---
clave: "corte_suprema:providencia:SC3294-2024 [1986-06673-01]"
titulo: "Corte Suprema: se enfatiza que las partes de un contrato ejercen su libertad de regulación y autogobierno"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-03"
radicado: "1986-06673-01"
numero: "SC3294-2024"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3294-2024%20%5B1986-06673-01%5D"
---

# Corte Suprema: se enfatiza que las partes de un contrato ejercen su libertad de regulación y autogobierno

- **Título oficial / radicado:** SC3294-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-03
- **Radicado:** 1986-06673-01
- **Número:** SC3294-2024
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3294-2024%20%5B1986-06673-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3294-2024%20%5B1986-06673-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI1L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8zLi0gTWFyem8vU2VudGVuY2lhcy9TQzMyOTQtMjAyNCBbMTk4Ni0wNjY3My0wMV0ucGRm/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

La prohibición legis refuerza el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, según el cual nadie debe beneficiarse de su propio dolo.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 444 de 1967
- Ley 153 de 1887
- Constitución Política

## Extracto

También ha sostenido la jurisprudencia, igualmente de vieja data, que el principio general consagrado en el artículo 1746 del C. Civil registra las excepciones legales que contemplan los artículos 1525 y 1747 del C.C., esto es, cuando la nulidad proviene de objeto o causa ilícita, evento en el cual, a términos del primer precepto, no puede repetirse lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud; y cuando se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz con omisión de los requisitos que exige la ley, en cuya hipótesis, según lo establece la segunda norma mencionada, el que contrató con ella no puede pedir la restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ella la persona incapaz. Sin esta particularidad, tal prohibición no tiene cabida. Tal actitud podría generar riesgos y consecuencias perjudiciales para el Estado y la sociedad en general.

## Cita textual

> se requiere un conocimiento objetivo o un conocimiento-realidad frente a determinado hecho

