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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3047-2024
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
(Aprobado en sesión de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Carlos Ruperto Clavijo Ruiz frente a la sentencia de 13 de
agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso
declarativo que promovió contra Mansarovar Energy
Colombia Ltd.
I.- EL LITIGIO
1.- La accionante pidió declarar responsable civil y
extracontractualmente a la convocada por el volcamiento el
9 de junio de 2008 del tracto camión de placas SVA433 en el
pozo Moriche, ubicado en la vereda Puerto Serviez de Puerto
Boyacá, en virtud del mal estado de la vía de acceso, razón
por la cual debe indemnizar un lucro cesante de $7’500.000
mensuales desde junio de 2008 «hasta la fecha en que se
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realice el reconocimiento y pago total y efectivo de dichas
obligaciones» y el daño emergente estimado en $258’874.000
por la pérdida total del rodante y demás conceptos
relacionados con el acto dañoso. En subsidio elevó iguales
reclamaciones pecuniarias, pero por ser «económica y civil
contractualmente responsable».
En sustento de dichas aspiraciones relató que importó
el vehículo en 1993 «bajo carta de crédito tomada con el Banco
Tequendama» y desde ese momento «ha ejercido de manera
pública, pacífica, quieta e ininterrumpida, ejecutando actos de
señor y dueño, el derecho de posesión», al cual le acondicionó
en 1997 el tráiler R-10203.
Entre las sociedades Montejo Castillo & Cía. S. en C. y
Mansarovar Energy Colombia Limitada existió desde
septiembre de 2007 «una relación contractual encaminada a
transportar hidrocarburos y/o derivados del petróleo, dentro
del campo petrolero denominado Campo Jazmín, ubicado en
la Vereda Puerto Serviez» por medio de órdenes de servicio,
en virtud de la cual convino como contratista con la primera
empresa, el 24 de septiembre de 2007, un «contrato de
prestación de servicios» por medio del cual vinculó el
automotor de placa SVA433 y como conductor asignado a
Manuel Medina Falla.
El 27 de noviembre de 2007 se le practicó revisión
técnico mecánica al tractocamión y se encontraba en
«perfectas condiciones», además de que contaba con
certificado de emisión de gases de la misma data, cumpliendo
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así las exigencias para prestar el servicio, fuera de superar
un examen riguroso de su estado mecánico y el del tanque,
como se exigía de «cualquier vehículo que entrara a
transportar y prestar su servicio en la petrolera», siendo
asignado a partir del 18 de abril de 2008 a Fernando
Rodríguez Pinzón, quien fue vinculado laboralmente con tal
fin por un término de 90 días.
Las vías de acceso a los pozos exploratorios «eran
realizadas, adecuadas y construidas por la entidad
demandada, o quien ella designara, al igual que su
mantenimiento» y los recorredores que estaban al servicio de
aquella «emitían la correspondiente autorización para el
ingreso del vehículo al pozo a cargar el crudo», según decisión
del ingeniero de turno «para ser transportado el hidrocarburo
a Campo Jazmín».
Para la época eran exigibles una «hoja de seguridad, la
cual poseía un contenido informativo de todas y cada una de
las características del crudo, referentes al sitio de donde se
extraía, es decir su densidad, composición, temperatura,
ebullición, grado de explosión y su peso por galón», además de
una «tarjeta de emergencia en la cual constaba la
identificación de peligros para la salud, equipos de protección
a la salud, primeros auxilios, medidas en caso de accidentes
y primeros auxilios, entre otros», los cuales no fueron
presentados por Mansarovar a las autoridades que llevaron
a cabo la inspección.
El 9 de junio de 2008 a las 7:40 p.m., en inmediaciones
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del pozo Moriche, «se presentó un volcamiento del vehículo
tracto camión SVA433, con su respectivo tráiler»,
produciéndose incluso el deceso por ahogamiento de Samuel
Enrique Bustos quien iba acompañando al conductor,
mientras se desplazaba por una vía en malas condiciones
según investigación de accidente de trabajo suscrita por
Licenciado en Salud Ocupacional e informe elaborado por el
CTI el 11 siguiente.
De acuerdo con la «Resolución 004100 de 2004», el peso
bruto admitido para un tractocamión de dos ejes, tomando
en su conjunto el cabezote, el tanque y la carga, no puede
exceder de 48.000 kilos y para el día de los hechos, a pesar
de tener sobrepeso, un funcionario de Mansarovar «sin ser la
persona facultada para el efecto, permitió el paso del
vehículo», fuera de que no existía un control para el manejo
del producto; como el percance ocurrió a las 7:40 de la noche
el traslado se hizo por fuera del horario establecido; la
presencia del tercero occiso al interior del rodante estaba
prohibida; e incluso se desatendieron las exigencias del
Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte «en la
ejecución de sus obligaciones legales y contractuales».
La causa del accidente fue el mal estado de la vía, cuyo
mantenimiento era «obligación de la sociedad demandada,
por tratarse de un inmueble de su propiedad privada» y el
perjuicio «derivó de la pérdida total del vehículo y los daños
ocasionados al tráiler; las sumas de dinero dejadas de percibir
por dicho motivo y las consecuencias que se derivaron de su
avería», fuera de $30’000.000 en honorarios que debió
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asumir para su defensa frente a las reclamaciones laborales
de los familiares del trabajador difunto y gastos adicionales
por $3’580.000 para atender el siniestro, $1’200.0000 de
traslado en grúa del bien desde el sitio del percance a Bogotá,
$750.000 por movilizarlo al lugar donde reposa, $13’064.000
de parqueadero «por los 1.633 días transcurridos (…) desde el
día 08 de enero de 2010, hasta el día 30 de junio de 2014»,
$2’780.000 erogados para «poder continuar prestando sus
servicios a la convocada» y $7’500.000 «por concepto de
reparación y mantenimiento realizados al carro tanque de
placa R-10203»1.
2.- Mansarovar Energy Colombia Ltd. se opuso y
excepcionó la «inexistencia de los requisitos exigidos por la ley
para que exista responsabilidad civil extracontractual o
contractual», «falta de interés en la causa por activa»,
«prescripción», «culpa exclusiva de la víctima», «inexistencia de
la obligación», «inexistencia del daño», «cobro de lo no debido»,
«mala fe», «inexistencia de la relación de causalidad entre el
hecho del demandado y el daño alegado» y «culpa de la víctima
por no evitar la extensión de los efectos del daño»2.
3.- El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá,
en fallo de 2 de septiembre de 2019, profirió fallo accediendo
parcialmente a las aspiraciones del promotor al condenar a
la contradictora pagarle $6’090.000 de daño emergente y
$118’387.000 por lucro cesante.
1 Fls. 122 al 136 cno. 1
2 Fls. 218 a 249 cno. 1.
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Para el efecto comenzó por establecer la legitimación de
las partes, que para el demandante radicaba en la calidad
demostrada de poseedor del vehículo siniestrado, mientras
que la opositora era la propietaria del inmueble donde
ocurrió el accidente y encomendó el transporte de
hidrocarburos, que constituye «una actividad riesgosa, en la
cual opera una presunción de culpa».
Frente a la culpa endilgada a la opositora quedó
demostrado que le «correspondía el mantenimiento de las vías
al interior de los pozos petroleros» en los terrenos de su
propiedad, así como que «para la fecha en que acaeció el
siniestro, la carretera se encontraba lisa y fangosa», fuera de
que «no se encontraba ningún tipo de señalización, ni
iluminación y no tenía muros de contención», todo lo que
constituye «la causa determinante y eficiente del accidente».
No obstante, pasó a estudiarse «la conducta asumida por
el conductor del tracto camión accidentado, ya que ejecutó
acciones que de manera concurrente fueron también causa del
accidente», pues a pesar de «contar con una amplia
experiencia y conocedora de los riesgos» se movilizó por fuera
del horario permitido y acompañado, aunque eso estaba
prohibido, lo que da lugar a una concurrencia de culpas y la
consecuente reducción del «monto a indemnizar en un 30%».
No se abordó la pretensión subsidiaria por cuanto
quedó establecido que entre las partes «no medio ningún tipo
de relación contractual» y por salir avante la principal.
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Al entrar a establecer la indemnización de perjuicios se
desestimó el reclamo por la pérdida total del vehículo en vista
de la insuficiencia de la experticia aportada, mientras que los
demás gastos y rubros carecen de pruebas, mientras que el
pago del parqueadero «es un costo causado por el
incumplimiento de la obligación que tenía el demandante de
tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño»
y el que debiera asumir honorarios en otros litigios «no fue
producto de la responsabilidad derivada de la empresa aquí
accionada, sino por el contrario de la relación laboral que el
convocante sostenía con los conductores fallecidos en el
accidente»3.
4.- Ambas partes apelaron y el superior revocó la
determinación al encontrar demostrada la «falta de
legitimación en la causa por activa» que planteó la
contradictora.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Debe atenderse previamente «si el demandante goza de
legitimación en la causa por activa en el entendido que el actor
basa el reclamo de los perjuicios irrogados por los daños
ocasionados al tracto camión de placas SVA-433, en su
condición de poseedor», por lo que es necesario «verificar si se
encuentran reunidos los elementos que exigen el artículo 762
del Código Civil para su configuración, entendido como la
3 Fls. 756 a 792 cno. 1.
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tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y
dueño, urgiendo para su existencia de los requisitos del
animus y el corpus».
