---
clave: "corte_suprema:providencia:SC2821-2024 [2024-00239-00]"
titulo: "Corte suprema: SC2821-2024"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-11-15"
radicado: "2024-00239-00"
numero: "SC2821-2024"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2821-2024%20%5B2024-00239-00%5D"
---

# Corte suprema: SC2821-2024

- **Título oficial / radicado:** SC2821-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-11-15
- **Radicado:** 2024-00239-00
- **Número:** SC2821-2024
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2821-2024%20%5B2024-00239-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2821-2024%20%5B2024-00239-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS8xMS4tIE5vdmllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMjgyMS0yMDI0IFsyMDI0LTAwMjM5LTAwXS5wZGY%3D/Civil/cl%C3%A1usula%20penal

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 2213 de 2022
- Ley 1563 de 2012
- Constitución Política

## Extracto

A) A instancia de la parte contra la cual se invoca, cuando ella pruebe ante la autoridad judicial competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución: i. Que para el momento del acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo; o ii. No se desconoce que en las páginas 13, 33, 69 y 70 de la sentencia arbitral hay parágrafos en idioma inglés, correspondientes, en su orden, a la cláusula arbitral del Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00 23 escrow agreement (nota de píe de página), contenido parcial del acta de misión (nota de pie de página) y secciones 5.5. y Como los requerimientos formales se encuentran saciados, ahora procede analizar si se configura alguno de los motivos para denegar el reconocimiento.

