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MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC3075-2024
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
(aprobado en sesión de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la convocante frente a la sentencia de 1 de
agosto de 2023, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso
verbal que promovió Clínica Altos de San Vicente S.A.S.
contra Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La sociedad demandante pidió declarar que «prest[ó] (...)
servicios de salud, médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a
personas lesionadas en accidentes de tránsito por vehículos amparados
con pólizas de seguro SOAT expedidas por la Compañía Mundial de
Seguros S.A.». En consecuencia, solicitó condenar a su
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contraparte al pago de «$592.650.758, como monto o valor de dichos
servicios», junto con los intereses moratorios causados «desde
el mes siguiente a la fecha de presentación o radicación de las solicitudes
(...), hasta la fecha en que se efectúe el pago», liquidados a la tasa
máxima que establece la legislación mercantil.
2. Fundamento fáctico.
Entre julio de 2017 y septiembre de 2019, la Clínica
Altos de San Vicente S.A.S. atendió a varias personas que
sufrieron lesiones en accidentes de tránsito, en los que
presuntamente estuvieron involucrados vehículos cubiertos
por pólizas SOAT, emitidas por la aseguradora demandada.
La demandante presentó ante la Compañía Mundial de
Seguros S.A. las reclamaciones para el pago, siguiendo los
lineamientos del artículo 26 del Decreto 56 de 2015 y demás
normas concordantes. No obstante, esas reclamaciones
fueron objetadas, bajo el argumento de que los pacientes
atendidos habían presentado «pólizas prestadas».
Esto implicaría, por ejemplo, que algunas personas
fingieron haber sufrido un accidente de tránsito para recibir
la atención médica que necesitaban, cuando en realidad
presentaban secuelas de un incidente doméstico; o bien, que
se utilizaron pólizas que no correspondían a los vehículos
involucrados en el siniestro.
Sin embargo, esos motivos de rechazo no están
contemplados en el anexo técnico No. 6 de la Resolución
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3047 de 2008, emitida por el Ministerio de la Protección
Social. Además, las circunstancias fácticas en las que se
basaron las objeciones no son oponibles a los beneficiarios,
ni a quienes tengan derecho al pago de los servicios de salud,
según lo dispone el artículo 41-3 del Decreto 56 de 2015.
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio de la demanda, la
aseguradora se opuso al petitum, y esgrimió las excepciones
de «prescripción de la acción derivada del contrato de seguro»;
«inexistencia de la obligación respecto a las reclamaciones en que se
formuló objeción total»; «inexistencia de la obligación frente a la
reclamación pagada»; «inexistencia de la obligación frente a la
reclamación objetada por pertinencia médica»; «temeridad y mala fe», e
«inexistencia de intereses moratorios».
3.2. Mediante fallo de 18 de noviembre de 2022, el
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Barranquilla negó las
pretensiones, tras advertir que 247 de las 400 reclamaciones
de la Clínica Altos de San Vicente S.A.S. habían prescrito. En
cuanto a las demás, indicó que «la demandante no cumplió con la
carga de demostrar que las facturas (...) fuese (sic) por accidentes de
tránsito en que se encuentren involucrados vehículos amparados por una
póliza expedida por Mundial de Seguros S.A.».
3.3. Inconforme con esa decisión, la parte vencida
interpuso el recurso de apelación.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal confirmó lo decidido en primera instancia.
Adujo, en sustento, que de acuerdo con el articulo 2.6.1.4.4.1
del Decreto 780 de 2016, «las IPS o las personas beneficiarias,
según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a
que tengan derecho con cargo a la póliza del SOAT, ante la respectiva
compañía de seguros, dentro del término de prescripción establecido en
el artículo 1081 del Código de Comercio».
También consideró que «el término de la prescripción
ordinaria al que hace mención la norma precitada debe computarse
desde que el nosocomio elevó la reclamación ante la aseguradora
Mundial de Seguros S.A.», razón por la cual «las acciones que se
derivan de las 247 facturas relacionadas en (...) la sentencia de primera
instancia se encuentran prescritas, antes de la presentación de la
demanda». Con todo, precisó que el juzgado a quo «cometió el
dislate al mencionar la “prescripción de las facturas”», cuando «lo
correcto es hablar de “prescripción de la acción de reclamación”,
fundamentada en las facturas aportadas como pruebas».
Por otra parte, indicó que «para la Sala es acertado (sic) las
valoraciones realizadas por la juez a quo, en cuanto a se determinó que
Clínica Altos de San Vicente no puede endilgarle a Mundial de Seguros
los costos de la atención médica prestada». Lo anterior en tanto que
«no se puede concluir, sin hesitación, la existencia de un accidente de
tránsito primigenio, que originó la asistencia a los lesionados, en algunos
casos, y en otros, aunque si ocurrió el siniestro vial, para cobrar la
prestación del servicio asistencia, no cumple con los requisitos
establecidos en el Decreto-Ley 663 de 1993».
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Para finalizar, resaltó que «se presentaron atenciones que
eran ajenas al cubrimiento del SOAT, verbigracia, se adujo la ocurrencia
de un siniestro vial, con un velocípedo que en realidad no partición en tal
hecho; también se acudió a la práctica de facilitar a quien no tiene el
seguro obligatorio, o éste está vencido, por parte de un tercero, para
obtener la atención medida, de quien se vio involucrado en el accidente,
pero, no contaba con la cobertura asegurativa, o en su defecto no se
puede identificar el vehículo implicado en el accidente. Por tanto, estos
cargos no son atribuibles a un automotor con una póliza de SOAT de
Mundial de Seguros S.A.».
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar el recurso extraordinario de casación la
convocante presentó tres cargos, fundados en las causales
primera, tercera y segunda del artículo 336 del Código
General del Proceso, respectivamente.
CARGO PRIMERO
Se denunció la trasgresión directa de los artículos 1077
y 1081 del Código de Comercio; 11 del Decreto 56 de 2015,
compilado en el artículo 2.6.1.4.4.1 del Decreto 780 de 2016;
27, 28, 1502, 1602, 1603, 2512, 2535 y 2536 del Código
Civil; y 2, 822 y 823 del Código de Comercio.
Para la recurrente, el Tribunal atribuyó al artículo 11
del Decreto 56 de 2015 «un alcance distinto al que realmente tiene»,
creando «una figura de prescripción inexistente en el ordenamiento
jurídico». Es, por tanto, incorrecta la conclusión de dicha
corporación, según la cual «el término de prescripción de dos años»
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que consagra el artículo 1081 del Código de Comercio aplica
a las acciones judiciales para el cobro de gastos médicos
asociados a accidentes amparados por una póliza SOAT, ya
que aquella norma, en realidad, solo se refiere al plazo para
presentar reclamaciones ante la respectiva aseguradora.
Insistió en que el fallo de segunda instancia «confundió el
término para presentar reclamaciones, que es un procedimiento
administrativo, con un término de prescripción», y que «ninguna ley
establece que el término para reclamar sea equivalente o igual al término
de prescripción». Y adujo también que la motivación del fallo de
segunda instancia carece «de coherencia interna», pues fija «dos
momentos diferentes para el inicio del término de prescripción»: uno,
desde «la prestación del servicio», y otro, desde «la formulación de la
reclamación», inconsistencia que pone de manifiesto la
incomprensión de las pautas que disciplinan el caso.
Finalmente, la actora alegó que la ausencia de una regla
especial de prescripción para estas obligaciones, propias del
ámbito del SOAT, imponía al Tribunal acudir a «las
disposiciones del Código Civil»; en particular, al artículo 2536 de
dicha preceptiva, donde están establecidos los términos
generales de prescripción de las acciones ejecutivas y
ordinarias –cinco y diez años, respectivamente–.
CARGO SEGUNDO
La convocante sostuvo que la sentencia de segunda
instancia incurrió en el vicio de incongruencia, «habida cuenta
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que consideró y falló excepciones que el demandado adujo y que no
estaba facultado para formular, y menos para resolverse».
En punto de lo anterior indicó que, de conformidad con
el artículo 2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016, «a las víctimas
de los accidentes de tránsito, a los beneficiarios o a quienes tengan
derecho al pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de
que trata el presente Capítulo, no les serán oponibles excepciones
derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al
incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Por lo tanto, solo
serán oponibles excepciones propias de la reclamación tales como pago,
compensación, prescripción o transacción».
Con similar orientación, resaltó que, «pese a la claridad y
contundencia normativa, la parte demandada, cuando concurrió al
proceso y expuso sus defensas, invocó excepciones que no estaba
autorizada aducir». Y, como si fuera poco, «el juez de primera
instancia y, luego, el ad quem (...) estudiaron y acogieron el medio de
defensa alusivo a la no existencia del accidente de tránsito o a defectos
de la póliza utilizada (...)». Por esa vía, concluyó diciendo que, «a
raíz de la aceptación y acogida de las excepciones formuladas,
diferentes al pago, compensación, transacción y prescripción (...), el
Tribunal permeó la controversia y habilitó la discusión de temas o puntos
que no podían ser presentados y analizados en este escenario».
CARGO TERCERO
En opinión de la casacionista, el Tribunal incurrió en
diversos errores de hecho y de derecho –estos últimos,
relacionados con la infracción de los artículos 164, 165, 167,
176, 243, 244, 250 y 257 del Código General del Proceso–,
que resultaron en la trasgresión indirecta de los preceptos 2,
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822, 823, 1077 y 1081 del Código de Comercio; 11 del
Decreto 56 de 2015; 143 de la Ley 1438 de 2011; 27, 28,
1495, 1502, 1602, 1603, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,
2512, 2535 y 2536 del Código Civil; y 38 y 39 de la Ley 153
de 1887.
En desarrollo de esta acusación, afirmó que en el fallo
impugnado se cometió en un grave desatino, al inaplicar las
reglas probatorias establecidas para acreditar la ocurrencia
de un accidente de tránsito en el contexto del SOAT,
especialmente la prevista en el artículo 143 de la Ley 1438
de 2011, según el cual las declaraciones del médico de
urgencias, emitidas en el formato oficial del Ministerio de
Salud y Protección Social, constituyen «prueba suficiente» para
demostrar el siniestro que ampara el seguro obligatorio.
Para la entidad impugnante, el ad quem no les reconoció
ese alcance probatorio a las declaraciones de los médicos
tratantes, sino que, por el contrario, asignó mayor peso
demostrativo a los informes elaborados por un investigador
privado, contratado por la aseguradora. Por esa vía, también
criticó que no se valorara como documento público el «formato
que el médico de urgencias debe diligenciar», y que se permitiera su
contradicción con base en el «informe rendido por una entidad
privada, contratada para ‘investigar el siniestro’ y, los testimonios de
sus empleados [los de la aseguradora, se aclara]».
De otro lado, la impugnante cuestionó que se hubiera
invertido la carga de la prueba, al considerar que era la parte
reclamante quien «debió proceder a refutar (sic) el informe que
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elaboró la empresa privada, contratada para investigar el accidente de
tránsito y [que], al no haberlo hecho, lo convalidó y le proveyó firmeza».
También apuntó que, «al momento de radicarse la reclamación del
pago, la recurrente entregó a la demandada el formulario diligenciado
por el médico de urgencias que atendió a la víctima; los documentos de
epicrisis y la historia de la asistencia médica, al igual que las facturas
que recogían el valor de los servicios suministrados», evidencias
suficientes «para formalizar y justificar el pago, en la medida en que
(...) las propias normas que rigen el SOAT así lo tienen establecido».
En línea con lo anterior, explicó que, «si en cabeza de la
actora radicaba el compromiso de acreditar el siniestro, y así lo hizo, a
través de la prueba idónea (...), al igual que la epicrisis y la historia
clínica, así como el valor del servicio, a la parte demandada le
correspondía infirmar dichos documentos o lo que de ellos se desprendía,
atendiendo la clase de pruebas que se expusieron, es decir, teniendo la
calidad de documentos públicos».
Igualmente, censuró al Tribunal por haber perdido de
vista que las 400 reclamaciones fueron «objetadas o glosadas,
tanto en la [etapa prejudicial,] como dentro de esta contienda, a partir
de preterir su texto en cuanto que incluían referencia de medicamentos
no autorizados, o cuyo valor superaban los existentes en el mercado,
además, aludían a otras circunstancias cuya exposición no está
autorizada, v. gr., que el tomador las había prestado o que no referían a
accidentes que, realmente, hubiesen acontecido».
Por último, afirmó que el ad quem había incurrido «en
error[es] de hecho», al «restarle valor probatorio [a las reclamaciones
presentadas ante la aseguradora], a partir de contenidos que no
resultaba viable cuestionarlos y menos demandar su exclusión, o, lo que
es peor, negar el pago por su texto», y al reconocer «al ‘informe’
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presentado por la sociedad Global Red Ltda. – Investigaciones Sin
Fronteras, la capacidad o fortaleza suficiente (...) para infirmar los
documentos públicos que la actora adujo».
CONSIDERACIONES
1. El seguro obligatorio de daños corporales
causados a las personas en accidentes de tránsito – SOAT.
1.1. La conducción de vehículos automotores es
considerada como una actividad riesgosa, o “peligrosa”, en
tanto que «su potencialidad de causar un daño deja de ser azarosa,
como ocurre con cualquier acto humano, para constituirse en eventual,
probable o incluso inevitable1» (CSJ SC4966-20192). En
consideración a lo anterior, los distintos sistemas jurídicos
han diseñado diversos mecanismos para afrontar, de manera
eficiente y sostenible, la principal externalidad negativa de la
conducción: la posibilidad de causar lesiones –o la muerte–
a otras personas en un accidente de tránsito3.
Esos mecanismos tienen una función complementaria,
que opera en refuerzo de las estructuras básicas de la
1 «En otras palabras, constituyen actividades peligrosas las que “debido a la manipulación de ciertas
cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva ínsito el riesgo de producir una lesión o
menoscabo, tiene[n] la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de
ordinario- despliega una persona respecto de otra” (CSJ SC, 23 oct. 2001, rad. 6315)» (nota al pie del
texto original).
2 En el mismo sentido, CSJ SC, 19 abr. 1979, G. J. t. CLIX, pág. 90; CSJ SC, 17 jul. 1985, G. J. t.
CLXXX, pág. 152; CSJ SC, 14 oct. 2004, rad. 7637; CSJ SC, 30 jun. 2005, rad. 1998-00650-01; CSJ
SC, 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01; CSJ SC, 19 dic. 2012, rad. 2001-00050-01; CSJ SC10808-2015;
CSJ SC5406-2018; CSJ SC665-2019 y CSJ SC4232-2021, entre otras.
3 Aunque se trata de una expresión de uso común, vale la pena mencionar que el artículo 2.6.1.4.3. del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, define «accidente de
tránsito» como aquel «suceso ocurrido dentro del territorio nacional, en el que se cause daño en la
integridad física o mental de una o varias personas, como consecuencia del uso de la vía por al menos
un vehículo automotor. No se entenderá como accidente de tránsito para los efectos de este Capítulo,
aquel producido por la participación del vehículo automotor en espectáculos o actividades deportivas».
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seguridad social y la responsabilidad civil. Su propósito
consiste en establecer una fuente de financiamiento cierta e
inmediata para cubrir la atención médica de las víctimas de
accidentes de tránsito, e incluso para ofrecerles alguna
compensación por los daños padecidos, sin trasladar el costo
de dicha garantía a toda la sociedad, ni depender de la
solvencia o la buena voluntad de los conductores implicados
en el fenómeno dañoso.
1.2. Sin perjuicio de otras soluciones excepcionales,
como los esquemas de compensación universal4, la mayoría
de los ordenamientos jurídicos5 gestionan el referido riesgo
de lesiones o fallecimiento en accidentes de tránsito mediante
seguros obligatorios de responsabilidad civil, que deben
adquirirse como requisito para la circulación de cualquier
tipo de vehículo automotor6.
En contraste, la legislación colombiana limita la
exigencia de un seguro obligatorio de responsabilidad civil a
los vehículos de transporte público terrestre7. A cambio,
impone a todos los automóviles que transitan por las vías del
territorio nacional la obligación de contratar una póliza de
seguro de accidentes personales, denominada Seguro
4 Como el que existe en Nueva Zelanda, a partir de la implementación del Accident Compensation Act
1972, No. 43.
5 Cfr. ZIMOLO, Armando. Normative and management characteristics of motor third party liability
insurance in the world. AIDA, Paris, 2010 (En: http://www.aida.org.uk/pdf/miwp%20report.pdf).