El interrogatorio absuelto por el gestor deja entrever que
reconoce dominio en cabeza de «Petroleum Cargo S.A., al
punto de señalar que la cancelación de la matrícula no se ha
efectuado por cuanto él no figura como propietario, y que el
traspaso del vehículo se hizo por cuenta de su esposa por
orden de él, a nombre de Petrolium Cargo S.A.» (sic), lo que
infirma la calidad aducida, «careciendo así del animus»,
puesto que «los actos de señorío y dueño emanados del
pretenso poseedor deben materializarse en forma nítida,
diáfana, sin develar el más mínimo requisito de
clandestinidad y duda sobre su condición de señorío».
Aunque los testimonios «apuntaban a la acreditación de
la calidad de poseedor», perdieron peso porque «el mismo
demandante reconoce el dominio ajeno, lo cual se confirma con
la copia simple de la escritura pública 3655 del 23 de
diciembre de 1998 de la Notaría Treinta y Tres del Círculo de
Bogotá, en donde se protocolizó la disolución y liquidación de
la sociedad patrimonial», donde se le adjudicó a Zulima Flórez
Velásquez «el vehículo de placas SVA433 y que luego traspasó
a favor de la sociedad Petrolium Cargo S.A., de la cual el actor
es integrante de la junta directiva» (sic).
Conforme al artículo 777 del Código Civil el transcurrir
del tiempo no muta en posesión la tenencia, ya que «quien ha
reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío,
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trocarse en posesión , sino desde cuando de manera pública,
vierta (sic), franca, le niegue el derecho que antes le reconocía
y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio,
con absoluto rechazo de aquel».
Adicionalmente, el promotor es miembro de la Junta
Directiva de la titular del derecho de dominio del automotor
y cuyo principal objeto social es «la prestación del servicio de
transporte Nacional e Internacional de carga terrestre líquida
y seca, especializada en el movimiento de carga para el sector
petrolero, equipo de transporte de equipos» y movilización de
«mercancías, insumos subproductos de la industria petrolera»,
por lo que es estrecha la relación «entre las actividades que
ejerce el demandante como persona natural con las de la
sociedad» y «puede inferirse que la persona jurídica es la que
se encuentra legitimada para solicitar el reconocimiento de los
perjuicios» al no poder «abrogarse derechos en detrimento de
lo demás asociados, salvo que se revele públicamente contra
el propietario, con actos inequívocos que revelen su calidad de
señorío, elementos que no se encuentran presentes».
Al no quedar demostrada la calidad que pregonó el
gestor, no podía «abrirse paso a la reclamación de perjuicios»
ante el éxito de la defensa de «falta de legitimación en la causa
por activa», lo que releva «estudiar los demás reparos de la
parte demandada, así como los presentados por el extremo
actor»4.
4 Fls. 24 a 32 cno. 6.
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III.- DEMANDA DE CASACIÓN
Carlos Ruperto Clavijo Ruiz recurrió en casación y
plantea cuatro cargos con base en la segunda causal del
artículo 336 del Código General del Proceso, todos inspirados
en las mismas normas y argumentos, por lo que se
conjuntarán para su estudio.
PRIMER CARGO
Denuncia la violación indirecta «a causa de la falta de
aplicación de los artículos 740, 742, 762, 768, 775, 777, 786,
788, 1602, 1605, 1613, 1616, 1618, 1757, 2341, 2342 y 2343
del Código Civil; y 165, 167, 176, 191, 196, 240, 241 y 242
del Código General del Proceso, artículos 434, 435, 436, 437
y 438 del Código de Comercio y artículos 13, 29 y 58 de la
Constitución Política», como consecuencia de errores de hecho
en la apreciación de las pruebas, que llevó a «no dar por
probado, estándolo, que el señor Carlos Ruperto Clavijo Ruíz
era poseedor del vehículo tractocamión de placas SVA433 y su
tráiler de placas R-10203 para la fecha del accidente».
Es así como se valoraron «defectuosamente» los
interrogatorios de parte, la escritura 3655 de 1988 de la
Notaría 33 de Bogotá y el certificado de «Cámara de Comercio
de la sociedad Petrolium Cargo S.A.» (sic), mientras que se
dejaron de sopesar los testimonios de Benjamín Eduardo
Díaz, Jhon Jairo Buitrago Betancourt, Álvaro Alexander
Góngora López y Lola Bohórquez Rodríguez, además de los
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siguientes documentos: Registro de importación No.
L592100 0827912; despacho para «consumo parciales o
totales de importación»; registro de importación No. L592115
0133617; hojas descriptivas Nos. L592110 0302041 y
L592110 0302042; declaración de Aduanas
93020100102645450; formulario único nacional No.093-
3527909; formulario nacional de revisión de vehículos
No.14380; control de emisiones de gases No.32013;
traspasos Nos. 007740 y 045257; contrato de prestación de
servicios que refiere al vehículo vinculado por parte de Carlos
Clavijo a Montejo Castillo; anexo No.01 en el folio 48 del
expediente digital; certificación de pago por concepto de
transporte de crudo de Montejo Castillo a favor de Carlos
Clavijo; memoriales dirigidos a la Fiscalía General de la
Nación y al Juzgado Penal del Circuito solicitando entrega del
vehículo de placas SVA-433; constancia de la Fiscalía
Primera Seccional de Puerto Boyacá ordenando la entrega del
automotor al peticionario; declaración extraprocesal del
gestor; constancia de recibido de la orden de entrega de
Mansarovar; recibo de transporte de grúa luego del
accidente; constancia de recibido de la entrega del cabezote.
Del interrogatorio que él absolvió se extrae que tuvo una
relación con la convocada desde 2007 al «2011 o 2012
aproximadamente, respecto del vehículo tipo tractocamión de
placas SVA433 y su tráiler de placas R-10203» que tenía bajo
posesión desde su importación en 1993 y la cual conservó a
pesar de los traspasos posteriores a Zulima Flórez Vásquez
en 1999, Carbones y Petróleos Colombianos - Carbopetrol
S.A. en 2006 y finalmente a «Petrolium Cargo S.A.» (sic), ya
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que siempre actuó como su dueño, de ahí que se dividió su
dicho para restarle peso a las precisiones brindadas y que
debía ser contrastado con el contrato de prestación de
servicios suscrito con su oponente en 2007, «las diligencias
que se llevaron a cabo en la Fiscalía Seccional Primera de
Puerto Boyacá junto con las acciones realizadas (…) ante
Mansarovar Energy Colombia Ltda., tendientes a la entrega
del automotor», fuera de que en la actualidad «tiene bajo su
resguardo el vehículo».
El instrumento por el cual se adjudicó a Zulima Flórez
Velásquez el rodante fue otorgado el 23 de diciembre de 1998
«y el accidente ocurrió en el mes de junio de 2008, es decir,
casi 10 años después», por lo que no podía concluirse que por
ese medio «lo despojó desde el año 1998 hasta el 2008 del
señorío de la posesión», como lo desvirtúan los demás medios
demostrativos que se indican ignorados ya que con
posterioridad a esa data «ejerció actos propios de señorío para
configurar la posesión, realizó el pago de tecnomecánicas,
reparó el vehículo y lo explotó económicamente como el dueño»,
puesto que con el traspaso se disfrazó la verdadera intención
de «que el vehículo no figurara a su nombre en virtud de los
problemas de seguridad que se derivaron del secuestro de su
señor padre».
Si bien del certificado de existencia y representación de
«Petroleum Cargo S.A. A. con NIT 900.086.001-1» se extrae que
él «fue nombrado como miembro de la junta directiva mediante
acta No. 01 de junta de socios del 01 de abril de 2006, inscrita
el 11 de mayo de 2006 bajo el número 01054794 del libro IX»,
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eso no implicaba que hubiera dejado de actuar como dueño
del automotor, ya que siguió asumiendo los gastos
ordinarios, «aunado a que entre la sociedad Petroleum Cargo
S.A. nunca se celebró un contrato para que el señor Carlos
Ruperto Clavijo pudiera celebrar algún tipo de negocio en
donde estuviera inmerso el vehículo».
Su vinculación directa era con la contratista Montejo
Castillo & Cía. S. en C. que contaba con autonomía para
suplir las órdenes de servicio de la contradictora, cuyo
representante al absolver interrogatorio «afirmó que el
vehículo tipo tractocamión de placas SVA433 y su tráiler de
placas R-10203 que era de posesión del señor Clavijo fue
accidentado en campos petroleros» de su propiedad.