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2821-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
(Aprobado en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)
La Corte decide la solicitud de homologación presentada
por Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott
Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación,
respecto al laudo arbitral proferido el 19 de abril de 2023
dentro del trámite CCI n.° 25091/JPA/AJP y su adendum del
7 de julio del mismo año, en el proceso que Atavida Holdings
Gmbh promovió contra las solicitantes y al cual se vinculó a
Esther I. Ventura de Rendón, Roberto Mauríce Ventura
Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán y
Juan María Rendón Gutiérrez.
ANTECEDENTES
1. Las promotoras, en el escrito inaugural de este
proceso, pidieron conceder el reconocimiento del laudo del
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
2
epígrafe, así como condenar a costas y agencias en derecho
de presentarse oposición (archivo digital 1100102030002-
02400239000003Soporte_Novedades.pdf).
2. La solicitud se sustentó en los hechos que admiten
este compendio:
2.1. El 10 de agosto de 2012 se celebró contrato de
compraventa sobre unas acciones, en el que actuaron CFR
International SPA como comprador, CFR Pharmaceuticals SA
como garante, y Esther I. Ventura de Rendón, Roberto
Maurice Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce
Ventura de Durán, Juan María Rendón Gutiérrez y Atavida
Holdings Gmbh, como vendedores.
Allí se previó que cualquier desavenencia entre las
partes se resolvería por un tribunal de arbitramento,
sometido a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional
-en adelante CCI-.
2.2. Las sociedades CFR International SPA y CFR
Pharmaceuticals SA, con posterioridad al negocio, fueron
adquiridas por Abbott Laboratories (Chile) Holdco SPA y
Abbott Laboratories (Chile) Holdco Dos SPA - en liquidación.
2.3. Atavida Holdings Gmbh presentó solicitud de
arbitraje en contra de las compradoras, trámite al que se
vinculó, como parte adicional, a Esther I. Ventura de Rendón,
Roberto Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi,
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
3
Joyce Ventura de Durán y Juan María Rendón Gutiérrez,
calidad que invocaron para presentar -dentro del mismo
proceso- una demanda en contra de las accionadas.
2.4. Agotado el trámite arbitral se profirió laudo el 19
de abril de 2023, en el que: (I) se ordenó la liberación del
depósito en garantía por US$25.000.000 en favor de Atavida
Holdings Gmbh; (II) se declaró que la compraventa no era
intuitu personae; (III) se reconoció que las compradoras no
incumplieron sus obligaciones, ni actuaron con dolo, mala fe
o abuso del derecho, razón para negar el pago de perjuicios;
(IV) se condenó a la demandante y a la parte adicional a
asumir los gastos del arbitraje, honorarios legales y
honorarios de peritos, generándose intereses sobre la
primera de las sumas a la «tasa prime desde la fecha del
presente laudo y hasta su pago efectivo»; (V) se mandó a los
compradores a reembolsar el equivalente al 20% de los
anteriores importes; y (V) se rechazaron los otros
pedimentos.
2.5. El 7 de julio de igual anualidad se emitió
Addendum del Laudo Final, en el cual se corrigieron las
condenas dinerarias.
3. La petición de homologación fue admitida por auto
del 14 de febrero del año en curso, ordenándose correr
«traslado por diez días a Atavida Holdings Gmbh, Esther I.
Ventura de Rendón, Roberto Maurice Ventura Crispino, Bella
Ventura Corkidi, Joyce Ventura de Durán, y Juan María
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
4
Rendón Gutiérrez», previa notificación conforme al artículo 8
de la ley 2213 de 2022 (archivo digital 1100102030002024-
00239000007Auto.pdf).
4. Roberto Maurice Ventura Crispino, Joyce Reina
Ventura de Durán y Bella Clara Ventura Corkidi, por
apoderado común, se opusieron al reconocimiento (archivo
digital 110010203000202400239000015Soporte_Noveda-
des.pdf)1, con los argumentos que más adelante se
compendian. Documento que se tuvo por presentado por
auto del 11 de abril de los corrientes (archivo digital
0034Auto.pdf).
5. Los opositores, el día 17 siguiente, arrimaron la
traducción de varios de documentos (archivo digital
0041Soporte_Novedades.pdf)2, cuya incorporación se rehusó
por proveído del 26 de abril (archivo digital 0044Auto.pdf).
Determinación mantenida en el auto AC4469 del 14 de
agosto de 2024, al resolverse el recurso de súplica formulado
por aquéllos (archivo digital 0050Constancia_secretarial)3.
7. En el referido auto del 26 de abril se ordenó dar
traslado a los reclamantes de la oposición propuesta (archivo
digital 0044Auto.pdf), decisión recurrida en reposición
(archivo digital 0048Constancia_secretarial)4, que fue
1 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0070-
Constancia_secretarial.pdf.
2 Escrito reiterado el 15 de mayo de 2024 por archivo digital 0064-
Constancia_secretarial.pdf.
3 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0074-
Constancia_secretarial.pdf.
4 Escrito reiterado el 4 de junio de 2024 por archivo digital 0069-
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
5
denegado por auto AC2477-2024 (archivo digital
0061Auto.pdf).
8. El 17 de mayo de la presente anualidad, los
solicitantes descorrieron la oposición, cuyos argumentos se
resumen con posterioridad (archivo digital 0066Constancia-
_secretarial.PDF).
OPOSICIÓN
1. Los convocados que contestaron, deprecaron que el
exequatur no fuera concedido por cuanto: el laudo arbitral (I)
contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo
arbitral, (II) fue proferido dentro de un procedimiento viciado,
(III) violó el orden público de Colombia, y (IV) la solicitud de
homologación infringió la buena fe.
Señalaron que (I) las solicitantes han actuado de forma
torticera; (II) el tribunal arbitral emitió decisiones sin
motivación; y (III) los vendedores no pudieron ejercer su
derecho de defensa y contradicción a lo largo de todo el
proceso arbitral, pues los honorarios de los abogados fueron
reconocidos a partir de una auto-certificación y sin
considerar su tardía formulación. Además, calificaron como
paradójico que se pretenda el exequatur del laudo en
Colombia, cuando en Suiza se buscó lo opuesto, lo que atenta
contra la equidad y la buena fe procesal.
Constancia_secretarial.pdf.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
6
2. Invocaron el numeral iv del literal a) del artículo 122
