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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC2956-2024
Radicación n.° 11001-31-03-027-2011-00647-01
(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por
la sociedad Jorge A. & Gerardo E. Zuluaga S.A.S. frente a la
sentencia del 8 de junio de 2020, proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El
trámite se adelanta dentro del proceso de responsabilidad
civil instaurado por Oriel Alberto Serna Giraldo contra la
impugnante.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión
El demandante ejerció la acción de responsabilidad civil
extracontractual. En el marco de la cual, pidió declarar a la
demandada -recurrente- civilmente responsable de «todos y
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cada uno de los daños y perjuicios… con ocasión del proceso impetrado
en su contra ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá y en el cual
se declaró la inexistencia del contrato de depósito gratuito pretendido por
la aquí demandada».
En consecuencia, instó a condenar a la compañía
opositora al pago de: 1) $200.000.000, o lo que se pruebe en
el proceso, «como indemnización de los perjuicios materiales en su
carácter de lucro cesante ocasionados por el despojo de la bodega 28
Cajones de Corabastos realizado dentro del proceso en cuestión el día 7
de julio del 2004», así como por «las utilidades dejadas de percibir con
el dinero producto de los títulos valores no cobrados, los cuales fueron
secuestrados y retenidos desde el día 7 de julio del 2004»; 2)
$400.000.000, o lo que se acredite en el plenario, por
concepto de «daño emergente ocasionado por el embargo y secuestro
de bienes muebles y enseres, bienes fungibles y títulos valores». 3)
«intereses sobre las anteriores sumas».
2.- Fundamentos de hecho
El actor manifestó que la sociedad Jorge A. & Gerardo
E. Zuluaga S.A.S. formuló acción de restitución de un bien
fungible en su contra con base en «un supuesto contrato de
depósito gratuito». El referido decurso fue tramitado en el
Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá con el radicado 2004-
00138. Se decretó el embargo de «5.271 bultos de frijol cargamanto
y lima roja», que se encontraban en la «bodega 28 Cajones de
Corabastos» arrendada por el señor Serna Giraldo. Añadió que,
el 7 de julio de 2004, el estrado judicial referido ejecutó una
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inspección en la que embargaron y secuestraron «6.479 bultos
de frijol lima rojo y cargamanto», pese a que la demanda era por
5.271, razón por la cual fue «expropiado de todos los bienes
encontrados, en los que se incluyen dos cajas fuertes que contenían
títulos-valores por un valor de $322.794.518»; esto es, cheques por
«la suma de $225.098.518» y 41 letras de cambio por
$97.696.000. Asimismo, «bienes fungibles como aceite, atún, papel
higiénico, etc., por valor aproximado de $10.000.000», y «1.208 bultos
de frijol de propiedad del suscrito, un molino de piedra, computadores,
bienes muebles». Relató que, posteriormente, el bien inmueble
fue sellado por el juez y el secuestre, sin tener en cuenta las
solicitudes del señor Serna Giraldo y sus representantes
judiciales. El 7 de abril de 2006, el Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá profirió sentencia terminando el contrato
de depósito gratuito. Sin embargo, la providencia fue apelada
y, ulteriormente, revocada por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá el 7 de julio de 2008, y hasta la fecha no
se le ha «entregado el frijol motivo de la litis, ni los demás bienes
embargados».
3.- Posición de la demandada
La sociedad demandada, como defensa a la pretensión
de responsabilidad civil, propuso las excepciones que nominó
«falta de legitimación en la causa», «inexistencia del daño o perjuicio
material» y «falta de competencia». En compendio, sostuvo que los
bienes entregados eran de su propiedad y que las órdenes
dadas al interior del proceso fueron impartidas por autoridad
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competente. Adicionó que, el otrora demandado – señor
Serna Giraldo - pudo conjurar los perjuicios que reclama,
prestando caución para evitar la consumación de las
medidas cautelares.
4.- Primera instancia
El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Cincuenta Civil
del Circuito de Bogotá resolvió negar las pretensiones y
condenó en costas al demandante.
5.- Segunda instancia
El recurso de apelación, formulado por la parte activa,
fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -con sentencia del 8 de junio de 2020-. Allí revocó la
sentencia en su totalidad. En su lugar, ordenó «Declarar que la
sociedad José A. Gerardo & Gerardo E. Zuluaga S.A.S., es civilmente
responsable de todos los perjuicios ocasionados a Oriel Alberto Serna
Giraldo, con ocasión de las medidas cautelares efectivamente
practicadas dentro del proceso adelantado en su contra ante el Juzgado
15 Civil del Circuito de Bogotá con radicado 2004-00138. (…) En
consecuencia, condenarla a pagar al demandante Oriel Alberto Serna
Giraldo la suma de cuatrocientos tres millones seiscientos trece mil
trescientos treinta y seis pesos ($403’613.336,oo), suma que generará
intereses de mora liquidados mes a mes a la tasa más alta permitida por
la ley, desde el 2 de abril de 2014 (fecha en que se notificó la
demandada) hasta que se verifique el pago de la obligación (…)1».
1 Página 21, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
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II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal comenzó por señalar la ausencia de hechos
que configuraran nulidades. A reglón seguido, se refirió al
proceso de restitución de bienes -anterior entre las partes- y
al exceso de medidas cautelares. Y agregó, «ahora bien, en este
proceso no se discute: 1) que la sociedad José A. y Gerardo E. Zuluaga
Ltda., hoy S.A.S., inició proceso orientado a la restitución de 5.271 bultos
de frijol, que adelantó el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá (fls. 10-
31 y 175-189, c. 1); y 2) que en esa actuación se llevó a cabo una
diligencia de secuestro en la Bodega 28 de Corabastos el 7 de julio de
2004, en la que se hizo entrega de “todos los bienes encontrados” al
secuestre, quien manifestó “que procede a su administración… dejando
constancia [de] que se instalarán cuatro candados” (fls. 102-103, c. 1).
El acta resaltó que “La bodega propiamente dicha tiene un área
aproximada de 270 metros cuadrados, ocupada en un 90% en cantidad
de 5.590 bultos de frijol cargamanto y 889 bultos de frijol lima rojo…
para un total de 6.479 bultos, habiendo una diferencia de 1.208
bultos de más, con relación a los bultos enunciados en la demanda y
en las pretensiones de la misma». Afirmó que, «se probó que el aquí
demandante era el propietario de los 1.208 bultos de frijol adicionales a
los que se extendió el secuestro2». El Colegiado halló probados los
hechos que configuran la hipótesis de «exceso de medidas
cautelares». De manera que se tornaba necesario estudiar si
hubo culpa o dolo. En efecto, se cautelaron bienes que
debieron permanecer por fuera de la órbita del trámite de
restitución de radicado 2004-00138. Estimó que «tal proceder
tenía visos de irregularidad» tal como «lo revela la decisión del Fiscal
2 Ibidem. pág. 11.
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12 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en
la que, pese a absolver al secuestre, como único indiciado por el delito de
peculado por apropiación, ordenó indagar al representante legal de la
sociedad aquí demandada»3. Y apuntaló que, «Entonces, la culpa
grave, por supuesto contraria a la buena fe, consistió en que la sociedad
Jorge A & Gerardo E. Zuluaga S.A.S., a sabiendas de que sólo había
solicitado la restitución de 5.271 bultos de frijol, extendió la medida
cautelar a 1.208 bultos adicionales que había en la bodega, sin siquiera
averiguar si eran o no de su propiedad o de su allí demandado, al punto
de presentar una reforma de demanda para incluir ese otro producto, sin
tener soporte alguno. Más aún, se comprometió a vender el frijol y a
depositar su valor en la cuenta de depósitos del juzgado, si la sentencia
le era adversa, sin que hubiere cumplido. (…) Por lo tanto, para la Sala
sí existió culpa grave en la conducta desplegada con ocasión del proceso
y con ella le ocasionó al señor Serna Giraldo la pérdida de 1.208 bultos
de frijol que se encontraban en la bodega 28 de Corabastos» 4 . Sin
embargo, «no ocurre lo mismo en relación con los otros bienes
encontrados en la bodega, pues en realidad no fueron denunciados como
bienes objeto de secuestro por la sociedad demandante en el proceso de
restitución, pues sobre ellos nunca encaminó la petición cautelar»5. En
ese orden, se procedió a la tasación del daño, teniendo como
fundamento que «(…) la medida para repararlo consiste en restituir el
valor de los 1.208 bultos de frijol propiedad del aquí demandante
secuestrados en aquella diligencia. (…) Para la tasación del precio, el
perito lo valoró (…) al 21 de abril de 2015, en $349.600 cada bulto (…)
como la demandante constituyó en mora a su contraparte cuando le
notificó el auto admisorio de la demanda el 2 de abril de 2014, la suma
de $349.600 será deflactada a la fecha indicada, (…) el valor a pagar al
demandante. Esto es: $334.117.1208 = $ 403.613.336, suma que a
3 Ibidem. pág 15.
4 Ibidem. pág 16.
5 Ibidem. pág 16.
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partir del 3 de abril generara intereses comerciales6.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se presentaron tres cargos. El primero por yerro in
procedendo, bajo el numeral 3° del artículo 336 del Código
General del Proceso. El segundo reproche por yerro in
iudicando, con fundamento en la causal segunda del artículo
336 ejusdem. La tercera censura fue propuesta bajo la égida
de la causal primera del artículo 336 del Estatuto Procesal.
Como cuestión preliminar, se anticipa que en algunos
cargos se avizoran yerros técnicos. Y en todo caso, se realiza
el estudio de fondo del caso. Precisando que dicho ejercicio
no es extraño para la Corte7.
CARGO PRIMERO
Bajo la causal tercera de casación, acusó la providencia
de segunda instancia de incongruente, «por haberse revocado la
de primer grado por razones diversas a las expuestas por el apelante.8
En sustento de su cargo, reseñó las consideraciones del fallo
de primera instancia que denegó las pretensiones. Allí se
advierte que el a quo declinó los pedimentos, entre otras
razones, por falta de acreditación de la conducta temeraria o
6 Ibidem. pág 16.
7 Al respecto los siguientes pronunciamientos: CSJ, SC1726-2024; CSJ, SC616-
2024; CSJ, SC490-2024; CSJ, SC446-2023; CSJ, SC496-2023; CSJ, SC437-2023;
CSJ, SC492-2023; CSJ, SC1962-2022; CSJ, SC5040-2021; CSJ, SC4024-2021, CSJ,
SC3729-2021; entre otros
8 Cuaderno de la Corte. Demanda de Casación. pág. 5.
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de la mala fe en el proceso de restitución anterior. A
continuación, adujo que «al interponer el recurso y al sustentarlo, el
apelante en lugar de controvertir las razones jurídicas y probatorias
mencionadas por el Juez a quo, se engolfó con el proceso de restitución
que se adelantó ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, hizo un
resumen de las pruebas allí recaudadas y se vino lanza en ristre contra
las actuaciones de varias personas naturales (...) no refutó o controvirtió
todos los argumentos que fueron aducidos por el Juzgado para denegar
las pretensiones de la demanda, limitándose a afirmar (...) que no estaba
de acuerdo con lo aseverado por la Juez acerca de la correcta conducta
de la sociedad demandada»9. Igualmente, señaló que el apelante
no «combatió el argumento jurídico de que este proceso requiere la
prueba no sólo de la culpa, el daño y la relación causal, sino de un
elemento adicional la temeridad o mala fe (...)»10. Indicó que «basta
comparar los motivos de inconformidad del apelante con las razones
expuestas para revocar la sentencia apelada, para advertir que el ad
quem se basó en motivos no esgrimidos por el apelante, lo cual torna
incongruente la sentencia apelada, pues la decisión no es armónica o
simétrica con las razones expuestas por el apelante»11. Para el efecto,
citó la decisión del Colegiado, donde se advirtió que el
apelante había sustentado el recurso oportunamente
«fundado en que existió conducta culposa de su contraparte al iniciar un
proceso judicial de restitución de 5.271 bultos de frijol, con base en un
contrato de depósito inexistente y que, además, se extendió a otros
bienes como 1.208 bultos adicionales de frijol, atún, arroz, incluso el
propio local, lo que ocasionó un daño patrimonial al señor Serna Giraldo,
quien perdió estos elementos, que no hacían parte de la medida
cautelar»12. A juicio de la casacionista, «este párrafo corrobora lo
9 Ibidem. pág. 17.
10 Ibidem.
11 Ibidem. pág. 18
12 Ibidem.
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9
que se aseveró antes, esto es, que el único aspecto que discutió el
apelante fue el concerniente a la culpa de mi representada»13.
Refirió que el a quo encontró acreditado -con base en la
sentencia del Tribunal en el proceso de restitución- que el
frijol era de propiedad de la entonces demandante y ahora
pasiva. Y señaló que «es inobjetable que el Tribunal es superior
jerárquico del Juez de primer grado, pero de tal jerarquía funcional no
puede derivarse la posibilidad para aquél de cambiar -sin discusión del
apelante-, las apreciaciones probatorias que -en desarrollo del principio
de discreta autonomía que tienen los jueces en esta materia-, se
expusieron en el fallo apelado, o para ensayar una valoración diferente
de los medios probatorios y darle prevalencia sobre la que trae la
sentencia apelada, habida cuenta que el juez de la apelación no tiene –
por regla general- una competencia panorámica, sino, como antes se
acotó, parcial y restringida a los concretos aspectos que se planteen en
la apelación»14. De modo que «si el apelante no impugnó o refutó la
conclusión medular del juez a quo de que todo el frijol pertenecía a la
sociedad acá demandada… no puede el ad quem ensayar otra
valoración probatoria y concluir lo contrario»15.
Pidió, en consecuencia, casar el fallo impugnado.