Un estudio minucioso de las declaraciones de terceros
era suficiente para constatar que el gestor «actuó como
poseedor del vehículo al momento de los hechos», si se advierte
como Benjamín Eduardo Díaz expuso que «el vehículo objeto
de litis era de la compañía Transportes Arcos y de propiedad
del señor Carlos Ruperto Clavijo, que este lo importó a finales
del año 1993, siendo este el responsable del mantenimiento y
quien pagaba los mantenimientos y ejercía actos de señor y
dueño respecto del mismo»; Jhon Jairo Buitrago Betancourt
manifestó que trabajó con el automotor y para la época del
siniestro lo conducía Fernando Rodríguez por órdenes de
Carlos Ruperto Clavijo quien pagaba sus servicios y «es el
dueño de la tractomula y que siempre le había realizado la
revisión tecnicomecánica junto con el seguro por ser el
propietario del rodante»; Álvaro Alexander Góngora López
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relató que «los conductores ejecutaban la actividad de
transporte por intermedio de la sociedad Montejo Castillo &
Cía. S. en C. y del señor Carlos Ruperto Clavijo, quien fungía
como jefe de estos, aunado a que dentro de la misma sociedad
se encontraban una flota de vehículos que eran de propiedad
del señor Carlos Ruperto Clavijo»; y según lo narrado por Lola
Bohórquez Rodríguez «en virtud del contrato de prestación de
servicios suscrito con la sociedad Montejo Castillo & Cía. S. en
C. en el año 2007 el señor Carlos Ruperto Clavijo dispuso a
esta cinco vehículos para realizar el transporte de
hidrocarburos, entre los cuales se encontraba el vehículo tipo
tractocamión de placas SVA433 y su tráiler de placas R-
10203».
Con los documentos que se relacionan desatendidos
también se prueba el señorío, ya que fue él quien «llevó a cabo
la importación del vehículo de placa SVA433» en 1993; se
encargó de la revisión mecánica y de gases del mismo;
«cuenta con los documentos originales del vehículo»; al actuar
como contratista lo puso a disposición de terceros para su
explotación; se le reconoció la calidad aducida por las
autoridades que adelantaban las actuaciones penales
derivadas del acto lesivo; en diligencias extraprocesales el
mismo atestó en compañía de dos testigos «que ejerce la
posesión»; «permanecía al corriente de la ubicación del
vehículo luego del accidente»; fue quien solicitó el servicio de
grúa y le fue entregado el «cabezote del vehículo».
Como se puede ver «la prueba testimonial, documental y
los interrogatorios de parte recolectados en la primera
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instancia resultaban suficientes para acreditar los elementos
exigidos en el artículo 762 del Código Civil, referente a la
calidad de poseedor», debiéndosele reputar dueño, máxime
cuando «Petrolium Cargo S.A., nunca se hizo parte del
presente asunto aunado a que este nunca sostuvo ninguna
relación contractual con la sociedad Montejo Castillo & Cía. S.
en C.» (sic).
Al estar acreditado que «para la fecha de los hechos
actuaba como poseedor de dichos bienes muebles, se tiene que
fueron vulnerados sus derechos respecto del daño emergente
y lucro cesante del que fue objeto con ocasión a siniestro
acaecido el día 9 de junio del año 2008 en el Pozo Moriche
ubicado en la vereda Puerto Serviez del Municipio de Puerto
Boyacá», puesto que el resultado le fue completamente
adverso, cuando debió confirmarse el fallo del a quo en lo que
le resultó beneficioso y modificarlo para «declarar que no hubo
concurrencia de culpas», debiendo resarcir la opositora la
totalidad de los perjuicios ocasionados y demostrados.
SEGUNDO Y TERCER CARGOS
Los siguientes dos embates corresponden a una
transcripción literal del inicial, difiriendo solo en la forma
como se estiman infringidas las normas invocadas, puesto
que en los dos siguientes acude a idéntica vía, pero en el
segundo se afirma que fue «a causa de la aplicación
indebida»; mientras que en el tercero dice que fue «a causa
de la falta de aplicación de los artículos 742 y 2342 del Código
Civil y la aplicación indebida» de los restantes.
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CUARTO CARGO
Con igual discurso en el desarrollo de la censura solo
discrepa en señalar que se incurrió en
(…) error de derecho cometido por la falta de aplicación de los
artículos 165, 167, 176, 184, 191, 196, 197, 240, 241 y 242 del
Código General del Proceso, lo que conllevó a una indebida
aplicación de los artículos 762, 768, 769, 1602, 1618, 2341, 2342
del Código Civil; y artículos 13, 29, 58 de la Constitución Política,
como consecuencia de los errores cometidos por el Juzgado de
segunda instancia al realizar la división de la confesión contenida
en el interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Ruperto
Clavijo Ruiz con las que se dió por demostrado sin estarlo que el
señor Carlos Ruperto Calvijo no estaba legitimado por activa para
solicitar el reconocimiento y pago de los perjuicios sufridos con
ocasión al siniestro ocurrido el día 9 de junio del año 2008 en
donde se vió inmerso el vehículo de placas SVA433debido a que
supuestamente reconocía la posesión en cabeza de la señora
Zulima Flórez Velasquez y de la sociedad Petrolium Cargo S.A, por
ello, denuncio que se fragmentaron las normas probatorias
contenidas en los artículos 191, 196 y 197 del Código General del
Proceso debido a la fata de aplicación de estas, lo cual engendra
la violación de la ley sustancial. (sic)
Así mismo añade que el yerro de jure consiste en
● No dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 196 del Código
General del Proceso al momento de valorar el interrogatorio de
parte rendido por el señor Carlos Ruperto Clavijo, debido a que a
pesar de la confesión realizada por este, no se tomó en cuenta el
contexto en el que fue dirigido, es decir, para acreditar el ánimo de
señor y dueño que ostenta el señor Carlos Ruperto Clavijo respecto
del vehículo tipo tractocamión de placas SVA433 y su tráiler de
placas R-10203, desde la fecha de su importación hasta la
actualidad.
● Desconocer que en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 del
Código General del Proceso y muy a pesar de que en el
interrogatorio de parte rendido por el señor Carlos Ruperto Clavijo
se refirió a que la propiedad del vehículo de placas SVA433 estaba
en cabeza de la señora Zulima Flórez Velasquez y luego de la
sociedad Petrolium Cargo S.A,, con las pruebas documentales,
testimoniales y el interrogatorio de parte quedó plenamente
probado que mi poderdante ejerce actos de señor y dueño desde
el año 1993 hasta la fecha la posesión respecto del vehículo tipo
tractocamión de placas SVA433 y su tráiler de placas R-10203.
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● Desconocer que dentro del interrogatorio de parte el señor Carlos
Ruperto Clavijo aseguró que la propiedad del vehículo de placas
SVA433 se encontraba en cabeza de distintas personas en virtud
de los problemas de seguridad que se derivaron del secuestro de
su señor padre, sin embargo, en realidad el automotor nunca salió
de la posesión del señor Carlos Ruperto Clavijo dado que era este
quien costeaba todos los gastos correspondientes a soat,
tecnicomecánica, mantenimientos, histórico vehicular y sanciones
que obran a folios 1 a 269 del pdf denominado
“CuadCuadernoFisico1TomoII.pdf” del expediente digital, en
donde se evidencia que todos estos trámites fueron adelantados
por el señor Carlos Ruperto Clavijo.
● Desconocer que el demandante Carlos Ruperto Clavijo Ruíz no
reconoce dominio en cabeza de la sociedad Petroleum Cargo S.A.
● Desconocer que el demandante Carlos Ruperto Clavijo Ruíz no
reconoce dominio en cabeza de Zulima Flórez. ● Desconocer que
con la copia simple de la escritura pública 3655 del 23 de
diciembre de 1998 de la Notaría 36 del Círculo de Bogotá D.C. el
demandante no reconoce necesariamente dominio ajeno, al
adjudicarse el vehículo a la señora Zulima Flórez y posteriormente
realizarse el traspaso a favor de la sociedad Petroleum Cargo S.A.
● Desconocer que el demandante Carlos Ruperto Clavijo Ruíz no
actuó como tenedor y siempre ha tenido su condición a la poseedor
del vehículo pluricitado.
● Desconocer que el demandante Carlos Ruperto Clavijo no ha
querido abrogarse derechos respecto del vehículo de placas
SVA433 en detrimento de los demás asociados de la compañía
Petroleum Cargo S.A.
● Desconocer que que el demandante Carlos Ruperto Clavijo tenía
legitimación en la causa por activa para reclamar los perjuicios
ocasionados al rodante de placas SVA433 con ocasión al siniestro
acaecido el día 09 de junio del año 2008, debido a que hizo una
aplicación indebido a lo dispuesto en el artículo 2342 del Código
Civil. (sic)
CONSIDERACIONES
1.- Justificación del despacho conjunto.
Si bien se postulan cuatro cargos, una lectura
minuciosa revela que todos ellos corresponden a uno solo,
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esto es un mismo ataque por la senda indirecta derivada de
yerros de facto en la valoración de las pruebas recaudadas,
unas que se indican desfiguradas y las otras preteridas, ya
que el añadido por la forma como resultaron vulneradas las
normas sustanciales invocadas, por falta de aplicación en el
inicial, indebidamente aplicadas en el segundo y una
mezcolanza de esas dos figuras en el tercero, se diluye en el
resto del discurso de sustentación, sin que se logre constatar
una argumentación divergente que amerite precisiones sobre
el particular.
