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clave: "corte_suprema:providencia:SC3075-2024 [2021-00094-02]"
titulo: "Corte suprema: SC3075-2024"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-19"
radicado: "2021-00094-02"
numero: "SC3075-2024"
ponente: "Martha Patricia Guzmán Álvarez"
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# Corte suprema: SC3075-2024

- **Título oficial / radicado:** SC3075-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-19
- **Radicado:** 2021-00094-02
- **Número:** SC3075-2024
- **Ponente:** Martha Patricia Guzmán Álvarez
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3075-2024%20%5B2021-00094-02%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3075-2024%20%5B2021-00094-02%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gTWFydGhhIFBhdHJpY2lhIEd1em3hbiDBbHZhcmV6LzEyLi0gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MzMDc1LTIwMjQgWzIwMjEtMDAwOTQtMDJdLnBkZg%3D%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 56 de 2015
- Decreto 780 de 2016
- Ley 663 de 1993

## Extracto

Por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), cuando los servicios que se presten superen las doscientos sesenta y tres coma trece (263,13) Unidades de Valor Tributario (UVT) y hasta setecientos uno coma sesenta y ocho (701,68) Unidades de Valor Tributario (UVT), como consecuencia de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado se encuentre amparado con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y haga parte del rango diferencial por riesgo de que trata el inciso segundo del numeral primero de este artículo». 32 Anexo Técnico n.º 1 del Decreto 780 de 2016; Decreto 2423 de 1996, modificado por el Decreto 2292 de 2023. Por tanto, no es posible afirmar que las compañías aseguradoras estén forzadas, inexorablemente, a pagar todas aquellas reclamaciones que se les presenten con el lleno de los requisitos legales.

## Texto del documento

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada ponente
SC3075-2024
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
(aprobado en sesión de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Se decide el recurso extraordinario de casación
interpuesto por la convocante frente a la sentencia de 1 de
agosto de 2023, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso
verbal que promovió Clínica Altos de San Vicente S.A.S.
contra Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
La sociedad demandante pidió declarar que «prest[ó] (...)
servicios de salud, médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios a
personas lesionadas en accidentes de tránsito por vehículos amparados
con pólizas de seguro SOAT expedidas por la Compañía Mundial de
Seguros S.A.». En consecuencia, solicitó condenar a su
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
2
contraparte al pago de «$592.650.758, como monto o valor de dichos
servicios», junto con los intereses moratorios causados «desde
el mes siguiente a la fecha de presentación o radicación de las solicitudes
(...), hasta la fecha en que se efectúe el pago», liquidados a la tasa
máxima que establece la legislación mercantil.
2. Fundamento fáctico.
Entre julio de 2017 y septiembre de 2019, la Clínica
Altos de San Vicente S.A.S. atendió a varias personas que
sufrieron lesiones en accidentes de tránsito, en los que
presuntamente estuvieron involucrados vehículos cubiertos
por pólizas SOAT, emitidas por la aseguradora demandada.
La demandante presentó ante la Compañía Mundial de
Seguros S.A. las reclamaciones para el pago, siguiendo los
lineamientos del artículo 26 del Decreto 56 de 2015 y demás
normas concordantes. No obstante, esas reclamaciones
fueron objetadas, bajo el argumento de que los pacientes
atendidos habían presentado «pólizas prestadas».
Esto implicaría, por ejemplo, que algunas personas
fingieron haber sufrido un accidente de tránsito para recibir
la atención médica que necesitaban, cuando en realidad
presentaban secuelas de un incidente doméstico; o bien, que
se utilizaron pólizas que no correspondían a los vehículos
involucrados en el siniestro.
Sin embargo, esos motivos de rechazo no están
contemplados en el anexo técnico No. 6 de la Resolución
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
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3047 de 2008, emitida por el Ministerio de la Protección
Social. Además, las circunstancias fácticas en las que se
basaron las objeciones no son oponibles a los beneficiarios,
ni a quienes tengan derecho al pago de los servicios de salud,
según lo dispone el artículo 41-3 del Decreto 56 de 2015.
3. Actuación procesal.
3.1. Enterada del auto admisorio de la demanda, la
aseguradora se opuso al petitum, y esgrimió las excepciones
de «prescripción de la acción derivada del contrato de seguro»;
«inexistencia de la obligación respecto a las reclamaciones en que se
formuló objeción total»; «inexistencia de la obligación frente a la
reclamación pagada»; «inexistencia de la obligación frente a la
reclamación objetada por pertinencia médica»; «temeridad y mala fe», e
«inexistencia de intereses moratorios».