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3294-2024
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
(Aprobado en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veinticinco
(2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Coloca International Corporation S.A. frente a la sentencia
de 6 de diciembre de 2022, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el
proceso declarativo que le adelantó al Banco del Estado S.A.
I. EL LITIGIO
1. La accionante pidió declarar que el demandado le
debe US$442.350, US$1’325.000, US$1’570.000 y
US$140.000 e intereses de plazo a la tasa pactada o la legal,
junto con los de mora sobre los remuneratorios debidos
durante un año anterior a la presentación de la demanda
hasta el pago, y los que corran desde entonces hasta la
solución de la deuda, que deberá hacerse en dólares
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
2
americanos en la cuenta bancaria de Swiss Bank Corporatión
de New York (sucursal Four World Trade Center) o en Panamá o
en Bogotá, en este último caso, según la tasa de cambio del
dólar vigente al pago, o la que determine la sentencia.
Si la condena se dicta en pesos, reconocer el tipo de
cambio en la fecha en que la convocada contrajo las
obligaciones o el vigente cualquier día anterior al pago. La
diferencia, tanto por capital como por intereses de plazo y
mora, se liquidará al tipo de cambio vigente al amortizar la
deuda, sin excluir cualquier otra condena por daño
emergente y lucro cesante (fls. 12-21, cno.1).
Expuso, en síntesis, que celebró con el Banco del
Estado S.A. operaciones de suministro de dólares
norteamericanos mediante mutuo comercial en Panamá. El
25 de junio de 1982, giró el cheque 124 de Swiss Bank
Corporation, Sucursal New York, en el Four World Trade
Center, por US$442.350, el cual fue cobrado en su cuenta
del Citibank de New York. El 27 de junio de 1982, endosó el
cheque 266 del Banco Real S.A. en Miami, Florida, EE.UU.,
por US$1’325.000, girado por Ifasa, y el endosatario lo cobró
en su cuenta corriente del Banco de Nueva York.
El 4 de agosto de 1982 le giró el cheque 127 del Swiss
Bank Corporation por US$1’570.000, y otro por US$140.000
librado contra el Central Bank Miami, sin que el demandado
le haya restituido el capital e intereses, aun cuando, en carta
de 25 de junio de 1982, reconoció la deuda y dijo que pagaría
US$2’350.000 para saldarla con intereses. Incluso, el 28 de
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
3
julio de ese año, pidió el préstamo por dos meses con
intereses de US$50.000; en misiva de 30 de julio de 1982,
dijo que el 27 de septiembre siguiente sufragaría
US$1’600.000 por el préstamo de 28 de julio de 1982 de
US$1’570.000 y el 30 de agosto reconoció esas obligaciones.
Los directivos del Banco del Estado S.A. debían
registrar la operación en su contabilidad y hacer el reporte al
Banco de la República y demás oficinas del Estado, para que
los préstamos pudieran ser legalmente cancelados. Su
presidente y vicepresidente, dolosamente o por culpa grave,
no lo hicieron. La gerencia actual dice que el pago debe
efectuarse en Colombia, liquidado en pesos al cambio vigente
cuando se liberó el capital, ya que la operación no se incluyó
en los balances del deudor ni del Banco Central, lo cual
implicaría enriquecimiento sin justa causa.
2. El Banco del Estado S.A. se opuso, pero no formuló
excepciones (fls. 238-257, cno. 1).
3. El Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza1, en
sentencia 30 de junio de 2020, negó las pretensiones y
condenó en costas a la impulsora (fls. 3222-3248, cno.7).
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El superior, al resolver la alzada de la accionante, en
fallo de 6 de diciembre de 2022, confirmó la decisión, para lo
1 En virtud de una medida de descongestión judicial.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
4
cual tuvo por acreditado que en 1982 las partes celebraron
un contrato de mutuo en Panamá y que Coloca le entregó al
Banco del Estado S.A. US$442.50, US$1.325.000,
US$1.570.000 y US$140.000 en cheques que este consignó
en una cuenta del Citibank en Nueva York, sin que esos
valores hayan sido reintegrados. El negocio tuvo objeto ilícito
por burlar el orden público colombiano al tratarse de una
operación de cambio exterior sujeta a ese marco. Para ello,
sostuvo que:
