Texto del documento 89.169 caracteres
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2821-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)
La Corte decide la solicitud de homologación presentada
por Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott
Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación,
respecto al laudo arbitral proferido el 19 de abril de 2023
dentro del trámite CCI n.° 25091/JPA/AJP y su adendum del
7 de julio del mismo año, en el proceso que Atavida Holdings
Gmbh promovió contra las solicitantes y al cual se vinculó a
Esther I. Ventura de Rendón, Roberto Mauríce Ventura
Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán y
Juan María Rendón Gutiérrez.
ANTECEDENTES
1. Las promotoras, en el escrito inaugural de este
proceso, pidieron conceder el reconocimiento del laudo del
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
2
epígrafe, así como condenar a costas y agencias en derecho
de presentarse oposición (archivo digital 1100102030002-
02400239000003Soporte_Novedades.pdf).
2. La solicitud se sustentó en los hechos que admiten
este compendio:
2.1. El 10 de agosto de 2012 se celebró contrato de
compraventa sobre unas acciones, en el que actuaron CFR
International SPA como comprador, CFR Pharmaceuticals SA
como garante, y Esther I. Ventura de Rendón, Roberto
Maurice Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce
Ventura de Durán, Juan María Rendón Gutiérrez y Atavida
Holdings Gmbh, como vendedores.
Allí se previó que cualquier desavenencia entre las
partes se resolvería por un tribunal de arbitramento,
sometido a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional
-en adelante CCI-.
2.2. Las sociedades CFR International SPA y CFR
Pharmaceuticals SA, con posterioridad al negocio, fueron
adquiridas por Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y
Abbott Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación.
2.3. Atavida Holdings Gmbh presentó solicitud de
arbitraje en contra de las compradoras, trámite al que se
vinculó, como parte adicional, a Esther I. Ventura de Rendón,
Roberto Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi,
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
3
Joyce Ventura de Durán y Juan María Rendón Gutiérrez,
calidad que invocaron para presentar -dentro del mismo
proceso- una demanda en contra de las accionadas.
2.4. Agotado el trámite arbitral se profirió laudo el 19
de abril de 2023, en el que: (I) se ordenó la liberación del
depósito en garantía por US$25.000.000 en favor de Atavida
Holdings Gmbh; (II) se declaró que la compraventa no era
intuitu personae; (III) se reconoció que las compradoras no
incumplieron sus obligaciones, ni actuaron con dolo, mala fe
o abuso del derecho, razón para negar el pago de perjuicios;
(IV) se condenó a la demandante y a la parte adicional a
asumir los gastos del arbitraje, honorarios legales y
honorarios de peritos, generándose intereses sobre la
primera de las sumas a la «tasa prime desde la fecha del
presente laudo y hasta su pago efectivo»; (V) se mandó a los
compradores a reembolsar el equivalente al 20% de los
anteriores importes; y (V) se rechazaron los otros
pedimentos.
2.5. El 7 de julio de igual anualidad se emitió
Addendum del Laudo Final, en el cual se corrigieron las
condenas dinerarias.
3. La petición de homologación fue admitida por auto
del 14 de febrero del año en curso, ordenándose correr
«traslado por diez días a Atavida Holdings Gmbh, Esther I.
Ventura de Rendón, Roberto Maurice Ventura Crispino, Bella
Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán, y Juan María
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
4
Rendón Gutiérrez», previa notificación conforme al artículo 8
de la ley 2213 de 2022 (archivo digital 1100102030002024-
00239000007Auto.pdf).
4. Roberto Maurice Ventura Crispino, Joyce Reina
Ventura de Durán y Bella Clara Ventura Corkidi, por
apoderado común, se opusieron al reconocimiento (archivo
digital 110010203000202400239000015Soporte_Noveda-
des.pdf)1, con los argumentos que más adelante se
compendian. Documento que se tuvo por presentado por
auto del 11 de abril de los corrientes (archivo digital
0034Auto.pdf).
5. Los opositores, el día 17 siguiente, arrimaron la
traducción de varios de documentos (archivo digital
0041Soporte_Novedades.pdf)2, cuya incorporación se rehusó
por proveído del 26 de abril (archivo digital 0044Auto.pdf).
Determinación mantenida en el auto AC4469 del 14 de
agosto de 2024, al resolverse el recurso de súplica formulado
por aquéllos (archivo digital 0050Constancia_secretarial)3.
7. En el referido auto del 26 de abril se ordenó dar
traslado a los reclamantes de la oposición propuesta (archivo
digital 0044Auto.pdf), decisión recurrida en reposición
(archivo digital 0048Constancia_secretarial)4, que fue
1 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0070-
Constancia_secretarial.pdf.
2 Escrito reiterado el 15 de mayo de 2024 por archivo digital 0064-
Constancia_secretarial.pdf.
3 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0074-
Constancia_secretarial.pdf.
4 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0069-
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
5
denegado por auto AC2477-2024 (archivo digital
0061Auto.pdf).
8. El 17 de mayo de la presente anualidad, los
solicitantes descorrieron la oposición, cuyos argumentos se
resumen con posterioridad (archivo digital 0066Constancia-
_secretarial.PDF).
OPOSICIÓN
1. Los convocados que contestaron, deprecaron que el
exequatur no fuera concedido por cuanto: el laudo arbitral (I)
contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo
arbitral, (II) fue proferido dentro de un procedimiento viciado,
(III) violó el orden público de Colombia, y (IV) la solicitud de
homologación infringió la buena fe.
Señalaron que (I) las solicitantes han actuado de forma
torticera; (II) el tribunal arbitral emitió decisiones sin
motivación; y (III) los vendedores no pudieron ejercer su
derecho de defensa y contradicción a lo largo de todo el
proceso arbitral, pues los honorarios de los abogados fueron
reconocidos a partir de una auto-certificación y sin
considerar su tardía formulación. Además, calificaron como
paradójico que se pretenda el exequatur del laudo en
Colombia, cuando en Suiza se buscó lo opuesto, lo que atenta
contra la equidad y la buena fe procesal.
Constancia_secretarial.pdf.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
6
2. Invocaron el numeral iv del literal a) del artículo 122
de la ley 1563 de 2012, para argüir que el procedimiento no
se ajustó al pacto arbitral, pues la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI fijó como sede la ciudad de París,
desconociendo que las partes previeron que esta facultad
estaba en cabeza de la convocante, según la cláusula 12.06
del contrato de compraventa; y como Atavida solicitó que
fuera Bogotá, lo que fue reiterado por los demás vendedores,
resulta arbitrario y atentatorio contra la autonomía de la
voluntad la fijación de otro lugar, el que, por demás, carece
de conexión con el contrato y el litigio. Decisión que se emitió
sin motivación o argumentación.
Estimó que, con esta resolución, se benefició a las
compradoras, quienes hacen parte de un conglomerado que
desarrolla negocios en Francia y contrataron una firma de
abogados que tiene su asiento en esa ciudad.
3. Arguyó que el laudo desconoció el orden público
internacional de nuestro país, por cuanto:
3.1. Desatendió el principio de la fuerza obligatoria de
los contratos, al no declarar el incumplimiento de los
compradores por el hecho de no liberar el depósito en
garantía.
En soporte acudió a las cláusulas 8.14 y 9.06 del
contrato de compraventa, para denotar que las compradoras
hicieron 17 reclamaciones para impedir la devolución de la
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
7
garantía, «las cuales, para el 2019, ya se encontraban
desistidas o eran de montos insignificantes, que, en los
términos del contrato…, no tenían la virtualidad de impedir la
liberación», lo que fue desatendido por el tribunal arbitral
«aduciendo… una ‘discrepancia de criterios’ entre las partes».
Reprochó que, al abrigo de una diferencia
interpretativa, se negara la declaratoria de incumplimiento,
en contravía de la fuerza obligatoria de los contratos y del
derecho a ser indemnizado, máxime porque las partes fueron
calificadas como «sofisticadas» y conocedoras del mecanismo
de la reclamación.
Estimó de irónico, y contrario a la congruencia, que se
afirmara que las compradoras no incurrieron en una
retención ilegítima de la garantía y, al mismo tiempo, se
ordenara su liberación en el laudo.
Denunció «el absurdo propuesto por el tribunal arbitral»,
pues «bastaría que cualquier parte aduzca tener diferencia de
criterios para exculparse de su responsabilidad contractual.
De esta manera, también podría liberarse la parte de tener que
pagar los perjuicios ocasionados con su malicioso actuar».
3.2. Reprochó la vulneración del citado principio del
pacta sunt servanda, por no declararse que las compradoras
incumplieron el contrato al no pedir autorización, ni
informar, sobre la cesión o transferencia de derechos
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
8
contractuales de CRF a Abbott, en desprecio de la sección
12.04 de la compraventa celebrada entre las partes.
Encontró que se incurrió en una denegación de justicia
porque, si bien las vendedoras solicitaron toda la información
relacionada con la adquisición de CFR por Abbott, este
pedimento probatorio fue denegado.
Con todo, recordó que el cambio de posición contractual
les provocó perjuicios, expresados en la retención ilegítima
del depósito en garantía, pues CFR no efectuó ninguna
reclamación con este propósito, mientras que Abbott hizo lo
contrario, por lo que debió accederse a las pretensiones y
condenar al pago de perjuicios, lo que habría evitado la
imposición desbordada de costas judiciales.
3.3. Con fundamento en la misma causal, alegó que se
vulneró la prohibición de abuso del derecho y el principio de
la buena fe.
Lo anterior, en su criterio, por cuanto las compradoras
a pesar de conocer que debían solicitar la autorización e
informar sobre la cesión o transferencia de derechos y
obligaciones, omitieron hacerlo y dificultaron el acceso a la
información. Además, ante la retención ilegítima del depósito
en garantía, por ausencia de reclamación, se incurrió en
abuso del derecho.
4. Invocó la violación del debido proceso pues:
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
9
4.1. El laudo arbitral es incongruente, en tanto se
ordenó la liberación de la garantía a pesar de que las partes
no lo solicitaron.
4.2. Se impusieron costas en infracción de «lo público»,
por ordenarse el pago de honorarios que carecen de soporte,
al fundarse en una certificación emanada de los abogados de
los interesados.
