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clave: "corte_suprema:providencia:SC2956-2024 [2011-00647-01]"
titulo: "Corte Suprema: acentuó que no se tuvo en cuenta la réplica a la demanda presentada por el señor Serna"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-12-16"
radicado: "2011-00647-01"
numero: "SC2956-2024"
ponente: "Francisco Ternera Barrios"
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# Corte Suprema: acentuó que no se tuvo en cuenta la réplica a la demanda presentada por el señor Serna

- **Título oficial / radicado:** SC2956-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-12-16
- **Radicado:** 2011-00647-01
- **Número:** SC2956-2024
- **Ponente:** Francisco Ternera Barrios
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2956-2024%20%5B2011-00647-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2956-2024%20%5B2011-00647-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBGcmFuY2lzY28gVGVybmVyYSBCYXJyaW9zLzEyLi0gRGljaWVtYnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MyOTU2LTIwMjQgWzIwMTEtMDA2NDctMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 45 de 1990

## Extracto

Y trajo a colación el testimonio del señor Juan Guillermo Zuluaga «quien él reitera, reitera y dice, sí, lo despojaron de la bodega, lo despojaron del frijol, había más frijol en el secuestro, había más frijol del que se presenta en la demanda»36. Así las cosas, el Tribunal consideró que el decreto excesivo de las medidas cautelares es un supuesto de abuso del derecho reconocido por la doctrina y jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia47. Estableció así la conducta culposa o malintencionada de la demandada, la existencia de un daño y el nexo de causalidad. Lo anterior implicaba hacer referencia al proceso de restitución que fue precisamente donde se configuró la responsabilidad de la interpelada. Por el contrario, el ad quem está compelido a apreciar las pruebas en conjunto - artículo Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01 22 176 del Estatuto Procesal- aun en segunda instancia.

## Texto del documento

1
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC2956-2024
Radicación n.° 11001-31-03-027-2011-00647-01
(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).
La Corte decide el recurso de casación interpuesto por
la sociedad Jorge A. & Gerardo E. Zuluaga S.A.S. frente a la
sentencia del 8 de junio de 2020, proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El
trámite se adelanta dentro del proceso de responsabilidad
civil instaurado por Oriel Alberto Serna Giraldo contra la
impugnante.
I. ANTECEDENTES
1.- La pretensión
El demandante ejerció la acción de responsabilidad civil
extracontractual. En el marco de la cual, pidió declarar a la
demandada -recurrente- civilmente responsable de «todos y
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cada uno de los daños y perjuicios… con ocasión del proceso impetrado
en su contra ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá y en el cual
se declaró la inexistencia del contrato de depósito gratuito pretendido por
la aquí demandada».
En consecuencia, instó a condenar a la compañía
opositora al pago de: 1) $200.000.000, o lo que se pruebe en
el proceso, «como indemnización de los perjuicios materiales en su
carácter de lucro cesante ocasionados por el despojo de la bodega 28
Cajones de Corabastos realizado dentro del proceso en cuestión el día 7
de julio del 2004», así como por «las utilidades dejadas de percibir con
el dinero producto de los títulos valores no cobrados, los cuales fueron
secuestrados y retenidos desde el día 7 de julio del 2004»; 2)
$400.000.000, o lo que se acredite en el plenario, por
concepto de «daño emergente ocasionado por el embargo y secuestro
de bienes muebles y enseres, bienes fungibles y títulos valores». 3)
«intereses sobre las anteriores sumas».
