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clave: "corte_suprema:providencia:SC3047-2024 [2015-00066-01]"
titulo: "Corte suprema: SC3047-2024"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-14"
radicado: "2015-00066-01"
numero: "SC3047-2024"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
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# Corte suprema: SC3047-2024

- **Título oficial / radicado:** SC3047-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-14
- **Radicado:** 2015-00066-01
- **Número:** SC3047-2024
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3047-2024%20%5B2015-00066-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC3047-2024%20%5B2015-00066-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMi4tIERpY2llbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMzA0Ny0yMDI0IFsyMDE1LTAwMDY2LTAxXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 1609 de 2002
- Constitución Política

## Extracto

Por tanto, no exhibiendo el actor el mentado elemento, no podía el a-quo tener por acreditada su ánimo de señorío, ya que si bien las pruebas testimoniales apuntaban a la acreditación de la calidad de poseedor, ello queda carente de soporte si el mismo demandante reconoce el dominio ajeno, lo cual se confirma con la copia simple de la escritura pública 3655 del 23 de diciembre de 1998 de la Notaría Treinta y Tres del Círculo de Bogotá, en donde se protocolizó la disolución y liquidación de sociedad patrimonial, celebrada entre el aquí demandante y la señora Zulima Flórez Velásquez, a quien se le adjudicó el vehículo de placas SVA433,y que luego traspasó a favor de la sociedad Pretrolium Cargo S.A. [Preguntado por el Juez] En los hechos de la demanda, entre otras cosas, se afirma que el carrotanque, que era de posesión del señor Clavijo, fue accidentado en predios que son propiedad de la empresa Mansarom (sic) ¿Es esto cierto?

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC3047-2024
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
(Aprobado en sesión de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Carlos Ruperto Clavijo Ruiz frente a la sentencia de 13 de
agosto de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso
declarativo que promovió contra Mansarovar Energy
Colombia Ltd.
I.- EL LITIGIO
1.- La accionante pidió declarar responsable civil y
extracontractualmente a la convocada por el volcamiento el
9 de junio de 2008 del tracto camión de placas SVA433 en el
pozo Moriche, ubicado en la vereda Puerto Serviez de Puerto
Boyacá, en virtud del mal estado de la vía de acceso, razón
por la cual debe indemnizar un lucro cesante de $7’500.000
mensuales desde junio de 2008 «hasta la fecha en que se
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realice el reconocimiento y pago total y efectivo de dichas
obligaciones» y el daño emergente estimado en $258’874.000
por la pérdida total del rodante y demás conceptos
relacionados con el acto dañoso. En subsidio elevó iguales
reclamaciones pecuniarias, pero por ser «económica y civil
contractualmente responsable».
En sustento de dichas aspiraciones relató que importó
el vehículo en 1993 «bajo carta de crédito tomada con el Banco
Tequendama» y desde ese momento «ha ejercido de manera
pública, pacífica, quieta e ininterrumpida, ejecutando actos de
señor y dueño, el derecho de posesión», al cual le acondicionó
en 1997 el tráiler R-10203.
Entre las sociedades Montejo Castillo & Cía. S. en C. y
Mansarovar Energy Colombia Limitada existió desde
septiembre de 2007 «una relación contractual encaminada a
transportar hidrocarburos y/o derivados del petróleo, dentro
del campo petrolero denominado Campo Jazmín, ubicado en
la Vereda Puerto Serviez» por medio de órdenes de servicio,
en virtud de la cual convino como contratista con la primera
empresa, el 24 de septiembre de 2007, un «contrato de
prestación de servicios» por medio del cual vinculó el
automotor de placa SVA433 y como conductor asignado a
Manuel Medina Falla.
El 27 de noviembre de 2007 se le practicó revisión
técnico mecánica al tractocamión y se encontraba en
«perfectas condiciones», además de que contaba con
certificado de emisión de gases de la misma data, cumpliendo
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así las exigencias para prestar el servicio, fuera de superar
un examen riguroso de su estado mecánico y el del tanque,
como se exigía de «cualquier vehículo que entrara a
transportar y prestar su servicio en la petrolera», siendo
asignado a partir del 18 de abril de 2008 a Fernando
Rodríguez Pinzón, quien fue vinculado laboralmente con tal
fin por un término de 90 días.