Una vez transcrito el artículo 38 del reglamento de la
CCI, alegó que el tribunal arbitral debió analizar la
razonabilidad de los gastos, lo que no hizo. «En esa medida,
se viola el orden público internacional cuando un tribunal
arbitral ordena a una de las partes a pagar millones de
dólares por gastos de representación, sin haber cumplido con
el requisito impuesto en el numeral primero del artículo 38 del
reglamento interno de la CCI, esto es, sin haber hecho un
análisis de la razonabilidad».
Echó de menos la prueba de los gastos de defensa, por
basarse en una certificación de la oficina de abogados, sin
permitir su contradicción, agravado porque en el laudo no se
hizo ninguna reflexión sobre su contenido, aparte de
aceptarla, más aún cuando las convocantes quintuplicaron
los gastos de los vendedores.
5. Denunció conculcados el debido proceso y la
igualdad de las partes, en la imposición de costas, porque se
«concedió intereses sobre las costas, y además únicamente en
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
10
favor de las solicitantes, a pesar de que se condenó a todas
las partes a pagar costas, la cual atenta contra el orden
público sustancial y procesal», pues los intereses operan por
ministerio de la ley y de conformidad con la jurisdicción que
resulte aplicable.
Remarcó que la condena a intereses también desconoce
la orden procesal n.° 9, la cual se limitó a solicitar la relación
de costos y gastos, sin que fuera procedente adicionar lo
tocante a intereses, so pena de permitir la ampliación de las
pretensiones con posterioridad a los alegatos de conclusión.
RESPUESTA A LA OPOSICIÓN
Las solicitantes pidieron rechazar la oposición, por
cuanto los antagonistas buscan promover una apelación
contra el laudo arbitral «y no alegan ni mucho menos prueban
ninguna de las causales taxativas previstas… en el Artículo
112 del Estatuto Arbitral».
1. Frente al procedimiento arbitral, arguyeron que el
reglamento al que remitieron las partes faculta a la Corte de
Arbitraje de la CCI para decidir sobre el lugar del arbitraje, el
idioma y los asuntos probatorios.
Además, los opositores participaron en la redacción y
suscribieron el acta de misión, en la que aceptaron las
decisiones adoptadas por la Corte de Arbitraje, como la sede
arbitral, y durante la audiencia de pruebas manifestaron
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
11
estar de acuerdo con el proceso seguido y aseveraron que se
respetaron todas sus garantías, lo que descarta la
configuración de la causal a) iv del artículo 112 del Estatuto
de Arbitraje.
2. Respecto al orden público, estimaron que el laudo se
ciñe a los valores y principios básicos que inspiran el
ordenamiento jurídico colombiano, pues se garantizó el
derecho de contradicción en un plano de igualdad, y la
decisión no compromete intereses que trasciendan a los
particulares de los contratantes.
Señalaron que las alegaciones de los opositores
desconocen el principio de no revisión sustancial, pues en
verdad cuestionan el fondo de la disputa.
3. En cuanto a que el laudo contenga decisiones que
excedan el acuerdo arbitral, aseguraron que esto no ocurrió,
pues los árbitros se acotaron a definir las disputas sobre el
contrato de compraventa, que es precisamente el objeto del
pacto de arbitraje, y «responden a las pretensiones y defensas
planteadas por las partes a lo largo del arbitraje».
4. Arguyeron que «los vendedores tuvieron la
oportunidad de hacer valer su posición y presentar alegatos
ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI antes de que
ella se pronunciase sobre quiénes eran las partes contra
quienes podía proceder el arbitraje y cuál sería la sede del
mismo».
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
12
Se refirieron a la prueba de los gastos de arbitraje, para
denotar que ambas partes allegaron sus escritos, siendo una
práctica común en el arbitraje que se utilice una certificación
para su demostración, fundada en la buena fe. En cuanto a
la solicitud de intereses, precisaron que la hicieron desde el
inicio del litigio.
CONSIDERACIONES
1. Competencia.
La presente actuación debe ser conocida por la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia, por expreso mandato del inciso segundo del artículo
68 de la ley 1563 de 20125, norma concordante con el
numeral 5 del artículo 30 del Código General del Proceso6.
2. Régimen normativo aplicable al reconocimiento.
2.1. Para determinar los preceptos que deben gobernar
la presente decisión, es menester acudir al inciso primero del
artículo 62 de la ley 1563 de 2012, el cual prescribe: «[l]as
normas contenidas en la presente sección [se refiere a la
tercera de la ley] se aplicarán al arbitraje internacional, sin
5 «La anulación a que se refiere el artículo 108 y el reconocimiento y ejecución
previstos en el artículo 113, serán de competencia de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia».
6 «La Corte Suprema de Justicia conoce en Sala de Casación Civil… 4. Del
exequátur de sentencias proferidas en país extranjero, sin perjuicio de lo estipulado en
los tratados internacionales».
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
13
perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral
vigente en Colombia» (negrillas fuera de texto).
Regla reiterada en el canon 114 ibidem, al referirse de
forma especial a la homologación: «Al reconocimiento del
laudo arbitral se aplicarán exclusivamente las
disposiciones de la presente sección y las contenidas en
los tratados, convenciones, protocolos y demás actos de
derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia»
(negrilla fuera de texto).
Descuella de estos mandatos que el reconocimiento de
laudos extranjeros en Colombia se gobierna, de forma
concurrente, por los instrumentos internacionales firmados
por nuestro país y las disposiciones especiales que contiene
el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional.
Ahora bien, de existir discrepancias o divergencias entre
estos regímenes, éstas deben resolverse a partir del principio
pro-reconocimiento, que reclama acudir a la norma o la
interpretación que sea más favorable para acceder a la
solicitud. En otros términos, debe aplicarse al precepto más
benévolo a la homologación, con el fin de facilitar que el laudo
produzca efectos en nuestro país, en desarrollo de los
compromisos internacionales adquiridos con la suscripción
de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extrajeras -en adelante Convención de
Nueva York-
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
14
Así lo tiene decantado esta Corporación: «cuando deban
aplicarse diversos marcos normativos o, una misma
disposición admita múltiples interpretaciones, tal disyuntiva
deberá resolverse a favor de la hermenéutica que suponga
menores exigencias para el reconocimiento» (SC9909-2017,
12 jul., rad. n.° 2014-01927-007).
2.2. La Convención de Nueva York es la primera norma
a aplicar al sub examine, por estar vigente en nuestro
territorio desde el 23 de diciembre de 19798, así como en
Francia desde el 24 de septiembre de 19599, país en que se
ubicó la sede del tribunal arbitral que profirió el veredicto que
pretende homologarse.
Total, este instrumento internacional tiene aplicación al
«reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales
dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel
en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas
sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre
personas naturales o jurídicas» (negrilla fuera de texto,
artículo 1).
Adicionalmente, el presente caso se gobierna por el
capítulo IX de la sección Tercera de la ley 1563 de 2012, que
disciplina los requisitos y el trámite para el reconocimiento
7 Reiterada en las sentencias SC3650-2022, 15 nov., rad. n.° 2021-04294-00
y SC389-2023, 10 oct., rad. n.° 2022-00385-00.
8 Cfr. https://sismre.cancilleria.gov.co/PUBLICA/Tratados/ DetalleTratado-
?idTratado=954&idLog=12280.
9 Cfr. https://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_-
arbitral_a-wards/status2.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
15
de laudos arbitrales extranjeros, esto es, «aquellos proferidos
por un tribunal arbitral cuya sede se encuentre fuera de
Colombia» (numeral 3 del artículo 111 ejusdem).
3. Contexto general de la homologación.
3.1. El auge del comercio internacional de bienes y
servicios en los últimos siglos, provocó un aumento de
controversias entre los empresarios, que no siempre
encontraron respuestas adecuadas dentro de los sistemas
judiciales locales, no sólo por la territorialidad de su derecho
y la inflexibilidad de sus reglas, sino también por su limitada
capacidad para adaptarse a las necesidades del tráfico
mercantil transnacional.
En verdad, «[l]a globalización y la privatización han
producido un número cada vez mayor de sujetos partícipes en
transacciones internacionales, con las disputas y situaciones
litigiosas que esto conlleva»10.
Por esta razón, el arbitraje internacional se abrió
camino, como sustituto de la justicia nacional, caracterizado
por su adaptabilidad, especialización y rapidez, condiciones
necesarias para facilitar el intercambio de bienes y servicios,
amén de sus importantes efectos en materia de crecimiento
económico y tecnificación.
10 Tang Houzhi, The value: three assessments. En Enforcing Arbitration
Awards under the New York Convention, Experience and Prospects, Naciones Unidas,
Nueva York, E.99 v. 2, 1999 (traducción propia).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
16
3.2. La Comunidad de Naciones fue un actor clave en
este proceso de masificación del arbitraje, lo que permitió que
en «1923, se [adoptara] el ‘Protocolo Relativo a las Cláusulas
de Arbitraje en Materia Comercial’ y fue[ra] creada la Corte
Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional» (CSJ, SC877-2018).
Con los años, y verificada la necesidad de simplificar y
facilitar que los laudos pudieran cumplirse en los diferentes
países, la Organización de las Naciones Unidas promovió un
nuevo instrumento multilateral, que finalmente se concretó
en la Convención de Nueva York, adoptada por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Arbitraje Comercial
Internacional realizada del 20 de mayo al 10 de junio de
1958.
Recientemente, la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, en desarrollo de su
misión de fortalecer el arbitraje, propuso la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional, con el fin de estandarizar
las reglas que gobiernan este mecanismo heterocompositivo,
la cual ha sido acogida en múltiples territorios.
3.3. Colombia, con la ley 1563 de 2012, recogió «las
recomendaciones y los preceptos en materia de resolución de
conflictos de la Convención de Nueva York de 1958 sobre el
Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras, así como lo preceptuado por la Comisión de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
17
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI)» (CSJ, SC4481-2021).
En efecto, la sección dedicada al arbitraje internacional
se nutrió de estos marcos normativos, compartiendo, y en
muchos casos repitiendo, su contenido, en garantía de su
uniformidad y como mecanismo para garantizar su
conformidad con los estándares universalmente aceptados
en esta materia.
No en vano esta Sala decantó que, en la exégesis del
Estatuto de arbitraje, deban aplicarse los principios de
«internacionalidad de la interpretación», «pro-reconocimiento»,
«taxatividad en las causales de denegación», «no revisión
sustancial» y «coexistencia del recurso de anulación y la
homologación» (SC9909-2017).