CONSIDERACIONES
1. Se adelanta el fracaso del embate. El cargo por
inconsonancia no se configuró. En el fallo de primera
instancia, el juzgado denegó las pretensiones de la demanda,
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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al no encontrar acreditados los elementos de la
responsabilidad civil extracontractual invocada. Al respecto,
la casacionista indicó que en el marco del proceso de
restitución anterior «se decretó una medida cautelar de secuestro»16
y que tal controversia terminó en segunda instancia
denegando las pretensiones de la entonces sociedad
demandante -ahora demandada-. Advirtió que «si bien en su
momento dicha autoridad negó las pretensiones en el entendido que no
se había acreditado que entre las partes había existido un contrato de
depósito, lo cierto es que en dicha providencia se estableció, en la parte
considerativa… que el dueño de los bultos de frijol era la sociedad
demandada»17. De modo que, «no se puede inferir que la demandada
haya iniciado la acción de restitución… de mala fe»18.
2. En contra de la decisión de primer grado, el actor
interpuso recurso de apelación19 -que fue concedido-. Allegó
un escrito de ampliación 20 , en el cual manifestó su
«inconformidad en cuanto a la calificación de la culpa»21. Adujo que el
a quo desestimó «el acta de secuestro realizada el día 7 de junio del
2004, donde de manera arbitraria y re-direccionada por la apoderada
del señor José Absalón Zuluaga se efectúa un allanamiento atendido por
el señor Arpidio Zuluaga, hermano del señor Absalón Zuluaga»22. E
hizo un «resumen breve del proceso de restitución de cosa fungible que
es la causa de esta demanda, la prueba del accionar doloso arbitrario y
faltando a la verdad para obtener un lucro o ganancia, que era el no
16 Audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 19 de noviembre de 2019. Minuto
10:35:10.
17 Ibidem. Minuto 10:36:25.
18 Ibidem. Minuto 10:37:03.
19 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Tomo II. Fl. 451.
20 Ibidem. Fls. 452 y siguientes.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
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pagar las ganancias de la venta del frijol a mi representado, así como
quitar la posesión del bien fungible»23. Alegó que «teniendo en cuenta
que el acta de secuestro dice que el 90% de la bodega estaba ocupada
por el frijol del cual se pagaba arriendo, se cae la afirmación de que se
trata de un contrato gratuito» 24 . Aludió a las declaraciones
extrajudiciales de Isaías Rodríguez y Francisco Oswaldo
Beltrán Palacios «que afirman que existe un supuesto contrato de
depósito gratuito entre mi representado Oriel Alberto Serna y el señor
José Absalón Zuluaga, que hay inventariado 5.271 bultos de frijol, a folio
cuarenta y seis (46) aparece la diligencia de secuestro… aquí ya cambia
la cantidad de frijol a 6.497 bultos, encontrándose una diferencia de
1.208 bultos con relación a los enunciados en la demanda y las
pretensiones de la apoderada de José Absalón Zuluaga»25. Y resaltó
que en folios posteriores aparecen sendas declaraciones
extrajudiciales de las mismas personas, «en que sin soporte
alguno modifica la cantidad del frijol a 6.471 bultos»26.
En lo referente al daño, indicó que se configuró por no
restituirse los bultos de frijol de su propiedad. El perjuicio «lo
causó y provocó el señor José Absalón Zuluaga, representante legal de
la sociedad aquí demandada» pues «(...) el frijol en su totalidad debió
ser restituido a mi representado, no por ser el dueño pues eso no tiene
debate jurídico, sino como consta en los documentos aportados del
secuestre, Hernán Castillo Maldonado (secuestre) realizó un contrato de
depósito con el señor José Absalón Zuluaga por la cantidad de 6.479
bultos de frijol en el que se compromete don José Absalón Zuluaga a
“consignar a órdenes del despacho la mercancía, respondiendo tanto
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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civil como penalmente por las indemnizaciones que esto cause”» 27 .
Adujo que esto confirma la responsabilidad de la pasiva
porque esta era «consciente de que tenía que devolver el frijol en su
totalidad porque la propiedad de dicho bien fungible nunca estuvo en
debate»28.
A su turno, aludió a la sentencia de primera instancia -
del proceso de restitución-, haciendo énfasis en la conducta
de la sociedad. Ciertamente, señaló que, el Tribunal al
desatar la alzada desechó la existencia de un vínculo jurídico
entre las partes, lo cual «desvirtúa el hecho de que la sociedad
demandante haya entregado en calidad de depósito gratuito a Oriel
Serna la cantidad de frijol que pretendía le fuera restituida» 29 .
Reprochó que «la sentencia del despacho hace énfasis en la ausencia
total de culpa y menos dolo en cabeza del señor José Absalón Zuluaga
pero con su acción… conscientemente decidió el accionar de la justicia
inventó dicho contrato con declaraciones apócrifas, incluido él mismo
porque él también declara extrajuicio que él realizó el contrato con el
señor Oriel Alberto Serna, cuando la propiedad del frijol nunca ha sido
negada por mi representado porque era del fallecido Gerardo Zuluaga»30.
Insistió en que, «no es aceptable, no es correcto que el despacho
afirme en la sentencia que no hubo responsabilidad de la sociedad
demandada porque en todo el proceso quien funge como parte del
contrato no es Gerardo Zuluaga, sino José Absalón Zuluaga tanto los 6
extrajuicios como las pretensiones de la demanda que van encaminadas
hacia esa dirección, todas estas pruebas ante juramento, si este no es
un accionar doloso y mal intencionado (...)»31.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem. Fl. 454.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Adicionalmente, en audiencia de sustentación del
recurso de apelación ante el Colegiado, el señor Serna
Giraldo a través de apoderado sustentó la alzada en los
siguientes términos.
«La juez analiza e interpreta de manera errónea las pruebas
pensando que la sociedad sí estaba legitimada y estaba cubierta
por el derecho y amparada por el derecho, toda vez que ella sí
podía demandar para que se le entregara el bien fungible a través
de una sentencia judicial, que fue la del juez 15 civil del circuito,
pero ella no tiene en cuenta la sentencia que reposa en el proceso
del tribunal donde claramente dice que el señor demandante
representante legal de la sociedad A. Zuluaga no estaba
legitimado por la causa activa. Esto está dentro del proceso, es un
documento, es una sentencia, quedó ejecutoriada, está en firme,
es una prueba, la cual la juez no leyó, no valoró, no tuvo en cuenta
su contenido. Al actuar la sociedad a través de su representante,
el señor A. Zuluaga, de manera arbitraria manifestando que ellos
habían hecho un contrato de depósito gratuito con mi representado
y al perder ellos el proceso, quedó probado que actuaron de mala
fe, que inventaron cosas que no eran ciertas.
(…)
Los fungicidas eran parte del acuerdo de mi cliente con el señor
Gerardo Zuluaga para fumigar el frijol, porque el frijol llevaba años
ahí y los ratones se comen el frijol. En el acta consta y reposa que
ahí había un fungicida. Entonces, el juez hace un inventario y
resulta que ahí ya no hay 5.271 y pico de bultos, sino hay 6.471
bultos.
(…)
Ahí queda todo. Acto seguido, el abogado de mi representado
solicita que, por favor, le entreguen la bodega, que esa no fue
objeto de la diligencia del secuestro, más todo lo fungible, más el
exceso del frijol. Sin solicitud de parte, sin requerimiento, la parte
actora toma todo el frijol, dispone de él, lo vende.
Más adelante hay un documento que dice el señor representante
legal que él, en caso de que pierda el proceso, en cinco días sabe
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(sic) y le pondrá a disposición del juzgado el frijol, cosa que nunca
pasó. Perdieron el proceso y el frijol desapareció»32 (se subraya).
Resaltó que al reformar la demanda en el proceso de
restitución, la sociedad Jorge A. & Gerardo E. Zuluaga S.A.S.
modificó el número de bultos de frijol para que coincidiera
con los bultos objeto de la medida cautelar. Enumeró los
demás bienes que estaban en la bodega y que también fueron
objeto de la cautela y aseguró que la entonces demandante
en el proceso de restitución se «quedó con todos los bienes de mi
representado, los escritorios, el reloj, todas las cosas fungibles y las dos
cajas fuertes» 33 . Señaló que la sentencia revocatoria del
Tribunal en el proceso de restitución «implica que la parte que yo
demando y que nos demandó anteriormente sí faltó, que sí realizó actos,
sí realizó conductas, hechos a generar un perjuicio, a generar un daño,
porque él quería, ese señor quería evitar pagar los gastos de bodegaje de
cuatro o cinco años del frijol»34. Agregó que «(...) todo tiene un nexo, a
partir de los hechos y de la conducta realizada por la parte de la
sociedad generó un daño y un perjuicio enorme de manera consciente,
voluntaria, a mi representado, arrasaron absolutamente con todo, lo
privaron de sus derechos. Y él gana en la segunda instancia del proceso,
por supuesto nunca recuperó el frijol, nunca le reconocieron nada por el
cuidado del frijol, nunca hubo ningún arreglo con la sociedad que
demandó» 35 . Aludió a los testimonios del señor Absalón
Zuluaga tanto en el proceso anterior como en el sub judice.
Señaló que en ambos aceptó que no tenía una relación
comercial con el ahora demandante, sino con Gerardo, su
32 Cuaderno del Tribunal. Audiencia de sustentación. Archivo digital: «SUSTENTACION.wmv».
A partir del minuto: 08:19:50 hasta 08:27:10.
33 Ibidem. Minuto 08:29:30.
34 Ibidem. Minuto 08:31:14.
35 Ibidem. Minuto 08:33:16.
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hermano. Y trajo a colación el testimonio del señor Juan
Guillermo Zuluaga «quien él reitera, reitera y dice, sí, lo despojaron
de la bodega, lo despojaron del frijol, había más frijol en el secuestro,
había más frijol del que se presenta en la demanda»36.
3. Al desatar la alzada, el Tribunal, empezó por acotar
el contorno de la pretensión impugnaticia.
«en la audiencia de sustentación del recurso, el demandante
exteriorizó que la sentencia impugnada no hizo una valoración de
la prueba que da cuenta de la responsabilidad endilgada a su
contraparte. En efecto, la conducta culposa se contrae a que la
sociedad José A y Gerardo E. Zuluaga actuó de mala fe, por cuanto
presentaron demanda de restitución ante el Juzgado 15 Civil del
Circuito, en la que pidieron el embargo y secuestro de 5.271 bultos
de frijol cargamanto y lima rojo, pese a no tener ningún negocio
con el aquí demandante, sino con Gerardo Zuluaga (fallecido), con
miras a “evitar pagar los gastos de bodegaje por 4 o 5 años” y de
“la fumigación” del frijol”»37.
Luego, resumió la versión de los hechos presentada por
la apelante en su recurso. Se refirió al acta de la diligencia de
secuestro, los bienes encontrados, entre ellos el 90% del
espacio ocupado por frijol, y señaló que «pese a que este grano
era superior (6.479) a la cantidad objeto de la medida (5.271) el juez
secuestró absolutamente todo, cerró el local comercial y le entregó el frijol
al secuestre, quien a su vez se lo cedió a la aquí demandada para que
procediera a enajenarlo»38. Se refirió también a los otros bienes
encontrados en la bodega. El sentenciador advirtió que «si bien
es cierto que el apelante debe esgrimir reparos contra los argumentos
que le sirvieron de soporte a la sentencia y, en caso de no sustentarlo así
36 Ibidem. Minuto 08:36:00.
37 Página 5, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
38 Ibidem.
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en la audiencia, ocasiona la deserción del recurso… el Tribunal
considera que el demandante sí sustentó su recurso, puesto que solicitó
la revocatoria del fallo impugnado, fundado en que existió conducta
culposa de su contraparte al iniciar un proceso judicial de restitución de
5.271 bultos de frijol, con base en un contrato de depósito inexistente y
que, además, se extendió a otros bienes como 1.208 bultos adicionales
de frijol, atún, arroz, incluso al propio local, lo que ocasionó un daño
patrimonial al señor Serna Giraldo, quien perdió estos elementos que no
hacían parte de la medida cautelar»39. Señaló que la acción de
responsabilidad aquiliana procede en el caso y se refirió a «los
elementos estructurales de la acción resarcitoria de los perjuicios
causados por el abuso del derecho de litigar»40. Citó jurisprudencia
de esta Corporación sobre el abuso del derecho, y puntualizó
que «existen tres hipótesis de aplicación de la teoría del abuso del
derecho, como factor de atribución de responsabilidad, independiente de
la extracontractual y contractual, como son que: 1) de manera
imprudente o negligente se cause daño a un tercero; 2) se ejerza un
derecho con intención de infligir daño (animus nocendi); y 3) en el caso
del abuso del derecho a litigar, carecer de razón al promover o impulsar
un proceso, o cuando “su proceder no estaba precedido de una causa
probable, fundada en motivos legítimos (iusta causa litigandi)”» 41 .
Estimó que «en este proceso no se discute: 1) que la sociedad José A
y Gerardo E. Zuluaga Ltda., hoy S.A.S., inició proceso orientado a la
restitución de 5.271 bultos de frijol, que adelantó el Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá… y 2) que en esa actuación se llevó a cabo una
diligencia de secuestro en la Bodega 28 de Corabastos el 7 de julio de
2004, en la que se hizo entrega de “todos los bienes encontrados” al
secuestre, quien manifestó que “procede a su administración… dejando
constancia (de) que se instalarán cuatro candados”… El acta resaltó que
39 Ibidem. pág. 7.
40 Ibidem. pág. 8.
41 Ibidem. pág. 9.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
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“la bodega propiamente dicha tiene un área aproximada de 270 metros
cuadrados, ocupada en un 90% en cantidad de 5.590 bultos de frijol
cargamanto y 889 bultos de frijol lima rojo… para un total de 6.479
bultos, habiendo una diferencia de 1.208 bultos de más, con relación a
los bultos enunciados en la demanda y en las pretensiones de la misma.
Se aclara que la Dra. Nubia Cascavita solicitó al comienzo de esta
diligencia de manera expresa el allanamiento de la bodega…
argumentando que era necesario abrir lo más pronto posible… para
proceder a fumigar el frijol que supuestamente se encontraba dentro con
el fin de evitar que como bien fungible que es el mismo se perdiera»42. Y
nombró los demás bienes enumerados en la diligencia.