Las vías de acceso a los pozos exploratorios «eran
realizadas, adecuadas y construidas por la entidad
demandada, o quien ella designara, al igual que su
mantenimiento» y los recorredores que estaban al servicio de
aquella «emitían la correspondiente autorización para el
ingreso del vehículo al pozo a cargar el crudo», según decisión
del ingeniero de turno «para ser transportado el hidrocarburo
a Campo Jazmín».
Para la época eran exigibles una «hoja de seguridad, la
cual poseía un contenido informativo de todas y cada una de
las características del crudo, referentes al sitio de donde se
extraía, es decir su densidad, composición, temperatura,
ebullición, grado de explosión y su peso por galón», además de
una «tarjeta de emergencia en la cual constaba la
identificación de peligros para la salud, equipos de protección
a la salud, primeros auxilios, medidas en caso de accidentes
y primeros auxilios, entre otros», los cuales no fueron
presentados por Mansarovar a las autoridades que llevaron
a cabo la inspección.
El 9 de junio de 2008 a las 7:40 p.m., en inmediaciones
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del pozo Moriche, «se presentó un volcamiento del vehículo
tracto camión SVA433, con su respectivo tráiler»,
produciéndose incluso el deceso por ahogamiento de Samuel
Enrique Bustos quien iba acompañando al conductor,
mientras se desplazaba por una vía en malas condiciones
según investigación de accidente de trabajo suscrita por
Licenciado en Salud Ocupacional e informe elaborado por el
CTI el 11 siguiente.
De acuerdo con la «Resolución 004100 de 2004», el peso
bruto admitido para un tractocamión de dos ejes, tomando
en su conjunto el cabezote, el tanque y la carga, no puede
exceder de 48.000 kilos y para el día de los hechos, a pesar
de tener sobrepeso, un funcionario de Mansarovar «sin ser la
persona facultada para el efecto, permitió el paso del
vehículo», fuera de que no existía un control para el manejo
del producto; como el percance ocurrió a las 7:40 de la noche
el traslado se hizo por fuera del horario establecido; la
presencia del tercero occiso al interior del rodante estaba
prohibida; e incluso se desatendieron las exigencias del
Decreto 1609 de 2002 del Ministerio de Transporte «en la
ejecución de sus obligaciones legales y contractuales».
La causa del accidente fue el mal estado de la vía, cuyo
mantenimiento era «obligación de la sociedad demandada,
por tratarse de un inmueble de su propiedad privada» y el
perjuicio «derivó de la pérdida total del vehículo y los daños
ocasionados al tráiler; las sumas de dinero dejadas de percibir
por dicho motivo y las consecuencias que se derivaron de su
avería», fuera de $30’000.000 en honorarios que debió
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asumir para su defensa frente a las reclamaciones laborales
de los familiares del trabajador difunto y gastos adicionales
por $3’580.000 para atender el siniestro, $1’200.0000 de
traslado en grúa del bien desde el sitio del percance a Bogotá,
$750.000 por movilizarlo al lugar donde reposa, $13’064.000
de parqueadero «por los 1.633 días transcurridos (…) desde el
día 08 de enero de 2010, hasta el día 30 de junio de 2014»,
$2’780.000 erogados para «poder continuar prestando sus
servicios a la convocada» y $7’500.000 «por concepto de
reparación y mantenimiento realizados al carro tanque de
placa R-10203»1.
2.- Mansarovar Energy Colombia Ltd. se opuso y
excepcionó la «inexistencia de los requisitos exigidos por la ley
para que exista responsabilidad civil extracontractual o
contractual», «falta de interés en la causa por activa»,
«prescripción», «culpa exclusiva de la víctima», «inexistencia de
la obligación», «inexistencia del daño», «cobro de lo no debido»,
«mala fe», «inexistencia de la relación de causalidad entre el
hecho del demandado y el daño alegado» y «culpa de la víctima
por no evitar la extensión de los efectos del daño»2.