4. Requisitos formales para el reconocimiento.
4.1. El artículo IV de la Convención de Nueva York
dispone que, para el reconocimiento de un laudo extranjero,
debe efectuarse una solicitud acompañada de los siguientes
documentos: «a) El original debidamente autenticado de la
sentencia o una copia de ese original que reúna las
condiciones requeridas para su autenticidad» y «b) El
original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una
copia que reúna las condiciones requeridas para su
autenticidad» (negrilla fuera de texto).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
18
Además, si alguno de éstos «no estuvieran en un idioma
oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida
el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá
presentar una traducción a ese idioma de dichos
documentos. La traducción deberá ser certificada por un
traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente
diplomático o consular» (negrilla fuera de texto).
4.2. Por otra parte, el artículo 111 de la ley 1563 de
2012 prescribe que «[l]a parte que invoque un laudo o pida su
ejecución deberá presentar el laudo original o copia de
él. Si el laudo no estuviere redactado en idioma español, la
autoridad judicial competente podrá solicitar a la parte que
presente una traducción del laudo a este idioma».
4.3. De la comparación de estos mandatos se advierte
una discrepancia sobre los requisitos formales que deben
satisfacerse, pues mientras el primero reclama el original o
la copia auténtica, tanto del laudo como del acuerdo arbitral,
el último únicamente exige la copia -simple- de la sentencia
arbitral. En común comparten la necesidad de la traducción,
tratándose de documentos que no estén en idioma oficial.
Esta antinomia, como ya se anticipó, debe resolverse en
favor de la norma más benévola, esto es, la ley 1563 de 2012,
por consagrar exigencias menores y simplificar el
reconocimiento.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
19
Luego, para que esta Corporación conceda el exequátur,
en el presente caso, bastará que las solicitantes: (I) hayan
pretendido el reconocimiento de una sentencia arbitral; (II)
arrimen la providencia arbitral en original o copia; y (III)
aporten las traducciones que sean procedentes.
La Corporación tiene decantada esta directriz:
[L]os siguientes son los requisitos que deben acreditarse para
conceder el exequátur enarbolado: (I) La decisión a homologar debe
ser una sentencia arbitral; (II) Junto a la solicitud de exequátur
debe arrimarse el laudo arbitral, en original o copia… Adviértase
que los requerimientos tocantes a que se aporte en original el laudo
y el acuerdo arbitral, señalados en el artículo IV de la Convención
de 1958, no son exigibles en el presente caso, por cuanto en este
punto específico resulta más favorable la ley 1563 de 2012, siendo
la norma a considerar por el principio pro-ejecución (SC3650-
2022).
5. Causales para denegar el reconocimiento.
5.1. La homologación podrá ser denegada de
configurarse alguna de las causales establecidas para este
fin, listadas numerus clausus en el canon V de la Convención
de Nueva York, y reproducidas en lo sustancial en el artículo
112 de la ley 1563 de 2012.
Motivos que se diferencian, no sólo por su contenido
concreto, sino por cuanto algunos de ellos requieren ser
alegados por la parte interesada, mientras que otros deben
analizarse oficiosamente.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
20
5.2. Según la Convención de Nueva York, son causales
que requieren invocación de parte:
a) Que las partes en el acuerdo… estaban sujetas a alguna
incapacidad… o que dicho acuerdo no es válido…; o b) Que la parte
contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido
debidamente notificada… o por cualquier otra razón, hacer valer
sus medios de defensa; o c) Que la sentencia se refiere a una
diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las
disposiciones de la cláusula compromisoria o contiene decisiones
que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula
compromisoria…; o d) Que la constitución del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo… o… a la ley
del país donde se ha efectuado el arbitraje; o e) Que la sentencia
no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o
suspendida.
De oficio: «a) Que, según la ley de ese país, el objeto de
la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje;
o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían
contrarios al orden público de ese país».
5.3. El precepto 112 del Estatuto de Arbitraje Nacional
e Internacional colombiano imita los motivos de denegación,
clasificados con el mismo criterio, así:
a) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella
pruebe ante la autoridad judicial competente del país en que se
pide el reconocimiento o la ejecución: i. Que para el momento del
acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o
que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes
lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en
virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; o ii. Que
la parte contra la cual se invoca el laudo no fue debidamente
notificada de la designación de un árbitro o de la iniciación de la
actuación arbitral o no pudo, por cualquiera otra razón, hacer valer
sus derechos; o iii. Que el laudo versa sobre una controversia no
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
21
prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las
disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas
al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar
reconocimiento y ejecución a las primeras; o iv. Que la composición
del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al
acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a
la ley del país donde se adelantó o tramitó el arbitraje; o v. Que el
laudo no es aún obligatorio para las partes o fue anulado o
suspendido por una autoridad judicial del país sede del arbitraje;
o
b) Cuando la autoridad judicial competente compruebe: i. Que,
según la ley colombiana, el objeto de la controversia no era
susceptible de arbitraje; o ii. Que el reconocimiento o la ejecución
del laudo serían contrarios al orden público internacional de
Colombia.
6. Caso concreto.
6.1. Análisis de los requisitos formales.
Anticípese que las exigencias antes enumeradas están
satisfechas en el caso bajo decisión, como se explicará en lo
sucesivo.
6.1.1. Providencia a homologar.
Corresponde a la decisión final emitida en el caso n.°
25091/JPA/AJP, de la Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional, del 19 de abril de 2023,
por la que se resolvió la disputa entre Atavida Holdings Gmbh
-solicitante- y Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y
Abbott Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación
-demandados-, y al cual fueron llamados Esther I. Ventura
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
22
de Rendón, Roberto Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura
Corkidi, Joyce Ventura de Durán y Juan María Rendón
Gutiérrez -parte adicional-.
Determinación modificada por adendum del 7 de julio
del mismo año, en el sentido de recalcular las condenas de
gastos y honorarios.
Luego, el reconocimiento promovido recae sobre un
laudo arbitral, junto a su corrección, por lo que se satisface
el primero de los requerimientos señalados en párrafos
previos.
6.1.2. Aportación del laudo.
Junto con la demanda de exequátur se arrimó la copia
certificada del laudo (archivo digital 04. LAUDO Copia
Certificada.pdf) y su adendum (archivo digital 05. ADENDA
Copia Certificada.pdf), cumpliéndose la segunda de las
exigencias legales.
6.1.3. Traducciones.
Como el laudo fue proferido en castellano, se hace
innecesaria la traslación.
No se desconoce que en las páginas 13, 33, 69 y 70 de
la sentencia arbitral hay parágrafos en idioma inglés,
correspondientes, en su orden, a la cláusula arbitral del
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
23
escrow agreement (nota de píe de página), contenido parcial
del acta de misión (nota de pie de página) y secciones 5.5. y
5.15.3. del citado contrato de escrow agreement (parágrafo
260).
Sin embargo, estas inclusiones no impiden la valoración
de este documento, compuesto por más de 523 apartes y 138
páginas, pues de su conjunto se extrae sin dificultad su
contenido y el alcance del laudo, en particular, las materias
de decisión, las fuentes normativas empleadas, los
argumentos que sirvieron a los árbitros y las
determinaciones emitidas.
Las enunciaciones en idioma inglés, en verdad,
corresponden a aspectos tangenciales del litigio, sin
incidencia directa en el acápite resolutivo o en las
motivaciones centrales del determinación, de allí su futilidad
para fines de resolver la presente solicitud.
6.2. Causales de denegación.
Como los requerimientos formales se encuentran
saciados, ahora procede analizar si se configura alguno de
los motivos para denegar el reconocimiento.
6.2.1. Precisión preliminar.
6.2.1.1. Los opositores allegaron escrito rechazando la
homologación, para lo cual, en el capítulo introductorio (folio
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
24
13 del archivo digital 110010203000202400239000015-
Soporte_Novedades.pdf), alegaron que el laudo: (I) excede el
contenido del acuerdo arbitral; (II) se profirió en un proceso
viciado de nulidad; y (III) transgrede el orden público en
punto al principio de buena fe.
Además, al pronunciarse sobre los hechos, agregaron
(IV) la vulneración del derecho de defensa por falta de
motivación de los autos en que se ordenó la desvinculación
de algunos convocados, se fijó como sede arbitral la ciudad
de París y se negó el decreto de pruebas que eran necesarias;
(V) la desatención del debido proceso por permitir la inclusión
de pretensiones económicas en un informe de gastos y
costos, sin correr traslado de la solicitud; y (VI) el
incumplimiento grave de las obligaciones internacionales,
por no pretenderse la ejecución integral del laudo en el
extranjero (folios 15 a 19 ibidem).
Por último, al desarrollar los fundamentos de la
oposición, esgrimieron que (VII) el procedimiento arbitral no
se ajustó al acuerdo de las partes en punto a la fijación de la
sede arbitral y (VIII) se viola el orden público internacional de
Colombia en el laudo por desconocer el pacta sunt servanda,
la restricción del abuso del derecho, la buena fe y el debido
proceso.
6.2.1.2. Refulge de este recorrido, no sólo la antitécnica
presentación del escrito de respuesta, por desperdigar, sin
explicaciones ni ilación, las razones para oponerse al
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
25
reconocimiento, sino además por la falta de señalamiento de
la causal que sirve de apoyo a algunas de las censuras y los
fundamentos de hecho y de derecho precisos de ellas.
Falencia que entorpece el estudio de fondo de múltiples
alegaciones, pues no se tiene claridad sobre cuál es el motivo
a la luz del cual deben evaluarse, y muchas no pasan de ser
simples afirmaciones ayunas de soporte o dilucidación.
Esto conduce a que los tópicos tocantes a que (I) el
trámite arbitral está viciado de nulidad, (II) hay un
desconocimiento de las obligaciones internacionales y de la
buena fe porque no se pretende la ejecución integral del
laudo, lo que demuestra un actuar torticero, (III) se infringió
el derecho de defensa por falta de motivación de las
decisiones de desvincular a varios demandados, no decretar
pruebas y fijar la sede arbitral, y (IV) los vendedores no
pudieron ejercer su derecho de defensa y contradicción a lo
largo de todo el proceso arbitral, no puedan revisarse de
fondo por esta Corporación, itérese, para enfatizar, por la
falta de invocación de causal y por la vaguedad de su
configuración.