2.- Fundamentos de hecho
El actor manifestó que la sociedad Jorge A. & Gerardo
E. Zuluaga S.A.S. formuló acción de restitución de un bien
fungible en su contra con base en «un supuesto contrato de
depósito gratuito». El referido decurso fue tramitado en el
Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá con el radicado 2004-
00138. Se decretó el embargo de «5.271 bultos de frijol cargamanto
y lima roja», que se encontraban en la «bodega 28 Cajones de
Corabastos» arrendada por el señor Serna Giraldo. Añadió que,
el 7 de julio de 2004, el estrado judicial referido ejecutó una
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
3
inspección en la que embargaron y secuestraron «6.479 bultos
de frijol lima rojo y cargamanto», pese a que la demanda era por
5.271, razón por la cual fue «expropiado de todos los bienes
encontrados, en los que se incluyen dos cajas fuertes que contenían
títulos-valores por un valor de $322.794.518»; esto es, cheques por
«la suma de $225.098.518» y 41 letras de cambio por
$97.696.000. Asimismo, «bienes fungibles como aceite, atún, papel
higiénico, etc., por valor aproximado de $10.000.000», y «1.208 bultos
de frijol de propiedad del suscrito, un molino de piedra, computadores,
bienes muebles». Relató que, posteriormente, el bien inmueble
fue sellado por el juez y el secuestre, sin tener en cuenta las
solicitudes del señor Serna Giraldo y sus representantes
judiciales. El 7 de abril de 2006, el Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá profirió sentencia terminando el contrato
de depósito gratuito. Sin embargo, la providencia fue apelada
y, ulteriormente, revocada por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá el 7 de julio de 2008, y hasta la fecha no
se le ha «entregado el frijol motivo de la litis, ni los demás bienes
embargados».
3.- Posición de la demandada
La sociedad demandada, como defensa a la pretensión
de responsabilidad civil, propuso las excepciones que nominó
«falta de legitimación en la causa», «inexistencia del daño o perjuicio
material» y «falta de competencia». En compendio, sostuvo que los
bienes entregados eran de su propiedad y que las órdenes
dadas al interior del proceso fueron impartidas por autoridad
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
4
competente. Adicionó que, el otrora demandado – señor
Serna Giraldo - pudo conjurar los perjuicios que reclama,
prestando caución para evitar la consumación de las
medidas cautelares.
4.- Primera instancia
El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado Cincuenta Civil
del Circuito de Bogotá resolvió negar las pretensiones y
condenó en costas al demandante.
5.- Segunda instancia
El recurso de apelación, formulado por la parte activa,
fue desatado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá -con sentencia del 8 de junio de 2020-. Allí revocó la
sentencia en su totalidad. En su lugar, ordenó «Declarar que la
sociedad José A. Gerardo & Gerardo E. Zuluaga S.A.S., es civilmente
responsable de todos los perjuicios ocasionados a Oriel Alberto Serna
Giraldo, con ocasión de las medidas cautelares efectivamente
practicadas dentro del proceso adelantado en su contra ante el Juzgado
15 Civil del Circuito de Bogotá con radicado 2004-00138. (…) En
consecuencia, condenarla a pagar al demandante Oriel Alberto Serna
Giraldo la suma de cuatrocientos tres millones seiscientos trece mil
trescientos treinta y seis pesos ($403’613.336,oo), suma que generará
intereses de mora liquidados mes a mes a la tasa más alta permitida por
la ley, desde el 2 de abril de 2014 (fecha en que se notificó la
demandada) hasta que se verifique el pago de la obligación (…)1».
1 Página 21, archivo 01 SENTENCIA.pdf. Expediente digital.
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5
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal comenzó por señalar la ausencia de hechos
que configuraran nulidades. A reglón seguido, se refirió al
proceso de restitución de bienes -anterior entre las partes- y
al exceso de medidas cautelares. Y agregó, «ahora bien, en este
proceso no se discute: 1) que la sociedad José A. y Gerardo E. Zuluaga
Ltda., hoy S.A.S., inició proceso orientado a la restitución de 5.271 bultos
de frijol, que adelantó el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá (fls. 10-
31 y 175-189, c. 1); y 2) que en esa actuación se llevó a cabo una
diligencia de secuestro en la Bodega 28 de Corabastos el 7 de julio de
2004, en la que se hizo entrega de “todos los bienes encontrados” al
secuestre, quien manifestó “que procede a su administración… dejando
constancia [de] que se instalarán cuatro candados” (fls. 102-103, c. 1).
