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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC2850-2022
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
(Aprobado en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Edificio
Málaga S.A.S. y Abento S.A.S., frente a la sentencia del 14 de
noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que
en su contra promovió Edificio Torres de Málaga P.H., y al
cual se llamó en garantía a Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S.
ANTECEDENTES
1. La actora deprecó «[q]ue se declare que las sociedades
Edificio Málaga S.A.S. y Abento S.A.S. incumplieron la
obligación legal de garantizar la idoneidad, calidad y buen
funcionamiento de los bienes comunes que integran el
Proyecto Edificio Torres de Málaga».
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Como consecuencia pidió ordenar que «deberán reparar,
construir, adquirir, demoler, instalar, y desplegar dentro de los
5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todos los
actos necesarios de intervención sobre los bienes comunes
listados».
También solicitaron la imposición de la máxima multa
posible, por el desconocimiento de la obligación legal de
garantía (folios 37 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf).
2. Como sustento fáctico (folios 2 a 37 ibidem) la
reclamante afirmó:
2.1. Torres de Málaga P.H. es una copropiedad
construida por Edificio Málaga S.A.S., promovido y
gestionado por Abento S.A.S., ambas representadas por José
Luis Baquera Peironcelly.
2.2. Después de la ocupación del edificio, los residentes
detectaron fallas en las losas de los sótanos, algunas de las
cuales se fracturaron en los meses de junio y julio de 2015.
2.3. Realizado un estudio se constató que la mayoría de
las losas tenían un grosor inferior a diez (10) centímetros, por
lo que la ingeniera Olga Pezzano Molina recomendó un
recubrimiento con concreto y resina «Sika Top 122», sin
perjuicio de la demolición de algunas de ellas.
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2.4. Proyectos y Promociones Iberoamericanos, por
designación de Edificio de Málaga S.A.S., rindió nuevo
informe sobre las losas el 23 de diciembre de 2015.
2.5. Analizados los documentos del proyecto
urbanístico se determinó que no había «coincidencia entre lo
radicado en documentos oficiales y lo que finalmente había
construido el proyecto torres de Málaga, todo lo anterior
comunicado a los demandados en misiva del 25 de septiembre
de 2015».
También se encontraron deficiencias técnicas en las
escaleras, faltantes en la torre 1, ausencia de barandas en
jardineras y rejas de cerramiento, irregularidades en
ascensores, problemas en los tanques de agua, filtraciones
en la piscina, defectos de impermeabilización y diversas
fisuras.
2.6. El constructor dio por entregadas las áreas
comunes el 3 de octubre de 2015, en aplicación del
reglamento de la copropiedad. En respuesta, ésta radicó
sendos reclamos, por los defectos advertidos, las datas del 5
de octubre, 27 de noviembre y 16 de diciembre del mismo
año.
2.7. El primer trimestre de 2016 se iniciaron las
reparaciones, aunque se interrumpieron abruptamente,
después de múltiples inconvenientes por el consumo de
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energía eléctrica, falta de trabajadores y ausencia de
planeación.
2.8. Además, como siguió el desgaste de las losas,
incluso después de la intervención, la «copropiedad por su
parte, solicitó a cuenta de ella, un ensayo de extracción de
núcleos en las losas… cuyos resultados arrojan una carencia
de resistencia en el concreto empleado muy preocupante».
2.9. Progestión rindió informe sobre los bienes
comunes, encontrando inconsistencias estructurales y de
acabados, así como la desatención de normas técnicas y
urbanísticas, a saber:
2.9.1. Las puertas de acceso y evacuación no cuentan
con mecanismos de apertura fácil;
2.9.2. Faltan luces de emergencia;
2.9.3. Los planos carecen de detalle sobre pasillos y
salidas;
2.9.4. Las zonas comunes carecen de vidrio de
seguridad según la norma NSR-10;
2.9.5. Los vidrios carecen de señalización distintiva;
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2.9.6. No hay señalización para personas con
discapacidad, ni pasillos para su adecuada movilización,
ingreso o egreso;
2.9.7. La rampa de acceso no cumple con la inclinación
de la norma NTC4143, ni tiene pavimento táctil;
2.9.8. No se proyectó la construcción de baños para
personas con movilidad reducida en el gimnasio o salón
social;
2.9.9. En el primer piso no se incluyeron parqueaderos
para personas con movilidad reducida;
2.9.10. Hay un déficit de 91.65 mts2, entre la licencia y
las áreas comunes construidas;
2.9.11. La puerta de las escaleras comunales del
primero piso tiene 0.80 mts, en desconocimiento del deber de
que sea de 0.90 mts;
2.9.12. Falta un sistema audible y automático contra
incendios;
2.9.13. En las escaleras faltan antideslizantes y
pasamanos;
2.9.14. El ancho mínimo de la escalera es 1.20 mts,
pero se construyó con 1.10 mts;
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2.9.15. En los muros de la fachada se presentan vanos
que permiten el ingreso de agua;
2.9.16. El área de construcción en el techo equivale a
41 mts2, superando en un 5.5% el máximo permitido;
2.9.17. No hay puertas cortafuegos;
2.9.18. Faltan rociadores automáticos en zonas
comunes;
2.9.19. Las escaleras descargan hacia dentro de la
copropiedad y no al exterior;
2.9.20. Se carece de tomas fijas de 64 mm de diámetro
para bomberos;
2.9.21. El tamaño interno de los ascensores no es el
exigido por las normas -1.20 mts x 1.20 mts-, sino de 0.90
mts X 0.90 mts X 2.10 mts;
2.9.22. Falta señalización braille en los ascensores;
2.9.23. El cableado se encuentra mal presentado;
2.9.24. El área circundante a la piscina no posee piso
antideslizante;
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2.9.25. Hay un resalto en la piscina que genera peligro
a la movilidad;
2.9.26. El cuarto de máquinas está en el área de
circulación cubierto con paneles removibles;
2.9.27 Faltan elementos de seguridad;
2.9.28. Faltó un cerramiento para la piscina de niños,
la cual es contigua a la principal;
2.9.29. Existen escaleras de peldaños compensados
desde los diferentes niveles de sótanos a la recepción, en
contravía de la norma NSR-10;
2.9.30. Las alturas de las contrahuellas son de 180 mm,
presentando riesgo de accidentalidad;
2.9.31. Los acabados de las escaleras son deficientes;
2.9.32. Las escalinatas se diseñaron sin protecciones en
caso de que deba permanecerse en ellas;
2.9.33. Los cuartos de basura carecen de ventilación
debidamente protegida, punto de agua potable para limpieza
y desagüe;
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2.9.34. Faltó la escalera final y puerta de acceso a
cubierta en la Torre 1, existentes en la licencia de
construcción;
2.9.35. Hay deficiencias en la impermeabilización de la
cubierta y faltó aplicar pintura para la protección del sol;
2.9.36. El área construida sobre la azotea supera el 20%
de la norma;
2.9.37. Indebida colocación de equipos de bombeo y
medición de agua potable;
2.9.38. Defectos en el sistema contraincendios;
2.9.39. La mayoría de los terminales de aguas
residuales no cumplen con la altura adecuada;
2.9.40. Falta de escaleras fijas para los tanques
superiores;
2.9.41. Las tuberías de ventilación son muy bajas; y
2.9.42. Se carece de documentación, señalización del
tablero principal y otros problemas del componente eléctrico.
2.10. Juan Carlos Jiménez conceptuó que existían
múltiples irregularidades en el cuarto de máquinas de la
piscina, «como que la motobomba carece de dispositivo de
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seguridad de liberación de vacío exigido por la ley 1209 de
2008 y decreto 2171 de 2009, toma corriente y la caja de
registro eléctrico carecen de grado encerramiento IP y además
evidencia humedad… no tiene aislamiento de polo a tierra…
No existe botón de parada de emergencia alrededor de la
piscina».
También develó ausencia de drenajes mínimos en el
estanque o estructuras similares, el cerramiento es inferior
al exigido, no está identificado el teléfono o citófono para
llamadas de emergencia, no dispone de libro de registro y
faltan los planes de seguridad, saneamiento básico y
emergencia.
2.11. Icontec inspeccionó los ascensores y encontró
defectos muy graves. La Oficina de Gestión del Riesgo de la
Alcaldía de Barranquilla, mediante escrito Quilla-17-058410
del 24 de abril de 2017, presentó un listado de
inconformidades en los equipos verticales, lo que explica la
ausencia de certificación de funcionamiento.
2.12. La copropiedad incurrió en diversos gastos para
mitigar los defectos enumerados, como compra de flotadores
electrónicos, instalación de soportes, reparaciones de puntos
eléctricos, botoneras, etc. Además, el arreglo de la fachada
asciende a $80.393.700, suma que no ha querido ser
sufragada por la constructora, ni la promotora del proyecto.
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2.13. «La copropiedad, ante el juzgado 6to civil del
circuito rad. 2017-00047 presentó una demanda declarativa
de carácter indemnizatorio contra la constructora y otros,
proceso que en la actualidad está en curso, lo anterior de
conformidad al art. 22 del decreto 735 de 2013».
3. Una vez adelantado el proceso de enteramiento,
Edificio Málaga S.A.S. propuso las excepciones previas de
«falta de jurisdicción», «falta de competencia», «ineptitud de la
demanda por falta de los requisitos formales», «caducidad» y
«pleito pendiente» (folios 71 a 80 del archivo digital CDNO
PPAL TM 2.pdf).
Además, al contestar de fondo la demanda, clarificó
algunos hechos, rechazó los vicios y planteó las defensas
denominadas «inexistencia del derecho por cumplimiento de la
norma vigente», «voluntad de cumplir por parte de mi
poderdante», «enriquecimiento sin causa», «responsabilidad de
otro», «responsabilidad propia de la accionante», «prescripción
y/o caducidad» y la genérica (folios 82 a 131 ejusdem).
Similares alegaciones efectuó Abento S.A.S. (folios 132
a 138 y 140 a 188 idem), aunque adicionó la excepción que
intituló «falta de legitimación en pasiva».
4. Edificio Málaga S.A.S. llamó en garantía a Proyectos
y Promociones Iberoamericanas S.A.S. para que, «previos los
trámites legales pertinentes, y en caso de ser condenada… al
pago de suma alguna de dinero, se ordene el pago de los
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valores objeto de la condena y/o al reembolso total o parcial
del pago que tuviera que hacer, como resultado de la
sentencia, así como el pago de la sanción si a ello hubiera
lugar, así como la indemnización de los perjuicios que llega
(sic) a sufrir… por esta mismo (sic) causa» (folio 71 del archivo
digital CDNO PPAL TM 2.pdf).
En fundamento se esgrimió que la llamante, en su
calidad de propietaria y titular de la licencia de construcción,
contrató a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S.
para que realizara las obras del Edificio Málaga, calidad que
la hace responsable de las garantías formuladas por los
clientes.
5. La Superintendencia de Industria y Comercio, en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, por auto n.°
00091574 del 5 de octubre de 2017 declaró «no probadas las
excepciones previas» (folio 506 del archivo digital CDNO PPAL
TM 3.pdf).
Además, en la misma fecha y por proveído n.°
00091575, rechazó «el llamamiento en garantía solicitado por
la sociedad demandada» (folio 509 ídem). Determinación
confirmada el 4 de diciembre de 2017 por auto n.° 00113599,
al resolver la reposición presentada.
6. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
el 24 de abril de 2018, desató el remedio vertical que se
promovió contra el auto n.° 00091575, revocándolo y
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admitiendo «el llamamiento en garantía planteado en el
evocado litigio por Edificio Málaga S.A.S. contra Proyectos y
Promociones Iberoamericanas S.A.S.» (folios 7 a 15 del archivo
digital APELACIÓN AUTO.pdf).
7. La Superintendencia de Industria y Comercio, en
audiencia del 20 de abril de 2018, emitió sentencia de
primera instancia, en la cual «declar[ó] probada la excepción
de mérito denominada ‘inexistencia del derecho por
cumplimiento de la normatividad vigente’», razón para «negar
las pretensiones de la demanda» (folios 184 a 186 de archivo
digital CDNO PPAL TM 5.pdf).
8. Al desatar la apelación interpuesta contra la decisión
de primer grado, por veredicto del 14 de noviembre de 2018,
el ad quem denegó las excepciones, declaró que «Abento
S.A.S., Edificio Málaga S.A.S. y Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S., incumplieron la obligación de
garantizar la calidad e idoneidad de los bienes comunes
(esenciales y no esenciales) del Edificio Torres de Málaga P.H.
y, por lo tanto, son solidariamente responsables por la
efectividad de la garantía de dichos bienes».
En consecuencia, dispuso «que a título de efectividad de
la garantía… dentro de los tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, realicen de manera armónica y
coordinada las gestiones de intervención de los bienes
comunes… para conjurar las grietas en las losas o placas del
semisótano y el sótano; las anomalías en los sistemas de
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ascensores y desagüe, y las falencias de permeabilización
(filtraciones, inundaciones, aguas posadas y fallas en
bajantes de aguas lluvias) del sótano, el semisótano, las
escaleras, el salón social, el gimnasio, el área adyacente a la
piscina, la sala de juegos, el parqueadero de visitantes, la
azotea y los ventanales».
Ordenó que las adecuaciones sean certificadas por la
Sociedad Colombiana de Ingenieros (folios 78 a 101 del
archivo digital APELACIÓN SENTENCIA.pdf).
Los fundamentos de la decisión se resumen en lo
subsiguiente.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. Después de encontrar satisfechos los presupuestos
procesales y la ausencia de vicios invalidantes, remarcó que
únicamente abordaría los aspectos objeto de la apelación, sin
perjuicio de los que se encuentran íntimamente ligados con
los anteriores.
2. Recordó que el derecho de consumo se asienta sobre
la debilidad estructural del consumidor, amén de su
condición de debilidad, en respuesta de lo cual se emitió la
ley 1480 de 2011, que incluye el régimen de garantías y la
protección contra información falsa o engañosa.
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Precisó que, en línea de principio, existe libertad
probatoria, siempre que las pruebas observen los requisitos
extrínsecos (licitud y legalidad) e intrínsecos (conducencia,
pertinencia y utilidad), de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.
3. Adentrándose en el caso, dio por probada la
construcción del edificio, el vínculo negocial entre Edificio
Málaga S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas
S.A.S. -en adelante PPI-, la entrega de las zonas comunes
esenciales el 1° de abril de 2015 y de las demás el 3 de
octubre siguiente.
A partir de las fotografías y videos que datan del período
comprendido entre mayo y octubre de 2015, estimó:
3.1. Existen anomalías en el ensamblaje de los
ascensores, como fue corroborado por la Oficina de Gestión
del Riesgo de la Alcaldía de Barranquilla y el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas -Icontec-, en particular,
ausencia de intercomunicadores, cableado suelto, canales
sin protección, vibraciones, ausencia de indicadores de nivel
de tensión y capacidad de carga, interruptores finales de
recorrido y señales preventivas de seguridad.
En este punto clarificó que el informe del Icontec no
estaba sometido al artículo 226 del C.G.P., sino que debe
catalogarse como un informe de los regulados en el canon
275.
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Descartó que la intervención de Asconor Ltda. hiciera
cesar la responsabilidad de las convocadas, pues «todos los
participantes de la cadena constructiva del proyecto Edificio
Torres de Málaga, que estuvieron al tanto de su desarrollo y a
la postre resultaron beneficiados con el mismo, es decir,
Edificio Málaga S.A.S. (propietario y comercializador), Abento
S.A.S. (gerente) y PPI (contratista constructor) han de
responder solidariamente ante el consumidor por la calidad,
idoneidad y buen funcionamiento del respectivo bien, producto
o servicio». Total, el consumidor no tiene que saber quién es
el culpable del producto defectuoso, de allí que pueda acudir
a quien lo elaboró o comercializó.
3.2. Encontró que aparecieron grietas o fisuras en las
losas o placas superiores del sótano, y varias filtraciones de
agua en las zonas comunes, entre mayo y julio de 2015,
aunque se incrementaron con el paso de los días.
3.3. La copropiedad presentó su reclamación a Edificio
Málaga S.A.S. el 14 de agosto de 2015, aunque su alcance
fue ampliado el 25 de septiembre de igual anualidad. «Tanto
Edificio Málaga S.A.S. como PPI, atendieron dichos
requerimientos con la visita técnica llevada a cabo el 20 de
octubre de 2015, y con las intervenciones efectuadas… los
días 13 y 25 de abril, 4 de mayo, 12 y 29 de julio, 23 de agosto
y 5 y 23 de septiembre de 2016». La reparación más reciente
data del 28 de octubre de 2016, fecha en que se firmó un acta
de entrega y paz y salvo.
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Empero, este último documento se incluyó como
salvedad que se encontraban reparaciones pendientes en las
losas de los parqueaderos y desagües. «Esta manifestación de
voluntad, apreciada en conjunto con los demás medios de
convicción recaudados, dentro del contexto del régimen tuitivo
del consumidor…, y a falta de prueba en contrario, permite
colegir a la Sala que aún persisten defectos y adecuaciones
inconclusas, tanto en las áreas en mención como en los
ascensores del Edificio».
3.4. Coligió que la mengua de la eficacia probatoria de
los dictámenes periciales, no permitía al a quo abstenerse de
examinar los demás medios suasorios, de acuerdo con los
cánones de la sana crítica. Pruebas que acreditan que, dentro
del término de la garantía legal, las losas del sótano y
semisótano, ascensores, sistema de desagüe del edificio y
permeabilidad de las zonas comunes, presentaron fallas
repetidas, sin que las demandadas probaran que eran
imputables a la demandante, «ni su reparación a cabalidad -
o por lo menos, así no está probado en la actuación-».
4. Denegó las excepciones por cuanto:
4.1. La denominada «inexistencia del derecho por
cumplimiento de la normatividad vigente», queda desvirtuada
por las deficiencias que acaecieron.
4.2. Las intituladas «prescripción y/o caducidad» y falta
de legitimación en la causa por pasiva, por haber sido
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decididas por el juzgado de primera instancia sin que fueran
recurridas, se tornaron inmutables en apelación.
3.3. La alegada voluntad de cumplimiento se desestima
porque la copropiedad permitió las intervenciones, como
consta en el acta de entrega y paz y salvo del 28 de octubre
de 2016; la misma razón permite desestimar la
responsabilidad propia del accionante, sin que se hubiera
probado que no se realizaron los mantenimientos preventivos
o que se permitiera el tránsito de vehículos en las zonas
recién reparadas.
3.4. El enriquecimiento sin justa causa se desestima
ante la existencia de defectos de construcción.
4. Por fuerza de los artículos 6° y 10 de la ley 1480 de
2011 declaró la responsabilidad solidaria entre el
comercializador, gerente del proyecto inmobiliario y
constructor; como PPI fue llamada en garantía, también la
condenó.
5. Para hacer realidad el derecho de los consumidores
dispuso que las intervenciones se ajusten al manual del
propietario del Edificio Torres de Málaga y a los planos y
memorias constructivas incorporadas al legajo, lo cual
deberá certificarse por la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, a costa de las demandadas y llamada en garantía.
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LA DEMANDA DE CASACIÓN
Si bien las demandadas y llamada en garantía
acudieron al recurso extraordinario, sólo las primeras lo
sustentaron, proponiendo tres (3) embistes, el primero por
violación indirecta de la ley sustancial y los siguientes por la
causal tercera.
El orden lógico de su resolución conduce a que primero
se despachen los embistes procesales, los que se conjuntarán
porque su resolución se sirve de argumentos comunes. Por
último, se analizará la crítica sustancial.
CARGO SEGUNDO
Con fundamento en la causal tercera, las impugnantes
acusaron la sentencia de mínima petita, por no haberse
pronunciado sobre el llamamiento en garantía contra PPI.
«Hecho que resulta manifiesto y obvio si se observa que, en su
sentencia, el Tribunal se limitó a dejar establecida únicamente
la responsabilidad solidaria de PPI por la efectividad de la
garantía» y, respecto al pedimento de adición, se limitó a
indicar que las disputas internas debían resolverse conforme
a las normas sustanciales que regulan este tipo de
relaciones.
Arguyó que la determinación judicial se acotó a regular
los aspectos externos de la relación entre la sociedad edificio
Málaga y la llamada en garantía -PPI-, sin resolver lo tocante
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a los vínculos internos. «Y es que la solidaridad no implica, en
principio, que en el ámbito interno la cuota de responsabilidad
de los distintos deudores solidarios sea equivalente, pues bien
puede darse el caso -como acontece en el presente caso- de
que en realidad uno de ellos -PPI-, en su relación con los
demás, esté llamado a soportar la totalidad de la deuda».
Pidió casar la sentencia de alzada y emitir un
pronunciamiento sobre la pretensión elevada por la sociedad
Edificio Málaga, en donde se defina la disputa con el llamado
en garantía.
CARGO TERCERO
Nuevamente se invocó incongruencia en el veredicto
confutado, por no haber estudiado la excepción de
prescripción y/o caducidad propuesta por Edificio Málaga
S.A.S. y Abento S.A.S.
En soporte manifestó que los únicos reclamos
presentados a tiempo están contenidos en las
comunicaciones del 25 de septiembre y 5 de octubre de 2015,
aspecto invocado como defensa en el curso del proceso,
aunque rehusado por el a quo por cuanto debió haberse
alegado con fundamento en la ausencia de requerimiento
para la garantía legal, sin que fuera dable apelar esta
manifestación por el carácter absolutorio de la sentencia.
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Con la revocatoria del veredicto de primera instancia y,
por tanto, denegación de las excepciones, el ad quem
manifestó que se abstendría de examinar lo relativo a la
prescripción y/o caducidad por no ser motivo la apelación,
punto que fue confirmado con ocasión de la solicitud de
adición.
Para sustentar su razonamiento invocó el artículo 282
del Código General del Proceso y pidió que se emita una
decisión sobre la defensa.
CONSIDERACIONES
1. Congruencia de las decisiones judiciales.
1.1. El artículo 281 del Código General del Proceso
prescribe que «[l]a sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley» (negrilla fuera de texto).
Se positivizó, de esta forma, el cardinal principio de
congruencia o consonancia, por cuya fuerza el sentenciador
tiene el deber de que su veredicto guarde coherencia con las
pretensiones aducidas en el trámite judicial, los hechos que
sirven de sustento a la causa petendi, y las excepciones
invocadas por los demandados o que aparezcan acreditadas
en el trámite.
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Regla que hunde sus raíces en la naturaleza dispositiva
que es ingénita a la jurisdicción civil y comercial, según la
cual, las partes tienen el gobierno sobre las materias que se
encuentran sub judice, sin que el juzgador pueda analizar
cuestiones que no fueron planteadas o que las partes
sustrajeron de la justicia. Así se reconoció en el brocárdico
«ne eat iudex ultra petita partium» -la sentencia ha de atenerse
a las pretensiones de las partes-.
Refiriéndose a la norma citada, la Sala doctrinó: «la
actividad de los juzgadores de instancia es estricta y limitada.
La demarcan las pretensiones y las excepciones probadas o
que deben ser expresamente invocadas, como la prescripción,
compensación y nulidad relativa. La restringen igualmente los
hechos en que unas y otras se sustentan» (SC1253, 26 ab.
2022, rad. n.° 2002-00972-01).
En otras palabras, «al juzgador le está vedado imponer
una condena que supere las súplicas del reclamante,
pronunciarse sobre un objeto distinto al delimitado por los
contendores o por una causa diferente a la invocada por ellos,
al paso que está obligado a resolver los que sí fueron
expuestos; todo sin menoscabo del ejercicio de sus facultades
oficiosas» (SC575, 4 ab. 2022, rad. n.° 2006-00226-01).
1.2. Por ende, existirá incongruencia, entre otros casos
y sin perjuicio de las precisiones que más adelante se
efectuaran, cuando:
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1.2.1. La sentencia de instancia olvida resolver sobre
alguna de las pretensiones invocadas por los sujetos
procesales, con independencia que se encuentren contenidas
en (I) el escrito inaugural (numeral 4° del artículo 82 del
C.G.P.), (II) su subsanación (artículo 90) o (III) reforma
(artículo 93), incluyendo la (IV) acumulación de procesos o
de demandas (artículo 148); (V) la reconvención que el
demandado proponga contra el demandante (artículo 371); o
(VI) el llamamiento en garantía.
1.2.2. La falta de decisión sobre cualquiera de las
defensas que fueron izadas por los accionados para oponerse
a las pretensiones (numeral 3° del artículo 96), o de las que,
sin requerir de alegación de parte, refuljan de las pruebas
(artículo 282).