Añadió que «también se encuentra acreditado que en ese proceso, una
vez secuestrado el frijol, mediante escrito del 22 de abril de 2005, el
señor José Absalón Zuluaga Gómez -gerente de la aquí demandada-
envió carta al mencionado despacho manifestando haber “recibido del
señor secuestre… la cantidad de 6.479 bultos de frijol, el cual fue
trasladado a la ciudad de Medellín con el fin de proceder a su venta” y
que en caso de serle adversa la sentencia procedería, inmediatamente,
a consignar su valor en la cuenta del juzgado… lo que no hizo, pese a
que la sentencia del 7 de abril de 2006, que había decretado la
terminación del contrato
de depósito… fue revocada por la Sala Civil del
Tribunal de Bogotá el 12 de marzo de 2008, negando las
pretensiones» 43 . Señaló que «igualmente se probó que el aquí
demandante era el propietario de los 1.208 bultos de frijol adicionales a
los que se extendió el secuestro… no solo porque el señor Serna ha
proclamado ser su dueño en el hecho 3º del libelo petitorio, diciendo que
en esa actuación se secuestraron “1.208 (bultos de) frijol de propiedad
del suscrito”… sin que a esta manifestación se opusiera la demandada,
al contestarlo… sino también porque en el fallo del 7 de abril de 2006…
el juzgado… ordenó que “Oriel Alberto Serna restituya los 5.271 bultos
42 Ibidem. pág. 10.
43 Ibidem. pág. 11.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
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de frijol lima rojo”… sin considerar en la orden los otros bultos que
incluyó en la reforma de la demanda la sociedad José A y Gerardo E.
Zuluaga en aquel proceso. El propio actor resaltó en su interrogatorio que
”5.200 y pico eran de Gerardo Esteban Zuluaga Gómez y 1.200 de mi
propiedad”, afirmación que le merece plena credibilidad al Tribunal, toda
vez que su dicho está refrendado por el acta de la diligencia de secuestro
y la sentencia recién citada»44.
Por lo demás, sostuvo que, al encontrarse los bienes
referidos en la bodega donde el señor Serna ejercía su
actividad comercial, «cuenta a su favor con la presunción del inciso
2º del artículo 762 del Código Civil, porque si nadie demostró que otro
fuera el dueño, este título se le otorga al poseedor»45. Y -fulminó- «la
prueba de la propiedad de los bienes distintos al frijol en cabeza del
señor Serna Giraldo, verbigracia granos de otra especie, elementos de
oficina… y dos cajas fuertes, nunca le fue disputada por la sociedad
demandante en el proceso de restitución, como tampoco en este proceso
donde fue demandada, lo que permite aplicar la misma presunción»46.
Así las cosas, el Tribunal consideró que «el decreto excesivo
de las medidas cautelares es un supuesto de abuso del derecho
reconocido por la doctrina y jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia»47. Y, citó fallos de esta Corporación sobre
la temática estudiada. A renglón seguido, señaló la necesidad
de «verificar si existió actuación culposa o dolosa en la afectación de
otros bienes que eran de propiedad del señor Oriel Alberto Serna Giraldo,
pero que debían permanecer al margen del trámite de restitución de bien
44 Ibidem. pág.12.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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fungible» 48 . Sobre los 1.208 bultos de frijol adicionales -
precisó- «no se actuó con diligencia para determinar si eran de la
sociedad allí accionante o del aquí demandante»49. Y es que, aunque
en la diligencia de secuestro se advirtió el exceso, la parte
demandada -entonces demandante- no hizo «averiguación sobre
quién era el propietario de ese grano»50 sino que «reformó la demanda
-después de perfeccionado el secuestro- aumentando los bultos
reclamados en las pretensiones de 5.271 a 6.479… aspecto que no
reconoció la sentencia de primera instancia porque sólo ordenó la
restitución de la cantidad inicial declarada y que luego, en todo caso, fue
revocada por el fallo del Tribunal»51. Destacó que tal proceder «tenía
visos de irregularidad»52 a juzgar por la decisión del Fiscal 12
Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito de Bogotá. Por
lo demás, el ad-quem señaló que la sociedad demandada
«nunca consignó a órdenes del Juzgado 15 Civil del Circuito el valor por
el que vendió el frijol, pese a haberse comprometido a ello a través de su
representante legal…»53. Y subrayó que «la culpa grave, por supuesto
contraria a la buena fe, consistió en que la sociedad Jorge A. & Gerardo
E. Zuluaga S.A.S., a sabiendas de que sólo había solicitado la restitución
de 5.271 bultos de frijol, extendió la medida cautelar a 1.208 bultos
adicionales que había en la bodega, sin siquiera averiguar si eran o no
de su propiedad o de su allí demandado, al punto de presentar una
reforma de demanda para incluir ese otro producto, sin tener soporte
alguno. Más aún, se comprometió a vender el frijol y a depositar su valor
en la cuenta de depósitos del juzgado, si la sentencia le era adversa, sin
que hubiera cumplido»54. De modo que, «para la Sala sí existió culpa
48 Ibidem. pág. 13.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem. pág. 14.
52 Ibidem.
53 Ibidem. pág. 15.
54 Ibidem. pág. 15.
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grave en la conducta desplegada con ocasión del proceso y con ella le
ocasionó al señor Serna Giraldo la pérdida de 1.208 bultos de frijol que
se encontraban en la bodega 28 de Corabastos»55 . Con todo, el
Tribunal desestimó la petición en relación con los demás
bienes encontrados en la bodega. Y es que del acta de la
diligencia se desprende que fue el juez quien ordenó entregar
«“todos los bienes encontrados” al secuestre, quien dijo encargarse de
su “administración”, sin que de tal actuación mediara solicitud de la
parte actora de aquel proceso» 56 . Asimismo, el fallador halló
acreditado que, tras la práctica de la medida cautelar, la
demandada solamente asumió el cuidado de los bultos de
frijol, pero no de los otros bienes objeto de la medida.
Estableció así la conducta culposa o malintencionada de la
demandada, la existencia de un daño y el nexo de causalidad.
4. En tal virtud, es impreciso afirmar, como alega la
censura, que la apelante se hubiera limitado a resumir el
proceso de restitución anterior en el recurso de apelación de
instancia sin refutar la decisión del a quo. Por supuesto, la
alzada hizo referencia al decurso del proceso primigenio
precisamente como sustento de la pretensión de declaración
de responsabilidad civil por abuso del derecho a litigar. De
modo que la controversia giraba en torno a unos hechos
eminentemente procesales de la causa anterior. Tampoco es
acertado -como denunció la casacionista- que el apelante no
hubiere cuestionado la decisión del a quo en cuanto a la
estructuración de los elementos de la responsabilidad civil.
55 Ibidem. pág. 16.
56 Ibidem.
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21
Por el contrario, de la sustentación del recurso se advierte
que, tras hacer un recuento de los hechos -el proceso
anterior y la diligencia de secuestro- el señor Serna Giraldo
por medio de su apoderado calificó la conducta de la
demandada en el trámite de restitución. Refirió que el hecho
de que se hubiera extendido la medida cautelar sobre los
bultos de frijol en exceso de lo pedido y la posterior
transferencia de estos a la sociedad demandante, así como la
falta de devolución del dinero percibido por la venta del
grano, eran todos indicativos de la conducta temeraria y de
mala fe de la pasiva. Y es que, en puridad, se cuestionaron
todas las conclusiones del a quo. En la medida en que este
denegó las pretensiones porque no encontró acreditado
ninguno de los elementos de la responsabilidad civil especial
por abuso del derecho a litigar, aquel se propuso demostrar
todos y cada uno de los elementos, especialmente, el de la
temeridad o mala fe. Lo anterior implicaba hacer referencia
al proceso de restitución que fue precisamente donde se
configuró la responsabilidad de la interpelada. Y no le estaba
vedado al ad quem el valorar los medios suasorios que no
habían sido cuestionados por el recurrente. En efecto,
cuando la norma procesal dispone que la competencia del
juez de segunda se limita a los reparos concretos formulados
en la impugnación, en modo alguno implica que la decisión
del sentenciador deba apoyarse exclusivamente en los
medios de prueba cuestionados. Por el contrario, el ad quem
está compelido a apreciar las pruebas en conjunto - artículo
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
22
176 del Estatuto Procesal- aun en segunda instancia. Así las
cosas, el fallo fue congruente.
5. En una palabra, el cargo fracasa.
CARGO SEGUNDO
Con apoyo en el motivo segundo de casación, acusó la
providencia de violar indirectamente -los artículos 2341,
1608, 1613 y 1614 del Código Civil - «por aplicación indebida»57-
. También, esgrimió el quebranto del canon 80 del Estatuto
Procesal, y los artículos 65 de la Ley 45 de 1990, y 830 y 884
del Código de Comercio «como consecuencia de errores de hecho y
de derecho en materia probatoria»58 . En soporte de su embate
planteó que, el Tribunal, erradamente, «estimó que los 1.208
bultos de frijol pertenecían al actor y que existía culpa grave de la
demandada y ello justificó la millonaria condena que finalmente se
impuso»59 . Y subrayó que, esa conclusión es resultado de
sendos errores de derecho, por desconocimiento de lo
previsto en los artículos 164 y 176 del Código General del
Proceso.
Acentuó que no se tuvo en cuenta la réplica a la
demanda presentada por el señor Serna dentro del proceso
de restitución subyacente. A su juicio, «El documento tiene
cardinal importancia por cuanto el –allá- demandado nunca alegó ser
57 Cuaderno de la Corte. Demanda de Casación. pág. 21.
58 Ibidem.
59 Ibidem. pág. 22.
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23
propietario del frijol cuya restitución se demandaba»60. Agregó que, al
proponer la excepción de falta de legitimación en la causa, el
entonces demandado -ahora parte activa- afirmó que «“la
mercancía fue entregada en la bodega de mi mandante a título de
garantía sin poderse en el momento determinar la cantidad de esta”»61.
Y que, en apoyo de las defensas de inexistencia del contrato
de depósito y enriquecimiento sin causa, el demandado -
ahora demandante- reiteró que se trataba de bienes recibidos
«en garantía»62. De modo que «lo que puede deducirse en forma
objetiva de la respuesta a la demanda dada por Serna es que este nunca
manifestó ser propietario del frijol, sino tenedor del mismo por haberlo
recibido en garantía de pago de unas obligaciones que allí mencionó de
manera genérica» 63 . Además, acusó al fallo de ignorar «la
ampliación de indagatoria del señor Hernán Castillo Maldonado rendida
el 9 de enero de 2010»64, entonces secuestre, quien dijo que en
la diligencia de secuestro la sociedad demandante manifestó
ser la dueña del grano. Lo propio se infiere -según la censura-
del auto del 11 de abril de 2011 emitido por el Juzgado 15
Civil del Circuito de Bogotá en la litis anterior. En efecto,
indicó que la providencia es relevante «por cuanto en el cuerpo de
esta, el Juzgado refiere a una prueba documental allegada dentro de ese
juicio que acreditaba que la propietaria de todo el frijol era de mi
representada y por ello dispuso que el frijol secuestrado continuara bajo
su custodia»65. Aludió a la sentencia del 29 de junio de 2012
proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Descongestión de Bogotá dentro de otro proceso de
60 Ibidem.
61 Ibidem. pág. 23.
62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Ibidem. pág. 24.
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restitución «iniciado por los herederos de Gerardo Esteban Zuluaga
Gómez contra Serna, y [que] si bien se denegaron las pretensiones de la
demanda, el Juzgado precisó que lo pretendido por la parte actora era la
restitución de 6.769 bultos de frijol y que tales bienes habían sido
entregados con anterioridad a mi representada»66. Refirió también la
sentencia de 12 de marzo de 2008 proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá, en cuyas consideraciones se indicó que
«“de conformidad con el conjunto de pruebas no hay duda que la relación
contractual relativa al frijol se llevó a cabo entre las dos personas
únicamente citadas, así el frijol haya sido de propiedad de la sociedad
demandante”»67. Apuntaló, pues, que esta «es una pieza probatoria
fundamental, tanto que fue la única que tuvo en cuenta la juez a quo
para absolver en este juicio a mi mandante, (...) no podía deducirse
ninguna temeridad por promover el proceso y pedir la práctica del
embargo del referido bien fungible que cobijó también la cantidad de
bultos que el actor alega en este juicio era de su propiedad, lo que desde
otro punto de vista también comportaba la inexistencia de daño para
aquel»68.
Señaló que el Tribunal «a pesar de la rotundidad del hecho
probado con tales pruebas… se limitó a hacer un análisis individual y
separado de otros medios probatorios»69. Adujo que el ad quem
«únicamente tuvo en cuenta la diligencia de secuestro de 7 de julio de
2004, la demanda presentada en este proceso y su réplica, la sentencia
de fecha 7 de abril de 2006 del Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá,
el interrogatorio de parte del demandante, la carta de 22 de abril de
2005, la resolución de la Fiscalía de fecha 1o de febrero de 2013 de todos
ellos se citaron unos pocos renglones, y lo más importante fueron
66 Ibidem. pág. 25.
67 Ibidem. pág. 26.
68 Ibidem. pág. 27.
69 Ibidem.
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apreciados en forma individual y aislada sin hallar sus puntos de
conexidad o de divergencia»70. Y añadió que, si bien el Colegiado
no estaba obligado a derivar las conclusiones opuestas de los
medios suasorios reseñados, «sí estaba compelido a ligarlos o
unirlos con los que sirvieron de pie de apoyo para fulminar la condena
de mi representada, y luego de ese análisis conjunto, a explicitar las
razones por las cuales les daba credibilidad a estos sobre aquellos y
concluir -ahí sí- que los 1208 bultos de frijol pertenecían a Serna»71.