a). Se comprobó que el Banco del Estado S.A. recibió en
1982 esos dineros, tras consignar los 4 cheques en su cuenta
de Nueva York. Esta información fue confirmada por los
peritos Hernán Lozano Orduz y Darío Casado Romero, así
como por Margarita Sepúlveda y Néstor Medina Ríos, y
también fue aceptada por el representante legal de la
convocada, quien reconoció los tres primeros valores.
Además, los dos últimos expertos enfatizaron que Coloca le
entregó al banco, en Colombia, los cuatro (4) cheques, lo cual
quedó registrado en los soportes contables de este. En la
apelación solo se discutió la destinación, uso, manejo y
eventual devolución de algunos recursos, en el marco de las
operaciones que involucraron dinero adicional de otros
negocios o circunstancias.
b). El a quo se equivocó al concluir la falta de
legitimación en la causa respecto de los cheques US$140.000
y US$442.350 con estribo en que Gildardo Castro y/o María
de Castro los endosaron y que eran ellos los que podían
reclamar. Esto es incorrecto, ya que la acción no es
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
5
cambiaria, sino declarativa, y su fundamento radica en el
negocio causal que originó su entrega y no en los títulos
valores en sí. Por ello, pierde trascendencia la cadena de
endosos, pues estos solo sirven para constatar la entrega del
dinero. No hay prueba de que Gildardo Castro y/o María de
Castro hayan celebrado negocios con ese ente que justificara
la transferencia. Las cartas de reconocimiento de
obligaciones sugieren que obraron por cuenta de Coloca.
c). Es fútil que el Banco del Estado S.A. haya omitido
exhibir su contabilidad. Esto no demuestra que los recursos
eran de otra persona, ni que Coloca esté impedida para
reclamarlos, so pena de ir contra la presunción de buena fe.
Además, no existe evidencia que desmienta que el endoso de
los dos cheques, realizado por Gildardo Castro y/o María de
Castro, fue efectuado en nombre de la accionante.
d). El mutuo se probó con los 4 cheques y las cartas de
25 de junio, 28 de julio y 30 de agosto de 1982, firmadas por
Eduardo Zambrano Caicedo, vicepresidente del Banco del
Estado S.A., en las que reconoció la deuda. Estas misivas no
fueron tachadas de falsedad, a pesar de que el banco alegó
que esas operaciones no se anotaron en su contabilidad y
que se refirieron a negocios ajenos a su objeto social, ya que
sus administradores les dieron uso diferente a los intereses
del banco. Sus problemas internos no afectan al mutuante y,
además, nadie puede ampararse en su propia torpeza. Cabe
señalar que Eduardo Zambrano, al declarar, reconoció la
firma de las cartas y no cuestionó su autenticidad.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
6
e). Los problemas administrativos del Banco del Estado
S.A., como la falta de control de los actos indebidos de sus
administradores Jaime Mosquera y Eduardo Zambrano, que
revelan culpa en la elección -in eligiendo- o en la vigilancia -
in vigilando- por la junta directiva, la revisoría fiscal, así como
la eventual falta de detección temprana por los organismos
de inspección, vigilancia y control, no son excusables frente
a terceros. Tampoco hay evidencia de que su representante
legal haya estado coludido con tales dirigentes para
defraudarlo. Las pruebas que enuncia el demandado son
indicios generales de algunos hechos y no derriban la
presunción de buena fe. La infracción de los requisitos
internos del banco para emitir documentos no demerita las
cartas, solo afecta a sus funcionarios o terceros de mala fe.
No hay soporte de que Coloca conociera o estuviera al tanto
de la relevancia de estos hechos.
f). Se demostró que Coloca le prestó al Banco del Estado
US$3.477.350 con intereses, en Panamá. Esos recursos no
ingresaron a Colombia. Fueron consignados en la cuenta
corriente del mutuario en Citibank de Nueva York, según la
prueba pericial. Luego, sí fueron recibidos por ese ente para
su beneficio, al margen de que esto no haya ocurrido por el
proceder de sus directivos. Fue inusual que el mutuo se
hiciera en el extranjero, en dólares y de forma verbal, lo cual
dejó de lado la expresión mínima de condiciones como tasa
de interés, plazo, forma de pago y ley aplicable, tanto así que
las partes exhiben posturas contrarias en torno a este último
aspecto.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
7