1.2.3. La resolución del caso con base en una
plataforma fáctica diferente a la invocada en la demanda
(numeral 5° del artículo 82) o en la contestación (numeral 2°
del artículo 96). Se trata de una «incongruencia fáctica»,
«queriéndose significar con ello que el juzgador resuelve el
proceso con total y absoluto desconocimiento de los
fundamentos de hecho esgrimidos por su gestor, esto es,
soportado en una causa petendi en verdad inexistente, fruto
de su inventiva, en tanto que hace caso omiso de los
planteamientos en los que aquél respaldó la acción» (SC042,
7 feb. 2022, rad. n.° 2008-00283-01).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
23
1.2.4. El desconocimiento de la pretensión
impugnaticia, al dejarse sin resolver cuestionamientos
expuestos por el apelante en su recurso contra el fallo de
primer grado, o adentrarse en materias que son extrañas al
mismo, «sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley» (artículo 328). Esta
Corporación tiene dicho:
Además de los supuestos enunciados, por doctrina jurisprudencial
se consideró que existe incongruencia cuando hay disarmonía
entre los argumentos propuestos al apelar y las determinaciones
adoptadas por el sentenciador de segunda instancia. Justamente:
‘[P]ronunciarse sobre puntos o extremos del litigio que no fueron
materia de la apelación -ni están íntimamente conectados con ella-
… [es] un asunto que atañe al derecho sustancial que tiene el
recurrente para que la resolución de su impugnación no toque
puntos que no quiso llevar al debate de la segunda instancia… [por
tanto], si el fundamento de la acusación obedece a una desviación
del tema que fue objeto de la pretensión deducida en la
sustentación del recurso, el ataque deberá dirigirse por la senda
de la causal segunda de casación, por vicio de incongruencia entre
lo pedido por el impugnante y lo resuelto por el ad quem’
(SC14427, 10 oct. 2016, rad. n.° 2013-02839-00).
Precedente repetido por la Corporación, como consta en los fallos
de 12 diciembre 2007 (rad. n.° 1982-24646-01), 1° de noviembre
de 2013 (rad. n.° 1999-00355-01), 13 de abril de 2016 (rad. n.°
2012-02126-00) y 31 de mayo de 2018 (rad. n.° 2005-00346-01),
de allí que constituya una doctrina probable de la Corporación.
Entonces resulta claro que «la incongruencia no se presenta solo
cuando existe una disonancia entre lo invocado en las
pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que también se
patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la
sustentación del recurso que, indudablemente, corresponde a una
pretensión del derecho sustancial controvertido» (SC14427, 10 oct.
2016, rad. n.° 2013-02839-00)… (SC3627, 2 nov. 2021, rad. n.°
2014-58023-01).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
24
1.3. Remárquese, por su importancia para el sub
examine, las razones por las cuales la incongruencia también
puede emanar de la falta de resolución sobre el llamamiento
en garantía.
1.3.1. En verdad, esta figura procesal, devela la
proposición de una pretensión por parte del demandado -
llamante-, en contra de un tercero -llamado-, con el fin de
que lo indemnice por las consecuencias de un eventual fallo
adverso.
Así se desprende del artículo 64 del Código General del
Proceso, a saber: «Quien afirme tener derecho legal o
contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que
llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que
tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte
en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de
acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento
por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término
para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre
tal relación».
El legislador previó un mecanismo para que, en
aplicación del principio de economía procesal, el juez de la
controversia «resuelva», dentro del trámite principal, sobre la
relación sustancial existente ente el llamante y el llamado;
por tanto, en caso de que el demandante triunfe en su
pedimento, el sentenciador deberá adoptar una decisión
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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definitiva sobre el reembolso o saneamiento por evicción
deprecado en contra del llamado en garantía.
La jurisprudencia tiene decantado:
Ahora, sea que el llamamiento en garantía lo proponga una u otra
parte, lo significativo es que éste comporta el planteamiento de la
llamada pretensión revérsica, o la ‘proposición anticipada de la
pretensión de regreso’ (Parra Quijano), o el denominado ‘derecho
de regresión’ o ‘de reversión’, como lo ha indicado la Corte, que
tiene como causa la relación sustancial de garantía que obliga al
tercero frente a la parte llamante, ‘a indemnizarle el perjuicio que
llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere
que hacer como resultado de la sentencia’ (artículo 57). De modo
que, de acuerdo con la concepción que sobre el llamamiento en
garantía establece el texto legal antes citado, la pretensión que
contra el tercero se formula es una pretensión de condena eventual
(in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia ante el hecho
cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa
contingencia de la sentencia, ‘se vea compelido a resarcir un
perjuicio o a efectuar un pago’, como lo ha dicho la Corte (CSJ, SC
24 oct. 2000, rad. n.º 5387, reiterada SC4066, 26 oct. 2020, rad.
n.° 2005-00512-01).
1.3.2. Lo anterior explica que el llamamiento se realice
por medio de una «demanda», sometida a los requisitos
generales de estos escritos, como expresamente lo previene
el artículo 65 del estatuto adjetivo vigente.
Significa que en el mencionado documento debe
plantearse con precisión y claridad «lo que se pretenda»,
fundado en «hechos… debidamente determinados,
clasificados y numerados», con «las pruebas que se pretenda
hacer valer» (numerales 4, 5 y 6 ibídem). Dicho de otra forma,
el llamante plantea sus «pretensiones revérsicas», con base
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
26
en una plataforma fáctica y con la invocación de los medios
suasorios que sirvan de soporte a su reclamación, sin
perjuicio de los demás requisitos legales.
Sobreviene que el sujeto que es llamado en garantía,
una vez notificado, arriba al proceso en calidad de parte, «a
fin de que haga valer dentro del mismo proceso su defensa…
Mas por analogía con el demandado, puede proponer
excepciones previas y de mérito, pedir pruebas… contradecir
las de las otras partes, proponer incidentes y recursos, alegar
y realizar todos los actos procesales propios del litisconsorte»1.
1.3.3. Por tratarse de una «pretensión de reverso», el
sentenciador se encuentra en el deber pronunciarse sobre
ella al momento de adoptar una decisión de fondo, siempre
que el llamante resulte condenado en el respectivo litigio.
Es pacífico en la jurisprudencia que:
A términos de lo establecido por los artículos 54 a 57 del Código
de Procedimiento Civil [actuales artículos 64 a 67], con el
llamamiento en garantía, que en sentido amplio se presenta
siempre que entre la persona citada y la que la hace citar exista
una relación de garantía, o con la denuncia del pleito que a esto
también equivale, la relación procesal en trámite recibe una
nueva pretensión de parte que, junto con la deducida
inicialmente, deben ser materia de resolución en la
sentencia que le ponga fin’ (SC del 13 de noviembre de 1980)…
(negrilla fuera de texto, SC042, 7 feb. 2022, rad. n.° 2008-00283-
01)
1 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, Editorial
ABC, 1991, p. 259.
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27
Por ende, no basta con la resolución de la demanda
principal para satisfacer el principio de congruencia, sino
que también debe decidirse el llamamiento, el cual es fruto
de una relación jurídica diferente a la conformada entre
demandante y demandado.
Así lo tiene decantado esta Corte: «tratándose de la
denuncia del pleito o del llamamiento en garantía, ‘se
distingue (…), en ambos casos, que unas son las relaciones
entre las partes, demandante y demandado, y otras,
distintas, las del denunciante y el llamado, y la parte que los
convoca, cada una, por lo tanto, con pretensión propia, dado
que como es apenas de verse, sus vínculos materiales
son independientes’» (negrilla fuera de texto, SC342, 15 dic.
2005, exp. n.° 25941; reiterada SC, 30 ag. 2010, rad. n.°
2000-00115-01).
1.3.4. Por todo lo expuesto, la ausencia de
pronunciamiento sobre el llamamiento en garantía conduce
a un fallo citra petita, al omitir uno de los extremos de la litis,
en contravía del artículo 281 del Código General del Proceso.
1.4. De otro lado, huelga enfatizarlo, también existe
incongruencia cuando el fallador omite resolver sobre las
excepciones de mérito propuestas por los convocados.
1.4.1. Y es que, como la controversia se asienta en el
debate dialógico entre las pretensiones y las defensas
blandidas para oponerse al nacimiento del derecho
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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reclamado, o demostrar su modificación o extinción, el juez
debe analizarlas en su integridad, en salvaguardia de los
derechos de defensa y contradicción reconocidos en el
artículo 29 de la Constitución Política.
Valga explicarlo, dado que la «excepción es todo hecho
en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la
obligación o la declaran extinguida si alguna vez existió, o
estrictamente ‘…consiste en oponer a la acción del
demandante un hecho que impide o que extingue los efectos
jurídicos del hecho alegado por éste, y que por tanto destruye
la acción’» (SC151, 13 oct. 1993, exp. n.° 3617), su resolución
resulta necesaria con el fin de establecer si los pedimentos
de la parte demandante tienen vocación de prosperidad, sin
que se admita excusa de ninguna clase.
De allí que el artículo 281 del actual estatuto adjetivo
prescriba que «[l]a sentencia deberá estar en consonancia…
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley». A su vez, el canon 282 ordena
que, «[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción deberá
reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de
prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán
alegarse en la contestación de la demanda»
Se impuso de esta forma, a los sentenciadores de
instancia, el deber de desatar las excepciones expresamente
alegadas por los sujetos demandados, así como reconocer
oficiosamente las que se encuentren demostradas en el
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expediente, salvo las tocantes a prescripción, compensación
o nulidad relativa, por cuanto éstas exigen su proposición por
la parte interesada.
1.4.2. Ahora bien, por economía procesal, es dable que
el juzgador acote su estudio a una determinada defensa,
siempre que la misma tenga la virtualidad de enervar todas
las pretensiones. Así lo establece el citado artículo 282, a
saber: «Si el juez encuentra probada una excepción que
conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda,
debe abstenerse de examinar las restantes».
Regla tendiente a evitar discusiones innecesarias entre
los sujetos procesales, por su insustancialidad para cambiar
el sentido de la decisión final, en tanto la defensa, por sí
misma, impide el reconocimiento del derecho pretendido.
Sin embargo, si el superior revoca la determinación que
reconoció la excepción, se impone que en el mismo acto
analice las demás, al margen del sujeto que haya promovido
el recurso. Tal es la directriz contenida en la norma en cita:
«En este caso si el superior considera infundada aquella
excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no
haya apelado la sentencia».
Refiriéndose a este precepto la Sala afirmó: «[es] deber
del juzgador analizar, no sólo las cuestiones de hecho y de
derecho esgrimidas en la apelación, sino también las
excepciones, pues de lo contrario no podría proferir una
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decisión definitiva, so pena de vulnerar los derechos de
defensa y contradicción» (SC1916, 31 may. 2018, rad. n.°
2005-00346-01).
1.4.3. La incongruencia se configura, conforme a las
dilucidaciones precedentes, «cuando el funcionario de
instancia: (a) omite decidir sobre las [excepciones] que se
propusieron en el escrito de contestación, siempre que fuere
necesario referirse a ellas por haber prosperado las
pretensiones de la demanda (SC443, 19 dic. 1987); (b)
reconoce una oposición que era del resorte exclusivo de las
partes sin que se hubiera solicitado oportunamente -
prescripción, nulidad relativa o compensación- (SC16785, 17
oct. 2017, rad. n.° 2008-00009-01); o (c) desatiende una
excepción que debe declararse oficiosamente, siempre que la
encuentre demostrada en el proceso (SC, 18 ab. 1955, G.J. n.°
2153, p. 31; en el mismo sentido AC7709, 21 nov. 2017, rad.
n.° 1998-07501-01)… (SC4257, 9 nov. 2020, rad. n.° 2010-
00514-01).
Defecto procesal que puede materializarse tanto en la
sentencia de primer grado, como en la de segunda, última
hipótesis materializada cuando (I) dentro de los reparos
concretos de la apelación se incluya una alegación tocante a
una excepción que no es resuelta, (II) se omite declarar una
defensa que emerge del caudal probatorio, o (III) deba
proveerse sobre las defensas propuestas por la parte no
recurrente como consecuencia de la revocación de la decisión
del inferior.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
31
Ya la Sala fijó como norte:
El órgano colegiado… [debe] incorporar a la discusión aquellos
tópicos que eran inescindibles para establecer la viabilidad de las
pretensiones, como son las defensas propuestas por la convocada
y que de forma oficiosa debían reconocerse, en tanto la mera
prosperidad de los argumentos de la apelación no es suficiente
para pretender una condena si alguna de las excepciones
esgrimidas en la contestación estuviera llamada a prosperar
(SC1916, 31 may. 2018, rad. n.° 2005-00346-01).
2. El caso concreto.
Decantado el anterior estado del arte descuella que los
cargos segundo y tercero propuestos por las demandadas
están llamados a abrirse paso, motivo para acceder a la
casación parcial del veredicto, como se expondrá en adelante.
2.1. Actuaciones procesales relevantes.
2.1.1. Conviene recordar que el ad quem, al fallar el
remedio vertical propuesto por Edificio Torres de Málaga
P.H., decidió revocar la decisión de la Superintendencia de
Industria y Comercio, para lo cual: (I) examinó en conjunto
las pruebas, lo que permitió tener por establecido el daño
reclamado; (II) negó las excepciones de mérito intituladas
«inexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad
vigente», «voluntad de cumplir por parte de las demandadas»,
«responsabilidad propia del accionante», «enriquecimiento sin
causa» y «responsabilidad de otro»; (III) rememoró que las
defensas «prescripción o caducidad» y «falta de legitimación
por pasiva» fueron decididas por el a quo, sin que se
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recurriera esta determinación, «por lo que se tornó inmutable
en esta instancia»; y (IV) ordenó que las demandadas, en
consuno con la llamada en garantía, respondieran por la
garantía legal, emitiendo unas órdenes para ejecutar esta
obligación.
2.1.2. Frente a la anterior, Edificio Málaga S.A.S. y
Abento S.A.S. pidieron adición y complementación para
«resolver la solicitud contenida en el llamamiento en garantía»
y «pronunciarse sobre las excepciones de fondo propuestas…
denominadas… ‘prescripción y/o caducidad’, cuyos
fundamentos de hecho se encuentran en la contestación de la
demanda».
2.1.3. El Tribunal, por auto del 13 de diciembre de
2018, negó la adición con base en los siguientes
razonamientos:
La solicitud de la llamante en garantía fue decidida implícitamente
por el Tribunal al colegir, con apoyo en los artículos 5 y 10 de la
Ley 1480 de 2011, que Edificio Málaga S.A.S. (propietario y
comercializador del proyecto constructivo), Abento S.A.S. (gerente)
y PPI (contratista constructor), son solidariamente responsables
ante el consumidor por la calidad, idoneidad y buen
funcionamiento de los bienes comunes del Edificio Torres de
Málaga…
Por contera, si llegaren a suscitarse disputas internas entre los
obligados solidarios a la realización de las adecuaciones y el pago
de la multa, las mismas habrán se zanjarse con apego a la
normatividad que rige esta clase de obligaciones…
En la consideración quinta de la sentencia emitida por este
Tribunal el pasado 14 de noviembre, quedó asentado que ‘la
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33
decisión adoptada por el funcionario de primer grado frente a las
defensas de ‘prescripción o caducidad’…, es decir, su
desestimación, ‘no fue recurrida y, por lo tanto, se tornó
inmutable’.
2.2. Incongruencia por no decisión del llamamiento
en garantía.
2.2.1. El recuento antes efectuado deja en evidencia que
el sentenciador de segundo grado, en verdad, no analizó lo
relativo al llamamiento en garantía, esto es, la existencia -o
no- de un deber resarcitorio en cabeza del constructor -PPI-
frente al encargante -Edificio Málaga S.A.S.-
2.2.2. Total, con el llamamiento, Edificio Málaga
pretendió que, «en caso de ser condenada… al pago de una
suma alguna de dinero, se ordene [a Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S.] el pago de los valores objeto de la
sentencia, así como el pago de la sanción si a ello hubiera
lugar, así como la indemnización».
Dicho de otra forma, la llamante pretendió que frente a
una eventual condena, Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S. fuera obligada a restituirle los
emolumentos en que incurriera para cumplir la orden
judicial, amén del vínculo contractual existente entre las
sociedades.
2.2.3. El ad quem, a pesar de la claridad de la
reclamación y de la insistencia para que fuera resuelta por
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34
medio de la solicitud de adición, se excusó de desatarla por
existir una decisión implícita, en tanto la condena impuesta
fue solidaria y, de existir controversia entre las convocadas,
debía resolverse según el derecho vigente.
Visto desde otra arista, el sentenciador desenlazó la
relación sustancial entre la demandante, las demandadas y
la llamada en garantía, en punto a la garantía sobre la
edificación realizada y el débito restaurativo de todos los que
intervinieron en el proceso de construcción y
comercialización, sin hacer lo mismo respecto a las
consecuencias legales del contrato de construcción y el deber
de indemnidad que el encargante atribuyó al artífice como
parte de sus obligaciones.
Y es que el sentenciador ninguna reflexión hizo sobre la
convención celebrada entre Edificio Málaga S.A.S. y
Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., con el fin
de establecer las responsabilidades que emanan para cada
una de ellas, en particular, frente a los consumidores. Menos
aún se refirió a la procedencia de la indemnidad reclamada,
o al reembolso de los gastos ante la prosperidad de las
súplicas principales.
De esta forma quedaron sin resolver aspectos nucleares
del litigio, propuestos al abrigo del llamamiento en garantía,
lo que conduce a la incongruencia del fallo recurrido, como
acertadamente lo señalaron las casacionistas.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
35
2.2.4. En este punto debe desecharse la afirmación del
ad quem, en el sentido de que el reconocimiento de
solidaridad trasluce una decisión «tácita» sobre la
reclamación de reverso, pues aquélla únicamente concierne
al vínculo entre la demandante y la parte accionada, en
punto a la forma en que puede satisfacer su crédito (artículo
1571 del Código Civil), sin acontecer lo mismo frente a las
relaciones «internas» entre las condenadas.
Y es que el artículo 1579 del estatuto civil consagra que
«[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha
extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago,
queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus
privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada
uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este
codeudor en la deuda». Y a renglón seguido precisa: «[s]i el
negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria,
concernía solamente a alguno o algunos de los deudores
solidarios, serán estos responsables entre sí, según las
partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los
otros codeudores serán considerados como fiadores» (negrilla
fuera de texto).
En consecuencia, por fuerza del mandato antes
referido, el sentenciador de alzada estaba obligado a clarificar
el interés que, en el deber de garantía, tenía la llamante y la
llamada en garantía, con el propósito de especificar si existía
el deber de reembolso pretendido, en caso de que Edificio
Málaga S.A.S. fuera obligada a realizar las reparaciones
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ordenadas por el ad quem, como en efecto lo fue vía
solidaridad.
Al no haber procedido de esta manera incurrió en una
determinación citra petita, que debe dar lugar a la casación
parcial del veredicto, con el fin de que se emita un fallo
sustitutivo que resuelva el punto concreto.
2.3. Incongruencia por no resolución de todas las
excepciones.
2.3.1. Para explicar conviene rememorar que Edificio
Málaga S.A.S. y Abento S.A.S. se opusieron a la prosperidad
de los reclamos formulados por la copropiedad, entre otras
razones, porque «el actor (sic) no acredita que radicó las
solicitudes de garantía o reclamaciones en forma oportuna,
salvo lo relacionado con las comunicaciones de fecha 25 de
septiembre y 5 de octubre de 2015», de allí que «salvo en el
tema de las losas, teniendo en cuenta que las garantías de las
áreas comunes esenciales vencieron en el mes de marzo de
2016, las acciones de protección del consumidor con base en
el artículo 58 de la ley 1469 de 2011, se encuentran caducas
y los derechos prescritos; lo mismo que las garantías de las
áreas comunes no esenciales que fueron entregadas en
octubre de 2015» (folios 128 y 187 del archivo digital CDNO
PPAL TM 2. Pdf).
El a quo se adentró en esta defensa y la negó pues, en
su criterio, las accionadas alegaron la falta de presentación
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de la reclamación ante el productor, más no la prescripción
de la acción, lo que niega la posibilidad de acceder a esta
última (minutos 3:50 a 07:01 de la audiencia del 20 de abril
de 2018, archivo 17-133358 4.mp4).
Sin embargo, como la decisión de primer grado resultó
denegatoria de las pretensiones, por la ausencia de prueba
del daño reclamado, las demandantes se abstuvieron de
acudir a la impugnación vertical con el fin de criticar lo
tocante a la citada excepción.
El ad quem, al desatar la apelación, se abstuvo de
analizar nuevamente la defensa, a pesar de que las
demandadas insistieran en su reconocimiento en caso de
revocar el proveído de primer grado, con el argumento de que
este tema quedó decantado por la falta de apelación.
2.3.2. Lo dilucidado devela que la determinación del
Tribunal devino exigua, por dejar sin resolver una de las
defensas planteadas tanto en la contestación como al correr
el traslado de la apelación, en apartamiento del canon 282
del Código General del Proceso.
Efectivamente, el inciso 3° de este precepto impone al
superior, que revoca el veredicto de primera instancia en que
se reconoció una excepción, «resolver sobre las otras», sin
distingo de ninguna clase, «aunque quien la alegó no haya
apelado la sentencia» (negrilla fuera de texto).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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Regla que garantiza que, cuando en segundo grado se
acceda a las pretensiones, el juzgador analice todos los
elementos con incidencia en el reconocimiento del derecho
reclamado, en especial, cuando la parte convocada los ha
esgrimido como medios de defensa, con independencia de
que fuera apelante.
2.3.3. Directriz explicable por cuanto, el proferimiento
de un veredicto que declara victoriosa a una parte, le cierra
el camino de la impugnación vertical, incluso si aquél incluye
consideraciones que no son compartidas por el ganador.
2.3.3.1. Pacífico resulta que el derecho subjetivo de
impugnación es una garantía, emanada del debido proceso,
en virtud de la cual es posible que los sujetos procesales
controviertan las decisiones judiciales, en los litigios en que
han intervenido, para propender por su modificación o
revocatoria.
Como todo derecho, para su ejercicio deben satisfacerse
los requisitos legales, con el fin de evitar su utilización
abusiva o torticera, dentro de los que se destacan la
legitimación, procedencia, oportunidad y adecuada
sustentación.
2.3.3.2. Respecto a la legitimación, la Corte tiene una
decantada línea jurisprudencial en el sentido de exigir que la
determinación recurrida sea desfavorable al impugnante, so
pena que no pueda abrirse paso su estudio.
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Así lo dijo años atrás:
Doctrina y jurisprudencia, con fundamento en lo que dispone la
ley, consideran que para interponer un recurso es
indispensable que la providencia que se impugna cause
agravio al recurrente en sus resoluciones. Esto es lo que se
conoce con el nombre de interés para recurrir en la ciencia
procesal, lo cual, como se sabe, no sólo tiene validez con respecto
a los recursos ordinarios sino también en tratándose del de
casación (negrilla fuera de texto, AC, 28 nov. 1984).
Tesis sobre la cual ha insistido:
Una de las condiciones de admisibilidad del recurso
judicial, cualquiera sea su clase, es la legitimación del
impugnante, que además del aspecto puramente formal, o sea
que el acto procesal provenga de la parte o de un tercero
interviniente, exige del interés, que no es otra cosa que el
agravio o el perjuicio que irroga la providencia impugnada
a quien funge como recurrente, de acuerdo con una mensura
que no solamente involucra factores cuantitativos, sino también
cualitativos y que como lo afirma Carnelutti, va ligado a la idea de
vencimiento (negrilla fuera de texto, SC, 9 feb. 2001, exp. n.°
5549).
Y recientemente ratificó:
[D]entro de la teoría general de los recursos hay un postulado que
inspira la filosofía de entregar a las partes la posibilidad de
enjuiciar las decisiones jurisdiccionales, que es el de la
legitimación, uno de cuyos perfiles es el llamado interés para
recurrir, que en trasunto se circunscribe al perjuicio, agravio
o desmedro que la providencia criticada le irroga al
impugnador. Traduce, más elípticamente, que sin perjuicio
no hay recurso, desde luego que éste no está instituido con un
criterio antojadizo sino como remedio porque se propende obtener
la enmienda de decisiones que han sido producidas con desviación
jurídica (AC, 20 en. 2014, rad. n.° 2013-02902-00, reiterada
AC016, 18 en. 2021, rad. n.° 2020-01443-00).
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Trasluce que, no basta ser parte de un proceso para que
sea procedente la impugnación, sino que, adicionalmente,
debe existir un menoscabo a los intereses o derechos del
recurrente. Dicho de otro modo, cuando la providencia es
favorable a un sujeto procesal, debe cerrarse de plano el
camino impugnaticio, como forma de evitar discusiones
innecesarias.
Bien ha dicho la doctrina especializada que el recurso
es un «acto procesal de la parte o partes perjudicadas por
una providencia judicial, por el cual solicitan su revocación
o reforma, total o parcial, ante el mismo juez que la dictó, o
ante uno jerárquicamente superior y aún ante la Corte
Suprema de Justicia»2 (negrilla fuera del texto).