6.2.1.3. Incluso, aunque la Sala contraste las frases
vociferadas por los opositores, con las piezas procesales que
integran el expediente, la conclusión a la que se arriba es
antagonista a la planteada por la oposición.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
26
En primer lugar, de la foliatura no emergen
instrumentos suasorios que dejen al descubierto una
eventual invalidez que afecte el proceso arbitral, ni se
descubre cómo esta situación podría encajar dentro de
alguno de los motivos establecidos en la Convención de
Nueva York o en la ley 1563 de 2012 para denegar el
reconocimiento.
Hay entonces una desatención a la carga de la prueba
que pesa sobre los contendientes, pues faltaron al deber de
demostrar los hechos que sustentan su alegación, dentro del
contexto del trámite del exequatur. Recuérdese que, por
fuerza de la Convención de Nueva York, «[l]a parte que quiera
impedir la concesión del exequátur al laudo arbitral extranjero,
deberá probar la existencia algunos de los extremos previstos
en los incisos del artículo V de la CNY»11.
Por otra parte, la supuesta actuación maliciosa y de
mala fe de las compradoras, orientada a impedir el
cumplimiento del laudo arbitral en otros países, en sí misma
considerada, y sin más dilucidaciones, no se subsume
objetivamente dentro de ninguno de los motivos que impidan
la homologación, lo que nubla su estudio.
Además, la prueba arrimada por los opositores para
soportar esta afirmación (archivo digital Prueba No. 20.
11 Adriana Noemi Pucci, La Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de
Laudos Arbitrales Extranjeros: su interpretación y aplicación en el Brasil. En Carlos
Alberto Soto Coaguila (dir.), Convención de Nueva York y Arbitraje de Inversión,
Instituto Peruano de Arbitraje, Perú, 2009, p. 106.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
27
Solicitud reconocimiento parcial laudo Suiza.pdf), por no
haber sido traducida oportunamente, no es susceptible de
valorarse, por fuerza del canon 251 del Código General del
Proceso. Así se puso de presente en el auto del 26 de abril de
2024:
[E]n lo tocante al memorial radicado por la apoderada judicial de
Roberto Maurice Ventura Crispino, Joyce Reina Ventura De Durán
y Bella Clara Ventura Corkidi, el día 17 pasado (archivo digital
11001020300020240023900-0041Soporte_Novedades.pdf), en el
cual allegó la traducción de varios documentos, considera este
Despacho que no podrá ser tenida como prueba dentro del
expediente, pues la aportación se hizo por fuera de la oportunidad
a que se refiere el inciso segundo del artículo 115 de la ley 1563
de 2012.
Reiterado por la Sala en el auto AC4469-2024, en los
siguientes términos:
Es asunto pacífico que las partes pueden aportar al juicio -en la
oportunidad establecida para ello- documentos otorgados en el
extranjero -públicos o privados- y originados en idioma diferente
al español…
[S]e destaca que los medios suasorios que consten en idioma
diferente al castellano deberán ser allegados traducidos desde el
principio al proceso, carga que le compete a quien esté interesado
en su incorporación (Art. 167 ejusdem)…
Nótese que el inciso 2 del artículo 115 de la Ley 1563 de 2012 -
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional- prevé que admitida
la solicitud de reconocimiento de un laudo arbitral proferido en el
extranjero se «dará traslado por diez días (10) a la otra u otras
partes». Y el numeral 4º del canon 96 del CGP señala que la
contestación de la demanda deberá estar acompañada de las
«pruebas que el demandado pretenda hacer valer».
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
28
Así las cosas, se colige que era en el traslado de la petición de
reconocimiento donde los convocados debieron arrimar todas las
probanzas que pretendían hacer valer en la causa, incluidas las
traducciones de las que ahora se duelen. Ciertamente, los anexos
aportados con posterioridad al 11 de marzo de 2024 -fecha en la
que venció el traslado- no podían tenerse en cuenta porque
realmente resultaron extemporáneos. No se olvide que los términos
judiciales para la realización de los actos procesales de las partes
«son perentorios e improrrogables». Máxime cuando la aportación
de la documental pretendida era carga exclusiva de la parte
interesada.
En tercer lugar, la decisión de la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI, del 5 de noviembre de 2020, por la cual
se denegó la vinculación de Alejandro Kostia Nicolás
Weinstein Crenovich, Alejandro Esteban Weinstein Manieu y
Nicolás Francisco Weinstein Manieu (archivo digital Prueba
No. 7. Comunicacion CIA CCI 5112020.pdf), cuenta con
fundamentación, aunque ciertamente con una parquedad
que es poco usual en nuestro contexto jurídico.
Y es que este colegiado invocó como soporte de su
decisión el «artículo 6(4)» del reglamento de esta entidad, el
cual prescribe: «El arbitraje proseguirá si y en la medida en
que la Corte estuviere convencida, prima facie, de la posible
existencia de un acuerdo de arbitraje de conformidad con el
Reglamento» (archivo digital Prueba No. 13. Reglamento de
Arbitraje de la CCI.pdf).
De esta conjunción se descubre que la Corte de
Arbitraje de la CCI rehusó la vinculación de los llamados, por
fuerza de la norma a la que remitió, que se traduce en la falta
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
29
de convencimiento sobre la existencia de pacto arbitral, en
descrédito de una falta absoluta de motivación.
Con todo, incluso de aceptarse que existe la
irregularidad denunciada, esto es, un defecto mayúsculo de
justificación, lo cierto es que no se vislumbra cómo la misma
puede subsumirse dentro de alguno de los numerales para
repeler el exequátur, por estar referida a una decisión previa
a la sentencia y ante la ausencia de una mayor
argumentación en el escrito de oposición.
Reflexiones que son aplicables a la decisión de la Corte
de Arbitraje sobre la sede arbitral, pues este colegiado acudió
al artículo 18(1) del Reglamento de Arbitraje para justificarse,
el cual establece que «la sede del arbitraje será fijado por la
Corte a menos que las partes la hayan convenido», en
descrédito de arbitrariedad por ausencia de motivación.
Además, incluso aceptarse que el yerro denunciado se
materializó, no descuella la forma en que encaja dentro de
las causales para denegar el reconocimiento.
Por último, la aseveración de que a los vendedores no
se les protegieron sus derechos de defensa y contradicción,
descubre una afirmación determinada, que debió ser
probada por los interesados.
Total, era carga de los opositores indicar con precisión
en qué momento se afectaron sus garantías procesales y
aportar los instrumentos suasorios que sirvieran de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
30
apoyadura a su alegación, sin que puedan excusarse de este
deber por medio de una generalización, como si de una
negación indeterminada se tratara. La doctrina especializada
enseña que son «negaciones formales o aparentes», las que
«en el fondo contienen una afirmación contraria… por ejemplo;
esta piedra no es diamante, lo cual significa afirmar que es de
otra especie… Sólo las que contiene una afirmación indefinida
están exentas de prueba»12.
En suma, por la indeterminación de la causal que sirve
de soporte a las manifestaciones antes especificadas, así
como por vaguedad de su explanación, las censuras
realizadas por los opositores relativas a que el laudo fue
proferido dentro de un procedimiento viciado, la
contravención de la buena fe por la petición de
reconocimiento en Colombia, la existencia de decisiones sin
motivación, y la vulneración abstracta de los derechos de
defensa y contradicción, serán despachados de forma
negativa.
6.2.2. Motivos a instancia de parte: el
procedimiento no se ajustó al pacto arbitral.
6.2.2.1. Se alegó que, por haberse fijado la ciudad de
París -Francia- como sede del tribunal arbitral, se desconoció
el pacto suscrito entre las partes, pues allí se previó que la
12 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Pruebas
Judiciales, Tomo II, 9ª Ed., Editorial ABC, Bogotá, 1988, pág. 63.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
31
locación sería definida por el convocante, quien reclamó que
fuera Bogotá -Colombia-.
6.2.2.2. La causal que sirve de soporte a esta alegación
está contenida en el literal d) del artículo V de la Convención
de Nueva York, el cual establece que podrá denegarse el
reconocimiento si se demuestra «[q]ue la constitución del
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado
al acuerdo…».
De forma equivalente el ordinal iv. del literal a) del
canon 112 de la ley 1563 de 2012, permite rehusar la
homologación cuando «la composición del tribunal arbitral o
el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado
entre las partes».
La Corte, refiriéndose a este motivo, en palabras
aplicables mutatis mutandi, doctrinó: «se configura cuando el
tribunal arbitral desatiende sin justificación alguna aquellas
pautas de procedimiento fijadas por las partes en la cláusula
compromisoria (o por remisión, en caso así dispuesto por ellas),
de tal forma que la omisión recaiga sobre todo el trámite
arbitral y no sobre una actuación determinada» (negrilla
fuera de texto, SC4480-2021, 13 oct. Rad. n.° 2019-03417-
00).
6.2.2.3. En el sub examine se tiene que, según el
acuerdo arbitral incorporado al contrato de compraventa:
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
32
El tribunal de arbitramento tendrá su sede alternativamente en
la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos de América, o en
la ciudad de Nueva York, estado de Nueva York, Estados Unidos
de América, a elección del Comprador como parte
convocante, o en cualquier otra ciudad que el Comprador
como parte convocante a dicho arbitramento escoja. Una vez
convocado en cualquiera de las ciudades de acuerdo con la regla
anterior, dicha ciudad será la sede del arbitramento para todas
las controversias que se deriven de este Contrato o que guarden
relación con éste… (negrilla fuera de texto, archivo digital 04.
LAUDO Copia Certificada.pdf).
Trasluce que los contratantes, en desarrollo de su
autonomía de voluntad, regularon la sede arbitral
únicamente para los eventos en que la parte compradora
fuera la convocante del proceso, a quien se le permitió fijar
las ciudades de Miami, Nueva York, o cualquier otra a su
elección. Entendiéndose por comprador, conforme al mismo
convenio, «el significado establecido en el preámbulo» (sección
1.01), esto es, «CFR INTERNATIONAL SpA» y «CFR
PHARMACEUTICALS S.A.», sociedad adquiridas por Abbott
Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott Laboratories (Chile)
Holdco Dos SPA - en liquidación.