La censora denunció también la falta de resolución de
la objeción formulada al dictamen rendido por el perito
Álvarez Vivas. Señaló que el 14 de octubre de 2014 el
sentenciador de primera instancia decretó de oficio la
práctica de un dictamen para cuantificar los perjuicios
alegados por la activa. El 21 de abril del 2015 el perito
presentó su experticia «y en cuanto concierne al frijol -refirió- el
perito expresó que los 1.208 bultos de frijol cargamanto tenían un valor
total de $422.316.800 a razón de $349.600 cada uno»72. Manifestó
que la pasiva objetó tal dictamen por error grave. En
concreto, porque no acreditó el valor unitario del frijol con
base en el cual se hizo la estimación. Relató, pues, que el
juzgador abrió a pruebas el incidente por error grave y
decretó la práctica de otro dictamen del cual se corrió
traslado a las partes. No obstante, alegó que, en el fallo
impugnado el Tribunal «tuvo en cuenta el dictamen rendido por el
perito Álvarez Vivas, pero omitió resolver… la objeción por error grave
70 Ibidem. pág. 29.
71 Ibidem.
72 Ibidem. pág. 31.
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formulada respecto del referido medio probatorio» 73 , como era
menester en virtud del artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil aplicable al litigio en un «típico caso de ultra
actividad de la ley procesal»74.
Deprecó que los mentados errores de derecho derivaron
en transgresión de los preceptos contenidos en los artículos
164, 173 y 176 del Estatuto Procesal. Indicó que «la norma
anterior fue infringida, de una parte, por cuanto las pruebas no fueron
apreciadas en conjunto y, de la otra, porque el Tribunal omitió exponer
las razones por las cuales daba mérito a las pruebas en que se apoyó y
las que no tuvo en cuenta» 75 . Denunció también el
desconocimiento del artículo 244 del Código General del
Proceso sobre el valor de los documentos y el numeral 6º del
artículo 238 ejusdem por falta de respuesta a la objeción al
dictamen.
Con todo, la casacionista también denunció sendos
errores de hecho que llevaron al ad-quem a «dar por probada,
sin estarlo, la temeridad o mala fe de la demandada… dar por probado,
sin estarlo, el daño sufrido por el demandado» 76 . En apoyo del
embate arguyó que del acta de secuestro del 7 de julio de
2004 no podía deducirse la culpa grave de la pasiva, como lo
hizo el Tribunal. Adujo que «lo que hizo notar el juez es que existía
una diferencia entre la cantidad de frijol que se mencionaba en la
demanda primigeniamente presentada y la que fue encontrada en la
bodega el día que se practicó la diligencia, pero no podía de tal
73 Ibidem. pág. 32.
74 Ibidem. pág. 33.
75 Ibidem. pág. 34.
76 Ibidem. pág. 35.
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afirmación deducirse -como hizo el Tribunal- que sólo podía embargarse
la cantidad de frijol arriba mencionada, para deducir de ese parangón
una conducta culposa de la demandada»77 . Trajo a colación el
escrito inicial y la contestación dentro del sub judice, y
fulminó la conclusión que el Tribunal extrajo del hecho
tercero «por cuanto lo tergiversó para afirmar que Serna había
proclamado en tal segmento de la causa petendi, que los 1.028 bultos
eran suyos, cuando en el hecho se expresa es que son propiedad del
“suscrito”, vale decir, de quien suscribe el documento que es la abogada
del demandante»78. Adicionó que «el ad quem, además, expresó que
la parte demandada no se opuso a esa manifestación de la propiedad
de los 1.208 bultos de frijol, lo cual no se encuentra ajustado a la
realidad»79. Citó entonces las respuestas a los hechos primero,
segundo, quinto, sexto y octavo, así como las
manifestaciones formuladas sobre el mismo hecho tercero y
el cuarto, de la contestación de la demanda. Sostuvo que, «El
Tribunal cometió error de hecho en la apreciación del escrito de la
contestación de la demanda, pues en forma contraevidente expresó que
mi representada no se opuso a la supuesta manifestación de que el frijol
pertenencia al actor, cuando lo que, en forma objetiva, aflora del
documento en cuestión y se dijo, en forma reiterada, es que la propietaria
de todo el frijol es José A y Gerardo E Zuluaga S.A.S. afirmación que se
encuentra corroborada con varias providencias judiciales que así lo
reconocieron con base en los documentos de importación
correspondientes, luego que desde el punto de vista lógico tal
manifestación implica la negación de la supuesta propiedad del frijol por
parte de Serna»80. Añadió que el juez de segundo grado incurrió
en yerro al valorar la sentencia del 7 de abril de 2006 «pues
77 Ibidem. pág. 36.
78 Ibidem. pág. 37.
79 Ibidem.
80 Ibidem. pág. 40.
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revivió los efectos de esa decisión hasta la fecha en que se dictó la
sentencia acá impugnada, contradiciéndose con otro hecho que el propio
Tribunal destacó, a saber: que tal sentencia fue revocada por el Tribunal
el 12 de marzo de 2008»81. En efecto, indicó que aunque en dicha
providencia se le ordenó al señor Serna restituir 5.271 bultos
de frijol, el superior revocó esta decisión. También alegó
tergiversación de la carta de 22 de abril de 2005 que
«demuestra objetivamente los siguientes hechos: (i) que el suscriptor
reconoce haber recibido del secuestre la cantidad de 6.479 bultos de
frijol; (ii) que, de igual modo, aquel se comprometió con el secuestre y el
Juzgado a restituir el valor del frijol en caso de que la sentencia fuera
“adversa”; (iii) que el signatario asumía la responsabilidad en caso de
incumplir con su compromiso; (iv) que se afirmaba que la sociedad era
propietaria de la totalidad del frijol y, (v) que este se recibía a entera
satisfacción»82. Expuso que «El Tribunal en la sentencia afirmó que
“la sociedad José A. & Gerardo E. Zuluaga S.A.S. después de perder el
proceso, nunca consignó a órdenes del Juzgado 15 Civil del Circuito el
valor por el que vendió el frijol, pese a haberse comprometido a ello a
través de su representante legal (fls. 8-9 c.1)”, y, cometió en la
apreciación de ese documento error de hecho, por cuanto tergiversó su
contenido para deducir la existencia de una conducta temeraria de mi
representada, por no haber restituido el valor del frijol al Juzgado,
cuando del documento en cuestión no puede deducirse y cuando
además, en este juicio la responsabilidad civil se estructuró por la
medida cautelar practicada en el proceso y no en el incumplimiento de
los compromisos adquiridos por el signatario del documento sub examine
con el secuestre y con el juez 15 Civil del Circuito»83. Y agregó que «en
el documento no se precisó en qué consistía la “sentencia adversa” y la
que finalmente se dictó en el proceso, no tiene tal condición por cuanto el
81 Ibidem. pág. 41.
82 Ibidem. pág.
83 Ibidem.
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Tribunal –no obstante negar las pretensiones por falta de legitimación en
la causa- reconoció que todo el frijol era de propiedad de mi
representada, y desde esa perspectiva mi mandante no estaba obligado
a restituir al Juzgado el valor de un bien que le pertenecía. Cosa diferente
hubiere acontecido si el referido fallo judicial hubiere determinado que
1.208 bultos de frijol eran de propiedad de Serna pero ello no
aconteció»84. Denunció yerro en la valoración de la resolución
de la Fiscalía 12 Delegada ante Tribunales del 1º de febrero
de 2013. A su juicio, «Lo que objetivamente emerge de esa resolución
es lo siguiente: de una parte, que se revisaba la legalidad de la decisión
que precluyó la investigación penal adelantada contra el secuestre –no
contra mi representada- considerándose que la actuación desplegada
por este no podía considerarse violatoria de la ley penal sino muy por el
contrario ajustada a derecho; de otra parte, que al final de sus
consideraciones a manera de obiter dicta la fiscalía mencionó que era
necesario investigar a otras personas, así como la reforma de la
demanda realizada en el Juzgado 15 Civil, sin que se considerara que
tal acto procesal cumplido al interior del proceso civil era un conducta
violatoria de la ley penal»85. Relató que «el Tribunal cometió error de
hecho en la apreciación del documento, pues estimó que la reforma de la
demanda presentada por la acá recurrente en el Juzgado 15 Civil del
Circuito, tenía “visos de irregularidad” cuando ello jamás fue expresado
en la resolución de la Fiscalía quien se limitó a calificar la reforma como
“sorpresiva”, y nada más. El Tribunal alteró el documento para hacerle
decir lo que en verdad no expresa»86.
Finalmente, la recurrente denunció yerro en la
estimación de la experticia. En su opinión, ni la practicada
inicialmente ni la que rindió el siguiente perito al producirse
84 Ibidem.
85 Ibidem. pág. 44.
86 Ibidem.
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la objeción están debidamente fundamentadas. En la medida
en que el Tribunal «se limitó a transcribir el valor de los bultos de
frijol y nada más»87 incurrió en yerro fáctico.
Pidió, en consecuencia, casar el fallo impugnado.
CONSIDERACIONES
1. Se anticipa el fracaso del cargo.
2. En el caso, los artículos 160888, 161389 y 161490 del
Código Civil no tienen el carácter de sustancial. En efecto,
dichas normas no consagran derechos ni obligaciones, ni
modifican o extinguen una relación jurídica concreta 91 .
Adicionalmente, se advierte que la censura entremezcló los
dos errores -el de hecho y el de derecho- denunciados,
incluso tratándose de un mismo medio de prueba. No
obstante- en gracia de discusión- esta Sala procederá al
estudio de los yerros denunciados. En efecto, separará el
embate y empezará por el de derecho.
87 Ibidem. pág. 47.
88 Sobre el carácter no sustancial de este precepto consultar: CSJ SC, 24 oct. 1975, GJ 2429,
CSJ, AC2117-2020; CJS, SC3978-2022, entre otros.
89 En cuanto al artículo 1613, esta Corporación ha enseñado que: «los artículos 1613, 1614 y
1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnización de perjuicios (daño
emergente y lucro cesante), no son sustanciales, pues tan sólo hacen una clasificación y
explicación de dos modalidades de daños resarcibles» (CSJ, AC2506-2016; CSJ, AC3597-2018,
ambos mencionados en CSJ, AC2117-2020).
90 CSJ, AC3597-2022: al sostener que se limita a «la definición de daño emergente y lucro
cesante sin ocuparse de regular ninguna relación de hecho a la que deba seguirle una
determinada consecuencia jurídica» calificándola como una disposición meramente definitoria
con fundamento en los precedentes CSJ SC, 13 mar. 2008, rad. 2000-05547; CSJ SC, 2 feb.
2005, rad. 1998-00155; CSJ SC, 29 abr. 2005, rad. 0829-92; y CSJ, AC2828-2020.
91 CSJ, AC1241-2019; CSJ AC-051, 2 abr. 2008; CSJ SC, AC 25 oct. 1996, rad. n.° 6228, todas
citadas en CSJ, AC3725-2021.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
31
3. En el sub judice, el actor reprochó al Tribunal el
haber concluido que los 1.208 bultos de frijol objeto de la
medida cautelar eran propiedad del señor Serna. Lo anterior
– en su criterio - fue fruto de sendos yerros de iure que
derivaron en la eventual condena. Expuso que el Colegiado
no tuvo en cuenta la réplica a la demanda del señor Serna en
el proceso de restitución, ni la ampliación de indagatoria que
rindió el señor Hernán Castillo Maldonado el 9 de enero de
2010 -entonces secuestre-, ni el auto del 11 de abril de 2011
proferido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá.
También denunció el desconocimiento de la sentencia de
primera instancia de otro proceso de restitución entre las
partes y la sentencia del 12 de marzo de 2008 proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, en cuyas consideraciones se
indicó que «“de conformidad con el conjunto de pruebas no hay duda
de que la relación contractual relativa al frijol se llevó a cabo entre las
dos personas únicamente citadas, así el frijol haya sido de propiedad de
la sociedad demandante”»92. Y alegó que el ad quem no resolvió
la objeción por error grave que se presentó oportunamente
frente al dictamen rendido por el experto Álvarez Vivas.
Estimó, pues, que los mentados errores de derecho derivaron
en transgresión de los preceptos contenidos en los artículos
164, 173 y 176 del Estatuto Procesal. Indicó que «la norma
anterior fue infringida, de una parte, por cuanto las pruebas no fueron
apreciadas en conjunto y, de la otra, porque el Tribunal omitió exponer
las razones por las cuales daba mérito a las pruebas en que se apoyó y
las que no tuvo en cuenta» 93 . Del mismo modo, denunció el
92 Cuaderno de la Corte. Demanda de Casación. pág. 26.
93 Ibidem. pág. 34.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
32
desconocimiento del artículo 244 del Código General del
Proceso sobre el valor suasorio de los documentos y el
numeral 6º del artículo 238 ejusdem por falta de respuesta a
la objeción al dictamen.
3.1. Con respecto al derecho de dominio sobre los bultos
de frijol, el Tribunal se pronunció así:
«… se probó que el aquí demandante era el propietario de los
1.208 bultos de frijol adicionales a los que se extendió el secuestro
(f. 103, c.1) no solo porque el señor Serna ha proclamado ser su
dueño en el hecho 3º del libelo petitorio, diciendo que en esa
actuación se secuestraron “1.208 (bultos de) frijol de propiedad del
suscrito” (f. 119, c.1), sin que a esta manifestación se opusiera la
demandada, al contestarlo (fls. 190-197, c. 1, T. I) sino también
porque en el fallo del 7 de abril de 2006 (2004-00138) el juzgado
Quince Civil del Circuito de Bogotá ordenó que “Oriel Alberto Serna
restituya los 5.271 bultos de frijol lima rojo” (f. 17, c. 1) sin
considerar en la orden los otros bultos que incluyó en la reforma
de la demanda la sociedad José A y Gerardo E. Zuluaga en aquel
proceso. El propio actor resaltó en su interrogatorio que ”5.200 y
pico eran de Gerardo Esteban Zuluaga Gómez y 1.200 de mi
propiedad” (f. 261, c. 1, T I) afirmación que le merece plena
credibilidad al Tribunal, toda vez que su dicho está refrendado por
el acta de la diligencia de secuestro y la sentencia recién citada.