2.3.3.3. El actual estatuto procesal insistió en el
requisito de marras, en concreto, frente a la alzada, pues el
artículo 320 estableció que «[p]odrá interponer el recurso
la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia».
La Sala, refiriéndose a este precepto, clarificó:
De la norma en cita emerge diamantino que la “legitimación para
recurrir”, cualquiera sea el mecanismo que se emplee, le asiste a
quien resulte afectado negativamente por la postura
definitoria acogida por el juzgador de instancia; en
consecuencia, la parte accionada se habilita para activar la
jurisdicción en pro de modificar tal determinación, siempre que
ésta le perjudique, a contrario sensu, si aquélla niega la
integridad de las pretensiones formuladas en su contra, no
surge el citado “interés”, aun cuando el extremo victorioso
2 Ibídem, pp. 599 y 600.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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no comparta los raciocinios que conllevaron a ese proveído
(negrilla fuera de texto, STC10898, 15 ag. 2019, rad. n.° 2019-
02540-00).
Posición que encuentra eco en la jurisprudencia
decantada de la Corporación:
[S]egún los principios directrices del recurso de apelación, a más
de su interposición oportuna y debida sustentación, es menester
la legitimación para recurrir, esto es, el interés o aptitud
singular, específica y concreta para controvertir la decisión
circunscrita a “la parte a quien le haya sido desfavorable la
providencia” (artículo 350 Código de Procedimiento Civil) y exigible
también en la hipótesis de adhesión al recurso de la otra parte,
“en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable” (artículo
353, ejusdem) o, lo que es igual, el interés para recurrir, comporta
una específica y estricta legitimación reservada únicamente al
sujeto procesal a quien desfavorece la decisión,
excluyéndose a la parte favorecida con la decisión (negrilla
fuera de texto, SC064, 9 jul. 2008, rad. n.° 2002-00017-01).
2.3.3.4. En consecuencia, como Edificio Málaga S.A.S.
y Abento S.A.S. obtuvieron un veredicto favorable a sus
aspiraciones en primera instancia, tenían cerrada la
posibilidad de acudir al remedio vertical, incluso frente a la
decisión por la cual se rehusó la excepción de «prescripción
y/o caducidad», por lo que imponerles esta carga deviene de
imposible cumplimiento, como lo hizo el Tribunal, y es bien
sabido que «nadie está obligado a lo imposible» (ad imposibilia
nemo tenetur), principio reconocido ampliamente en la
jurisprudencia nacional (cfr. SC5755, 9 may. 2014, rad. n.°
1990-00659-01; SC, 5 jul. 2007, rad. n.° 1989-09134-01;
SC, 20 sep. 2000, exp. n.° 5422; entre otras).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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2.3.4. Por tanto, el fallo del 14 de noviembre de 2018
devino incongruente, al faltar la resolución de una de las
excepciones enarboladas por las convocadas, motivo para
acceder a su casación parcial, como se reconocerá en la parte
resolutiva de este proveído.
CARGO PRIMERO
Las demandadas denunciaron la violación indirecta de
los artículos 3 (numeral 2.2.), 4, 7, 10 (inciso 1°), 16 y 58
(numeral 10) de la ley 1480 de 2011, 2, 13 y 14 del decreto
735 de 2013, 1603, 1739 y 1883 del Código Civil, 871 del
Código de Comercio y 8° de la ley 153 de 1887, por errores
de hecho y de derecho, como se explica.
1. Ascensores.
1.1. Error de derecho: Achacó el desconocimiento de los
cánones 164 y 275 del Código General del Proceso por cuanto
el Tribunal, al desestimar que el reporte del Icontec pudiera
calificarse como un dictamen pericial, lo reputó como un
informe, en desconocimiento de que éste únicamente es
procedente a petición de parte o de oficio, «lo que de plano
descarta la posibilidad de tomar como prueba por informe un
documento aportado directamente por el actor junto con la
demanda». Máxime por cuanto este documento fue adosado
como prueba pericial y con dicha calidad fue incorporado al
proceso.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
43
Estimó que, como la «prueba por informe», fue
irregularmente aportada al proceso, no podía servir de
fundamento de ningún fallo.
Error que calificó de trascendente, en tanto este medio
demostrativo sirvió para concluir que los ascensores
presentaban anomalías de ensamblaje.
1.2. Errores de hecho: Estimó preteridos los
documentos «Realización de trabajos técnicos en ascensores
del edificio» del 12 de diciembre de 2015 (folio 164 del
cuaderno 3) y «Cancelación de realización de trabajos técnicos
en ascensores por parte de la empresa INTERTRONICS S.A.S.»
del 1° de marzo de 2016 (folios 74 a 76 ibidem), los cuales
acreditan la mora de la copropiedad, en su calidad de
acreedor, y la ausencia de causalidad entre las acciones de
Intertronics S.A. y las anomalías de los ascensores.
Consideró que la demandante faltó al deber de
cooperación, fundado en el principio de buena fe y en los
artículos 3° de la ley 1480 y 2° del decreto 735 de 2013; total,
«de los documentos ignorados por el Tribunal se concluye que
el hecho de que la empresa Intertronics S.A. no haya
continuado adelantando los trabajos de mantenimiento en los
ascensores del edificio -finalmente por cuenta de las
demandadas- es una situación por completo imputable al
Consejo de Administración y a la Administración de la
Copropiedad», quienes decidieron contratar a Asconor Ltda.
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Evidenció el cercenamiento de la comunicación del 1°
de marzo de 2016, «cancelación de la realización de trabajos
técnicos en ascensores por parte de la empresa Intertronics
S.A.S.», por dejarse de lado «la negativa de la Copropiedad de
permitir a INTERTRONICS S.A. continuar adelantando los
trabajos de mantenimiento de los ascensores del edificio»;
luego, «es claro que las manifestaciones del señor Baquera
Peironcelly relacionadas con el cese de la garantía legal de los
ascensores encontraban sustento en el comportamiento
imputable a la Copropiedad consistente en impedir a
Intertronics S.A. dar cumplimiento a la garantía respectiva».
Alegó la tergiversación de los videos y fotos del 22 de
agosto, 1°, 13 de septiembre, 18 y 21 de octubre de 2015, así
como el «Resultado de la inspección de ascensores
electromecánicos e hidráulicos» (folios 141 a 156 del cuaderno
1) y los «Incidentes en transporte vertical. RAD. EXT-QUILLA-
17-013459 y RAD. EXT-QUILLA-17-013462» (folios 8 a 11 del
cuaderno 2), por cuanto «el común denominador de las
fotografías aportadas en la demanda es la completa
ambigüedad respecto de los lugares, la forma y el tiempo en
que fueron capturadas, así como la ausencia de certeza en
relación con la calidad o idoneidad de las personas
comisionadas para tal fin. Falencias que pueden predicarse
igualmente del material audiovisual».
Más aún por cuanto son anteriores a la decisión de la
administración de impedir que el constructor hiciera las
reparaciones, haciendo inefectiva la garantía. Además, la
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45
inspección se limitó al ascensor 1 y, por la fecha de
realización, corresponde a una verificación de las actividades
de Asconor Ltda., sin comprometer la responsabilidad de las
demandadas. Por último, «lo reportado por la Oficina de
Control del Riesgo de la Alcaldía de Barranquilla corresponde
realmente al estado de los ascensores luego de la intervención
de un contratista diferente del designado por PPI. Estado que,
naturalmente, no resulta imputable a las demandadas ni sirve
para atribuirles responsabilidad».
2. Grietas de las losas del semisótano y sótano.
2.1. Error de derecho. Encontró desatendidos los
artículos 10 de la ley 1480 de 2011 y 167 del C.G.P., por
haber tenido por demostrado el defecto en el producto, sin
consideración a las reparaciones sistemáticas y coordinadas
que realizó la demandada. «[E]n el sub-lite, la parte
demandante no aportó ni una sola prueba legalmente
producida que permitiera establecer, cuáles serían las
reparaciones pendientes respecto de las losas… de forma que
al dictarse sentencia el asunto pudiera quedar completamente
definido en la condena».
2.2. Errores de hecho. Criticó la tergiversación de la
«Solicitud firmada de aceptación de trabajos realizados sobre
las capas de compresión de los sótanos del edificio Torres de
Málaga» (folios 187 a 281 del cuaderno 3), «Declaración de
Tania Goretty Ríos Montealegre, representante legal de la
Copropiedad» (folio 48 del cuaderno 7), «acta de entrega» (folio
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282 del cuaderno 3), fotos y videos del 28 de julio, 11 de
septiembre y 16 y 18 de diciembre de 2015 (folio 24 del
cuaderno 2). Resaltó que «existió un acta de entrega de la
totalidad de los trabajos realizados en los sótanos del edificio,
de fecha posterior a las fotografías y videos aportadas por la
parte demandante, y al acta de entrega del 28 de octubre de
2016».
Recordó que las reparaciones se hicieron de acuerdo a
lo convenido con la administración de la copropiedad y el
protocolo elaborado por Indira Campillo, como se demuestra
con el copioso intercambio de correos electrónicos.
Después de hacer varias transcripciones estimó que «las
reparaciones en las losas de parqueaderos se llevaron a cabo
y fueron terminadas, tal como lo acredita el acta de entrega de
fecha 08/11/2016, la cual, dicho sea de paso, la contraparte
nunca tachó de falsa», «dichos trabajos fueron adelantados de
conformidad con los estudios y el protocolo establecido para el
efecto» y «las reparaciones mencionadas fueron aprobadas en
cada una de sus fases por el comité técnico designado para
tal fin por la Copropiedad y por el representante técnico o
interventor designado por la demandante para supervisar los
trabajos, esto es el Ingeniero Rodrigo Grass», lo cual fue
desconocido por el Tribunal, quien encontró que la
reparación no fue efectiva, ni total.
Encontró tergiversado u omitido parcialmente el
testimonio de la representante legal de la copropiedad, pues
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la demolición de algunas placas fue consecuencia de la
reparación acordada, mientras que a las demás se les aplicó
un endurecedor, según el protocolo acordado. «Igualmente,
debió concluir que se equivoca el representante legal al
entender el ‘líquido’ utilizado para ‘bajar la intensidad del
polvo’ como una solución improvisada o no idónea para
conjurar los defectos denunciados, pues, se recuerda, su
aplicación proviene de un estudio técnico avalado por el comité
técnico de supervisión, designado por la Copropiedad».
Además, de existir las grietas, debió haberse solicitado una
nueva reparación como lo establecen las normas sobre
garantía legal.
Censuró la interpretación dispensada a la última
manifestación contenida en el acta de entrega del 28 de
octubre de 2016, pues la salvedad realizada no se predica
frente a los arreglos que efectivamente se realizaron, como
consta en el documento «entrega de los trabajos realizados en
los sótanos», aunque la administración de la copropiedad de
forma injustificada omitió firmar.
Remarcó que los videos y fotos son anteriores a las
reparaciones efectuadas, de allí que no sirvan para soportar
la supuesta desatención del deber de garantía; restó mérito
de convicción a la salvedad contenida en el acta de entrega,
ante la ausencia de demostración de lo que se encontraba
pendiente por reparar. «De esta suerte, es claro que el
Tribunal -salvo que haya supuesto la existencia de una prueba
obrante en el expediente y con fundamento en la cual pudiera
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concluir la presencia de defectos pendientes por reparar-, no
pudo establecer de forma concreta y precisa, como en derecho
corresponde, cuáles son los defectos que habrían quedado
pendientes de ser reparados luego de la ejecución de las
obras».
3. Anomalías en el sistema de desagüe y falencias de
permeabilización.
3.1. Errores de hecho. Imputó la preterición del «Acta de
entrega por parte de Edificio Málaga S.A.S. a Administración
Edificio Torres de Málaga (ADINS PH)» (folio 294 del cuaderno
3), «Informe trabajos realizados de garantías en áreas
comunes. Escrito dic 26 de 2015» (folios 115 y 116 idem),
misiva del 24 de abril de 2017 (folio 172) y «Acta de visita No.
1» (folio 173), pues el Tribunal se fundó en el material
audiovisual para establecer la desatención de la garantía
legal, sin tener en cuenta que los referidos documentos eran
posteriores y develaban la entrega a entera satisfacción de
escaleras y salones sociales, la reparación de las filtraciones
en el salón social y la falta de colaboración del edificio para
inspeccionar las instalaciones hidrosanitarias. «De esta
forma, resulta evidente que mis prohijadas atendieron
diligentemente las reclamaciones de la Copropiedad
relacionadas con filtraciones/inundaciones en el sistema
hidrosanitario del edificio…, siendo esta última quien de
manera injustificada impidió la visita de inspección por parte
del personal comisionado para tal fin, que hubiera podido
establecer la completitud de las reparaciones y/o proceder con
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algún eventual pendiente, que la propiedad no ha probado
hubiere subsistido a las reparaciones efectuadas».
Achacó la distorsión de los documentos «Garantías
áreas comunes» (folio 285 del cuaderno 3), «acta de entrega»
(folio 282), videos y fotos del 29 de mayo, 7 de junio, 10, 23,
24 de julio, 26 de agosto, 11, 13, 23, 30 de septiembre, 2, 10,
19, 21 de octubre, 16 y 18 de diciembre de 2015 (folio 24 del
cuaderno 2), por cuanto «pese a que el administrador de la
Copropiedad declaró haber recibido a satisfacción los trabajos
de garantía por medio de los cuales fueron reparadas las
filtraciones/inundaciones en el parque infantil y el área
adyacente a la piscina, el Tribunal estimó que dicha acta de
entrega acreditaba simplemente la atención de un
requerimiento y no, como era el caso, la reparación a
cabalidad de los bienes mencionados».
De esta forma desestimó que, con base en fotografías y
videos anteriores, pudiera concluirse que las filtraciones e
inundaciones persistían.
Se refirió nuevamente a la anotación contenida en la
parte final del «acta de entrega» del 28 de octubre de 2016,
para señalar que «el ad quem mutiló su contenido al restar
trascendencia al hecho de que la Administración del edificio
declaró en dicho documento haber recibido a satisfacción los
trabajos de reparación en la piscina y su área adyacente, en
los tanques ubicados en la azotea, y en las losas de los
parqueaderos en los niveles 2 y 4». Además, «las eventuales
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50
reparaciones faltantes en los desagües (sistema
hidrosanitario o de plomería) -que a la demandante
correspondía probar -como verdadero objeto que serían de la
obligación de garantía-, fueron impedidas por orden de la
Administración, según se desprende de la ya citada Acta de
visita No. 1 de fecha 25/04/2017».
Finalmente resaltó que «buena parte de las filtraciones,
como se desprende del título asignado por la demandante a
las fotografías y videos que aportara… están asociadas al
tema previamente tratado de las losas de los parqueaderos, y
por esta vía a las áreas del sótano y semisótano, por lo que,
en lo pertinente, lo expuesto en punto a la efectiva reparación
de tales losas en el acápite precedente de este cargo… se
invoca igualmente respecto de las filtraciones».
4. Multa a favor de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
Endilgó los errores de hecho y de derecho antes
relacionados, frente a la decisión del ad quem de imponer la
multa prevista en el numeral 10 del artículo 58 de la ley 1480
de 2011, en tanto, al descartarse el incumplimiento de la
garantía, no se configuran los requisitos para su
procedencia.
Resaltó que hubo entrega a entera satisfacción «de las
losas de los parqueaderos, las escaleras, el salón social, el
gimnasio, el área adyacente a la piscina, la sala de juegos, los
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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tanques de agua ubicados en la azotea y el parqueadero de
visitantes del edificio»; así mismo, que la copropiedad faltó a
su deber de colaboración «para la realización de (i) los
trabajos de reparación en los ascensores, y (ii) la visita de
inspección a las instalaciones hidrosanitarias del edificio».
CONSIDERACIONES
1. El artículo 336 del Código General del Proceso
establece que la casación es procedente en los casos en que
el Tribunal incurra en «violación indirecta de la ley sustancial,
como consecuencia de error de derecho derivado del
desconocimiento de una norma probatoria, o por error de
hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la
demanda, de su contestación, o de una determinada prueba».
Sobre la vía indirecta, la jurisprudencia tiene dicho:
[L]a vulneración de la ley sustancial por vía indirecta tiene dos
vertientes, en la medida en que el juez puede incurrir en dicho
quebrantamiento cometiendo errores de hecho, que aluden a la
ponderación objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su
validez jurídica se trata.
La inicial afectación… ocurre cuando el fallador se equivoca al
apreciar materialmente los medios de convicción, ya sea porque
supone el que no existe, pretermite el que sí está o tergiversa el
que acertadamente encontró, modalidad ésta que equivale a
imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la
distorsión que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que
carece o quitarle lo que sí expresa, alterando su contenido de forma
significativa…
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el
escenario de la diagnosis jurídica de los elementos de prueba, al
ser desconocidas las reglas sobre su aducción e incorporación, el
mérito demostrativo asignado por el legislador, contradicción de la
prueba o valoración del acervo probatorio en conjunto (SC4063, 26
oct. 2020, rad. n.° 2011-00635-01).
Para que este tipo de yerros puedan dar lugar a la
anulación del fallo de alzada, conforme al inciso tercero del
literal a) del numeral 2° del artículo 344 de la misma
codificación, es menester que el recurrente (I) lo demuestre,
(II) sea trascendente en el sentido de la sentencia y, (III)
tratándose del error de hecho, sea manifiesto.
Respecto a los dos (2) primeros requisitos la Sala tiene
dicho: «Si la acusación se encamina por la vía indirecta… se
deberá indicar… en qué consistió el yerro [singularizando de
manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación
manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador -
AC1799, 6 may. 2022, rad. n.° 2017-00502-01] y la
incidencia del supuesto desatino en la decisión cuestionada,
carga de demostración que, recae exclusivamente en el censor»
(AC1510, 6 may. 2022, rad. n.° 2019-00236-01).
En relación con la última exigencia, la doctrina
jurisprudencial ha decantado: «[E]l dislate fáctico que conduce
a la infracción de la ley material debe ser manifiesto, valga
anotarlo, ‘tan grave y notorio que a simple vista se imponga a
la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos,
de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la
evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho que
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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autorice la casación de un fallo, aquel a cuya demostración
sólo se llega mediante un esforzado razonamiento’ G.J.
LXXVIII, pág. 972» (SC296, 15 feb. 2021, rad. n.° 2010-
00006-01).
2. Precisado el anterior marco normativo, procede
analizar cada uno de los yerros denunciados por las
casacionistas en el sub examine, con el fin de evaluar si
satisfacen los requisitos para su prosperidad, dentro del
contexto de los argumentos blandidos por la sentencia
impugnada, los cuales se agruparán según los defectos de
calidad achacados a la edificación.
2.1. Ascensores.
2.1.1. Rememórese que el Tribunal sustentó su decisión
de condenar a la reparación de estos dispositivos, soportado
en las siguientes premisas: (I) corresponde al productor y
proveedor demostrar que el defecto del producto es atribuible
al consumidor, por fuerza del principio pro consumatore -
artículos 10 y 16 de la ley 1480-; (II) las pruebas documentales
muestran que los ascensores tenían anomalías de ensamblaje;
(III) la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de
Barranquilla y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
ratifican los defectos -cables sueltos, empalmes sin
aislamiento, canaletas sin tapas, cableado expuesto,
vibraciones y ausencia de indicadores, interruptores finales y
señales preventivas-, sin que las demandadas los rebatieran;
(IV) el reporte del Icontec es un informe gobernado por el
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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artículo 275 del C.G.P., distante de una pericia; (V) no se probó
que los inconvenientes se superaran, pues el acta de entrega
no lo dice y los certificados del fabricante son anteriores; y (VI)
la intervención de Asconor no exime a las demandadas, pues
hay responsabilidad solidaria entre todos los partícipes de la
cadena constructiva.
En casación se criticó que: (I) el escrito de Icontec fuera
reputado como un «informe» y no una prueba pericial, por la
calidad con la que fue aportado e incorporado; (II) la
demandante no cooperó para realizar las reparaciones, al
impedir que Intertronics adelantara los trabajos; (III) las
fotografías y videos son anteriores a la prohibición de que se
hicieran las reparaciones; y (IV) los informes técnicos son
posteriores a la actividad de Asconor, razón para excluir su
imputación a las convocadas.
2.1.2. Anticípese que, dentro del cúmulo de reproches,
está llamado a prosperar el relativo a la exoneración de
responsabilidad, como reluce de las pruebas obrantes en el
plenario, haciéndose innecesario referirse a los demás.
2.1.2.1. Para dilucidar es preciso rememorar que, en la
comunicación del 25 de septiembre de 2015, Torres de Málaga
P.H. reclamó a Edificio Málaga S.A.S. los múltiples errores de
montaje y funcionamiento de los ascensores, en los siguientes
términos:
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
55
Revisados los ascensores, se detalla que los mismos incumplen el
Decreto 1538-2005, Art 10 y lo propio sucede con el decreto 26-
2010. Reglamento NSR-10…
Además de los componentes técnicos, los ascensores incumplen el
POT, Art 468, que lleva a K.3.2.7.1, donde dice que debe cumplir
NTC4349. Medidas interiores de cabina 1.20 X 1.20 mínimo.
La maquinaria de ascensores en cubierta está expuesta a
cualquiera manipulación por personas ajenas, además de sufrir la
intemperie e inundación por lluvia con el riesgo de cortocircuito,
avería y deterioro. Es improbable que en estas condiciones se puede
contratar póliza de seguros por lo que es un tema urgente de
solucionar (folio 313 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf).
El 3 de octubre del mismo año, la interpelada aseveró que
«las reclamaciones por garantía [serían] atendidas de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor con
posterioridad a la entrega de las áreas comunes» (folio 349
ibidem). En desarrollo, por misiva del día 15 del mismo mes,
fijó fecha para la realización de «visita técnica para la
verificación de las situaciones objeto de reclamo por garantía
por parte de la Administración del Edificio Málaga S.A.S., en
relación con las áreas comunes del Edificio» (folio 529 idem).
Por escrito del 27 de noviembre la accionada manifestó
que «los ascensores cuentan con las calidades y condiciones
ofrecidas», los cuales cumplen «con las especificaciones
mínimas que se requieren para un edificio de estas
características… ambos ascensores permiten el ingreso de una
silla de ruedas, incluso con acompañante, que es superior a lo
exigido por la norma NSR-10 Capítulo K». Y especificó: «en
relación con la supuesta cubierta de los ascensores, la misma
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
56
únicamente estuvo sin cerramiento mientras se desarrollaba su
instalación» (folios 135 a 137 ejusdem).
Sin embargo, y «con el fin de resolver de forma definitiva
todas las situaciones presentadas», Edificio Málaga S.A.S. el
12 de diciembre decidió «realizar una serie de trabajos
técnicos en los ascensores, los cuales estarán a cargo de
la firma Intertronic Ascensores» (negrilla fuera de texto, folio
9 del archivo CDNO PPAL TM 3.pdf).
La empresa designada comenzó las adecuaciones y
mantenimientos hasta que, por comunicación de 1° de marzo
de 2016, Torres de Málaga P.H. informó:
El consejo de administración y la administración del Edificio Torres
de Málaga… en reunión extraordinaria… [d]el 28 de febrero de
2016, basándonos en las evidencias presentadas resultados de la
auditoría de inspección que se llevó a cabo el día sábado 27 de
febrero de 2016 a los ascensores… [decidió] contratar a la empresa
Ascensores Costa Norte Ltda, los cuales son los fabricantes del
equipo y no permitir que Intertronic S.A.S. siga adelantando
trabajos de mantenimientos correctivos o preventivos en los
ascensores (folio 466 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf).
La convocada, notificada de la anterior determinación,
puso de presente que «solo puede entenderse como que, de
forma unilateral prohíben el acceso a nuestro contratista a los
trabajos que se están realizando y asumen directamente con un
tercero los trabajos, mantenimientos y garantía de los
ascensores». Además aseguró que «esta decisión unilateral…,
de permitir que un tercero no autorizado por el constructor ni el
propietario inicial del Edificio, intervenga los ascensores
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exonera de responsabilidad a Proyectos y Promociones
Iberoamericanas SAS y a Edificio Málaga SAS, por los hechos y
omisiones de ese tercero, así como por los eventos que se
presenten a partir de la fecha con los mencionados equipos,
llegando incluso a dejar sin efecto las garantías legales de
conformidad con lo dispuesto en la ley 1480 de 2011» (folios
460 a 462 ibidem).
2.1.2.2. La revisión conjunta de los anteriores medios
suasorios permite colegir que: (I) las convocadas, una vez
fueron informadas de las reclamaciones de la copropiedad
sobre los ascensores, estuvieron dispuestas a cumplir con la
obligación legal tendiente a su reparación, para lo cual
encargaron a un tercero los trabajos técnicos; (II) la empresa
designada no pudo cumplir con su encargo pues, una vez
principiaron sus labores, sorpresivamente se vieron truncadas
por la decisión unilateral de la demandante; y (III) la
copropiedad, no sólo impidió el ingreso de los trabajadores
designados para el cumplimiento de la garantía legal, sino que
contrató un tercero para que asumiera el mantenimiento y la
reparación.
