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clave: "corte_suprema:providencia:SC2850-2022 [2017-33358-01]"
titulo: "Corte Suprema: la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-10-26"
radicado: "2017-33358-01"
numero: "SC2850-2022"
ponente: "Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo"
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# Corte Suprema: la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado

- **Título oficial / radicado:** SC2850-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-10-26
- **Radicado:** 2017-33358-01
- **Número:** SC2850-2022
- **Ponente:** Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2850-2022%20%5B2017-33358-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2850-2022%20%5B2017-33358-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDIyL0RyLiBBcm9sZG8gV2lsc29uIFF1aXJveiBNb25zYWx2by8xMC4tIE9jdHVicmUvU2VudGVuY2lhcy9TQzI4NTAtMjAyMiBbMjAxNy0zMzM1OC0wMV0ucGRm/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1209 de 2008
- Decreto 2171 de 2009
- Decreto 735 de 2013

## Extracto

La incongruencia se configura, conforme a las dilucidaciones precedentes, cuando el funcionario de instancia: (a) omite decidir sobre las [excepciones] que se propusieron en el escrito de contestación, siempre que fuere necesario referirse a ellas por haber prosperado las pretensiones de la demanda (SC443, 19 dic. 1987); (b) reconoce una oposición que era del resorte exclusivo de las partes sin que se hubiera solicitado oportunamente - prescripción, nulidad relativa o compensación- (SC16785, 17 oct. 2017, rad. n.° 2008-00009-01); o (c) desatiende una excepción que debe declararse oficiosamente, siempre que la encuentre demostrada en el proceso (SC, 18 ab. 1955, G.J. n.° 2153, p. 31; en el mismo sentido AC7709, 21 nov. 2017, rad. Frente a la anterior, Edificio Málaga S.A.S. y Abento S.A.S.

## Texto del documento

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC2850-2022
Radicación n.° 11001-31-99-001-2017-33358-01
(Aprobado en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil
veintidós (2022).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Edificio
Málaga S.A.S. y Abento S.A.S., frente a la sentencia del 14 de
noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso que
en su contra promovió Edificio Torres de Málaga P.H., y al
cual se llamó en garantía a Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S.
ANTECEDENTES
1. La actora deprecó «[q]ue se declare que las sociedades
Edificio Málaga S.A.S. y Abento S.A.S. incumplieron la
obligación legal de garantizar la idoneidad, calidad y buen
funcionamiento de los bienes comunes que integran el
Proyecto Edificio Torres de Málaga».
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Como consecuencia pidió ordenar que «deberán reparar,
construir, adquirir, demoler, instalar, y desplegar dentro de los
5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, todos los
actos necesarios de intervención sobre los bienes comunes
listados».
También solicitaron la imposición de la máxima multa
posible, por el desconocimiento de la obligación legal de
garantía (folios 37 del archivo digital CDNO PPAL TM 1.pdf).
2. Como sustento fáctico (folios 2 a 37 ibidem) la
reclamante afirmó:
2.1. Torres de Málaga P.H. es una copropiedad
construida por Edificio Málaga S.A.S., promovido y
gestionado por Abento S.A.S., ambas representadas por José
Luis Baquera Peironcelly.
2.2. Después de la ocupación del edificio, los residentes
detectaron fallas en las losas de los sótanos, algunas de las
cuales se fracturaron en los meses de junio y julio de 2015.
2.3. Realizado un estudio se constató que la mayoría de
las losas tenían un grosor inferior a diez (10) centímetros, por
lo que la ingeniera Olga Pezzano Molina recomendó un
recubrimiento con concreto y resina «Sika Top 122», sin
perjuicio de la demolición de algunas de ellas.
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2.4. Proyectos y Promociones Iberoamericanos, por
designación de Edificio de Málaga S.A.S., rindió nuevo
informe sobre las losas el 23 de diciembre de 2015.
2.5. Analizados los documentos del proyecto
urbanístico se determinó que no había «coincidencia entre lo
radicado en documentos oficiales y lo que finalmente había
construido el proyecto torres de Málaga, todo lo anterior
comunicado a los demandados en misiva del 25 de septiembre
de 2015».
También se encontraron deficiencias técnicas en las
escaleras, faltantes en la torre 1, ausencia de barandas en
jardineras y rejas de cerramiento, irregularidades en
ascensores, problemas en los tanques de agua, filtraciones
en la piscina, defectos de impermeabilización y diversas
fisuras.