3.- El Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogotá,
en fallo de 2 de septiembre de 2019, profirió fallo accediendo
parcialmente a las aspiraciones del promotor al condenar a
la contradictora pagarle $6’090.000 de daño emergente y
$118’387.000 por lucro cesante.
1 Fls. 122 al 136 cno. 1
2 Fls. 218 a 249 cno. 1.
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Para el efecto comenzó por establecer la legitimación de
las partes, que para el demandante radicaba en la calidad
demostrada de poseedor del vehículo siniestrado, mientras
que la opositora era la propietaria del inmueble donde
ocurrió el accidente y encomendó el transporte de
hidrocarburos, que constituye «una actividad riesgosa, en la
cual opera una presunción de culpa».
Frente a la culpa endilgada a la opositora quedó
demostrado que le «correspondía el mantenimiento de las vías
al interior de los pozos petroleros» en los terrenos de su
propiedad, así como que «para la fecha en que acaeció el
siniestro, la carretera se encontraba lisa y fangosa», fuera de
que «no se encontraba ningún tipo de señalización, ni
iluminación y no tenía muros de contención», todo lo que
constituye «la causa determinante y eficiente del accidente».
No obstante, pasó a estudiarse «la conducta asumida por
el conductor del tracto camión accidentado, ya que ejecutó
acciones que de manera concurrente fueron también causa del
accidente», pues a pesar de «contar con una amplia
experiencia y conocedora de los riesgos» se movilizó por fuera
del horario permitido y acompañado, aunque eso estaba
prohibido, lo que da lugar a una concurrencia de culpas y la
consecuente reducción del «monto a indemnizar en un 30%».
No se abordó la pretensión subsidiaria por cuanto
quedó establecido que entre las partes «no medio ningún tipo
de relación contractual» y por salir avante la principal.
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Al entrar a establecer la indemnización de perjuicios se
desestimó el reclamo por la pérdida total del vehículo en vista
de la insuficiencia de la experticia aportada, mientras que los
demás gastos y rubros carecen de pruebas, mientras que el
pago del parqueadero «es un costo causado por el
incumplimiento de la obligación que tenía el demandante de
tomar medidas razonables para evitar la extensión del daño»
y el que debiera asumir honorarios en otros litigios «no fue
producto de la responsabilidad derivada de la empresa aquí
accionada, sino por el contrario de la relación laboral que el
convocante sostenía con los conductores fallecidos en el
accidente»3.
4.- Ambas partes apelaron y el superior revocó la
determinación al encontrar demostrada la «falta de
legitimación en la causa por activa» que planteó la
contradictora.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Debe atenderse previamente «si el demandante goza de
legitimación en la causa por activa en el entendido que el actor
basa el reclamo de los perjuicios irrogados por los daños
ocasionados al tracto camión de placas SVA-433, en su
condición de poseedor», por lo que es necesario «verificar si se
encuentran reunidos los elementos que exigen el artículo 762
del Código Civil para su configuración, entendido como la
3 Fls. 756 a 792 cno. 1.
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tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y
dueño, urgiendo para su existencia de los requisitos del
animus y el corpus».
El interrogatorio absuelto por el gestor deja entrever que
reconoce dominio en cabeza de «Petroleum Cargo S.A., al
punto de señalar que la cancelación de la matrícula no se ha
efectuado por cuanto él no figura como propietario, y que el
traspaso del vehículo se hizo por cuenta de su esposa por
orden de él, a nombre de Petrolium Cargo S.A.» (sic), lo que
infirma la calidad aducida, «careciendo así del animus»,
puesto que «los actos de señorío y dueño emanados del
pretenso poseedor deben materializarse en forma nítida,
diáfana, sin develar el más mínimo requisito de
clandestinidad y duda sobre su condición de señorío».