Lo mismo acontece en el cuarto, ya que a pesar de
anunciar un yerro de jure y citar preceptos probatorios en
respaldo, nuevamente se insiste en idénticas elucubraciones
sobre los defectos del fallo a los tres que lo anteceden sin
estructurar en forma eficiente algún aspecto puntual que
logre diferenciarlo de los restantes.
2.- Delimitación de los alcances de la
impugnación.
El fundamento toral de la pretensión indemnizatoria
esbozada por el demandante consistió en que, para la época
de los hechos que abren paso a la reclamación, ejercía la
posesión del tracto camión de placas SVA433 que resultó
siniestrado.
La decisión revocatoria del Tribunal frente al fallo
estimatorio de primer grado derivó de la desacreditación de
tal supuesto, ya que quedaba desvirtuado su señorío al
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
19
mediar reconocimiento por el gestor de dominio en cabeza de
terceros, sin que con posterioridad se evidenciara un acto de
rebeldía que permitiera replantear dicha situación.
En disentimiento de esa postura acude en casación el
vencido alegando que existió una grave equivocación del ad
quem al sopesar los medios de convicción, puesto que
desfiguró algunos y prescindió de otros que evidenciaban la
calidad aducida que lo legitimaba para promover la acción,
razón por la cual debe replantearse el caso bajo los términos
expresados al sustentar la alzada.
3.- La propiedad, la posesión y la tenencia.
Si bien el pleito se enarboló de forma conjunta por el
sendero de la responsabilidad extracontractual como
principal y en subsidio la contractual, la discusión quedó
ceñida a la inicial que fue la que encontró eco en primer
grado.
Bajo esa perspectiva cobra peso lo que establece el
artículo 2342 del Código Civil respecto de quiénes son los
titulares para ejercer ese tipo de acción en el entendido de
que la indemnización que deriva de los delitos y las culpas
puede perseguirla «no sólo el que es dueño o poseedor de la
cosa sobre la cual ha recaído el daño o su heredero, sino el
usufructuario, el habitador, o el usuario, si el daño irroga
perjuicio a su derecho de usufructo, habitación o uso»,
agregando que también puede hacerlo «el que tiene la cosa,
con obligación de responder de ella; pero sólo en ausencia del
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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dueño».
Dicho precepto escenifica las tres condiciones en que se
puede encontrar el afectado, ya sea como propietario,
poseedor o tenedor de los bienes involucrados en el hecho
dañoso, de ahí la relevancia de precisar en cuál de ellas se
clasifica el reclamante al acudir ante la administración de
justicia, ya que como quedó resaltado en CSJ SC5187-2020
corresponden a
(…) fenómenos jurídicos inconfundibles que pueden identificarse
individualmente, no obstante, son complementarios y pueden
analizarse como parte de una unidad. Aun cuando pueden
concurrir las más de las veces en un mismo sujeto de derecho,
forman una trilogía de derechos, cada uno, estructurado por
singulares y especiales elementos.
En relación con las cosas la persona puede encontrarse en una de
esas tres posiciones o situaciones, cuyas consecuencias jurídicas
varían en cada caso y confieren a su titular derechos subjetivos
distintos. En la tenencia, simplemente se despliega poder externo
y material sobre el bien (artículo 775 Código Civil), pues se “(…)
ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre
del dueño”, como el acreedor prendario, el secuestre, el
usufructuario, el usuario, el habitador. En la posesión, a ese poder
material se une el comportarse respecto del bien como si fuese
propietario (canon 762, ibídem) “con ánimo de señor y dueño”. Y
en la propiedad, que por excelencia permite usar (ius utendi), gozar
(ius fruendi) y disponer (ius abutendi) de la cosa, es derecho in re,
con exclusión de todas las demás personas dentro del marco del
precepto 669, ejusdem, caso en el cual se tendrá la posesión unida
al derecho de dominio, si se es dueño; y en caso de no serlo, se
tratará del poseedor material.
En ese mismo pronunciamiento se expuso como «[e]l
ánimo de señorío sobre el bien, marca la diferenciación entre la
mera tenencia y la posesión, a tal punto que el propio legislador así
lo consagró en el derecho positivo, al disponer que el simple
transcurso del tiempo “no muda la mera tenencia en posesión”
(artículos 777 y 780 el Código Civil)», para precisar que la
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
21
(…) posesión urge la presencia de dos elementos el corpus y el
ánimus (artículo 762 del Código Civil); en cambio, la mera tenencia
sólo requiere uno de esos dos elementos, el corpus. Es mero
tenedor quien tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Para que
exista la mera tenencia solo se exige la detención material,
mientras que la posesión requiere no solo la tenencia, sino el ánimo
de tenerla obrando como señor y dueño.
Ahora bien, a pesar de la individualidad reseñada no es
extraño que en una misma persona puedan coincidir las
calidades de propietario y poseedor o que un mero tenedor
pase a desempeñarse como poseedor en virtud de un cambio
de ánimo patentizado y evidente, situación esta última sobre
la cual se indicó en la providencia en cita que
(…) un tenedor puede convertirse en poseedor siempre que se
rebele expresa y públicamente contra el derecho del propietario
desconociéndole su calidad de señor y empezando una nueva
etapa de señorío ejercido no sólo a nombre propio sino con actos
nítidos de rechazo y desconocimiento del derecho de aquél a cuyo
nombre con antelación ejercía la tenencia, intervirtiendo,
innovando y trocando su situación jurídica, en forma ostensible,
porque, por ejemplo, el mero no pago de los cánones por un
arrendatario no significa que adquiera su condición de poseedor,
únicamente se convierte en tal cuando de manera pública, abierta,
franca, niega el derecho que antes le reconocía al propietario.
Punto este que por su relevancia fue tratado en CSJ
SC481-2024, en un caso de usucapión bajo dichos
parámetros, para recordar como
[i]nveteradamente la Corte ha previsto la posibilidad de que un
tenedor abandone su posición y empiece a asumir
comportamientos de señor y dueño respecto de un mismo bien,
siempre y cuando se acredite de forma irrefutable el instante en
que se produjo el cambio de ánimo que habilitó la posibilidad de
adquirirlo por prescripción.
Tal carga para el usucapiente no es de poca monta ya que, como
insistentemente lo ha recordado la Sala, al tenor del artículo 777
del Código Civil «[e]l simple lapso de tiempo no muda la mera
tenencia en posesión», de ahí que debe existir un esfuerzo
mayúsculo para constatar el hecho determinante y el instante
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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mismo en que se dejó de reconocer el derecho ajeno para empezar
a actuar de forma independiente y autónoma, con desconocimiento
de cualquier otra persona o personas con expectativas de dominio
sobre el objeto.
De allí que fuera reiterado ahí mismo que la
trascendencia de dicho acto de transformación implica para
quien lo predica un arrojo mayúsculo para
(…) demostrar, sin lugar a dudas o equivocaciones, que operó en
su ánimo una transmutación al renunciar a todo lo que estaba
atado a la tenencia del bien, para comenzar un señorío
completamente ajeno a cualquier vínculo del cual derivaba aquella,
por medio de actos relevantes que así lo evidencien.
No puede pretenderse, entonces, que sean los falladores quienes
tengan que realizar ingentes esfuerzos para interpretar aspectos,
tan subjetivos, como las implicaciones en la voluntad que se
derivan de las decisiones adversas en los pleitos contractuales
entre las partes, máxime cuando no definen a cabalidad la
situación en que quedan los pactantes en virtud de estas.
En resumen, cuando quien acciona divulga que es
poseedor y en esa condición se basa su reclamo debe agotar
todos los medios necesarios para acreditarlo, pero si tal
hecho está precedido de algún reconocimiento de dominio
ajeno, del cual renegó con posterioridad para empezar a
ejercer señorío en nombre propio, debe quedar plenamente
establecido cuándo operó el instante decisivo en que ello
operó, so pena de que se siga teniendo como un mero
tenedor.
4.- Análisis de los reparos frente al fallo de
segundo grado.
En la sentencia confutada se diferenciaron claramente
dos etapas en la relación que ha unido a Carlos Ruperto
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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Clavijo Ruiz con el tracto camión de placas SVA433, de un
lado la de propietario con pleno ejercicio de la posesión con
antelación a la suscripción de la escritura de «disolución y
liquidación de sociedad patrimonial» que tenía con Zulima
Flórez Velásquez y la pérdida de ambas calidades a partir de
ese acto, así como por el conocimiento y aceptación de las
posteriores transferencias, lo que lo constituiría en un mero
tenedor.
Así se concluye de la precisión en el sentido que
(…) si bien, el demandante alega ser el poseedor del bien, lo cierto
es que reconoce dominio en cabeza de la sociedad Petroleum Cargo
S.A., al punto de señalar que la cancelación de la matrícula no se
ha efectuado por cuanto el no figura como propietario, y que el
traspaso del vehículo se hizo por cuenta de su esposa por orden
de él, a nombre de Petrolium Cargo S.A., con lo que se infirma su
posesión, careciendo así del animus.