El acta resaltó que “La bodega propiamente dicha tiene un área
aproximada de 270 metros cuadrados, ocupada en un 90% en cantidad
de 5.590 bultos de frijol cargamanto y 889 bultos de frijol lima rojo…
para un total de 6.479 bultos, habiendo una diferencia de 1.208
bultos de más, con relación a los bultos enunciados en la demanda y
en las pretensiones de la misma». Afirmó que, «se probó que el aquí
demandante era el propietario de los 1.208 bultos de frijol adicionales a
los que se extendió el secuestro2». El Colegiado halló probados los
hechos que configuran la hipótesis de «exceso de medidas
cautelares». De manera que se tornaba necesario estudiar si
hubo culpa o dolo. En efecto, se cautelaron bienes que
debieron permanecer por fuera de la órbita del trámite de
restitución de radicado 2004-00138. Estimó que «tal proceder
tenía visos de irregularidad» tal como «lo revela la decisión del Fiscal
2 Ibidem. pág. 11.
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6
12 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en
la que, pese a absolver al secuestre, como único indiciado por el delito de
peculado por apropiación, ordenó indagar al representante legal de la
sociedad aquí demandada»3. Y apuntaló que, «Entonces, la culpa
grave, por supuesto contraria a la buena fe, consistió en que la sociedad
Jorge A & Gerardo E. Zuluaga S.A.S., a sabiendas de que sólo había
solicitado la restitución de 5.271 bultos de frijol, extendió la medida
cautelar a 1.208 bultos adicionales que había en la bodega, sin siquiera
averiguar si eran o no de su propiedad o de su allí demandado, al punto
de presentar una reforma de demanda para incluir ese otro producto, sin
tener soporte alguno. Más aún, se comprometió a vender el frijol y a
depositar su valor en la cuenta de depósitos del juzgado, si la sentencia
le era adversa, sin que hubiere cumplido. (…) Por lo tanto, para la Sala
sí existió culpa grave en la conducta desplegada con ocasión del proceso
y con ella le ocasionó al señor Serna Giraldo la pérdida de 1.208 bultos
de frijol que se encontraban en la bodega 28 de Corabastos» 4 . Sin
embargo, «no ocurre lo mismo en relación con los otros bienes
encontrados en la bodega, pues en realidad no fueron denunciados como
bienes objeto de secuestro por la sociedad demandante en el proceso de
restitución, pues sobre ellos nunca encaminó la petición cautelar»5. En
ese orden, se procedió a la tasación del daño, teniendo como
fundamento que «(…) la medida para repararlo consiste en restituir el
valor de los 1.208 bultos de frijol propiedad del aquí demandante
secuestrados en aquella diligencia. (…) Para la tasación del precio, el
perito lo valoró (…) al 21 de abril de 2015, en $349.600 cada bulto (…)
como la demandante constituyó en mora a su contraparte cuando le
notificó el auto admisorio de la demanda el 2 de abril de 2014, la suma
de $349.600 será deflactada a la fecha indicada, (…) el valor a pagar al
demandante. Esto es: $334.117.1208 = $ 403.613.336, suma que a
3 Ibidem. pág 15.
4 Ibidem. pág 16.
5 Ibidem. pág 16.
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7
partir del 3 de abril generara intereses comerciales6.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se presentaron tres cargos. El primero por yerro in
procedendo, bajo el numeral 3° del artículo 336 del Código
General del Proceso. El segundo reproche por yerro in
iudicando, con fundamento en la causal segunda del artículo
336 ejusdem. La tercera censura fue propuesta bajo la égida
de la causal primera del artículo 336 del Estatuto Procesal.
Como cuestión preliminar, se anticipa que en algunos
cargos se avizoran yerros técnicos. Y en todo caso, se realiza
el estudio de fondo del caso. Precisando que dicho ejercicio
no es extraño para la Corte7.
CARGO PRIMERO
Bajo la causal tercera de casación, acusó la providencia
de segunda instancia de incongruente, «por haberse revocado la
de primer grado por razones diversas a las expuestas por el apelante.8
En sustento de su cargo, reseñó las consideraciones del fallo
de primera instancia que denegó las pretensiones. Allí se
advierte que el a quo declinó los pedimentos, entre otras
razones, por falta de acreditación de la conducta temeraria o
6 Ibidem. pág 16.
7 Al respecto los siguientes pronunciamientos: CSJ, SC1726-2024; CSJ, SC616-
2024; CSJ, SC490-2024; CSJ, SC446-2023; CSJ, SC496-2023; CSJ, SC437-2023;