3.2. Mediante fallo de 18 de noviembre de 2022, el
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Barranquilla negó las
pretensiones, tras advertir que 247 de las 400 reclamaciones
de la Clínica Altos de San Vicente S.A.S. habían prescrito. En
cuanto a las demás, indicó que «la demandante no cumplió con la
carga de demostrar que las facturas (...) fuese (sic) por accidentes de
tránsito en que se encuentren involucrados vehículos amparados por una
póliza expedida por Mundial de Seguros S.A.».
3.3. Inconforme con esa decisión, la parte vencida
interpuso el recurso de apelación.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal confirmó lo decidido en primera instancia.
Adujo, en sustento, que de acuerdo con el articulo 2.6.1.4.4.1
del Decreto 780 de 2016, «las IPS o las personas beneficiarias,
según sea el caso, deberán presentar las reclamaciones económicas a
que tengan derecho con cargo a la póliza del SOAT, ante la respectiva
compañía de seguros, dentro del término de prescripción establecido en
el artículo 1081 del Código de Comercio».
También consideró que «el término de la prescripción
ordinaria al que hace mención la norma precitada debe computarse
desde que el nosocomio elevó la reclamación ante la aseguradora
Mundial de Seguros S.A.», razón por la cual «las acciones que se
derivan de las 247 facturas relacionadas en (...) la sentencia de primera
instancia se encuentran prescritas, antes de la presentación de la
demanda». Con todo, precisó que el juzgado a quo «cometió el
dislate al mencionar la “prescripción de las facturas”», cuando «lo
correcto es hablar de “prescripción de la acción de reclamación”,
fundamentada en las facturas aportadas como pruebas».
Por otra parte, indicó que «para la Sala es acertado (sic) las
valoraciones realizadas por la juez a quo, en cuanto a se determinó que
Clínica Altos de San Vicente no puede endilgarle a Mundial de Seguros
los costos de la atención médica prestada». Lo anterior en tanto que
«no se puede concluir, sin hesitación, la existencia de un accidente de
tránsito primigenio, que originó la asistencia a los lesionados, en algunos
casos, y en otros, aunque si ocurrió el siniestro vial, para cobrar la
prestación del servicio asistencia, no cumple con los requisitos
establecidos en el Decreto-Ley 663 de 1993».
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Para finalizar, resaltó que «se presentaron atenciones que
eran ajenas al cubrimiento del SOAT, verbigracia, se adujo la ocurrencia
de un siniestro vial, con un velocípedo que en realidad no partición en tal
hecho; también se acudió a la práctica de facilitar a quien no tiene el
seguro obligatorio, o éste está vencido, por parte de un tercero, para
obtener la atención medida, de quien se vio involucrado en el accidente,
pero, no contaba con la cobertura asegurativa, o en su defecto no se
puede identificar el vehículo implicado en el accidente. Por tanto, estos
cargos no son atribuibles a un automotor con una póliza de SOAT de
Mundial de Seguros S.A.».
DEMANDA DE CASACIÓN
Al sustentar el recurso extraordinario de casación la
convocante presentó tres cargos, fundados en las causales
primera, tercera y segunda del artículo 336 del Código
General del Proceso, respectivamente.
CARGO PRIMERO
Se denunció la trasgresión directa de los artículos 1077
y 1081 del Código de Comercio; 11 del Decreto 56 de 2015,
compilado en el artículo 2.6.1.4.4.1 del Decreto 780 de 2016;
27, 28, 1502, 1602, 1603, 2512, 2535 y 2536 del Código
Civil; y 2, 822 y 823 del Código de Comercio.
Para la recurrente, el Tribunal atribuyó al artículo 11
del Decreto 56 de 2015 «un alcance distinto al que realmente tiene»,
creando «una figura de prescripción inexistente en el ordenamiento
jurídico». Es, por tanto, incorrecta la conclusión de dicha
corporación, según la cual «el término de prescripción de dos años»
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que consagra el artículo 1081 del Código de Comercio aplica
a las acciones judiciales para el cobro de gastos médicos
asociados a accidentes amparados por una póliza SOAT, ya
que aquella norma, en realidad, solo se refiere al plazo para
presentar reclamaciones ante la respectiva aseguradora.
Insistió en que el fallo de segunda instancia «confundió el
término para presentar reclamaciones, que es un procedimiento
administrativo, con un término de prescripción», y que «ninguna ley
establece que el término para reclamar sea equivalente o igual al término
de prescripción». Y adujo también que la motivación del fallo de
segunda instancia carece «de coherencia interna», pues fija «dos
momentos diferentes para el inicio del término de prescripción»: uno,
desde «la prestación del servicio», y otro, desde «la formulación de la
reclamación», inconsistencia que pone de manifiesto la
incomprensión de las pautas que disciplinan el caso.
