la ley advierte que esta regla general deja a salvo lo prevenido
sobre el objeto ilícito y la causa ilícita en que la repetición de lo que
se ha dado o pagado no tiene lugar, como deberá al contrato
ocurrir si la nulidad no procede de la causa o del objeto ilícitos.
Esta excepción respecto de la nulidad procedente del objeto ilícito
o de la causa ilícita es aplicación del adagio in pari causa
tupitudinis cesat repetitio, que solía también expresarse in pari
causa turpitudines possesoris melior conditio habetur.
8 DÍEZ P. LUIS. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I. Introducción
Teoría del contrato. 6ª edición. Aranzadi. Navarra, 2007, pág. 582.
9 CLARO S. LUIS. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Tomo X.
De las Obligaciones I. Universidad de Chile, Chile, 1937, págs. 360 y ss.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
23
En suma, es crucial establecer que, al momento de
celebrar el negocio jurídico, las partes -o al menos la que
ejecutó las prestaciones derivadas del acuerdo a la postre
declarado nulo- conocían la ilicitud en su causa u objeto, ya
que ello es esencial para aplicar la sanción del artículo 1525
ejusdem. Esto, porque la norma exige que se actuara «a
sabiendas». Sin esta particularidad, tal prohibición no tiene
cabida.
La razón de ser de esta restricción restitutoria radica en
la necesidad de preservar la integridad del orden jurídico y
disuadir la ocurrencia de comportamientos deshonestos,
torticeros y fraudulentos. Permitir la repetición en estos
casos incentivaría a los contratantes a participar en
transacciones ilícitas, con la certeza de que podrían
recuperar lo entregado.
Adicionalmente, la prohibición legis refuerza el
principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
según el cual nadie debe beneficiarse de su propio dolo.
Además, fomenta la confianza entre las partes y, ante todo,
protege el interés público al mantener la legalidad y la ética
en los negocios.
2.3. La diligencia de las entidades bancarias y de
cualquier otra que capte o coloque recursos en el
mercado:
En Colombia, la actividad financiera solo puede ser
ejercida por las personas que cumplen ciertos requisitos
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
24
legales y han sido previamente habilitadas por el Estado, lo
cual se explica porque se trata de una gestión que lleva
ínsitos riesgos jurídicos, reputacionales, de contraparte,
crediticios, operativos, de liquidez, de tasas de interés y de
cambio, de conglomerados, procedentes de compromisos en
operaciones de derivados, y muchos otros que pueden afectar
la solvencia de quienes ejercen esta función. Todas estas
contingencias deben ser debidamente cubiertas por cada
entidad para así garantizar la protección a sus ahorradores
y mantener vigente la confianza en el sistema de pagos. De lo
contrario, se podrían generar graves alteraciones por
externalidades o cualquier otra circunstancia capaz de
producir importantes efectos negativos de carácter
económico y social, como consecuencia de la captación y
colocación de recursos en el mercado.
De ahí que tal disciplina sea entendida como una
actividad profesional que debe evaluarse bajo un estándar
particular y cualificado, de acuerdo con la experticia propia
de quienes la ejercen. De hecho, ya en la Constitución
Política de 1886 se reconocía como una labor especializada y
por eso era confiada solo a sujetos experimentados, de
quienes se esperaba que actuaran con prudencia, rectitud y
responsabilidad en su gestión. Su formación y experiencia les
exigía proceder con elevados criterios éticos, de seguridad,
buena fe, conocimiento técnico, diligencia y cuidado, siempre
dentro de los límites previamente fijados por la ley.
Este enfoque se mantiene en la Constitución Política de
1991, la cual optó por un sistema de liberalización del
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
25
mercado financiero y caracterizó a esa labor como de interés
público. Esto, porque en su artículo 335 estableció de forma
concluyente que, tanto la actividad bursátil, aseguradora y
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos de captación «son de interés público
y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del
Gobierno en estas materias y promoverá la democratización
del crédito».
Tal criterio fue seguido por diversas normas jurídicas,
entre ellas: (i) la Ley 31 de 1992; (ii) la Ley 9ª de 1999, hoy
compilada en el Decreto 1068 de 2015; (iii) el Decreto 663 de
1993, actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; (iv)
el Decreto 1735 de 1993; (v) la Ley 1328 de 2009; (vi) el
Decreto 2555 de 2010; (vii) las Circulares Básicas Contable,
Financiera y Jurídica; y (viii) y la Resolución Externa 01 de
2018, esta última dictada por la Junta Directiva del Banco
de la República. Estas disposiciones legales son de carácter
público y, por consiguiente, deben ser estrictamente
observadas.
Actualmente, el régimen jurídico financiero de Colombia
está inspirado en los estándares internacionales de
regulación financiera adoptados por el Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea (BCBS) a partir de 1988, los cuales
buscan fortalecer la solidez de los ecosistemas bancarios.