6 Por citar solamente algunos ejemplos, así ocurre en todos los países de la Unión Europea (Directiva
2009/103/CE, modificada mediante la Directiva UE 2021/2118 del Parlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea); en el Reino Unido (Road Traffic Act, 1988); Japón (Automobile Liability Security
Law, 1965); India (Motor Vehicles Act, 1988); República Popular China (Compulsory Automobile
Liability Insurance Act, 1995); Argentina (Ley 24.449, 1994) o México (Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, 2023).
7 Artículo 2.2.1.4.4.1. del Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario del Sector Transporte.
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Obligatorio de Daños Corporales Causados a las Personas en
Accidentes de Tránsito, o SOAT.
1.3. Aunque el SOAT fue mencionado por primera vez
en el artículo 115 de la Ley 33 de 19868, su regulación
integral se produjo varios años más tarde, con la expedición
del Decreto 663 de 1993, o Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (EOSF), cuyo artículo 193-1 prescribe:
«Para transitar por el territorio nacional todo vehículo automotor
debe estar amparado por un seguro obligatorio vigente que
cubra los daños corporales que se causen a las personas en
accidentes de tránsito. Quedan comprendidos dentro de lo previsto
por este numeral los automotores extranjeros en tránsito por el
territorio nacional. Las entidades aseguradoras a que se refiere el
artículo 196 numeral 1 del presente Estatuto estarán obligadas a
otorgar este seguro»9.
Dicha normativa asignó al SOAT una «función social»,
consistente en «cubrir la muerte o los daños corporales físicos
causados a las personas; los gastos que se deban sufragar por atención
médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, incapacidad permanente;
los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las víctimas
a las entidades del sector salud», atendiendo, en general, a «todas
las víctimas de los accidentes de tránsito, incluso las de causados
por vehículos automotores no asegurados o no identificados», así
como al «conductor del vehículo respectivo»10.
Esto significa que los amparos del SOAT prescinden del
juicio de atribución causal que es característico de la
8 Norma modificatoria del Decreto-Ley 1344 de 1970, o Código Nacional Terrestre, ya derogado.
9 El artículo 42 del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente (Ley 769 de 2002) también prescribe
una regla semejante: «Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar
amparados por un seguro obligatorio vigente (...)».
10 Artículo 192-2, literales a) y b), del EOSF.
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responsabilidad civil11, y no están vinculados a un hipotético
deber de reparación del agente dañador; simplemente, se
activan cuando una o más personas resultan lesionadas o
fallecen en un accidente de tránsito12, siendo irrelevante
establecer quién es el responsable de aquel siniestro13.
1.4. El SOAT otorga cobertura para cuatro eventos
específicos: (i) «Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios por lesiones» (hasta 701,6814 UVT15); (ii) «incapacidad
permanente» (hasta 180 salarios mínimos legales diarios
vigentes16 –SMLDV–17); (iii) «Muerte y gastos funerarios de la víctima
como consecuencia del accidente, siempre y cuando ocurra dentro del
año siguiente a la fecha de éste» (750 SMLDV18) ; y (iv) «gastos de
transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos
hospitalarios» (8,77 UVT19).
Dos de esos amparos cubren el traslado de la víctima de
un accidente de tránsito al centro médico donde será
atendida y los costos del tratamiento que requiera para su
11 Tan independiente es la cobertura de la responsabilidad civil, que si colisionan dos o más vehículos
no se requiere atribuir la responsabilidad del evento a alguno de ellos, sino que «cada entidad
aseguradora correrá con el importe de las indemnizaciones a los ocupantes de aquel que tenga
asegurado» (art. 194-5, EOSF).
12 Prescribe el numeral 9 del artículo 2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016 que «(...) el SOAT no estará
sujeto a exclusión alguna y, por ende, amparará todos los eventos y circunstancias bajo las cuales se
produzca un accidente de tránsito».
13 Con todo, es pertinente reseñar que la conducta de los involucrados podría dar lugar a un eventual
derecho de repetición de la compañía aseguradora, en los términos del artículo 194-4 del EOSF: «[L]a
compañía aseguradora podrá repetir contra el tomador por cualquier suma que haya pagado como
indemnización por concepto del seguro de daños causados a las personas en accidentes de tránsito,
cuando éste o quien esté conduciendo el vehículo en el momento del accidente, con su autorización,
haya actuado con dolo, culpa grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro adolece de
vicios o defectos coetáneos a su contratación». Sobre esta norma volverá la Sala más adelante.
14 Artículo 2.6.1.4.2.3. del Decreto 780 de 2016, modificado por el artículo 2 del Decreto 2644 de 2022.
15 El valor de la UVT es fijado anualmente por la DIAN. Corresponde, para el año 2024, a $47.065
(Resolución 187 de 28 de noviembre de 2023).
16 Para el año 2024, el gobierno nacional estableció el monto del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
(SMLMV) en $1.300.000 (Decreto 2292 de 2023), lo que equivaldría a $43.333 diarios.
17 Artículo 193, lit. b), del EOSF, modificado por el artículo 112 del Decreto 019 de 2012.
18 Artículo 193, lit. c), del EOSF, modificado por el artículo 112 del Decreto 019 de 2012.
19 Artículo 2.6.1.4.2.19. del Decreto 780 de 2016, modificado por el artículo 3 del Decreto 2644 de 2022.
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estabilización y recuperación. Y los dos restantes, permiten
a aquellos lesionados que sufren secuelas incapacitantes
permanentes, o a los familiares de quienes pierden la vida en
siniestros viales, acceder a un auxilio económico, sin ningún
tipo de efecto o propósito indemnizatorio.
1.5. Lo anterior muestra que el SOAT participa de las
características de los de seguros de accidentes personales;
no obstante, está enmarcado en una regulación especial, con
enfoque social y solidario. En lugar de centrarse en la
relación particular entre una víctima y su victimario, el
ordenamiento patrio estableció un esquema jurídico que
permite coordinar esfuerzos entre diversos actores públicos
y privados, buscando optimizar la atención de esas víctimas
de accidentes de tránsito –asegurados20– y el uso de los
recursos pagados por los tomadores de las pólizas SOAT.
Recuérdese, como ejemplo de esa labor conjunta, que
un porcentaje de las primas recaudadas es transferido a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud – ADRES, para que replique las
coberturas del SOAT, pero en beneficio de las víctimas de
accidentes de tránsito en los que participaron vehículos no
asegurados21, o no identificados22. Además, con ese “fondo
20 En ese sentido, el SOAT constituye una especie de seguro por cuenta de un tercero determinable (art.
1039, Código de Comercio): las potenciales víctimas de un accidente de tránsito.
21 Naturalmente, en esos casos «la ADRES podrá repetir contra el propietario del vehículo que haya
incumplido la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT, para
obtener el pago de las indemnizaciones efectuadas y los servicios de salud brindados a las víctimas del
accidente, en este último caso, las EPS deberán reportar la información necesaria a la ADRES de
manera periódica y oportuna» (art. 114, Decreto 019 de 2012).
22 Artículo 2.6.1.4.2.3. del Decreto 780 de 2016.
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común” se cubren los costos de traslados asistenciales entre
instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS)23.
Otro supuesto de coordinación de esfuerzos se
encuentra en el artículo 2 del Decreto 2644 de 202224, que
estableció un rango diferencial por riesgo para ciertos
vehículos, como motocicletas de baja cilindrada, taxis y
buses o busetas de servicio público25, a los cuales aplicó una
disminución en el costo de la prima del SOAT.
En ese contexto, y ante la imposibilidad de reducir
también el límite de la cobertura de gastos médicos, o en su
defecto, aumentar la carga financiera de las compañías
aseguradoras, el gobierno nacional optó por distribuir la
cuantía total de aquella cobertura, asignando al ADRES el
deber de sufragar los montos que excedieran 263,13 UVT, sin
superar el límite de 701,68 UVT.
Un último ejemplo de cooperación y articulación entre
distintos actores público-privados tiene relación directa con
el conflicto que ocupa la atención de la Sala: el esquema del
23 Artículo 2.6.1.4.2.1. del Decreto 780 de 2016.
24 Dice la norma en cita: «Las cuantías correspondientes a los servicios de salud prestados a las víctimas
de accidente de tránsito, de evento catastrófico de origen natural, de evento terrorista o de otro evento
aprobado, serán cubiertas por la compañía aseguradora del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT) o por la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES), según corresponda, así: (...) 3. Por la Administradora de Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (ADRES), cuando los servicios que se presten superen las doscientos
sesenta y tres coma trece (263,13) Unidades de Valor Tributario (UVT) y hasta setecientos uno coma
sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario (UVT), como consecuencia de un accidente de
tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del Seguro Obligatorio
de Accidentes de Tránsito (SOAT) y haga parte del rango diferencial por riesgo de que trata el inciso
segundo del numeral primero de este artículo».
25 Específicamente, «vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 c.c., motos de 100
c.c. y hasta 200 c.c., motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios,
taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público
intermunicipal establecidas en el Anexo I del Título IV de la Parte ll de la Circular Externa 029 de 2014
de la Superintendencia Financiera de Colombia».
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SOAT involucra a las IPS, a las cuales asigna la obligación de
prestar la «atención médica, quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria por
daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito»26.
En contraprestación, reconoce a esas IPS «legitimación para
reclamar»27 el pago de «los servicios de salud» prestados.
2. Reclamación y pago (o impago) de la cobertura
de gastos médicos del SOAT.
2.1. Conforme a lo señalado, las IPS tienen el deber de
prestar a las víctimas de accidentes de tránsito «los servicios
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios (...) destinados a
lograr su estabilización, tratamiento y la rehabilitación de sus secuelas y
de las patologías generadas como consecuencia de los mencionados
eventos, así como el tratamiento de las complicaciones resultantes de
dichos eventos a las patologías que esta traía»28, pudiendo trasladar
el costo de esos servicios a la compañía aseguradora que
emitió la póliza SOAT del vehículo involucrado en el siniestro
vial o, en su defecto, al ADRES29, hasta concurrencia del límite
de la cobertura correspondiente.
Expresado de otro modo, el amparo de «gastos médicos,
quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones» permite a las
IPS que prestan atención médica a las víctimas de accidentes
de tránsito reclamar de la compañía emisora de la póliza
SOAT el pago de los tratamientos suministrados, sin exceder
263,13 UVT, o 701,68 UVT, según el caso. Esto implica que
26 Artículo 195-1 del EOSF.
27 Artículo 2.6.1.4.2.2. del Decreto 780 de 2016.
28 Artículo 2.6.1.4.2.1. del Decreto 780 de 2016.
29 La Sala no ahondará en este supuesto, dada la naturaleza jurídica del ADRES, y las restricciones
subjetivas de su competencia jurisdiccional. Por tal razón, el análisis subsiguiente se circunscribirá a los
casos en los cuales la obligada es una compañía aseguradora, exclusivamente.
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17
el seguro obligatorio es fuente de una obligación dineraria,
de la cual es acreedora la IPS, y deudora correlativa la
compañía aseguradora que corresponda.
2.2. El artículo 2.6.1.4.2.20. del Decreto 780 de 2016,
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social,
establece un procedimiento especial para que las IPS
reclamen de las compañías aseguradoras esos derechos de
crédito, asociados al amparo de «gastos médicos, quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios por lesiones» del SOAT:
«Para elevar la solicitud de pago de los servicios de salud
prestados a víctimas de accidentes de tránsito (...), los
prestadores de servicios de salud deberán radicar ante el
Ministerio de Salud y Protección Social, o la entidad que se defina
para el efecto o ante la aseguradora, según corresponda, los
siguientes documentos:
1. Formulario de reclamación (...)
2. Cuando se trate de una víctima de accidente de tránsito:
2.1. Epicrisis o resumen clínico de atención (...).
2.2. Los documentos que soportan el contenido de la historia
clínica o el resumen clínico de atención (...)
3. Cuando se trate de víctimas de eventos catastróficos de origen
natural o de eventos terroristas (...)
4. Original de la factura o documento equivalente de la IPS
que prestó el servicio (...).
5. Cuando se reclame el valor del material de osteosíntesis,
factura o documento equivalente del proveedor de la IPS»30.
Adicionalmente, el artículo 194 del EOSF establece que,
en tratándose de la cobertura de gastos médicos del SOAT,
30 Artículo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016.
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«todo pago indemnizatorio se efectuará con la demostración del
accidente y de sus consecuencias dañosas para la víctima. Se
considerarán pruebas suficientes, además de todas aquellas
que la víctima o el causahabiente puedan aducir, cualquiera de las
siguientes que resulte pertinente, según la clase de amparo:
a. La certificación sobre la ocurrencia del accidente. El Gobierno
Nacional reglamentará la forma en que habrá de demostrarse
la ocurrencia de éste. Será prueba del mismo la
certificación que expida el médico que atendió
inicialmente la urgencia en el centro hospitalario.
b. La certificación de la atención por lesiones corporales o de
incapacidad permanente, causadas a las personas en
accidentes de tránsito, expedida por cualquier entidad
médica, asistencial u hospitalaria, debidamente
autorizada para funcionar (...)»
Lo anterior implica que el médico encargado de atender
a la víctima de un accidente de tránsito tiene la facultad de
determinar tanto el origen de las lesiones, como el
tratamiento requerido, con respaldo en la garantía de
«autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones
sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen a su
cargo»31. Además, el costo de dicho tratamiento debe reflejarse
en una factura, elaborada por la IPS, con base en un manual
tarifario que expide y actualiza el gobierno nacional32.
En otras palabras, según el diseño y la reglamentación
del SOAT, el siniestro y la pérdida del seguro obligatorio
pueden acreditarse a través de documentos elaborados
únicamente por el personal médico y administrativo de la
31 Artículo 17 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
32 Anexo Técnico n.º 1 del Decreto 780 de 2016; Decreto 2423 de 1996, modificado por el Decreto
2292 de 2023.
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19
entidad beneficiaria del amparo, es decir, la IPS que prestó
atención a la persona lesionada en el accidente de tránsito33.
2.3. Dado que gran parte del proceso de reclamación
queda en manos de la IPS, y sin dejar de lado su deber de
obrar de buena fe, emerge necesario que existan mecanismos
de control razonables y adecuados por parte de las
compañías aseguradoras, que les permitan corroborar que
los recursos del SOAT se utilicen de manera transparente y
eficiente, protegiendo la integridad del sistema asegurador y
evitando abusos o fraudes, que puedan afectar su
sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Por tanto, no es posible afirmar que las compañías
aseguradoras estén forzadas, inexorablemente, a pagar todas
aquellas reclamaciones que se les presenten con el lleno de
los requisitos legales. Por el contrario, el artículo
2.6.1.4.3.10. del Decreto 780 de 2016 señala que, «presentada
la reclamación, las compañías de seguros autorizadas para operar el
SOAT (...), estudiarán su procedencia, para lo cual, deberán verificar
la ocurrencia del hecho, la acreditación de la calidad de víctima o del
beneficiario, según sea el caso, la cuantía de la reclamación, su presen-
tación dentro del término a que refiere este capítulo y si esta ha sido o
no reconocida y/o pagada con anterioridad».
Esa facultad concuerda con las previsiones de los
artículos 195-6 del EOSF34 y 143 de la Ley 1438 de 2011,
que establecen, en su orden, que «[c]uando (...) encuentren que
33 Tampoco debe perderse de vista que, a voces del artículo 2.6.1.4.3.4 del Decreto 780 de 2016, «ni el
[ADRES], ni las aseguradoras autorizadas para operar el SOAT podrán solicitar a los reclamantes
documentos adicionales (...) para tramitar y pagar los servicios de salud».
34 Adicionado por el artículo 244-6 de la Ley 100 de 1993.
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20
existen serios motivos de objeción a la reclamación que presenten
las entidades clínicas hospitalarias, deberán poner en conocimiento del
reclamante tales objeciones, dentro del término previsto para el
pago de la indemnización»35, y que, «[p]ara la prueba del accidente
de tránsito ante la aseguradora del SOAT, será suficiente la declaración
del médico de urgencias (...) sin perjuicio de la intervención de la
autoridad de tránsito y de la posibilidad de que la aseguradora del
SOAT realice auditorías posteriores»36.