Finalmente, la actora alegó que la ausencia de una regla
especial de prescripción para estas obligaciones, propias del
ámbito del SOAT, imponía al Tribunal acudir a «las
disposiciones del Código Civil»; en particular, al artículo 2536 de
dicha preceptiva, donde están establecidos los términos
generales de prescripción de las acciones ejecutivas y
ordinarias –cinco y diez años, respectivamente–.
CARGO SEGUNDO
La convocante sostuvo que la sentencia de segunda
instancia incurrió en el vicio de incongruencia, «habida cuenta
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que consideró y falló excepciones que el demandado adujo y que no
estaba facultado para formular, y menos para resolverse».
En punto de lo anterior indicó que, de conformidad con
el artículo 2.6.1.4.4.1. del Decreto 780 de 2016, «a las víctimas
de los accidentes de tránsito, a los beneficiarios o a quienes tengan
derecho al pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de
que trata el presente Capítulo, no les serán oponibles excepciones
derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al
incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Por lo tanto, solo
serán oponibles excepciones propias de la reclamación tales como pago,
compensación, prescripción o transacción».
Con similar orientación, resaltó que, «pese a la claridad y
contundencia normativa, la parte demandada, cuando concurrió al
proceso y expuso sus defensas, invocó excepciones que no estaba
autorizada aducir». Y, como si fuera poco, «el juez de primera
instancia y, luego, el ad quem (...) estudiaron y acogieron el medio de
defensa alusivo a la no existencia del accidente de tránsito o a defectos
de la póliza utilizada (...)». Por esa vía, concluyó diciendo que, «a
raíz de la aceptación y acogida de las excepciones formuladas,
diferentes al pago, compensación, transacción y prescripción (...), el
Tribunal permeó la controversia y habilitó la discusión de temas o puntos
que no podían ser presentados y analizados en este escenario».
CARGO TERCERO
En opinión de la casacionista, el Tribunal incurrió en
diversos errores de hecho y de derecho –estos últimos,
relacionados con la infracción de los artículos 164, 165, 167,
176, 243, 244, 250 y 257 del Código General del Proceso–,
que resultaron en la trasgresión indirecta de los preceptos 2,
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822, 823, 1077 y 1081 del Código de Comercio; 11 del
Decreto 56 de 2015; 143 de la Ley 1438 de 2011; 27, 28,
1495, 1502, 1602, 1603, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,
2512, 2535 y 2536 del Código Civil; y 38 y 39 de la Ley 153
de 1887.
En desarrollo de esta acusación, afirmó que en el fallo
impugnado se cometió en un grave desatino, al inaplicar las
reglas probatorias establecidas para acreditar la ocurrencia
de un accidente de tránsito en el contexto del SOAT,
especialmente la prevista en el artículo 143 de la Ley 1438
de 2011, según el cual las declaraciones del médico de
urgencias, emitidas en el formato oficial del Ministerio de
Salud y Protección Social, constituyen «prueba suficiente» para
demostrar el siniestro que ampara el seguro obligatorio.
Para la entidad impugnante, el ad quem no les reconoció
ese alcance probatorio a las declaraciones de los médicos
tratantes, sino que, por el contrario, asignó mayor peso
demostrativo a los informes elaborados por un investigador
privado, contratado por la aseguradora. Por esa vía, también
criticó que no se valorara como documento público el «formato
que el médico de urgencias debe diligenciar», y que se permitiera su
contradicción con base en el «informe rendido por una entidad
privada, contratada para ‘investigar el siniestro’ y, los testimonios de
sus empleados [los de la aseguradora, se aclara]».
De otro lado, la impugnante cuestionó que se hubiera
invertido la carga de la prueba, al considerar que era la parte
reclamante quien «debió proceder a refutar (sic) el informe que
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elaboró la empresa privada, contratada para investigar el accidente de
tránsito y [que], al no haberlo hecho, lo convalidó y le proveyó firmeza».
También apuntó que, «al momento de radicarse la reclamación del
pago, la recurrente entregó a la demandada el formulario diligenciado
por el médico de urgencias que atendió a la víctima; los documentos de
epicrisis y la historia de la asistencia médica, al igual que las facturas
que recogían el valor de los servicios suministrados», evidencias
suficientes «para formalizar y justificar el pago, en la medida en que
(...) las propias normas que rigen el SOAT así lo tienen establecido».