Aunque los testimonios «apuntaban a la acreditación de
la calidad de poseedor», perdieron peso porque «el mismo
demandante reconoce el dominio ajeno, lo cual se confirma con
la copia simple de la escritura pública 3655 del 23 de
diciembre de 1998 de la Notaría Treinta y Tres del Círculo de
Bogotá, en donde se protocolizó la disolución y liquidación de
la sociedad patrimonial», donde se le adjudicó a Zulima Flórez
Velásquez «el vehículo de placas SVA433 y que luego traspasó
a favor de la sociedad Petrolium Cargo S.A., de la cual el actor
es integrante de la junta directiva» (sic).
Conforme al artículo 777 del Código Civil el transcurrir
del tiempo no muta en posesión la tenencia, ya que «quien ha
reconocido dominio ajeno no puede frente al titular del señorío,
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trocarse en posesión , sino desde cuando de manera pública,
vierta (sic), franca, le niegue el derecho que antes le reconocía
y simultáneamente ejecute actos posesorios a nombre propio,
con absoluto rechazo de aquel».
Adicionalmente, el promotor es miembro de la Junta
Directiva de la titular del derecho de dominio del automotor
y cuyo principal objeto social es «la prestación del servicio de
transporte Nacional e Internacional de carga terrestre líquida
y seca, especializada en el movimiento de carga para el sector
petrolero, equipo de transporte de equipos» y movilización de
«mercancías, insumos subproductos de la industria petrolera»,
por lo que es estrecha la relación «entre las actividades que
ejerce el demandante como persona natural con las de la
sociedad» y «puede inferirse que la persona jurídica es la que
se encuentra legitimada para solicitar el reconocimiento de los
perjuicios» al no poder «abrogarse derechos en detrimento de
lo demás asociados, salvo que se revele públicamente contra
el propietario, con actos inequívocos que revelen su calidad de
señorío, elementos que no se encuentran presentes».
Al no quedar demostrada la calidad que pregonó el
gestor, no podía «abrirse paso a la reclamación de perjuicios»
ante el éxito de la defensa de «falta de legitimación en la causa
por activa», lo que releva «estudiar los demás reparos de la
parte demandada, así como los presentados por el extremo

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ente
accionado fuese el poseedor material de los bienes reivindicados,
no resulta ser contraevidente, ni equivocada, conclusión que deja
al descubierto tanto el desacierto, como la intrascendencia, del
cargo auscultado, como pasa a explicarse:
3.1. La posesión “es la tenencia de una cosa determinada
con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da
por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la
tenga en lugar y a nombre de él. (…). El poseedor es reputado
dueño, mientras otra persona no justifique serlo” (art. 762,
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C.C.; se subraya).
En concordancia con ello, “[s]e llama mera tenencia la que se
ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a
nombre del dueño. (…). Lo dicho se aplica generalmente a
todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno” (art.
775, ib.; se subraya).
Se trata, pues, de dos categorías bien distintas respecto de la
relación de hecho que puede existir entre las personas y las cosas.
Como con facilidad se aprecia, en ambas concurre el elemento de
la aprehensión material del bien. Empero, para que haya posesión,
a ese componente debe añadirse el “ánimo de señor y dueño”
que, correlativamente, no puede existir en la simple tenencia.
Por consiguiente, el factor diferenciador entre dichas figuras
es el resaltado elemento volitivo, como quiera que es
indispensable, de un lado, que el poseedor, a sabiendas de
que no es dueño, detente la cosa como si lo fuera y, por ende,
que actúe así frente a los demás, de modo que todos, al
apreciar su comportamiento, piensen que se trata del
propietario y, consecuencialmente, no interfieran con el
goce y disposición que él da al respectivo bien.
Y, de otro, que en el mero tenedor no exista dicha
convicción, sino que, por el contrario, de su actitud se
infiera que tiene la cosa a nombre del dueño o de quien se
da por tal, esto es, se refleje que reconoce dominio ajeno -
negrita adrede-.