Dicha convergencia se justifica por la creciente interconexión
del sistema financiero mundial y la naturaleza cíclica de los
mercados, factores que exponen a todos los países a posibles
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
26
desequilibrios. Esta preocupación constante ha hecho
evidente la necesidad de contar con principios comunes que
faciliten no solo la medición y gestión de los riesgos, sino
también la mejora de la relación de solvencia y el
fortalecimiento, tanto en cantidad como en la calidad, del
capital de las entidades habilitadas para llevar a cabo esta
crucial labor empresarial.
Bajo esa égida, resulta inadmisible que las instituciones
financieras o cualquier otra entidad habilitada para ejercer
esa labor argumenten desconocer la normativa aplicable a su
ejercicio profesional, ya que tal omisión resulta intolerable,
dada la naturaleza especializada y pública de su función.
Tanto es así que la Ley 1328 de 2009, mediante la cual se
creó el Régimen de Protección al Consumidor Financiero,
dispuso que uno de los principios orientadores de la
actividad financiera es el de la debida diligencia con la que
deben proceder las entidades habilitadas para desarrollar tal
labor «en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación
de sus servicios a los consumidores».
Es claro, entonces, que tanto las instituciones
financieras como cualquier otra entidad habilitada por el
Estado para realizar labores de intermediación en ese
específico ámbito -es decir, captar (operación activa) y colocar
(operación pasiva) recursos entre el público- tienen un nivel
especial y cualificado de responsabilidad en la gestión de sus
operaciones. En consecuencia, su conducta debe ser
evaluada bajo estándares más rigurosos que los aplicables a
una persona común, dado el impacto que genera en el
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
27
mercado. La razón de que solo las entidades previamente
habilitadas por el Estado puedan realizar esta función tiene
su fundamento nuclear en los múltiples y variados riesgos
ínsitos que conlleva. Esto implica que sean muy cuidadosas,
así como avisadas, prudentes y especialmente diligentes en
la gestión y realización de sus operaciones, habida cuenta
que cualquier actuación negligente, torpe o descuidada tiene
la virtualidad de distorsionar el mercado y de propiciar
consecuencias macroeconómicas y sociales que pongan en
peligro la estabilidad de la Nación.
Desde esa óptica, las instituciones financieras deben
ser muy diligentes y tener plena conciencia de la
normatividad que regula su actividad. Tanto es así que deben
organizarse como personas jurídicas, acreditar un
patrimonio técnico mínimo, obtener la autorización previa del
Estado para funcionar y someterse a una estricta y detallada
regulación legal. Según la ley, el estándar de conducta
aplicable a sus actuaciones es el de un hombre diligente,
tanto que responden hasta por culpa levísima, es decir, por
«la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes» (art. 63 C.C.); sin embargo, dicho parámetro es
comparable con el de un buen hombre de negocios y ha dado
lugar a que, por vía jurisprudencial, se les haya aplicado un
modelo particular de responsabilidad profesional (CSJ SC-
201, 15 dic. 2006, rad. 2002-00025-01) como criterio que
guía su ejercicio y evalúa su profesionalidad, así como su
capacidad técnica y especializada en la operatividad, y la
toma de decisiones.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
28
Por esta potísima razón, cualquier incumplimiento de la
normativa que rige su actividad no puede justificarse por el
simple desconocimiento de dicho ordenamiento, ya que es
una obligación inherente a su función conocer y proceder al
tenor de esa regulación. Aceptar tal excusa significaría
tolerar una conducta negligente y contraria a los principios
que han regido la actividad financiera en Colombia desde sus
inicios, en 1923. Tal actitud podría generar riesgos y
consecuencias perjudiciales para el Estado y la sociedad en
general.
Precisamente, en la CSJ SC18614-2016 se analizó la
responsabilidad de las entidades dedicadas al desarrollo de
actividades financieras y se destacó que:
La importancia de tal actividad en el orden social y económico,
justifica el establecimiento de controles y políticas restrictivas en
su desarrollo, amén de llevar ínsita la exigencia para las
instituciones financieras de un mayor grado de diligencia y
profesionalismo, porque la actividad que desarrollan además de
profesional, tiene los rasgos de ser habitual, masiva y lucrativa,
requiere de una organización para ejecutarla y del conocimiento
experto y singular sobre las operaciones que comprende, así como
de los productos y servicios que ofrece al público, razón por la cual
los estándares de calidad, seguridad y eficiencia que se le
reclaman, son más altos que los exigidos a un comerciante
cualquiera.
Este aspecto tiene especial relevancia en el contexto del
artículo 1525 del Código Civil, el cual contempla la nulidad
de los contratos con objeto o causa ilícita cuando las partes
actúan «a sabiendas» de la ilicitud. Así, tratándose de las
instituciones financieras y de cualquier otra entidad
dedicada a la captación y colocación de recursos en procura
de obtener lucro, cuya actividad produzca efectos en
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
29
Colombia, esta expresión ha de entenderse a partir del nivel
de previsibilidad del alto riesgo de sus decisiones y acciones.
Por ello, ante un reproche deben probar que obraron con
lealtad, debida diligencia y con la seguridad de que procedían
acorde con la legalidad, pues, al tratarse de entidades
expertas en captar y colocar recursos entre el público, se
asume que tienen un conocimiento especializado del marco
normativo que regula su actividad. Esto implica que, al tomar
decisiones, actúen bien informadas y sean plenamente
conscientes de las implicaciones jurídicas de sus actos y de
la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes
correspondientes.