Trasluce que Torres de Málaga P.H., a pesar de ser
informada sobre la forma en que materializaría la garantía
legal, con amparo en los artículos 11 de la ley 1480 de 2011 y
3° del decreto 735 de 2013, decidió a motu proprio impedir los
ajustes programados y, por su cuenta y riesgo, asumir su
realización con un tercero, sin contar con la autorización del
responsable de la garantía legal.
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58
2.1.2.3. La anterior determinación, en el contexto del
canon 16 del estatuto del consumidor, constituye una forma
de exoneración de responsabilidad del productor y proveedor,
como fue alegado por las demandadas e invocado en casación.
En efecto, al impedirse que la demandante cumpliera el
débito restaurativo a su cargo, esta obligación deja de serle
exigible, no sólo porque nadie se encuentra obligado a lo
imposible, sino por cuanto mal podría responder de los actos
realizados por un tercero. En este contexto, el
comportamiento de la demandante constituye una causal
eximente de responsabilidad, esto es, el hecho de un tercero.
(I) Es bien sabido que para que «a la intervención de un
tercero pueda imprimírsele los alcances plenamente
liberatorios, es necesaria la concurrencia de las siguientes
condiciones: a) Debe tratarse antes que nada del hecho de una
persona por cuyo obrar no sea responsable reflejo el agente
presunto…; b) También es requisito indispensable que el hecho
fuente del perjuicio no haya podido ser previsto o evitado por
el demandado… c) Por último, el hecho del tercero tiene que
ser causa exclusiva del daño» (CSJ, SC, 8 oct. 1992, rad. n.°
3446; reiterada SC4204, 22 sep. 2021, rad. n.° 2004-00273-
02).
Requisitos que se observan en el sub examine, por
cuanto (a) la constructora no es responsable de los actos de
la copropiedad o del tercero designado para el mantenimiento
y reparación de los ascensores, (b) le resultó irresistible la
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ausencia de autorización para satisfacer la garantía legal, y
(c) ante la incapacidad de reparar los dispositivos
electromecánicos verticales o controlar la forma en que debía
hacerse, los daños finales le resultan totalmente extraños.
(II) De otro lado, cuando el acreedor decide asumir,
expresa o tácitamente, el cumplimiento de la prestación, en
rechazo del deudor, exonera de responsabilidad a éste, en
aplicación de caros principios del derecho civil, como la buena
fe y la imposibilidad como eximente de responsabilidad.
Y es que, la configuración de un impedimento absoluto
para que el solvens satisfaga el interés negocial del acreedor,
siempre que no le sea imputable, lo libera de la prestación a
su cargo, pues a lo imposible nadie se obliga.
Afirma la doctrina que «la responsabilidad puede ser
excluida sólo por una imposibilidad sobrevenida ‘no imputable’
al deudor… Por imposibilidad sobrevenida se entiende aquella
situación impeditiva del cumplimiento, que incide directamente
sobre el contenido de la prestación, intrínsecamente
considerada, y que no resulta superable ni susceptible de ser
vencida por las fuerzas humanas»3.
Nótese que no basta la simple dificultad de cumplimiento,
pues en este evento se impone al «deudor [que] realice un
‘esfuerzo’ para cumplir, inclusive superior al que se necesita
3 Eric Palacios Martínez e Ysmael Nuñez Sáenz, Teoría General de las Obligaciones,
Jurista Editores, Lima, 2004, pp. 205 y 206.
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normalmente según el tipo de relación obligatoria de acuerdo
con el grado de intensidad del deber accesorio de
colaboración»4. Se requiere de un escollo irresoluble, como
cuando el acreedor, sin justificación alguna, repulsa el
cumplimiento del deudor.
Esto es precisamente lo que sucedió en el sub lite puesto
que, Edificio Málaga S.A.S. y Abento S.A.S., a pesar de su
disposición a cumplir, sucumbieron ante una situación
infranqueable, consistente en que la copropiedad prohibió el
ingreso a la edificación y designó a un tercero para realizar las
reparaciones, sin que se haya vislumbrado una justificación
adecuada para este proceder.
2.1.2.4. El ad quem pretendió enervar las anteriores
conclusiones con fundamento en la solidaridad existente entre
el productor y proveedor frente a los defectos de calidad,
idoneidad y seguridad (artículo 20 de la ley 1480 de 2001),
soportado en que Asconor fue el suministrador de los
ascensores, de acuerdo con el contrato celebrado con
Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S.
Sin embargo, encuentra esta Corporación que la anterior
conclusión no tuvo en consideración que esta última sociedad
no fue convocada al proceso y, menos aún, condenada a la
reparación reclamada, de allí que su eventual responsabilidad
deviene abiertamente extraña al litigio.
4 Ídem, p. 215.
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61
Además, la argumentación del sentenciador de segunda
instancia trasluce una confusión entre la obligación de
garantía legal y las causales eximentes de responsabilidad,
pues, en el caso, al margen de quiénes eran los sujetos
responsables del cumplimiento del débito legal, incluso de
forma solidaria, lo cierto es que como la copropiedad impidió
las reparaciones programadas por Edificio Málaga S.A.S. y
Abento S.A.S., por lo que mal podrían condenarse a
efectuarlas después de la manipulación efectuada por un
tercero sin su supervisión.
Dicho en breve, si bien es cierto que existe solidaridad
respecto al cumplimiento de la garantía legal, también lo es
que cuando la víctima decide que los arreglos sean realizados
por alguien que no ha sido autorizado por el proveedor o
productor, asume los riesgos de su actuar y elimina esta carga
de los hombros del productor y comercializador.
No en vano, el numeral 2.2. del artículo 3° de la ley 1480
de 2001 obliga al consumidor a «obrar de buena fe frente a los
productores y proveedores y frente a las autoridades públicas»,
de lo cual emana un deber de colaboración, «en el sentido de
que ‘se orienta a la satisfacción del interés de su cocontratante,
lo que específicamente supone, según reconocida doctrina
iusprivatista, una dinámica cooperación en beneficio ajeno’ (SC,
2 ag. 2001, exp. n.° 6146, reiterada en SC5327, 13 dic. 2018,
rad. n.° 2008-00193-01)» (SC4670, 9 nov. 2021, rad. n.° 2015-
00370-01).
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62
2.1.3. Lo expuesto deja en evidencia un yerro de
juzgamiento trascendente, como bien fue afirmado por las
impugnantes extraordinarias, haciéndose imperativo casar
parcialmente el veredicto para corregir este dislate.
2.2. Losas de los parqueaderos.
2.2.1. Recuérdese que el Tribunal arguyó, como soporte
de la condena, que: (I) las imágenes y videos adosados al
plenario demuestran que varias losas del semisótano y sótano
se fracturaron, presentaban exposición de malla y permitían
la filtración de agua; (II) la copropiedad presentó reclamación
por estos daños, lo que motivó una visita técnica el 20 de
octubre de 2015; (III) se hicieron varias reparaciones, de
acuerdo al plan acordado con la copropiedad; (IV) empero, en
el acta de entrega del 28 de octubre de 2016, se dejó expresa
salvedad frente a arreglos pendientes en las losas; y (V) a falta
de prueba en contrario, es dable colegir que los defectos aún
persisten.
Las impugnantes recriminaron: (I) una inadecuada
satisfacción de la carga de la prueba, pues no se demostraron
los defectos que subsistían; (II) tergiversación del informe del
9 de marzo de 2017, que demuestra la realización de las
adecuaciones e (III) indebida interpretación de la declaración
de la representante legal de la copropiedad y del acta de
entrega. A renglón seguido explicaron que se hicieron las
demoliciones, fundidas y correcciones pactadas, lo que
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63
desvirtúa el contenido del acta de entrega y devela el
cumplimiento de la garantía legal.
2.2.2. A continuación se hará la revisión de las tres (3)
acusaciones realizadas, en el mismo orden de realización.
2.2.2.1. Para desenmarañar la alegación relativa al error
de derecho, preciso deviene transcribir el inciso segundo del
artículo 10 de la ley 1480 de 2011, a saber: «Para establecer la
responsabilidad por incumplimiento a las condiciones de
idoneidad y calidad, bastará con demostrar el defecto del
producto…» (negrilla fuera de texto). Coherentemente, el
literal a) del canon 58 ordena que, junto a la demanda judicial,
deben arrimarse «las pruebas del defecto».
Por otra parte, la directriz 12 del mismo estatuto
prescribe que «cuando el producto sea reparado… el garante o
quien realice la reparación en su nombre estará obligado a
entregar al consumidor constancia de reparación
indicando lo siguiente: 1. Descripción de la reparación
efectuada. 2. Las piezas reemplazadas o reparadas. 3. La
fecha en que el consumidor hizo entrega del producto, y 4. La
fecha de devolución del producto» (negrilla fuera de texto).
Por último, el precepto 16 dispone que «el productor o
expendedor que alegue la causal de exoneración deberá
demostrar el nexo causal entre esta y el defecto del bien»
(negrilla fuera de texto).
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Estas normas, interpretadas en conjunto, regulan la
carga de la prueba en materia de reclamaciones por garantía
legal de la siguiente forma: (I) corresponde al consumidor
demostrar el defecto o vicio que atenta contra la calidad,
idoneidad y seguridad; (II) es deber del productor o proveedor
demostrar la reparación, para lo cual debe expedir una
constancia sobre las actividades realizadas y los repuestos
suministrados; y (III) cuando se invoque una causal de
exoneración, su demostración está en cabeza del productor o
proveedor.
Reglas que constituyen una aplicación práctica de los
preceptos adjetivos generales, huelga recordarlos: «Incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen» (artículo 167
del Código General del Proceso), y «la prueba del caso fortuito…
incumbe… al que lo alega» (artículo 1604 del Código Civil).
En el presente caso como Edificio Torres de Málaga P.H.,
junto con el libelo genitor, arrimó diferentes medios
suasorios tendientes a acreditar que las placas de concreto
del semisótano y sótano presentaban problemas de grosor,
exposición de mallas metálicas y filtraciones, en concreto,
fotografías, videos y documentos (archivos jpg y mp4
obrantes en el archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf), por
descontado se tiene que satisfizo el deber demostrativo que
pesaba sobre sus hombros.
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Frente a lo anterior, como la estrategia defensiva de
Edificio Málaga S.A.S. y Abento S.A.S. estuvo alrededor de
demostrar que cumplieron con la totalidad de las
reparaciones reclamadas, sobre ellos estaba el deber de
comprobarlo, para lo cual debían arrimar todos los medios
persuasivos que establecieran las labores adelantadas, los
materiales empleados y la fecha de realización. Sin embargo,
como en criterio del sentenciador de segundo grado, los
allegados no brindaban la claridad requerida para exonerarla
de responsabilidad, encuentra justificación que se fallara en
contra de ésta, por fuerza de las reglas de la carga de la
prueba antes referidas.
Luego, contrario a lo indicado en el escrito casacional,
el juzgador actuó de conformidad con las reglas procesales
que gobiernan el débito demostrativo, bajo la consideración
de que las probanzas aportadas para acreditar las
reparaciones eran insuficientes para tener por satisfecho el
deber legal de garantía, imponiéndose un fallo en contra del
productor y proveedor.
Pretender una suerte de inversión de la carga de la
prueba, por fuerza de que se arrimaron documentos
tendientes a probar las adecuaciones por parte del
constructor, aunque de forma insuficiente según el
sentenciador, carece de soporte legal y atenta contra la
protección que debe dispensarse a los consumidores.
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66
2.2.2.2. Respecto al documento identificado como
«Solicitud firmada de aceptación de trabajos realizados sobre
las capas de compresión de los sótanos del edificio Torres de
Málaga», del 9 de marzo de 2017, que según las opugnantes
demuestra el total agotamiento de la garantía legal, su
lectura desvela que este colofón no es correcto.
Total, de su literalidad lo único que se extrae es que
Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. hizo un
pedimento a Edificio Málaga S.A.S., para que emitiera
«certificación de recepción de los trabajos… sobre las capas de
comprensión de los sótanos» (folio 55 del archivo digital CDNO
PPAL TM 3.pdf).
Luego, por sí mismo, sólo acredita que la constructora
estimó agotado su deber restaurativo, basada en que «a [la]
fecha de hoy no se ha notificado ninguna reclamación o
solicitud en garantía sobre los trabajos ejecutados» (ibidem),
sin que igual afirmación queda realizar respecto a la
copropiedad, quien no hizo manifestación alguna, salvo
abstenerse de emitir la certificación pretendida.
Es cierto que Proyectos y Promociones Iberoamericanas
S.A.S. se basó en múltiples anexos para sustentar su
pedimento; empero, este laborío no pasó de ser una
interpretación unilateral de aquéllos, que en el contexto del
presente litigio deben ser evaluados dentro del conjunto
probatorio, como lo ordena el artículo 176 del actual estatuto
adjetivo, el cual desdice sobre el pretendido colofón.
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En efecto, según Solicitud firmada de aceptación de
trabajos realizados sobre las capas de compresión de los
sótanos del edificio Torres de Málaga y sus anexos, las
reparaciones se realizaron por fases, según el siguiente
cronograma: «sótano 2. Fase 1 terminada el 13/04/2016 y en
uso a partir del 28/04/2016, fase 2 terminada el 25/04/2016
y en uso a partir de 10/05/2016, fase 3 terminada el día
04/05/2016 y en uso 18/05/2015. Sótano 1 fase única
terminada el 23/09/2016 y puesta en uso 10/10/2016»
(idem). Refulge entonces que, según el constructor, para el
10 de octubre de 2016 las reparaciones estaban finiquitadas.
No obstante, la pretendida claridad, en el acta de
entrega firmada 18 días después -28 de octubre-, y en la cual
se declaró a Edificio Málaga S.A.S. a paz y salvo por varias
zonas comunes, no se incluyó ninguna mención a la
sustitución, engruese o reforzamiento de las placas de
concreto de los parqueaderos; por el contrario, en la misma
se dejó como salvedad lo tocante a «los arreglos pendientes
de las losas de los parqueaderos» (folio 245 del archivo digital
CDNO PPAL TM 3.pdf).
Luego, la revisión coordinada de los citados
instrumentos enseña, como razonablemente lo afirmó el ad
quem, que las convocadas no demostraron con certeza que
efectuaron la completa restauración de las piezas de concreto
denunciadas.
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68
Visto lo anterior, la imputada tergiversación deviene
vacía.
2.2.2.3. La reflexión anterior es ampliable al análisis de
los informes y correos electrónicos adjuntos a la
comunicación del 9 de marzo de 2017, en sí mismos
considerados, en concreto los intitulados: «Entrega de los
trabajos realizados en los sótanos», «Estudio para la
reparación de las capas de Compresión del edificio Málaga»,
«Protocolo de trabajos a realizar edificio Torres de Málaga»,
«confirmación», «confirmación de la fundida», «Segunda
fundida edificio Torres de Málaga», «Tercera fundida edificio
Torres de Málaga», «Segunda fase», «Acta de reinicio» y
«Fundida losas sótano 2 Málaga» (folios 57 a 243 ejusdem).
Estos documentos sólo dejan en evidencia que las
partes en controversia alcanzaron un acuerdo sobre la forma
en que se solucionarían los problemas relativos a las losas de
concreto, en materias tan importantes como las placas que
serían demolidas, reforzadas y restauradas, los productos
que se aplicarían y algunas reglas técnicas de ejecución.
Asimismo, prueban que en las anualidades de 2016 y 2017
se efectuaron reparaciones, con aquiescencia de la
administración de la copropiedad, con resultados
satisfactorios.
Empero, de su contenido no refulge que se arreglaran
todas las baldosas defectuosas; tanto así que, y a riesgo de
hastiar, en el acta de entrega suscrita por el constructor y la
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69
demandante se dejó una salvedad expresa para el futuro
cumplimiento de esta garantía, de lo que razonablemente
puede inferirse que existían actividades pendientes, sin que
la parte interesada arrimara pruebas que permitieran
desvirtuar esta conclusión, a la que ciertamente arribó el
juzgador de segundo grado.
2.2.2.4. Lo mismo cabe decir respecto al documento con
el asunto «entrega de los trabajados realizados en los
sótanos» del 8 de noviembre de 2016, adelantado y suscrito
por Indira Campillo, funcionaria de PPI (folios 57 a 59).
Lo anterior por cuanto, si bien contiene una relación de
las losas del sótano 2 que fueron fundidas, así como las
reparadas en el subterráneo 1, con la indicación de que en
los sótanos 3 y 4 simplemente se hizo limpieza, lo cierto es
que no permite determinar que éstas eran las únicas
denunciadas dentro de la garantía legal, ni la satisfacción del
procedimiento técnico para su arreglo, razón para que, a su
abrigo, no pueda tenerse por satisfecho el deber del
productor y proveedor.
2.2.2.5. El entendimiento precedente encuentra
abrevadero en el interrogatorio de Tania Goretty Ríos
Montealegre, administradora de la copropiedad, como bien lo
aseguró la sentenciadora en sede de alzada, quien, al ser
cuestionada sobre las deficiencias en las losas, afirmó:
Ellos hicieron unos arreglos en su momento, pero no todos… En el
momento que yo llegué di una alerta porque la placa del
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parqueadero de visitantes tuvo un daño, y eso lo repararon ellos,
igual que la de abajo, la del Sótano 1 y 4… nosotros exigíamos
tener unos documentos para que ellos ingresaran al edificio… y no
cumplieron para poder seguir haciendo estos trabajos; ellos
querían trabajar de una forma muy deportiva… y por eso no se
permitió el ingreso más… (minutos 10 a 12 de la audiencia de 20
de abril de 2018, archivo digital 17-133358-2.mp4).
Y frente al pedimento para que individualizara las
placas remendadas, sostuvo:
Se intervino una parte de la placa del parqueadero de visitantes,
no es su totalidad, donde se cayó un fragmento… de esta placa…
ellos la tumbaron en su totalidad… en la mitad… y otra entrando…
y esas fueron reparadas, sólo en esos pedazos, no en su
totalidad… En los parqueaderos 3 y 2 aplicaron un líquido para
bajar la intensidad del polvo… cuando se barre este polvillo
aparecen estas grietas, que son de alta preocupación… (minutos
24 y 25).
Remárquese que la representante legal de la
demandante fue contundente en aseverar que no se
realizaron todos los trabajos necesarios en el marco de la
garantía legal, lo que es armónico con un análisis ponderado
de los diferentes documentos.
2.2.3. Los argumentos expuestos desdicen sobre la
configuración de los yerros de valoración probatoria
denunciados en casación, tanto por errores de derecho como
por evidentes dislates de hecho.
2.3. Grietas, fisuras y desagües.
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2.3.1. En la sentencia confutada se argumentó, respecto
a la materia del epígrafe, que era procedente ordenar su
reparación puesto que:
[E]l caudal probatorio evidencia numerosas y reiteradas
deficiencias en las zonas comunes -esenciales y no esenciales-
del Edificio Torres de Málaga, las cuales redundan en su falta de
aptitud para satisfacer las necesidades que motivaron su
construcción…
[L]as imágenes y videos adosados a la demanda también
evidencian la aparición de grietas o fisuras en las losas o placas
superiores del sótano…; de hecho, reportan que el líquido desciende
tanto de las grietas como de los contornos o zonas aledañas a las
tuberías de agua…
También obran en el plenario otras piezas fotográficas o
audiovisuales… que reportan distintas falencias de
permeabilidad… en zonas comunes del edificio como el sótano, el
semisótano, las escaleras, el salón social, el gimnasio, el área
adyacente a la piscina, la sala de juegos, el parqueadero de
visitantes, la azotea… y los ventanales…
Tanto Edificio Málaga S.A.S. como PPI, atendieron dichos
requerimientos con la visita técnica llevada a cabo el 20 de octubre
de 2015, y con las intervenciones efectuadas en las losas, la piscina
y sus alrededores, el área de juegos y los ascensores, los días 13 y
25 de abril, 4 de mayo, 12 y 29 de julio, 23 de agosto y 5 y 23 de
septiembre de 2016, según emerge de las declaraciones de los
representantes legales de ambas partes y de los documentos
visibles a folios 170, 171, 187 a 280 y 283 a 286 del cuaderno 3…
La Sala no puede pasar por alto que la más reciente acta de
entrega de las intervenciones efectuadas en distintas áreas del
Edificio (zona de juegos, piscina y su área contigua, tanques de
agua, losas de los parqueaderos en los niveles 2 y 4), data de 28 de
octubre de 2016 (fl. 282, cdno. 3), pero contiene la siguiente
salvedad: ‘sin perjuicio de las reparaciones por garantías que sean
pertinentes y los arreglos pendientes de las losas de parqueaderos
y los desagües, Edificio Málaga P.H. queda a paz y salvo con Edificio
Málaga S.A.S. por el presente documento’.
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Esa manifestación de voluntad, apreciada en conjunto con los
demás medios de convicción recaudados, dentro del contexto del
régimen tuitivo del consumidor -quien en este caso acreditó los
defectos reseñados a espacio en los párrafos que anteceden-, y a
falta de prueba en contrario, permite colegir a la Sala que aún
persisten defectos y adecuaciones inconclusas, tanto en las áreas
en mención, como en los ascensores del Edificio, según fue
explicitado en el numeral 4.3.1 de esta providencia (negrilla fuera
de texto).
En casación se achacaron múltiples errores probatorios,
en particular, la pretermisión de los documentos que
demuestran que las escaleras y salones sociales se entregaron
a satisfacción, así como la tergiversación de las probanzas que
acreditan la reparación a cabalidad de las filtraciones e
inundaciones del parque infantil y el área adyacente a la
piscina. Por último, con base en el acta de visita n.° 1, estimó
que las adecuaciones que quedaron inconclusas son
imputables a la demandante.
2.3.2. En lo sucesivo se analizarán los dislates blandidos
en casación.
2.3.2.1. La pretermisión probatoria achacada brilla por
su ausencia, no sólo porque el Tribunal valoró el caudal
probatorio de forma integral, sino porque adicionalmente se
refirió a las pruebas demostrativas de los actos tendientes al
cumplimiento por parte de las convocadas, que es el punto
nodal de esta censura.
Justamente, en el veredicto del 14 de noviembre de 2018,
el juzgador afirmó que tuvo en consideración todo el material
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73
suasorio que compone la foliatura, a partir de lo cual coligió
que las reparaciones no se agotaron en su integridad; significa
que el ad quem no se centró únicamente en las pruebas que
mencionó de forma expresa, sino que hizo una revisión
integral de los instrumentos suasorios, sin exclusión de
ningún tipo, lo que descarta la pretermisión alegada.
Conclusión que se ratifica, en el caso concreto, por el
hecho de que en el veredicto se analizaron las pruebas que
pretendían demostrar el cumplimiento de la garantía legal,
aunque se les restó poder demostrativo por el contenido del
acta de entrega del 28 de octubre de 2016, en la cual
expresamente se incluyó la manifestación de que existían
adecuaciones pendientes en materia de «desagües».
En consecuencia, frente al hecho de que el fallador hizo
una revisión integral de las probanzas, se descarta que
omitiera alguna de ellas, razón para desestimar el primero de
los reparos planteados por las recurrentes extraordinarias.
2.3.2.2. En cuanto se refiere a la recta interpretación del
acta de entrega del 28 de octubre de 2016, sea lo primero
transcribirla en lo pertinente, para desentrañar su contenido
objetivo:
En la ciudad de Barranquilla a los 28 días del mes de octubre de
2016. Edificio Málaga S.A.S. hace entrega de las garantías a
satisfacción realizadas en las zonas comunes del Edificio Málaga…
Los trabajos realizados son… 4… colocación de poyo revestido en
grama artificial… 6. Reparación de grietas en borde de piscinas…
12. Reparación de tanques con filtración… Portante. Su (sic)
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74
perjuicio de las reparaciones por garantías que sean
pertinentes y los arreglos pendientes de… los desagües...
Edificio Málaga P.H. queda a paz y salvo con Edificio Málaga S.A.S.
por el presente documento (folio 245 del archivo digital CDNO PPAL
TM 3.pdf).
De su literalidad queda en evidencia que la propiedad
horizontal dio cuenta de la realización de reparaciones, en
desarrollo de la garantía legal, entre otros, de un «poyo» en el
parque infantil y la eliminación de «grietas en el borde de la
piscina» y «fugas del tanque de agua».