Pero, además, no puede desconocerse que estando los bultos de
frijol en poder del demandante y encontrarse en la bodega donde
él ejercía su actividad, cuenta a su favor con la presunción del
inciso 2º del artículo 762 del Código Civil, porque si nadie demostró
que otro fuera el dueño, este título se le otorga al poseedor»94.
3.2. En este caso, el Tribunal derivó la conclusión de
que los 1.208 bultos de frijol eran propiedad del actor, de los
siguientes medios suasorios: i) la demanda y su contestación,
en concreto, del hecho tercero; ii) el fallo de primera instancia
del proceso de restitución donde se ordenó devolver 5.271
94 Página 12, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
33
bultos de frijol; iii) la respuesta del actor en su interrogatorio;
iv) aplicación de la presunción del inciso segundo del artículo
762 del Código Civil. La sociedad censora alega que el
Tribunal no tuvo en cuenta otros medios de convicción que,
en su sentir, hubieran llevado al sentenciador al
convencimiento de que no había tal derecho de dominio.
Tales fueron -señaló- la réplica a la demanda del señor Serna
en el proceso de restitución, la ampliación de indagatoria que
rindió el señor Hernán Castillo Maldonado el 9 de enero de
2010 -entonces secuestre-, el auto del 11 de abril de 2011
proferido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, la
sentencia de primera instancia de otro proceso de restitución
entre las partes y la sentencia del 12 de marzo de 2008
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
Con todo, esta Sala tiene establecido que optar por un
grupo de pruebas -por sobre otros- no es suficiente para
derivar per se un defecto en el trabajo argumentativo y
probatorio del juzgador. Ciertamente, tal escogencia no
constituye falta de apreciación conjunta 95 . El fallador
atribuyó más fuerza suasoria a otros medios de prueba-
demanda, contestación, confesión-, pero se itera, el
Colegiado hizo operar la presunción de dominio del inciso
segundo del artículo 762 del Código Civil a cuyas voces «el
poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo».
95 «“tampoco constituye per se un error de derecho por ausencia de apreciación conjunta” en la
medida que tal “escogencia es, en línea de principio, fruto de la apreciación, análisis y
confrontación integral de los elementos probatorios, lo cual excluye la conculcación del artículo
187 del Código de Procedimiento Civil (Cas. Civ., sentencia de 2 de diciembre de 2011, Rad. No.
25899-3103-001-2005-00050-01)». CSJ, SC, 19 dic. 2012, Rad. 2008-00444-01.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
34
Así, el Tribunal advirtió que los 1.208 bultos de frijol estaban
ubicados en una bodega donde el demandante ejercía su
actividad comercial y que la demandada -entonces parte
accionante- había sido vencida en proceso al no acreditar
título alguno -ni de dominio ni de tenencia- sobre esa
mercancía. Véase que, una vez establecido el derecho de
dominio en cabeza del señor Serna -con los medios de prueba
y la presunción legal referidos-, por sustracción de materia,
queda descartada la tesis opuesta: la inexistencia de dicho
derecho de propiedad. En consecuencia, no se advierte el
yerro de iure deprecado.
3.3. Con respecto a la presunta falta consistente en no
resolver la objeción al dictamen pericial por error grave, se
ofrece lo que viene.
3.3.1. El ataque adolece de un defecto técnico por
entremezclamiento de causales96. Ello por sí mismo da al
traste con el cargo. En efecto, la pretensora elevó su súplica
con apoyo en la causal segunda por error de derecho. No
obstante, al desarrollar el embate lo hizo por la vía tercera.
De este modo, la recurrente acusó al fallo de ser citra petita
o de omitir pronunciarse sobre un asunto que debía
resolverse en la sentencia. Esto es, que el Colegiado debía
zanjar la objeción por error grave y no lo hizo. En efecto, esta
Corporación tiene establecido que «la vulneración del principio de
96 CSJ, SC, 29 sep. 1998, No. 085; AC, 6 jul, 2009, Rad. 2000-00341-01; y SC775-
2021.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
35
congruencia (…) puede emanar de: (I) la ausencia de correspondencia
entre la decisión y las pretensiones, por contener aquella
determinaciones extra petita, ultra petita o citra petita; (II) la falta de
resolución sobre las excepciones alegadas por los convocados o que, sin
ser personales -prescripción, compensación y nulidad relativa-, refulgen
de las pruebas recabadas en el trámite; (III) decidir sobre las defensas
personales, a pesar de no haber sido invocadas; y (IV) el completo
alejamiento del fallo con la plataforma fáctica invocada en la demanda
y la contestación»97. En consecuencia, la recurrente incurrió en
hibridismo de causales.
3.3.2. Lo anterior es suficiente para despachar el
embate. Sin embargo, se procederá con su estudio de fondo.
Así lo ha efectuado esta Sala en otros proveídos98.
El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil
ordenaba los mecanismos de contradicción del dictamen
pericial. Uno de ellos era la objeción al dictamen pericial por
error grave. El literal 6 de dicha norma establecía que la
objeción debía resolverse en sentencia o en auto «salvo que la
ley disponga otra cosa». El artículo 40 de la Ley 153 de 1887
prescribió que «las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que
deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación». Por su parte, el
97 CSJ, SC1641-2022.
98 CSJ, SC1726-2024; CSJ, SC616-2024; CSJ, SC490-2024; CSJ, SC446-2023; CSJ,
SC496-2023; CSJ, SC437-2023; CSJ, SC492-2023; CSJ, SC1962-2022; CSJ,
SC5040-2021; CSJ, SC4024-2021, CSJ, SC3729-2021; entre otros
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36
literal b) del numeral 1 del artículo 625 del Código General
del Proceso, dispuso que en los procesos ordinarios «si ya se
hubiese proferido auto que decrete pruebas, estas se practicarán
conforme a la legislación anterior» pero «concluida la etapa probatoria,
se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el
presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia»;
asimismo, ordenó que «a partir del auto que convoca la audiencia, el
proceso se tramitará con base en la nueva legislación». De tal manera,
que una vez practicada la prueba, los aspectos atinentes a
cuestionar la solidez de la experticia se dilucidan en la
sentencia. Asimismo, en la legislación procesal actual, se
eliminó el trámite de la objeción por error grave del dictamen
pericial.
En el sub judice, la práctica del dictamen se sometió al
Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la valoración de
la experticia se materializó conforme al Código General del
Proceso. Al respecto, el a quo señaló que «en aras de continuar
con el trámite normal del proceso, y con sustento en el artículo 625 del
Código General del Proceso en concomitancia con el artículo 373 ibidem,
el despacho dispone: señalar a la hora de las 9:30 am del día 26 de
septiembre de 2019 para que tenga lugar la audiencia de alegatos y
sentencia conforme lo contempla el artículo 373 del Código General del
Proceso»99. En primera instancia, el sentenciador declaró el
fracaso de las pretensiones de la demanda, de modo que no
entró a estudiar el asunto de la tasación del perjuicio.
99 Cuaderno del Juzgado No. 1 Tomo II. Fl. 401.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
37
Ahora bien, la pretensora citó las disposiciones que a
su juicio consideró aplicables -artículos 238 y por remisión
el 108 del Código de Procedimiento Civil-. Normas que no se
quebrantaron porque no regulaban la controversia al estar
derogadas100. De allí que, el juez de primer grado hubiese
adecuado el decurso, conforme a la regla procesal del artículo
624 del Código General del Proceso. La prueba se practicó y
se controvirtió conforme a la regla vigente al momento de su
decreto – Código de Procedimiento Civil – y su valoración
correspondía a los dictados del Código General del Proceso –
por ser la legislación vigente al momento de dictarse
sentencia -. En efecto la práctica de la prueba es la
incorporación del medio de convicción al plenario101- en el
caso, el dictamen se recibió con el aporte de la experticia102.
No obstante, el ad quem omitió pronunciarse en la sentencia
sobre la objeción por error grave. Proceder, que deviene
intrascendente para la resolución de la controversia. A
continuación, las razones:
3.3.3. En el curso de la primera instancia la
impugnante objetó el dictamen rendido por el experto Álvarez
Vivas por error grave. En concreto, porque no acreditó el
valor unitario del frijol con base en el cual se hizo la
estimación. Ciertamente, el presupuesto fáctico en que se
100 Cfr. Código General del Proceso. Artículos 626 y 627.
101 «Se entiende, pues, por práctica o recepción de la prueba, los actos procesales necesarios para
que los diversos medios concretos aducidos o solicitados o decretados de oficio se incorporen o
ejecuten en el proceso» Hernando Devis Echandía. Teoría General de la Prueba Judicial. Ed
Temis, 1967, pág. 396.
102 Sobre la incorporación del dictamen pericial como medio de prueba: CSJ, AC3768-2024;
CSJ, SC364-2023; CSJ, SC14426-2016; CSJ, AC5612-2016
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
38
apoyó el dictamen objetado para fijar el precio del frijol
constituye un hecho notorio. Pues es un indicador económico
de mercado -aspecto que se desarrolla en detalle en el
numeral 6 de este cargo-. De allí, que la condena impuesta
por el Tribunal no variaría.
5. A continuación, se estudian los yerros fácticos
reprochados. En el asunto que nos convoca, la pretensora
señaló que el fallo da por probado, sin estarlo, que la
sociedad demandada obró de mala fe.
5.1. Efectivamente, la casacionista adujo que del acta
de secuestro del 7 de julio de 2004 no puede deducirse la
culpa grave, «lo que ciertamente no emerge de tal pieza procesal».103Al
respecto, el Tribunal señaló que «del acta de secuestro se colige
que solamente se debían aprehender 5.271 bultos de frijol del que
aparentemente era propietaria la sociedad José A. & Gerardo E. Zuluaga
S.A.S., con miras a adoptar medidas conservativas del producto
perecedero, como eran las de “fumigar el frijol que supuestamente se
encontraba dentro a fin de evitar como bien fungible que es, el mismo se
perdiera” (f.103, c.1). Pero terminaron secuestrando 6.479 bultos, es
decir 1.208 más, sin que la aquí demandada acreditara haber efectuado
alguna averiguación sobre quién era el propietario de ese grano…»104. Y
se indicó que, «(...) una vez contabilizados y contados los bultos de
frijol se encontraron aproximadamente 5.590 bultos de frijol cargamanto
y 839 bultos de frijol lima, para un total de 6.479 bultos, habiendo una
diferencia de 1.208 bultos de más, con relación a los bultos enunciados
103 Cuaderno de la Corte. Demanda de Casación. pág. 36.
104 Página 14, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
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39
en la demanda y en las pretensiones de la misma»105. El ad quem
estimó la configuración del dolo del contenido de las
probanzas. Ciertamente, de la materialidad del acta no se
advierte constancia, de que la parte demandante hubiera
hecho alguna averiguación de la propiedad sobre los bultos
de frijol cautelados en exceso. Además, la sociedad
demandada – antes actora - conocía que se extralimitó en la
solicitud de la cautela. Efectivamente, de una parte, señaló
en la demanda de restitución una cantidad menor a la
cautelada. Asimismo, reformó el escrito inicial para incluir
los bultos de más como objeto de restitución, sin prueba que
justificara ese proceder. En tal virtud, las conclusiones
fácticas del ad-quem derivan de los propios medios de
convicción. No es contraevidente el razonamiento.
5.2. La recurrente también reprochó al Colegiado el
haber establecido la propiedad del frijol a partir del hecho
tercero de la demanda y su contestación. Al respecto, esta
Sala advierte que en el hecho tercero de la demanda se
enumeraron los bienes objeto de la medida cautelar, entre
otros, «1.208 bultos de frijol de propiedad del suscrito… que hasta la
fecha no se le entrega formalmente a mi representado, bienes que no
eran parte del proceso de restitución y de los que el secuestre no asumió
responsabilidad, no administró, no entregó y jamás debió tomar
posesión»106. Al contestar la demanda, en concreto, el hecho
tercero -y cuarto, de manera conjunta-, la recurrente
contestó los dos hechos así: «al momento de realizarse la diligencia
105 Cuaderno del Juzgado. Fl. 103.
106 Ibidem. Fl. 36.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
40
de secuestro de los bienes fungibles, no se encontraba presente el señor
Oriel Serna, lo cual imposibilitó que se le hiciera entrega de los demás
bienes que se encontraban dentro de la bodega»107. En tal virtud, el
error de hecho denunciado no se demostró. Lo que aflora a
lo largo del cargo es una alegación. En el escrito inicial se
señaló que los 1.208 bultos eran propiedad del actor. Frente
a tal afirmación, la pasiva al contestar la demanda fue
evasiva pues no manifestó que el frijol -los 1.208 bultos-
fuese suyo o que no fuese propiedad del señor Serna Giraldo.
Se refirió de manera genérica a los bienes que no hacían
parte de la diligencia y que -adujo- «le fueron entregados» al
demandante108. Circunstancias que derivan del contenido de
la prueba, y que el Tribunal destaca.
5.3. También denunció una indebida valoración de la
sentencia del 7 de abril de 2006 proferida por el juzgado de
primera instancia en el proceso de restitución anterior.