En este sentido, cualquier infracción normativa por
parte de una institución financiera, o de cualquier otro ente
que participe en la captación y colocación de recursos en la
economía nacional, no puede considerarse un simple error,
inadvertencia o desconocimiento excusable, sino una acción
consciente y deliberada. Por consiguiente, como
profesionales altamente capacitados y calificados para el
desarrollo de una actividad empresarial -que por su propia
naturaleza lleva ínsitos diversos riesgos administrativos y
operacionales- estos sujetos especializados están obligados a
conocer y acatar con rigor las leyes que regulan su labor.
Permitir lo contrario sería tolerar la negligencia y la falta de
prudencia en la gestión de sus negocios, lo cual resulta
inaceptable dado el impacto que sus decisiones tienen sobre
el mercado y la sociedad. Este principio, como ya se anticipó,
se refleja en un modelo particular de responsabilidad
profesional (CSJ SC-201, 15 dic. 2006, rad. 2002-00025-01).
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
30
Aunque el artículo 1525 del Código Civil establece la
prohibición de restitución cuando las partes actúan «a
sabiendas» de la ilicitud, en el caso de las instituciones
financieras y de toda empresa que ejerza actividades de
manejo, aprovechamiento, colocación, captación e inversión
de recursos económicos en el mercado, ese conocimiento es
inherente a su rol profesional. La inobservancia de la ley, en
su caso, no puede, por lo tanto, ser excusa válida, ya que,
por su especialización, se espera que cumplan la legislación
de manera puntual y estricta. Así, cuando actúan al margen
de ella, se entiende que lo hacen «a sabiendas», dado que la
obligación de conocerla es parte fundamental de las
exigencias de su actividad profesional.
3. En los tres cargos conjuntados, la recurrente acusa
al Tribunal de haber negado las restituciones recíprocas, a
pesar de que no se presentó prueba alguna para justificar
que las partes conocían la ilicitud del objeto al celebrar el
contrato. En el último de los embistes, argumenta,
igualmente, que era improcedente declarar de oficio su
nulidad absoluta, ya que el vicio no era manifiesto. Sin
embargo, ningún esfuerzo argumentativo hace para
desarrollar de forma clara y precisa este punto, de ahí que
sea genérico, deshilvanado e inidóneo. Esta situación exime
a la Sala de su análisis. Además, en el CSJ AC1207 2023, 12
abr., se inadmitieron otros cargos con acusaciones similares
y se explicó la futilidad de tal alegación.
4. Cuando se invoca la infracción directa de la ley
sustancial, es preciso identificar las normas sustanciales que
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
31
habrían sido vulneradas por el Tribunal y demostrar su
omisión, indebida selección o errada interpretación. Para
ello, es esencial justificar cómo se produjo la desfiguración
normativa sin involucrar aspectos fácticos, ya que, al
encuadrar el ataque en la citada vía, se acepta
implícitamente la constatación factual hecha por el ad quem.
En el ámbito de la causal segunda de casación se debe,
además, especificar si el error alegado es de hecho o de
derecho. El primero -alegado en este episodio- atañe a la
interpretación errónea del contenido objetivo de la demanda,
su contestación o las pruebas, cuando el juzgador omite,
tergiversa o supone cualquiera de estos elementos. En este
caso, el recurrente debe relacionar de manera concreta y
razonada los apartes del fallo que cree incorrectos, así como
explicar con claridad en qué consiste la infracción. Además,
es basilar que ataque integralmente todas las bases de la
sentencia, pues si omite alguna relevante esto podría
desvirtuar la acusación, ya que el ataque perdería su carácter
totalizador y sería parcial e insuficiente para quebrar la doble
presunción de legalidad y acierto del veredicto impugnado.
En fin, la proposición de un cargo por error de hecho
implica identificar de manera precisa las pruebas
indebidamente apreciadas por omisión, suposición o
tergiversación, y realizar un ejercicio de parangón entre lo
que muestran y lo que el juzgador concluyó o dejó de
considerar. Este análisis debe detectar el error y sacarlo a la
luz, es decir, poner al descubierto la apreciación
contraevidente y trascendente. Ello, sin perder el enfoque y
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
32
apuntando a desvirtuar todas las premisas del fallo, de modo
que el ataque sea envolvente y mine su núcleo
argumentativo.
Fue por eso que, en la CSJ SC276-2023, se reiteró que
«la labor del impugnante ‘no puede reducirse a una simple
exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de
razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas,
porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o
manifiesto conforme lo exige la ley’» (CSJ, SC 15 jul. 2008,
Rad. 2000-00257-01, SC 20 Mar. 2013, Rad. 1995-00037-
01; SC2501-2021 y SC4127-2021).
5. Fracasan las acusaciones porque al confrontar su
fundamento con las premisas de la sentencia que
sustentaron la imposición de la sanción del artículo 1525 del
Código Civil, se concluye que la decisión del Tribunal está
plenamente respaldada por hechos probados.