Es necesario reiterar que los actos de señorío y dueño emanados
del pretenso poseedor deben materializarse en forma nítida,
diáfana, sin develar el más mínimo resquicio de clandestinidad y
duda sobre su condición de señorío, lo cual no fue demostrado en
el caso concreto, porque se reconoció desde un principio que la
propiedad estuvo radicada en cabeza de su exesposa Zulima
Flórez, quien luego fue traspasada a la sociedad Pretolium Cargo
(…).
Por tanto, no exhibiendo el actor el mentado elemento, no podía el
a-quo tener por acreditada su ánimo de señorío, ya que si bien las
pruebas testimoniales apuntaban a la acreditación de la calidad
de poseedor, ello queda carente de soporte si el mismo
demandante reconoce el dominio ajeno, lo cual se confirma con la
copia simple de la escritura pública 3655 del 23 de diciembre de
1998 de la Notaría Treinta y Tres del Círculo de Bogotá, en donde
se protocolizó la disolución y liquidación de sociedad patrimonial,
celebrada entre el aquí demandante y la señora Zulima Flórez
Velásquez, a quien se le adjudicó el vehículo de placas SVA433,y
que luego traspasó a favor de la sociedad Pretrolium Cargo S.A.
(…) -sic-.
Tal disquisición no reniega de la titularidad del derecho
de dominio en cabeza del demandante con antelación al
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traspaso e incluso admite que éste ejerció la potestad
dispositiva al otorgar el instrumento de distribución de
bienes sociales el 23 de diciembre de 19985, momento a
partir del cual el activo salió de su patrimonio.
Lo anterior incide en lo vano de la propuesta del censor
frente a las deficiencias del Colegiado, como se procede a
discriminar:
a.-) Respecto del reclamo por haber preterido
múltiples documentos, en su mayoría se refieren a
acontecimientos previos al 23 de diciembre de 1998 y reflejan
procederes que están fuera de discusión, como que el gestor
fue quien adelantó los trámites de importación del rodante y
que la matrícula inicial fue diligenciada a su nombre.
Es así como en el registro de importación No.
L5921000827912 figura como «válido hasta: 31 oct. 1993»6;
el «despacho para consumo parciales o totales de importación»
tiene como fecha «nov. 9/93»7; el registro de importación No.
L5921150133617 presenta como fecha de vencimiento el
31/10/93 y un cambio al 30/11/938; en las hojas
descriptivas No. L5921100302041 y L59211003020429 no
aparece data de elaboración, pero es evidente que debe ser
5 La escritura pública 3655 de 23 de diciembre de 1998, otorgada en la
Notaría 33 de Bogotá, obrante a folios 515 a 520 cno. 1, hace parte de la documental
remitida por el SIETT Cundinamarca como «copia del histórico vehicular de placas
SVA433».
6 Fl. 5 cno. 1, pág. 10 pdf CuadernoFísico1TomoI_ocred.
7 Fl. 5 vto. cno. 1, pág. 11 id 6.
8 Fl. 6 cno. 1, pág. 12 id 6.
9 Fls. 7 y 8 cno. 1, págs. 14 y 16 id 6.
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
25
coetánea a los anteriores documentos por tratarse de
«mercancía nueva» a importar; en la declaración de Aduanas
9302010010264545 consta como «fecha levante/embarque»
el «10/nov/1993»10; el formulario único nacional No. 093-
352790911 dónde figura «datos del propietario Clavijo Ruiz
Calos Eduardo», registra como «fecha del trámite» el
«18/11/93»; y el «traspaso No. 007740»12 del remolque
R10203 a nombre de Carlos Ruperto Clavijo Ruíz aparece
expedido el «03/03/97».
Esas piezas resultaban intrascendentes para los fines
del debate ya que nada aportaban para establecer quién tenía
la posesión del automotor accidentado el 9 de junio de 2008,
por ser muy anteriores a esa calenda e incluso al 23 de
diciembre de 1998 en que voluntariamente Carlos Ruperto
Clavijo Ruiz convino la transferencia del dominio en favor de
su compañera de vida.
b.-) Los restantes documentos que se denuncian
inadvertidos tampoco resultan determinantes de señorío en
cabeza del gestor para la época en que aconteció el hecho
dañoso, ya que algunos no se refieren a él, como acontece
con la tarjeta donde consta el traspaso del remolque R10203
No. 04525713 el «09/09/2006» y se anuncia como propietario
a «Petroleum Cargo S.A.», mientras que otros contienen
información sobre circunstancias que indistintamente
10 Fl. 9 cno. 1, pág. 18 id 6.
11 Fl. 10 cno. 1, pág. 20 id 6.
12 Fl. 13 cno. 1, pág. 26 id 6.
13 Fl. 13 cno. 1, pág. 26 id 6.
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
26
podrían asociarse tanto a dicha figura como a la de mero
tenedor del bien.
En el «contrato de prestación de servicios» suscrito el 24
de septiembre de 2007 entre Víctor J. Montejo Castillo en
calidad de representante de Castillo y Cía., como contratante,
y Carlos R. Clavijo Ruíz a título de contratista14, se fijó como
objeto «transportar hidrocarburos y/o derivados del petróleo
en vehículos tractocamiones de propiedad, tenencia y/o
posesión de EL CONTRATISTA el cual este pone a disposición
de la empresa Mansarovar Energy Colombia Ltd, por
intermedio de EL CONTRATANTE» -se resalta-, lo que quiere
decir que se extendía a cualquiera de las categorías indicadas
y sin que en el «Anexo No. 01»15 que hace parte del mismo,
donde se relaciona el vehículo de placa SVA433 y el tanque
de plaqueta R-10203, se hiciera constar en qué calidad de las
referidas los detentaba, pero que al quedar excluida la de
dueño en virtud de la titularidad en cabeza de terceros, podía
coincidir indistintamente tanto como poseedor, según
invocaba el gestor, o tenedor conforme a lo que encontró
demostrado el ad quem, disyuntiva en la cual cobra mayor
valor la última cuando no se logra quebrar su juicio.
La certificación de 29 de agosto de 200816 de pagos a
Carlos Clavijo R «por concepto de servicio de transporte de
crudo, mediante el tractocamión de placas SVA433, marca
Kenworth T800, modelo 1994, color morado, tanque R10203»,
14 Fls. 20 a 23 cno. 1, págs. 40 a 46 id 6.
15 Fl. 24 cno. 1, pág. 48 id 6.
16 Fl. 25 cno. 1, pág. 50 id 6.
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tampoco especifica que los recibiera en virtud del señorío.
Los memoriales por medio de los cuales Carlos Ruperto
Clavijo Ruíz, alegando ser poseedor, solicitó la entrega del
vehículo accidentado a la Fiscalía General de la Nación
«Fiscal Seccional Primera de Puerto Boyacá Radicado 2008-
80549» el 28 de julio de 200817 y al «Juez Penal del Circuito
de Garantía Puerto Boyacá» en las mismas diligencias el 9 de
septiembre de 200818, por sí solos no son demostrativos de
dicha calidad, puesto que no vienen acompañados del
proveído donde se accedió a tal pedimento, fuera de que la
insistencia por medio del segundo claramente denota que el
primero fue negado.
En cuanto a la constancia de que la Fiscalía Primera
Seccional de Puerto Boyacá ordenó el 22 de octubre de 2008
la entrega a Carlos Ruperto Clavijo Ruíz del vehículo de
placas SVA433 y el tráiler N° R-1020319, tampoco fue
acompañada de la providencia que así lo dispuso ni mucho
menos se señala que fuera reconocida la posesión a quien los
recibiría.
Por su lado en la declaración extraprocesal de Carlos
Clavijo en la Notaría 51 de Bogotá el 21 de octubre de 200820,
los otros dos comparecientes se limitaron a exponer que
conocían a aquel por más de 40 años y «ratifica[ban] en todas
17 Fl. 50 cno. 1, pág. 92 id 6.
18 Fls. 51 y 52 cno. 1, págs. 94 y 96 id 6.
19 Fl. 53 cno. 1, pág. 98 id 6.
20 Fl. 54 cno. 1, pág. 100 id 6.
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
28
sus partes lo manifestado por él en la presente declaración»,
lo que quiere decir que no hizo una exposición clara y directa
de algún hecho del que tuviera conocimiento, prestándose
para «corroborar» el dicho del interesado en el sentido de que
ostentaba «en calidad de poseedor el vehículo tracto camión
de placas SVA-433 en forma quieta, pública y pacífica e
ininterrumpidamente desde hace más de cinco (5) años», fuera
de que a esa data «no se encuentra adelantando proceso
posesorio, ni reivindicatorio alguno en el que se encuentre
vinculado el vehículo». Una exposición tan limitada y sesgada
resulta inane para los propósitos del litigio, máxime cuando
ni siquiera fue practicada en aras de allegarla al presente
pleito ya que estaba destinada a la Fiscalía Seccional de
Puerto Boyacá.
En el escrito de 4 de noviembre de 2008, por medio del
cual el promotor informa a la contradictora la entrega por la
Fiscalía del «vehículo automotor de placas SVA-433 con su
correspondiente tráiler tanque de placas R-10203», así como
el estado de las diligencias penales y solicita «autorización
para retirar los rodantes en mención a fin de ser trasladados
a la ciudad de Bogotá»21, ninguna alusión se hace a que
estuviera actuando como poseedor, de ahí que no
desvirtuaría que en realidad lo hiciera como mero tenedor.