Lo expuesto permite deducir que, tal como sucede en
cualquier otro ámbito de los seguros, una vez se radiquen los
documentos preestablecidos en el ordenamiento para
sustentar una reclamación con cargo a la cobertura de gastos
médicos del SOAT, la aseguradora correspondiente podrá
proceder al pago, o negarse a hacerlo, objetando la
reclamación. Y esta última decisión, a su turno, puede
fundarse en razones formales, o de fondo.
Las primeras, lógicamente, estarían relacionadas con el
cumplimiento de los requisitos de forma de los documentos
que integran la reclamación. Se conocen como “glosas” o “no
conformidades”, y son materia de profusa reglamentación37,
35 En mismo precepto establece lo siguiente: «No obstante, deberá en todo caso la aseguradora pagar
como anticipo imputable a la indemnización, una suma equivalente al porcentaje que reglamente el
Gobierno Nacional, siempre que la reclamación se haya presentado de conformidad con lo dispuesto
en las normas que la regulan». Sin embargo, esa reglamentación no ha sido emitida a la fecha.
36 En línea con esa alternativa, el artículo 8 de la Resolución 3823 de 2016 del Ministerio de Salud y
Protección Social, dispuso que «Las compañías aseguradoras autorizadas para operar el SOAT o el
Fosyga o la entidad que haga sus veces, posterior al reporte de que trata el artículo 3 de la presente
Resolución o a la radicación de la reclamación, podrán realizar auditorías in situ de manera aleatoria
o selectiva a los prestadores que realicen atenciones en salud derivadas de un accidente de tránsito,
teniendo en cuenta lo siguiente: 1. Verificación de los siguientes aspectos: (i) La habilitación de la
institución y de los servicios de salud brindados a la víctima; (ii) La entrega directa o prestación de los
servicios de salud a la víctima del evento, con base en los documentos señalados en el numeral 2 del
artículo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016 (...)».
37 Cfr. Resolución 3047 de 2008 (modificada por las Resoluciones 416 de 2009, 3253 de 2009 y 1231
de 2012) y Decreto 2284 de 2023 (actualmente en vigor).
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21
orientada a simplificar y hacer más eficiente el procedimiento
de cobro extrajudicial del que se viene hablando. Las
segundas tendrían que ver con ciertos aspectos de la relación
obligacional que vincula a la IPS con la aseguradora, y con
supuestos de fraude atribuibles a la acreedora. A ellas se
referirá la Sala posteriormente.
3. Acciones judiciales para el cobro de la
cobertura de gastos médicos del SOAT.
3.1. Dada la naturaleza jurídica de la prestación en
comento, la IPS acreedora puede acudir a la jurisdicción a
exigir el pago de la cobertura de gastos médicos del SOAT. A
ello se refiere el citado artículo 2.6.1.4.2.2. del Decreto 780
de 2016, cuando prescribe que, «[t]ratándose de los servicios de
salud (...) prestados a una víctima de accidente de tránsito (...), el
legitimado para solicitar el reconocimiento y pago de los mismos
(...) a la compañía de seguros que expida el SOAT (...) es el prestador
de servicios de salud que haya atendido a la víctima».
La legitimación a la que se refiere la norma citada puede
asimilarse a la legitimación en la causa. Aunque se refiere a
la titularidad de un derecho patrimonial, lo cierto es que su
juridicidad se traduce en la posibilidad de reclamación,
incluso contra la voluntad del deudor, con observancia de un
debido proceso y mediación de una autoridad jurisdiccional,
en el marco de cualquiera de las acciones judiciales que
emergen o provienen del contrato de seguro.
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22
Es pertinente insistir en que las acciones a las que
puede acudir la IPS son las derivadas del contrato de seguro,
pues su derecho de crédito depende de la condición de
beneficiaria de un amparo del SOAT, mientras que el débito
correlativo a cargo de la compañía aseguradora se explica por
haber sido la emisora de la póliza afectada. No se trata de un
vínculo obligacional que surja exclusivamente de la voluntad
de las partes, por supuesto, pero es evidente que la fuente
jurídica de la reclamación económica de la IPS puede
rastrearse hasta el seguro obligatorio.
3.2. Por regla general, las acciones derivadas del
contrato de seguro, a disposición de la IPS beneficiaria de
una póliza SOAT, se pueden clasificar en dos tipos:
(a) Por un lado, las acciones ejecutivas, a las que se
puede acudir siempre y cuando transcurra un mes «contado a
partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los
represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los
comprobantes que sean indispensables para acreditar los requisitos del
artículo 1077»; es decir, desde cuando se radican los
documentos relacionados en el citado artículo 2.6.1.4.2.20
del Decreto 780 de 2016, «sin que dicha reclamación sea
objetada». Así lo dispone el artículo 1053-3 del Código de
Comercio, que es aplicable a estos asuntos dada la ausencia
de una regla especial, propia del régimen del SOAT38.
38 El numeral 8. del artículo 2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016 dispone que, «en lo no regulado en el
presente Capítulo para el SOAT, se aplicarán las disposiciones previstas para las aseguradoras y el
contrato de seguro, establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Código de
Comercio y demás disposiciones concordantes». La misma pauta se encuentra en el artículo 192-4 del
EOSF, al que se referirá la Corte más adelante.
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23
En este punto, y en cumplimiento de la función de
unificación de la jurisprudencia nacional asignada a esta
Corporación, resulta conveniente reiterar que, junto con la
demanda ejecutiva, la IPS acreedora debe aportar un título
complejo, conformado por todos los documentos que integran
una reclamación idónea por cuenta de la cobertura de gastos
médicos del SOAT: (i) Formulario Único de Reclamación de
Accidentes de Tránsito (FURIPS)39, debidamente diligenciado;
(ii) epicrisis de atención de la víctima del accidente de
tránsito40; (ii) historia clínica o resumen médico de
atención41, y (iv) factura de servicios e insumos42.
Por tanto, este último documento –la factura–, por sí
solo, no sirve como soporte de la ejecución, pues en el
esquema del SOAT solo tiene fines estrictamente contables y
probatorios. No puede considerarse un título-valor, ya que no
existe un contrato de compraventa de bienes o prestación
servicios entre la IPS y la aseguradora que justifique su
emisión; lo que existe, se reitera, es un vínculo jurídico
derivado del esquema del seguro obligatorio.
Así, al no tratarse de una obligación incorporada en un
instrumento cambiario, el importe de referida factura no se
puede reclamar a través de la acción cambiaria, ni el
39 Mediante Resolución 1645 de 2016 y Nota externa n.º 201633200889671 de 13 de mayo de esa misma
anualidad, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció el «Formulario Único de Reclamación
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por servicios prestados a víctimas de eventos
catastróficos y accidentes de tránsito», o FURIPS.
40 Cuyo contenido mínimo está reglamentado en el artículo 2.6.1.4.3.5. del Decreto 780 de 2016.
41 Cuyo contenido mínimo está reglamentado en el artículo siguiente (2.6.1.4.3.6.)
42 Sobre este documento, el artículo 2.6.1.4.3.7., ibídem, simplemente señala que «la factura o
documento equivalente, presentada por los Prestadores de Servicios de Salud, debe cumplir con los
requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias vigentes».
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24
documento podría circular como si fuera un título-valor43.
Para habilitar el cobro ejecutivo de la cobertura de gastos
médicos del SOAT, se reitera, es necesario aportar todos los
documentos que el ordenamiento exige para acreditar el
siniestro y la pérdida, en los términos que establecen los
citados artículos 1053-3 y 1077 del estatuto mercantil, y la
normativa especial del SOAT, previamente reseñada.
(b) Por otra parte, la IPS puede acudir a las acciones
declarativas, si lo que ocurrió fue que la aseguradora objetó
el pago dentro del plazo legal, y la IPS considera injustificada
su negativa. Dado ese supuesto –que es el que tiene lugar en
el presente caso–, las pretensiones de la demanda han de
orientarse a reconocer la obligación que tiene su fuente en el
SOAT, y a condenar a la compañía aseguradora respectiva al
pago de las prestaciones pendientes.
3.3. Añádase que, en ejercicio de las acciones ejecutiva
o declarativa, la IPS acreedora puede cobrar, además de la
indemnización correspondiente al amparo de gastos médicos,
los réditos moratorios sobre esa suma de dinero, liquidados
de conformidad con las pautas establecidas en el artículo
2.6.1.4.3.12. del Decreto 780 de 2016 –norma que, en lo
medular, replica las disposiciones del precepto 1080 del
Código de Comercio–, a cuyo tenor:
«Las reclamaciones presentadas ante las entidades aseguradoras
autorizadas para operar el SOAT se pagarán dentro del mes
43 En los fallos de tutela CSJ STC12896-2023; CSJ STC10912-2023 y CSJ STC14094-2022, esta
Corporación ha descartado la posibilidad de que las IPS persigan el cobro de servicios médicos prestados
por cuenta del SOAT a través de la acción cambiaria, es decir, aportando como título ejecutivo las
“facturas” de aquellos servicios.
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25
siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario
acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el
asegurador de acuerdo con el artículo 1077 del Código de
Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y
pagará al reclamante, además de la obligación a su cargo y
sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al
certificado como bancario corriente por la Superintendencia
Financiera aumentado en la mitad»44.
Los intereses de mora, por tanto, desempeñan un rol
crucial en la arquitectura de incentivos del SOAT: promueven
que la IPS beneficiaria presente reclamaciones idóneas45;
impulsan a las compañías aseguradoras a pagar a tiempo los
créditos que se le reclaman –dentro del mes siguiente a la
radicación de la reclamación–, y las disuaden de formular
objeciones infundadas, que podrían traducirse en elevadas
condenas en los estrados judiciales, en tanto amalgamarían
la indemnización debida y los réditos por la tardanza,
liquidados a la tasa máxima que permite la ley mercantil.
4. Prescripción de las acciones judiciales para el
cobro de la cobertura de gastos médicos del SOAT, y
resolución del cargo primero.
4.1. Cuestiones generales.
4.1.1. Según quedó establecido, el derecho de
crédito de la IPS beneficiaria del amparo de gastos médicos
del SOAT tiene su fuente, justamente, en esa tipología
especial de seguro obligatorio. Y siendo ello así, puede
44 La misma regla se reitera en el artículo 2.6.1.4.4.1. del mismo Decreto.
45 Es decir, reclamaciones acompañadas de los documentos necesarios para acreditar la ocurrencia del
siniestro, así como la cuantía de la pérdida, siguiendo las precisas regulaciones del SOAT que se
transcribieron en el numeral 2.2. supra.
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26
colegirse que todas las acciones judiciales para hacer efectivo
ese derecho se encuentran sometidas a la regla de
prescripción extintiva consagrada en el artículo 1081 del
Código de Comercio46, a cuyo tenor:
«La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o
extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr
desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra
toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento
en que nace el respectivo derecho».
La aplicación del aludido precepto resulta coherente
con el mandato del artículo 192-4 del EOSF –titulado
«Normatividad aplicable al SOAT»–, que dispone lo siguiente: «En
lo no previsto en el presente capítulo el seguro obligatorio de accidentes
de tránsito se regirá por las normas que regulan el contrato de
seguro terrestre en el Código de Comercio y por este Estatuto». Y
una de las materias “no previstas” en la Parte Sexta, Capítulo
IV, del EOSF, es, justamente, la prescripción extintiva de los
derechos de los beneficiarios de las coberturas del SOAT, y
de las acciones con que cuentan para su efectividad.
4.1.2. Añádase que, con miras a precisar el
cómputo del término prescriptivo mencionado, el artículo
2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016 dispuso lo siguiente:
46 A la misma conclusión han arribado otras autoridades judiciales (Cfr. Corte Constitucional, sentencia
T-160A/19) y administrativas (Cfr. Superintendencia Financiera, Conceptos n.º 2002042135-1 de 24 de
enero de 2003, 2014081801-001 de 20 de octubre de 2014 y 2019087729-003 de 24 de septiembre de
2019; Superintendencia Nacional de Salud, Memorando n.º 3-2014-01890512).
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27
«Son condiciones generales aplicables a la póliza del SOAT, las
siguientes: 1. Pago de reclamaciones. Para tal efecto, las
instituciones prestadoras de servicios de salud o las
personas beneficiarias, según sea el caso, deberán presentar
las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo
a la póliza del SOAT, ante la respectiva compañía de seguros,
dentro del término de prescripción establecido en el artículo
1081 del Código de Comercio, contado a partir de:
1.1. La fecha en que la víctima fue atendida o aquella en
que egresó de la institución prestadora de servicios de
salud con ocasión de la atención médica que se le
haya prestado, tratándose de reclamaciones por
gastos de servicios de salud.
1.2. La fecha de defunción de la víctima para indemnizaciones
por muerte y gastos funerarios.
1.3. La fecha en que adquirió firmeza el dictamen de pérdida de
capacidad laboral, tratándose de indemnizaciones por
incapacidad.
1.4. La fecha en que se prestó el servicio de transporte,
tratándose de gastos relacionados con el transporte y
movilización de la víctima».
La disposición anterior no establece un régimen
prescriptivo especial, ni aporta nuevos elementos a la regla
del artículo 1081 del estatuto mercantil, pero, dentro de su
ámbito regulatorio, precisa dos cuestiones relevantes: de un
lado, que la reclamación debe presentarse antes de que
fenezca el término de prescripción de las obligaciones que se
reclaman, y, de otro, que el «conocimiento del hecho que da base a
la acción» de la IPS –hito inicial de la prescripción ordinaria–
es equivalente a la fecha en la que «la víctima fue atendida o
aquella en que egresó de la institución prestadora».
4.1.3. Para finalizar este apartado, es conveniente
resaltar que, en materia de prescripción de las acciones
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derivadas del contrato de seguro, el legislador no distinguió
entre acciones ejecutivas y declarativas. Por tanto, sin
importar cuál fuera la senda procesal elegida por la parte
demandante, el término prescriptivo aplicable a la acción de
cobro de las reclamaciones asociadas al amparo de gastos
médicos del SOAT será, invariablemente, el que establece el
artículo 1081 del Código de Comercio.
Recuérdese que, según el precedente de la Sala,
«[el artículo 1081] se refiere, sin distingos de ninguna clase, a “La
prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro”; lo que significa que abarca o comprende todos los
medios legales existentes para que los sujetos que se
encuentran formando parte de tal tipo de relación
contractual, o con interés en ella y sus efectos, puedan
acudir a la jurisdicción, a fin de que se les administre justicia
respecto del litigio que se suscite en relación con la misma. En
otras palabras: Todas las acciones que tengan como soporte
el contrato de seguro sea que busquen la satisfacción del
derecho, como acontece con la de ejecución, sea que persigan su
esclarecimiento o reconocimiento, como sucede con las de
naturaleza cognoscitiva [declarativa, en los términos empleados
en esta providencia], están sometidas inexorablemente a los
plazos extintivos que prevé el artículo 1081 del ordenamiento
comercial» (CSJ SC, 4 mar. 1989, no publicada).
4.1.4. En suma, la prescripción ordinaria de las
acciones ejecutivas y declarativas con que cuentan las IPS
para reclamar el pago del amparo de gastos de salud del
SOAT será de dos años, contados a partir del momento en
que dicha IPS «haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que
da base a la acción», lo cual, según la regulación especializada,
sucede cuando la víctima del accidente de tránsito «fue
atendida o (...) egresó de la institución prestadora».
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4.2. Resolución del cargo primero.
4.2.1. En su censura inicial, la Clínica Altos de San
Vicente S.A.S. acusó al Tribunal de haber dado «un alcance
distinto al que realmente tiene» el artículo 11 del Decreto 56 de
2015 –compilado en el artículo 2.6.1.4.4.1. del Decreto 780
de 2016–, pues, según su visión del asunto, allí no se
establece un plazo prescriptivo referido a las acciones
judiciales, sino «el término para presentar reclamaciones», a lo cual
añadió que «ninguna ley establece que el término para reclamar sea
equivalente o igual al término de prescripción».
Para la Sala, dichas quejas resultan infundadas. Como
se ha expuesto, la aplicación del término de prescripción que
consagra el artículo 1081 del estatuto mercantil no depende
del precepto citado por la impugnante, sino de la naturaleza
de las obligaciones de las que son acreedoras las IPS en el
marco del esquema SOAT, sumada a la remisión supletiva
que hace el canon 192-4 del EOSF a «las normas que regulan el
contrato de seguro terrestre en el Código de Comercio».