Argumentó que el fallador dio efectos a una decisión que fue
revocada por el superior jerárquico en su momento. Al
respecto, el Tribunal -al estudiar el asunto de la propiedad
de los 1.208 bultos de frijol- señaló que «en el fallo del 7 de abril
de 2006… el Juzgado… ordenó que “Oriel Alberto Serna restituya los
5.271 bultos de frijol lima rojo” … sin considerar en la orden los otros
bultos que incluyó en la reforma de la demanda la sociedad José A. Y
Gerardo E. Zuluaga en aquel proceso»109. En dicha providencia, el
juzgado señaló que la parte activa pidió «que se ordene la
restitución de los 5.271 bultos de frijol» que «por confianza entre el
107 Ibidem. Fl. 192.
108 Ibidem.
109 Página 11, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
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representante legal de la sociedad José A. Y Gerardo Zuluaga dio en
depósito al señor Oriel Serna 5271 bultos de frijol lima rojo…»110. Y al
fallar resolvió «ordenar a Oriel Alberto Serna restituya los 5.271 bultos
de frijol»111. En este caso, el fallador de segundo grado valoró
estrictamente la parte resolutiva del proveído en cuestión,
para derivar de esta -junto con otros medios de prueba- una
conclusión sobre la titularidad de los bultos de frijol en
contienda. Sin duda, tal decisión fue revocada por el
superior. Empero, el Colegiado no «revivió» la decisión: la
valoró como otra de las pruebas documentales allegadas al
plenario. Y, por lo demás, la conclusión que derivó el ad quem
no luce arbitraria o descabellada. Por el contrario, que el
propio juzgador del proceso de restitución solo hubiese
tenido en cuenta los 5.271 bultos de la demanda inicial para
tomar su decisión, permite, cuando menos, colegir que no
reconoció la propiedad sobre los bultos restantes en cabeza
de la entonces demandante.
5.4. Además, se advierte que los reparos encaminados
a derruir la prueba de la propiedad sobre el frijol son
incompletos. En efecto, recuérdese que el Tribunal llegó a esa
conclusión a partir de los siguientes medios de convicción: i)
la demanda y su contestación, en concreto, del hecho tercero;
ii) el fallo de primera instancia del proceso de restitución
donde se ordenó restituir sólo 5.271 bultos de frijol; iii) la
respuesta del actor en su interrogatorio; y la iv) aplicación de
la presunción del inciso segundo del artículo 762 del Código
110 Cuaderno del Juzgado. Fl. 10.
111 Ibidem. Fl. 17.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
42
Civil. El casacionista enfiló su ataque en contra de los tres
primeros, pero nada dijo sobre la presunción sobre bienes
muebles del inciso segundo del artículo 762 del Código Civil
a cuyas voces «el poseedor es reputado dueño, mientras otra persona
no justifique serlo». De modo que, aun si, en gracia de discusión,
se admitiera que el Colegiado incurrió en los yerros fácticos
alegados, la conclusión sería la misma, pues por virtud de la
presunción referida se mantendría incólume la prueba de la
propiedad de los 1.208 bultos de frijol en cabeza del
demandante. En este sentido, el cargo deviene incompleto112.
5.5. En el parecer de la recurrente, el Colegiado
tergiversó el contenido de la carta del 22 de abril de 2005
cuyo contenido tergiversó el Colegiado. A su juicio, tal misiva
no hace prueba de temeridad o mala fe sino, a lo sumo, de
que la sociedad se comprometió a restituir el valor del frijol
en caso de obtener sentencia adversa y no lo restituyó porque
consideró que la decisión no fue contraria a sus intereses.
Sobre el particular, el fallador sostuvo que «la sociedad José A.
& Gerardo Zuluaga S.A.S., después de perder el proceso, nunca consignó
a órdenes del Juzgado 15 Civil del Circuito el valor por el que vendió el
frijol, pese a haberse comprometido a ello a través de su representante
legal…»113. Y precisó que, «en ese escrito el señor José Absalón no
solo manifestó haber recibido del secuestre los 6.479 bultos y
112 «El sentido legal del recurso está determinado inexorablemente por la sentencia misma lo que
implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta
para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad quem
tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto pues alguna de ellas no es
atacada y por sí mismo presta base sólida a dicha resolución esta quedará en pie y el fallo no
puede confirmarse en sede de casación resultando en consecuencia completamente
intrascendente si se logra no demuestra los errores que el impugnante señala en la apreciación
de otras pruebas». CSJ SC, 5 nov. 1973, G.J. CXLVII.
113 Página 11, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
43
trasladarlos a Medellín para su venta, sino que dijo: “me obligo y me
comprometo para con el señor secuestre y desde luego con el juzgado
que en caso de que la sentencia fuere adversa, a depositar dentro de los
5 días siguientes a dictada dicha providencia, ante el Banco Agrario
Sección Depósitos Judiciales y a favor del juzgado de conocimiento el
valor que arroje la venta del frijol tomando para ello, el precio que al
momento de efectuar dicha consignación se encuentre en el mercado,
cuyo título judicial deberá ser entregado al secuestre, a fin de que este
proceda a entregarlo al despacho judicial”… y así lo reiteró en su
declaración de parte (f.230, c. 1.)»114 . Dicho esto, el Colegiado
razonó, que «la culpa grave, por supuesto contraria a la buena fe,
consistió en que la sociedad Jorge A. & Gerardo E. Zuluaga S.A.S., a
sabiendas de que sólo había solicitado la restitución de 5.271 bultos de
frijol, extendió la medida cautelar a 1.208 bultos adicionales que había
en la bodega, sin siquiera averiguar si eran o no de su propiedad o de
su allí demandado, al punto de presentar una reforma de demanda para
incluir ese otro producto, sin tener soporte alguno. Más aún, se
comprometió a vender el frijol y a depositar su valor en la cuenta de
depósitos del juzgado, si la sentencia le era adversa, sin que hubiera
cumplido» (se subraya)115. En este orden de ideas, la valoración
del Tribunal luce plausible. Nótese que este derivó la mala
fe de la práctica de la medida cautelar sobre los 1.208 bultos
de frijol -en exceso de la pretensión inicial- y sin que se
hubiese demostrado gestión alguna tendiente a devolver el
frijol a su legítimo dueño; a lo cual se suma la posterior
reforma a la demanda para incluir la cantidad de frijol
cautelada en exceso. El incumplimiento de la obligación
adquirida sirvió como razón adicional, accidental o
indicativa, pero no definitiva ni exclusiva, de la mala fe. Al
114 Ibidem. pág. 15.
115 Ibidem.
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respecto, esta Sala tiene sentado que «una acusación incompleta,
esto es, una imputación en casación que deje intacto un argumento del
Tribunal que por sí mismo preste base suficiente al fallo, es inane porque
la Corte, dado lo dispositivo del recurso, no puede de oficio enmendar o
suplir la omisio ́n o falencia en que incurrió el censor»116. De modo que,
de haber incurrido en el yerro denunciado, este resultaría
intrascendente, porque las demás bases argumentativas de
la decisión no fueron derruidas.
5.6. La recurrente también denunció la supuesta
tergiversación de la resolución de la Fiscalía del 1º de febrero
de 2013. Planteó que lo que «objetivamente emerge» de ese
documento es que precluyó la investigación adelantada
contra el secuestre y que podía ser necesario investigar a
otras personas, sin que se pudieran deducir conductas
delictivas. Pero, alegó que el sentenciador entendió
erradamente que «la reforma de la demanda presentada por el acá
recurrente… tenía visos de irregularidad». Con respecto a la
actuación procesal de la demandada -entonces demandante-
en el proceso de restitución, el Colegiado se pronunció así:
«que tal proceder tenía visos de irregularidad lo revela la decisión del
Fiscal 12 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, en la que, pese a absolver al secuestre, como único indiciado por
el delito de peculado por apropiación-, ordenó indagar al representante
legal de la sociedad aquí demandada. Allí se plasmó: “se hace necesario
investigar el proceder de estas personas y de cualquiera otra a que haya
lugar, independientemente de otros aspectos que considere el instructor,
referente al frijol adicional que se encontró en la diligencia de embargo,
116 CSJ, SC563-2021.
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recordando que la demanda civil pretendió recuperar 5.271 bulto de
frijol, apareciendo 1.498 bultos más en tal diligencia, el cual todo lo
embargaron y secuestraron, y que posteriormente, en sorpresiva acción
que se debe investigar, la parte activa adicionó la demanda para incluir
esos 1.498 bultos de frijol encontrados por encima de la primera
pretensión»117. En el referido documento, la Fiscal 12 Delegado
ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
resolvió confirmar la decisión de precluir la investigación por
presunto peculado por apropiación del secuestre por los
hechos relacionados con la práctica de la medida cautelar en
el mencionado proceso de restitución. Allí la Fiscalía descartó
el dolo del auxiliar de la justicia, pero señaló que «en alusión al
lamento de la señora abogada de que el secuestre no ha devuelto el frijol
con ocasión de la revocatoria de la sentencia civil de primera instancia,
se le debe decir que en este señor no está la posibilidad de así hacerle si
no lo quieren los que lo recibieron, a quienes, según se vio atrás, el
auxiliar en cita los conminó, con resultados adversos hasta donde se
conoce. Se precisa de la necesidad de encarar prestamente esta
investigación dado el tiempo transcurrido, además que se debe tener en
cuenta que si se presentaren hechos punibles que configuren algún delito
contra el patrimonio económico de las personas, este al parecer sería
agravado por la cuantía, lo cual juega el papel importante ante la
hipótesis de la prescripción de la acción penal»118. Y añadió: «se hace
necesario investigar el proceder de estas personas y de cualquiera otra
a que haya lugar, independientemente de otros aspectos que considere
el instructor, referente al frijol adicional que se encontró en la diligencia
de embargo, recordando que la demanda civil pretendió recuperar 5.271
bulto de frijol, apareciendo 1.498 bultos más en tal diligencia, el cual
todo lo embargaron y secuestraron, y que posteriormente, en sorpresiva
acción que se debe investigar, la parte activa adicionó la demanda para
117 Ibidem. pág. 15.
118 Cuaderno del Juzgado. Fl. 171.
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incluir esos 1.498 bultos de frijol encontrados por encima de la primera
pretensión»119. De modo que al estimar que la resolución del
ente acusatorio revelaba que la conducta de la demandada
tenía «visos de irregularidad» el Tribunal hizo una valoración
plausible del documento.
5.7. Con respecto a la especial responsabilidad civil
extracontractual por abuso del derecho a litigar, esta
Corporación tiene establecido que, «cuando una persona acude al
aparato judicial de mala fe, con negligencia, temeridad o animus noceda,
a reclamar un derecho a sabiendas que no le corresponde, con ello
afecta, correlativamente, a quien tiene que resistir la pretensión, lo que
ha forjado la teoría del abuso del derecho a litigar»120. Corresponde
al demandante, pues, acreditar: i) el ejercicio abusivo -con
culpa o dolo- del derecho a litigar, ii) el daño o perjuicio y iii)
el nexo causal entre uno y otro. De vieja data121 esta Sala ha
reconocido que la ejecución de medidas cautelares excesiva
puede implicar abuso del derecho a litigar, allí donde medie
culpa grave o mala fe. Así, «“cuando el actor pudiendo, no destraba
los bienes que ninguna garantía prestan para la efectividad de la
obligación perseguida" incurre en un abuso del derecho, generador de
una responsabilidad civil y, por consiguiente, en tal caso, habrá de
indemnizar al deudor así perjudicado, tal cual lo ha dicho esta
Corporación, entre otras en sentencias de 11 de octubre de 1973 (G.J., t.
CXLVII, pág. 81 y 82) y de 2 de agosto de 1995»122. En efecto, la
119 Ibidem.
120 CSJ, SC1066-2021.
121 CSJ SC, 5 ago. 1937, G. J. t. XLV, pág. 418; CSJ SC, 24 ago. 1938, G. J. t. XLVII, pág. 54;
o CSJ SC, 24 mar. 1939, G. J. t. XLVII, pág. 742, entre otras.
122 CSJ, SC, 27 nov. 1998. Exp. No. 4909. Asimismo, en fallo reciente, esta Corporación precisó
que, «la posibilidad de solicitar medidas cautelares –como el embargo y secuestro de bienes–
también es un derecho, pero para adquirir su titularidad, resulta menester probar cierto privilegio
jurídico con relación al patrimonio del demandado, como el que podría otorgar la condición de
acreedor de una obligación que consta en título ejecutivo, o la de beneficiario de una condena
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parte que pide la práctica de medidas cautelares en exceso
de los límites legales o que, una vez practicadas, advierte la
extralimitación y, a sabiendas, guarda silencio o no se
pronuncia oportunamente, incurre en conducta temeraria o
de mala fe y abusa, por tanto, del derecho a litigar123.
5.8. En el caso del proceso de restitución de bienes
muebles, el legislador consagró la posibilidad de que el
demandante solicite el secuestro de los bienes que pretende
sean restituidos, siempre que se preste caución que garantice
los perjuicios que puedan causarse124. Al tenor del inciso
final del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil -
aplicable en la controversia que dio pábulo a la pretensión de
responsabilidad aquiliana- en los procesos de restitución de
tenencia de muebles «la demanda… da derecho al secuestro previo
de ellos, siempre que se preste caución que garantice los perjuicios que
puedan causarse» (se subraya)125 . Es decir, en este tipo de
procesos, a voces de la legislación procesal vigente en ese
entonces, el ejercicio de la medida cautelar de secuestro
pecuniaria impuesta por un funcionario judicial, mediante sentencia vigente –aunque no haya
cobrado ejecutoria– (arts. 444, 590, 593 y 594 del Código General del Proceso)». SC109-2023.
123 «Por lo demás, jurisprudencia y doctrina de manera uniforme, con apoyo en las normas
sustanciales al inicio citadas, le niegan al acreedor el interés para impugnar actos del deudor
disponiendo de sus bienes, cuando los que conserva en su patrimonio son suficientes para
satisfacer lo debido, porque como ya se vio, el derecho que reconoce el art. 2488, en su condición
de subjetivo es esencialmente relativo, o sea que la persecución no puede ir más allá de lo que
razonable y objetivamente resulte necesario, conforme a mensura de razonabilidad que la propia
ley se encarga de determinar, como claramente aparece en las normas procesales acabadas de
mencionar, so pena de incurrirse en abuso del derecho y dar pábulo a un factor de
responsabilidad». CSJ, SC, 27 nov. 1998. Exp. No. 4909.
124 Artículo 426 del Código de Procedimiento Civil. Hoy artículo 385 del Código General del
Proceso.
125 Hoy numeral 7 del artículo 384 del Código General del Proceso en concordancia con el
artículo 385: «En todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, el demandante
podrá pedir, desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso, la práctica
de embargos y secuestros sobre bienes del demandado, con el fin de asegurar el pago de los
cánones de arrendamiento adeudados o que se llegaren a adeudar, de cualquier otra prestación
económica derivada del contrato, del reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar
y de las costas procesales».