Eso mismo acontece con la Factura 0051 expedida el 8 de
enero de 201022 y donde se indica que corresponde a un
«servicio solicitado por Carlos R. Clavijo», así como el recibo
21 Fls. 55 y 56 cno. 1, págs. 102 y 104 id 6.
22 Fl. 102 cno. 1, pág. 196 id 6.
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de 30 de junio de 2014 donde Oxitanques Ltda. señala que
recibió de la misma persona el valor de «parqueadero en las
instalaciones de nuestra compañía del cabezote accidentado
distinguido con las placas SVA-433»23
Finalmente, en el «formulario nacional de revisión de
vehículos No.14380» y el «control de emisiones de gases
No.32013», ambos del 27 de noviembre de 2007, no figura el
nombre de quién adelantó dichas gestiones, pero se reporta
como «propietario: Petroleuk Cargo S.A.» (sic) 24.
Como quedo resaltado, ninguno de los documentos que
señala preteridos el opugnador tiene el alcance que pretende
derivar de ellos, ya sea vistos en forma individual o conjunta,
razón por la cual se cae de peso su reclamo.
c.-) Lo propio ocurre con las declaraciones de
Benjamín Eduardo Díaz, Jhon Jairo Buitrago Betancourt,
Álvaro Alexander Góngora López y Lola Bohórquez Rodríguez,
que en contra de lo que aduce el censor al pregonar que
fueron «pruebas no apreciadas», resultaron sopesadas pero
demeritadas frente al contundente reconocimiento del
dominio ajeno por el demandante y de ello quedó constancia
en el fallo cuando se expuso que
(…) si bien las pruebas testimoniales apuntaban a la
acreditación de la calidad de poseedor, ello queda carente de
soporte si el mismo demandante reconoce el dominio ajeno, lo cual
se confirma con la copia simple de la escritura pública 3655 del 23
de diciembre de 1998 de la Notaría Treinta y Tres del Círculo de
23 Fl. 103 cno. 1, pág. 198 id 6.
24 Fl. 11 y 12 cno. 1, págs. 22 a 24 id 6.
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Bogotá, en donde se protocolizó la disolución y liquidación de
sociedad patrimonial, celebrada entre el aquí demandante y la
señora Zulima Flórez Velásquez (…) -se resalta-.
Esa precisión, a pesar de lo concisa, revelaba que todos
ellos fueron tomados en cuenta por su dicho y se les dio
crédito a lo narrado desde su perspectiva personal, sin que
las alusiones a la posesión en cabeza de Carlos Ruperto
Clavijo Ruiz fueran suficientes para desvirtuar el proceder de
este al admitir «dominio ajeno», ni mucho menos reflejen la
existencia de un acto concreto de rebeldía que hubiera
modificado tal conducta, de ahí que el mérito que pudiera
derivar de ellos estaría condicionado a una equivocación
manifiesta en la lectura del proceder del promotor que no
quedó debidamente estructurada, como se verá más
adelante.
d.-) La deficiente apreciación del interrogatorio rendido
por el representante legal de la contradictora se hace
consistir en que «si bien la sociedad no tenía un contrato de
transporte directo con el señor Carlos Ruperto Clavijo, sí lo
tenía con la sociedad Montejo Castillo & Cía. S. en C., quien
tenía autonomía en su contratación para suplir las órdenes de
servicio proferidas por la sociedad demandada» y dicho
vocero «afirmó que el vehículo tipo tractocamión de placas
SVA433 y su tráiler de placas R-10203 que era de posesión
del señor Clavijo fue accidentado en campos petroleros que
son propiedad de la sociedad Mansarovar Energy Colombia
Ltd.».
El primer aparte, sobre la existencia del contrato de
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transporte y la posibilidad de subcontratar, ninguna
incidencia tiene para los efectos de la falta de legitimación
por carencia del señorío sobre el rodante aducida por el
demandante; mientras en el segundo, en lo que respecta a la
posesión del reclamante, se advierte una visión restringida y
sesgada de lo que le fue preguntado y contestó el absolvente,
puesto que la transcripción del aparte es del siguiente tenor:
[Preguntado por el Juez] En los hechos de la demanda, entre otras
cosas, se afirma que el carrotanque, que era de posesión del señor
Clavijo, fue accidentado en predios que son propiedad de la
empresa Mansarom (sic) ¿Es esto cierto?
[Contesto] Sí, señor juez.
[Preguntado por el Juez] ¿De qué predio se trata?
[Contestó] Son los campos petroleros de la empresa Mansarovar
Energy. Estos campos hacen parte del, digamos, del objeto
contractual del denominado contrato de asociación Nare, es un
contrato existente entre la empresa Mansarovar Energy y
Ecopetrol. Digamos que era la el modus, digamos la forma en que
se contractuaban, se, se contrataba anteriormente para la
exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Eh, todos
los contratos de asociación, pues digamos, se hacen en este
sentido. Ecopetrol, quien en su momento efectúa, digamos, el, la
gestión de administrar el subsuelo en Colombia para temas de
hidrocarburos y el privado, que en este caso es Mansarovar
Energy. Estos campos eh se ubican, digamos de manera general
en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Serviés e incluso llegan
hasta zonas del departamento de, de Santander y una parte del
departamento de Antioquia, que es particularmente en puerto Nare
(sic)25.
En el segmento no se advierte el reconocimiento expreso
de la posesión esgrimida, ya que la alusión a dicha figura en
la pregunta fue de ambientación respecto de una de las
afirmaciones del libelo, pero concretándose el
25 Diligencia de interrogatorio practicada en audiencia de 27 de febrero de
2018, min 14:24 a 15:44.
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cuestionamiento a si el predio donde ocurrió el suceso era de
propiedad de la opositora, a lo que se respondió
afirmativamente y se procedió a complementar ante los
requerimientos del a quo.
Es más, en el escrito de contestación ya había dejado
sentada su posición la demandada al excepcionar «falta de
legitimación en la causa por activa», toda vez que «el
demandante, señor Carlos Ruperto Clavijo Ruíz, no es el titular
del derecho de propiedad y posesión del vehículo y del semi-
remolque o tráiler, por los cuales reclama el pago de los
supuestos perjuicios. Al no ser titular, carece de derecho para
reclamar», de ahí que, al existir claridad sobre dicha posición
sin que se hubiera admitido en forma expresa y certera lo
contrario, nada tenía que considerar el juzgador de segundo
grado sobre el particular.
e.-) El interrogatorio rendido por Carlos Ruperto
Clavijo Ruiz no fue segmentado en sus alcances, puesto que
la explicación dada a la mutación del dominio no podía
considerarse inescindible a su anuencia en el primer
traspaso, ni al conocimiento y aceptación que tuvo de los
posteriores, puesto que se referían a afirmaciones personales
carentes de otros medios demostrativos de respaldo, que no
condicionaban el reconocimiento del dominio en cabeza de
terceros, sino que pretendían dibujar una simulación a
conveniencia del inquirido sobre la cual ni siquiera se
profundizó en el decurso del litigio.
Las explicaciones en el sentido de que «[e]l carro figura
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
33
en nombre de Petroleum Cargo por otras condiciones muy
distintas a haberlas vendido»26 y «[e]l traspaso cuando se hizo
a Petroleum Cargo, yo no lo firmé. Lo firmó Zulima Flórez
Velázquez. Ella es mi exesposa»27, agregando que «ese
vehículo nunca se ha vendido. Se traspasó a Petroleum Cargo.
En su momento yo trabajaba con esa compañía y se hizo en
virtud de organizar una empresa que se llama Petroleum
Cargo. Con ese ánimo se hizo»28 y al contestar ante la
inquietud de si «¿Usted sabe por qué su señora hace el
traspaso a esa empresa?» que «[s]í, prácticamente como por
solicitud mía que hiciera el traspaso a ellos»29, todo ello
derivado de que «[m]i papá fue secuestrado y empezamos con
problemas muy difíciles. En ese orden de ideas se hizo el
traspaso de este vehículo a mi esposa»30, no logran desvirtuar
que, a pesar de la cercanía y relación de Carlos Ruperto con
los posteriores titulares de derecho de dominio, aquel no solo
facilitó que se hicieran las transferencias, sino que admitía
el dominio ajeno de estos, así continuara haciendo uso del
tracto camión y el remolque.
En contra del alcance que le quiere dar el opugnador a
sus respuestas, son muy dicientes de que el automotor no
fue objeto de venta como el señala, pero porque los traspasos
se surtieron en virtud de las figuras jurídicas documentadas,
26 Diligencia de interrogatorio practicada en audiencia de 27 de febrero de
2018, min 1:17:35.
27 Id. 25, min 1:18:24.
28 Id. 25, min 1:18:53 a 1:19:11
29 Id. 25, min 1:34:59 a 1:35:09.
30 Id. 25, min 1:35:22 a 1:35:37.
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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como fue el caso de la liquidación de sociedad patrimonial
con quien el mismo afirma ser su «exesposa» y una posterior
«aportación» a una persona jurídica en la cual tiene interés,
por lo que lo patrocinó, situaciones ambas que justifican la
ausencia de precio alguno en compensación.