g). Aplica la ley nacional, pues el negocio produjo
efectos en Colombia. Esto porque las partes efectuaron
importantes gestiones en este territorio y la acción se ejerce
en ese lugar. Ello encuadra en el artículo 869 del Código de
Comercio, que dispone que la ejecución de los contratos
hechos en el extranjero que deban cumplirse en esta nación
se regirá por la ley colombiana. Se invocaron leyes de Panamá
y de Estados Unidos, sin haberlas acreditado al tenor del
artículo 177 del Código General del Proceso.
Aunque la lex mercatoria permite incorporar reglas y
axiomas a cada sistema jurídico en materia contractual,
como lo hacen los principios Unidroit que contemplan la
libertad de contratación, de forma, el carácter vinculante de
los contratos, la buena fe y lealtad negocial, usos y prácticas
y validez del simple acuerdo, lo cual sustenta la validez del
mutuo verbal, ello no implica desconocer el orden interno de
cada país. Lo contrario serviría para habilitar operaciones
ilícitas solo por ser transnacionales en desmedro de la
soberanía y la legislación de cada nación.
h). Coloca adujo que el préstamo se suscitó en una
relación de confianza, sin que tuviera por qué saber sobre la
destinación de los recursos. Se infiere que la causa del
préstamo fue su carácter lucrativo, al ser obvia función
económica del contrato que el acreedor recibiera el capital
con sus réditos, sobre todo al ser el mutuario una entidad
bancaria de Colombia, aunado al monto liberado
(US$3.477.350).
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
8
i). El negocio debía respetar las leyes colombianas a las
que estaban sujetas ambas partes, entre ellas el régimen
cambiario vigente. El Banco del Estado S.A., por ser un ente
nacional, y la accionante, así fuese extranjera, en virtud de
la diligencia que debía observar en torno al régimen jurídico
a que estaba sujeto el mutuario, todavía más si se considera
el alto valor mutuado. Además, su representante legal
conocía este sistema jurídico al ser nacional, residente en
este país, conforme lo aceptó, además dijo que el préstamo
buscó ayudar al demandado, radicado en Colombia, según lo
admitió en su interrogatorio.
j). Coloca tenía conciencia de entregar una cuantiosa
cantidad de dinero en dólares, a un banco colombiano, pues
buscaba invertir capital en un ente cuya actividad
profesional, financiera y comercial era desarrollada en
Colombia. También sabía que en este país se generaría la
utilidad que obtendría. Luego, se trató de una operación de
cambio exterior que involucró el manejo de divisas. Ello
imponía cumplir el Decreto-Ley 444 de 1967 sobre el régimen
de cambios internacionales y de comercio exterior, norma de
orden público que asignaba obligaciones a ambas partes.
k). La conducta del representante legal y los directivos
del Banco del Estado S.A. no vincula la celebración del
mutuo base de los 4 cheques, pues ninguna prueba desvirtúa
que los dólares ingresaron a una cuenta bancaria suya en el
exterior. Por el contrario, ello fue corroborado en los
peritajes, sin que Coloca haya admitido que el préstamo
estaba llamado a producir efectos solo en el extranjero.
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
9
l). El mutuo incumplió la regulación cambiaria de
Colombia, según lo dictaminó el peritaje de Margarita
Sepúlveda de Moreno y de Néstor Medina Río, acogido por el
a quo, en el que se aludió a las regulaciones, autorizaciones
y permisos que en 1982 se requerían para realizar
operaciones con dólares en Colombia, aspecto sobre el que
también fueron indagados Mónica Santamaría Salamanca y
Jorge Tyrone Andrade. Las partes coinciden en que ningún
reporte o información se envió a la Superintendencia
Bancaria o al Banco de la República.
m). La omisión del régimen jurídico cambiario
colombiano no solo es atribuible al Banco del Estado S.A.,
pues Coloca también debía ceñirse a él y ser diligente sobre
el marco al que estaba sujeta su contraparte. Luego, fue
injustificada la inobservancia del Decreto-Ley 444 de 1967,
cuyo artículo 105 establecía que las normas del Capítulo VIII
cobijaban las inversiones de capital extranjero en Colombia,
así como a los créditos en moneda extranjera otorgados a
personas naturales o jurídicas residentes en dicho país, y la
Sección II) preveía que los préstamos o créditos externos
hechos a personas residentes en C