Sin embargo, de este documento no es posible concluir
que las correcciones fueron integrales, pues dentro del listado
de las realizadas no se incluyeron todas las que fueron materia
de reclamación o que quedaron en evidencia del material
fotográfico o fílmico analizado por el ad quem, en particular,
«las estructuras que soportan las piscinas… principalmente en
los pasantes de las tuberías», «algunos sitios donde perforaron
las losas para pasar tuberías sanitarias no fueron resanados»,
«grietas en las losas que permiten el flujo de agua cuando llueve
e inunda el sótano» (folio 407 del archivo digital CDNO PPAL
TM 1.pdf), filtraciones en ventanas, escaleras, etc.
Tanto es así que, en la citada acta, se incorporó una
salvedad, para remarcar que persistían daños en materia de
desagües, como un llamado de atención para que la
constructora cumpliera con las obligaciones que a la fecha
estaban insatisfechas.
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Por ende, aunque ciertamente se avanzó en la
reparación, del documento firmado por las partes no puede
colegirse que se solucionaron todas las grietas y fisuras
detectadas a partir de la entrega de las zonas comunes y
dentro del término de vigencia de la garantía, lo que descarta
la tergiversación invocada por las casacionistas.
2.3.2.3. Los documentos del 9 (folio 269 del archivo
digital CDNO PPAL TM 3.pdf), 27 de enero de 2016 (folio 548
a 550 del archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf), 24 y 25 de
abril de 2017 (folios 25 y 27 del archivo digital CDNO PPAL TM
3.pdf), en su orden, tampoco suministran la claridad
pretendida por las casacionistas.
Y es que, los escritos únicamente demuestran que la
administración de la propiedad horizontal recibió varios juegos
de llaves, se repararon dos (2) filtraciones en los pisos 2° y 12,
se programó una visita de inspección en el año 2017 y las
razones para su fracaso, sin develar la superación de todos los
defectos constructivos en materia de filtraciones o desagües,
de suerte que las zonas comunes pudieran satisfacer la
finalidad para la cual fueron diseñadas.
Remárquese que los papeles ningún dato aportan sobre
la estructura de la piscina, el resane de las perforaciones por
paso de tubos, el taponamiento de grietas para impedir el
tránsito de agua hacia el semisótano o sótano, entre otros,
como fue reclamado por la copropiedad; menos aún, se probó
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
76
la corrección de vanos de las ventanas o la adopción de
medidas para evitar inundaciones de las escaleras comunales.
Luego, con fundamento en estas pruebas, no es posible
tener por probado el agotamiento de la garantía legal.
2.3.2.4. La falta de colaboración por parte de Edificio
Málaga P.H., para la realización de una visita de inspección
programada por Abento S.A.S. y Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S. en el año 2017, carece de la
virtualidad de exonerar la responsabilidad a estas últimas, por
carecer de conexión causal con los defectos en materia de
filtraciones y desagües.
Total, demostrado que los daños se detectaron en el año
2015, de lo cual se informó a las responsables, deviene
claramente extemporánea la realización de una visita de
verificación en el año 2017, máxime por cuanto en el
expediente no hay claridad sobre la realización de todas las
reparaciones reclamadas en la oportunidad determinada por
las normas de consumo.
Recuérdese que el canon 16 de la ley 1480 de 2011 exige
que «[e]n todo caso el productor o expendedor que alegue la
causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal
entre esta y el defecto del bien» (negrilla fuera de texto);
comprobación que no se desprende del hecho de que la
administración de la copropiedad impidiera hacer una visita
dos años (2) después de la reclamación, interregno suficiente
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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para que se hubieran realizado las adecuaciones dentro del
plazo señalado en el parágrafo 1° del artículo 13 del decreto
735 de 2013, a saber: «el productor o expendedor reparará el
acabado o línea vital objeto de reclamo, dentro de los treinta (30)
días hábiles siguientes a la respuesta».
2.3.2.5. En punto a la tergiversación de los medios
suasorios tocantes a la reparación de filtraciones en el parque
infantil y piscina, la crítica casacional sí está llamada a abrirse
paso, pues en el expediente se demostró que la copropiedad
certificó su realización a satisfacción.
Así se advierte en el documento del 5 de septiembre de
2016, con el asunto «garantía áreas comunes», en el cual la
copropiedad manifestó «saldada la garantía en su totalidad»,
en tanto «se realizaron los trabajos correspondientes a
satisfacción del administrador», relativos a: (I) «parque
infantil. Se cambiaron rodamientos de columpios, se arregló
soporte de los columpios. Se ancló con L metálicas con
impermeabilización y grama», y (II) «piscina: resane de
grietas» (negrilla fuera de texto, folio 251 del archivo digital
CDNO PPAL TM 3.pdf).
Este documento, por estar suscrito por el representante
legal de la demandante, sin que se haya cuestionado su
autoría o integridad, resulta merecedor de credibilidad, en el
sentido de tener por satisfecho el deber de reparación de las
fisuras y grietas allí especificadas.
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Más aún en tanto su contenido guarda correspondencia
con el acta de entrega del 28 de octubre siguiente, que
enumeró como «trabajo realizado» la (I) «reparación de la
estructura de los columpios, con refuerzo de la base de esta en
L metálicas ancladas al piso y colocación de poyo revestido
en grama artificial» y (II) «reparación de grietas en borde
de piscinas» (negrilla fuera de texto, folio 245 idem).
Frente al reconocimiento reiterado del administrador de
la copropiedad, que asiente en que constructor realizó las
adecuaciones tendientes a superar fisuras en la zona de juegos
y piscina, sin que en el proceso se demostrara que nuevamente
se presentaron dentro del término de vigencia de la garantía
legal, deviene necesario declarar esta circunstancia y absolver
a las convocadas en este punto concreto, lo que demuestra la
evidencia y trascendencia del error endilgado en casación.
2.4. Multa de la Superintendencia de Industria y
Comercio.
2.4.1. El Tribunal, establecida la responsabilidad de las
convocadas, impuso la sanción a que se refiere el numeral 10°
del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, tasada en 75 s.m.l.m.v.,
en razón a «las circunstancias fácticas acaecidas, así como la
reiteración de los mentados defectos constructivos -muy a pesar
de las adecuaciones realizadas, que quedaron inconclusas en
las losas de los parqueaderos, desagües y los ascensores, como
ya fue explicado precedentemente-».
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79
2.4.2. Las impugnantes censuraron los errores de hecho
y de derecho acusados en precedencia, al «desconocer tanto los
trabajos de reparación efectivamente realizados por la
demandante, como la renuencia de la copropiedad a colaborar
con las convocadas». En concreto, mencionaron múltiples
documentos que demuestran la entrega a satisfacción «de las
losas de los parqueaderos, las escaleras, el salón social, el
gimnasio, el área adyacente a la piscina, la sala de juegos, los
tanques de agua ubicados en la azotea y el parqueadero de
visitantes del edificio». Con base en otras piezas documentales
endilgó tergiversación de las pruebas que demuestran la falta
de colaboración de la demandante en materia de ascensores e
instalaciones hidrosanitarias. Estimaron que no se probaron
las circunstancias de agravación, esto es, gravedad del hecho,
reiteración de cumplimiento o renuencia.
2.4.3. Encuentra la Sala que varios de los argumentos
izados por las casacionistas, que ya fueron analizados a lo
largo de este veredicto, tienen vocación de prosperidad, por
cuanto ciertamente las convocadas (I) cumplieron con algunas
de las reparaciones reclamadas en materia de filtraciones,
según la propia aceptación de la demandante; y (II) frente a
otras estaban imposibilitadas de realizar las adecuaciones.
Significa que, tratándose de filtraciones provenientes de
la piscina y del parque infantil, como estas inconformidades
fueron superadas según las actas de entrega firmadas por las
partes, se descarta una infracción a las normas de derecho de
consumo que sirviera a la imposición de una multa. Algo
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similar sucede con la adecuación de los ascensores, pues por
configurarse una causal de exoneración de responsabilidad,
tampoco es posible fundar una sanción en este hecho.
Por otro lado, las infracciones a la ley 1480 de 2011
originadas en defectos a las losas de los parqueaderos,
filtraciones en placas y ventanas, y desagües, por cuanto no
fueron objeto de casación, se mantienen incólumes para
soportar la imposición de la multa referida, sin que las
censuras efectuadas por las opugnantes refuten la
consideración del Tribunal, en el sentido de que los defectos
eran graves y se reiteraron en el tiempo.
Deviene como consecuencia que la tasación de la
penalidad debe recalcularse, atendiendo a los hechos
excluidos de infracción, punto el que se modificará el veredicto
de alzada.
3. Acotación final de la casación.
Para resumen lo discurrido, se tiene que la sentencia del
Tribunal se casará parcialmente, por incongruencia citra
petita y por la configuración de múltiples errores de
juzgamiento, haciéndose procedente que la Corte emita un
fallo de reemplazo en el que se resolverá únicamente lo
correspondiente a las siguientes materias: (I) excepción
denominada «prescripción y/o caducidad»; (II) llamamiento en
garantía; (III) desestimación del reclamo de garantía legal en
matera de ascensores e impermeabilización en el parque
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infantil y piscina; y (IV) se tasará nuevamente la sanción a que
se refiere el numeral 10° del artículo 58 de la ley 1480 de 2011.
Las demás materias se mantendrán incólumes, por seguir
revestidas de las presunciones de acierto y legalidad que son
connaturales a los fallos de instancia, incluyendo las órdenes
emitidas para hacer efectiva la garantía legal, en concreto, la
labor asignada a la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Conforme al inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso no se condenará en costas a los
recurrentes extraordinarios, ante la prosperidad de la
impugnación.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1. Pretensiones. Conforme a la demanda y su
subsanación, la convocante reclamó que Edificio Málaga
S.A.S. y Abento S.A.S. sean condenadas a «reparar, construir,
adquirir, demoler, instalar, y desplegar… todos los actos
necesarios de intervención sobre los bienes comunes listados
en el escrito de demanda y pruebas documentales… para
garantizar la idoneidad, seguridad, calidad y buen
funcionamiento» de estos.
2. Contestaciones. Edificio Málaga S.A.S. clarificó que
no fue la constructora del inmueble, pues esta labor la realizó
Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. Así mismo,
después de rehusar la existencia de los defectos, puso de
presente que las demoras provinieron de los órganos de
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administración de la copropiedad. Como defensas propuso
«inexistencia del derecho por cumplimiento de la normatividad
vigente», «voluntad de cumplir por parte de mi poderdante»,
«enriquecimiento sin causa», «responsabilidad de otro»,
«responsabilidad propia de la accionante», «prescripción y/o
caducidad», y la genérica.
Abento S.A.S. manifestó que: (I) no recibió ninguna
reclamación, (II) no participó directamente en la
construcción, y (III) reiteró los argumentos de la
codemandada, aunque adicionó la excepción rotulada «falta
de legitimación en pasiva».
3. Llamamiento en garantía. Edificio Málaga S.A.S.
llamó en garantía a Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S., «para que previos los trámites legales
pertinentes, y en caso de ser condenada… al pago de suma
alguna de dinero, se ordene el pago de los valores objeto de la
condena y/o al reembolso total o parcial del pago que tuviere
que hacer, como resultado de la sentencia, así como al pago
de la sanción si a ello hubiera lugar, así como la indemnización
de perjuicios que llega a sufrir Edificio Málaga S.A.S., por esta
mismo (sic) causa».
4. La sentencia de primera instancia. El a quo
desestimó las pretensiones por considerar que: (I) las
demandadas estuvieron prestas a cumplir; (II) la demandante
fue renuente a recibir las zonas comunes y a permitir las
reparaciones; y (III) no se arrimaron pruebas que demuestren
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los defectos reclamados. En consecuencia, accedió a la
excepción intitulada «inexistencia del derecho por cumplimiento
de la normatividad vigente».
5. La alzada. La demandante sustentó su apelación en
la: (I) falta de valoración conjunta de las pruebas
demostrativas de los defectos de la edificación; (II) existencia
de una reclamación para la fecha en que se tuvieron por
recibidas las zonas comunes; (III) evasiva de las convocadas
para cumplir con la garantía legal, al punto que desatendieron
los términos legales para responder la reclamación; (IV)
inexistencia de un deber de permitir las reparaciones en
cualquier momento; (V) no valoración de que el ingreso a la
copropiedad finalmente se permitió; y (VI) permanencia de los
problemas constructivos en materia de ascensores, placas,
fachada, impermeabilización de cubierta e instalaciones
hidrosanitarias.
Las convocadas, al descorrer el traslado, insistieron en
que la edificación cumplió con todas las normas aplicables.
Reprocharon que la reclamación de consumo no comprendiera
la totalidad de los tópicos a que se refiere la demanda.
Criticaron la negligencia de la copropiedad en realizar el
mantenimiento. Por último, deprecaron que, en caso de que se
revoque el fallo de primer grado, se resolvieran la totalidad de
las excepciones.
6. Consideraciones. Antes de emitir el fallo de reemplazo
son necesarias las subsiguientes precisiones.
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6.1. En atención a que la impugnación extraordinaria
prosperó de manera parcial, como ya se explicó, en el presente
veredicto únicamente se analizaran los temas que dieron lugar
a la casación.
En consecuencia y siguiendo el orden lógico de los temas,
la resolución se hará de acuerdo con esta enumeración: (I)
excepción denominada «prescripción y/o caducidad», ya que de
prosperar deben denegarse las pretensiones; (II) llamamiento
en garantía; (III) modificación de la condena, para excluir las
reparaciones que ya fueron realizadas o sobre las que operó
exoneración de responsabilidad; y (IV) tasación de la multa por
infracción a las normas de consumo.
6.2. Excepción intitulada «prescripción y/o
caducidad».
6.2.1. Las convocadas, en escritos diferentes pero con
unidad de sentido, argumentaron para oponerse a la condena
que: (I) la demandante no radicó oportunamente la solicitud
de garantía, pues los únicos escritos datan del 25 de
septiembre y 5 de octubre de 2015, sin ser comunicados a
Abento S.A.S.; (II) no se probó que, durante la vigencia de las
licencias, se radicaron las reclamaciones; y (III) las garantías
de áreas comunes esenciales vencieron en marzo de 2016,
mientras que las relativas a las no esenciales en octubre del
mismo año, salvo lo tocante a las losas (folios 128 y 187 del
archivo digital CDNO PPAL TM 2.pdf).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
85
6.2.2. Para resolver se considera:
6.2.2.1. El reconocimiento del consumidor en el sistema
contractual tuvo como propósito consagrar medidas
tendientes a su protección, amén de la situación de
desequilibrio en que fue puesto por la masificación de los
bienes y servicios, la despersonalización de los vínculos
negociales, y las convenciones predispuestas. Y es que, el
mayor poder económico del fabricante o comercializador, así
como el desequilibrio informativo en que se encuentra el
adquirente de bienes o servicios, lo sitúa en una situación de
debilidad y, por ende, necesitado de acciones positivas para
evitar su aprovechamiento.
De esta forma se promovieron nuevas reglamentaciones,
transversales al derecho de obligaciones y contratos, con
reglas tuitivas para el acto de consumo. Regulaciones que
«[t]ienen la nota imperativa propia de las regulaciones de orden
público, en un doble sentido: en el tradicional, conforme al cual
son inválidos los actos contrarios a sus preceptos, y en el
moderno de orden público económico, que agrega la exigencia
de obrar ciertas conductas impuestas legalmente… ‘imponer de
manera positiva cierto contenido contractual’, reemplazando el
antiguo criterio que le asignaba una función ‘esencialmente
negativa’»5.
La Corte describió:
5 Alterini, Atilio A., El estatuto del consumidor. En Trigo Represas, Félix y Stiglitz,
Rubén S., Contratos, Argentina, Ed. La Rocca, 2001, p. 421.
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86
El desarrollo y evolución de la industria, la producción en serie, la
masificación de las relaciones jurídicas y económicas, el mercadeo
y la distribución comercial, entre otros factores, han sido
determinantes para el surgimiento de una disciplina de orientación
tuitiva que se ha denominado Derecho del Consumidor o, para otros,
del Consumo, esencialmente caracterizada por regular lo que
concierne a los consumidores y a las relaciones de consumo.
Se trata de una materia que traspasa las relaciones tradicionales
propias del derecho privado, para extenderse a las que se ajustan
entre el Estado y los diversos actores del mercado, en la medida en
que tengan injerencia en los intereses de la colectividad (SC, 3 may.
2005, rad. n.° 1999-04421-01).
El novel derecho, en esencia, propende por garantizar a
los consumidores el ejercicio consciente de la libertad
contractual, por medio de la proscripción del aprovechamiento
de su situación de debilidad, a través de estándares más altos
en materia de revelación de información, adecuada
transparencia y satisfacción de su interés negocial concreto.
Derechos tales como «a) a la protección de la salud y
seguridad; b) a la calidad de los bienes y servicios; c) a la
educación e información; d) a la protección de sus intereses
económicos; e) a la organización y participación; f) al acceso
individual y colectivo a procedimiento eficaces para la
prevención y reparación de daños y la solución de conflictos»6,
aparecieron en el contexto global, modificando el sistema
contractual clásico.
Memórese el pensamiento de esta Sala:
6 López Cabana, Roberto M., Los Contratos de Consumo en el Derecho Argentino-
Peruano. En Alterini, Atilio Aníbal y otros, Contratación Contemporánea, Tomo II, Ed.
Palestra - Temis, Lima - Bogotá, 2001, p. 498.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
87
No debe asombrar, entonces, que ante la creciente e irreprimible
aparición de estos métodos de contratación, así como el surgimiento
y fortalecimiento de novedosos fenómenos sociales como el de “los
consumidores”, los “empresarios y fabricantes”, deban romperse
rancios esquemas forjados en medio de un inflexible rigor, para dar
paso, en cambio, a la elaboración de respuestas útiles, justas y
adecuadas; de ahí que la Constitución Política colombiana
promulgada en 1991, en un intento por conciliar la economía de
mercado con el Estado intervencionista, le apostó a un Estado Social
y Democrático de Derecho, con sustento en un modelo económico de
libre competencia (artículos 1°, 333 y 334), en el que la oferta de
bienes y servicios, al igual que la fijación de precios, corresponde,
por regla general, a imperceptibles pero evidentes fuerzas
económicas, y en el que las relaciones jurídicas cumplen un papel
definitorio en la legitimación del intercambio de bienes, pues se
convierten en el instrumento regulador de las transacciones
económicas en él realizadas (SC, 30 ab. 2009, rad. n.° 1999-00629-
01).
6.2.2.2. Colombia no ha sido extraña a la protección del
consumidor por medio de normas especiales, para lo cual
profirió diferentes reglamentos desde finales del siglo
inmediatamente anterior.
Uno de los antecedentes más pretéritos es la ley 9ª de
1979, «Por la cual se dictan Medidas Sanitarias», en la cual se
incluyeron prescripciones sobre calidad del agua (artículos 2°,
6° 21, 60, 64 y 68) y del aire (artículos 41, 48). Asimismo, se
reguló el tema del saneamiento de edificaciones, con
exigencias tales como adecuado drenaje (artículo 160),
alejamiento de acequias, barrancos o terrenos pantanosos
(artículo 162), prohibición de construir en zonas rellenadas
con basura (artículo 163), entre otros (artículos 164 y
siguientes), delegándose en el Ministerio de Salud su
reglamentación.
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Tres (3) años más tarde se profirió el decreto 3466 de
1982, «Por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la
calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las
propagandas y la fijación pública de precios de bienes y
servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores
y proveedores, y se dictan otras disposiciones»,
constituyéndose en el primer estatuto del consumidor.
Este marco regulatorio incluyó reglas para la calidad de
los productos (artículos 2 y siguientes), fiabilidad de la
información divulgada a los consumidores (artículos 9°, 14 y
siguientes), garantía mínima presunta (artículos 11, 13 y 23),
garantías suplementarias (artículo 12), interpretación
contractual favorable al consumidor (artículo 21), régimen
sancionatorio (artículos 28 y siguientes) y acción
indemnizatoria especial en favor del consumidor (artículos 36
y 40).
La Ley 45 de 1990, relativa a la intermediación financiera
y el ejercicio de la actividad aseguradora, previó diversas
normas inclinadas a la protección de los usuarios, en punto al
sometimiento a las reglas de mercado (artículo 77), protección
de la libertad de contratación (artículo 78), prohibición de
abuso contractual (artículo 79), entre otras.
La Carta Fundamental de 1991 fue mucho más allá,
pues elevó a rango constitucional la protección del
consumidor, como trasluce del artículo 78:
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La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos
y prestados a la comunidad, así como la información que debe
suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción
y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la
salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a
consumidores y usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les
conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser
representativas y observar procedimientos democráticos internos.
A renglón seguido, con la ley 142 de 1994, «por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones», se incluyeron derechos especiales
para los usuarios, por ejemplo, la libertad de elección, obtener
bienes y servicios de calidad, y acceso a información completa,
precisa y oportuna (artículo 9°).
Con el decreto 990 de 1998, contentivo del reglamento de
usuarios del servicio de telefonía móvil celular, se ordenó a los
operadores «prestar el servicio de Telefonía Móvil Celular en
forma continua y eficiente… atendiendo los principios de
igualdad y no discriminación, de libre competencia y prácticas
restrictivas y en todo evento respetando los derechos de los
usuarios móviles y de los suscriptores» (artículo 4°).
Años más tarde se expidió el régimen especial para el
consumidor financiero, a través de la ley 1328 de 2009, «Por la
cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del
mercado de valores y otras disposiciones», en el cual se
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previeron como principios rectores la «debida diligencia»,
«libertad de elección», «transparencia e información cierta,
suficiente y oportuna», «responsabilidad de las entidades
vigiladas en el trámite de quejas», «manejo adecuado de los
conflictos de interés» y «educación para el consumidor
financiero» (artículo 3°).
Más recientemente se profirió la ley 1480 de 2011, «Por
medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se
dictan otras disposiciones», comprensivo de un complejo de
normas tendientes a «proteger, promover y garantizar la
efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los
consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a
sus intereses económicos», especialmente frente a la «salud y
seguridad», «acceso… a una información adecuada»,
«educación», «libertad de constituir organizaciones» y «protección
especial a los niños, niñas y adolescentes» (artículo 1°).
Sus ejes nucleares se encuentran en la garantía legal por
la calidad, idoneidad y seguridad de los productos que se
ofrezcan en el mercado (título II y III), responsabilidad por
productos defectuosos (título IV), adecuada revelación de
información (título V), prohibición de publicidad falsa y
engañosa (título VI), y protección contractual (título VII).
A su vez, por medio del decreto 735 de 2013, «se
reglament[ó] la efectividad de la garantía prevista en los
artículos 7° y siguientes de la Ley 1480 de 2011».
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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Remárquese que estas normas consagraron nuevos
deberes a cargo de los productos o proveedores, con el fin de
salvaguardar a los consumidores, enfrentados a un volumen
incalculable de ofertas de bienes y servicios, con sistemas de
comercialización que puede avasallar su libre determinación
de contratar.
6.2.2.3. Por su relevancia en el presente caso conviene
detenernos en la garantía legal, antes denominada mínima
presunta, la cual constituye uno de los componentes
nucleares del nuevo derecho del consumo.
El numeral 5° del artículo 5° de la ley 1480 de 2011 la
define como la «[o]bligación temporal, solidaria a cargo del
productor y el proveedor, de responder por el buen estado del
producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las
ofrecidas. La garantía legal no tendrá contraprestación
adicional al precio del producto». Regla reiterada en el canon
7°, a saber: «Es la obligación, en los términos de esta ley, a
cargo de todo productor y/o proveedor de responder por la
calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y
funcionamiento de los productos».
Consiste, en breves palabras, en una obligación de
carácter restaurativa puesta sobre el productor o
comercializador parar asegurar el correcto estado, calidad,
idoneidad o seguridad de los bienes o servicios colocados en el
mercado de consumo.
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Se creó «una ‘responsabilidad especial’ [del productor]
frente a [los consumidores] -ex constitutione- (Sentencia de
constitucionalidad C-973/2002), que los habilita para accionar
directamente contra el fabricante en orden a hacer efectivas las
garantías a que hubiere lugar o a reclamar el resarcimiento de
los daños que les fueran irrogados» (SC, 7 feb. 2007, rad. n.°
199-00097-01).
De las enunciaciones legales se extraen los siguientes
rasgos de este débito:
(I) Es un tipo de garantía, esto es, una «[s]eguridad o
protección frente a un peligro o contra un riesgo»7, consistente
en un vicio que pueda afectar un bien o servicio;
(II) Está sometido al término de duración definido por el
productor o por la ley (artículo 8° de la ley 1480 de 2011),
vencido el cual se extingue la garantía;
(III) Es exigible de toda persona que intervenga en el
proceso de creación y comercialización -quien diseñe,
produzca, fabrique, ensamble, importe, ofrezca, suministre,
distribuya o comercialice productos-;
(IV) Los deudores se obligan solidariamente (artículo 10
de la ley 1480 de 2011), por ende «puede exigirse [a] cada uno
7 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliastra
S.R.L., 1993, p. 144.