Como puede verse, el discurso de que a pesar de haber
impartido las instrucciones para el cambio de titularidad
conservaba para sí la posesión, está carente de respaldo ya
que ninguno de los deponentes se refirió al respecto y no se
pidió la comparecencia de Zulima Flórez o algún
representante de Carbones y Petróleos Colombianos
Carbopetrol y Petroleum Cargo S.A., que pudiera corroborar
dicha versión, por lo que se quedan en meras elucubraciones
que ni siquiera constituyen confesión por no serle
perjudiciales al absolvente.
Por el contrario, al contrastar el dicho del gestor con las
reproducciones del contenido de la carpeta que contiene la
historia del automotor de placas SVA433, remitida por la
Secretaría de Tránsito y Transporte de la Gobernación de
Cundinamarca, se extrae que a partir del 14 de julio de 1999
se produjeron tres cambios de propietarios del automotor,
esto es, el de esa data a nombre de Zulima Flórez Velásquez,
uno el 6 de marzo de 2004 a Carbones y Petróleos
Colombianos Carbopetrol y, finalmente, a Petroleum Cargo
S.A. el 23 de junio de 200631, lo que obviamente requirió de
31 Así consta en el certificado No. 157 con número de impresión 2147483648,
obrante a fl. 431 cno. 1; pág. 34 pdf CuadernoFísico1TomoII_ocred.
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la toma de improntas con acceso al rodante, fuera de que el
19 de diciembre de 2002 se inscribió una alerta por
constitución de prenda sin tenencia en favor de Luís Jorge
García Aguirre, que correspondía a un acto dispositivo de
Zulima como dueña inscrita para esa época32.
Incluso por medio de sendos paz y salvos expedidos
«para traspaso» el 27 de mayo de 2004 y el 14 de junio de
200633, el mismo Carlos Ruperto Clavijo Ruíz, en calidad de
«Subgerente» de Transportes Arco Ltda., expresó que el
vehículo de placas SVA-433 estaba al día «por todo concepto
con esta empresa» y sus propietarios para cada data eran
Zulima Flórez Velásquez y Carbones y Petróleos Colombianos
Carbopetrol S.A., sin precisar que reconocía posesión para sí
o en cabeza de un tercero.
Tales elementos corroboran las suposiciones del
Tribunal en el sentido de que
(…) si bien, el demandante alega ser el poseedor del bien, lo cierto
es que reconoce dominio en cabeza de la sociedad Petroleum Cargo
S.A., al punto de señalar que la cancelación de la matrícula no se
ha efectuado por cuanto el no figura como propietario, y que el
traspaso del vehículo se hizo por cuenta de su esposa por orden
de él, a nombre de Petrolium (sic) Cargo S.A., con lo que se infirma
su posesión, careciendo así del animus.
Es necesario reiterar que los actos de señorío y dueño emanados
del pretenso poseedor deben materializarse en forma nítida,
diáfana, sin develar el más mínimo resquicio de clandestinidad y
duda sobre su condición de señorío, lo cual no fue demostrado en
el caso concreto (…).
El comportamiento del impugnante al constituirse en
32 Fl. 482 y 493 a 496 cno. 1, págs. 132 y 156 a 162 id. 31.
33 Fls. 454 y 476 cno. 1, págs. 78 y 122 id. 31.
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un espectador silente y sumiso, siempre dispuesto a facilitar
la mutación del derecho de dominio del automotor que era
objeto de reclamo indemnizatorio, le restaba cualquier peso
al señorío paralelo que en forma solitaria dijo tener, bajo el
supuesto de que todo se trataba de un fingimiento no
comprobado, ya que ningún otro elemento de convicción da
razón de las circunstancias que hubieran ameritado dicho
encubrimiento, con mayor razón estando ausentes los
múltiples intervinientes en los actos de traspaso.
Y a pesar de que era posible que con posterioridad a los
reconocimientos de dominio ajeno se hubiera producido un
cambio en el ánimo del tenedor del tracto camión, calidad
que tácitamente quedó admitida en cabeza del censor,
tampoco se digirió el debate a precisar un acto de rebeldía tal
que significara una transformación de tal calidad para
revelarse como poseedor del bien y que ejerciera el señorío
para la época del hecho luctuoso en que asienta sus
aspiraciones, de ahí que precisara el ad quem que
[e]n este sentido, el artículo 777 del Código Civil, ha decantado que
el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión,
quien ha reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del
señorío, trocarse en posesión, sino desde cuando de manera
pública, vierta (sic), franca, le niegue el derecho que antes le
reconocía y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre
propio, con absoluto rechazo de aquél.
La aceptación del dominio por quien estaba en poder de
la cosa significa que implícitamente actuaba como mero
tenedor en los términos del artículo 775 del Código Civil y eso
fue lo que del profuso material documental y lo expuesto por
el demandante tuvo por establecido el Colegiado en esta
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oportunidad, sin que existiera mérito para entender truncada
su aquiescencia.
f.-) Lo expuesto en el anterior literal incide
negativamente en la argüida indebida lectura de la escritura
pública 3655 de 23 de diciembre de 1998 de la Notaría 33 de
Bogotá, puesto que de ella se extrajo que a partir de dicha
data el propietario inicial perdió la posesión en un acto
voluntario al acordar con Zulima Flórez Velázquez que ella
quedaría como única dueña del tracto camión SVA-433, en
virtud de la partición de los bienes que conformaban la
sociedad patrimonial que mantuvieron desde el 14 de marzo
de 1992, esto es, antes de la matrícula inicial en la SIETT
Cundinamarca, lo que aconteció el 18 de noviembre de 1993.
La certidumbre de ese instrumento es incuestionable y
solo el promotor señala que fue el producto de un acuerdo
para afrontar un momento de crisis familiar tampoco
sustentada, lo que no logra quitarle el peso demostrativo que
le confirió el Tribunal. Sin embargo, ese mero hecho lejos
estuvo de constituir la razón para desconocer el señorío que
predicaba el gestor, ya que con posterioridad estuvo
reforzado por la conformidad que tuvo en que pasara del
poder de la adjudicataria que lo sucedió a una persona
jurídica, «en virtud de organizar una empresa que se llama
Petroleum Cargo» que figura como última dueña desde el 23
de junio de 2006.
Pasando por alto que en el medio de esas dos
titularidades del dominio en cabeza de Zulima Flórez y
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Petroleum Cargo S.A., estuvo radicada en Carbones y
Petróleos Colombianos Carbopetrol desde el 3 de junio de
2004 al 22 de junio de 2006, lo cierto es que con
posterioridad al 23 de diciembre de 1998 no se adujo ni probó
la existencia de algún hecho o acto de rebeldía por medio del
cual Carlos Ruperto Clavijo Ruiz desconociera los derechos
de dichas personas natural y jurídicas sobre el vehículo, ya
que por el contrario expidió los paz y salvos de 27 de mayo
de 2004 y 14 de junio de 2006 a los que recientemente se
hizo alusión, para facilitar que se perfeccionaran las
mutaciones del dominio.
Precisamente ese proceder directo y certero del
impugnante al reconocer derechos de dominio de terceros, en
distintas épocas, respecto del mismo vehículo sobre el cual
esgrimía posesión en la litis, impidió al ad quem conferirle
peso al dicho de terceros sobre aspectos que pudieran
considerarse constitutivos de señorío, pero que nada
aportaron sobre el instante a partir del cual pudo
recuperarlo, a pesar de que en forma consciente y voluntaria
se había despojado de él en forma regular.
g.-) Por último, no es desmesurada la conjetura que
extrajo el ad quem del certificado de existencia y
representación de Petroleum Cargo S.A.34 en el sentido de
que
(…) se acredita que el demandante es miembro de la Junta
Directiva de la Sociedad Petrolium (sic) Cargo S.A., quien tiene la
propiedad del vehículo automotor de placas SVA433, cuyo objeto
34 Fls. 448 a 449 cno. 1, págs. 66 a 69 id. 31.
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social principal es la prestación del servicio de transporte Nacional
e Internacional de carga terrestre líquida y seca, especializada en
el movimiento de carga para el sector petrolero, equipos de
transporte de equipos, movilización de combustibles crudos y
refinados, lubricantes, grasas, aceites, alcohol, carburantes,
aceites usados y todo tipo de residuos peligrosos y en general
cualquier clase de mercancías, insumos y subproductos de la
industria petrolera. De suerte, que su vinculación como miembro
de la junta directiva de la mencionada sociedad, se relacionan con
la gestión administrativa por el voto de confianza que le fue
otorgado por la asamblea de accionistas.
En estos términos existe una estrecha relación entre las
actividades que ejerce el demandante como persona natural con
las de la sociedad, la cual se dedica también a la prestación del
servicio de transporte Nacional e Internacional de carga terrestre
líquida y seca, especializada en el movimiento de carga para el
sector petrolero, equipos de transporte de equipos, movilización de
combustibles crudos y refinados, y en esa medida, puede inferirse
que la persona jurídica es la que se encuentra legitimada para
solicitar el reconocimiento de los perjuicios a causa de los daños
inferidos al vehículo de su propiedad, pues, los integrantes de la
Junta Directiva y los socios no pueden pretender abrogarse
derechos en detrimento de los demás asociados, salvo que se
revele públicamente contra el propietario, con actos
inequívocos que revelen su calidad de señorío, elementos
que no se encuentran presentes -se resalta-.