Ninguna previsión fue incluida -dentro del pacto de
arbitraje- para los casos en que los vendedores promovieran
el trámite arbitral. Dicho de otra forma, los contratantes
dejaron sin gobernar el escenario correspondiente a la
fijación de la sede arbitral cuando la solicitud fuera
impulsada por Esther I. Ventura de Rendón, Roberto Maurice
Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de
Durán, Juan María Rendón Gutiérrez y/o Atavida Holdings
Gmbh.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
33
Esta anomia debe llenarse con el reglamento de la
institución arbitral a la que remitieron las partes en el
acuerdo de arbitraje, esto es, la Cámara de Comercio
Internacional, por haberse convenido un arbitraje
institucional. Y es que, el señalamiento de una entidad
administradora, no sólo sirve para definir la persona
encargada de acompañar el trámite, sino que hace obligatorio
el reglamento definido por aquélla, salvo pacto en contrario.
Bien se afirma que «la convención de arbitraje institucional no
hace otra cosa que darle fuerza contractual al reglamento de
arbitraje del ente respectivo, con todo lo que ello implica»13.
Según el «Reglamento de Arbitraje» de la CCI, «[l]a sede
del arbitraje será fijada por la Corte a menos que las partes la
hayan convenido» (numeral 1 del artículo 18, archivo digital
Prueba No. 13. Reglamento de Arbitraje de la CCI.pdf), lo que
se traduce en que los vacíos del pacto arbitral, tocantes al
lugar del arbitramento, serán solventados con la decisión de
la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI.
Sobre esta norma explica la doctrina:
En principio, en el ámbito de los arbitrajes comerciales
internacionales rige en general el principio de la autonomía de la
voluntad, de tal modo que, las partes se encuentran en libertad de
elegir la sede arbitral que consideren más conveniente.
Dentro de dicho marco, pueden optar por dejar dicha elección
a una institución arbitral… especialmente si se trata de un
13 ROMERO SEGUEL, Alejandro, La convención de arbitraje en Chile. En SOTO
COAGUILA, Carlos Alberto, Tratado de derecho arbitral, Tomo I, Instituto Peruano de
Arbitraje, Pontificia Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibañez, 2011, pág. 394.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
34
arbitraje institucional, como es el caso de los supervisados
por la Corte Internacional de Arbitraje, en el ámbito de la
CCI (negrilla fuera de texto) 14.
En el sub examine, la Corte de Arbitraje de la CCI, el 5
de noviembre de 2020, procedió de acuerdo con sus
facultades, y fijó a «París (Francia) como la sede del arbitraje
(Artículo 18(1))» (archivo digital Prueba No. 7. Comunicacion
CIA CCI 5112020.pdf). Locación que, valga la pena anotarlo,
es una de las más utilizados en el ámbito mundial por su
reconocida neutralidad15.
Actuación que no descubre yerro alguno, sino una
estricta observancia del pacto arbitral suscrito por los
interesados, como ya se explicó. De esta forma se descarta
que en el trámite arbitral se desconociera el procedimiento
llamado a gobernarlo.
6.2.2.4. En punto a los supuestos beneficios que
reportó a Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott
Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación, el
señalamiento de París, como sede arbitral, no fueron
demostrados en el caso, pues no se allegó ninguna probanza
que dé cuenta de su ocurrencia.
En todo caso, que las compradoras tuvieran negocios en
Francia o que la firma de abogados que defiende sus
14 PARODI, Gustavo, El acuerdo arbitral: la respuesta jurídica a la globalización
económica. En SOTO COAGUILA, Carlos Alberto, ob. cit., pág. 232.
15 Cfr. Gary B. Born, International Arbitration: Law and Practice, Wolters
Kluwer, Países Bajos, 2012, p. 164.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
35
intereses tuviera su sede allí, ninguna trascendencia tiene
para establecer si se observó el contenido del pacto arbitral,
en punto a la fijación de la sede.
6.2.3. Motivos que deben analizarse oficiosamente.
Descartada la configuración de la causal propuesta a
instancia de parte, corresponde analizar si, a la luz del
ordenamiento patrio, el conflicto entre las partes era
susceptible de arbitraje y, de ser así, si el reconocimiento y
ejecución del laudo estará en sintonía con el orden público
internacional de Colombia.
6.2.3.1. Arbitrabilidad de la controversia.
(I) La Convención de Nueva York y la ley 1563 de 2012
prescriben que la homologación sólo resulta procedente
cuando el asunto en discusión en el juicio arbitral sea
susceptible de someterse a este mecanismo de resolución de
controversias, según las prescripciones nacionales.
En nuestro país esta posibilidad se encuentra
condicionada a que las materias en litigio sean de libre
disposición o de alguna de las consideradas arbitrables por
el legislador, según los artículos 1° y 62 del Estatuto de
Arbitraje Nacional e Internacional.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
36
La Sala tiene decantado:
En Colombia, según los artículos 116 de la Constitución Política y
13 -inciso tercero- de la ley 270 de 1996, podrá acudirse al referido
mecanismo de solución de conflictos en todos los casos señalados
por la ley. El canon 69 de la ley 1563 precisó que, en materia
comercial internacional, se podrán arbitrar ‘todas o algunas
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no’. A
su vez, el precepto 15 del Código Civil dispone que sólo ‘[p]odrán
renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo
miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida
la renuncia’. Del conjunto de estos mandatos se infiere que la
arbitrabilidad objetiva está relacionada con el hecho de que el
litigio surja de una relación jurídica determinada, sobre derechos
de libre disposición y susceptibles de ser renunciados (SC3650-
2022).
(II) En el caso se tiene que la controversia entre Atavida
Holdings Gmbh y Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y
Abbott Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación,
giró alrededor del cumplimiento de las obligaciones del
contrato de compraventa celebrado el 10 de agosto de 2012,
en concreto, la devolución de una garantía dineraria en
custodia de un agente fiduciario, el deber de informar sobre
el cambio de una posición contractual en la parte
compradora y el ejercicio abusivo de la facultad de formular
reclamaciones, con las consecuentes indemnizaciones de
perjuicios.
Significa que únicamente se discutieron cuestiones
crematísticas, las que, por antonomasia, son susceptibles de
ser renunciadas, dado que en principio sólo comprometen
intereses particulares, haciéndolas arbitrables.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
37
La Sala tiene señalado que:
…es una disputa arbitrable [la que recae sobre]… un asunto
patrimonial entre particulares, característica esencial de los
asuntos de libre disposición que pueden deferirse a la decisión de
árbitros internacionales. Esto quiere decir que el litigio puesto en
conocimiento del árbitro era arbitrable, tanto del punto de vista
subjetivo como del objetivo, por lo que no se configura este motivo
para negar el reconocimiento (SC554-2024).
(III) Satisfecha la exigencia de la arbitrabilidad de la
controversia, se descarta que pueda denegarse el exequátur
por esta razón.
6.2.3.2. Observancia del orden público internacional
de Colombia.
(I) Conforme al literal a) del numeral 2 del artículo V de
la Convención de Nueva York, en concordancia con el ordinal
ii. del literal b) del canon 112 de la ley 1563 de 2012, la
homologación deberá ser rehusada cuando la sentencia
arbitral sea contraria al orden público del país.
Este orden público, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es el internacional, esto es, «los valores y
principios básicos o fundamentales en que se inspiran las
instituciones jurídicas del ordenamiento patrio» (SC8453-
2016).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
38
Recientemente se clarificó sobre este asunto:
Por orden público se entienden ‘los principios básicos o
fundamentales de las instituciones… Por lo tanto, en principio, el
desconocimiento de una norma imperativa propia del ‘foro’ del juez
del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado
instituto, lo será, si ello trae como consecuencia el
resquebrajamiento de garantías de linaje superior’ (SC, 27 jul.
2011, rad. n.° 2007-01956-00) Así las cosas, ‘únicamente si el
laudo arbitral para el que se pide el reconocimiento lesiona los
valores y principios básicos o fundamentales en que se inspiran
las instituciones jurídicas del ordenamiento patrio, podría
denegarse su reconocimiento’ (SC8453, 24 jun. 2016, rad. n.°
2014-02243- 00). Para concretar la noción de orden público es
necesario nuevamente acudir al principio pro-ejecución, con el fin
de evitar hermenéuticas extensivas y acotar su alcance a los
mínimos esenciales, así como resolver los casos dudosos a favor
del reconocimiento (SC3650, rad. 2021-04294, 15 nov. 2022)
(SC389-2023, 10 oct., rad. n.° 2022-00385-00).
(II) En el sub examine, se tiene que el laudo a homologar
resolvió un conflicto que compromete esencialmente
intereses privados, relativos a la compraventa de acciones, lo
que descarta que pueda existir una afectación directa al
orden público sustancial.
Ahora bien, en punto a la orden de pago de intereses,
consistente en la «tasa prime desde la fecha del… Laudo y
hasta su pago efectivo», que según los opositores debe
rehusarse, no quebranta las reglas esenciales de nuestro
sistema jurídico, pues este tipo de determinaciones
encuentra eco en los artículos 1617 del Código Civil y 283 del
Código General del Proceso.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
39
Sin embargo, como la tasación de los intereses está
gobernada por disposiciones imperativas nacionales, que
buscan proteger el mercado monetario, el reconocimiento de
esta determinación será condicionada a que, en ningún caso,
su reconocimiento conlleve un desconocimiento a los límites
a la tasa de interés fijados por la autoridad competente para
créditos en moneda extranjera.
Así ha procedido esta Corporación en situaciones
equivalentes a la presente:
La Sala tiene dicho: Es importante resaltar[,]… en lo atinente a los
límites impuestos por el legislador a los réditos que puede cobrar
el acreedor, [que es] aspecto… eminentemente imperativo, como
quiera que obedecen a claras y definidas reglas de orden público
económico, las cuales, como se sabe, buscan “mantener el orden y
garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los
abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de
la comunidad” (C. Const. Sent. C-083 de 17 de febrero de 1999)»
(SC, 19 nov. 2001).
En consecuencia, la homologación de esta determinación será
condicionada a que, en ningún caso, se desconozcan los topes de
interés señalados por la autoridad competente para los créditos
expresados en divisas, de acuerdo con el régimen cambiario y
monetario vigente (SC3650-2022. En el mismo sentido SC486-
2022).