En línea con lo anterior, explicó que, «si en cabeza de la
actora radicaba el compromiso de acreditar el siniestro, y así lo hizo, a
través de la prueba idónea (...), al igual que la epicrisis y la historia
clínica, así como el valor del servicio, a la parte demandada le
correspondía infirmar dichos documentos o lo que de ellos se desp

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

% $ 4.841.393 $ 250.836.312 $ 294.420.640
1/02/20 29/02/20 28,59% $ 5.082.818 $ 250.836.312 $ 299.503.457
1/03/20 31/03/20 28,43% $ 5.405.604 $ 250.836.312 $ 304.909.061
1/04/20 30/04/20 28,04% $ 5.167.611 $ 250.836.312 $ 310.076.672
1/05/20 31/05/20 27,29% $ 5.212.880 $ 250.836.312 $ 315.289.552
1/06/20 30/06/20 27,18% $ 5.027.461 $ 250.836.312 $ 320.317.013
1/07/20 31/07/20 27,18% $ 5.195.043 $ 250.836.312 $ 325.512.055
1/08/20 31/08/20 27,44% $ 5.238.336 $ 250.836.312 $ 330.750.392
1/09/20 30/09/20 27,53% $ 5.084.125 $ 250.836.312 $ 335.834.517
1/10/20 31/10/20 27,14% $ 5.187.393 $ 250.836.312 $ 341.021.911
1/11/20 30/11/20 26,76% $ 4.958.270 $ 250.836.312 $ 345.980.181
1/12/20 31/12/20 26,19% $ 5.026.136 $ 250.836.312 $ 351.006.316
1/01/21 31/01/21 25,98% $ 4.990.137 $ 250.836.312 $ 355.996.453
1/02/21 28/02/21 26,31% $ 4.558.291 $ 250.836.312 $ 360.554.745
1/03/21 31/03/21 26,12% $ 5.013.286 $ 250.836.312 $ 365.568.031
1/04/21 30/04/21 25,97% $ 4.826.674 $ 250.836.312 $ 370.394.705
1/05/21 31/05/21 25,83% $ 4.964.387 $ 250.836.312 $ 375.359.092
1/06/21 30/06/21 25,82% $ 4.801.752 $ 250.836.312 $ 380.160.844
1/07/21 31/07/21 25,77% $ 4.954.079 $ 250.836.312 $ 385.114.923
1/08/21 31/08/21 25,86% $ 4.969.540 $ 250.836.312 $ 390.084.463
1/09/21 30/09/21 25,79% $ 4.796.764 $ 250.836.312 $ 394.881.227
1/10/21 31/10/21 25,62% $ 4.928.286 $ 250.836.312 $ 399.809.513
1/11/21 30/11/21 25,91% $ 4.816.709 $ 250.836.312 $ 404.626.222
1/12/21 31/12/21 26,19% $ 5.026.136 $ 250.836.312 $ 409.652.358
1/01/22 31/01/22 26,49% $ 5.077.459 $ 250.836.312 $ 414.729.816
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
73
1/02/22 28/02/22 27,45% $ 4.733.698 $ 250.836.312 $ 419.463.515
1/03/22 31/03/22 27,71% $ 5.284.083 $ 250.836.312 $ 424.747.598
1/04/22 30/04/22 28,58% $ 5.255.647 $ 250.836.312 $ 430.003.245
1/05/22 31/05/22 29,57% $ 5.596.630 $ 250.836.312 $ 435.599.875
1/06/22 30/06/22 30,60% $ 5.582.530 $ 250.836.312 $ 441.182.405
1/07/22 31/07/22 31,92% $ 5.985.996 $ 250.836.312 $ 447.168.401
1/08/22 31/08/22 33,32% $ 6.213.384 $ 250.836.312 $ 453.381.785
1/09/22 30/09/22 35,25% $ 6.314.415 $ 250.836.312 $ 459.696.201
1/10/22 31/10/22 36,92% $ 6.789.404 $ 250.836.312 $ 466.485.605
1/11/22 30/11/22 38,67% $ 6.836.864 $ 250.836.312 $ 473.322.468
1/12/22 31/12/22 41,46% $ 7.495.430 $ 250.836.312 $ 480.817.898
1/01/23 31/01/23 43,26% $ 7.768.809 $ 250.836.312 $ 488.586.707
1/02/23 28/02/23 45,27% $ 7.289.090 $ 250.836.312 $ 495.875.797
1/03/23 31/03/23 46,26% $ 8.216.918 $ 250.836.312 $ 504.092.715
1/04/23 30/04/23 47,09% $ 8.069.557 $ 250.836.312 $ 512.162.272
1/05/23 31/05/23 45,41% $ 8.090.148 $ 250.836.312 $ 520.252.420
1/06/23 30/06/23 44,64% $ 7.718.797 $ 250.836.312 $ 527.971.217
1/07/23 31/07/23 44,04% $ 7.886.211 $ 250.836.312 $ 535.857.429
1/08/23 31/08/23 43,13% $ 7.748.425 $ 250.836.312 $ 543.605.854
1/09/23 30/09/23 42,05% $ 7.339.990 $ 250.836.312 $ 550.945.844
1/10/23 31/10/23 39,80% $ 7.239.447 $ 250.836.312 $ 558.185.291
1/11/23 30/11/23 38,28% $ 6.777.939 $ 250.836.312 $ 564.963.231
1/12/23 31/12/23 37,56% $ 6.891.010 $ 250.836.312 $ 571.854.240