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de los deudores… el total de la deuda» (artículo 1568 del
Código Civil);
(V) Es una obligación condicional, pues su nacimiento
depende «de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no»
(artículo 1530 del Código Civil), como es que el producto
presente un vicio;
(VI) Por sí mismo no genera un deber indemnizatorio,
pues se agota con la restauración del producto, su sustitución
o la devolución de lo pagado (artículo 11 de la ley 1480 de
2011, en concordancia con el decreto 735 de 2013);
(VII) Su existencia y satisfacción no puede generar cargas
o erogaciones para el consumidor, pues la «reparación [es]
totalmente gratuita de los defectos del bien, así como su
transporte, de ser necesario, y el suministro oportuno de los
repuestos» (artículo 11 de la ley 1480 de 2011);
(VIII) Los defectos cubiertos son de dos (2) clases: «buen
estado» y «calidad, idoneidad, seguridad». La calidad es la
«condición en que un producto cumple con las características
inherentes y las atribuidas por la información que se suministre
sobre él»; la idoneidad es la «aptitud del producto para
satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido
producido o comercializado», la y seguridad impone que el
producto «no present[e] riesgos irrazonables para la salud o
integridad de los consumidores» (artículo 5° de la ley 1480 de
2011);
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(IX) La garantía es de orden público, por lo que no es
susceptible de ser renunciada sino en los casos señalados en
la ley, como sucede con productos usados (artículo 8° de la ley
1480 de 2011, en concordancia con el artículo 12 del decreto
735 de 2013), o con imperfectos o deterioros (artículo 15 de la
ley 1480 de 2011).
6.2.2.4. La garantía legal, como ya se dijo, es pro tempore,
en el sentido de que el paso del tiempo agota su vigencia, por
lo que una vez finiquitada, sin que se hubiera manifestado
algún vicio o reclamado por su aparición, cesa el deber
restaurativo.
(I) El artículo 8° de la ley 1480 de 2011 prescribe:
El término de la garantía legal será el dispuesto por la ley o por la
autoridad competente. A falta de disposición de obligatorio
cumplimiento, será el anunciado por el productor y/o proveedor. El
término de la garantía legal empezará a correr a partir de la entrega
del producto al consumidor.
De no indicarse el término de garantía, el término será de un año
para productos nuevos. Tratándose de productos perecederos, el
término de la garantía legal será el de la fecha de vencimiento o
expiración.
Los productos usados en los que haya expirado el término de la
garantía legal podrán ser vendidos sin garantía, circunstancia que
debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el
consumidor. En caso contrario se entenderá que el producto tiene
garantía de tres (3) meses.
La prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la
reparación del mismo podrá ser prestada sin garantía, circunstancia
que debe ser informada y aceptada por escrito claramente por el
consumidor. En caso contrario se entenderá que el servicio tiene
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garantía de tres (3) meses, contados a partir de la entrega del bien
a quien solicitó el servicio.
Para los bienes inmuebles la garantía legal comprende la
estabilidad de la obra por diez (10) años, y para los acabados un (1)
año.
Descuella que el legislador estableció una vigencia
mínima de la garantía legal, diferenciada según el tipo de
activo, cuya aplicación deviene supletoria por cuanto
prevalecen los plazos dispuestos por normas especiales o
convencionalmente, siempre que éstos excedan los legales por
fuerza del canon 4° ibidem.
De forma resumida, los siguientes son los plazos de la
garantía: en materia de bienes, los consumibles se someten al
plazo señalado en el empaque como de vencimiento o
expiración. Para los bienes no consumibles se diferencia entre
usados y nuevos, siendo de tres (3) meses la garantía de
aquéllos; para los últimos se distingue entre muebles, un (1)
año, e inmuebles, un año (1) para acabados, un (1) año para
líneas vitales -infraestructura básica de redes, tuberías o
elementos conectados o continuos, que permiten la movilización
de energía eléctrica, agua y combustible según el artículo 13
del decreto 735 de 2013- y diez (10) años para estructura. En
materia de servicios, el término es de tres (3) meses.
Estos términos dejarán de correr «mientras el consumidor
esté privado del uso del producto con ocasión de la efectividad
de la garantía», y correrá de nuevo «si se produce el cambio total
del producto por otro» (artículo 9° de la ley 1480 de 2011).
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(II) Para que se configure el débito restaurativo a cargo
del productor y/o proveedor, no basta que el defecto aparezca
durante la vigencia de la garantía, sino que el consumidor
debe satisfacer tres (3) cargas especiales, a saber: a) requerir
a aquél para que subsane los vicios, b) poner a su disposición
el producto y c) informar la data de celebración del contrato.
Así lo prescribe el canon 2° del decreto 735 de 2013:
Solicitud de la efectividad de la garantía legal. Para solicitar la
efectividad de la garantía legal, el consumidor estará obligado a
informar el daño que tiene el producto, ponerlo a disposición
del expendedor en el mismo sitio en el que le fue entregado al
adquirirlo o en los puntos de atención dispuestos para el efecto, a
elección del consumidor, y a indicar la fecha de la compra o de
la celebración del contrato correspondiente.
En caso de que desee hacer efectiva la garantía legal directamente
ante el productor, el consumidor deberá entregar el producto en las
instalaciones de aquel…
Luego, presentado un defecto de calidad, idoneidad y
seguridad en el término de la garantía, es indispensable que el
adquirente informe de la situación al proveedor o productor,
por medio de una reclamación, con indicación del día en que
se perfeccionó la relación de consumo. Este requerimiento
puede ser verbal o escrito, y para su comunicación basta
acudir a cualquier mecanismo idóneo, en tanto el legislador no
estableció ninguna formalidad o ritualidad para que produzca
efectos.
Además, como es apenas obvio, el bien deberá dejarse a
disposición del interpelado, con el fin de que éste puede
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inspeccionarlo, establecer el procedimiento a seguir y, de ser
procedente, realizar su reparación. Para estos fines, al
momento de la recepción, «deberá expedir[se] una constancia
de recibo», con la indicación de «los motivos de la reclamación»
(artículo 12 de la ley 1480 de 2011).
(III) Tratándose de bienes inmuebles el procedimiento de
reclamación tiene ciertas particularidades, según el artículo
13 del decreto 735 de 2013:
Garantía legal de bienes inmuebles. En el caso de bienes inmuebles,
para solicitar la efectividad de la garantía legal sobre acabados,
líneas vitales del inmueble (infraestructura básica de redes, tuberías
o elementos conectados o continuos, que permiten la movilización de
energía eléctrica, agua y combustible) y la afectación de la
estabilidad de la estructura, definidos en la Ley 400 de 1997, el
consumidor informará por escrito dentro del término legal de la
garantía, al productor o expendedor del inmueble el defecto
presentado.
El productor o expendedor, entregará una constancia de recibo de la
reclamación y realizará, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, una visita de verificación al inmueble para constatar el
objeto de reclamo.
Parágrafo 1°. Cuando la solicitud de la garantía legal sea sobre los
acabados y las líneas vitales, el productor o expendedor deberá
responder por escrito al consumidor, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la visita de verificación del objeto del reclamo.
Este término podrá prorrogarse por un periodo igual al inicial,
cuando la complejidad de la causa del reclamo así lo requiera,
situación que deberá ser informada por escrito al consumidor…
Parágrafo 2°. Frente a la reclamación por la afectación de la
estabilidad de la estructura del inmueble, el productor o expendedor
deberá responder por escrito al consumidor, dentro de los treinta
(30) días hábiles siguientes a la realización de la visita de
verificación señalada en el presente artículo. Este término podrá ser
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prorrogado por un periodo igual al inicial, cuando la complejidad de
la causa del reclamo así lo requiera. En todo caso, deberá ser
informado por escrito al consumidor…
Significa que, en materia de bienes raíces, también es
imperativa la formulación de una reclamación al productor
y/o proveedor, la cual debe presentarse por escrito, con
indicación del defecto, constituyéndose en un requisito para el
nacimiento de la obligación legal.
Una vez realizado el requerimiento queda en manos del
constructor o comercializador realizar una visita de
inspección, con el fin de evaluar la procedencia del reclamo y
establecer el curso de acción a seguir.
(IV) Trasluce que la ausencia de reclamación, en la
oportunidad debida, impide que el débito resarcitorio se
configure, lo cual encuentra explicación en el hecho de que
nadie puede estar obligado a cumplir una carga de la cual no
tiene noticia y que no tuvo oportunidad de consentir u
oponerse.
De allí que la presentación de la reclamación directa sea
una condición de la garantía legal, que «mientras no se
cumpl[a], suspende la adquisición de un derecho» (artículo
1536 del Código Civil).
Regla similar se encuentra contenida en el artículo 932
del Código de Comercio, que regula la garantía de buen
funcionamiento en las ventas comerciales, aunque con la
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precisión de que el término para hacer la reclamación es de
treinta (30) días, vencido el cual «caduca» el derecho del
comprador. Por tanto, «el comprador puede demandar la
indemnización de perjuicios, siempre y cuando la señalada
garantía la haya reclamado en la oportunidad
legalmente establecida y durante la vigencia de la
misma» (negrilla fuera de texto, CSJ, SC2142, 18 jun. 2019,
rad. n.° 2014-00472-01).
En este último evento el derecho se somete a caducidad,
lo que trasluce que su «consumación sin ejercerlo, como es
lógico, comporta per se su extinción definitiva y comprende el de
las acciones respectivas. Es decir, la extinción del derecho por
caducidad, extingue todas las acciones para hacerlo valer»
(SC4958, 28 ab. 2015, rad. n.° 2002-00912-01).
Caducidad que también se configura, por citar un
ejemplo adicional, cuando el adquirente de un inmueble omite
realizar la reclamación al constructor por defectos
estructurales de la edificación, a la luz del numeral 3° del
artículo 2060 del Código Civil.
6.2.2.5. Radicada la reclamación dentro del término de
la garantía legal, corresponde al productor o proveedor
efectuar la reparación gratuita del producto, en caso de ser
posible (numeral 1° del artículo 11 de la ley 1480 de 2011, en
concordancia con parágrafo del artículo 3° del decreto 735 de
2013). De no ser procedente, o si se repite la misma falla, el
bien deberá ser sustituido o procederse a la devolución del
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precio, a elección del consumidor (numeral 1° del artículo 11
de la ley 1480 de 2011, en concordancia con el artículo 4° del
decreto 735 de 2013).
La reposición consiste en el cambio total o parcial «del
bien por otro de la misma especie, similares características o
especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser
inferiores a las del producto que dio lugar a la garantía»
(numeral 2° del artículo 11 de la ley 1480 de 2011).
La devolución del precio consiste en la restitución del
valor nominal de la venta, «previa entrega del bien objeto de
garantía libre de gravámenes. En caso [de] que el bien esté
sujeto a registro para la transferencia del derecho de dominio,
los costos del registro serán asumidos por el productor o
expendedor» (artículo 6° del decreto 735 de 2013).
Tratándose de inmuebles
…y en caso de existir crédito financiero, reintegrará al consumidor
tanto el valor cancelado por concepto de cuota inicial así como la
totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de crédito
a la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con
base en la variación del IPC. Así mismo, deberá cancelar a la
entidad financiera, el saldo total pendiente del crédito suscrito por
el consumidor. Una vez realizada la devolución del dinero al
consumidor y a la entidad financiera, se producirá la entrega
material y la transferencia del derecho dominio del inmueble al
productor o expendedor… En caso de no existir crédito financiero, el
productor o expendedor deberán reintegrar el valor total cancelado
por concepto del bien, debidamente indexado con base en la
variación del IPC (parágrafo 2° del artículo 13 ejusdem).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
101
6.2.2.6. Las controversias respecto a la satisfacción de
la garantía legal, en caso de que no puedan solucionarse de
forma directa o por métodos alternativos de resolución
(artículo 7° del decreto 735 de 2013), podrán desatarse a
través de la acción judicial respectiva (artículo 56 de la ley
1480 de 2011).
En este último evento, según el numeral 3° del artículo
58 ibidem, «[l]as demandas… deberán presentarse a más
tardar dentro del año siguiente a la expiración de la
garantía y las controversias netamente contractuales, a
más tardar dentro del año siguiente a la terminación del
contrato. En los demás casos, deberán presentarse a más
tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga
conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En
cualquier caso deberá aportarse prueba de que la
reclamación fue efectuada durante la vigencia de la
garantía» (negrilla fuera de texto).
Se impuso de esta forma un término para la proposición
de la reclamación jurisdiccional, so pena de que se extinga la
posibilidad de acudir al aparato judicial para lograr la
satisfacción de la garantía legal. Plazo que fue estimado por el
legislador como de prescripción, según el inciso segundo del
numeral 6° del artículo 58 de la ley 1480 de 20118.
8 La Superintendencia de Industria y Comercio adelantará las gestiones pertinentes
para individualizar y vincular al proveedor o productor. Si transcurridos dos meses
desde la interposición de la demanda, y habiéndose realizado las gestiones
pertinentes, no es posible su individualización y vinculación, se archivará el proceso,
sin perjuicio de que el demandante pueda presentar, antes de que opere la
prescripción de la acción, una nueva demanda con los requisitos establecidos en la
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Ante la calificación normativa explícita deviene
indiscutible que, la falta de proposición oportuna de la
demanda judicial, sumada a la incuria de la parte interesada,
prescribe extintivamente la posibilidad de accionar para
obtener la efectividad de la garantía legal.
Claro está, por fuerza de la interpretación favor
consumitoris -en favor del consumidor-, el término extintivo
antes enunciado será inaplicable cuando normas especiales
establezcan uno superior.
Y es que, según el artículo 4° de la ley 1480 de 2011,
«[l]as normas de esta ley deberán interpretarse en la forma más
favorable al consumidor» y que «[e]n caso de duda se
resolverá en favor del consumidor» (negrilla fuera de texto).
Por tanto, los vacíos, ambigüedades, anomias o antinomias
legislativas deberán definirse de acuerdo con el entendimiento
que resulte más favorable para el consumidor, en garantía de
la máxima protección posible de sus derechos frente al
contexto de debilidad en que se encuentra.
La doctrina especializada, refiriéndose a los principios
ingénitos del derecho de consumo, reconoce el denominado
favor consommatoris en los siguientes términos:
Se trata, en definitiva, de proteger y tutelar al débil jurídico en las
relaciones contractuales, formulando un Standard jurídico de
presente ley y además deberá contener información nueva sobre la identidad del
productor y/o expendedor (negrilla fuera de texto).
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
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racionalidad que comprende tres aspectos del indubio pro o pro
damnato: 1) en la apreciación de los hechos que comprende la
valoración de todo el iter contractual desde las tratativas, la
formación y ejecución del contrato; 2) en la aplicación del derecho
puesto que ante la ausencia de certeza debe formularse el
encuadre normativo más favorable al más vulnerable; 3) en el
marco del proceso la aplicación del principio favor debilis, se
cristaliza en la doctrina de las cargas probatorias dinámicas que
determina que la carga de la prueba recae en quien se encuentra en
mejores condiciones de aportarla, poniendo la prueba en cabeza de
quien le resulta más fácil (negrilla fuera de texto)9.
Esta regla hermenéutica se explica porque «[l]os
consumidores se encuentran en una posición de inferioridad…
dispersos y dotados de escasos conocimientos y
potencialidades, [que] enfrentan a las fuerzas de la producción
y comercialización de bienes y servicios, necesarios en orden a
la satisfacción de sus necesidades materiales… Por ello, se
requiere de su especial protección con el objetivo de garantizar
la igualdad sustancial inherente al Estado Social de Derecho»
(AC1528, 21 jul. 2020, rad. n.° 2020-01331-00).
Como consecuencia, cuando existan normas que
consagren términos para accionar diferentes a los señalados
en el numeral 3° del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, bien
de prescripción o de caducidad, deberá aplicarse el que resulte
más benévolo para los consumidores, sin que sea dable acudir
a criterios como la especialidad o temporalidad para arribar a
una conclusión diferente, por el carácter imperativo y de orden
público del estándar favor consumitoris.
9 Carlos Gustavo Vallespinos, El Derecho de las Obligaciones y la Protección Jurídica
del Consumidor. Introducción al Derecho del Consumo. Lineamientos Centrales de las
Leyes 24.240 y 26.361. En Obligaciones y Contratos en el Derecho Contemporáneo,
Ed. Universidad de La Sabana y Diké, Bogotá, 2010, p. 171.
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Bien se ha dicho que «el sistema jurídico presupone una
cierta coherencia, el derecho debe evitar la contradicción. El
juez, en presencia de dos fuentes, con valores contrastantes,
debe buscar coordinar las fuentes, en un diálogo de fuentes,
que significa una aplicación simultánea, coherente y coordinada
de múltiples fuentes… que tienen campos de aplicación
convergentes, pero no totalmente coincidentes o iguales»10.
Vista la finalidad del derecho de consumo se tiene que,
cuando el estatuto especial sobre la materia se traduzca en la
merma de las garantías reconocidas a los consumidores en
otras codificaciones, como sucedería con la reducción de los
plazos para demandar, deberá acudirse a un entendimiento
que privilegie la regla más favorable, dejando rezagada la
aplicación de aquél para los casos en que exista un vacío o
comporte un beneficio para el sujeto débil de la relación.
Así lo ha reconocido la Sala en sede de tutela:
Dicho principio llamado “pro consumatore” o en favor del
consumidor, se cimenta, básicamente, en la situación de debilidad
de éste frente al mercado y se encamina a lograr un equilibrio en las
relaciones entre aquél y los actores comerciales o empresariales con
carácter dominante. Por tanto, ante normas contrapuestas o,
eventualmente, perjudiciales para el consumidor, deberá efectuarse
una interpretación favorable a este último en procura de no lesionar
sus garantías y permitirle superar las desigualdades con los demás
agentes mercantiles (STC11884, 14 sep. 2018, rad. n.° 2018-
00982-01).
10 Sergio Sebastián Barocelli, Los Principios del Derecho de Consumo como
Orientadores de la Interpretación y Aplicación en el Diálogo de Fuentes. En Impactos
del nuevo Código Civil y Comercial en el Derecho del Consumidor. Diálogos y
Perspectivas a la luz de sus Principios, Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires,
2016, p. 14.
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6.2.2.7. Decantado el anterior estado del arte conviene
volver la mirada sobre la argumentación esgrimida por las
demandadas como fundamento de la excepción que
intitularon «prescripción y/o caducidad», pues de su contenido
se extrae que, en verdad y más allá del título empleado, se
criticó la falta de agotamiento de la reclamación directa ante
productor o proveedor y, como consecuencia de esta omisión,
la extinción del derecho para exigir la garantía legal.
Luego, el punto en discusión no es la oportunidad con la
cual se promovió la reclamación judicial después de
desvelados los vicios en la copropiedad y su comunicación a
las demandadas, sino la existencia del requerimiento por
escrito para comunicar los problemas constructivos a Torres
de Málaga S.A.S.
(I) En el expediente reposan las comunicaciones del 25
de septiembre y 5 de octubre de 2015 (folios 319 y 403 del
archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf), realizadas por Torres de
Málaga P.H. y dirigidas al propietario del terreno, en las cuales
se listaron los siguientes defectos al abrigo de la garantía legal:
• Mayor cantidad de áreas construidas en comparación
con la licencia de construcción;
• Menor tamaño de las zonas comunes;
• Ausencia de baranda en jardineras externas;
• Falta de jardineras en el segundo puso;
• Carencia de reja de cerramiento;
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• Falta de dos (2) parqueaderos para visitantes y
personas con discapacidad;
• Ausencia de shut en la torre 1;
• Múltiples defectos en las escaleras;
• Maquinaria expuesta y tamaño indebido de los
ascensores;
• Falta de acceso a los tanques de agua superiores;
• Carencia de elementos de seguridad y marcación en
piscina;
• Limpieza de fachada;
• Incorrección sobre el ángulo de apertura de las
ventanas;
• Incorrecciones en el polo a tierra;
• Hormigueo en las vigas;
• Filtraciones en la estructura de la piscina; y
• Vicios en las placas de los parqueaderos -espesor,
desgaste prematuro, empalmes, resane pasos tubos,
fisuras y filtraciones-.
Significa que, en relación con los anteriores defectos, se
satisfizo la exigencia contenida en el artículo 2° del decreto 735
de 2013, pues el administrador designado de la copropiedad,
de forma escrita, señaló los aspectos que, en su criterio,
desatendían las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad
en materia de edificaciones.
Las demás deficiencias, por no haberse satisfecho la
condición legal de su reclamación en tiempo, no permiten que
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surja el débito restaurativo en cabeza de las demandadas, lo
que excluye su reconocimiento judicial.
(II) Ahora bien, como las únicas materias que se
encuentran en discusión son las contenidas en la sentencia de
segunda instancia del 14 de noviembre de 2018, en cuanto no
hayan sido objeto de casación, conviene recordarlas para
determinar si frente a ellas se hizo la reclamación: «grietas en
las losas o placas del semisótano y el sótano; las
anomalías en los sistemas de ascensores y desagüe, y las
falencias de permeabilización (filtraciones, inundaciones,
aguas apozadas y fallas en bajantes de aguas lluvias) del
sótano, el semisótano, las escaleras, el salón social, el
gimnasio, el área adyacente a la piscina, la sala de
juegos, el parqueadero de visitantes, la azotea y los
ventanales» (folio 100 del archivo digital APELACIÓN
SENTENCIA.pdf).
(III) El parangón entre unas y otras muestra que la
reclamación prejudicial sólo se satisfizo parcialmente, siendo
procedente acceder a la excepción formulada por las
demandadas.
Para claridad, y a título de reiteración, se incluye una
comparación entre ellas, recordando su enunciación literal:
Vicio reconocido en la
sentencia de segundo
grado
Reclamación efectuada por Torres de
Málaga P.H. a Edificio Málaga S.A.S.
* Sótano y semisótano: * Comunicación del 5 de octubre de 2015:
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Vicio reconocido en la
sentencia de segundo
grado
Reclamación efectuada por Torres de
Málaga P.H. a Edificio Málaga S.A.S.
«Grietas en las losas o
placas… y falencias de
permeabilización
(filtraciones,
inundaciones, aguas
apozadas y fallas en
bajantes de aguas
lluvias)».
«1. Se evidencian losas con incumplimientos
de espesores, los cuales oscilan entre 2 y 9,5
centímetros.
2. Se observan algunas viguetas con
desalineamiento horizontal, diferentes
espesores los cuales oscilan entre 5 y 12
centímetros, así como también algunas con
acero al descubierto.
3. Algunas vigas y viguetas se resanaron
con mortero normal, las cuales ya presentan
de nuevo fisuramientos…
12. Todas las losas del nivel N-1,9
especialmente en la zona de circulación
vehicular evidencian malos acabados y
fisuras, lo que aceleran el deterioro de estas
y por ende el acortamiento de su vida útil…
17. Hay grietas en las losas que permiten el
flujo de agua cuando llueve e inunda el
sótano. La invasión de esta agua por el
interior de las losas atravesándolas,
ocasiona la corrosión de la armadura de
refuerzo interior con el consiguiente daño
estructural».
* Sistema de desagüe:
«Anomalías en los
sistemas».
* Comunicación del 5 de octubre de 2015:
«15. Algunos sitios donde perforaron las
losas para pasar tuberías sanitarias no
fueron resanados, dejando al descubierto el
acero de refuerzo».
*Impermeabilización:
«Falencias de
permeabilización de
escaleras, salón social,
gimnasio, área adyacente
a la piscina, sala de
juegos, parqueadero de
visitantes, azotea y los
ventanales».
* Comunicación de 25 de septiembre de
2015:
«Las escaleras… deberán ser de
construcción fija debidamente cerrada y
protegida al fuego y humo.
Huellas y descansos [escaleras] deben
acabarse con material rígido antideslizante.
El aspecto general de los peldaños y
descansos [escaleras] presentan muy mal
acabado, muy defectuosa e irregular
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Vicio reconocido en la
sentencia de segundo
grado
Reclamación efectuada por Torres de
Málaga P.H. a Edificio Málaga S.A.S.
construcción con un evidente deterioro
prematuro.
Fachadas. Las ventanas instaladas no
cumplen con lo ofrecido en la Memoria de
Calidades.
Limpieza de todas las fachadas: el edificio
en sus cuatro caras, tiene aún residuos de
la obra, lo que evidencia que no fue limpiado
para proceder a la entrega a los
copropietarios.
Humedad en zona de parqueaderos».
* Comunicación de 5 de octubre de 2015:
«16. Las losas del parqueadero de
visitantes… evidencian muchas fisuras
superficiales».