En consecuencia, no es posible afirmar que las acciones
judiciales para hacer valer los derechos de los beneficiarios
del SOAT frente a la aseguradora carecen de reglas
específicas sobre prescripción extintiva. La legislación que
rige el contrato de seguro incluye una disposición especial
sobre este aspecto, a la cual reenvían, de manera expresa e
implícita, las reglas particulares del SOAT.
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4.2.2. De otra parte, se advierte que no resulta para
nada extraño que el término para reclamar el pago de una
obligación coincida con el de prescripción de la acción
judicial que corresponde para hacerla efectiva. Es más, la
reclamación no hace más que afirmar la existencia de un
derecho personal insoluto, del que se sabe quiénes son su
acreedor y deudor, y cuál es su contenido obligacional.
Ser titular del derecho a reclamar de otra persona la
satisfacción de una obligación (en términos simples, ser
acreedor de alguien) implica, necesariamente, la titularidad
de una acción que respalde y confiera fuerza normativa a esa
obligación. La condición de acreedor de una obligación
exigible equivale, por tanto, a la legitimación para presentar
una acción o demanda civil, solicitando la intervención de las
autoridades judiciales para que el deudor incumplido pague
lo que debe y repare los perjuicios causados, haciendo uso
de la fuerza legítima del Estado, si fuera necesario.
Por lo tanto, siendo la prescripción una sanción para
quien no acude a las autoridades judiciales a hacer valer sus
derechos dentro del plazo previsto por las leyes sustantivas,
es natural que el inicio del término prescriptivo coincida con
la posibilidad de que el acreedor exija al obligado el
cumplimiento de la deuda. Es más, así lo establece el artículo
2535 del Código Civil: «La prescripción que extingue las acciones y
derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual
no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde
que la obligación se haya hecho exigible».
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
31
Además, ni en el SOAT, ni en ningún otro asunto
relativo a los seguros, existe un plazo adicional al que
establece el artículo 1081 del Código de Comercio para
radicar la reclamación extrajudicial ante la compañía
aseguradora. Dicha reclamación se debe presentar durante
la vigencia del derecho –sin perjuicio de las causas legales de
interrupción o suspensión–, so pena de extinción, debido a
la consumación del fenómeno prescriptivo.
4.2.3. En lo que sí le asiste razón a la casacionista
es respecto al cómputo del término de prescripción en el caso
concreto, ya que el tratamiento dado a este tema fue ambiguo
e impreciso. En efecto, en la sentencia de primera instancia
el juzgador a quo sostuvo:
«Para los fines del caso sub examine que se analiza, pertinente es
insistir en que el cómputo de los dos años en el caso de las
reclamaciones elevadas por la Clínica Altos de San Vicente para el
pago de las atenciones a los lesionados en accidentes de tránsito
con cargo de la póliza de SOAT expedida por Mundial de Seguros,
inició a partir del momento en que nace el derecho, que
tiene su génesis para el despacho en el instante en que se
eleva la reclamación respectiva ante el asegurador del rublo
(sic) del SOAT, lo que entraña que en el sub lite se inició la
prescripción para las facturas relacionadas (...) en el periodo
comprendido desde el día 21 de julio de 2017 hasta 20 de
noviembre de 2018, teniéndose establecido que la consumación
del término de prescripción extintiva para la última de dichas
facturas relacionadas, es el día 20 de noviembre de 2020, y
comoquiera que la demanda se presentó el día 29 de abril de 2021,
es claro que todas esas facturas relacionadas (...), se encuentran
prescritas por los efectos deletéreos de la prescripción ordinaria
estatuida en el artículo 1081 del Código de Comercio».
Conforme a este criterio, ratificado posteriormente por
el Tribunal, el inicio del término de prescripción coincidiría
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
32
con el momento de la presentación de la reclamación ante la
aseguradora. Pero, tal como se explicó en el numeral 4.1.2.,
supra, esa prescripción realmente comienza a computarse
desde cuando las víctimas de accidentes de tránsito son
atendidas de forma ambulatoria, o cuando egresan después
de un período de hospitalización, según el caso.
El error, sin embargo, no perjudicó a la recurrente, pues
de haberse realizado el cómputo conforme a la normativa
aplicable, la prescripción habría afectado 268 reclamaciones,
en lugar de las 247 declaradas por las sentencias de ambas
instancias. Para arribar a esta conclusión debe tenerse en
cuenta que la demanda fue presentada el 29 de abril de 2021,
y se notificó a la aseguradora dentro del plazo previsto por el
artículo 94 del Código General del Proceso.
A primera vista, ello indicaría que el término de
prescripción de las acciones de cobro, relacionadas con
atenciones posteriores al 29 de abril de 2019 (dos años antes
de la presentación de la demanda) fue interrumpido. Sin
embargo, a este plazo bienal deben adicionarse los periodos
de suspensión derivados de (i) la emergencia sanitaria por
causa de la enfermedad por coronavirus COVID-19 (107
días47), y (ii) la fase de conciliación extrajudicial (54 días48).
Estas suspensiones suman 161 días al plazo de dos
años para la prescripción extintiva. Por tanto, la prescripción
47 Lapso comprendido entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020 (Decreto 564 de 2020 y Acuerdo
PCSJA20-11567).
48 Período que transcurrió entre la fecha de presentación de la solicitud (10 de diciembre de 2020) y la
de expedición de la constancia de no acuerdo (2 de febrero de 2021), de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, vigente por aquellas fechas.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
33
se habría interrumpido civilmente para aquellas obligaciones
relacionadas con servicios médicos prestados o pacientes
dados de alta a partir del 19 de noviembre de 2018, siendo
pertinente recalcar que, en lo que respecta al cálculo de este
término, no hay diferencias significativas con el análisis
realizado por los jueces de instancia.
La variación radica en que aquellos declararon la
prescripción de las reclamaciones presentadas antes del 20
de noviembre de 2018, cuando lo correcto hubiera sido
considerar las atenciones o egresos previos a esa fecha, lo
que habría extendido el efecto liberatorio a 21 obligaciones
adicionales, como se observa en el cuadro adjunto:
FACTURA N.º ATENCIÓN /
EGRESO
¿OPERÓ LA
PRESCRIPCIÓN?