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debía limitarse al bien objeto de restitución y no extenderse
a otros. En otras palabras, toda medida cautelar practicada
sobre un bien que no fuese objeto de la demanda sería
excesivo por definición. Si lo pretendido era la restitución de
una cantidad de bien fungible entregado al demandado a
título de mera tenencia, desbordaría el ejercicio del derecho
de acción el embargar una cantidad superior del bien o
incluso bienes distintos al peticionado. De ahí que, la
conducta proba y diligente de la parte demandante en la
práctica de esta medida cautelar consistiría, cuando menos,
en verificar que la cautela no cobijara bienes distintos a los
perseguidos en la demanda, ni una cantidad superior del
bien fungible objeto de la litis. Y -de haberse practicado la
medida en exceso- pronunciarse al respecto, de manera
oportuna, ante el juez de conocimiento para que tomase las
determinaciones del caso. El abuso, en estos casos,
consistiría precisamente en la práctica de la medida cautelar
sobre un bien respecto del cual no se pretendió la restitución
o sobre el exceso, en el caso de bienes fungibles. Y la mala fe
o la culpa se materializaría en conductas omisivas como el
no pronunciarse o no manifestarse al interior del proceso
para pedir que se subsane el error, pero también en acciones
concretas, como el reformar la demanda para hacerla
abarcar los bienes embargados en demasía de la pretensión
inicial, a sabiendas de que la ausencia de titularidad sobre
dichos bienes.
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5.9. En este caso se constató que se practicó una
medida cautelar sobre los bultos de frijol en exceso de la
pretensión inicial. Y que la sociedad Jorge A. & Gerardo E.
Zuluaga S.A.S. mantuvo una actitud pasiva al respecto en
la fecha de la diligencia. Se demostró también que recibió el
grano -incluyendo el que no debió haber sido objeto de la
medida cautelar- de manos del secuestre para venderlo con
el compromiso de restituir su valor en caso de sentencia
adversa, y que, posteriormente reformó la demanda para
hacer coincidir el número de bultos de frijol con los
efectivamente encontrados en la diligencia. En efecto, esta
Sala advierte que, inicialmente, la sociedad demandada –
entonces demandante– aportó declaraciones extrajudiciales
de Isaías Rodríguez y Francisco Oswaldo Beltrán Palacios -
del 15 de marzo de 2004- en que afirmaban haber hecho un
inventario de los bienes ubicados en la bodega el 15 de agosto
de 2003 encontrando 5.271 bultos de frijol 126 . Estas
personas afirmaban -en declaración extraprocesal posterior-
que el inventario era de 6.769 bultos de frijol127. Es decir, los
declarantes mismos modificaron sus declaraciones
extrajudiciales escritas para cambiar el número de bultos de
frijol que adujeron como inventariados -después de que se
había practicado la medida cautelar referida-. Siendo que se
encontró probado que los 1.208 bultos de frijol adicionales
no eran de propiedad de la sociedad recurrente (parte actora
en el proceso de restitución). Esa actitud minó la credibilidad
126 Cuaderno No. 1 del Juzgado. Tomo I. Fl. 27.
127 Ibidem. Fl. 28.
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de los declarantes, socavando la apariencia de buen derecho
cuando menos sobre los 1.208 bultos de frijol adicionales. Al
valorar el acervo probatorio de la causa de restitución en
conjunto el entonces ad quem estimó que existió una relación
negocial entre el señor Serna Giraldo y Gerardo Zuluaga -que
no con la sociedad Jorge A. & Gerardo E. Zuluaga S.A.S. -. Y
sostuvo, el Tribunal, que «en conclusión, no está acreditado en el
proceso que la sociedad demandante haya entregado en calidad de
depósito gratuito a Oriel Serna la cantidad de frijol que pretende le sea
restituida. El demandado también acepta que Gerardo Zuluaga dejó en
su bodega la cantidad de 5.200 bultos de frijol con la autorización de
venderlo ganándose un porcentaje sobre las ventas…»128. Emerge,
pues, como una conclusión verosímil, que la demandada en
el sub judice actuó de mala fe o de modo temerario en el
ejercicio del derecho a litigar en el marco del proceso de
restitución, tanto al momento de practicarse el secuestro de
los bienes -pues no se pronunció sobre los bultos de frijol
cautelados en exceso de lo pedido-, como posteriormente, al
reformar la demanda -previa modificación de las
declaraciones extrajudiciales- para hacer coincidir el número
de bultos cautelados con lo pedido. Y, en consecuencia, esta
Sala no advierte el error denunciado.
6. Por último, la casacionista acusó al fallo de incurrir
en yerro fáctico en la valoración del dictamen rendido por el
perito Luis Alejandro Ariza Parra, como prueba de la objeción
por error grave del primer dictamen. Señaló que tal experticia
128 Ibidem. Fl. 31.
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«reprodujo la misma información del primero que señaló que los 1.208
bultos de frijol cargamanto tenían un valor total de $422.316.800, a
razón de $349.600, cada uno, guarismo que fue utilizado por el perito
Ariza»129. Sin embargo, refirió que esa liquidación no estuvo
debidamente fundamentada pues «no trae tampoco ningún soporte
que justifique… cómo se estableció o fijó el precio de $349.600 que se
asignó a cada uno de los 1.208 bultos de frijol»130. De modo que al
darle valor a la suma establecida por el perito para
cuantificar el perjuicio -aseveró- el ad-quem incurrió en error
manifiesto.
6.1. En este caso, en el primer dictamen pericial, el
experto contador tasó los perjuicios a título de daño
emergente por pérdida de los 1.208 bultos de frijol en la suma
de $422.316.800 a razón de $349.600 por bulto 131 . Sin
embargo, no allegó documento alguno o soporte a partir del
cual determinó el valor por bulto del grano. La pasiva objetó
por error grave y, en lo pertinente, señaló que «sin ningún
fundamento fáctico trastoca en su dictamen la propiedad de “1.208
bultos” de frijol, a los cuales sin ningún soporte les atribuye un valor
individual de “349.600 c/u” para tasar un inexistente daño emergente,
por concepto de $422.316.800» 132 . Y cuestionó «¿qué criterios
objetivos o investigaciones realizó para asignar valores tan precisos (con
pesos y centavos) a bienes tan disímiles como bultos de frijol (por demás
de distintas calidades), guantes de caucho, cajas de aceite de cocina,
bulto de garbanzo, escritorio, nevera, báscula, papel higiénico, etc?»133.
129 Cuaderno de la Corte. Demanda de casación. pág. 46.
130 Ibidem.
131 Cuaderno del Juzgado No. 1 Tomo II. Fl. 307.
132 Ibidem. fl. 320.
133 Ibidem. fl. 323.
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Al descorrer el traslado de la objeción, la parte activa
manifestó que «todo lo descrito en el dictamen relacionado a la
diligencia de secuestro está fundamentado en el contenido de las
pruebas aportadas en este proceso y también provenientes del Juzgado
15 Civil del Circuito, todo es real y sobre esta realidad es que se
fundamenta este trabajo de dictamen pericial, también existen fórmulas
matemáticas, jurisprudencia, análisis ordenado y claro de los factores
que generan los daños y por ende el perjuicio causado a mi representado
por parte de la sociedad demandante, se recopila y aportan documentos,
fotos, al parecer traslado a la bodega 28 cajones de Corabastos, pues es
descrita por el señor perito, todo esto es de carácter científico y técnico,
inclusive es tan ecuánime el dictamen que descarta títulos valores por no
reunir los requisitos de ley, pero igual estaban dentro de las cajas
fuertes»134. En providencia del 21 de julio de 2014, el juzgado
ordenó la práctica de otro dictamen pericial «a fin de probar los
errores graves que alega el objetante» 135 . En la experticia en
cuestión, el nuevo perito relacionó los valores de las
mercancías y señaló que «el valor histórico a marzo del año 2015
fue tomado del dictamen pericial cuyos valores no fueron objetados por
el apoderado de la parte demandada»136. Y descartó error grave en
la pericia. El a quo no se pronunció en sentencia sobre el
particular, por sustracción de materia, pues no declaró la
responsabilidad civil de la demandada. No obstante, el ad
quem, tras determinar la responsabilidad civil tasó la
indemnización por daño emergente así:
Por lo tanto, la medida para repararlo consiste en restituir el valor
de los 1.208 bultos de frijol propiedad del aquí demandante
secuestrados en aquella diligencia. Para la tasación del precio, el
perito Campo Elías Álvarez los valoró, al 21 de abril de 2015, en
134 Ibidem. fl. 329.
135 Ibidem. fl. 339.
136 Ibidem. fl. 367.
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53
$349.600 cada bulto… y lo reiteró su colega Luis Alejandro Ariza
Parra…»137.
La casacionista alega que no existe soporte documental
del cual emerja el valor del bulto de frijol. En efecto, el ad
quem no explicó en el fallo la forma en la que los peritos
arribaron a ese valor ni hizo mayor indagación al respecto.
Con todo, esta Sala advierte que el precio mayorista del
kilogramo de frijol138 es un indicador económico nacional
certificado por el DANE en informes periódicos del Sistema
de Información de Precios y Abastecimiento del Sistema
Agropecuario -SIPSA-. Este dato constituye un hecho
notorio. Véase que muchos de los indicadores económicos
tienen como base -o son en sí mismos- precios de bienes o
servicios. Los precios mayoristas publicados por el DANE
periódicamente, pues, constituyen auténticos indicadores
económicos en la medida en que permiten evaluar o medir la
situación del mercado de alimentos del país. Este dato sirve
tanto a quienes participan activamente en esos mercados -y
usan la información para tomar decisiones empresariales o
de consumo- como a las autoridades para orientar sus
políticas y planes -v. gr. el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional-, y también, en menor escala, a los
auxiliares de la justicia, los peritos, que se pueden servir de
esa información para fundamentar sus dictámenes. Los
precios mayoristas publicados en el DANE -en tanto que
indicadores económicos nacionales- son, por tanto, hechos
137 Página 17, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
138 De la variedad predominante en el mercado para la fecha del informe.
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54
notorios a la luz de la legislación adjetiva y, como tal, están
relevados de prueba.
6.2. Al consultar el anexo del boletín SIPSA de precios
mayoristas para abril de 2015139 se puede constatar que el
precio por kilogramo de frijol para ese periodo en Bogotá
ascendía a la suma de $6.810. El bulto de frijol se mide en
50 o 62.5 kilogramos según la plaza -Bogotá o Medellín,
respectivamente-140, de modo que el precio por bulto oscilaría
entre $340.500 y $425.625, según el caso. En este orden de
ideas, el precio por bulto dictaminado por el perito –
$349.600- es una estimación que se ubica al margen inferior
del rango del indicador. Indudablemente, el Tribunal omitió
explicar cómo llegó a esta conclusión de la estimación del
valor. No obstante, tal omisión no se erigió en error
trascendente y manifiesto en la valoración del peritaje. En
efecto, aún si esta Sala resolviera casar parcialmente el fallo
con motivo de esta falencia -la insuficiente motivación-, al
dictar sentencia de reemplazo debería moverse dentro del
rango indicado, es decir, entre $340.500 y $425.625 por
bulto, según usara de base la plaza de Bogotá o Medellín,
respectivamente. En la medida en que la pasiva recibió el
139 DANE. SIPSA. Boletín mensual de precios mayoristas. Boletín abril de 2015. Consultado el
19 de agosto de 2024. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristas-boletin-mensual-
1/mayoristas-boletin-mensual-sipsa-historicos
140 En la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá
el 12 de 2008 en el proceso de restitución de bien fungible que dio origen a esta controversia,
el Colegiado, al redactar los antecedentes del caso señaló que «los mencionados bultos de frijol
fueron adquiridos por compra a “la sociedad Dimersur Ltda.” y a “JLR Internacional PTY Ltd.”
las cuales poseen declaración de importación expedidos por la DIAN» y «la adquisición de los
bultos en cuanto a peso y kilaje varía por conceptos del lugar donde se importe; en el mercado
nacional el producto se reempaca puede ser para Medellín 50kg el bulto y para Bogotá 62.5kg
las que se ratifican en peso con base en la declaración de importación de la DIAN a renglón 28
que se indica con resaltador». Cuaderno No. 1 del Juzgado. Tomo I. fl. 19.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
55
grano en Bogotá -de manos del secuestre- para venderlo
luego en Medellín -tal como indica él mismo en la carta del
22 de abril de 2005141- cualquier precio ubicado dentro de
ese rango, para efectos de cuantificar el perjuicio, luce
razonable y está soportado. No se advierte, por tanto, el error
manifiesto y transcendente sobre este punto.
7. En consecuencia, el cargo no prospera.
CARGO TERCERO
Con apoyo en la causal primera, acusó al fallo de
transgredir directamente y «por aplicación indebida» 142 los
artículos 884 del Código de Comercio y 65 de la Ley 45 de
1990 y «por interpretación errónea»143 los artículos 1608 y 1615
del Código Civil. En apoyo de su acusación señaló que «aunque
no se mencionaron, en forma expresa, los preceptos sustanciales
pertinentes con base en los cuales se condenó a mi representada, se le
conminó a pagar intereses comerciales moratorios»144. Indicó que los
intereses comerciales «fueron consagrados de manera general en los
artículos 883 y 884 del Código de Comercio»145 y que «el artículo 883
fue derogado, en forma expresa, por el art. 99 de la Ley 45 de 1990 y el
art. 65 de esta ley reguló lo concerniente a intereses en las obligaciones
mercantiles, así: “en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario
el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir
de ella. Toda suma que se cobre como una sanción por el simple retardo
141 Cuaderno del Juzgado No. 1, Tomo 1. Fl. 8.
142 Ibidem. pág. 14.
143 Ibidem.
144 Ibidem. pág. 49.
145 Ibidem.
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56
incumplimiento (sic) del plazo de una obligación dineraria se tendrá como
intereses de mora, cualquiera que sea su denominación» 146 . Y
mencionó que «la presente controversia tiene linaje civil, pues versa
sobre la responsabilidad civil extracontractual que con apoyo en el
artículo 2341 del Código Civil se reclama a mi representada por el abuso
del derecho en la práctica de una medida cautelar, decretada dentro de
un proceso judicial adelantado ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de
esta ciudad»147. De modo que, para la censora, el Colegiado
quebrantó los artículos 65 de la Ley 45 de 1990 y 884 del
Código de Comercio «pues los aplicó a un caso no regulado por tales
preceptos»148.