de la ley 1563 de 2012, para argüir que el procedimiento no
se ajustó al pacto arbitral, pues la Corte Internacional de
Arbitraje de la CCI fijó como sede la ciudad de París,
desconociendo que las partes previeron que esta facultad
estaba en cabeza de la convocante, según la cláusula 12.06
del contrato de compraventa; y como Atavida solicitó que
fuera Bogotá, lo que fue reiterado por los demás vendedores,
resulta arbitrario y atentatorio contra la autonomía de la
voluntad la fijación de otro lugar, el que, por demás, carece
de conexión con el contrato y el litigio. Decisión que se emitió
sin motivación o argumentación.
Estimó que, con esta resolución, se benefició a las
compradoras, quienes hacen parte de un conglomerado que
desarrolla negocios en Francia y contrataron una firma de
abogados que tiene su asiento en esa ciudad.
3. Arguyó que el laudo desconoció el orden público
internacional de nuestro país, por cuanto:
3.1. Desatendió el principio de la fuerza obligatoria de
los contratos, al no declarar el incumplimiento de los
compradores por el hecho de no liberar el depósito en
garantía.
En soporte acudió a las cláusulas 8.14 y 9.06 del
contrato de compraventa, para denotar que las compradoras
hicieron 17 reclamaciones para impedir la devolución de la
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
7
garantía, «las cuales, para el 2019, ya se encontraban
desistidas o eran de montos insignificantes, que, en los
términos del contrato…, no tenían la virtualidad de impedir la
liberación», lo que fue desatendido por el tribunal arbitral
«aduciendo… una ‘discrepancia de criterios’ entre las partes».
Reprochó que, al abrigo de una diferencia
interpretativa, se negara la declaratoria de incumplimiento,
en contravía de la fuerza obligatoria de los contratos y del
derecho a ser indemnizado, máxime porque las partes fueron
calificadas como «sofisticadas» y conocedoras del mecanismo
de la reclamación.
Estimó de irónico, y contrario a la congruencia, que se
afirmara que las compradoras no incurrieron en una
retención ilegítima de la garantía y, al mismo tiempo, se
ordenara su liberación en el laudo.
Denunció «el absurdo propuesto por el tribunal arbitral»,
pues «bastaría que cualquier parte aduzca tener diferencia de
criterios para exculparse de su responsabilidad contractual.
De esta manera, también podría liberarse la parte de tener que
pagar los perjuicios ocasionados con su malicioso actuar».
3.2. Reprochó la vulneración del citado principio del
pacta sunt servanda, por no declararse que las compradoras
incumplieron el contrato al no pedir autorización, ni
informar, sobre la cesión o transferencia de derechos
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
8
contractuales de CRF a Abbott, en desprecio de la sección
12.04 de la compraventa celebrada entre las partes.
Encontró que se incurrió en una denegación de justicia
porque, si bien las vendedoras solicitaron toda la información
relacionada con la adquisición de CFR por Abbott, este
pedimento probatorio fue denegado.
Con todo, recordó que el cambio de posición contractual
les provocó perjuicios, expresados en la retención ilegítima
del depósito en garantía, pues CFR no efectuó ninguna
reclamación con este propósito, mientras que Abbott hizo lo
contrario, por lo que debió accederse a las pretensiones y
condenar al pago de perjuicios, lo que habría evitado la
imposición desbordada de costas judiciales.
3.3. Con fundamento en la misma causal, alegó que se
vulneró la prohibición de abuso del derecho y el principio de
la buena fe.
Lo anterior, en su criterio, por cuanto las compradoras
a pesar de conocer que debían solicitar la autorización e
informar sobre la cesión o transferencia de derechos y
obligaciones, omitieron hacerlo y dificultaron el acceso a la
información. Además, ante la retención ilegítima del depósito
en garantía, por ausencia de reclamación, se incurrió en
abuso del derecho.
4. Invocó la violación del debido proceso pues:
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
9
4.1. El laudo arbitral es incongruente, en tanto se
ordenó la liberación de la garantía a pesar de que las partes
no lo solicitaron.
4.2. Se impusieron costas en infracción de «lo público»,
por ordenarse el pago de honorarios que carecen de soporte,
al fundarse en una certificación emanada de los abogados de
los interesados.
Una vez transcrito el artículo 38 del reglamento de la
CCI, alegó que el tribunal arbitral debió analizar la
razonabilidad de los gastos, lo que no hizo. «En esa medida,
se viola el orden público internacional cuando un tribunal
arbitral ordena a una de las partes a pagar millones de
dólares por gastos de representación, sin haber cumplido con
el requisito impuesto en el numeral primero del artículo 38 del
reglamento interno de la CCI, esto es, sin haber hecho un
análisis de la razonabilidad».
Echó de menos la prueba de los gastos de defensa, por
basarse en una certificación de la oficina de abogados, sin
permitir su contradicción, agravado porque en el laudo no se
hizo ninguna reflexión sobre su contenido, aparte de
aceptarla, más aún cuando las convocantes quintuplicaron
los gastos de los vendedores.
5. Denunció conculcados el debido proceso y la
igualdad de las partes, en la imposición de costas, porque se
«concedió intereses sobre las costas, y además únicamente en
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
10
favor de las solicitantes, a pesar de que se condenó a todas
las partes a pagar costas, la cual atenta contra el orden
público sustancial y procesal», pues los intereses operan por
ministerio de la ley y de conformidad con la jurisdicción que
resulte aplicable.
Remarcó que la condena a intereses también desconoce
la orden procesal n.° 9, la cual se limitó a solicitar la relación
de costos y gastos, sin que fuera procedente adicionar lo
tocante a intereses, so pena de permitir la ampliación de las
pretensiones con posterioridad a los alegatos de conclusión.
RESPUESTA A LA OPOSICIÓN
Las solicitantes pidieron rechazar la oposición, por
cuanto los antagonistas buscan promover una apelación
contra el laudo arbitral «y no alegan ni mucho menos prueban
ninguna de las causales taxativas previstas… en el Artículo
112 del Estatuto Arbitral».
1. Frente al procedimiento arbitral, arguyeron que el
reglamento al que remitieron las partes faculta a la Corte de
Arbitraje de la CCI para decidir sobre el lugar del arbitraje, el
idioma y los asuntos probatorios.
Además, los opositores participaron en la redacción y
suscribieron el acta de misión, en la que acep