CSJ, SC492-2023; CSJ, SC1962-2022; CSJ, SC5040-2021; CSJ, SC4024-2021, CSJ,
SC3729-2021; entre otros
8 Cuaderno de la Corte. Demanda de Casación. pág. 5.
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8
de la mala fe en el proceso de restitución anterior. A
continuación, adujo que «al interponer el recurso y al sustentarlo, el
apelante en lugar de controvertir las razones jurídicas y probatorias
mencionadas por el Juez a quo, se engolfó con el proceso de restitución
que se adelantó ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá, hizo un
resumen de las pruebas allí recaudadas y se vino lanza en ristre contra
las actuaciones de varias personas naturales (...) no refutó o controvirtió
todos los argumentos que fueron aducidos por el Juzgado para denegar
las pretensiones de la demanda, limitándose a afirmar (...) que no estaba
de acuerdo con lo aseverado por la Juez acerca de la correcta conducta
de la sociedad demandada»9. Igualmente, señaló que el apelante
no «combatió el argumento jurídico de que este proceso requiere la
prueba no sólo de la culpa, el daño y la relación causal, sino de un
elemento adicional la temeridad o mala fe (...)»10. Indicó que «basta
comparar los motivos de inconformidad del apelante con las razones
expuestas para revocar la sentencia apelada, para advertir que el ad
quem se basó en motivos no esgrimidos por el apelante, lo cual torna
incongruente la sentencia apelada, pues la decisión no es armónica o
simétrica con las razones expuestas por el apelante»11. Para el efecto,
citó la decisión del Colegiado, donde se advirtió que el
apelante había sustentado el recurso oportunamente
«fundado en que existió conducta culposa de su contraparte al iniciar un
proceso judicial de restitución de 5.271 bultos de frijol, con base en un
contrato de depósito inexistente y que, además, se extendió a otros
bienes como 1.208 bultos adicionales de frijol, atún, arroz, incluso el
propio local, lo que ocasionó un daño patrimonial al señor Serna Giraldo,
quien perdió estos elementos, que no hacían parte de la medida
cautelar»12. A juicio de la casacionista, «este párrafo corrobora lo
9 Ibidem. pág. 17.
10 Ibidem.
11 Ibidem. pág. 18
12 Ibidem.
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9
que se aseveró antes, esto es, que el único aspecto

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e entre aquellas de linaje civil y comercial para
efectos de la indemnización por perjuicios moratorios. En las
civiles, al tenor del artículo 1617 del Código Civil, a partir de
la mora se presumen los intereses legales del 6% anual. Por
su parte, en los negocios mercantiles -art. 884 del Código de
162 Ibidem.
163 Ibidem. pág. 21.
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Comercio-, con la mora se presume el interés moratorio
equivalente a una y media veces el bancario corriente, salvo
que las partes hubieren pactado uno inferior.
2.2.4. En el sub judice el Colegiado señaló que en la
misiva que obra a folio 8 del Cuaderno Principal del Juzgado,
consta que la pasiva -entonces demandante en restitución-
manifestó que depositaría a órdenes del juzgado la suma
correspondiente al valor de mercado del frijol, de resultarle
adversas las resultas del proceso. Lo cual, efectivamente
ocurrió cuando en segunda instancia se denegaron sus
pretensiones por inexistencia del contrato de depósito con
base en el cual reclamó la restitución de los bultos de frijol.
De modo que la cuantía del perjuicio ascendería -sostuvo el
Tribunal- al valor del frijol al 2 de abril de 2015, fecha a partir
de la cual también correrían los intereses de mora.
El documento en cuestión -del 22 de abril de 2005- es
del siguiente tenor:
«José Absalón Zuluaga Gómez mayor y domiciliado en la ciudad
de Medellín, identificado como aparece al pie de mi firma obrando
en mi condición de representante legal de la entidad demandante,
por medio del presente escrito manifiesto que he recibido del Señor
secuestre designado dentro del mismo la cantidad de 6.479 bultos
de frijol, el cual fue trasladado a la Ciudad de Medellín con el fin
de proceder a su venta
En este orden de ideas me obligo y me comprometo para con el
señor secuestre y desde luego con el juzgado en caso de que la
sentencia fuese adversa, a depositar dentro de los 5 (cinco) días
siguientes a dictada dicha providencia, ante el Banco Agrario
Sección depósitos judiciales y a favor del Juzgado de conocimiento
el valor que arroje la venta del frijol tomando para ello, el precio
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
62
que al momento de efectuar dicha consignación se encuentre en el
mercado, cuyo título judicial deberá ser entregado al secuestre a
fin de que este proceda a entregarlo al despacho judicial.