Ya se explicó -de manera clara y suficiente- que la
prohibición de restitución del artículo 1525 ejusdem se aplica
cuando ambas partes sabían, o al menos, quien entregó lo
que pretende recobrar al haberse anulado el contrato por
objeto ilícito, conocía la ilicitud. Esa comprensión, expresada
en la norma a través de la locución «a sabiendas», es un
requisito primordial para que proceda la sanción.
Para negar las restituciones recíprocas, el Tribunal
partió de la premisa de que «quien, de manera consciente, así
fuera por descuido y no necesariamente con dolo o intención
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
33
positiva de inferir daño, actúa de forma directa o indirecta en
el acto con objeto o causa ilícitos, tiene que carecer de
protección en cuanto a las prestaciones que ejecutó u otorgó en
tal negocio». Hecha esa precisión, aplicó la sanción del
artículo 1525 ídem, al deducir que ambas partes sabían que
era necesario registrar la operación de crédito exterior ante
la Oficina de Cambios del Banco de la República.
En el expediente hay elementos probatorios que
sustentan esta conclusión. Nótese que, desde el libelo, la
accionante admitió que la operación de crédito exterior debía
cumplir con lo dispuesto en el artículo 128 del Decreto-Ley
444 de 1967, que establecía la obligación de registrarla ante
la Oficina de Cambios del Banco de la República10. Sin
embargo, le atribuyó esta responsabilidad a su contraparte,
como se desprende de los hechos séptimo, octavo, noveno y
décimo de la demanda11. Asimismo, dentro del término de
traslado12, el Banco del Estado S.A. reconoció
específicamente este deber y señaló que fue infringido por
Coloca International Corporation S.A.
En consecuencia, este panorama permitía entender
razonablemente que, al celebrar el contrato de mutuo, ambas
partes conocían el régimen de cambios internacionales
10 Cfr. Fue creada por el Decreto-Ley 444 de 1967, en su artículo 213, como una entidad
administrativa del Banco de la República y bajo la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria.
11 Cfr. Fl. 940 a 941, cno. 3.
12 Cfr. Fl. 240, cno. 1.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
34
vigente en Colombia y estaban al tanto de la obligación legal
de registrar la operación de crédito exterior ante la Oficina de
Cambios. Sin embargo, decidieron no cumplirla, lo cual
implicó una violación al orden público nacional que generó
la nulidad del pacto por la ilicitud en su objeto (art 1519 ib.).
Ello porque el Decreto-Ley 444 de 1967, expedido por el
ejecutivo en virtud de las facultades otorgadas por el artículo
120 de la Constitución Nacional de 1886, regulaba el régimen
cambiario en Colombia. Dicha normativa restringía las
operaciones en divisas, pues estaba prohibida su libre
negociación y existía un sistema de devaluación permanente.
Al efecto, en su artículo 128 disponía que «[l]os préstamos
externos que obtengan las personas naturales o jurídicas
residentes en Colombia, para inversiones o gastos en el país,
deberán registrarse en la Oficina de Cambios. Esta hará
el registro, previa la comprobación del otorgamiento del
préstamo, y siempre que se reúnan las condiciones
establecidas por la Junta Monetaria conforme a esta sección».
Este punto es relevante, pues, como lo precisó el
Tribunal, el negocio estaba sujeto a las leyes colombianas, de
conformidad con el artículo 869 del Código de Comercio, el
cual establece que «la ejecución de los contratos celebrados en
el exterior que deban cumplirse en el país se regirá por la ley
colombiana», aspecto que es pacífico en casación. Por lo
tanto, no cabe duda de que las partes debían cumplir el
Decreto-Ley 444 de 1967. Se reitera que el artículo 128 ídem
preveía, en particular, que los préstamos o créditos externos
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
35
otorgados a personas residentes en Colombia debían ser
registrados en la Oficina de Cambios del Banco de la
República, institución encargada de «regular la moneda, los
cambios internacionales y el crédito».
Ese registro no consistía en una simple formalidad
sujeta a la voluntad de las partes; era un requisito legal
esencial para que la operación de crédito exterior fuera
válida. Por cierto, solo después de realizado se autorizaba el
giro de los intereses hacia el extranjero y el reembolso del
capital, como lo disponía el artículo 120 ídem. Esta norma
decía que «[l]os capitales extranjeros invertidos en el país, con
posterioridad al 17 de junio de 1957, deberán registrarse en
la Oficina de Cambios» y luego advertía de manera categórica
que «[e]l registro constituye requisito indispensable para
continuar girando al Exterior utilidades y para reembolsar los
capitales».
De igual manera, el artículo 129 ídem reforzaba la
necesidad de realizar este registro, pues advertía que «[l]as
divisas provenientes de los préstamos registrados
deberán venderse al Banco de la República a la tasa del
mercado de capitales, dentro de los plazos que señale la Junta
Monetaria, salvo aquella parte que haya de emplearse en el
pago de bienes o servicios en moneda extranjera, según lo
contemplado en los artículos 131 y 132» (se resalta).