No obstante, alegó «otro error mayúsculo respecto de los
artículos 1608 y 1615 del Código Civil»149. Refirió jurisprudencia
sobre la aplicación de estas normas. Y sostuvo que «se condenó
a mi representada a pagar al actor a título de indemnización, por
concepto de daño emergente, la suma de $ 403.613.336 y no se
estableció plazo para el pago de tal cantidad de dinero, es decir, se trata
de una obligación pura y simple que debe ser cumplida el día siguiente
a aquel en que quede en firme la providencia que así lo ordenó, lo que no
ha acaecido aún por la interposición del recurso de casación que, en la
actualidad, conoce la Corte»150. Deprecó, por tanto, que se case
el fallo impugnado «y, en su lugar, como Tribunal de instancia se
modifique del literal cuarto de la parte resolutiva sentencia dictada… en
el sentido de excluir la condena al pago de intereses comerciales
moratorios desde el 2 de abril de 2014»151.
146 Ibidem.
147 Ibidem.
148 Ibidem. pág. 50.
149 Ibidem.
150 Ibidem. pág. 51.
151 Ibidem. pág. 52.
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57
CONSIDERACIONES
1. Este cargo también fracasa, como pasa a exponerse.
2. La causal primera del artículo 336 del Código General
del Proceso atañe a la violación de normas jurídicas
sustanciales de manera directa. Esta causal tiene como
característica principal el quebrantamiento de una «norma
sustancial». Circunstancia que impone al recurrente indicar
con claridad y precisión la disposición de ese linaje que a su
juicio haya sido infringida152. Además, es su deber exponer
el alcance preciso de la vulneración de la norma, de tal forma
que se permita ubicar con exactitud el reparo153. En palabras
de la Sala, «tratándose de la vulneración de normas de derecho
sustancial corresponde al impugnante, no sólo realizar un listado de los
cánones que estimó desatendidos, sino analizar cada uno de ellos para
develar cómo la sentencia criticada los vulneró, así como su relevancia
para la resolución del litigio»; en otros términos, «no basta con invocar las
disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el
recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las
transgredió»154.
2.1. Se acusó la trasgresión de los artículos 1608 y 1615
del Código Civil, así como los artículos 884 del Código de
Comercio y 65 de la Ley 45 de 1990. Los artículos 1608155 y
152 CSJ, AC1762-2024; y CSJ, AC1763-2024.
153 CSJ, AC2268-2022.
154 CSJ AC8738 19 dic 2016, rad. n.° 2006-00119-01, reiterada en AC2435, 18 jun. 2018, rad.
n.° 2009-00113-03 y en CSJ, SC3627-2021.
155 Sobre el carácter no sustancial de este precepto consultar: SC 24 oct. 1975, GJ 2429, CSJ,
AC2117-2020; CSJ, SC3978-2022, entre otros.
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
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1615156 del Código Civil no tienen carácter sustancial. En
efecto, dichas normas no consagran derechos ni
obligaciones, ni modifican o extinguen una relación jurídica
concreta157. De modo que sólo se tendrá en cuenta el embate
en relación con las normas sustanciales contenidas en el
artículo 884 del Estatuto Comercial y el 65 de la Ley 45 de
1990.
2.2. La recurrente planteó que el fallo aplicó intereses
comerciales a un asunto «eminentemente civil». En su criterio,
ello constituye un error. En palabras de la casacionista «la
presente controversia tiene linaje civil, pues versa sobre la
responsabilidad civil extracontractual que con apoyo en el artículo 2341
del Código Civil se reclama a mi representada por el abuso del derecho
en la práctica de una medida cautelar, decretada dentro de un proceso
judicial adelantado ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de esta
ciudad»158. De tal forma que, para la censora, el Colegiado
quebrantó los artículos 65 de la Ley 45 de 1990 y 884 del
Código de Comercio «pues los aplicó a un caso no regulado por tales
preceptos»159. Adicionalmente, en su parecer, el Tribunal la
condenó al pago de intereses de mora en un periodo en el que
no se habría constituido en mora, pues no hubo
incumplimiento alguno.
156 Y sobre el carácter no sustancial de los artículos 1613 a 1615 del Código Civil: Cfr. CSJ,
AC1738-2019; CSJ, AC4034-2021; CSJ SC, 29 abr. 2005, Rad. 0829.2506-2016, entre otros.
157 CSJ, AC1241-2019; CSJ AC-051, 2 abr. 2008; CSJ SC, AC 25 oct. 1996, rad. n.° 6228,
todas citadas en CSJ, AC3725-2021.
158 Ibidem.
159 Ibidem. pág. 50.
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2.2.1. En lo pertinente, en la providencia atacada, el
sentenciador señaló que la demandada había recibido del
secuestre los bultos de frijol para venderlos posteriormente
en Medellín. Y que en la misiva que obra a folio 8 del
Cuaderno Principal del Juzgado, consta su manifestación en
el sentido de que depositaría a órdenes del juzgado la suma
correspondiente al valor de mercado del frijol, de resultarle
adversas las resultas del proceso de restitución. Lo cual,
efectivamente ocurrió. Pues bien, sostuvo el ad quem, «la culpa
grave, por supuesto contraria a la buena fe, consistió en que la sociedad
Jorge A / Gerardo E Zuluaga S.A.S., a sabiendas de que sólo había
solicitado la restitución de 5.271 bultos de frijol, extendió la medida
cautelar a 1.208 bultos adicionales que había en la bodega, sin siquiera
averiguar si eran o no de su propiedad o de su allí demandado, al punto
de presentar una reforma de demanda para incluir ese otro producto, sin
tener soporte alguno. Más aún, se comprometió a vender el frijol y a
depositar su valor en la cuenta de depósitos del juzgado, si la sentencia
le era adversa, sin que hubiera cumplido» (se subraya) 160 . El
Tribunal señaló entonces que, a título de indemnización, la
pasiva sería condenada a restituir el valor de los 1.208 bultos
de frijol a razón de $349.600 por bulto. Con todo, precisó,
«como la parte demandante constituyó en mora a su contraparte cuando
le notificó el auto admisorio de la demanda el 2 de abril de 2014… la
suma de $349.600 (valor del bulto de frijol al 21 de abril de 2015) será
deflactada a la fecha primeramente indicada, lo cual se hará revirtiendo
los valores de la fórmula de indexación…»161. El resultado de la
operación dio $334.117 por bulto para un total de
$403.613.336 por concepto de daño emergente, «suma que a
160 Página 15, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
161 Ibidem. pág. 18.
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partir del 3 de abril de 2014 generará intereses comerciales a la tasa
más alta permitida por la ley» 162 . Y tras declarar civilmente
responsable a la demandada, condenó al pago de
$403.613.336 y puntualizó que la suma «generará intereses de
mora liquidados mes a mes a la tasa más alta permitida por la ley, desde
el 2 de abril de 2014… hasta que se verifique el pago de la obligación»163.
2.2.2. La aplicación de intereses comerciales al asunto
no fue un desacierto del Tribunal. Por el contrario, se le halla
razón. Para argumentar lo indicado, esta Sala estima
pertinente referirse a i) los intereses moratorios, y ii) las
declaraciones unilaterales de voluntad -actos jurídicos
unilaterales- como fuente de obligaciones.
2.2.3. El deudor está en mora cuando vence el plazo
convencional o legal para ejecutar la prestación o tras el
requerimiento judicial -si la obligación no está sometida a
plazo-. Para el efecto, el artículo 94 del Código General del
Proceso dispone que «la notificación del auto admisorio de la
demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del
requerimiento judicial para constituir en mora al deudor». En
tratándose de obligaciones dinerarias, la legislación
distingue entre aquellas de linaje civil y comercial para
efectos de la indemnización por perjuicios moratorios. En las
civiles, al tenor del artículo 1617 del Código Civil, a partir de
la mora se presumen los intereses legales del 6% anual. Por
su parte, en los negocios mercantiles -art. 884 del Código de
162 Ibidem.
163 Ibidem. pág. 21.
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Comercio-, con la mora se presume el interés moratorio
equivalente a una y media veces el bancario corriente, salvo
que las partes hubieren pactado uno inferior.
2.2.4. En el sub judice el Colegiado señaló que en la
misiva que obra a folio 8 del Cuaderno Principal del Juzgado,
consta que la pasiva -entonces demandante en restitución-
manifestó que depositaría a órdenes del juzgado la suma
correspondiente al valor de mercado del frijol, de resultarle
adversas las resultas del proceso. Lo cual, efectivamente
ocurrió cuando en segunda instancia se denegaron sus
pretensiones por inexistencia del contrato de depósito con
base en el cual reclamó la restitución de los bultos de frijol.
De modo que la cuantía del perjuicio ascendería -sostuvo el
Tribunal- al valor del frijol al 2 de abril de 2015, fecha a partir
de la cual también correrían los intereses de mora.
El documento en cuestión -del 22 de abril de 2005- es
del siguiente tenor:
«José Absalón Zuluaga Gómez mayor y domiciliado en la ciudad
de Medellín, identificado como aparece al pie de mi firma obrando
en mi condición de representante legal de la entidad demandante,
por medio del presente escrito manifiesto que he recibido del Señor
secuestre designado dentro del mismo la cantidad de 6.479 bultos
de frijol, el cual fue trasladado a la Ciudad de Medellín con el fin
de proceder a su venta
En este orden de ideas me obligo y me comprometo para con el
señor secuestre y desde luego con el juzgado en caso de que la
sentencia fuese adversa, a depositar dentro de los 5 (cinco) días
siguientes a dictada dicha providencia, ante el Banco Agrario
Sección depósitos judiciales y a favor del Juzgado de conocimiento
el valor que arroje la venta del frijol tomando para ello, el precio
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que al momento de efectuar dicha consignación se encuentre en el
mercado, cuyo título judicial deberá ser entregado al secuestre a
fin de que este proceda a entregarlo al despacho judicial.
En caso de incumplimiento me haré cargo exclusivamente de las
responsabilidades tanto civiles como penales e indemnizaciones a
que haya lugar por el incumplimiento aquí acordado.
Así las cosas libero de toda responsabilidad al señor secuestre
respecto del dinero de dicho frijol, anotando que la mercancía es
de nuestra exclusiva propiedad conforme a los documentos que
reposan en el proceso.
Es de anotar que la mercancía es recibida a mi entera satisfacción
y en el estado en que se encuentra»164.
Del instrumento fluye, que la sociedad José A y Gerardo
E. Zuluaga Ltda. exteriorizó una manifestación unilateral de
voluntad tendiente a obligarse a restituir el dinero
equivalente al valor del frijol vendido, en caso de que la
sentencia -del proceso de restitución- le resultara
desfavorable. La restitución se haría a órdenes del juzgado,
pero por supuesto, aquello indica que el dinero sería devuelto
a su legítimo dueño en últimas. De modo que al serle
denegadas las pretensiones, la sociedad -en el proceso de
restitución- quedó obligada a restituir el dinero a su legítimo
dueño. Por supuesto, en la medida en que 1.208 bultos frijol
de los 6.479 recibidos por José A y Gerardo E. Zuluaga Ltda.
de manos del secuestre, resultaron ser de propiedad del
demandante -señor Oriel Serna-, el acreedor de la suma
equivalente al valor de 1.208 bultos de frijol es él. Asimismo,
el señor Oriel siguió vinculado al proceso de restitución y
oponiéndose a las pretensiones de la sociedad Jorge A. &
164 Cuaderno del Juzgado No. 1, Tomo 1. Fl. 8.
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Gerardo E. Zuluaga S.A.S., alegando su derecho sobre los
1.208 bultos de frijol objeto de la medida cautelar excesiva.
Sin embargo, en tanto que no se fijó un plazo para la
restitución, la sociedad se constituyó en mora con el
requerimiento judicial y únicamente en esa fecha se pudo
fijar el valor de la mercancía.
Por lo demás, la obligación así adquirida fue de linaje
comercial, pues quien declaró su voluntad de obligarse fue
una sociedad comercial que tenía por objeto social, entre
otros, la distribución de productos agrícolas165. El Tribunal
no incurrió en el yerro denunciado, pues el carácter
extracontractual de la acción no le impedía valorar un
documento de la demandada -debidamente allegado al
plenario- para fijar la cuantía del perjuicio. El Colegiado no
podía -so pena de incurrir en pretermisión- ignorar la referida
manifestación unilateral de voluntad. De modo que, tampoco
erró al considerar que la cuantía era equivalente al valor del
frijol a la fecha de la notificación de la demanda, pues sólo
entonces se constituyó en mora la demandada. Ni cometió
yerro al ordenar que se liquidaran intereses moratorios
comerciales sobre ese monto a partir de esa misma data,
pues tratándose de una obligación mercantil, era lo que
correspondía.
165 Cuaderno No 1, Tomo 1, del Juzgado. Certificado de Existencia y Representación Legal de
José A y Gerardo E. Zuluaga Ltda. Fl. 4
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3. Fracasa, por tanto, este tercer cargo. En aplicación
del inciso final del artículo 349 del Código General del
Proceso, se impondrá condena en costas en contra de la
recurrente. Las agencias en derecho se tasarán por el
Magistrado Ponente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia del 8 de junio de 2020, proferida por
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el proceso sub examine.
Costas en casación a cargo de la recurrente. Inclúyase
en la liquidación de las costas la suma de $6.000.000, por
concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado
Ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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