(III) También debe excluirse una afectación al orden
público procesal, pues, del laudo arbitral y de los medios
suasorios, se extrae que los sujetos procesales fueron
convocados oportunamente al trámite, al que arribaron
desde la fase inaugural, lo que se tradujo en la posibilidad de
intervenir en la definición de las cuestiones procesales
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
40
iniciales, pronunciarse sobre el escrito inaugural, proponer
nuevas reclamaciones, participar en la práctica de las
pruebas, alegar de conclusión y manifestarse sobre los
gastos del proceso.
De esta forma se hicieron efectivas las garantías de
defensa, contradicción y audiencia bilateral, que integran el
núcleo esencial del debido proceso, en rechazo de una
afectación palpable al orden público procesal patrio.
Esto explica que, en desarrollo de la audiencia sobre el
fondo, realizada el 10 de mayo de 2022, los apoderados de
las partes, al ser inquiridos por el árbitro presidente sobre la
igualdad en el tratamiento procesal y la «plena oportunidad
recibida de presentar su caso», manifestaran:
SEÑOR BARRAGÁN ARANGO: Señora presidenta, nuevamente
ratifico las manifestaciones relacionadas con haber sido
tratado de manera adecuada y haber tenido la oportunidad
para presentar nuestro caso de manera completa…
14 SEÑORA LÓPEZ TONCEL: Muchas gracias. Realmente solo me
sumo a los agradecimientos del doctor Barragán y confirmo que
he sido tratada en igualdad de condiciones…
SEÑOR MANTILLA-SERRANO: Señora presidenta: simplemente
quería agradecer nuevamente también. Confirmar que no tengo
ninguna objeción en la forma en que se ha desarrollado en
el día de hoy este procedimiento y agradecer el tiempo y la
dedicación de ustedes… (negrilla fuera de texto, folios 88 y 89 del
archivo digital 002. 20220510 - Transcripciones Audiencia
Atavida C. Abbott y otros Día 2.pdf).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
41
6.2.3.3. Alegaciones sobre el orden público
sustancial realizadas por los opositores.
(I) Los opositores arguyeron que el laudo del 19 de abril
de 2023, junto a su adendum del 7 de julio siguiente, se
opone a los principios esenciales de la juridicidad material
colombiana por cuanto:
a) se desatendió la fuerza obligatoria de los contratos,
por no declararse el evidente incumplimiento en que
incurrieron las compradoras, al abrigo de una «discrepancia
de criterios», no reconocida como causal eximente de
responsabilidad;
b) se transgredió el pacta sunt servanda por considerar
que la obligación de autorizar o informar los cambios en la
posición contractual es una simple carga, y por obviar los
perjuicios generados por la llegada de Abbott a la relación
negocial; y
c) se quebrantó la prohibición de abuso del derecho y el
principio de la buena fe, porque se retuvo ilegítimamente el
depósito en garantía y no se obtuvo autorización para el
cambio de contratante.
(II) Sobre el primer grupo de reproches, esto es, los
relativos a la transgresión de la fuerza vinculante del
contrato, advierte la Corte que, lejos de descubrir una
alegación por inobservancia del orden público, realmente
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
42
traslucen un disenso o impugnación sobre la decisión de
fondo.
Y es que, al abrigo de esta máxima, los opositores se
dedicaron a reprochar que el tribunal arbitral no accediera a
reconocer los incumplimientos pretendidos, ni ordenara el
pago de la
cláusula penal
, para lo cual expusieron su
posición personal sobre el adecuado entendimiento del
contrato de compraventa y de las pruebas aportadas al
proceso arbitral.
La oposición, entonces, no buscó desvelar porqué los
árbitros dejaron de lado el orden público de Colombia, en
concreto, el principio del pacta sunt servanda, sino que
propendió porque haya un control sobre las motivaciones del
laudo, en concreto, la recta hermenéutica de las pruebas
recaudadas, como si el trámite judicial sirviera de doble
instancia.
Ya está decantado que la homologación «no constituye
una instancia adicional o un recurso de alzada, que permita
al opositor cuestionar la decisión arbitral, sino un instrumento
para revisar ciertos aspectos extrínsecos al proveído y
garantizar su armonía con los estándares regulatorios del
país. Por ello, el fallador no podrá adentrarse en la
revisión ‘de las decisiones’, ni ‘introducir modificaciones o
aclaraciones al contendido de las mismas’ (CSJ, AC, 3 may.
2012, rad. n.° 2008-01760-00)» (negrilla fuera de texto,
SC9909-2017).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
43
Regla explicable por cuanto el «concepto de orden
público», mayoritariamente, «se sitúa en una corriente
restrictiva o minimalista» (SC877-2018), la cual «preconiza
una aplicación limitadísima de la cláusula de orden público…
excluyendo cualquier control sobre el contenido del laudo»16.
La doctrina internacional enseña:
Si bien la excepción de orden público permite a los tribunales
examinar los fundamentos del laudo, el alcance de ese examen no
es ilimitado. Los tribunales han reconocido que el orden público no
proporciona una oportunidad a la parte que se opone al
reconocimiento y la ejecución para volver a discutir el fondo del
asunto ni para alegar que el asunto no se resolvió en el sentido
correcto17.
Dicho de otra forma, la oposición al reconocimiento no
debe utilizarse para denunciar que los árbitros se
equivocaron o para propender por una decisión favorable a
los opositores, bajo la excusa de que el orden público reclama
una revisión de fondo, lo que no fue observado por el
opositores en el presente caso.
(III) Se suma a lo explicado que, según el laudo arbitral
y su adendum, el tribunal sí evaluó el contenido y alcance del
contrato de compraventa celebrado el 10 de agosto de 2012,
así como las pruebas que dan cuenta de la forma en que se
16 Miguel Gómez Jene, Arbitraje Comercial Internacional, Civitas-Aranzadi,
Navarra, 2023.
17 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,
Guía relativa a la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), Naciones Unidas, Nueva York, 2017, p.
285.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
44
ejecutó, reconociéndole a aquél la condición de fuente de
obligaciones.
De esto despunta que los árbitros observaron la máxima
de la fuerza obligatoria de los contratos, pues valoraron la
convención y asintieron en su capacidad jurigénea, a partir
de lo cual evaluaron el reclamo por incumplimiento negocial
implorado.
Lo concerniente a cuál es el contenido y el alcance de
las cláusulas, o la valoración de las pruebas que dan cuenta
de la forma en que las partes cumplieron sus deberes, cae
dentro de la autonomía que abriga el quehacer de los
árbitros, que no es susceptible de control por esta
Corporación.
Los expertos explican, refiriéndose a la Convención de
Nueva York:
El Convenio no contiene ninguna excepción que permita la no
ejecución de un laudo simplemente porque los árbitros emitieron
una decisión equivocada o, incluso, muy equivocada. Esto es
razonablemente claro de la redacción de la Convención, que no
contiene ninguna referencia a la posibilidad de revisión de fondo,
y ha sido afirmado uniformemente por los tribunales y
comentaristas.
En palabras del Tribunal Supremo de Luxemburgo: “La
Convención de Nueva York no prevé ningún control sobre la
manera en que los árbitros deciden sobre el fondo, con como única
reserva, el respeto del orden público internacional. Incluso, aunque
fuera flagrante un error de hecho o de derecho, cometido por el
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
45
tribunal arbitral, esto no es motivo para denegar la ejecución del
laudo arbitral”18.
(IV) Con todo, para despejar cualquier incógnita que
pudiera emanar de los argumentos de defensa, la Sala estima
pertinente realizar las siguientes clarificaciones, que se
agregan a lo dicho para dejar sin piso las censuras
formuladas:
a) No es correcta la afirmación realizada en la oposición,
en el sentido de que los árbitros se limitaron a rehusar la
declaración de incumplimiento por la existencia de una
«discrepancia de criterios», en desatención del carácter
obligatorio del contrato y del derecho a la indemnización.
Total, el mencionado epílogo, fue fruto de una reflexión
sobre las actuaciones de las compradoras, a partir de lo cual
se afirmó que «obraron razonablemente y de buena fe», al no
permitir la liberación del depósito en garantía, por cuanto
entendieron que «sus Notificaciones de Reclamación
abarcaban cualquier proceso relacionado al cuestionamiento
sobre la titularidad de las acciones en Lafrancol», incluyendo
el trámite penal que cursaba en Colombia, más aún por
cuanto «las demandadas no basaron sus objeciones en
especulaciones, sino en un proceso que está estrechamente
ligado a los reclamos hechos al marco de la conciliación y del
Arbitraje 19728/ASM» (folio 88 del archivo digital 04. LAUDO
Copia Certificada.pdf).
18 Gary B. Born, op. cit. (traducción propia).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
46
Estos razonamientos dejan al descubierto que los
árbitros apreciaron el contrato, en particular, las reglas sobre
reclamaciones, así como las notificaciones sobre
reclamaciones realizadas por las compradoras, a partir del
estándar de una persona razonable, lo que les permitió
concluir que existió la creencia legítima de que se formuló
una exacción que impedía la liberación de la garantía, razón
para denegar la configuración de la responsabilidad
reclamada.
Queda en evidencia de esta forma que el laudo
reconoció efectos al contrato de compraventa, pero despachó
negativamente las pretensiones de los vendedores por
encontrar una explicación suficiente de la conducta de las
adquirentes, sin fundarse exclusivamente en una
«discrepancia de criterios».
En cuanto se refiere al alcance de las notificaciones
realizadas y su adecuación a las exigencias convencionales,
es un aspecto propio de la actividad decisoria del panel
arbitral, que no puede revisarse en el trámite de la
homologación, en estricto acatamiento del principio de no
revisión sustancial.
b) Es inexacto aseverar que, en el laudo del 19 de abril
de 2023, se suprimió vinculatoriedad a la sección 12.04 del
contrato de compraventa, en punto a la autorización
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
47
requerida para «ceder, delegar o… transferir, directa o
indirectamente, sus derechos y obligaciones».
En verdad, en la decisión arbitral se reconoció valía a
este precepto, interpretado dentro del contexto de la relación
obligatoria, como reluce de la siguiente transcripción:
403. En el caso concreto, es natural pensar que las partes que
celebraron el Contrato de Compraventa lo hicieron deseando que
su objeto - es decir, la transferencia de ciertas acciones - se
produjera. Entonces, atribuir a la Sección 12.04 una interpretación
al grado de considerar que de su texto se desprende
implícitamente el derecho de una parte a limitar el libre dominio y
frustrar o bloquear el objeto del Contrato de Compraventa es una
cuestión mayor que no puede inferirse, en ausencia de una
estipulación expresa y ciara en el texto del contrato.