Incluso, desde el artículo 105, el Decreto-Ley 444 de
1967 indicaba que las normas del Capítulo VIII cobijaban las
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
36
inversiones de capital foráneo en Colombia, así como los
créditos en divisa extranjera otorgados a personas naturales
o jurídicas residentes en este país. Además, la Sección II de
ese capítulo establecía que los préstamos o créditos externos
concedidos a personas residentes en Colombia para
inversiones o gastos en el país debían ser necesariamente
registrados en la Oficina de Cambios nacional.
Se colige, por fuerza de lo anterior, que el régimen del
Decreto-Ley 444 de 1967 no solo regulaba la necesidad de
registrar los préstamos externos, sino que, al incumplirse
con este requisito, la operación devenía inválida, lo que
impactaba su viabilidad y afectaba necesariamente el
cumplimiento de las obligaciones del contrato.
Ese marco legal era considerado de orden público y, por
lo tanto, de obligatorio cumplimiento, como lo precisó la
Corte Suprema de Justicia en la CSJ SPL 27 sep. 1984, rad.
1193, al decir:
Sienta la Corte su jurisprudencia en el sentido de que el sistema
monetario, cambiario y crediticio nacional no es particular sino
público, y público no de origen meramente legal sino de rango
constitucional como quedó visto, y que como tal es soberano y por
lo tanto monolítico e imperativo y no mixto ni supletivo. No resulta
por lo tanto pertinente invocar que la negociación e intercambio del
oro y de las divisas provenientes de capitales y monedas
extranjeras pertenezca o haya pertenecido como «derecho
adquirido» y como «industria» privada a los par-titulares.
En vigencia de la Constitución Política de 1991 se ha
reiterado que la actividad financiera es de interés público,
como se evidencia en diversas sentencias, entre ellas CSJ SC
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
37
4 jul. 2013, rad. 2008-00216-01; SC18614-2016 y SC832-
2019, en las que se afirmó:
(…) la actividad financiera es de orden público, conforme al artículo
335 de la Constitución Política, precepto que faculta la intervención
del Estado en ese campo con el fin de democratizar el crédito y,
por ende, establecer parámetros que prevengan el abuso de la
posición dominante por parte de los bancos, mediante normas
como son las relacionadas con el establecimiento de topes a las
tasas de interés y la imputación de pagos, cuya desatención en el
desarrollo contractual en el que inciden, justifica la puesta en
marcha de la administración de justicia, cuando a ella acude el
obligado como parte débil de la relación.
Igual postura adoptó el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección IV13, a través de la
sentencia de 16 de julio de 1974, en la cual enfatizó:
Dentro del régimen establecido por el decreto 444 de 1967 y las
disposiciones que lo adicionan o reforman, no es lícito para los
particulares, ya sean nacionales o extranjeros, personas
físicas o jurídicas adquirir, vender o negociar de cualquier
otro modo en monedas extranjeras, poseerlas en el país o
fuera de él, salvo en los casos de excepción expresamente
autorizados, o realizar operaciones de cambio internacional sin
la previa licencia expedida por los funcionarios
competentes y para el desarrollo de actividades o negocios
en que se ha permitido invertir o gastar las monedas
extranjeras que obtenga el país... En ese campo por claras
razones de orden público (el subrayado es nuestro) y de
conveniencia general de la colectividad no están reconocidas ni el
libre comercio ni la libre empresa, que sí están garantizados
constitucionalmente para otros ámbitos de la actividad privada.
Las prerrogativas de los gobernados en materia de comercio y de
cambios internacionales se reducen a obtener facultades o
licencias para actuar de la manera prefijada por el Estado
regulador de la operación respectiva y luego de haber cumplido
minuciosamente los requisitos previos indispensables para
conseguir aquella licencia, y así como los principios anteriores
resulta predicables en abstracto para toda clase de negocios de
cambios externos a luz de lo estatuido por el decreto 444 de 1967
y sus preceptos reformatorios o complementarios (se resalta).
13 Cfr. Anales del Consejo de Estado, II semestre 1974, pág. 161.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
38
No se puede afirmar que la Resolución N.° 58 de 1976,
de la Junta Monetaria del Banco de la República, suprimió
la exigencia del artículo 128 del Decreto-Ley 444 de 1967, ya
que solo reglamentó su artículo 33, relacionado con
depósitos, fondos rotatorios y donaciones, y no con los
créditos externos concedidos a personas naturales o
jurídicas en Colombia. Por lo tanto, la regulación de ese
decreto, específicamente la obligación de registrar los
créditos externos ante la Oficina de Cambios siguió vigente
en cuanto a las operaciones de créditos externas dirigidas a
residentes nacionales para inversiones o gastos en el país.