2.6. El constructor dio por entregadas las áreas
comunes el 3 de octubre de 2015, en aplicación del
reglamento de la copropiedad. En respuesta, ésta radicó
sendos reclamos, por los defectos advertidos, las datas del 5
de octubre, 27 de noviembre y 16 de diciembre del mismo
año.
2.7. El primer trimestre de 2016 se iniciaron las
reparaciones, aunque se interrumpieron abruptamente,
después de múltiples inconvenientes por el consumo de
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energía eléctrica, falta de trabajadores y ausencia de
planeación.
2.8. Además, como siguió el desgaste de las losas,
incluso después de la intervención, la «copropiedad por su
parte, solicitó a cuenta de ella, un ensayo de extracción de
núcleos en las losas… cuyos resultados arrojan una carencia
de resistencia en el concreto empleado muy preocupante».
2.9. Progestión rindió informe sobre los bienes
comunes, encontrando inconsistencias estructurales y de
acabados, así como la desatención de normas técnicas y
urbanísticas, a saber:
2.9.1. Las puertas de acceso y evacuación no cuentan
con mecanismos de apertura fácil;
2.9.2. Faltan luces de emergencia;
2.9.3. Los planos carecen de detalle sobre pasillos y
salidas;
2.9.4. Las zonas comunes carecen de vidrio de
seguridad según la norma NSR-10;
2.9.5. Los vidrios carecen de señalización distintiva;
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2.9.6. No hay señalización para personas con
discapacidad, ni pasillos para su adecuada movilización,
ingreso o egreso;
2.9.7. La rampa de acceso no cumple con la inclinación
de la norma NTC4143, ni tiene pavimento táctil;
2.9.8. No se proyectó la construcción de baños para
personas con movilidad reducida en el gimnasio o salón
social;
2.9.9. En el primer piso no se incluyeron parqueaderos
para personas con movilidad reducida;
2.9.10. Hay un déficit de 91.65 mts2, entre la licencia y
las áreas comunes construidas;
2.9.11. La puerta de las escaleras comunales del
primero piso tiene 0.80 mts, en desconocimiento del deber de
que sea de 0.90 mts;
2.9.12. Falta un sistema audible y automático contra
incendios;
2.9.13. En las escaleras faltan antideslizantes y
pasamanos;
2.9.14. El ancho mínimo de la escalera es 1.20 mts,
pero se construyó con 1.10 mts;
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2.9.15. En los muros de la fachada se presentan vanos
que permiten el ingreso de agua;
2.9.16. El área de construcción en el techo equivale a
41 mts2, superando en un 5.5% el máximo permitido;
2.9.17. No hay puertas cortafuegos;
2.9.18. Faltan rociadores automáticos en zonas
comunes;
2.9.19. Las escaleras descargan hacia dentro de la
copropiedad y no al exterior;
2.9.20. Se carece de tomas fijas de 64 mm de diámetro
para bomberos;
2.9.21. El tamaño interno de los ascensores no es el
exigido por las normas -1.20 mts x 1.20 mts-, sino de 0.90
mts X 0.90 mts X 2.10 mts;
2.9.22. Falta señalización braille en los ascensores;
2.9.23. El cableado se encuentra mal presentado;
2.9.24. El área circundante a la piscina no posee piso
antideslizante;
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2.9.25. Hay un resalto en la piscina que genera peligro
a la movilidad;
2.9.26. El cuarto de máquinas está en el área de
circulación cubierto con paneles removibles;
2.9.27 Faltan elementos de seguridad;
2.9.28. Faltó un cerramiento para la piscina de niños,
la cual es contigua a la principal;
2.9.29. Existen escaleras de peldaños compensados
desde los diferentes niveles de sótanos a la recepción, en
contravía de la norma NSR-10;
2.9.30. Las alturas de las contrahuellas son de 180 mm,
presentando riesgo de accidentalidad;
2.9.31. Los acabados de las escaleras son deficientes;
2.9.32. Las escalinatas se diseñaron sin protecciones en
caso de que deba permanecerse en ellas;
2.9.33. Los cuartos de basura carecen de ventilación
debidamente protegida, punto de agua potable para limpieza
y desagüe;
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2.9.34. Faltó la escalera final y puerta de acceso a
cubierta en la Torre 1, existentes en la licencia de
construcción;
2.9.35. Hay deficiencias en la impermeabilización de la
cubierta y faltó aplicar pintura para la protección del sol;
2.9.36. El área construida sobre la azotea supera el 20%
de la norma;
2.9.37. Indebida colocación de equipos de bombeo y
medición de agua potable;
2.9.38. Defectos en el sistema contraincendios;
2.9.39. La mayoría de los terminales de aguas
residuales no cumplen con la altura adecuada;
2.9.40. Falta de escaleras fijas para los tanques
superiores;
2.9.41. Las tuberías de ventilación son muy bajas; y
2.9.42. Se carece de documentación, señalización del
tablero principal y otros problemas del componente eléctrico.