404. El Tribunal Arbitral no logra, además, identificar qué razones
hubieran podido tener los Vendedores para oponerse a la
restructuración del Grupo Abbott incorporando a CFR, cuando la
obligación principal del Comprador - el pago del Precio de Compra
- estaba cumplida. En el expediente del arbitraje no obra elemento
alguno que permita al Tribunal Arbitral identificar qué hubiera
podido decir la Demandante y/o las Partes Adicionales ante las
transacciones que constituyeron las reorganizaciones corporativas
del Grupo Abbott. El recurso que prevé esta sección del Contrato
de Compraventa consiste en poderse oponer a determinada
transferencia que pueda poner en riesgo la ejecución del contrato
o causar un daño. El Tribunal Arbitral no detecta consecuencia
adversa que el incumplimiento a esta Sección 12.04, post-cierre,
hubiera podido generar en los Vendedores. El Garante, además,
no parecía tener ya obligaciones pendientes por cumplir; el Precio
de Compra estaba ya cubierto (folio 106 ibídem).
Nótese que la sección 12.04 fue apreciada por los
árbitros, quienes incluso le atribuyeron efectos vinculantes
para los contratantes. Sin embargo, con el fin de establecer
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
48
su campo de aplicación, tuvieron en consideración la
naturaleza intuitu rei de la compraventa y el interés de las
partes para invocar su cumplimiento, lo que condujo a acotar
su vigencia temporal hasta el momento en que el precio de la
compraventa se pagara integralmente.
Este entendimiento no muestra una fractura al
principio del pacta sunt servanda, sino su acogimiento, al
margen de que se compartan o no las conclusiones
hermenéuticas del tribunal, cuya revisión no puede hacerse
en el exequátur, como se ha indicado arduamente.
c) En lo tocante a la vulneración del orden público
internacional por no tenerse en cuenta ni declararse las
actuaciones abusivas y de mala fe de las compradoras,
consistentes en no liberar la garantía y no solicitar
«autorización, ni notificaron a los Vendedores que ellas
adquirieron los derechos y obligaciones derivados del Contrato
de Compraventa», sea lo primero señalar que, contrario a lo
indicado, en el laudo si se revisó la materia, aunque se
denegó su declaración por la falta de demostración.
Así reluce de la siguiente reproducción:
428. La Demandante y las Partes Adicionales han reclamado que
las Demandadas han ejercido abusiva y dolosamente los derechos
que el Contrato de Compraventa les confiere. Incluso afirman que,
por la indebida retención del Depósito en Garantía, incumplieron
sus obligaciones del pago del Precio de Compra conforme al
Contrato de Compraventa.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
49
429. En esta imputación a las Demandadas, la Demandante y las
Partes Adicionales hacen referencia a fuentes Jurídicas (legales,
jurisprudenciales y doctrinales) relativas al abuso de derecho y a
la mala fe, pero a escasos hechos y pruebas fácticas…
431. En el análisis del ejercicio abusivo o doloso de un derecho
contractual es necesario estudiar la naturaleza y alcance del
derecho cuestionado y el estándar de libertad de actuación que el
texto contractual le atribuye; lo anterior permitirá determinar si el
ejercicio de ese derecho fue abusivo o legítimo.
432. En específico, las prerrogativas a analizaren esta sección son,
por un lado, el derecho de las Demandadas de presentar
Notificaciones de Reclamación…
433. La disposición contractual en análisis es entonces la Sección
9.06 del Contrato de Compraventa. Como hemos mencionado en
otros apartados del presente Laudo, esta sección establece un
mecanismo detallado y una lista de requisitos para la presentación
de estas reclamaciones. En la medida en que la Parte Indemnizada
cumpla este mecanismo y presente los requerimientos señalados,
no hay límite en la presentación de las reclamaciones…
436. Es importante recordar que, en esta alegación, correspondía
a la Demandante y a las Partes Adicionales probar el ejercicio
abusivo del derecho comentado y la mala fe.
El Tribunal Arbitral no identifica elemento probatorio aportado por
la Demandante y por las Partes Adicionales que acredite esta
cuestión pues ya hemos dicho que el recurso a un procedimiento
previsto en el Contrato de Compraventa (la presentación de
Notificaciones de Reclamación) no estaba restringido a un número
de notificaciones ni al monto de la misma, ni se veía mermado si
quien las presentaba decidía luego retirarlas; solo bastaba
presentar los requisitos previstos en el Contrato de Compraventa
y dar oportunidad a los Vendedores a presentar las
correspondientes objeciones, para que el Depósito en Garantía se
mantuviera retenido.
Luego, el laudo no fue omisivo en resolver la alegación
de los vendedores, sino que rehusó su prosperidad por las
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
50
deficiencias probatorias, lo que descarta el argumento de los
opositores en esta materia.
6.2.3.4. Alegaciones sobre el orden público procesal
realizadas por los opositores.
(I) Indicaron las demandadas, que intervinieron en el
trámite de homologación, que el orden público procesal
resulta desatendido por el laudo de la CCI por infringir el
debido proceso de los vendedores, pues:
a) se emitió una condena no solicitada, tocante a la
orden para que las compradoras devolvieran el depósito en
garantía;
b) la solicitud para el reconocimiento de intereses sobre
los gastos y costas del proceso se efectuó de forma
extemporánea, sin correr traslado y en violación del principio
de igualdad; además, la condena por estos valores se soportó
en una auto-certificación, que no es un medio de prueba, sin
analizar su razonabilidad y en desatención de la orden
procesal n.° 9; y
c) Se impidió a las compradoras acceder a la
información sobre la adquisición accionaria por parte de
Abbot, lo que fue cohonestado por los árbitros por no
decretar las pruebas solicitadas.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
51
(II) Frente a la violación del orden público por la emisión
de un laudo incongruente, delanteramente conviene precisar
que la garantía del debido proceso, como lo ha sostenido
insistentemente esta Sala, integra el contenido esencial del
sistema jurídico patrio (Cfr. SC, 27 jul. 2011, rad. n.° 2007-
01956-00; SC5615-2021 y SC2606-2022).
Sin embargo, este linaje no se predica de todos los
principios y directrices procesales, sino solamente de «las
garantías fundamentales que permitan asegurar la defensa y
un juicio ecuánime, como el derecho a recibir una adecuada
notificación, una oportunidad razonable de defensa, igualdad
entre las partes y un procedimiento justo ante un juzgador
imparcial» (SC877-2018).
Tratándose de la congruencia, principio de gran
importancia dentro del esquema procesal privado, por
salvaguardar los límites de la actividad jurisdiccional y hacer
efectivo el principio dispositivo, lo cierto es que admite
variadas excepciones, en garantía de valores superiores como
la protección de sujetos de especial relevancia constitucional,
la coherencia del sistema judicial o la observancia de
estrictas reglas procesales.
Esta naturaleza de la congruencia, en el sentido de que
puede restringirse o incluirse su aplicación, descarta que
haga parte del orden público procesal, pues de ser así no
admitiría ninguna reserva. Así lo precisó esta Sala:
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
52
[E]sta Corte ha empleado la clasificación de la categoría «orden
público internacional» entre las variables ‘sustantivo’ y ‘procesal’,
de conformidad con lo expuesto en la Resolución 2 de 2002 de la
Asociación de Derecho Internacional…
[L]o cierto es que la antedicha circunstancia no habilita para que
por la causal en estudio se puedan invocar aspectos relacionados
con la regla de congruencia en la actividad de sentenciar; ello por
cuanto ésta relevante categoría, más allá de su importancia en el
procedimiento civil, no puede predicarse como principio
fundamental del ordenamiento jurídico colombiano y ni siquiera
como una garantía representativa, autónoma, general e
indisponible de la cual dependa la plena vigencia del postulado
del debido proceso.
En efecto, la pauta de consonancia no está comprendida de forma
independiente, dentro de las garantías mínimas del referido «orden
público internacional procesal», ni dentro de aquellas que se deben
ofrecer en cualquier actuación que se surta en Colombia (SC5207-
2017, 18 ab., rad. n.° 2016-01312-00).
En consecuencia, aunque se admitiera que los árbitros
desatendieron las pretensiones contenidas en los escritos de
demanda de Atavida Holdings Gmbh o de Roberto Maurice
Ventura, Bella Ventura y Joyce Ventura de Durán, al acceder
a la devolución del depósito en garantía, este yerro no impide
la homologación.
(III) En cuanto corresponde a la distribución de los
gastos del proceso arbitral, tampoco se advierte que el
reconocimiento del laudo arbitral desvele una afrenta a los
principios esenciales de nuestra juridicidad.
a) En primer lugar, por cuanto la queja sobre la
extemporaneidad del reclamo, en puridad, esconde una
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
53
crítica por incongruencia, principio que no hace del orden
público internacional de Colombia.
Con todo, una revisión del laudo deja en evidencia que
las compradoras sí pretendieron esta condena, desde la
iniciación del proceso, lo que desestima el argumento de los
contendientes.
Y es que, según la sentencia arbitral, se impuso la carga
de pagar intereses a la «tasa (Prime Rate)», «[e]n atención al
reclamo de intereses que las Demandadas incluyeron en
su pretensión de gastos y costas» (negrilla fuera de texto,
folio 136 del archivo digital 04. LAUDO Copia
Certificada.pdf). Súplica que, según la transcripción y
traducción del acta de misión19, estaba contenida en el
documento de respuesta al arbitraje, en estos términos:
«condenar a la Demandante y Partes Adicionales 1-5 a cubrir
los gastos y costas del arbitraje, incluyendo los costos de
representación legal de las Demandadas, más el interés
legal» (negrilla fuera de texto, folio 33 ibidem).
Así queda al descubierto que la condena fue fruto de un
pedimento formulado en la oportunidad dispuesta para
contestar la petición arbitral, lo que demuestra su
tempestividad, sin que al presente trámite se hayan arrimado
19 Documento que se profiere en la fase inicial del trámite, con la función de
que el tribunal precise su misión, para lo cual deberá identificar a las partes del
proceso, dirección de notificaciones, descripción sumaria de las pretensiones y
peticiones, listado de puntos litigiosos a resolver, nombre de los árbitros, sede arbitral
y normas aplicables, conforme al artículo 23 del Reglamento de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional (folios 32 y 33 del archivo digital Prueba No. 13.