Tal suposición tiene pleno amparo legal ya que de
conformidad con el artículo 438 del Código de Comercio
«[s]alvo disposición estatutaria en contrario, se presumirá que la
junta directiva tendrá atribuciones suficientes para ordenar que se
ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del
objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden
a que la sociedad cumpla sus fines».
Al amparo de dicho precepto la participación de Carlos
Ruperto Clavijo Ruiz en la celebración del acuerdo de
transporte de hidrocarburos con Montejo Castillo & Cía. S.
en C., razonablemente podía ser vista como acordada para la
empresa de la cual era uno de los integrantes de la Junta
Directiva Principal, sin que en el referido documento
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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constara alguna restricción estatutaria en ese sentido,
máxime cuando había admitido que el tracto camión fue
aportado a dicha empresa.
Además, no se fijó como postulado lo que
equivocadamente expresa el inconforme en el sentido de que
«por ser parte de la junta directiva, el demandante no puede
ser poseedor de un bien mueble que se encuentre en cabeza
de ella, a pesar de que en el expediente no aparece ningún tipo
de acto inscrito en el registro mercantil o en los libros de la
compañía, que permitan establecer su actuación como
administrador societario de dicha persona jurídica», ya que en
contravía a esa lectura se contempló tal posibilidad pero en
caso de que dicho directivo se hubiera revelado «públicamente
contra el propietario, con actos inequívocos que revelen su
calidad de señorío», lo que como ha sido reiterado ni siquiera
fue tema de discusión.
5.- Conclusión de fracaso de los cargos.
El opugnador no logró socavar los pilares en que se
sustenta el fallo confutado, ya que las deducciones que
llevaron a revocar la sentencia estimatoria de primer grado
tienen pleno asidero en el material probatorio recaudado, que
luce sopesado en forma racional y en conjunto, bajo las
reglas de la sana crítica.
Las graves equivocaciones que denuncia el inconforme,
no pasan de ser una propuesta alterna sobre la forma como
debieron ser estimadas algunas pruebas, pero sin tener el
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efecto aniquilador de patentizar un trascendental desfase del
Colegiado de segundo grado por haber desfigurado su
contenido o prescindir de ellos, a pesar de su alcance
determinante en el resultado de la litis.
Como quedó evidenciado, se queda corto el censor ya
que, desentendiéndose de la cohesión del pronunciamiento
cuestionado, se limita a darle prelación a lo que le favorece,
para guardar un conveniente silencio frente a los puntuales
aspectos que le son adversos, como era la falta de
acreditación de que el promotor, pese a haber perdido la
posesión por conductos regulares, la recuperó con
posterioridad a sus expresas manifestaciones de voluntad de
reconocer el derecho de dominio en cabeza de terceros, lo que
le restaba legitimación en la acción indemnizatoria
planteada.
En similares términos en CSJ SC1258-2022, que si bien
fue proferido en proceso reivindicatorio guarda identidad
frente al tema que fue tratado en el presente, se estimó que
[i]ndependientemente de que el sentenciador de segunda instancia
hubiese incurrido o no en alguno o algunos de los errores de hecho
que el censor le atribuyó en la censura de que se trata, es lo cierto
que la inferencia fáctica determinante de las decisiones que
adoptó, esto es, que en el proceso no se acreditó que el ente
accionado fuese el poseedor material de los bienes reivindicados,
no resulta ser contraevidente, ni equivocada, conclusión que deja
al descubierto tanto el desacierto, como la intrascendencia, del
cargo auscultado, como pasa a explicarse:
3.1. La posesión “es la tenencia de una cosa determinada
con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da
por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la
tenga en lugar y a nombre de él. (…). El poseedor es reputado
dueño, mientras otra persona no justifique serlo” (art. 762,
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C.C.; se subraya).
En concordancia con ello, “[s]e llama mera tenencia la que se
ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a
nombre del dueño. (…). Lo dicho se aplica generalmente a
todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno” (art.
775, ib.; se subraya).
Se trata, pues, de dos categorías bien distintas respecto de la
relación de hecho que puede existir entre las personas y las cosas.
Como con facilidad se aprecia, en ambas concurre el elemento de
la aprehensión material del bien. Empero, para que haya posesión,
a ese componente debe añadirse el “ánimo de señor y dueño”
que, correlativamente, no puede existir en la simple tenencia.
Por consiguiente, el factor diferenciador entre dichas figuras
es el resaltado elemento volitivo, como quiera que es
indispensable, de un lado, que el poseedor, a sabiendas de
que no es dueño, detente la cosa como si lo fuera y, por ende,
que actúe así frente a los demás, de modo que todos, al
apreciar su comportamiento, piensen que se trata del
propietario y, consecuencialmente, no interfieran con el
goce y disposición que él da al respectivo bien.
Y, de otro, que en el mero tenedor no exista dicha
convicción, sino que, por el contrario, de su actitud se
infiera que tiene la cosa a nombre del dueño o de quien se
da por tal, esto es, se refleje que reconoce dominio ajeno -
negrita adrede-.
En similares términos en CSJ SC3254-2021, en un caso
de prescripción adquisitiva donde no se logró establecer el
señorío por el comportamiento del usucapiente, a pesar de la
existencia de otras pruebas de las que hubieran podido
colegirse, se expuso como
[p]udo ser que el Tribunal no dedujera el ánimo de señor y dueño
de las declaraciones y que en ello pudiera aparecer un error
probatorio, pero como dicha deducción [se] sostiene en otras
pruebas que no necesitan reconocer o negar la forma en que los
testigos vieron la relación posesoria sino que surge de la voluntad
de los actores de reconocer dominio ajeno, es ésta la que debe
imponerse, pues no se está negando que los actores se hubieran
comportado con total autonomía frente al bien y en ese sentido
podrían haber sido calificados como poseedores, si no hubiera sido
porque de algunos de sus comportamientos, como lo explicó el
juzgado atacado con el recurso extraordinario, dieron al traste con
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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esa intención de dominio al actuar en forma contraria a un
verdadero dueño, o sea reconociendo que otro era el titular de ese
derecho real.
La misma conclusión puede sacarse del análisis hecho por el
Tribunal respecto de las demás pruebas cuya omisión o
tergiversación acusa la parte recurrente, primero, porque en
relación con la existencia de la tenencia de los actores y de las
características que se le endilgan para ser útil a la usucapión, en
principio no existe error alguno, o si llegara presentarse sería
intrascendente, pues resulta cierto que la mayoría de esas prueba
llevan a la convicción de que los actores realmente se comportaron
como dueños y que de sus actuaciones incluso podría concluirse
que podían tener la convicción de actuar como tales, sin embargo,
como se analizará a continuación, no basta ese comportamiento
cuando en el camino se produce uno o varios actos que desvirtúan
esa calidad, pues basta un solo reconocimiento de domino ajeno
para que se enerve la consecuencia que se esperaba de una
sucesión de comportamientos.
(…)
Por todo lo anterior, se puede concluir que a pesar de que se dijo
en la demanda que lo decidido por el Tribunal se fundó en errores
de hecho probatorios que lo llevaron a concluir equivocadamente,
que era imposible para los actores obtener la propiedad del
inmueble por prescripción por la inexistencia de la intención
subjetiva de ser señor y dueño, y que de no haber cometido esos
errores, la conclusión hubiera sido diferente, acogiendo las
pretensiones, para la Sala Civil de la Corte, es evidente que
existieron varios actos y hechos que demuestran el reconocimiento
de dominio ajeno por parte de la parte actora, lo que desvirtúa la
calidad de poseedores de los esposos Quintero- Sánchez al dar al
traste con uno de los elementos esenciales de la posesión, el
animus dominis, sin el cual, a pesar de ostentar la tenencia
material y realizar toda clase de actividades de disfrute y aún de
explotación comercial del inmueble, no puede la justicia reconocer
a los actores una calidad que ellos mismos han renunciado.
En vista del árido esfuerzo del opugnador al no
comprobar que se configuraron los yerros que le achaca al
Tribunal, fracasan los cargos.
6.- Costas
Conforme al inciso final del artículo 349 del Código
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
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General del Proceso, habrá de imponerse al vencido el pago
de las costas procesales y, para la tasación de las agencias
en derecho, se tomará en cuenta la réplica de la
contradictora35.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 13 de agosto de
2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo de
Carlos Ruperto Clavijo Ruiz contra Mansarovar Energy
Colombia Ltd.
Costas a cargo del demandante y en favor de la
opositora. Inclúyase por concepto de agencias en derecho el
equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes que fija el Magistrado Ponente.
En su oportunidad, devuélvase virtualmente el
expediente digitalizado a la Corporación de origen.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
35 Anotación 17 ESAV pdf 0027.
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
45
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 328EFE04DF929F3F349E8411E10FB1C16B21C990F36F03F0BC508CA0CA666ABD
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