1 SV119374 19/12/2017 SI
2 SV127743 01/03/2018 SI
3 SV129464 21/03/2018 SI
4 SV129554 26/03/2018 SI
5 SV131695 01/04/2018 SI
6 SV131985 03/04/2018 SI
7 SV131439 05/04/2018 SI
8 SV131434 06/04/2018 SI
9 SV131440 06/04/2018 SI
10 SV125533 25/04/2018 SI
11 SV131699 30/04/2018 SI
12 SV136431 17/05/2018 SI
13 SV127858 19/05/2018 SI
14 SV127861 19/05/2018 SI
15 SV127182 20/05/2018 SI
16 SV129470 21/05/2018 SI
17 SV146127 22/05/2018 SI
18 SV127862 25/05/2018 SI
19 SV127863 25/05/2018 SI
20 SV127864 25/05/2018 SI
21 SV127802 26/05/2018 SI
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
34
22 SV127857 26/05/2018 SI
23 SV127866 26/05/2018 SI
24 SV131791 28/05/2018 SI
25 SV127774 29/05/2018 SI
26 SV127776 29/05/2018 SI
27 SV127845 05/06/2018 SI
28 SV127852 06/06/2018 SI
29 SV127871 06/06/2018 SI
30 SV127872 06/06/2018 SI
31 SV127873 06/06/2018 SI
32 SV127874 06/06/2018 SI
33 SV127875 06/06/2018 SI
34 SV127876 06/06/2018 SI
35 SV127879 06/06/2018 SI
36 SV107644 08/06/2018 SI
37 SV138154 08/06/2018 SI
38 SV127814 10/06/2018 SI
39 SV127815 10/06/2018 SI
40 SV127841 10/06/2018 SI
41 SV131296 13/06/2018 SI
42 SV129813 14/06/2018 SI
43 SV129477 15/06/2018 SI
44 SV129570 15/06/2018 SI
45 SV129516 17/06/2018 SI
46 SV129832 17/06/2018 SI
47 SV129833 17/06/2018 SI
48 SV129582 18/06/2018 SI
49 SV129975 19/06/2018 SI
50 SV129979 19/06/2018 SI
51 SV107660 20/06/2018 SI
52 SV129847 23/06/2018 SI
53 SV129921 23/06/2018 SI
54 SV131486 23/06/2018 SI
55 SV131734 25/06/2018 SI
56 SV131745 25/06/2018 SI
57 SV129941 27/06/2018 SI
58 SV129971 27/06/2018 SI
59 SV129972 27/06/2018 SI
60 SV131316 27/06/2018 SI
61 SV131317 27/06/2018 SI
62 SV129937 28/06/2018 SI
63 SV129938 28/06/2018 SI
64 SV129939 28/06/2018 SI
65 SV131314 28/06/2018 SI
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
35
66 SV131445 28/06/2018 SI
67 SV131459 29/06/2018 SI
68 SV129950 30/06/2018 SI
69 SV129951 30/06/2018 SI
70 SV129952 30/06/2018 SI
71 SV129944 01/07/2018 SI
72 SV129945 01/07/2018 SI
73 SV129935 03/07/2018 SI
74 SV129967 03/07/2018 SI
75 SV129969 03/07/2018 SI
76 SV129993 03/07/2018 SI
77 SV133877 03/07/2018 SI
78 SV129928 04/07/2018 SI
79 SV131336 05/07/2018 SI
80 SV131337 05/07/2018 SI
81 SV131339 05/07/2018 SI
82 SV131338 06/07/2018 SI
83 SV131344 06/07/2018 SI
84 SV131312 07/07/2018 SI
85 SV131990 07/07/2018 SI
86 SV131479 08/07/2018 SI
87 SV131468 09/07/2018 SI
88 SV131469 09/07/2018 SI
89 SV131478 09/07/2018 SI
90 SV131653 13/07/2018 SI
91 SV131654 13/07/2018 SI
92 SV131432 14/07/2018 SI
93 SV131433 14/07/2018 SI
94 SV146271 16/07/2018 SI
95 SV131311 17/07/2018 SI
96 SV131675 20/07/2018 SI
97 SV131728 20/07/2018 SI
98 SV131984 20/07/2018 SI
99 SV146269 21/07/2018 SI
100 SV131722 24/07/2018 SI
101 SA133708 25/07/2018 SI
102 SV133704 25/07/2018 SI
103 SV133705 25/07/2018 SI
104 SV133706 25/07/2018 SI
105 SV133709 25/07/2018 SI
106 SV131708 27/07/2018 SI
107 SV131709 27/07/2018 SI
108 SV133733 27/07/2018 SI
109 SV131729 29/07/2018 SI
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
36
110 SV131730 29/07/2018 SI
111 SV133674 01/08/2018 SI
112 SV133675 01/08/2018 SI
113 SV133859 01/08/2018 SI
114 SV133669 02/08/2018 SI
115 SV133684 02/08/2018 SI
116 SV133700 04/08/2018 SI
117 SV133701 04/08/2018 SI
118 SV132024 05/08/2018 SI
119 SV133604 05/08/2018 SI
120 SV132282 09/08/2018 SI
121 SV132281 10/08/2018 SI
122 SV134542 10/08/2018 SI
123 SV135305 11/08/2018 SI
124 SV135438 12/08/2018 SI
125 SV135439 12/08/2018 SI
126 SV135469 12/08/2018 SI
127 SV135470 12/08/2018 SI
128 SV133769 14/08/2018 SI
129 SV137912 14/08/2018 SI
130 SV133762 15/08/2018 SI
131 SV133770 15/08/2018 SI
132 SV136792 16/08/2018 SI
133 SV136793 16/08/2018 SI
134 SV136805 16/08/2018 SI
135 SV134378 18/08/2018 SI
136 SV135786 18/08/2018 SI
137 SV135787 18/08/2018 SI
138 SV134377 19/08/2018 SI
139 SV133983 20/08/2018 SI
140 SV136824 20/08/2018 SI
141 SV136825 20/08/2018 SI
142 SV136926 21/08/2018 SI
143 SV136932 21/08/2018 SI
144 SV133974 22/08/2018 SI
145 SV133975 22/08/2018 SI
146 SV136928 22/08/2018 SI
147 SV136943 22/08/2018 SI
148 SV137847 22/08/2018 SI
149 SV136942 23/08/2018 SI
150 SV136929 24/08/2018 SI
151 SV136930 24/08/2018 SI
152 SV136931 24/08/2018 SI
153 SV136935 24/08/2018 SI
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
37
154 SV145560 24/08/2018 SI
155 SV134395 26/08/2018 SI
156 SV136605 26/08/2018 SI
157 SV136607 26/08/2018 SI
158 SV136609 26/08/2018 SI
159 SV133748 27/08/2018 SI
160 SV136257 27/08/2018 SI
161 SV136632 27/08/2018 SI
162 SV136944 27/08/2018 SI
163 SV133957 28/08/2018 SI
164 SV133958 28/08/2018 SI
165 SV134394 28/08/2018 SI
166 SV134571 28/08/2018 SI
167 SV137787 28/08/2018 SI
168 SV134046 29/08/2018 SI
169 SV134056 29/08/2018 SI
170 SV134148 29/08/2018 SI
171 SV134149 29/08/2018 SI
172 SV135926 29/08/2018 SI
173 SV134884 30/08/2018 SI
174 SV134309 31/08/2018 SI
175 SV134327 31/08/2018 SI
176 SV134359 31/08/2018 SI
177 SV134360 31/08/2018 SI
178 SV134290 01/09/2018 SI
179 SV134493 03/09/2018 SI
180 SV134494 03/09/2018 SI
181 SV144995 03/09/2018 SI
182 SV134502 04/09/2018 SI
183 SV134503 04/09/2018 SI
184 SV134504 04/09/2018 SI
185 SV137811 04/09/2018 SI
186 SV137925 04/09/2018 SI
187 SV134684 06/09/2018 SI
188 SV134685 06/09/2018 SI
189 SV134689 06/09/2018 SI
190 SV134690 06/09/2018 SI
191 SV134736 07/09/2018 SI
192 SV134742 07/09/2018 SI
193 SV134743 07/09/2018 SI
194 SV134796 08/09/2018 SI
195 SV134797 08/09/2018 SI
196 SV134831 08/09/2018 SI
197 SV134832 08/09/2018 SI
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
38
198 SV134801 09/09/2018 SI
199 SV134854 09/09/2018 SI
200 SV134855 09/09/2018 SI
201 SV135955 11/09/2018 SI
202 SV144891 11/09/2018 SI
203 SV135147 12/09/2018 SI
204 SV135216 14/09/2018 SI
205 SV135256 15/09/2018 SI
206 SV135385 16/09/2018 SI
207 SV135286 17/09/2018 SI
208 SV135290 17/09/2018 SI
209 SV137840 18/09/2018 SI
210 SV135493 19/09/2018 SI
211 SV138594 21/09/2018 SI
212 SV135932 22/09/2018 SI
213 SV135964 23/09/2018 SI
214 SV135986 23/09/2018 SI
215 SV136674 23/09/2018 SI
216 SV136751 23/09/2018 SI
217 SV136753 23/09/2018 SI
218 SV144741 24/09/2018 SI
219 SV136781 25/09/2018 SI
220 SV136782 25/09/2018 SI
221 SV144740 25/09/2018 SI
222 SV144950 25/09/2018 SI
223 SV136672 26/09/2018 SI
224 SV136946 26/09/2018 SI
225 SV138176 26/09/2018 SI
226 SV138150 27/09/2018 SI
227 SV136249 28/09/2018 SI
228 SV138169 28/09/2018 SI
229 SV138160 29/09/2018 SI
230 SV138161 29/09/2018 SI
231 SV138125 30/09/2018 SI
232 SV136285 01/10/2018 SI
233 SV138394 02/10/2018 SI
234 SV138395 02/10/2018 SI
235 SV139028 03/10/2018 SI
236 SV136799 06/10/2018 SI
237 SV138268 08/10/2018 SI
238 SV138241 14/10/2018 SI
239 SV142962 15/10/2018 SI
240 SV138414 23/10/2018 SI
241 SV138416 23/10/2018 SI
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
39
242 SV138782 23/10/2018 SI
243 SV143939 23/10/2018 SI
244 SV141626 29/10/2018 SI
245 SV138798 01/11/2018 SI
246 SV138800 01/11/2018 SI
247 SV138801 01/11/2018 SI49
248 SV145638 02/11/2018 SI
249 SV139087 03/11/2018 SI
250 SV139088 03/11/2018 SI
251 SV139075 06/11/2018 SI
252 SV139076 06/11/2018 SI
253 SV138818 07/11/2018 SI
254 SV139071 07/11/2018 SI
255 SV144360 08/11/2018 SI
256 SV139481 09/11/2018 SI
257 SV139482 09/11/2018 SI
258 SV139483 09/11/2018 SI
259 SV139488 09/11/2018 SI
260 SV139489 09/11/2018 SI
261 SV139492 09/11/2018 SI
262 SV140893 16/11/2018 SI
263 SV141058 16/11/2018 SI
264 SV141059 16/11/2018 SI
265 SV140795 17/11/2018 SI
266 SV140884 17/11/2018 SI
267 SV140895 17/11/2018 SI
268 SV140897 17/11/2018 SI50
269 SV140205 19/11/2018 NO
270 SV140799 22/11/2018 NO
271 SV145470 22/11/2018 NO
272 SV140822 24/11/2018 NO
273 SV140857 24/11/2018 NO
274 SV140858 24/11/2018 NO
275 SV140969 26/11/2018 NO
276 SV141040 28/11/2018 NO
277 SV141041 28/11/2018 NO
278 SV141043 28/11/2018 NO
279 SV140753 29/11/2018 NO
280 SV141557 03/12/2018 NO
281 SV141622 03/12/2018 NO
49 Hasta aquí, las reclamaciones fueron declaradas prescritas por los jueces de ambas instancias.
50 Se reitera: en el área sombreada aparecen las reclamaciones que habrían prescrito, pero cuya extinción
no fue reconocida por los jueces de instancia, como consecuencia de haber elegido como hito inicial del
término prescriptivo la fecha de la radicación de las reclamaciones, y no la de prestación de los servicios
o el egreso del paciente, como correspondía.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
40
282 SV141631 03/12/2018 NO
283 SV141632 03/12/2018 NO
284 SV141636 03/12/2018 NO
285 SV141106 04/12/2018 NO
286 SV141588 04/12/2018 NO
287 SV141207 06/12/2018 NO
288 SV142716 06/12/2018 NO
289 SV141616 07/12/2018 NO
290 SV142845 07/12/2018 NO
291 SV141508 08/12/2018 NO
292 SV142692 08/12/2018 NO
293 SV142830 09/12/2018 NO
294 SV141423 11/12/2018 NO
295 SV141767 13/12/2018 NO
296 SV142868 21/12/2018 NO
297 SV142869 21/12/2018 NO
298 SV144419 25/12/2018 NO
299 SV142678 27/12/2018 NO
300 SV144293 06/01/2019 NO
301 SV144294 06/01/2019 NO
302 SV144306 10/01/2019 NO
303 SV144809 13/01/2019 NO
304 SV144807 14/01/2019 NO
305 SV144808 14/01/2019 NO
306 SV144812 16/01/2019 NO
307 SV144813 16/01/2019 NO
308 SV144847 18/01/2019 NO
309 SV146576 18/01/2019 NO
310 SV145669 19/01/2019 NO
311 SV145104 20/01/2019 NO
312 SV145666 20/01/2019 NO
313 SV145668 20/01/2019 NO
314 SV145154 21/01/2019 NO
315 SV145343 21/01/2019 NO
316 SV145583 21/01/2019 NO
317 SV145226 22/01/2019 NO
318 SV145508 22/01/2019 NO
319 SV145954 22/01/2019 NO
320 SV145389 23/01/2019 NO
321 SV146169 28/01/2019 NO
322 SV146380 31/01/2019 NO
323 SV146441 31/01/2019 NO
324 SV148098 12/02/2019 NO
325 SV148096 14/02/2019 NO
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
41
326 SV147692 18/02/2019 NO
327 SV147638 19/02/2019 NO
328 SV148000 22/02/2019 NO
329 SV148029 22/02/2019 NO
330 SV148030 22/02/2019 NO
331 SV148632 22/02/2019 NO
332 SV151509 26/02/2019 NO
333 SV148288 28/02/2019 NO
334 SV148640 04/03/2019 NO
335 SV148869 09/03/2019 NO
336 SV149216 11/03/2019 NO
337 SV149120 12/03/2019 NO
338 SV149389 14/03/2019 NO
339 SV149477 14/03/2019 NO
340 SV149615 18/03/2019 NO
341 SV149617 18/03/2019 NO
342 SV149649 18/03/2019 NO
343 SV151093 21/03/2019 NO
344 SV150355 25/03/2019 NO
345 SV150367 27/03/2019 NO
346 SV150368 27/03/2019 NO
347 SV150414 28/03/2019 NO
348 SV151249 30/03/2019 NO
349 SV151102 03/04/2019 NO
350 SV151103 03/04/2019 NO
351 SV151104 03/04/2019 NO
352 SV151547 04/04/2019 NO
353 SV151506 05/04/2019 NO
354 SV151512 05/04/2019 NO
355 SV151513 05/04/2019 NO
356 SV151436 09/04/2019 NO
357 SV151742 09/04/2019 NO
358 SV151658 11/04/2019 NO
359 SV152016 11/04/2019 NO
360 SV152022 11/04/2019 NO
361 SV152114 11/04/2019 NO
362 SV152118 11/04/2019 NO
363 SV152005 12/04/2019 NO
364 SV152122 12/04/2019 NO
365 SV151693 13/04/2019 NO
366 SV152057 15/04/2019 NO
367 SV152438 15/04/2019 NO
368 SV152269 16/04/2019 NO
369 SV152295 18/04/2019 NO
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
42
370 SV152202 22/04/2019 NO
371 SV153020 25/04/2019 NO
372 SV153023 25/04/2019 NO
373 SV152672 26/04/2019 NO
374 SV152887 30/04/2019 NO
375 SV153379 30/04/2019 NO
376 SV153405 02/05/2019 NO
377 SV153439 03/05/2019 NO
378 SV153440 03/05/2019 NO
379 SV153665 13/05/2019 NO
380 SV154024 16/05/2019 NO
381 SV154224 16/05/2019 NO
382 SV154281 20/05/2019 NO
383 SV154658 21/05/2019 NO
384 SV154550 23/05/2019 NO
385 SV155031 23/05/2019 NO
386 SV155164 23/05/2019 NO
387 SV155559 27/05/2019 NO
388 SV155042 28/05/2019 NO
389 SV155880 29/05/2019 NO
390 SV155402 30/05/2019 NO
391 SV156939 05/06/2019 NO
392 SV156940 05/06/2019 NO
393 SV156176 11/06/2019 NO
394 SV156901 17/06/2019 NO
395 SV156902 17/06/2019 NO
396 SV157403 25/06/2019 NO
397 SV158305 09/07/2019 NO
398 SV158307 09/07/2019 NO
399 SV160966 12/08/2019 NO
400 SV164461 20/09/2019 NO
De este modo, resulta evidente que el Tribunal no erró
al determinar el plazo de la prescripción alegada; y aunque
sí se equivocó al fijar el hito inicial de dicho término, este
error no generó perjuicio alguno para la parte convocante.
En consecuencia, el cargo inicial no prospera.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
43
5. Cargas probatorias, posibilidades de defensa de
la compañía aseguradora y resolución conjunta de los
cargos segundo y tercero.
5.1. Planteamiento del problema.
5.1.1. Previamente se describió la regulación de la
cobertura de gastos médicos del SOAT, señalando que, para
que la IPS beneficiaria accediera al pago correspondiente,
debía presentar ante la compañía aseguradora una
reclamación idónea, debiéndose entender por esa expresión
aquella reclamación compuesta por el conjunto específico de
documentos a los que alude el artículo 2.6.1.4.2.20 del
Decreto 780 de 2016: el Formulario Único de Reclamación de
Accidentes de Tránsito (FURIPS), la epicrisis, la historia
clínica y la factura, todos ellos diligenciados de acuerdo con
las precisas instrucciones del ordenamiento.
Salvo contadísimas excepciones, en este caso no se
discute que la IPS demandante hubiera aportado las
reclamaciones idóneas a las que se refieren sus pretensiones.
Sin embargo, los jueces de instancia negaron la condena
solicitada, tras concluir que los pacientes que aquella atendió
no tenían lesiones que pudieran vincularse a un accidente de
tránsito en el que hubiera estado involucrado un vehículo
amparado por una póliza SOAT expedida por la convocada.
5.1.2. En sus dos cargos finales, la casacionista se
opuso esa conclusión del ad quem mediante argumentos
distintos. En primer lugar, criticó que se tramitara la
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
44
excepción que terminó prosperando, perdiéndose de vista
que al beneficiario del SOAT «solo [le] serán oponibles excepciones
propias de la reclamación tales como pago, compensación, prescripción
o transacción», según el artículo 2.6.1.4.4.1 del Decreto 780 de
2016. Y, en segundo lugar, reprochó que se le exigieran
evidencias adicionales a las que contiene una reclamación
idónea para acreditar su derecho, insistiendo en la
inoponibilidad de la defensa de su contraparte.
Tras estas alegaciones, añade la Sala, subyace un
planteamiento complejo, relacionado con una problemática
esbozada en los acápites previos: las IPS beneficiarias del
SOAT solo pueden demostrar la ocurrencia del siniestro y su
cuantía mediante una reclamación idónea, que satisfaga los
requisitos del artículo 2.6.1.4.2.20. Y ello implicaría, según
la convocante, que cualquier debate procesal debería
limitarse a comprobar si se aportaron, o no, los documentos
que la componen –sin verificaciones adicionales–.
5.1.3. En respaldo de su tesis, la recurrente recordó
que, siempre que cumplan con los requerimientos legales, la
reclamación y sus anexos son suficientes para acreditar la
efectiva ocurrencia del riesgo asegurado y el monto de los
gastos médicos a reintegrar; es decir, el siniestro y la pérdida
mencionados en el artículo 1077 del Código de Comercio. Y,
dado que de aquellas variables depende la viabilidad de las
pretensiones en este tipo de demandas, podría concluirse que
la aportación de las evidencias que enlista el artículo
2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016 equivale a satisfacer
cabalmente las cargas probatorias de la parte actora.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
45
De esta premisa, dedujo que las aseguradoras tienen un
margen muy limitado de defensa, ya que las únicas
excepciones compatibles con la antedicha conclusión serían
la ausencia de alguno de los documentos que componen la
reclamación idónea, o un defecto formal en su elaboración
(como a los que se refieren las “glosas”), salvo que se alegue
la extinción de la obligación, por motivos como el pago,
prescripción, transacción, entre otros.
5.2. Inoponibilidad de la defensa esgrimida por la
compañía aseguradora (y sus consecuencias frente al
cargo segundo).
5.2.1. Para responder los alegatos de la convocante,
debe recordarse que, según el numeral 3 del artículo
2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016:
«A las víctimas de los accidentes de tránsito, a los beneficiarios o
a quienes tengan derecho al pago de los servicios de salud,
indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, no les
serán oponibles excepciones derivadas de vicios o defectos
relativos a la celebración del contrato o al incumplimiento de
obligaciones propias del tomador. Por lo tanto, solo serán
oponibles excepciones propias de la reclamación tales como
pago, compensación, prescripción o transacción».
La recurrente pretendió extraer de esta norma una
restricción significativa, limitante del marco de competencia
de los jueces de instancia. Alegó que el funcionario, so pena
de inconsonancia, debe rechazar cualquier defensa distinta
a las de «pago, compensación, prescripción, transacción», de forma
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
46
análoga a la que se describe en el artículo 442-2 del Código
General del Proceso51, que regula el cobro ejecutivo de
obligaciones contenidas en providencias judiciales.
5.2.2. En contraposición, para la Sala la analogía
propuesta resulta impropia, pues mientras el artículo 442-2
es enfático en decir que, cuando el título que se esgrime es
una providencia judicial, el ejecutado no puede sino alegar
cierto tipo de excepciones, el artículo 2.6.1.4.4.1. enuncia un
listado ejemplificativo, que abarca una categoría amplia de
defensas –las «excepciones propias de la reclamación»–.
La normativa, por tanto, no tiene un carácter restrictivo,
sino orientativo. Y esta característica flexible le resta peso a
la crítica formulada por la recurrente, pues no es cierto que
la compañía aseguradora solamente pudiera alegar «pago,
compensación, prescripción o transacción», ya que el ordenamiento
deja abierta la puerta para enarbolar otro tipo de
excepciones, propias del procedimiento de reclamación.
5.2.3. Pero, al margen de esta precisión, es
indiscutible que a las IPS beneficiarias del amparo de gastos
médicos del SOAT no les son oponibles las excepciones
referidas a «vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al
incumplimiento de obligaciones propias del tomador», pues así lo
dispone expresamente el precepto 2.6.1.4.4.1. tantas veces
51 «Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción
aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en
hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento y la de
pérdida de la cosa
debida».
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
47
referido, norma que opera como excepción a la regla del
artículo 1044 del Código de Comercio52.
Y, en este caso, se admitió exactamente una defensa
como esa, a pesar de la clara restricción legal. Recuérdese
que, para denegar el pago de las reclamaciones que no
habían prescrito, los jueces de ambas instancias acogieron la
excepción que la aseguradora denominó «inexistencia de la
obligación respecto a las reclamaciones frente a las que se formuló
objeción total», y que se sustentaba en que
«casi la totalidad de las reclamaciones cuyo reconocimiento y pago
se pretende mediante este proceso, se encuentran objetadas
porque al adelantar el análisis de la documentación aportada con
la reclamación y una vez llevadas a cabo las investigaciones
pertinentes, la Compañía Mundial de Seguros S.A. encontró que
la víctima no se transportaba en un automotor asegurado
por la compañía, o por otro lado la póliza suministrada
correspondía a un vehiculo que no tuvo participación
alguna en el accidente de tránsito».
Con base en ese alegato, el Tribunal concluyó que la
convocante había prestado servicios que no correspondían a
la cobertura del SOAT, pues «se adujo la ocurrencia de un siniestro
vial, con un velocípedo que en realidad no participó en tal hecho», o «se
acudió a la práctica de facilitar a quien no tiene el seguro obligatorio, o
éste está vencido, por parte de un tercero, para obtener la atención
medida, de quien se vio involucrado en el accidente, pero, no contaba con
la cobertura asegurativa». Pero, en realidad, todos esos reproches
constituirían incumplimientos de los tomadores del SOAT,
52 «Salvo estipulación en contrario, el asegurador podrá oponer al beneficiario las excepciones que
hubiere podido alegar contra el tomador o el asegurado, en caso de ser estos distintos de aquél, y al
asegurado las que hubiere podido alegar contra el tomador».
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
48
que no debieron haberse enrostrado a la IPS demandante
como motivos para negar su reclamo patrimonial.
5.2.4. En efecto, si se asumen como ciertos los
alegatos de la demandada, serían los tomadores de pólizas
SOAT expedidas por la Compañía Mundial de Seguros S.A.
quienes habrían generado las atenciones irregulares, al
afirmar, falsamente, que sus lesiones eran secuelas de un
accidente de tránsito, cuando provenían de otro tipo de
incidente; o al prestar su póliza a conductores de vehículos
no asegurados, por citar dos ejemplos de comportamientos
fraudulentos, contrarios a los deberes de conducta que
deben observar las partes de un contrato de seguro.
En otras palabras, descartando cualquier intervención
maliciosa de la IPS tratante –lo cual, en este caso, no se
alegó–, un proceder fraudulento como el que describió la
aseguradora al contestar la demanda solo podría darse
porque el tomador de la póliza se presentó en el centro
médico y, mediante engaños, hizo creer a los profesionales
tratantes que sus lesiones provenían de un accidente de
tránsito, sabiendo que no era así; o porque facilitó su póliza
a un tercero, a consciencia de estar burlando la ley. En
ambos casos, infringiendo sus deberes contractuales.
Así pues, como las faltas al deber de obrar de buena fe53
en las que se sustentó la citada excepción solo serían
53 Sobre este deber tiene dicho el precedente: «Cuando las partes realizan una regulación específica de
los intereses involucrados en sus esferas dispositivas (negocio jurídico), con apego a la reglamentación
normativa vigente, propician, paralelamente, que la ley les brinde el reconocimiento y convalidación de
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
49
atribuibles a los tomadores del SOAT, no podían emplearse
como justificación para no pagar las sumas de dinero de las
que es acreedora la IPS. Por tanto, al acoger ese medio de
defensa como soporte de la decisión de segunda instancia, el
Tribunal incurrió en una grave incorrección.