1/01/24 31/01/24 33,48% $ 6.240.123 $ 250.836.312 $ 578.094.363
1/02/24 29/02/24 34,97% $ 6.061.276 $ 250.836.312 $ 584.155.638
1/03/24 31/03/24 33,45% $ 6.235.264 $ 250.836.312 $ 590.390.902
1/04/24 30/04/24 33,09% $ 5.977.616 $ 250.836.312 $ 596.368.518
1/05/24 31/05/24 31,53% $ 5.921.996 $ 250.836.312 $ 602.290.514
1/06/24 30/06/24 30,84% $ 5.620.937 $ 250.836.312 $ 607.911.451
1/07/24 31/07/24 29,49% $ 5.584.114 $ 250.836.312 $ 613.495.565
1/08/24 31/08/24 29,21% $ 5.536.487 $ 250.836.312 $ 619.032.052
1/09/24 30/09/24 28,85% $ 5.299.527 $ 250.836.312 $ 624.331.579
TOTAL CAPITAL ACUMULADO $ 250.836.312
TOTAL INTERESES MORATORIOS (A 30/9/2024) $ 373.495.268
GRAN TOTAL $ 624.331.580
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
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administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley, CASA PARCIALMENTE
la sentencia de 1 de agosto de 2023, dictada en el trámite de
la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla. SIN COSTAS, dada la
prosperidad de la impugnación extraordinaria.
Y, situada en sede de instancia, la Corte
RESUELVE
PRIMERO. MODIFICAR la sentencia que el 18 de
noviembre de 2022 dictó el Juzgado Dieciséis Civil del
Circuito de Barranquilla.
SEGUNDO. DECLARAR la prescripción de las acciones
para el cobro de las sumas de dinero consignadas en
reclamaciones que corresponden a atenciones médicas o
egresos ocurridos con antelación al 19 de noviembre de 2018
y DESESTIMAR las demás excepciones propuestas.
TERCERO. DECLARAR que la Compañía Mundial de
Seguros S.A. debe pagar a la Clínica Altos de San Vicente
S.A.S. doscientos cincuenta millones ochocientos treinta y
seis mil trescientos doce pesos ($250.836.312), por concepto
de capital impagado de 132 reclamaciones presentadas con
cargo a la cobertura de gastos médicos del SOAT.
CUARTO. Ordenar que, sobre esa suma de capital, se
reconozcan intereses moratorios, a la tasa máxima legal,
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
75
liquidados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
para resolver y pagar reclamaciones que prescribe el artículo
2.6.1.4.3.12. del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
del Sector Salud y Protección Social.
Esta liquidación arroja, a 30 de septiembre de 2024, el
resultado de trescientos setenta y tres millones cuatrocientos
noventa y cinco mil doscientos sesenta y ocho pesos
($373.495.268). Con posterioridad a esa calenda, bastará
liquidar los réditos moratorios a la tasa señalada y sobre el
capital insoluto total, hasta que se verifique su pago.
QUINTO. COSTAS de ambas instancias a cargo de la
demandada, en un 40% (dada la prosperidad parcial del
petitum). Liquídense, en los términos de los artículos 365-5 y
366 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta la
suma de diez millones de pesos ($10.000.000), que la
Magistrada Sustanciadora señala como agencias en derecho.
SEXTO. REMÍTASE el expediente a la autoridad
judicial competente.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
Radicación n.º 08001-31-53-016-2021-00094-02
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
(Salvamento parcial de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3075-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-12-19. C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Rad. 2021-00094-02. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3075-2024%20%5B2021-00094-02%5D).