Este coteja deja al descubierto que el requerimiento al
productor o proveedor no se agotó tratándose de la
impermeabilización en el salón social, gimnasio, área
adyacente a la piscina, sala de juegos y azotea, impidiéndose
el nacimiento del deber resarcitorio frente a ellos; en los demás
sí hubo una adecuada reclamación. Por lo anterior, al
momento de emitir el veredicto de segundo grado, los primeros
serán excluidos de la condena, en aplicación del artículo 2° del
decreto 735 de 2013, confirmándose respecto a los restantes.
(IV) Por último conviene clarificar que la ausencia de
requerimiento directo a Abento S.A.S. carece de
trascendencia, amén de la solidaridad existente en el
productor y el comercializador en punto a la satisfacción de la
garantía legal, como se explicó anteladamente.
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110
Recuérdese el canon 10 de la ley 1480 de 2011, a saber:
«Ante los consumidores, la responsabilidad por la garantía
legal recae solidariamente en los productores y proveedores
respectivos» (negrita fuera de texto). Por ende, una vez
interpelado cualquiera de ellos, se entenderá que lo fueron
todos, sin requisitos adicionales.
6.2.2.8. El argumento del a quo para denegar la
excepción en análisis, de ninguna manera pueda compartirse
por este Colegiado, pues muestra una falta al deber de
interpretación de las excepciones, en sacrificio del derecho
sustancial de las convocadas.
Y es que los operadores judiciales, al momento de
resolver un litigio, tienen la carga de establecer la verdadera
intención de los sujetos procesales al formular la demandada
o su contestación, para lo cual deberán acudirse a las diversas
reglas hermenéuticas aceptadas en nuestro derecho para
interpretar sus manifestaciones.
No en vano el numeral 2° del artículo 336 del Código
General del Proceso establece que, el yerro de hecho en
casación, puede emanar de un dislate «manifiesto y
trascendente en la apreciación de… [la] contestación [de la
demanda]».
La jurisprudencia en vigor tiene señalado que cuando un
escrito «es ininteligible… procede desentrañar su verdadero
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111
sentido y alcance, mediante una interpretación seria, razonada,
fundada e integral», por tanto, «compete al juez superar los
equívocos en la formulación… y buscar lo realmente querido por
las partes. En cualquier evento, escrutándolo desde lo fáctico,
al margen de nomenclaturas o de fallas estrictamente
nominativas. En la hora de ahora, la tarea del juez
constitucional no es la de atarse a formulismos, muchas veces
vacuos, ni prescindir de auscultar cuanto realmente se halla
ventilado y probado» (SC5193, 18 dic. 2020, rad. n.° 2012-
00057-01).
Por consiguiente, rehusar una excepción porque el título
asignado por el demandado no guarda coherencia con su
contenido, como lo hizo el sentenciador de primer grado,
equivale a subordinar el derecho material a una mera
formalidad, cuando lo correcto es acudir a las reglas de
interpretación y desentrañar su alcance a partir de su
contenido y extensión, que en el caso refleja una censura por
no agotamiento de la reclamación directa, como fue analizada
en los numerales precedentes.
6.3. Llamamiento en garantía.
6.3.1. De forma concreta y para hacer memoria, Edificio
Málaga S.A.S. pretendió que Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S. se mantenga indemne de las condenas
impuestas en su contra, por ser la encargada de la
construcción.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
112
La llamada en garantía, después de notificada en el curso
de la segunda instancia, únicamente solicitó que «se continúe
el trámite de la apelación de la sentencia que fue proferida por
la Superintendencia de Industria y Comercio» (folio 23 del
archivo digital APELACIÓN SENTENCIA.pdf), sin oponerse al
llamamiento.
6.3.2. Para resolver se considera:
6.3.2.1. El contrato de construcción, especie del
arrendamiento de obra, es una convención por la cual un
sujeto, encargante o contratante, encomienda a otro, artífice o
contratista, la realización de una edificación o parte de la
misma, a cambio de un precio o remuneración.
Edificación que, según el numeral 14 del artículo 4° de la
ley 400 de 1997, «[e]s una construcción cuyo uso primordial es
la habitación u ocupación por seres humanos»; a su vez,
construcción es una obra estructuralmente organizada, esto
es, «un ensamblaje de elementos, diseñado para soportar las
cargas gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales»
(numeral 18 ibidem).
Resulta de lo expuesto que la obligación esencial del
artífice consiste en «materializar la construcción de todo tipo de
proyecto civil o arquitectónico, tales como construcción de
edificaciones, viviendas, vías, pavimentos, puentes,
aeropuertos, acueductos, alcantarillados, oleoductos,
gasoductos, poliductos, etc., que hayan sido previamente
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
113
diseñados o calculados por arquitectos o ingenieros
respectivamente» (parágrafo 1° del artículo 4° de la ley 400 de
1997, adicionado por el canon 4° de la ley 1229 de 2008).
6.3.2.2. El constructor es, entonces, «el profesional,
ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e
ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la
construcción de una edificación» (negrilla fuera de texto,
según el numeral 9° del artículo 4° de la ley 400 de 1997,
subrogado por el canon 1�� de la ley 1229 de 2008).
Entraña que, por mandato legal, el «responsable» de la
edificación es el constructor, por lo que es el llamado a asumir
las consecuencias de la actividad constructiva, incluyendo los
efectos negativos por la transgresión de los diseños y planos
arquitectónicos y estructurales, y las normas sobre sismo-
resistencia u ordenamiento territorial.
Sin embargo, el precepto 5° de la ley 400 de 1997
establece: «Para efectos de la asignación de las
responsabilidades correspondientes, deben consultarse las
definiciones de constructor, diseñador, arquitectónico,
diseñador estructural, diseñador de los elementos no
estructurales, ingeniero geotecnista, revisor de los diseños,
propietario, interventor y supervisor técnico, establecidas en el
Título II de esta ley» (negrilla fuera de texto).
Trasluce que el constructor exclusivamente responde por
la fabricación, no así por las secuelas que emanen
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
114
causalmente de problemas de diseño (en materias
arquitectónicas, estructurales y no estructurales) o estudios
geotécnicos o de suelos, pues estos últimos son competencia
de otros profesionales.
Regla que encuentra apoyo en la naturaleza personal de
la responsabilidad, según la cual sólo podrá condenarse a la
reparación al sujeto que haya intervenido de forma directa en
el hecho dañoso, salvo los casos de excepción en que se admite
la responsabilidad por el acto de un tercero.
La jurisprudencia tiene especificado: «el trasfondo de la
responsabilidad personal es el derecho natural racionalista; y
el progresivo protagonismo de la idea de libertad, hasta una
fórmula de atribución de responsabilidad general y abstracta,
cuyo paso definitivo fue dado por la escuela racionalista de
Grocio y desembocó finalmente en el artículo 1382 del Código
francés, en el que quedó consignada la expresión más célebre
de esa responsabilidad subjetiva o por culpa: “Todo hecho
cualquiera del hombre, que causa daño a otro, obliga a quien
por cuya culpa ocurrió a repararlo”» (SC, 18 dic. 2012, rad. n.°
2006-00094-01).
6.3.2.3. Precisado lo anterior, se tiene que en el sub
examine se encuentran demostrados los siguientes hechos:
(I) Edificio Málaga S.A.S. -contratante o propietario- y
Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S. -artífice o
contrata-, el 8 de abril de 2014, suscribieron el negocio
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
115
denominado «contrato de ejecución de obra, con suministro de
materiales, bajo el sistema de precio cerrado» (folios 297 y
siguientes del archivo digital CDNO PPAL TM 3.pdf).
Esta convención tuvo por objeto «la ejecución de las obras
de edificación del proyecto…, así como el cumplimiento del resto
de documentos… por parte de la Contrata… Las obras se
contratan en conjunto y como un todo por el sistema de precio
cerrado o llave en mano» (folio 297 ibidem).
Al referirse al deber de garantía del constructor, en el
contrato se previó que «la Contrata responderá por la buena
ejecución de las obras», para lo cual se obligó a constituir una
póliza por un valor del 10% del contrato, con una vigencia
determinada (folio 307 ejusdem).
Además, se pactó expresamente que «[l]a Contrata se
hará responsable de la urbanización propia…
comprometiéndose a reparar a su cargo, en el menor plazo
posible, cualquier desperfecto que pudiera producirse a la
misma» (negrilla fuera de texto, folio 329 ibidem).
(II) Las cláusulas copiadas, revisadas en conjunto,
enseñan que las partes celebraron un contrato de
construcción, en desarrollo del cual Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S. se obligó a edificar la propiedad
horizontal, comprometiéndose de forma expresa a asumir sus
resultas y a reparar todos los desperfectos detectados.
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116
Previsiones últimas que guardan armonía, tanto con la
finalidad socioeconómica del contrato de construcción, como
con el régimen contenido en la ley 400 de 1997, según se
reseñó previamente.
6.3.2.4. La plataforma fáctica decantada, dentro del
contexto normativo descrito, descubre que Proyectos y
Promociones Iberoamericanas S.A.S. se obligó, entre otras, a
solventar con su peculio los daños que, como consecuencia de
la construcción, se irrogaran, así como hacer las reparaciones
fruto de la garantía legal.
De hecho, el mismo constructor, en comunicación del 6
de enero de 2016, asintió en el colofón precedente:
En mi calidad de… contratista de las obras realizadas en el edificio
Torres de Málaga- según contrato debidamente suscrito entre las
partes, a usted… 2. Las obras contratadas se encuentran
debidamente terminadas, no obstante algunas deben ser objeto
de garantías… 4. De acuerdo a inventario realizado, se acordó
por parte de nuestra compañía llevar a cabo las reparaciones
del caso… nuestra empresa seguirá con el compromiso de
adelantar las reparaciones, con las debidas garantías
(negrilla fuera de texto, folios 540 a 542 del archivo digital CDNO
PPAL TM 2.pdf).
6.3.2.5. Los razonamientos anteriores abren el paso a la
pretensión revérsica enarbolada por Edificio Málaga S.A.S.
pues, al margen de la solidaridad existente entre el productor
y proveedor frente al consumidor, esto no impide que aquélla
pueda repetir frente al directamente obligado, en aplicación de
los artículos 1579 y 1668 del Código Civil.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
117
Refiriéndose a estos preceptos, in extenso, la
jurisprudencia tiene definido:
La solidaridad es aquella característica de la obligación en la cual
uno o varios de los extremos del negocio está conformado por
diversas personas y que impide el fraccionamiento de la prestación,
a pesar de ser viable (art. 1568 Código Civil), en razón a que su
principal propósito es conminar a cualquiera de los integrantes de
esa parte plural a cumplir la totalidad de la prestación, desde el
punto de vista del deudor (art. 1571), o exigirla, si del acreedor se
trata (art. 1570).
Tal peculiaridad, entre otras connotaciones, culmina por renuncia
del acreedor (art. 1574 ibídem); por causa de muerte de un deudor
pero sólo en relación con este, no respecto de todos los deudores (art.
1580); y por el pago del débito (arts. 1626 y 1627).
Esta última modalidad de satisfacción puede ser ejecutada no sólo
por los obligados, también por un tercero, ya sea sin consentimiento
de aquellos o incluso contra su voluntad. En la primera eventualidad
ese tercero sólo tendrá acción de reembolso frente a los deudores,
sin subrogarse en los derechos del acreedor (art. 1631 C.C.),
mientras que en la segunda carecerá de la prerrogativa a la
devolución, a menos que el acreedor le ceda su acción (art. 1632).
Cuando el pago lo consuma uno de los deudores solidarios su
principal secuela es la extinción de la deuda y, por contera, la
aniquilación de la solidaridad pasiva, en tanto sólo tenía
repercusión en relación con el accipiens, no respecto de los deudores
entre sí.
Es decir, el cumplimiento total de la prestación a favor del acreedor
por uno de los deudores solidarios disipa tal solidaridad, radicada
hasta entonces en hombros de todos los deudores, en razón a que a
estos ya nada los ligará con aquel.
No obstante, tal cual se desprende del numeral 3° del artículo 1668
ejusdem, a favor «del que paga una deuda a que se halla obligado
solidaria o subsidiariamente» opera la subrogación legal, aun contra
la voluntad del acreedor…
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
118
De allí que, en concordancia con el numeral 3° del artículo 1668
mencionado, el inciso inicial de la regla 1579 de la compilación legal
en cita prevé que «[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la
ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda
subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y
seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores
a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.» (Resaltado
impropio).
Traduce lo expuesto que el pago realizado por uno de los deudores
solidarios a favor del acreedor inicial trae consigo una nueva
obligación, pero sólo entre quienes conformaban el extremo pasivo
de la primera prestación, esta vez conjunta, es decir la que tiene por
objeto una cosa divisible y existe a cargo de dos o más deudores o
a favor de dos o más acreedores, en forma tal que cada deudor sea
solamente obligado a su cuota o parte en la deuda y que cada
acreedor apenas pueda pedir su parte o cuota en el crédito (art. 1568
y 1583) (SC5107, 15 dic. 2021, rad. n.° 2015-00707-01)
Por ende, como Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S. es la obligada a solucionar las
garantías legales formuladas por la copropiedad, las cuales se
comprometió a realizar de forma expresa, descuella que su
interés frente a la obligación solidaria equivale a un 100%, por
lo que cualquier pago que realice Edificio Málaga S.A.S., en
razón de aquéllas, le permitirá subrogarse para reclamar su
satisfacción de aquél.
Máxime por cuanto en el plenario no reposan pruebas
que permitan colegir que los defectos constructivos son fruto
de problemas de diseño o deficiencias de los estudios técnicos,
que permitan atribuir la responsabilidad a un tercero.
6.3.2.6. En resumen, Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S. deberá mantener indemne a Edificio
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
119
Málaga S.A.S., como consecuencia de la garantía legal de la
construcción Torres de Málaga P.H., para lo cual ésta se
subrogará en el cobro de cualquier valor que deba efectuar en
cumplimiento de ésta.
6.4. Determinación de la condena a imponer.
6.4.1. Recuérdese que, en la sentencia del Tribunal, se
impusieron las siguientes condenas:
Segundo.- Declarar que Abento S.A.S., Edificio Málaga S.A.S. y
Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., incumplieron la
obligación de garantizar la calidad e idoneidad de los bienes
comunes (esenciales y no esenciales) del Edificio Torres de Málaga
P.H. y, por lo tanto, son solidariamente responsables por la
efectividad de la garantía de dichos bienes.
Tercero.- En consecuencia, disponer que a título de efectividad de la
garantía, Abento S.A.S., Edificio Málaga S.A.S. y Proyectos y
Promociones Iberoamericanas S.A.S., dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, realicen de manera
armónica y coordinada las gestiones de intervención de los bienes
comunes del Edificio Torres de Málaga P.H., para conjurar las
grietas en las losas o placas del semisótano y el sótano; las
anomalías en los sistemas de ascensores y desagüe, y las falencias
de permeabilización (filtraciones, inundaciones, aguas apozadas y
fallas en bajantes de aguas lluvias) del sótano, el semisótano, las
escaleras, el salón social, el gimnasio, el área adyacente a la
piscina, la sala de juegos, el parqueadero de visitantes, la azotea y
los ventanales.
6.4.2. Sin embargo, por fuerza de la casación parcial del
veredicto y de las consideraciones realizadas en la presente
sentencia sustitutiva, las demandadas no podrán ser
condenadas a la garantía legal en materia de ascensores -por
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
120
fuerza de la culpa de un tercero-, estructura y bordes de la
piscina -por cumplimiento-, impermeabilización de parque
infantil y piscina -por cumplimiento-, y fallas de
impermeabilización en el salón social, gimnasio, área
adyacente a la piscina, sala de juegos y azotea -por ausencia
de agotamiento del requerimiento directo-.
Así se reconocerá en el acápite resolutivo de esta
providencia.
6.5. Tasación de la multa consagrada en el numeral
10 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011.
6.5.1. Como se señaló al momento de la casación, la
multa impuesta por el ad quem se fundó en la sumatoria de
conductas que transgredieron el derecho de consumo, por lo
que ante la revocatoria de varias de ellas se impone su nueva
cuantificación.
6.5.2. Para estos fines se tendrá en consideración que los
defectos en materia de calidad de las losas de concreto de los
parqueaderos, así como las filtraciones y defectos de desagües,
persistieron por un elongado tiempo, circunstancia que
demuestra la existencia del factor de agravación.
Deviene inexorable la imposición de una multa por
treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a las demandadas, que corresponde a la
mitad del valor que en el fallo criticado se señaló.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
121
7. Acotación final de la apelación.
7.1. La sentencia de reemplazo, con un alcance
eminentemente parcial, modificará las determinaciones del
Tribunal, en los asuntos tocantes al contenido de la garantía
legal y a la multa prevista en el numeral 10 del artículo 58 de
la ley 1480 de 2011, así como para resolver el llamamiento en
garantía.
En todo lo demás la providencia se mantendrá incólume,
por permanecer intangible ante la ausencia de prosperidad de
la casación en otras materias.
7.2. Acorde con el numeral 4° del artículo 366 del Código
General del Proceso, como en la apelación se accedió a las
súplicas de la demandante se condenará en costas en favor de
Edificio Torres de Málaga P.H. Sin embargo, como la
prosperidad de las súplicas fue parcial, a consecuencia de las
excepciones propuestas por las convocadas, la condena se
limitará al sesenta por ciento (60%) con base en el numeral 5°
ídem.
Las costas de primera instancia serán sufragadas por
Edificio Málaga S.A.S. y Abento S.A.S., y las de segunda por
éstas en conjunto con Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S., en aplicación del numeral 6°
ejusdem, por cuanto la llamada en garantía concurrió al
proceso en segunda instancia.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
122
Las agencias en derecho se tasarán, según el numeral 3
del artículo 366 ibidem y las tarifas establecidas por el Consejo
Superior de la Judicatura.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la
sentencia del 14 de noviembre de 2018 proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,
dentro del proceso que en su contra promovió Edificio Torres
de Málaga P.H., y al cual se llamó en garantía a Proyectos y
Promociones Iberoamericanas S.A.S., y en sede de instancia,
resuelve:
Primero. Modificar el resuelve primero del acápite
resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el
siguiente sentido:
Primero.- Declarar probadas las excepciones de mérito propuestas
por las demandadas intituladas «inexistencia del derecho por
cumplimiento de la norma vigente», «responsabilidad de otro», y
«prescripción y/o caducidad». Las demás son denegadas.
Segundo. Modificar el resuelve tercero del acápite
resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el
siguiente sentido:
Tercero.- En consecuencia, disponer que a título de efectividad de la
garantía, Abento S.A.S., Edificio Málaga S.A.S. y Proyectos y
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
123
Promociones Iberoamericanas S.A.S., dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, realicen de manera
armónica y coordinada las gestiones de intervención de los bienes
comunes del Edificio Torres de Málaga P.H., para conjurar las
grietas en las losas o placas del semisótano y el sótano; las
anomalías en el sistema de desagüe, y las falencias de
permeabilización (filtraciones, inundaciones, aguas apozadas y
fallas en bajantes de aguas lluvias) del sótano, el semisótano, las
escaleras, el parqueadero de visitantes y los ventanales.
Tercero. Modificar el resuelve quinto del acápite
resolutivo de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el
siguiente sentido:
Quinto.- Condenar solidariamente a Abento S.A.S., Edificio Málaga
S.A.S. y Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S., a pagar a
favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma
equivalente a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por
concepto de la multa prevista en el numeral 10 del artículo 58 de la
ley 1480 de 2011.
Cuarto. Modificar el resuelve sexto del acápite resolutivo
de la sentencia del 14 de noviembre de 2018, en el siguiente
sentido:
Sexto.- Costas de primera instancia a cargo de las demandadas en
un 60% en favor de la demandante. Costas de segunda instancia a
cargo de las demandadas y de la llamada en garantía en un 60%
en favor de la demandante. Liquídense de conformidad con el
artículo 366 del Código General del Proceso, incluyendo como
agencias en derecho de segundo grado la suma de $6'000.000, las
cuales son fijadas por el magistrado ponente.
Quinto. Adicionar el acápite resolutivo de la sentencia
del 14 de noviembre de 2018, con los siguientes resuelves:
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
124
Octavo.- Declarar que Proyectos y Promociones Iberoamericanas
S.A.S. es obligado a mantener indemne a Edificio Málaga S.A.S. por
las erogaciones en que deba incurrir en razón de la satisfacción de
la garantía legal en favor de Edificio Torres de Málaga P.H.
Noveno.- En caso de que Edificio Málaga S.A.S. deba realizar alguna
erogación por el cumplimiento de la garantía legal en favor de
Edificio Torres de Málaga P.H., se subrogará como acreedor por este
valor frente a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S.
Sexto. Sin costas en casación.
Oportunamente devuélvase el expediente a la
corporación de origen.
Notifíquese
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Aclaración de voto
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Aclaración de voto
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
En comisión de servicios
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Firma con aclaración de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Firma con aclaración de voto
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Firma con aclaración de voto
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: AAB6D3EB80BC20581F9BB6C4A2DE7058F385A254A9CDDB12805A3346F8456904
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ACLARACIÓN DE VOTO
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
Con el acostumbrado respeto me permito aclarar mi
voto, específicamente en lo que concierne con el numeral 3º
del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, toda vez que en el
numeral 6.2.2.6. de la sentencia objeto de aclaración se
indicó que las controversias atinentes a la satisfacción de la
garantía legal, pueden ventilarse a través de una acción
judicial que, bajo los apremios del numeral 3º del artículo 58
ejusdem, debe promoverse, a más tardar, dentro del año
siguiente a la expiración de la garantía.
Siguiendo tal derrotero, se concluyó que, si bien «se
impuso de esta forma un término para la proposición de la reclamación
jurisdiccional, so pena de que se extinga la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional para lograr la satisfacción de la garantía legal», el
plazo al que allí se hizo referencia corresponde al de
prescripción; tesis que se pretendió afianzar con lo dispuesto
en el numeral 6º del artículo 58 ídem que, en lo pertinente,
consagra: «La Superintendencia de Industria y Comercio adelantará
las gestiones pertinentes para individualizar y vincular al proveedor o
productor. Si transcurridos dos meses desde la interposición de la
demanda, y habiéndose realizado las gestiones pertinentes, no es
posible su individualización y vinculación, se archivará el
proceso, sin perjuicio de que el demandante pueda presentar,
antes de que opere la prescripción de la acción, una nueva
demanda con los requisitos establecidos en la presente ley y además
deberá contener información nueva sobre la identidad del productor y/o
expendedor» (resaltado intencional).
Estimo que la limitante temporal que allí se impone
2
para la interposición de la respectiva acción, no tiene
connotación diferente a la de una típica caducidad, pues fue
el mismo legislador quien expresamente imposibilitó su
ejercicio con posterioridad al año siguiente a la expiración de
la garantía, al utilizar la expresión «a más tardar» como
imperativo categórico.
Entonces, al referirse al término contemplado en el
numeral 3º como de prescripción y no de caducidad, no solo
se desconoce la naturaleza jurídica de cada institución, sino
que, además, se elimina la facultad de que el juez la declare
ex officio de encontrarla configurada, dejándola solo al arbitrio
de los convocados para que la invoquen como mecanismo
exceptivo.
Aunque el numeral 3º del artículo 58 de la Ley 1480 de
2011, estableció un término definido para instaurar la
respectiva demanda con el objetivo de satisfacer la garantía
legal, nótese que en ningún momento lo calificó como
prescripción o caducidad; por lo tanto, como su adecuación
a una u otra figura quedó sujeta a la interpretación de cada
fallador, no existe un criterio uniforme sobre la materia. Sin
embargo, para superar ese escollo, es necesario indagar
sobre el origen y los principios de derecho que pueden
orientar el estudio y final discernimiento de tal ambivalencia.
Uno de esos principios que se erige como fundamental
[por su respaldo constitucional1], es el de la seguridad
1 Corte Constitucional. SU072-18. «La Corte ha explicado que la seguridad jurídica
implica que “en la interpretación y aplicación del derecho es una condición necesaria
de la realización de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de
los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán
identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite”.
3
jurídica, cuya aplicación y protección implican un
acatamiento estricto para mantener el orden social y la
estabilidad tanto de las relaciones como de las obligaciones
que contraen los ciudadanos dentro de un Estado Social de
Derecho.
Así las cosas, cabe recordar que, de un lado, la
prescripción es una institución en virtud de la cual, por el
transcurso del tiempo, se consolidan situaciones de hecho,
se extinguen derechos o se adquieran cosas ajenas, y del
otro, la caducidad consiste en limitar en el tiempo el derecho
que tiene una persona para acudir ante la jurisdicción a
elevar un reclamo; por ende, «la caducidad no concede derechos
subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés
general (…) impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando se ha
configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una
figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se
verifique su ocurrencia»2.
Entonces, en lo pertinente, la finalidad de la
prescripción es la extinción de un derecho, al presumirse que
su titular lo ha abandonado, en tanto que la de la caducidad
es preestablecer, a través de la ley, el tiempo dentro del cual
el derecho puede exigirse.