Claro quedó que las partes actuaron al margen del
Decreto-Ley 444 de 1967 al no registrar la operación de
crédito exterior ante la Oficina de Cambios de Colombia. En
ello coincidieron los peritos Margarita Sepúlveda y Néstor
Medina Río, así como los testigos Mónica Santa María y Jorge
Tyrone Andrade. Ahora, aunque la accionante, quien fue la
mutuante en esa operación de cambio, argumenta que solo
el Banco del Estado S.A. estaba obligado a cumplir con la
exigencia legal, tal explicación resulta inverosímil. El artículo
128 del precitado decreto no le imponía ese débito
exclusivamente a determinada parte; por el contrario, el
deber de registrar la operación ante la Oficina de Cambios
recaía sobre ambos extremos de la relación jurídica, quienes
debían preverlo. Esto, sin perjuicio de que pudieran acordar,
dentro del contexto mismo de la negociación, cómo realizar
el registro. De no hacerlo, infringían el orden público
nacional y quedaban sujetos a las sanciones legales.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
39
En definitiva, la obligación establecida por el Decreto-
Ley 444 de 1967, relativo al régimen de cambios
internacionales y comercio exterior, de registrar toda
operación de crédito exterior ante la Oficina de Cambios,
debía cumplirse para viabilizar la operación acordada entre
las partes, independientemente de quién gestionara los
trámites administrativos ante la autoridad competente. El
artículo 128 ejusdem no asignaba esta responsabilidad a un
extremo específico del negocio. Además, al ser norma de
orden público, su observancia era obligatoria y no podía ser
derogada ni eludida por los implicados. En consecuencia, el
registro de la operación de crédito exterior era esencial para
regularizar la transacción ante el Estado colombiano y
hacerla viable desde el punto de vista legal.
Este hecho cobra mayor relevancia debido a que tanto
Coloca International Corporation S.A. como el Banco del
Estado S.A. eran sociedades comerciales dedicadas al
desarrollo de actividades financieras: la primera en el
extranjero (Panamá) y la segunda en Colombia, según se
establece en sus certificados de existencia y representación
legal, situación que las compelía a proceder como
profesionales en la gestión de sus negocios.
Dicho contexto refuerza la necesidad de que actuaran
con especial diligencia y cuidado, máxime cuando la
operación de crédito exterior involucraba una suma
significativa de dinero otorgada a título de mutuo con
intereses, con el objetivo de generar rentabilidad. Este hecho
tiene soporte en las misivas del 25 de junio y el 30 de julio de
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
40
1982, pues en ellas el Banco del Estado S.A. reconoció que
recibió el capital y se comprometió a restituirlo, con sus
rendimientos, en una fecha cierta.
En virtud de ello, era imprescindible que ambas
entidades tomaran las medidas y precauciones necesarias
para garantizar que sus actuaciones estuvieran dentro del
marco legal aplicable, y así asegurarse de que sus
transacciones estuvieran amparadas por la ley que las
regulaba. Al ser sociedades mercantiles dedicadas al ejercicio
habitual del comercio financiero, una en Colombia y la otra
en Panamá, debían proceder con la diligencia propia de un
hombre juicioso en la gestión y administración de sus
negocios importantes. Es más, de acuerdo con ese estándar
de conducta, respondían incluso por culpa levísima,
entendida como «la falta de aquella esmerada diligencia que
un hombre juicioso emplea en la administración de sus
negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la
suma diligencia o cuidado», según el artículo 63 del Código
Civil14.
Este aspecto adquiere especial relevancia dado que la
operación de crédito exterior involucró la transferencia de
U$3’477.350, como lo planteó la accionante en la demanda,
lo reiteró durante su interrogatorio y justificó con los
14 Cfr. Actualmente, algunos comerciantes se rigen por el estándar de conducta
del buen hombre de negocios, que exige una diligencia superior a la del hombre medio.
La Ley 222 de 1995 estableció deberes fiduciarios a sujetos cualificados que
profesionalmente ejercen el comercio. Las entidades financieras se rigen por un modelo
de responsabilidad profesional (CSJ SC-201, 15 dic. 2006, rad. 2002-00025-01).
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
41
soportes documentales que respaldan la entrega de dicha
suma al Banco del Estado S.A. Además, se sustentó en las
cartas del 25 de junio y el 30 de julio de 1982, en las cuales
el mutuario reconoció haber recibido los recursos y se
comprometió a restituirlos con intereses.
Los anteriores hechos, y los documentos que los
respaldan, no fueron desvirtuados por la entidad financiera
convocada, ante lo cual tenían pleno valor probatorio y eran
suficientes para establecer la existencia de la obligación y su
monto, conforme lo evidenció el Tribunal en las premisas
sobre las que fundamentó esa conclusión de su sentencia,
sin que estas hayan sido discutidas en casación.
Desde esta perspectiva, resulta insólito que las partes
hayan omitido la regulación aplicable a la operación de
cambio, especialmente cuando esta regía sus actividades
habituales y, por lo tanto, se entiende que tenían que
conocerla y actuar conforme a esa legislación. Es decir,
estaban obligadas a ajustarse a ella con rigurosidad y
oportunidad al realizar el crédito exterior, ya que solo dentro
de ese marco legal podían obtener la tutela jurídica del
Estado respecto a los efectos de la transacción comercial.