5.2.5. La cuestión es que, aunque ese yerro existe,
no parece implicar la inconsonancia del fallo del tribunal. La
congruencia procesal se refiere a la correspondencia entre «los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla», y también a «las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley», pero no hace alusión, en lo absoluto, a que las
defensas invocadas por la parte convocada sean inoponibles
a la convocante, por disposición legal.
Asimismo. no existe una norma que habilite al juez para
rechazar de plano tales excepciones, o a eludir el deber de
decidir sobre ellas en la sentencia. No es posible,
simplemente, ignorar la alegación de la demandada, sino que
resulta imperativo examinarla y desestimarla, así baste con
decir que es inoponible a la IPS. Esto refuerza que la
equivocación del Tribunal no reside en un aspecto de forma,
la voluntad declarada, en los términos por los que hayan optado los mismos contratantes. Pero ese
posicionamiento les impone, colateralmente, la observancia irrestricta de reglas de conducta que
involucran conceptos ligados a la lealtad y buena fe, tanto para sí como para con aquellos que de una
u otra forma resultan afectados (Art. 1603 ibídem). La buena fe implica que las personas, cuando
acuden a concretar sus negocios, deben honrar sus obligaciones y, en general, asumir para con los
demás una conducta leal y plegada a los mandatos de corrección socialmente exigibles. El acatamiento
de dichos principios implica para el contratante el sentimiento de proceder como lo hace cualquier ser
humano digno de confianza, que honra su palabra, que actúa conforme a las buenas costumbres, que
respeta a sus semejantes, que responde con honestidad sus compromisos, aviniéndose,
incondicionalmente, a reconocer a sus congéneres lo que les corresponde. Obrar dentro de esos
parámetros es prohijar conductas que han sido erigidas como referentes sociales de comportamientos
apropiados. Obrar de buena fe es proceder con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud
correcta y desprovista de elementos de engaño, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas»
(CSJ SC, 27 feb. 2012, rad. 2003-14027-01).
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
50
sino en una cuestión de juzgamiento, de las que se ocupan
las causales primera y segunda de casación.
El ad quem, entonces, no incurrió en un vicio de
incongruencia al acoger una excepción inoponible a la IPS,
sino en un error de juzgamiento. Por ello, se desestimará el
cargo segundo, pero se anticipa que el tercero se abrirá paso,
debido a la comentada incorrección.
6. Defensas contra el fraude en el SOAT
6.1. Aunque la Corte reconoce la inoponibilidad de las
excepciones relacionadas con los vicios contractuales e
incumplimientos del tomador, no comparte la visión
restrictiva de las posibilidades de defensa de las
aseguradoras propuesta por la recurrente.
Por el contrario, la Sala considera que, así como es
razonable que se permita a las IPS elaborar autónomamente
todos los documentos que conforman una reclamación
idónea, es igualmente válido que las aseguradoras ejerzan
una auditoría rigurosa. De este modo se equilibran la
eficiencia del sistema y la protección de las víctimas de
accidentes de tránsito, con las exigencias de transparencia y
diligencia derivadas del principio general de buena fe y los
objetivos concretos del sistema SOAT.
Ese control de las aseguradoras puede tener diversos
resultados, a saber: (i) revalidar la conformidad de la
reclamación, habilitando el pago; (ii) identificar vicios
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
51
formales que, como se ha explicado, pueden gestionarse
mediante “glosas”, o “no conformidades”; o (iii) detectar
irregularidades de fondo, como el pago, la prescripción, la
compensación, o las situaciones de fraude. Y, ante esta
última eventualidad, no resultaría procedente privar a esas
compañías de mecanismos jurídicos de defensa.
Lo que sucede es que no todos esos mecanismos la
liberan de su obligación frente a la IPS beneficiaria, según
pasa a explicarse.
6.2. El seguro obligatorio es un pilar esencial en la
protección de las víctimas de accidentes de tránsito, ya que
les garantiza recibir atención médica oportuna y completa,
sin importar su capacidad económica, o la de los
responsables. Su utilidad social es innegable, razón por la
cual cualquier forma de comportamiento deshonesto o
defraudatorio debe rechazarse rotundamente.
El SOAT constituye un sistema de cooperación
complejo, basado en la confianza y la buena fe de todos los
actores involucrados: aseguradoras, tomadores, IPS y
beneficiarios. En este contexto, el fraude al SOAT no solo
constituye un acto de engaño en perjuicio de la compañía
aseguradora, sino una verdadera amenaza al equilibrio y la
viabilidad financiera de todo un sistema diseñado para servir
a intereses públicos valiosos.
Cuando un tomador del SOAT, u otro actor del sistema,
manipula la verdad para obtener un beneficio indebido,
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52
perjudica a la compañía que emitió la póliza, y también
distorsiona el uso de los recursos destinados a quienes
realmente los necesitan. A largo plazo, los fraudes
incrementan el costo de las pólizas, crean barreras de acceso
para los beneficiarios legítimos y, en últimas, deterioran la
confianza en el mercado. Además, comprometen su eficiencia
y desincentivan la participación de las aseguradoras,
poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema.
En consecuencia, todos los actores del SOAT, incluidas
las autoridades que participan de sus procesos, deben actuar
con el máximo compromiso ético, conscientes de que sus
acciones tienen un impacto directo en la vida de los demás y
en el correcto desenvolvimiento de una herramienta jurídico-
social compleja. Combatir al fraude es, por tanto, un deber
legal, y también un imperativo que se alinea con los valores
fundamentales de justicia, transparencia y buena fe que
consagra nuestra Constitución Política.
6.2. Resulta evidente que la defensa del sistema SOAT
exige que se identifiquen y promuevan mecanismos jurídicos
efectivos para la prevención y oportuna sanción del fraude.
La lucha contra el fraude del SOAT no puede quedar relegada
a una esfera meramente discursiva, sino que ha de
trascender a través de controles previos, auditorías rigurosas
y un marco normativo que favorezca las acciones honestas y
de buena fe de los involucrados.
En este contexto, no puede aceptarse que el papel de las
compañías aseguradoras del SOAT se reduzca a una función
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
53
meramente instrumental, de revisión mecánica y formal de
documentos. Las aseguradoras deben desempeñar un rol
activo y dinámico en la identificación de irregularidades,
contribuyendo a la salvaguardia del sistema y garantizando
que los recursos se asignen a las verdaderas víctimas de
accidentes de tránsito, sin que ello implique obstaculizar los
derechos de las IPS, o imponerles cargas excesivas.
Y, lógicamente, esa debida diligencia no es compatible
con la idea de limitar las posibilidades de defensa judicial o
extrajudicial de las compañías aseguradoras. Al contrario,
debe promoverse una auditoría activa, responsable, basada
en evidencias, que cumpla con el propósito social del
aseguramiento, y permita que los fraudes sean identificados,
castigados y, de ser posible, erradicados.
6.2.1. Consecuente con lo anterior, la Corte insiste
en que la compañía aseguradora puede alegar en su defensa
cualquier supuesto de fraude del que tenga evidencia, a
condición, por supuesto, de que sea imputable a la IPS
demandante. Si lo es al tomador, como se alegó en este caso,
el fraude le resulta inoponible a la beneficiaria –sin que ello
signifique, por supuesto, que la falta quede impune–.
Así, por ejemplo, si la compañía aseguradora detecta
que una IPS determinada está facturando servicios no
prestados, o alterando la epicrisis o la historia clínica, para
que pasen por víctimas de accidentes de tránsito quienes no
lo son, podrá válidamente esgrimir esas circunstancias como
excepciones en cualquiera de los escenarios judiciales a los
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
54
que sea convocada por la beneficiaria de la cobertura de
gastos médicos del SOAT.
En cambio, si el fraude fue cometido por el tomador o el
asegurado, no puede servir como defensa contra la IPS, no
solo por expresa disposición del artículo 2.6.1.4.4.1 del
Decreto 780 de 2016, sino también porque, en el marco de
una distribución equitativa de los riesgos del negocio
asegurador, no es razonable exigir a un centro médico que
dilate el tratamiento de un paciente lesionado mientras
esclarece el origen de sus lesiones, o identifica cabalmente
los vehículos involucrados en el siniestro.
El cometido de las IPS en el sistema del SOAT es crucial
y exige altos estándares de responsabilidad y honestidad; sin
embargo, también conlleva la expectativa de que los demás
actores del sistema –compañías aseguradoras, tomadores y
beneficiarios– adopten conductas igualmente responsables y
transparentes.
Además, cuando una persona lesionada se presenta en
una clínica u hospital afirmando que sufrió un accidente de
tránsito, y aporta una póliza SOAT, es deber del prestador de
servicios de salud proporcionarle el tratamiento médico
necesario para su recuperación, sin dilaciones ni
cuestionamientos que comprometan su bienestar.
No puede, en consecuencia, imponerse al cuerpo
médico una carga de verificación o investigación sobre la
veracidad de los hechos que dieron lugar a la reclamación.
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55
Los profesionales de la salud no tienen la disponibilidad, la
preparación, ni la autoridad para indagar sobre la
autenticidad de las circunstancias del siniestro.
Su función es evaluar el estado de salud y bienestar de
los pacientes (diagnosticar, tratar, hacer seguimiento de la
evolución de la enfermedad, etc.), no auditar. Por ende, forzar
a las IPS a que asuman tareas de vigilancia que no les
competen no solo resulta inequitativo, sino que pone en
riesgo la respuesta médica oportuna y efectiva que el sistema
SOAT pretende garantizar.
6.2.2. En síntesis, si el fraude es imputable a la IPS,
la aseguradora podrá alegarlo válidamente como excepción.
En cambio, cuando sea imputable al tomador –como ocurre
cuando este “presta” su póliza SOAT a una persona que
sufrió un accidente en un vehículo no asegurado, o tergiversa
el origen de sus lesiones para presentarlas como resultado
de un accidente de tránsito–, es inoponible a la clínica u
hospital beneficiario del amparo de gastos médicos.
Pero es crucial señalar que esta circunstancia no
implica, ni debe implicar, que el tomador del seguro quede
exento de responsabilidad. El artículo 194-4 del EOSF, tras
recabar en la inoponibilidad de las excepciones derivadas de
vicios contractuales o incumplimientos del tomador54,
estableció el siguiente derecho de repetición:
54 Al señalar que, «a las víctimas de los accidentes de tránsito y sus causahabientes no les serán
oponibles excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al
incumplimiento de obligaciones propias del tomador».
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56
«Con todo, la compañía aseguradora podrá repetir contra el
tomador por cualquier suma que haya pagado como
indemnización por concepto del seguro de daños causados
a las personas en accidentes de tránsito, cuando éste o quien
esté conduciendo el vehículo en el momento del accidente, con su
autorización, haya actuado con dolo, culpa grave o dentro de
aquellas circunstancias en que el seguro adolece de vicios o
defectos coetáneos a su contratación».
Y es claro que un tomador que defrauda, miente
activamente u oculta o tergiversa el origen de sus lesiones o
de las lesiones de un tercero para hacer pasar como un
siniestro de los que cubre el SOAT un evento que no tiene tal
connotación, actúa dolosamente.
El fraude, por su naturaleza, es una acción deliberada
y consciente, que revela el conocimiento de estar violando la
ley. Ante este escenario, el ordenamiento jurídico permite que
la aseguradora recupere las sumas pagadas, evitando que
tales comportamientos fraudulentos queden sin sanción. El
sistema está dotado de mecanismos eficaces para castigar a
quienes, a través del engaño, buscan desvirtuar los fines del
SOAT y vulnerar los principios que lo sustentan.
7. Epílogo: Errores de juzgamiento del Tribunal.
Tal como lo señaló la recurrente en sus cargos
postreros, el ad quem cometió un grave error al permitir que,
mediante la alegación de fraudes que habrían sido cometidos
por tomadores del seguro SOAT, se frustrara la legítima
acción de cobro de la clínica demandante. No solo permitió
que se invocara una defensa que, por disposición legal, es
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57
inoponible a dicha convocante, sino que, basándose en esa
misma defensa –y sin un análisis profundo–, concluyó
erróneamente la inexistencia de los siniestros.
En realidad, esos siniestros estaban suficientemente
demostrados con los documentos aportados junto con la
demanda, es decir, cada una de las reclamaciones
acompañadas de los anexos exigidos por la normativa del
SOAT: los tantas veces reseñados FURIPS, epicrisis, historia
clínica y factura.
No se pretende argumentar que estos documentos sean
irrefutables, como ya se dejó consignado, sino que, en tanto
hayan sido diligenciados de manera honesta y transparente
–y en este caso no hay evidencia de lo contrario–, son
suficientes para acreditar la ocurrencia de las lesiones
sufridas en un accidente (siniestro) y el valor de la atención
médica requerida (pérdida).
De todo lo anterior se sigue que el Tribunal transgredió
la ley sustancial, en tanto privó a la legítima beneficiaria del
amparo de gastos médicos del SOAT del pago de la
indemnización a la que tenía derecho, obviando que, de un
lado, en este caso concreto, se habían acreditado las
variables fácticas de las que depende la obligación
condicional de la aseguradora, y de otro, no se probó los
contrario, pues todas las evidencias que aportó la Compañía
Mundial de Seguros S.A. dan cuenta de un fraude atribuible
a terceras personas, ajenas por completo a la IPS actora.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
58
Por ende, el cargo tercero prospera.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Alcance del fallo sustitutivo.
El quiebre de la sentencia de segunda instancia fue
parcial. Para desestimar las pretensiones, el Tribunal negó
algunos cobros por prescripción, y otros por un evento de
fraude atribuible a los tomadores del seguro.
Y el cargo inicial, único que se dirigió contra la primera
de dichas cuestiones, no salió avante –aunque quedó
establecido que se cometió un pequeño error en el cómputo
del término prescriptivo, que redujo artificialmente el alcance
de ese fenómeno liberatorio–. Por tanto, la Sala no se
pronunciará sobre las 247 reclamaciones que ya se
declararon prescritas en ambas instancias, y circunscribirá
su análisis a las 153 reclamaciones restantes.
2. Sentencia de primera instancia.
El juez a quo denegó el pago de las susodichas 153
reclamaciones al amparo de estas reflexiones:
«Indudablemente, aconteció en autos, que Mundial de Seguros
S.A., objetó todas las reclamaciones por las facturas, aportándose
con la contestación de la demanda todos los soportes
documentales, en que se edifican esas objeciones, entre las que se
destacan, varias motivos como que la mayoría de las víctimas no
fueron lesionados por un vehículo cubierto con la póliza SOAT de
Mundial de Seguros, no habiéndose atribuido causalmente la
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ocurrencia del siniestro a dichos vehículos amparados por el
accionado, sino en muchos casos a vehículos que huyeron de la
escena del accidente y no se pudo establecer el mismo, otros
eventos tratan de lesiones no ocurridas en el contexto de un
accidente de tránsito, como los nutridos casos de lesiones fruto de
accidentes domésticos, práctica de deportes, caídas por perdida
de equilibrio de motocicletas, lo que desvirtúa el presupuesto que
las atenciones médicas sean consecuencia de un accidente de
tránsito en que el vehículo involucrado se encuentre amparado con
una póliza SOAT.
(...) El estrado avista la existencia de abundantes documentos
aportados con la contestación de la demanda, en que se aprecia
las objeciones formuladas frente a las facturas no prescritas (...),
tienen la aptitud para enervar las pretensiones de existencia de
las obligaciones invocadas, debido a que con las objeciones se
cuestionan la existencia de esas obligaciones, en razón a que de
las varias razones condensadas en esas copiosas objeciones y las
pruebas arrimadas con las mismas, se establece que la atención
médica prestada por Clínica Altos de San Vicente no puede
imputársele su cobró a Mundial de Seguros, puesto que el
accidente de tránsito percutor de la atención médica a los
lesionados, no cumple con las exigencias del Decreto-Ley 663 de
1993, dado que en unas no existió ni se acreditó el siniestro, por
habérsele demostrado con las objeciones que las lesiones no son
fruto de un accidente de tránsito, ya sea que fueron accidentes
domésticos o prácticas deportivas.