En caso de incumplimiento me haré cargo exclusivamente de las
responsabilidades tanto civiles como penales e indemnizaciones a
que haya lugar por el incumplimiento aquí acordado.
Así las cosas libero de toda responsabilidad al señor secuestre
respecto del dinero de dicho frijol, anotando que la mercancía es
de nuestra exclusiva propiedad conforme a los documentos que
reposan en el proceso.
Es de anotar que la mercancía es recibida a mi entera satisfacción
y en el estado en que se encuentra»164.
Del instrumento fluye, que la sociedad José A y Gerardo
E. Zuluaga Ltda. exteriorizó una manifestación unilateral de
voluntad tendiente a obligarse a restituir el dinero
equivalente al valor del frijol vendido, en caso de que la
sentencia -del proceso de restitución- le resultara
desfavorable. La restitución se haría a órdenes del juzgado,
pero por supuesto, aquello indica que el dinero sería devuelto
a su legítimo dueño en últimas. De modo que al serle
denegadas las pretensiones, la sociedad -en el proceso de
restitución- quedó obligada a restituir el dinero a su legítimo
dueño. Por supuesto, en la medida en que 1.208 bultos frijol
de los 6.479 recibidos por José A y Gerardo E. Zuluaga Ltda.
de manos del secuestre, resultaron ser de propiedad del
demandante -señor Oriel Serna-, el acreedor de la suma
equivalente al valor de 1.208 bultos de frijol es él. Asimismo,
el señor Oriel siguió vinculado al proceso de restitución y
oponiéndose a las pretensiones de la sociedad Jorge A. &
164 Cuaderno del Juzgado No. 1, Tomo 1. Fl. 8.
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Gerardo E. Zuluaga S.A.S., alegando su derecho sobre los
1.208 bultos de frijol objeto de la medida cautelar excesiva.
Sin embargo, en tanto que no se fijó un plazo para la
restitución, la sociedad se constituyó en mora con el
requerimiento judicial y únicamente en esa fecha se pudo
fijar el valor de la mercancía.
Por lo demás, la obligación así adquirida fue de linaje
comercial, pues quien declaró su voluntad de obligarse fue
una sociedad comercial que tenía por objeto social, entre
otros, la distribución de productos agrícolas165. El Tribunal
no incurrió en el yerro denunciado, pues el carácter
extracontractual de la acción no le impedía valorar un
documento de la demandada -debidamente allegado al
plenario- para fijar la cuantía del perjuicio. El Colegiado no
podía -so pena de incurrir en pretermisión- ignorar la referida
manifestación unilateral de voluntad. De modo que, tampoco
erró al considerar que la cuantía era equivalente al valor del
frijol a la fecha de la notificación de la demanda, pues sólo
entonces se constituyó en mora la demandada. Ni cometió
yerro al ordenar que se liquidaran intereses moratorios
comerciales sobre ese monto a partir de esa misma data,
pues tratándose de una obligación mercantil, era lo que
correspondía.
165 Cuaderno No 1, Tomo 1, del Juzgado. Certificado de Existencia y Representación Legal de
José A y Gerardo E. Zuluaga Ltda. Fl. 4
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3. Fracasa, por tanto, este tercer cargo. En aplicación
del inciso final del artículo 349 del Código General del
Proceso, se impondrá condena en costas en contra de la
recurrente. Las agencias en derecho se tasarán por el
Magistrado Ponente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia del 8 de junio de 2020, proferida por
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, en el proceso sub examine.
Costas en casación a cargo de la recurrente. Inclúyase
en la liquidación de las costas la suma de $6.000.000, por
concepto de agencias en derecho, que fija el Magistrado
Ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
Radicación. 11001-31-03-027-2011-00647-01
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2956-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-12-16. C.P. Francisco Ternera Barrios. Rad. 2011-00647-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2956-2024%20%5B2011-00647-01%5D).