En la prescripción se tiene en cuenta una razón
subjetiva, que es la presunta negligencia o desinterés por
parte del titular del derecho, mientras que en la caducidad
se verifica únicamente un hecho objetivo como lo es el no
ejercicio.
2 Corte Constitucional. C832-01.
4
En ese orden, ambas instituciones distan
sustancialmente entre ellas, debiendo añadirse otro aspecto
de vital importancia, cual es que, para el caso de la
prescripción, como el interesado es quien debe alegarla [al
ser subjetiva] puede operar su interrupción o renuncia; a
contrario sensu, la caducidad no contempla ninguno de esos
atributos, ya que su plazo extintivo es perentorio e
improrrogable; por lo tanto, una vez sobreviene el lapso
requerido, su efecto es automático frente a propios y
extraños.
Establecida la naturaleza y finalidad de cada figura se
concluye, sin lugar a duda, que si el numeral 3º del artículo
58 de la ley 1480 de 2011, contiene la expresión «Las
demandas para efectividad de garantía, deberán presentarse a
más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la
garantía y las controversias netamente contractuales, a más tardar
dentro del año siguiente a la
terminación del contrato
» (resaltado ajeno),
su espíritu claramente alude a la institución de la caducidad,
al fijar un plazo extintivo para que el consumidor acuda ante
la jurisdicción con el objetivo de hacer valer la garantía a su
favor.
Ese límite, contemplado en la ley, no busca extinguir los
derechos del consumidor sino, únicamente, evitar que ejerza
acciones ulteriores, en caso de no haber impetrado la
demanda dentro de la anualidad siguiente al vencimiento de
la garantía.
Es más, basta con citar como ejemplo el artículo 1954
del Código Civil para entender que, a pesar de que se omitió
5
calificar la expiración de la acción rescisoria como una
caducidad, al revisar su contenido emerge diáfano que se
contrae a esa institución en la forma en que se redactó: «La
acción rescisoria por lesión enorme expira en cuatro años, contados
desde la fecha de contrato»; por ende, la lectura del intérprete
debe consultar siempre el espíritu de la norma para conocer
el verdadero significado que se le quiso atribuir ab initio.
El análisis que acaba de reseñarse lo efectuó esta
misma Corte, al señalar:
Se ha entendido que dicho término extintivo es de
caducidad no de prescripción, como lo ha señalado la Sala en
sentencia SC, 23 sep. 2002, exp. 6054, en la que puntualizó:
«Examinado al tamiz de las consideraciones precedentes el artículo
1954 del Código Civil, conforme al cual ‘[l]a acción rescisoria por
lesión enorme expira en cuatro años, contados desde la fecha del
contrato’, se tiene, en primer lugar, que el legislador se abstuvo
de calificar expresamente la naturaleza de ese plazo,
omisión que además de generar cierto desconcierto, torna
imperioso para el intérprete determinarla; en segundo lugar,
que del mismo se ha predicado inveterada y uniformemente, que
comporta una de las condiciones de prosperidad de la pretensión
rescisoria derivada de la lesión enorme, o sea, que uno de los
requisitos esenciales de dicha acción estriba, justamente,
en que la misma debe ejercitarse en el anotado lapso (XCV,
pág. 771; sentencias del 16 de julio de 1993, y del 29 de
noviembre de 1999, entre otras); igualmente, como más adelante
se verá, que ese lapso obedece a la necesidad de dotar de
certidumbre y firmeza los negocios jurídicos» (CSJ. SC1681-2019)
(resaltado intencional).
En ese orden, después de analizar lo expuesto en dicha
providencia y contrastarla con este caso, se llega a dos
conclusiones fundamentales, de un lado, que el apelativo de
caducidad de una norma no necesariamente debe estar
plasmado en el cuerpo del texto, por lo que resulta necesario
6
examinarlo íntegramente para entender el alcance que se
pretendió dar desde su génesis, y del otro, que la caducidad
impone la obligación de accionar dentro de un lapso
determinado, so pena de cercenarle esa oportunidad al
interesado.
Como los dos requisitos que se acaban de mencionar
convergen a plenitud en el numeral 3º del artículo 58 de la
Ley 1480 de 2011, se puede afirmar que, de la manera en
que se consagró, dicho canon obedece a la caducidad de la
acción.
Con ese panorama, aunque es cierto que en el numeral
6º ejusdem pareciera entenderse que el asunto versara
acerca de una prescripción, no lo es menos que la utilización
de tal figura corresponde a una imprecisión legislativa al
momento de redactar el Estatuto del Consumidor, ya que no
escapa a la realidad que se trata de una caducidad.
Nótese que en el citado numeral 6º se indica que: «(…) Si
transcurridos dos meses desde la interposición de la demanda, y
habiéndose realizado las gestiones pertinentes, no es posible su
individualización y vinculación, se archivará el proceso, sin perjuicio
de que el demandante pueda presentar, antes de que opere la
prescripción de la acción, una nueva demanda con los requisitos
establecidos en la presente ley y además deberá contener información
nueva sobre la identidad del productor y/o expendedor» (negrilla ajena);
por ende, a pesar de que es incontestable el hecho de que allí
se empleó ese término de prescripción, el estudio armónico y
sistemático del artículo 58 in extenso, impide que se asuma
que esa fue la auténtica voluntad de su redactor, pues lo que
7
se estableció fue un límite temporal para ejercer una acción;
es decir, un plazo de caducidad.
Sentada esa postura debo agregar que, si bien nuestro
ordenamiento legal busca garantizar el principio pro
consumatore como fuente de este tipo de relaciones jurídicas,
su aplicación no puede ser irrestricta ante la presencia de
normas de carácter procesal, ya que no pueden desconocerse
con el argumento de salvaguardar un interés superior.
Todo lo contrario, amparar y afianzar dichas normas
procesales permite la consolidación de los fines generales del
Estado, al darle consistencia a cánones que son orden
público y de obligatorio cumplimiento.
Aunado a lo expuesto, no puede olvidarse que ese
principio de favorabilidad en la aplicación de las normas no
es absoluto, ya que el laborío del juez no puede escapar a la
órbita de elección de quien eleva la respectiva solicitud; por
ende, resulta inviable aplicar los efectos de una acción
distinta de la que se hizo uso ab initio, so pretexto de
beneficiar a la parte «más vulnerable», cuando el nuevo canon
que se pretenda introducir corresponda a una materia
distinta de la que empleó el quejoso.
De suerte que, verbi gratia, si dentro de una relación de
consumo el interesado presenta una demanda con el objetivo
de buscar la satisfacción de la garantía legal, bajo el amparo
de las normativas propias del Estatuto del Consumidor, el
juez de conocimiento debe someterse a ese marco jurídico y
no extenderse a otro diferente, pues tendría vedada la
8
aplicación de disposiciones contempladas en otros
ordenamientos, como sucedería, por ejemplo, frente a las
acciones resolutorias o de cumplimiento con indemnización
de perjuicios previstas en el Código Civil, las cuales regulan
finalidades similares a las de garantía.
Esa distinción reviste aún mayor importancia al tener
en cuenta que, para casos específicos, los términos de
prescripción y caducidad de las acciones consagradas en el
mencionado Estatuto son disímiles de las contenidas en la
referida codificación sustancial; por ende, no pueden
confundirse entre ellas, ni siquiera con el pretexto de la
favorabilidad.
En los anteriores términos dejo fundamentada mi
aclaración de voto.
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Martha Patricia Guzmán Álvarez
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1
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
ACLARACION DE VOTO
Aunque comparto la decisión adoptada por la Sala,
respetuosamente me permito ACLARAR mi voto, con el
propósito de separarme de la pauta que se insertó en el
numeral 6.2.2.6. del fallo, y que reza:
«Cuando existan normas que consagren términos para accionar
diferentes a los señalados en el numeral 3° del artículo 58 de la ley
1480 de 2011, bien de prescripción o de caducidad, deberá
aplicarse el que resulte más benévolo para los consumidores,
sin que sea dable acudir a criterios como la especialidad o
temporalidad para arribar a una conclusión diferente, por el carácter
imperativo y de orden público del estándar favor consumitoris».
Preliminarmente, debo señalar que ese criterio
interpretativo no reporta utilidad para resolver el caso sub
lite, porque –como lo reconoció la propia Sala– «el punto en
discusión no es la oportunidad con la cual se promovió la
reclamación judicial después de desvelados los vicios en la copropiedad
y su comunicación a las demandadas, sino la existencia del
requerimiento por escrito para comunicar los problemas constructivos a
Torres de Málaga S.A.S.». En ese orden, como la controversia no
tenía relación alguna con la prescripción, no parece existir
justificación para que se hubiera incluido en esta providencia
–a manera de subregla jurisprudencial– la propuesta
hermenéutica de la que me aparto.
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
2
A lo anterior cabe añadir que, en mi respetuosa opinión,
la referida solución dista mucho de ser conducente; por el
contrario, le resta efectos a la elección, por parte del
convocante, del canal procesal institucional por el que desea
encauzar sus pretensiones, y lo que es más grave, vacía de
contenido el artículo 58-3 de la Ley 1480 de 2010, generando
con ello gran inseguridad jurídica. En sustento de este
planteamiento, téngase en cuenta lo siguiente:
(i) En el pasado, particularmente en el período clásico
del derecho romano, la idea de acción subsumía varios
elementos propios de la noción moderna de derecho
sustancial. Actualmente, existe amplio consenso sobre la
necesidad de reconocer a la acción como un derecho público,
subjetivo, anterior al proceso, indeterminado pero
determinable, abstracto, de orden constitucional, y autónomo
del proceso, la pretensión, la sentencia y el derecho sustancial
cuya protección o reparación reclama el demandante de las
autoridades jurisdiccionales.
No obstante, es común que se emplee la expresión acción
como elemento de múltiples clasificaciones formales. Para
ejemplificar esa situación, piénsese en el caso del comprador,
que habiendo satisfecho las obligaciones a su cargo, no recibe
el bien que adquirió en el lugar y tiempo convenidos; en ese
caso, el artículo 1546 del Código Civil instituye en su favor,
como contratante cumplido, una acción resolutoria, para
deshacer el negocio, y una acción de cumplimiento, para que
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
3
su contraparte lleve a cabo la entrega pendiente, en ambos
casos con indemnización de perjuicios.
Con similar orientación, podría sostenerse que el
comprador cumplido está facultado para demandar el
cumplimiento del contrato por la senda declarativa, pero
también por la ejecutiva, siempre que la obligación de entrega
conste en un documento que provenga del vendedor, y cumpla
el lleno de requisitos del artículo 422 del Código General del
Proceso. En estos eventos, podrá usarse en otro sentido la
expresión acción, diciendo que el derecho sustancial del
contratante cumplido lo habilita para el ejercicio de una acción
ordinaria y una acción ejecutiva, según sea el caso.
(ii) Aunque la polisemia de la palabra acción ha sido
útil para establecer distintos tipos de pretensiones y
procedimientos, lo cierto es que, en la práctica, su uso
indiscriminado genera múltiples dificultades y retos. Uno de
esos retos, precisamente, tiene que ver con los términos de
prescripción y caducidad, que suelen estar atados a una
acción en concreto, a pesar de que la vulneración de un
derecho sustancial puede dar lugar al ejercicio de múltiples
acciones, que a su vez pueden tener términos prescriptivos o
de caducidad diversos.
A modo de ejemplo, piénsese en la situación del
contratante referido en el ordinal precedente, pero
caracterizado ahora como un consumidor, que adquirió un
vehículo para su uso personal en el distribuidor de una marca
reconocida. La falta de entrega oportuna del rodante que
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
4
adquirió –y pagó– el consumidor, lo habilita para ejercer contra
el distribuidor la acción resolutoria y la de cumplimiento,
previstas ambas el artículo 1546 del Código Civil, pero
también la acción de protección al consumidor, por
incumplimiento de la garantía legal de entrega oportuna.
(iii) Ocurre, sin embargo, que las acciones ordinarias,
como la resolutoria, prescriben en diez años, conforme la regla
general del artículo 2536 del Código Civil. Y como este término
es más amplio, o «más benévolo para el consumidor», en palabras
de la Corte, que el que prevé el artículo 58-3 de Ley 1480 de
2010, fuerza colegir que la tesis de la favorabilidad de la que
me aparto implica hacer prevalecer el lapso de prescripción
decenal por sobre el anual especial, aun a pesar de que el actor
hubiera elegido encauzar sus reclamos de justicia a través de
la acción de protección al consumidor.
Ese mismo resultado puede ocurrir con todas –o, por lo
menos, casi todas– las controversias a las que se refiere
aquella norma (el artículo 58-3), es decir, «las demandas para
efectividad de garantía (...) y las controversias netamente contractuales»,
pues siempre será viable teorizar que el derecho sustancial del
consumidor pudo reconducirse a través de una acción distinta
a la de protección al consumidor (la ordinaria, la ejecutiva, las
acciones derivadas del contrato de seguro, etc.), y estas, por
regla, tienen plazos de prescripción superiores a un año.
Y teniendo que preferirse el plazo más amplio, es forzoso
concluir que la postura que se defiende en el fallo objeto de
estas líneas conlleva la derogatoria tácita de una norma de
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
5
orden público, efecto que no comparto, y que no parece haber
sido considerado al momento de proponer la solución que se
explica en el numeral 6.2.2.6. de esta sentencia.
Las razones expuestas fundamentan mi aclaración de
voto, con comedida reiteración de mi respeto por la Sala de
Casación Civil.
Fecha ut supra,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Luis Alonso Rico Puerta
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ACLARACIÓN DE VOTO
MAGISTRADA HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
En el asunto de la referencia, aunque estoy de acuerdo con la
decisión tomada y con privilegiar el contenido de una excepción
frente a su titulación, con el respeto debido por las decisiones de la
mayoría considero mi deber aclarar mi voto en tanto no comparto
algunas de las afirmaciones contenidas en su parte motiva.
Son aquellas las relacionadas con que el lapso consagrado en
el numeral 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para la presentación
de las demandas en acciones de protección al consumidor hubiera
sido “estimado por el legislador como de prescripción, según el
inciso segundo del numeral 6 del art. 58” de la ley citada ni tampoco
que “la posibilidad de accionar para obtener la efectividad de la
garantía legal...prescribe extintivamente” por la “falta de
proposición oportuna de la demanda judicial”.
Lo anterior porque conforme al marco normativo que regula
presente acción - Ley 1480 de 2011-, indudable resulta que, “el
derecho a la reclamación” establecido por la Ley en favor de los
consumidores, que les permite “tener acceso a las autoridades
judiciales o administrativas (…)” con el propósito frente al
proveedor, productor o prestador, o prestador, de “obtener
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
reparación integral oportuna y adecuada de todos los daños
sufridos” debe ser ejercido en los términos que la Ley 1480 de 2011
prevé.
La normatividad citada en el Tít. VIII contempla los “Aspectos
procedimentales e Institucionalidad” ante “las autoridades
judiciales” mediante el ejercicio de las “acciones jurisdiccionales”.
Una de estas corresponde a la de “protección al consumidor
mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan
como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por
la violación directa de las normas sobre protección (…); los orientados
a que se haga efectiva una garantía;(…)” - art. 56.3 ib.-, para la cual
conforme al procedimiento regulado para estas acciones por el art.
58.3, la demanda “para efectividad de la garantía” deberá
presentarse “a más tardar dentro del año siguiente a la expiración
de la garantía”, sin identificar esta norma ese lapso como de
prescripción o de caducidad, lo que impone el análisis pertinente,
en orden a lo cual encuentro que:
a) Según la doctrina el término acción puede ser entendido en
sentido material o en sentido procesal. En el primero se usa “para
identificar el derecho material que se quiere proteger, seguido a veces
del nombre de ese derecho y otros calificativos que en el derecho civil
o comercial tienen su significado consagrado; así, se habla de acción
de estado civil, de filiación natural, de perjuicios contractuales o
extracontractuales, de resolución o rescisión de contratos, (…) de
simulación, etc., y de acción reivindicatoria, posesoria (…)
restitutoria, (…) etc.; pero se trata de calificar los respectivos
derechos sustanciales. Se usa igualmente para distinguir la clase de
bien o derecho subjetivo material, cuando se habla de acción real o
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
personal o mixta, o mueble o inmueble (…) pero es el bien o el derecho
sustancial lo que tiene esa calidad jurídica (…)”1
b) Partiendo de los dos sentidos expuestos, entiendo que el
término de acciones jurisdiccionales contenido en el Tít. VIII, C p.
I arts. 56 a 58 de la Ley 1480 de 2011 corresponde al de noción
procesal de acción, cuyo ejercicio se realiza mediante la demanda,
sentido conforme al cual “es un derecho subjetivo público y cívico a
la obtención de una sentencia mediante un proceso (…) se contempla
solo el objeto y fin de la acción como acto jurídico procesal; la
actividad jurisdiccional que se pone en movimiento para obtener la
sentencia (…)”2
c) La demanda es el medio para ejercitar la acción sin que
pueda confundirse esta con aquella. No porque como acto de
introducción procesal contiene la pretensión que a su vez se
diferencia de la acción para cuyo ejercicio válido de este derecho
subjetivo por el actor, uno de los requisitos o “condiciones para que
el Juez oiga la petición que se le formule para iniciar un proceso”3 lo
constituye la no caducidad de la acción.
d) Jurisprudencialmente se tiene establecido que “(…) la
prescripción, extingue derechos sustanciales en sí mismos
considerados (…) la caducidad (…) claustra la oportunidad de
reconocimiento de dichos derechos en juicio...”4 lo que significa que
1 Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I: Teoría General del
Proceso, Edit. ABC Bogotá, 1972, pág. 160.
2Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I: Teoría General del
Proceso, Edit. ABC Bogotá, 1972, pág. 160.
3 Ob. Cit. Pág. 230
4 C.S.J. Sent. 29 de octubre de 1979 (exp. 731). Ob. Cit. Pág. 230
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
prescribe el derecho material y, caduca la acción cuando su
ejercicio en proceso especial está sujeto a un término.
Con relación al factor tiempo, en la primera operan razones de
índole subjetiva, mientras que en la segunda “el no ejercicio del
derecho en un tiempo preestablecido indica sin más, su extinción”5;
es decir, “la caducidad extingue el derecho y, por ende, la acción por
el simple paso del tiempo, al no hacerse valer dentro del plazo legal
perentorio, esto es, basta el dato objetivo del transcurso del último
día del término para generar el efecto jurídico consecuencial de la
pérdida ex tunc. O, en otras palabras, la extinción del derecho por el
transcurso del plazo para su ejercicio implica la extinción de la
acción”6.
Al respecto también ha considerado la jurisprudencia
nacional, de vieja data, pero vigente aún, que
“la institución de esta clase de términos en la ley ha sido
abundantemente estudiada por los científicos como un sistema
particular de extinción de las acciones y derechos independientemente
de las regulaciones que el derecho común consagra por medio de la
figura jurídica de la prescripción extintiva (…) Como la prescripción es
un modo de extinguir las acciones civiles por el transcurso del tiempo –
según las palabras del código- ha sido frecuente entender que toda
extinción de acciones por esa causa se considera un fenómeno de
prescripción y le sean aplicables las reglas que a esta gobiernan. Pero
es obvio que existe aquí una confusión entre dos órdenes de
instituciones jurídicas de características esenciales bien diferenciadas
(…) En efecto, al lado de la prescripción liberatoria, como medio de
extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún tiempo y
5 Hinestrosa, Fernando. La prescripción extintiva. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, agosto de 2000, pág. 235
6 C.S.J. Cas. Civ. 28 de abril de 2011, exp. 0042005-00054 M.P. William Namén.
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
con mayores o menores reservas por los tribunales de justicia el de la
caducidad o término perentorio, el cual puede producir –es verdad- los
mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su
régimen en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los
que integran aquella figura jurídica (…) si la caducidad es la extinción
del derecho o la acción por cualquier causa –como el transcurso del
tiempo- muy clara resulta su diferencia con la prescripción extintiva (…)
se comprende bien la diferencia teórica que media entre las dos
instituciones si se observa el fundamento filosófico – jurídico que explica
la prescripción, o sea el abandono, la negligencia en el titular del
derecho o la acción, en una palabra el ánimo real o presunto de no
ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa razón de índole subjetiva
no se tiene en cuenta, pues basta para que el fenómeno se produzca el
hecho objetivo de que en la ley o en un negocio jurídico se prefije un
plazo –realización de un acto o ejercicio de la acción judicial para que el
interesado no pueda obrar últimamente si deja que transcurra sin haber
hecho uso de él”7.
e) Si la demanda es el instrumento para ejercitar la acción
jurisdiccional de protección al consumidor, acción en sentido
procesal y además especial que debe ser ejercida por disposición
legal imperativa, como se infiere de la locución “deberán
presentarse”, “a más tardar dentro del año siguiente a que el
consumidor tenga conocimiento de los hechos (…)” o cuando se trate
de asuntos netamente contractuales “a más tardar dentro del año
siguiente a la
terminación del contrato
”, ha de entenderse que aquel
corresponde a caducidad por tratarse de acción cuya desatención
de este plazo legal conlleva a la decadencia del referido “derecho a
la reclamación” establecido por la ley en favor de los consumidores
por el art. 3.15 Ley 1480 de 2011.
Al efecto, considera la jurisprudencia que
7SNG, 1º de octubre de 1946, LXI. Pág. 588 y s.s. Cita en Hinestrosa Fernando. La
prescripción extintiva ya citada
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
“(…) las incontestables razones de orden público en las cuales se funda la
caducidad atañen a la seguridad, certeza, regularidad o firmeza de las
relaciones jurídicas, así como a prístinos deberes imperantes en el tráfico
jurídico de lealtad, corrección, probidad, claridad y sagacidad exigibles a
los sujetos en el ejercicio de sus derechos. Por esta inteligencia, la
caducidad puede y debe declararse exoficio por el juzgador o, a solicitud
de parte, pero en todo caso, su efecto se produce por disposición legal sin
requerir declaración alguna (…)”8.
f) Por todo lo precedente, no tratándose de la extinción de un
derecho material, sino del ejercicio de la acción que conlleva
igualmente la del derecho, sin que pueda confundirse éste con
aquella, identifico como de caducidad y no de prescripción, el plazo
consagrado en el núm. 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para
presentar la demanda en acciones jurisdiccionales de protección al
consumidor, lo que impone su reconocimiento oficioso o a solicitud
de parte como se deriva igualmente de lo dispuesto por los arts. 90,
280 inc. 2º, 281 inc. 1º y 282 del C.G.P., aplicables en la forma que
señala el art. 40 de la Ley 153 de 1887.
La conclusión anterior no se altera bajo los supuestos de la
referencia a la prescripción contenida en el numeral 6º del art. 58
de la Ley 1480 de 2011, ni al de interpretación favorable al
consumidor establecido por el art. 4º de la ley citada. No porque (i)
la naturaleza de estas dos instituciones y el interés que las
diferencia - público de certeza jurídica para la caducidad y sentido
privado para la prescripción9- impide, bajo la circunstancia de su
difícil diferenciación en un caso concreto cuando la ley solo señala
el término extintivo sin calificar si se trata de una u otra, traslapar
la consagrada expresamente a la que no lo está; y, (ii) no se trata
8 CSJ. Cas. Civ. Sent. 28 de abril de 2011 ya citada
9 Hinestrosa Fernando. La prescripción extintiva. Pág. 242 ob. Citada
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
de normas contrapuestas, ni perjudiciales para el consumidor o
usuario sino de preceptos procesales también de orden público
establecidos en igualdad de condiciones y de obligatorio
cumplimiento para particulares y funcionarios -arts. 4, 7, 11, 13
CGP y 40 ley 153 de 1887-.
Se adiciona que mientras la prescripción se justifica en interés
particular, la caducidad lo es en el general. Al respecto considera
la doctrina que “(…) ‘la justificación más plausible de la disciplina en materia
de prescripción no radica, a diferencia de la caducidad, en la exigencia de
‘certeza’ jurídica pública o privada en el ejercicio del derecho ajeno, sino en la
necesidad de evitar que el patrimonio de un particular se encuentre sometido
indefinidamente a las pretensiones del titular de un derecho’ -P. Trimarchi.
Prescrizione e decadenza-, pese a que se ha desentendido prolongadamente de
él”10.
Conclusión:
Conforme con lo antes expuesto, creo que el lapso consagrado
en el núm. 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para presentar la
demanda en acciones jurisdiccionales de protección al consumidor,
como la del presente caso, es de caducidad y no de prescripción.
Entendimiento que, como lo expresé al inicio, me lleva a aclarar mi
voto en el asunto objeto de estudio.
Bogotá D.C., 14 de octubre de 2022
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
10 Cita en Hinestrosa Fernando, La prescripción extintiva, pág. 243. Ob. Citada.
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Firma con aclaración de voto
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
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