En otras reclamaciones recogidas en las facturas, se demostró que
tocan con los cobros de atenciones médicas con un SOAT de un
vehículo que no estuvo involucrado en el accidente de tránsito,
ocurriendo que en esos casos que el dueño de un vehículo no
interviniente quien generosamente presta su SOAT al accidentado
para obtener la atención médica, debido a que el lesionado tenía
su cobertura vencida, o en otros el vehículo involucrado en el
accidente no se pudo identificar, no siendo atribuible a un
automotor cobijado con una póliza de SOAT de Mundial de
Seguros. Esa realidad probatoria se constata con la revisión de las
documentales acompañadas con la contestación de la demanda
(...), así como los abundantes documentos contentivos por las
investigaciones del accidente adelantada por el demandado,
visibles en la carpeta digital informes de investigación, que se
encuentran en la carpeta anexos de la contestación de la
demanda, no habiéndose cuestionado o tachado esas
documentales, ni siquiera se desconocieron las mismas».
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3. Sustentación del recurso de apelación.
El apoderado de la convocante expuso, en síntesis,
estos argumentos:
(i) La clínica aportó todos los documentos requeridos
por la ley (FURIPS, epicrisis, historia clínica y facturas) para
demostrar la prestación de servicios médicos a víctimas de
accidentes de tránsito, debiéndose resaltar que, según el
artículo 143 de la Ley 1438 de 2011, es suficiente la
declaración del médico de urgencias sobre el accidente para
acreditar el origen de las lesiones, en el marco del sistema de
reclamaciones del SOAT.
(ii) Ninguna de las pruebas que aportó la demandada
«revela la existencia de una concertación, acuerdo o confabulación al
margen de la ley, así como tampoco se evidencia en el expediente prueba
alguna que demuestre que la Clínica Altos de San Vicente S.A.S., hubiere
conocido, concertado o establecido con los lesionados o tomadores de las
pólizas SOAT acuerdos de préstamos de póliza SOAT a personas
accidentadas, para con ello obtener pagos por servicios de salud».
(iii) El juez a quo cometió un error al dar mayor peso
a las pruebas aportadas por la aseguradora, que alegaban
que los accidentes no involucraban vehículos con cobertura
SOAT válida. El fallo apelado ignoró la presunción de buena
fe y no se preocupó por exigir pruebas de que la clínica
hubiera actuado dolosa o negligentemente.
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(iv) Las excepciones basadas en fraudes cometidos
por los tomadores del SOAT no son oponibles a la IPS, de
acuerdo con el numeral 3 del artículo 2.6.1.4.4.1 del Decreto
780 de 2016. La normativa prohíbe que las obligaciones del
tomador afecten la reclamación por servicios prestados.
4. Pronunciamiento de la Sala.
4.1. Análisis de los argumentos de la apelación.
Tal como se indicó, a espacio, en las consideraciones del
recurso de casación, los documentos que deben soportar
cualquier reclamación con cargo a la cobertura de gastos de
salud del SOAT –FURIPS, epicrisis, historia clínica y factura–
no son inexpugnables, ni están exentos de cuestionamiento,
pero sí son suficientes para demostrar tanto la ocurrencia del
siniestro como la cuantía de la pérdida, conforme a las
exigencias del artículo 1077 del Código de Comercio.
Dichos documentos, diligenciados de manera
transparente y apropiada –como cabría esperar en estos
casos–, permiten acreditar las variables esenciales de las que
depende la efectividad de todo contrato de seguro. Por tanto,
la carga de desvirtuar su contenido corresponde a la
compañía aseguradora, quien debe aportar evidencias que
demuestren su invalidez, y que sean oponibles a la IPS.
En este caso, es cierto que la Compañía Mundial de
Seguros S.A. allegó copiosas pruebas de acciones
fraudulentas, pero estas, invariablemente, apuntaban a los
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62
tomadores del seguro, que –de manera irresponsable–
habrían facilitado sus pólizas SOAT a otras personas para
que fueran atendidas por cuenta de sus amparos, o mentido
sobre el origen de sus lesiones. Y, por disposición expresa del
artículo 2.6.1.4.4.1 del Decreto 780 de 2016, circunstancias
como esas no pueden afectar el legítimo reclamo de la IPS.
En términos simples, mientras que los documentos que
allegó la Clínica Altos de San Vicente S.A.S. cumplen con los
requisitos normativos y son suficientes para probar el
siniestro y su cuantía, las objeciones de la aseguradora
carecen de simetría y oponibilidad, pues derivarían de
eventuales comportamientos fraudulentos del tomador del
SOAT, no de la actuación –u omisión– de la parte actora.
Cabe anotar que estas reflexiones resultan aplicables a
todas las causales de “glosas” u “objeciones” que se
agruparon bajo la excepción titulada «inexistencia de la obligación
respecto a las reclamaciones frente a las que se formuló objeción total»;
esto es, «inexistencia de accidente de tránsito»; «póliza prestada
peatón»; «póliza prestada ocupante»; «aclaración de hechos», y
«concurrencia de vehículos», pues a pesar de lo que pudiera
sugerir su denominación, en cada caso pretendió aludirse a
la manifestación mendaz que habría hecho el lesionado al ser
atendido, de común acuerdo con el tomador del SOAT –y sin
participación probada de la IPS demandante–.
Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera
instancia, siendo del caso estudiar las excepciones restantes
del demandado, así como la situación de las reclamaciones
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que, a pesar de haber prescrito, no fueron negadas por esa
razón, sino con ocasión de la excepción de «inexistencia de la
obligación respecto a las reclamaciones frente a las que se formuló
objeción total» a la que acaba de referirse la Sala.
4.2. Análisis de las excepciones restantes.
4.2.1. Amén de las defensas que acogió el juzgador
a quo, la aseguradora presentó seis más; pero cinco de ellas,
a saber, «póliza otra aseguradora (sic)», «ausencia de prestación del
servicio», «inexistencia de la obligación frente a la reclamación pagada»,
«inexistencia de la obligación frente a la reclamación objetada por
pertinencia médica» y «mala fe», se refieren a unas reclamaciones
puntuales –SV127743, SV138150 y SV119374– respecto de
las cuales operó el fenómeno de la prescripción, lo que hace
innecesario cualquier pronunciamiento al respecto.
4.2.2. En cuanto a la restante, denominada
«inexistencia de intereses moratorios», la Sala encuentra que no
está llamada a prosperar, porque la actora presentó sus
reclamaciones con el lleno de los requisitos de ley, y con esa
evidencia de respaldo era suficiente para entender acreditado
su derecho ante el asegurador, según lo que establece el
artículo 1077 del Código de Comercio.
Por consiguiente, como las reclamaciones eran formal y
materialmente idóneas, y no fueron pagadas dentro del mes
siguiente a su radicación, se debe condenar a la compañía
aseguradora a pagar, «además de la obligación a su cargo y sobre el
importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como
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64
bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado en
la mitad»55.
4.3. La cuestión de la prescripción.
Como se explicó detalladamente en el numeral 4.2.3.
del recurso de casación, el juez de primera instancia incurrió
en una imprecisión al computar el término prescriptivo, pues
partió de la fecha de radicación de las reclamaciones,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.6.1.4.4.1 del
Decreto 780 de 2016, que establece que «las [IPS] (...) deberán
presentar las reclamaciones económicas a que tengan derecho con cargo
a la póliza del SOAT, ante la respectiva compañía de seguros, dentro del
término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de
Comercio», contado a partir de «La fecha en que la víctima fue
atendida o aquella en que egresó de la [IPS] (...)».
Es importante resaltar que el hito inicial de la
prescripción ordinaria en cualquier contrato de seguro tiene
naturaleza subjetiva, y se fija desde el momento en que el
interesado conoció, o debió conocer, el hecho que da base a
la acción –de conformidad con el artículo 1081 del Código de
Comercio–. Y, por disposición legal, se entiende que la IPS
beneficiaria tuvo conocimiento del hecho que fundamenta su
reclamo –la prestación de los servicios médicos a una víctima
de accidente de tránsito– desde cuando realizó la atención, o
desde que el paciente egresó de la institución.
55 Artículo 2.6.1.4.3.12. y 2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016, en concordancia con el artículo 1080 del
Código de Comercio.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
65
Ahora bien, a pesar de que, por obvias razones, este
aspecto no fue objeto de reparos en la apelación –el fallo
apelado fue totalmente favorable a la demandada–, la Sala
considera necesario corregir el error cometido en primera
instancia, y declarar la prescripción de 21 reclamaciones
adicionales afectadas por este fenómeno. Este ajuste se
justifica por las siguientes razones:
(i) Resulta imprescindible que la Sala imponga una
condena a la aseguradora demandada, ya que se ha
determinado que procede en este fallo sustitutivo. Por tanto,
tasar esa condena sin tener en cuenta la prescripción de
algunas reclamaciones, identificada en un aparte previo de
esta misma providencia, generaría una contradicción
inaceptable. Es necesario, por tanto, ajustar la condena para
garantizar coherencia de la resolución del conflicto.
(ii) La corrección planteada no vulnera el principio de
reformatio in pejus, ya que el fallo apelado fue totalmente
desestimatorio de las pretensiones. Por tanto, ninguna
decisión que se adopte ahora podría empeorar formalmente
la situación del único apelante. Con todo, como se accederá
parcialmente a esos reclamos, la situación de la clínica
demandante mejorará, incluso si se corrige el número de las
reclamaciones que deben declararse prescritas.
(iii) Aunque el error en el cómputo de la prescripción
no fue objeto de apelación, esto no impide que la Corte lo
subsane. Esto porque, a pesar de ser evidente, ninguna de
las partes pudo plantearlo en su recurso de apelación: la
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demandada no tenía interés en impugnar un fallo que le fue
favorable, y la IPS, al apelar, se centró en reducir el número
de reclamaciones prescritas –no en aumentarlo–.
Es precisamente esta imposibilidad para que las partes
abordaran el tema en la apelación lo que justifica que la Corte
examine ahora esa cuestión, sin exceder sus facultades. Ello
con el fin de armonizar la condena a las exigencias de las
normas de orden público que regulan la prescripción
extintiva, garantizando que todas las reclamaciones
afectadas por ese fenómeno liberatorio reciban un
tratamiento objetivo y uniforme.
(iv) En todo caso, debe resaltarse que la Compañía
Mundial de Seguros S.A. alegó la prescripción en la
oportunidad procesal pertinente, y lo hizo de manera general,
refiriéndose a la totalidad de las pretensiones de su
contraparte. Además, nunca declinó de esa defensa, ni
mucho menos puede deducirse una renuncia del hecho de
no haber apelado el fallo de primera instancia, ya que, se
reitera, carecía de interés para impugnar.
Por lo anterior, se hará el ajuste pertinente, de manera
que se declararán prescritas todas las reclamaciones
asociadas a servicios prestados o egresos de pacientes
anteriores al 19 de noviembre de 2018, lo que, se reitera,
incluiría tanto las 247 que identificó el juzgador a quo,
como 21 reclamaciones adicionales que halló la Corte, al
precisar el punto de partida del término de la prescripción de
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las acciones en cabeza de la IPS beneficiaria del SOAT (para
un total de 268 reclamaciones prescritas).
5. Conclusión.
La actora aportó todos los soportes exigidos por el
artículo 2.6.1.4.2.20 del Decreto 780 de 2016, lo cual, según
la regulación del SOAT, resulta suficiente para acreditar las
variables establecidas en el artículo 1077 del Código de
Comercio. Pese a ello, la compañía aseguradora demandada
no efectuó el pago correspondiente, ni demostró alguna
excepción válida que justificara esa negativa.
Al contrario, la Compañía Mundial de Seguros S.A.
insistió en enrostrar a su contraparte excepciones que, por
disposición legal, le resultaban inoponibles, pues se referían
al comportamiento contractual del tomador del seguro.
Por ende, se debe revocar parcialmente la sentencia
apelada, para en su lugar ordenar el pago de las 132
reclamaciones que no prescribieron (y que corresponden a
atenciones o egresos ocurridos a partir del 19 de
noviembre de 2018), junto con los réditos moratorios
correspondientes.