2.10. Juan Carlos Jiménez conceptuó que existían
múltiples irregularidades en el cuarto de máquinas de la
piscina, «como que la motobomba carece de dispositivo de
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seguridad de liberación de vacío exigido por la ley 1209 de
2008 y decreto 2171 de 2009, toma corriente y la caja de
registro eléctrico carecen de grado encerramiento IP y además
evidencia humedad… no tiene aislamiento de polo a tierra…
No existe botón de parada de emergencia alrededor de la
piscina».
También develó ausencia de drenajes mínimos en el
estanque o estructuras similares, el cerramiento es inferior
al exigido, no está identificado el teléfono o citófono para
llamadas de emergencia, no dispone de libro de registro y
faltan los planes de seguridad, saneamiento básico y
emergencia.
2.11. Icontec inspeccionó los ascensores y encontró
defectos muy graves. La Oficina de Gestión del Riesgo de la
Alcaldía de Barranquilla, mediante escrito Quilla-17-058410
del 24 de abril de 2017, presentó un listado de
inconformidades en los equipos verticales, lo que explica la
ausencia de certificación de funcionamiento.
2.12. La copropiedad incurrió en diversos gastos para
mitigar los defectos enumerados, como compra de flotadores
electrónicos, instalación de soportes, reparaciones de puntos
eléctricos, botoneras, etc. Además, el arreglo de la fachada
asciende a $80.393.700, suma que no ha querido ser
sufragada por la constructora, ni la promotora del proyecto.
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2.13. «La copropiedad, ante el juzgado 6to civil del
circuito rad. 2017-00047 presentó una demanda declarativa
de carácter indemnizatorio contra la constructora y otros,
proceso que en la actualidad está en curso, lo anterior de
conformidad al art. 22 del decreto 735 de 2013».
3. Una vez adelantado el proceso de enteramiento,
Edificio Málaga S.A.S. propuso las excepciones previas de
«falta de jurisdicción», «falta de competencia», «ineptitud de la
demanda por falta de los requisitos formales», «caducidad» y
«pleito pendiente» (folios 71 a 80 del archivo digital CDNO
PPAL TM 2.pdf).
Además, al contestar de fondo la demanda, clarificó
algunos hechos, rechazó los vicios y planteó las defensas
denominadas «inexistencia del derecho por cumplimiento de la
norma vigente», «voluntad de cumplir por parte de mi
poderdante», «enriquecimiento sin causa», «responsabilidad de
otro», «responsabilidad propia de la accionante», «prescripción
y/o caducidad» y la genérica (folios 82 a 131 ejusdem).
Similares alegaciones efectuó Abento S.A.S. (folios 132
a 138 y 140 a 188 idem), aunque adicionó la excepción que
intituló «falta de legitimación en pasiva».
4. Edificio Málaga S.A.S. llamó en garantía a Proyectos
y Promociones Iberoamericanas S.A.S. para que, «previos los
trámites legales pertinentes, y en caso de ser condenada… al
pago de suma alguna de dinero, se ordene el pago de los
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valores objeto de la condena y/o al reembolso total o parcial
del pago que tuviera que hacer, como resultado de la
sentencia, así como el pago de la sanción si a ello hubiera
lugar, así como la indemnización de los perjuicios que llega
(sic) a sufrir… por esta mismo (sic) causa» (folio 71 del archivo
digital CDNO PPAL TM 2.pdf).
En fundamento se esgrimió que la llamante, en su
calidad de propietaria y titular de la licencia de construcción,
contrató a Proyectos y Promociones Iberoamericanas S.A.S.
para que realizara las obras del Edificio Málaga, calidad que
la hace responsable de las garantías formuladas por los
clientes.