No es razonable ni se puede aceptar que las sociedades
involucradas desconocieran el orden jurídico nacional,
especialmente el régimen cambiario. Esto se debe a que el
Banco del Estado S.A., como mutuario, era una entidad
financiera domiciliada en Colombia, autorizada para captar
y colocar dinero en el país, así como obtener créditos
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
42
externos. Por lo tanto, tenía que estar al tanto de la ley
nacional y aplicarla sin excepción. Por su parte, Coloca
International Corporation S.A., como inversionista
extranjero, debía actuar con la debida diligencia de un
profesional avisado y asegurarse de conocer y proceder de
conformidad con las normas cambiarias aplicables,
particularmente aquellas que regulaban las inversiones en
empresas colombianas.
Además, según se constató durante los interrogatorios,
para la época en que se realizó la operación de crédito
exterior, la accionante mantenía con el Banco del Estado S.A.
otras líneas de crédito exterior vigentes. Esto refuerza la idea
de que debía estar familiarizada con la regulación que regía
esas transacciones comerciales, así como con el régimen
jurídico aplicable para obtener la restitución y rentabilidad
generada, no solo por tratarse de actividades mercantiles
orientadas a obtener rendimientos económicos, sino también
por estar sujetas a un control estatal permanente.
Lo anterior cobra especial relevancia porque el artículo
129 del Decreto-Ley 444 de 1967 establecía que «[l]as divisas
provenientes de los préstamos registrados deberán venderse
al Banco de la República a la tasa del mercado de capitales,
dentro de los plazos que señale la Junta Monetaria, salvo
aquella parte que haya de emplearse en el pago de bienes o
servicios en moneda extranjera, según lo contemplado en los
artículos 131 y 132». Esta disposición le imponía a Coloca
International Corporation S.A. el deber de informarse y
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
43
cumplir con los requisitos legales para invertir en el mercado
colombiano los recursos prestados al Banco del Estado S.A.
Inclusive, si hipotéticamente se asumiera que esa
entidad extranjera desconocía dicha legislación, su
negligencia, al no ajustarse a los requisitos legales, sería
suficiente para activar la sanción por objeto ilícito, como lo
determinó el Tribunal. La ley reprime y prohíbe que una parte
se beneficie o recupere lo perdido por su propia torpeza o
conducta culpable, según el principio Nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. Sobre este importante axioma, la
Corte Constitucional, en la C-083 de 1995, seguida en la C-
207 de 2019, precisó que:
No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar
de ella algún beneficio, falta a la buena fé entendida como la
ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que
se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue
están amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta
del 91, impone la buena fé como pauta de conducta debida, en
todas las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como
de los particulares. Y los artículos 1525 y 1744 del Código Civil,
tan anteriores en el tiempo a nuestra Constitución actual,
constituyen sin embargo cabal desarrollo de ese principio al
impedir -el primero- la repetición de lo que se ha pagado "por un
objeto o causa ilícita a sabiendas", y el segundo al privar de la
acción de nulidad al incapaz, a sus herederos o cesionarios, si
aquél empleó dolo para inducir al acto o contrato. Ejemplar es
también, en esa misma dirección, el artículo 156 del mismo
estatuto, que impide al cónyuge culpable, invocar como causal
de divorcio aquélla en que él mismo ha incurrido. Tales
disposiciones, justo es anotarlo, eran reductibles inclusive a la
Carta anterior que, no obstante, no consagraba explícitamente
el deber de actuar de buena fe.
Pues bien: de esas y otras disposiciones del ordenamiento
colombiano, es posible inducir la regla "nemo auditur ..." que,
como tal, hace parte de nuestro derecho positivo y,
específicamente, de nuestro derecho legislado. Por tanto, el juez
que la aplica no hace otra cosa que actuar, al caso singular, un
producto de la primera y principal fuente del derecho en
Colombia: la legislación.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
44
Lo propio reiteró en la T-213 de 2008, cuando destacó
que:
Así, de antiguo se ha aceptado, además como una regla que
constituye la antítesis de la bona fides, la prohibición de pretender
aprovecharse del propio error, dolo o de la culpa de quien por su
desidia, incuria o abandono resulta afectado.
Dicha regla, materializada en el aforismo nemo auditur proprian
turpitudinem allegans, ha tenido incluso, una incorporación
expresa en nuestro ordenamiento sustantivo civil de acuerdo con
el postulado general de la “improcedencia por aprovechamiento en
culpa y en dolo propio”
De este último, suele incluirse como ejemplos típicos, el de la
persona que celebra un contrato ilícito a sabiendas, o quien
pretende reclamar un legado o herencia luego de haberse
declarado la indignidad o el desheredamiento y, aun así, pretende
suceder al causante.
Recordemos que, nadie puede presentarse a la justicia para pedir
protección si ella tiene como fundamento la negligencia, mala fe o
dolo que ha cometido.
Así, los Tribunales deben negar toda súplica cuya fuente es la
incuria, el dolo o mala fe en que se ha incurrido, de acuerdo con la
máxima nemo auditur suam turpitudniem allegans, pues ello,
según advierten los autores es contrario al orden jurídico y al
principio que prohíbe abusar de los propios derechos (Art. 95 C.N.)
Finalmente, en la C-207 de 2019, enfatizó que
«[c]oncluye la Corte que el conocimiento de las partes sobre la
ilicitud del contrato anulado es un criterio relevante a tener en
cuenta para la evaluación de los posibles reconocimientos de
restituciones a que haya lugar».