Reglamento de Arbitraje de la CCI.pdf).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
54
pruebas que permitan poner en duda la fiabilidad de esta
conclusión.
b) Por otra parte, la prueba de los gastos y agencias de
derecho del trámite arbitral, es un asunto que quedó definido
en la orden procesal n.° 9 del 31 de agosto de 2022, en los
siguientes términos: «el Tribunal Arbitral solicita a las Partes
presentar – como anexo a su escrito – una certificación de
cada uno de los despachos de abogados respaldando el
contenido de la mencionada relación» (negrilla fuera de
texto, folio 5 del archivo digital Prueba No. 12. Orden
Procesal.pdf).
La finalidad de esta atestación era brindar soporte al
informe que las partes tenían que allegar sobre «(i) el concepto
de todos los costos o gastos relacionados con el arbitraje; (ii)
su monto y moneda; y (iii) la entidad o persona física
beneficiario de cada uno de ellos» (ejusdem).
Las partes cumplieron con esta carga el 7 de septiembre
de 2022 y el 13 de enero de 2023, según el laudo a
homologar, pues «presentaron sus Escrito de Costos y Gastos,
incorporando una relación de las erogaciones realizadas para
la conducción del arbitraje y una certificación de los
despachos de abogados correspondientes» (folio 23 del
archivo digital 04. LAUDO Copia Certificada.pdf), lo que
sirvió al tribunal para definir los gastos que debían ser
reconocidos y el porcentaje en que serían asumidos por cada
una de las partes.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
55
Proceder que no esconde arbitrariedad y, menos aún,
afrenta al orden jurídico nacional. De un lado, por tratarse
de documentos provenientes de las partes, susceptibles de
ser valorados al momento de emitir sentencia de fondo, como
lo permite el canon 244 del Código General del Proceso para
juicios nacionales. Y por otro, por cuanto las censuras sobre
el valor suasorio de éstos, no pueden ser desatadas dentro
del trámite de exequátur, en tanto su finalidad no es revisar
la corrección del laudo, como ya se explicó.
En cuanto se refiere a la falta de traslado de los escritos
de gastos, esta situación se originó en el diseño del trámite
arbitral, por no haberse previsto su realización. Empero, su
inexistencia no supone una afrenta al debido proceso, pues
las pruebas fueron allegadas oportunamente y sirvieron para
que el panel arbitral tomara una determinación, quien las
sometió al tamiz de su valoración. Así se infiere de la
siguiente manifestación, contenida en el laudo:
De conformidad con el Calendario Procesal y la Orden Procesal No.
9, las partes presentaron sus escritos de costos y gastos, los
anexos a los mismos y las certificaciones de los despachos
correspondientes el 7 de septiembre de 2022…
Con relación a los gastos y honorarios legales de las
demandadas… el Tribunal estima que éstas prevalecieron en un
monto menor al 10 por ciento de sus pretensiones. Sin embargo,
en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 38 del
Reglamento de Arbitraje CCI, el Tribunal Arbitral ha valorado no
solo el aspecto monetario de las pretensiones, si no la complejidad
y tiempo que cada una de ellas representó para las partes en su
reclamo y defensa… Por ello, el tribunal estima razonable hacer
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
56
una distribución del 80 por ciento de sus propios gastos y
honorarios legales y cubrir el 80 por ciento de los gastos y
honorarios legales reportados por las demandadas, es decir 80 por
ciento de USD5.018.684,9 (El monto reportado por las demandas
en su correo electrónico del 13 de febrero de 2023 fue USD
5.023.684,90; sin embargo dicho monto incluye los USD5.000
pagados a la CCI por concepto de anticipo de la provisión de gastos
de las demandadas)
c) En tercer lugar, la crítica sobre la falta de análisis de
la razonabilidad de la distribución de los gastos, por violar
«por completo el principio del debido proceso ante la
imposibilidad de comprobar el gasto condenado», no pasa de
ser una simple enunciación, sin mayor explicación sobre la
forma en que este yerro constituye una transgresión
relevante de la garantía fundamental de marras.
Máxime porque, según la orden procesal n.° 9 del 31 de
agosto de 2022 del Tribunal Arbitral, las certificaciones de
gastos debieron ser compartidas con el resto de las partes, sin
que en el litigio que ahora se resuelve se haya demostrado su
desatención.
En todo caso, la alegación decae en el vacío, al mirarse
que en el laudo arbitral se hizo una completa disertación
para establecer la forma en que operaría la distribución, para
lo cual se tuvo en cuanto la acumulación de pretensiones
efectuada por las vendedoras (folios 130 a 133 ídem) y la
ausencia de representación coordinada (folio 133), así como
«la complejidad y tiempo que cada una de ellas representó
para las Partes en su reclamo y defensa» (folio 134 ibidem).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
57
d) Adicionalmente, se desestima una vulneración del
derecho a la igualdad, por la no condena al pago de intereses
en contra de las compradoras y a favor de las vendedoras,
pues esta decisión se fundamentó en un argumento que
reluce armónico con este derecho fundamental.
Total, según el laudo del 19 de abril de 2023, la decisión
obedeció a que «las Demandantes y Demandadas Adicionales
no incluyeron solicitud de intereses de gastos y costas
en sus peticiones al Tribunal Arbitral» (negrilla fuera de
texto, folio 136).
La ausencia de pedimento es una razón legítima para
abstenerse de emitir la condena de la que se duelen los
opositores y explica el trato diferenciado entre vendedores y
compradoras, en descalificación de la discriminación
invocada, de allí que la homologación no pueda denegarse
por este motivo.
e) Por último, los censuras por la falta de decreto de
pruebas e imposibilidad de acceder a información, a la luz de
la prohibición de denegación de justicia y la buena fe, son
meras aseveraciones ayunas de soporte suasorio.
Ninguna prueba se anexó al escrito de oposición
tendiente a dejar en evidencia las pruebas que fueron
rehusadas por los sentenciadores privados, la iniquidad de
su determinación o su relevancia para el litigio, con el fin de
descubrir una afrenta directa al núcleo del debido proceso.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
58
Es cierto que se aportó un documento, intitulado
«registro de documentos excluidos de la exhibición de
documentos por parte de las demandadas en atención a la
protección del secreto profesional del abogado», en el que se
relacionan 207 correos electrónicos, con la anotación «[e]ste
registro obedece a lo ordenado en el ¶ 35 de la Orden Procesal
No. 3 del 7 de abril de 2021, y contiene un registro de
documentos identificados como responsivos a las solicitudes
de exhibición de documentos de las Demandantes, pero
excluidas de la exhibición de las Demandadas por tratarse de
documentos sujetos a la protección del secreto profesional del
abogado, y conforme a lo indicado por el Tribunal Arbitral en
el ¶ 7(b) de la Orden Procesal No. 5 del 25 de octubre de 2021»
(archivo digital Prueba No. 17. Pruebas excluidas.pdf).
Sin embargo, este archivo carece de autoría
determinada, pues únicamente incluyó en la primera página
el nombre «Latham & Watkins», sin ninguna precisión o
particularización, por lo que no es dable atribuir su
realización a una persona natural o jurídica. Además, el
mismo no da cuenta de la decisión de los árbitros sobre la
materia en cuestión, por lo que no permite desvelar el yerro
de juzgamiento achacado. Por último, la existencia de una
justificación razonable para no permitir el acceso a la
información, como es el secreto o reserva profesional,
excluye, prima facie, un atentado contra el debido proceso.
No puede olvidarse que, en nuestro sistema jurídico, es
posible oponerse a la exhibición documental, siempre que se
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
59
haga de forma motivada, lo cual deberá ser evaluado por el
sentenciador en el caso concreto, como lo prevé el artículo
267 del Código General del Proceso para los litigios locales.
Respecto a la mala fe de las compradoras, por obstruir
el acceso a la información respecto a la operación entre CFR
International SPA y CFR Pharmaceuticals SA con Abbott
Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott Laboratories (Chile)
Holdco Dos SPA - en liquidación, se mantuvo en el campo de
las especulaciones, por la orfandad probatoria que la
acompaña.
Rememórese, a riesgo de hastiar, que el exequátur tiene
como finalidad exclusiva conceder efectos, en el país, a una
determinación jurisdiccional extranjera, sin que pueda
emplearse para discutir aspectos sustanciales relativos al
litigio decidido por los jueces foráneos.
7. Colofón de cierre.
7.1. Lo discurrido permite comprobar que se reúnen los
presupuestos para homologar la determinación arbitral
identificada en el encabezado, sin que las oposiciones
propuestas estén llamadas a prosperar.
En todo caso, la determinación arbitral que ordenó el
pago de intereses será reconocida de forma condicionada, en
el sentido de que no podrá superarse la máxima tasa de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
60
intereses permitida en Colombia para créditos en moneda
extranjera.
7.2. Se impondrá condena en costas en contra de los
opositores, por fuerza del numeral 1° del artículo 365 del
Código General del Proceso, en concordancia con el canon
114 de la ley 1563 de 2012.
Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente, de conformidad con los parámetros señalados por
el Consejo Superior de la Judicatura, según el precepto 363
de la codificación en mención.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Conceder el exequátur a laudo arbitral del 19
de abril de 2023 dentro del arbitraje CCI n.° 25091/JPA/AJP
y su adendum del 7 de julio del mismo año, en el proceso que
Atavida Holdings Gmbh promovió contra las solicitantes y al
cual se vincularon Esther I. Ventura de Rendón, Roberto
Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce
Ventura de Durán y Juan María Rendón Gutiérrez.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
61
Segundo: Condicionar la homologación de la
determinación relativa a la condena de intereses, a que éstos
no superen los límites señalados en las normas patrias sobre
intereses para créditos en moneda extranjera.
Tercero: Condenar en costas a los opositores. El
magistrado ponente fija como agencias en derecho el
equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes para la fecha de la sentencia.
Cuarto: Oportunamente archívese el expediente.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 6BB122C08004434D14AFB309F0B52780EB594E7D24690E649D3A3EBC6AEDB9C6
Documento generado en 2024-11-15