Para clarificar esos montos y fechas56 diferenciados se
compendian a continuación:
56 Es pertinente señalar que, en todos los casos, tanto en el FURIPS, como en sus anexos, se observan
varios sellos de recibido, con fechas diferentes. Para los efectos de este proceso, la Corte eligió como
fecha de radicación de cada reclamación la más reciente, considerando que la situación descrita se
explica por defectos de forma advertidos por la aseguradora (“glosas”), que se intentaron superar –y, de
hecho, se superaron– en una segunda (o tercera) presentación de los documentos.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
68
FACTURA
N.º
ATENCIÓN /
EGRESO RADICADO % DE MORA
DESDE
MONTO DE
CAPITAL
1 SV140205 19/11/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 45.100
2 SV140799 22/11/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 9.145.888
3 SV140822 24/11/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 1.362.926
4 SV140858 24/11/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 1.358.693
5 SV140969 26/11/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 1.201.238
6 SV141040 28/11/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 1.258.473
7 SV141207 06/12/2018 08/01/2019 09/02/2019 $ 145.592
8 SV142716 06/12/2018 14/01/2019 15/02/2019 $ 74.000
9 SV141041 28/11/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 260.400
10 SV141043 28/11/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.296.673
11 SV141557 03/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.383.078
12 SV141622 03/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 3.468.133
13 SV141631 03/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 260.400
14 SV141106 04/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 8.191.650
15 SV141588 04/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.711.593
16 SV141616 07/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.307.214
17 SV141423 11/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 45.100
18 SV142868 21/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.746.108
19 SV142869 21/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.698.601
20 SV144419 25/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 5.338.014
21 SV142678 27/12/2018 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.588.913
22 SV144293 06/01/2019 01/02/2019 02/03/2019 $ 1.790.414
23 SV140857 24/11/2018 07/03/2019 08/04/2019 $ 260.400
24 SV141632 03/12/2018 07/03/2019 08/04/2019 $ 1.254.676
25 SV142845 07/12/2018 07/03/2019 08/04/2019 $ 7.943.630
26 SV142830 09/12/2018 07/03/2019 08/04/2019 $ 4.738.950
27 SV141767 13/12/2018 07/03/2019 08/04/2019 $ 45.100
28 SV140753 29/11/2018 11/04/2019 12/05/2019 $ 31.200
29 SV141636 03/12/2018 11/04/2019 12/05/2019 $ 437.393
30 SV142692 08/12/2018 17/04/2019 18/05/2019 $ 38.940
31 SV144847 18/01/2019 17/04/2019 18/05/2019 $ 1.805.924
32 SV145669 19/01/2019 17/04/2019 18/05/2019 $ 2.676.239
33 SV145389 23/01/2019 17/04/2019 18/05/2019 $ 93.400
34 SV144809 13/01/2019 23/04/2019 24/05/2019 $ 738.969
35 SV144807 14/01/2019 23/04/2019 24/05/2019 $ 276.024
36 SV144808 14/01/2019 23/04/2019 24/05/2019 $ 3.251.507
37 SV145470 22/11/2018 02/05/2019 03/06/2019 $ 46.700
38 SV141508 08/12/2018 02/05/2019 03/06/2019 $ 4.123.803
39 SV144294 06/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 276.024
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
69
40 SV144306 10/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 1.823.997
41 SV144812 16/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 1.441.786
42 SV144813 16/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 787.575
43 SV146576 18/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 4.787.630
44 SV145104 20/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 2.081.306
45 SV145666 20/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 9.140.060
46 SV145668 20/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 276.000
47 SV145154 21/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 45.100
48 SV145343 21/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 1.364.450
49 SV145583 21/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 140.700
50 SV145226 22/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 45.100
51 SV145508 22/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 1.630.343
52 SV145954 22/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 276.000
53 SV146169 28/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 799.000
54 SV146380 31/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 1.816.508
55 SV146441 31/01/2019 02/05/2019 03/06/2019 $ 1.411.708
56 SV148096 14/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 3.450.085
57 SV147692 18/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 160.800
58 SV147638 19/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 45.100
59 SV148000 22/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 1.338.706
60 SV148029 22/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 1.435.233
61 SV148030 22/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 276.000
62 SV148632 22/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 16.983.949
63 SV148288 28/02/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 176.400
64 SV148869 09/03/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 88.900
65 SV149216 11/03/2019 09/05/2019 10/06/2019 $ 1.509.813
66 SV152887 30/04/2019 13/05/2019 14/06/2019 $ 47.800
67 SV148640 04/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 6.451.670
68 SV149120 12/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 38.518
69 SV149389 14/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 1.867.088
70 SV149477 14/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 276.000
71 SV149615 18/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 47.800
72 SV149617 18/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 47.800
73 SV149649 18/03/2019 17/05/2019 18/06/2019 $ 47.800
74 SV150414 28/03/2019 22/05/2019 23/06/2019 $ 88.900
75 SV155031 23/05/2019 04/06/2019 05/07/2019 $ 1.527.253
76 SV155559 27/05/2019 10/06/2019 11/07/2019 $ 1.100.600
77 SV155402 30/05/2019 10/06/2019 11/07/2019 $ 33.100
78 SV155880 29/05/2019 11/06/2019 12/07/2019 $ 2.650.432
79 SV156176 11/06/2019 17/06/2019 18/07/2019 $ 72.880
80 SV151093 21/03/2019 20/06/2019 21/07/2019 $ 60.500
81 SV150355 25/03/2019 20/06/2019 21/07/2019 $ 2.618.885
82 SV151102 03/04/2019 20/06/2019 21/07/2019 $ 1.302.826
83 SV151103 03/04/2019 20/06/2019 21/07/2019 $ 1.391.133
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
70
84 SV151104 03/04/2019 20/06/2019 21/07/2019 $ 276.000
85 SV156940 05/06/2019 03/07/2019 04/08/2019 $ 276.000
86 SV156901 17/06/2019 03/07/2019 04/08/2019 $ 276.000
87 SV156902 17/06/2019 03/07/2019 04/08/2019 $ 1.386.742
88 SV151509 26/02/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 6.011.233
89 SV151249 30/03/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 5.497.530
90 SV151547 04/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 63.900
91 SV151506 05/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 9.805.308
92 SV151512 05/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 9.373.198
93 SV151513 05/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 276.000
94 SV151436 09/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 86.093
95 SV151742 09/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 44.000
96 SV151658 11/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.329.578
97 SV152016 11/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.835.213
98 SV152022 11/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.068.678
99 SV152114 11/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 259.034
100 SV152118 11/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.359.368
101 SV152005 12/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.456.620
102 SV152122 12/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.293.393
103 SV151693 13/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 47.800
104 SV152057 15/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.416.538
105 SV152438 15/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.023.430
106 SV152269 16/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 233.063
107 SV152295 18/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 1.474.571
108 SV152202 22/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 94.500
109 SV153020 25/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 2.129.713
110 SV153023 25/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 2.384.230
111 SV152672 26/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 71.020
112 SV153379 30/04/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 430.100
113 SV157403 25/06/2019 05/07/2019 06/08/2019 $ 276.000
114 SV150367 27/03/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 838.195
115 SV150368 27/03/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 276.000
116 SV153405 02/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 2.239.506
117 SV153439 03/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 1.413.823
118 SV153440 03/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 1.445.293
119 SV153665 13/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 47.800
120 SV154024 16/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 47.800
121 SV154224 16/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 60.500
122 SV154281 20/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 70.700
123 SV154658 21/05/2019 10/07/2019 11/08/2019 $ 1.787.868
124 SV158305 09/07/2019 18/07/2019 19/08/2019 $ 8.004.517
125 SV158307 09/07/2019 18/07/2019 19/08/2019 $ 276.000
126 SV155042 28/05/2019 23/07/2019 24/08/2019 $ 47.800
127 SV156939 05/06/2019 23/07/2019 24/08/2019 $ 22.082.456
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
71
128 SV155164 23/05/2019 01/08/2019 02/09/2019 $ 46.700
129 SV160966 12/08/2019 21/08/2019 22/09/2019 $ 69.800
130 SV154550 23/05/2019 11/09/2019 12/10/2019 $ 105.400
131 SV148098 12/02/2019 01/11/2019 02/12/2019 $ 13.101.840
132 SV164461 20/09/2019 03/12/2019 04/01/2020 $ 1.599.147
CAPITAL TOTAL: $ 250.836.312
En consecuencia, se ordenará a la Compañía Mundial
de Seguros S.A. pagar a la IPS convocante: (i) $250.836.312,
correspondientes al capital de 132 reclamaciones impagadas;
(ii) $373.495.268, por concepto de intereses de mora
generados hasta el 30 de septiembre de 2024; y (iii) los
intereses de mora que se causen en adelante sobre la
mencionada suma de capital, liquidados a la tasa máxima
legalmente permitida. Estas cifras encuentran respaldo en la
tabla de liquidación que se presenta a continuación57:
FECHA
INICIAL
FECHA
FINAL TML EA INTERÉS
PERÍODO
SALDO
CAPITAL SALDO TOTAL
9/02/19 14/02/19 29,55% $ 62.667 $ 14.517.910 $ 14.580.577
15/02/19 28/02/19 29,55% $ 146.967 $ 14.591.910 $ 14.801.544
1/03/19 1/03/19 29,06% $ 10.342 $ 14.591.910 $ 14.811.886
2/03/19 31/03/19 29,06% $ 950.003 $ 44.678.201 $ 45.848.180
1/04/19 7/04/19 28,98% $ 221.162 $ 44.678.201 $ 46.069.342
8/04/19 30/04/19 28,98% $ 958.329 $ 58.920.957 $ 61.270.427
1/05/19 11/05/19 29,01% $ 458.750 $ 58.920.957 $ 61.729.177
12/05/19 17/05/19 29,01% $ 252.217 $ 59.389.550 $ 62.449.988
18/05/19 23/05/19 179,01% $ 1.096.113 $ 64.004.053 $ 68.160.604
24/05/19 31/05/19 329,01% $ 2.213.877 $ 68.270.553 $ 74.640.980
1/06/19 2/06/19 28,95% $ 96.468 $ 68.270.553 $ 74.737.448
3/06/19 9/06/19 28,95% $ 497.448 $ 100.584.343 $ 107.548.686
10/06/19 13/06/19 28,95% $ 356.221 $ 126.049.329 $ 133.369.894
14/06/19 17/06/19 28,95% $ 356.357 $ 126.097.129 $ 133.774.050
18/06/19 22/06/19 28,95% $ 476.450 $ 134.873.805 $ 143.027.176
23/06/19 30/06/19 28,95% $ 762.822 $ 134.962.705 $ 143.878.898
57 Para simplificar el cálculo, las reclamaciones se agruparon según su fecha de radicación. Las casillas
sombreadas señalan las fechas en las que se radicaron nuevos grupos de reclamaciones, y en ellas se
muestra el capital acumulado de manera progresiva, hasta alcanzar $250.836.312.
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
72
1/07/19 4/07/19 43,92% $ 546.256 $ 134.962.705 $ 144.425.155
5/07/19 10/07/19 43,92% $ 828.657 $ 136.489.958 $ 146.781.065
11/07/19 11/07/19 43,92% $ 139.257 $ 137.623.658 $ 148.054.021
12/07/19 17/07/19 43,92% $ 851.631 $ 140.274.090 $ 151.556.084
18/07/19 20/07/19 43,92% $ 426.037 $ 140.346.970 $ 152.055.001
21/07/19 31/07/19 43,92% $ 1.625.015 $ 145.996.314 $ 159.329.360
1/08/19 3/08/19 28,98% $ 309.728 $ 145.996.314 $ 159.639.088
4/08/19 5/08/19 28,98% $ 209.227 $ 147.935.056 $ 161.787.057
6/08/19 10/08/19 28,98% $ 697.524 $ 197.275.167 $ 211.824.692
11/08/19 18/08/19 28,98% $ 1.162.584 $ 205.502.652 $ 221.214.761
19/08/19 23/08/19 28,98% $ 755.893 $ 213.783.169 $ 230.251.171
24/08/19 31/08/19 28,98% $ 1.334.626 $ 235.913.425 $ 253.716.053
1/09/19 1/09/19 28,98% $ 166.828 $ 235.913.425 $ 253.882.881
2/09/19 21/09/19 28,98% $ 3.337.225 $ 235.960.125 $ 257.266.807
22/09/19 30/09/19 28,98% $ 1.502.196 $ 236.029.925 $ 258.838.802
1/10/19 11/10/19 28,65% $ 1.817.528 $ 236.029.925 $ 260.656.330
12/10/19 31/10/19 28,65% $ 3.306.072 $ 236.135.325 $ 264.067.802
1/11/19 30/11/19 28,55% $ 4.943.030 $ 236.135.325 $ 269.010.832
1/12/19 1/12/19 28,37% $ 163.848 $ 236.135.325 $ 269.174.680
2/12/19 31/12/19 28,37% $ 5.188.167 $ 249.237.165 $ 287.464.686
1/01/20 3/01/20 28,16% $ 515.414 $ 249.237.165 $ 287.980.100
4/01/20 31/01/20 28,16% $ 4.841.393 $ 250.836.312 $ 294.420.640
1/02/20 29/02/20 28,59% $ 5.082.818 $ 250.836.312 $ 299.503.457
1/03/20 31/03/20 28,43% $ 5.405.604 $ 250.836.312 $ 304.909.061
1/04/20 30/04/20 28,04% $ 5.167.611 $ 250.836.312 $ 310.076.672
1/05/20 31/05/20 27,29% $ 5.212.880 $ 250.836.312 $ 315.289.552
1/06/20 30/06/20 27,18% $ 5.027.461 $ 250.836.312 $ 320.317.013
1/07/20 31/07/20 27,18% $ 5.195.043 $ 250.836.312 $ 325.512.055
1/08/20 31/08/20 27,44% $ 5.238.336 $ 250.836.312 $ 330.750.392
1/09/20 30/09/20 27,53% $ 5.084.125 $ 250.836.312 $ 335.834.517
1/10/20 31/10/20 27,14% $ 5.187.393 $ 250.836.312 $ 341.021.911
1/11/20 30/11/20 26,76% $ 4.958.270 $ 250.836.312 $ 345.980.181
1/12/20 31/12/20 26,19% $ 5.026.136 $ 250.836.312 $ 351.006.316
1/01/21 31/01/21 25,98% $ 4.990.137 $ 250.836.312 $ 355.996.453
1/02/21 28/02/21 26,31% $ 4.558.291 $ 250.836.312 $ 360.554.745
1/03/21 31/03/21 26,12% $ 5.013.286 $ 250.836.312 $ 365.568.031
1/04/21 30/04/21 25,97% $ 4.826.674 $ 250.836.312 $ 370.394.705
1/05/21 31/05/21 25,83% $ 4.964.387 $ 250.836.312 $ 375.359.092
1/06/21 30/06/21 25,82% $ 4.801.752 $ 250.836.312 $ 380.160.844
1/07/21 31/07/21 25,77% $ 4.954.079 $ 250.836.312 $ 385.114.923
1/08/21 31/08/21 25,86% $ 4.969.540 $ 250.836.312 $ 390.084.463
1/09/21 30/09/21 25,79% $ 4.796.764 $ 250.836.312 $ 394.881.227
1/10/21 31/10/21 25,62% $ 4.928.286 $ 250.836.312 $ 399.809.513
1/11/21 30/11/21 25,91% $ 4.816.709 $ 250.836.312 $ 404.626.222
1/12/21 31/12/21 26,19% $ 5.026.136 $ 250.836.312 $ 409.652.358
1/01/22 31/01/22 26,49% $ 5.077.459 $ 250.836.312 $ 414.729.816
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
73
1/02/22 28/02/22 27,45% $ 4.733.698 $ 250.836.312 $ 419.463.515
1/03/22 31/03/22 27,71% $ 5.284.083 $ 250.836.312 $ 424.747.598
1/04/22 30/04/22 28,58% $ 5.255.647 $ 250.836.312 $ 430.003.245
1/05/22 31/05/22 29,57% $ 5.596.630 $ 250.836.312 $ 435.599.875
1/06/22 30/06/22 30,60% $ 5.582.530 $ 250.836.312 $ 441.182.405
1/07/22 31/07/22 31,92% $ 5.985.996 $ 250.836.312 $ 447.168.401
1/08/22 31/08/22 33,32% $ 6.213.384 $ 250.836.312 $ 453.381.785
1/09/22 30/09/22 35,25% $ 6.314.415 $ 250.836.312 $ 459.696.201
1/10/22 31/10/22 36,92% $ 6.789.404 $ 250.836.312 $ 466.485.605
1/11/22 30/11/22 38,67% $ 6.836.864 $ 250.836.312 $ 473.322.468
1/12/22 31/12/22 41,46% $ 7.495.430 $ 250.836.312 $ 480.817.898
1/01/23 31/01/23 43,26% $ 7.768.809 $ 250.836.312 $ 488.586.707
1/02/23 28/02/23 45,27% $ 7.289.090 $ 250.836.312 $ 495.875.797
1/03/23 31/03/23 46,26% $ 8.216.918 $ 250.836.312 $ 504.092.715
1/04/23 30/04/23 47,09% $ 8.069.557 $ 250.836.312 $ 512.162.272
1/05/23 31/05/23 45,41% $ 8.090.148 $ 250.836.312 $ 520.252.420
1/06/23 30/06/23 44,64% $ 7.718.797 $ 250.836.312 $ 527.971.217
1/07/23 31/07/23 44,04% $ 7.886.211 $ 250.836.312 $ 535.857.429
1/08/23 31/08/23 43,13% $ 7.748.425 $ 250.836.312 $ 543.605.854
1/09/23 30/09/23 42,05% $ 7.339.990 $ 250.836.312 $ 550.945.844
1/10/23 31/10/23 39,80% $ 7.239.447 $ 250.836.312 $ 558.185.291
1/11/23 30/11/23 38,28% $ 6.777.939 $ 250.836.312 $ 564.963.231
1/12/23 31/12/23 37,56% $ 6.891.010 $ 250.836.312 $ 571.854.240
1/01/24 31/01/24 33,48% $ 6.240.123 $ 250.836.312 $ 578.094.363
1/02/24 29/02/24 34,97% $ 6.061.276 $ 250.836.312 $ 584.155.638
1/03/24 31/03/24 33,45% $ 6.235.264 $ 250.836.312 $ 590.390.902
1/04/24 30/04/24 33,09% $ 5.977.616 $ 250.836.312 $ 596.368.518
1/05/24 31/05/24 31,53% $ 5.921.996 $ 250.836.312 $ 602.290.514
1/06/24 30/06/24 30,84% $ 5.620.937 $ 250.836.312 $ 607.911.451
1/07/24 31/07/24 29,49% $ 5.584.114 $ 250.836.312 $ 613.495.565
1/08/24 31/08/24 29,21% $ 5.536.487 $ 250.836.312 $ 619.032.052
1/09/24 30/09/24 28,85% $ 5.299.527 $ 250.836.312 $ 624.331.579
TOTAL CAPITAL ACUMULADO $ 250.836.312
TOTAL INTERESES MORATORIOS (A 30/9/2024) $ 373.495.268
GRAN TOTAL $ 624.331.580
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
74
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE
la sentencia de 1 de agosto de 2023, dictada en el trámite de
la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla. SIN COSTAS, dada la
prosperidad de la impugnación extraordinaria.
Y, situada en sede de instancia, la Corte
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia que el 18 de
noviembre de 2022 dictó el Juzgado Dieciséis Civil del
Circuito de Barranquilla.
SEGUNDO. DECLARAR la prescripción de las acciones
para el cobro de las sumas de dinero consignadas en
reclamaciones que corresponden a atenciones médicas o
egresos ocurridos con antelación al 19 de noviembre de 2018
y DESESTIMAR las demás excepciones propuestas.
TERCERO. DECLARAR que la Compañía Mundial de
Seguros S.A. debe pagar a la Clínica Altos de San Vicente
S.A.S. doscientos cincuenta millones ochocientos treinta y
seis mil trescientos doce pesos ($250.836.312), por concepto
de capital impagado de 132 reclamaciones presentadas con
cargo a la cobertura de gastos médicos del SOAT.
CUARTO. Ordenar que, sobre esa suma de capital, se
reconozcan intereses moratorios, a la tasa máxima legal,
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
75
liquidados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
para resolver y pagar reclamaciones que prescribe el artículo
2.6.1.4.3.12. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
del Sector Salud y Protección Social.
Esta liquidación arroja, a 30 de septiembre de 2024, el
resultado de trescientos setenta y tres millones cuatrocientos
noventa y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos
($373.495.268). Con posterioridad a esa calenda, bastará
liquidar los réditos moratorios a la tasa señalada y sobre el
capital insoluto total, hasta que se verifique su pago.
QUINTO. COSTAS de ambas instancias a cargo de la
demandada, en un 40% (dada la prosperidad parcial del
petitum). Liquídense, en los términos de los artículos 365-5 y
366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta la
suma de diez millones de pesos ($10.000.000), que la
Magistrada Sustanciadora señala como agencias en derecho.
SEXTO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
76
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(Salvamento parcial de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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