No es excusable el proceder de Coloca International
Corporation S.A. quien alega que el único obligado a efectuar
el registro cambiario era el Banco del Estado S.A., ya que
ninguna norma le asignaba tal responsabilidad
exclusivamente a esa entidad. Tampoco se presentó prueba
alguna de que, al configurar el mutuo comercial, las partes
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
45
hubieran establecido que ese débito fuera solo del mutuario
por estar domiciliado en Colombia. Por lo tanto, no se puede
sostener que la entidad nacional fuera la encargada de
efectuar ese deber legal.
Aunque es reprochable la actuación de ambas partes al
omitir la normatividad que regía el crédito exterior mediante
el cual se vincularon comercialmente, esta desatención
afecta particularmente a Coloca International Corporation
S.A. Desde la perspectiva de un observador razonable,
resulta incomprensible que, a pesar de estar forzada a
registrar la operación ante la Oficina de Cambios del banco
mutuario, conforme al régimen cambiario vigente en ese
momento, y de conocer dicha legislación, como lo señaló en
su demanda, no solo infringiera esa obligación, sino que
tampoco presentara evidencia de haber intentado regularizar
dicha relación comercial ante la autoridad cambiaria. Esta
falta de acción demuestra una actuación descuidada o, en
otras palabras, un comportamiento negligente y
desprevenido de esa sociedad, la cual, a pesar de su deber de
actuar con la debida diligencia de un profesional, no tomó
todas las medidas razonables para garantizar que su
conducta estuviera en línea con la normatividad aplicable.
Al ser Coloca International Corporation S.A. una
sociedad extranjera que buscaba colocar recursos en un
banco colombiano, tenía la responsabilidad de cumplir
rigurosamente el régimen cambiario de este país. En
consecuencia, debía aplicarlo sin excepción para asegurar
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
46
que la operación de crédito exterior hecha por el Banco del
Estado S.A., y que para ella representaba una inversión
patrimonial, se ajustara a las leyes vigentes.
Sin embargo, no hay evidencia de que esta última
entidad haya actuado en ese sentido, ni realizado alguna
gestión ante la Oficina de Cambios nacional para tratar de
obtener el registro de la operación cambiaria exterior, tal
como lo destacó el Tribunal al censurar la pasividad de esa
organización empresarial. Esto, porque dicha compañía se
limitó a argumentar en la demanda que la obligación de
cumplir con el registro cambiario recaía exclusivamente en el
Banco del Estado S.A., y manifestó que fue este último, y no
ella, quien contravino el orden público nacional por no haber
cumplido con dicho requisito legal, sin ofrecer fundamento
legal ni convencional que justificara tal tesis.
En compendio, el Tribunal declaró nula la operación de
crédito exterior por violar el orden público nacional, dado que
ambas partes, profesionales en el manejo de recursos
financieros, omitieron registrarla en la Oficina de Cambios
nacional, con lo cual incumplieron una obligación legal
imperativa. Este desconocimiento, ya fuera deliberado o por
negligencia, activó la sanción prevista en el artículo 1525 del
Código Civil, que prohíbe el recobro de lo dado a sabiendas
de la ilicitud en la causa o en el objeto del contrato.
Resulta inadmisible que las partes, especialmente
Coloca International Corporation S.A., desconocieran el
régimen cambiario de Colombia, ya que el principio
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
47
«ignorantia legis non excusat» del artículo 9º del Código Civil,
dispone que la ignorancia de la ley no justifica actuar en
contra del orden legal. En consecuencia, la prohibición de
recobro era procedente al tenor de los artículos 1519 y 1525
del Código Civil, dado que la omisión del registro de la
operación ante la Oficina de Cambios contravino el artículo
128 del Decreto-Ley 444 de 1967, norma de orden público.
En vista de lo anterior, la tesitura del Tribunal no
evidencia un desacuerdo con el contenido objetivo de las
distintas pruebas: la documental, los interrogatorios de
parte, las declaraciones de terceros y los dictámenes
periciales. Más bien, se ajusta a esa realidad fáctica, sin que
haya infringido ninguna norma o principio jurídico. Se
concluye que esa decisión se fundamentó en los hechos y la
legislación aplicable, por lo que decaen las acusaciones.
Acorde con esa realidad, los cargos fracasan.
6. Como los embates no prosperaron, conforme a los
artículos 349 in fine y 365 del Código General del Proceso, se
impondrá a la impugnante el pago de las costas procesales
en el trámite de esta senda extraordinaria y para tasar las
agencias en derecho se tendrá en cuenta que dentro del
término legal se presentó réplica.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
48
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia del 6 de diciembre de 2022, proferida
por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el
proceso declarativo promovido por Coloca International
Corporation S.A. contra el Banco del Estado S.A.
Costas a cargo de la recurrente, a favor de la
contraparte. Inclúyase ($12’000.000) por agencias en
derecho, que fija el Magistrado ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 445EA4B9BB749C5317FE44553711F3979FD537FBE3B2946DF1E35B3232A4330C
Documento generado en 2025-03-03