En similares términos en CSJ SC3254-2021, en un caso
de prescripción adquisitiva donde no se logró establecer el
señorío por el comportamiento del usucapiente, a pesar de la
existencia de otras pruebas de las que hubieran podido
colegirse, se expuso como
[p]udo ser que el Tribunal no dedujera el ánimo de señor y dueño
de las declaraciones y que en ello pudiera aparecer un error
probatorio, pero como dicha deducción [se] sostiene en otras
pruebas que no necesitan reconocer o negar la forma en que los
testigos vieron la relación posesoria sino que surge de la voluntad
de los actores de reconocer dominio ajeno, es ésta la que debe
imponerse, pues no se está negando que los actores se hubieran
comportado con total autonomía frente al bien y en ese sentido
podrían haber sido calificados como poseedores, si no hubiera sido
porque de algunos de sus comportamientos, como lo explicó el
juzgado atacado con el recurso extraordinario, dieron al traste con
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esa intención de dominio al actuar en forma contraria a un
verdadero dueño, o sea reconociendo que otro era el titular de ese
derecho real.
La misma conclusión puede sacarse del análisis hecho por el
Tribunal respecto de las demás pruebas cuya omisión o
tergiversación acusa la parte recurrente, primero, porque en
relación con la existencia de la tenencia de los actores y de las
características que se le endilgan para ser útil a la usucapión, en
principio no existe error alguno, o si llegara presentarse sería
intrascendente, pues resulta cierto que la mayoría de esas prueba
llevan a la convicción de que los actores realmente se comportaron
como dueños y que de sus actuaciones incluso podría concluirse
que podían tener la convicción de actuar como tales, sin embargo,
como se analizará a continuación, no basta ese comportamiento
cuando en el camino se produce uno o varios actos que desvirtúan
esa calidad, pues basta un solo reconocimiento de domino ajeno
para que se enerve la consecuencia que se esperaba de una
sucesión de comportamientos.
(…)
Por todo lo anterior, se puede concluir que a pesar de que se dijo
en la demanda que lo decidido por el Tribunal se fundó en errores
de hecho probatorios que lo llevaron a concluir equivocadamente,
que era imposible para los actores obtener la propiedad del
inmueble por prescripción por la inexistencia de la intención
subjetiva de ser señor y dueño, y que de no haber cometido esos
errores, la conclusión hubiera sido diferente, acogiendo las
pretensiones, para la Sala Civil de la Corte, es evidente que
existieron varios actos y hechos que demuestran el reconocimiento
de dominio ajeno por parte de la parte actora, lo que desvirtúa la
calidad de poseedores de los esposos Quintero- Sánchez al dar al
traste con uno de los elementos esenciales de la posesión, el
animus dominis, sin el cual, a pesar de ostentar la tenencia
material y realizar toda clase de actividades de disfrute y aún de
explotación comercial del inmueble, no puede la justicia reconocer
a los actores una calidad que ellos mismos han renunciado.
En vista del árido esfuerzo del opugnador al no
comprobar que se configuraron los yerros que le achaca al
Tribunal, fracasan los cargos.
6.- Costas
Conforme al inciso final del artículo 349 del Código
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General del Proceso, habrá de imponerse al vencido el pago
de las costas procesales y, para la tasación de las agencias
en derecho, se tomará en cuenta la réplica de la
contradictora35.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 13 de agosto de
2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso declarativo de
Carlos Ruperto Clavijo Ruiz contra Mansarovar Energy
Colombia Ltd.
Costas a cargo del demandante y en favor de la
opositora. Inclúyase por concepto de agencias en derecho el
equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes que fija el Magistrado Ponente.
En su oportunidad, devuélvase virtualmente el
expediente digitalizado a la Corporación de origen.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
35 Anotación 17 ESAV pdf 0027.
Radicación n° 11001-31-03-032-2015-00066-01
45
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 328EFE04DF929F3F349E8411E10FB1C16B21C990F36F03F0BC508CA0CA666ABD
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC3047-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-12-14. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2015-00066-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC3047-2024%20%5B2015-00066-01%5D).