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de haberse
declarado la indignidad o el desheredamiento y, aun así, pretende
suceder al causante.
Recordemos que, nadie puede presentarse a la justicia para pedir
protección si ella tiene como fundamento la negligencia, mala fe o
dolo que ha cometido.
Así, los Tribunales deben negar toda súplica cuya fuente es la
incuria, el dolo o mala fe en que se ha incurrido, de acuerdo con la
máxima nemo auditur suam turpitudniem allegans, pues ello,
según advierten los autores es contrario al orden jurídico y al
principio que prohíbe abusar de los propios derechos (Art. 95 C.N.)
Finalmente, en la C-207 de 2019, enfatizó que
«[c]oncluye la Corte que el conocimiento de las partes sobre la
ilicitud del contrato anulado es un criterio relevante a tener en
cuenta para la evaluación de los posibles reconocimientos de
restituciones a que haya lugar».
No es excusable el proceder de Coloca International
Corporation S.A. quien alega que el único obligado a efectuar
el registro cambiario era el Banco del Estado S.A., ya que
ninguna norma le asignaba tal responsabilidad
exclusivamente a esa entidad. Tampoco se presentó prueba
alguna de que, al configurar el mutuo comercial, las partes
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
45
hubieran establecido que ese débito fuera solo del mutuario
por estar domiciliado en Colombia. Por lo tanto, no se puede
sostener que la entidad nacional fuera la encargada de
efectuar ese deber legal.
Aunque es reprochable la actuación de ambas partes al
omitir la normatividad que regía el crédito exterior mediante
el cual se vincularon comercialmente, esta desatención
afecta particularmente a Coloca International Corporation
S.A. Desde la perspectiva de un observador razonable,
resulta incomprensible que, a pesar de estar forzada a
registrar la operación ante la Oficina de Cambios del banco
mutuario, conforme al régimen cambiario vigente en ese
momento, y de conocer dicha legislación, como lo señaló en
su demanda, no solo infringiera esa obligación, sino que
tampoco presentara evidencia de haber intentado regularizar
dicha relación comercial ante la autoridad cambiaria. Esta
falta de acción demuestra una actuación descuidada o, en
otras palabras, un comportamiento negligente y
desprevenido de esa sociedad, la cual, a pesar de su deber de
actuar con la debida diligencia de un profesional, no tomó
todas las medidas razonables para garantizar que su
conducta estuviera en línea con la normatividad aplicable.
Al ser Coloca International Corporation S.A. una
sociedad extranjera que buscaba colocar recursos en un
banco colombiano, tenía la responsabilidad de cumplir
rigurosamente el régimen cambiario de este país. En
consecuencia, debía aplicarlo sin excepción para asegurar
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
46
que la operación de crédito exterior hecha por el Banco del
Estado S.A., y que para ella representaba una inversión
patrimonial, se ajustara a las leyes vigentes.
Sin embargo, no hay evidencia de que esta última
entidad haya actuado en ese sentido, ni realizado alguna
gestión ante la Oficina de Cambios nacional para tratar de
obtener el registro de la operación cambiaria exterior, tal
como lo destacó el Tribunal al censurar la pasividad de esa
organización empresarial. Esto, porque dicha compañía se
limitó a argumentar en la demanda que la obligación de
cumplir con el registro cambiario recaía exclusivamente en el
Banco del Estado S.A., y manifestó que fue este último, y no
ella, quien contravino el orden público nacional por no haber
cumplido con dicho requisito legal, sin ofrecer fundamento
legal ni convencional que justificara tal tesis.
En compendio, el Tribunal declaró nula la operación de
crédito exterior por violar el orden público nacional, dado que
ambas partes, profesionales en el manejo de recursos
financieros, omitieron registrarla en la Oficina de Cambios
nacional, con lo cual incumplieron una obligación legal
imperativa. Este desconocimiento, ya fuera deliberado o por
negligencia, activó la sanción prevista en el artículo 1525 del
Código Civil, que prohíbe el recobro de lo dado a sabiendas
de la ilicitud en la causa o en el objeto del contrato.
Resulta inadmisible que las partes, especialmente
Coloca International Corporation S.A., desconocieran el
régimen cambiario de Colombia, ya que el principio
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
47
«ignorantia legis non excusat» del artículo 9º del Código Civil,
dispone que la ignorancia de la ley no justifica actuar en
contra del orden legal. En consecuencia, la prohibición de
recobro era procedente al tenor de los artículos 1519 y 1525
del Código Civil, dado que la omisión del registro de la
operación ante la Oficina de Cambios contravino el artículo
128 del Decreto-Ley 444 de 1967, norma de orden público.
En vista de lo anterior, la tesitura del Tribunal no
evidencia un desacuerdo con el contenido objetivo de las
distintas pruebas: la documental, los interrogatorios de
parte, las declaraciones de terceros y los dictámenes
periciales. Más bien, se ajusta a esa realidad fáctica, sin que
haya infringido ninguna norma o principio jurídico. Se
concluye que esa decisión se fundamentó en los hechos y la
legislación aplicable, por lo que decaen las acusaciones.
Acorde con esa realidad, los cargos fracasan.
6. Como los embates no prosperaron, conforme a los
artículos 349 in fine y 365 del Código General del Proceso, se
impondrá a la impugnante el pago de las costas procesales
en el trámite de esta senda extraordinaria y para tasar las
agencias en derecho se tendrá en cuenta que dentro del
término legal se presentó réplica.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
Radicación n° 11001-31-03-028-1986-06673-01
48
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia del 6 de diciembre de 2022, proferida
por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el
proceso declarativo promovido por Coloca International
Corporation S.A. contra el Banco del Estado S.A.
Costas a cargo de la recurrente, a favor de la
contraparte. Inclúyase ($12’000.000) por agencias en
derecho, que fija el Magistrado ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 445EA4B9BB749C5317FE44553711F3979FD537FBE3B2946DF1E35B3232A4330C
Documento generado en 2025-03-03

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3294-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2025-03-03. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 1986-06673-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3294-2024%20%5B1986-06673-01%5D).