5. La Superintendencia de Industria y Comercio, en
ejercicio de funciones jurisdiccionales, por auto n.°
00091574 del 5 de octubre de 2017 declaró «no probadas las
excepciones previas» (folio 506 del archivo digital CDNO PPAL
TM 3.pdf).
Además, en la misma fecha y por proveído n.°
00091575, rechazó «el llamamiento en garantía solicitado por
la sociedad demandada» (folio 509 ídem). Determinación
confirmada el 4 de diciembre de 2017 por auto n.° 00113599,
al resolver la reposición presentada.
6. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
el 24 de abril de 2018, desató el remedio vertical que se
promovió contra el auto n.° 00091575, revocándolo y
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admitiendo «el llamamiento en garantía planteado en el
evocado litigio por Edificio Málaga S.A.S. contra Proyectos y
Promociones Iberoamericanas S.A.S.» (folios 7 a 15 del archivo
digital APELACIÓN AUTO.pdf).
7. La Superintendencia de Industria y Comercio, en
audiencia del 20 de abril de 2018, emitió sentencia de
primera instancia, en la cual «declar[ó] probada la excepción
de mérito denominada ‘inexistencia del derecho por
cumplimiento de la normatividad vigente’», razón para «negar
las pretensiones de la demanda» (folios 184 a 186 de archivo
digital CDNO PPAL TM 5.pdf).
8. Al desatar la apelación interpuesta contra la decisión
de primer grado, por veredicto del 14 de noviembre de 2018,
el ad quem denegó las excepciones, declaró que «Abento
S.A.S., Edificio Málaga S.A.S. y Proyectos y Promociones
Iberoamericanas S.A.S., incumplieron la obligación de
garantizar la calidad e idoneidad de los bienes comunes
(esenciales y no esenciales) del Edificio Torres de Málaga P.H.
y, por lo tanto, son solidariamente responsables por la
efectividad de la garantía de dichos bienes».
En consecuencia, dispuso «que a título de efectividad de
la

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

a sido
abundantemente estudiada por los científicos como un sistema
particular de extinción de las acciones y derechos independientemente
de las regulaciones que el derecho común consagra por medio de la
figura jurídica de la prescripción extintiva (…) Como la prescripción es
un modo de extinguir las acciones civiles por el transcurso del tiempo –
según las palabras del código- ha sido frecuente entender que toda
extinción de acciones por esa causa se considera un fenómeno de
prescripción y le sean aplicables las reglas que a esta gobiernan. Pero
es obvio que existe aquí una confusión entre dos órdenes de
instituciones jurídicas de características esenciales bien diferenciadas
(…) En efecto, al lado de la prescripción liberatoria, como medio de
extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún tiempo y
5 Hinestrosa, Fernando. La prescripción extintiva. Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, agosto de 2000, pág. 235
6 C.S.J. Cas. Civ. 28 de abril de 2011, exp. 0042005-00054 M.P. William Namén.
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
con mayores o menores reservas por los tribunales de justicia el de la
caducidad o término perentorio, el cual puede producir –es verdad- los
mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su
régimen en la actuación positiva del derecho son muy distintos de los
que integran aquella figura jurídica (…) si la caducidad es la extinción
del derecho o la acción por cualquier causa –como el transcurso del
tiempo- muy clara resulta su diferencia con la prescripción extintiva (…)
se comprende bien la diferencia teórica que media entre las dos
instituciones si se observa el fundamento filosófico – jurídico que explica
la prescripción, o sea el abandono, la negligencia en el titular del
derecho o la acción, en una palabra el ánimo real o presunto de no
ejercerlos; en tanto que en la caducidad esa razón de índole subjetiva
no se tiene en cuenta, pues basta para que el fenómeno se produzca el
hecho objetivo de que en la ley o en un negocio jurídico se prefije un
plazo –realización de un acto o ejercicio de la acción judicial para que el
interesado no pueda obrar últimamente si deja que transcurra sin haber
hecho uso de él”7.
e) Si la demanda es el instrumento para ejercitar la acción
jurisdiccional de protección al consumidor, acción en sentido
procesal y además especial que debe ser ejercida por disposición
legal imperativa, como se infiere de la locución “deberán
presentarse”, “a más tardar dentro del año siguiente a que el
consumidor tenga conocimiento de los hechos (…)” o cuando se trate
de asuntos netamente contractuales “a más tardar dentro del año
siguiente a la
terminación del contrato
”, ha de entenderse que aquel
corresponde a caducidad por tratarse de acción cuya desatención
de este plazo legal conlleva a la decadencia del referido “derecho a
la reclamación” establecido por la ley en favor de los consumidores
por el art. 3.15 Ley 1480 de 2011.
Al efecto, considera la jurisprudencia que
7SNG, 1º de octubre de 1946, LXI. Pág. 588 y s.s. Cita en Hinestrosa Fernando. La
prescripción extintiva ya citada
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
“(…) las incontestables razones de orden público en las cuales se funda la
caducidad atañen a la seguridad, certeza, regularidad o firmeza de las
relaciones jurídicas, así como a prístinos deberes imperantes en el tráfico
jurídico de lealtad, corrección, probidad, claridad y sagacidad exigibles a
los sujetos en el ejercicio de sus derechos. Por esta inteligencia, la
caducidad puede y debe declararse exoficio por el juzgador o, a solicitud
de parte, pero en todo caso, su efecto se produce por disposición legal sin
requerir declaración alguna (…)”8.
f) Por todo lo precedente, no tratándose de la extinción de un
derecho material, sino del ejercicio de la acción que conlleva
igualmente la del derecho, sin que pueda confundirse éste con
aquella, identifico como de caducidad y no de prescripción, el plazo
consagrado en el núm. 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para
presentar la demanda en acciones jurisdiccionales de protección al
consumidor, lo que impone su reconocimiento oficioso o a solicitud
de parte como se deriva igualmente de lo dispuesto por los arts. 90,
280 inc. 2º, 281 inc. 1º y 282 del C.G.P., aplicables en la forma que
señala el art. 40 de la Ley 153 de 1887.
La conclusión anterior no se altera bajo los supuestos de la
referencia a la prescripción contenida en el numeral 6º del art. 58
de la Ley 1480 de 2011, ni al de interpretación favorable al
consumidor establecido por el art. 4º de la ley citada. No porque (i)
la naturaleza de estas dos instituciones y el interés que las
diferencia - público de certeza jurídica para la caducidad y sentido
privado para la prescripción9- impide, bajo la circunstancia de su
difícil diferenciación en un caso concreto cuando la ley solo señala
el término extintivo sin calificar si se trata de una u otra, traslapar
la consagrada expresamente a la que no lo está; y, (ii) no se trata
8 CSJ. Cas. Civ. Sent. 28 de abril de 2011 ya citada
9 Hinestrosa Fernando. La prescripción extintiva. Pág. 242 ob. Citada
Radicación n° 11001-31-99-001-2017-33358-01
de normas contrapuestas, ni perjudiciales para el consumidor o
usuario sino de preceptos procesales también de orden público
establecidos en igualdad de condiciones y de obligatorio
cumplimiento para particulares y funcionarios -arts. 4, 7, 11, 13
CGP y 40 ley 153 de 1887-.
Se adiciona que mientras la prescripción se justifica en interés
particular, la caducidad lo es en el general. Al respecto considera
la doctrina que “(…) ‘la justificación más plausible de la disciplina en materia
de prescripción no radica, a diferencia de la caducidad, en la exigencia de
‘certeza’ jurídica pública o privada en el ejercicio del derecho ajeno, sino en la
necesidad de evitar que el patrimonio de un particular se encuentre sometido
indefinidamente a las pretensiones del titular de un derecho’ -P. Trimarchi.
Prescrizione e decadenza-, pese a que se ha desentendido prolongadamente de
él”10.
Conclusión:
Conforme con lo antes expuesto, creo que el lapso consagrado
en el núm. 3 del art. 58 de la Ley 1480 de 2011 para presentar la
demanda en acciones jurisdiccionales de protección al consumidor,
como la del presente caso, es de caducidad y no de prescripción.
Entendimiento que, como lo expresé al inicio, me lleva a aclarar mi
voto en el asunto objeto de estudio.
Bogotá D.C., 14 de octubre de 2022
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada
10 Cita en Hinestrosa Fernando, La prescripción extintiva, pág. 243. Ob. Citada.
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda González Neira
Firma con aclaración de voto
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2850-2022 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2022-10-26. C.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Rad. 2017-33358-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2850-2022%20%5B2017-33358-01%5D).