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

se
que en el laudo arbitral se hizo una completa disertación
para establecer la forma en que operaría la distribución, para
lo cual se tuvo en cuanto la acumulación de pretensiones
efectuada por las vendedoras (folios 130 a 133 ídem) y la
ausencia de representación coordinada (folio 133), así como
«la complejidad y tiempo que cada una de ellas representó
para las Partes en su reclamo y defensa» (folio 134 ibidem).
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
57
d) Adicionalmente, se desestima una vulneración del
derecho a la igualdad, por la no condena al pago de intereses
en contra de las compradoras y a favor de las vendedoras,
pues esta decisión se fundamentó en un argumento que
reluce armónico con este derecho fundamental.
Total, según el laudo del 19 de abril de 2023, la decisión
obedeció a que «las Demandantes y Demandadas Adicionales
no incluyeron solicitud de intereses de gastos y costas
en sus peticiones al Tribunal Arbitral» (negrilla fuera de
texto, folio 136).
La ausencia de pedimento es una razón legítima para
abstenerse de emitir la condena de la que se duelen los
opositores y explica el trato diferenciado entre vendedores y
compradoras, en descalificación de la discriminación
invocada, de allí que la homologación no pueda denegarse
por este motivo.
e) Por último, los censuras por la falta de decreto de
pruebas e imposibilidad de acceder a información, a la luz de
la prohibición de denegación de justicia y la buena fe, son
meras aseveraciones ayunas de soporte suasorio.
Ninguna prueba se anexó al escrito de oposición
tendiente a dejar en evidencia las pruebas que fueron
rehusadas por los sentenciadores privados, la iniquidad de
su determinación o su relevancia para el litigio, con el fin de
descubrir una afrenta directa al núcleo del debido proceso.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
58
Es cierto que se aportó un documento, intitulado
«registro de documentos excluidos de la exhibición de
documentos por parte de las demandadas en atención a la
protección del secreto profesional del abogado», en el que se
relacionan 207 correos electrónicos, con la anotación «[e]ste
registro obedece a lo ordenado en el ¶ 35 de la Orden Procesal
No. 3 del 7 de abril de 2021, y contiene un registro de
documentos identificados como responsivos a las solicitudes
de exhibición de documentos de las Demandantes, pero
excluidas de la exhibición de las Demandadas por tratarse de
documentos sujetos a la protección del secreto profesional del
abogado, y conforme a lo indicado por el Tribunal Arbitral en
el ¶ 7(b) de la Orden Procesal No. 5 del 25 de octubre de 2021»
(archivo digital Prueba No. 17. Pruebas excluidas.pdf).
Sin embargo, este archivo carece de autoría
determinada, pues únicamente incluyó en la primera página
el nombre «Latham & Watkins», sin ninguna precisión o
particularización, por lo que no es dable atribuir su
realización a una persona natural o jurídica. Además, el
mismo no da cuenta de la decisión de los árbitros sobre la
materia en cuestión, por lo que no permite desvelar el yerro
de juzgamiento achacado. Por último, la existencia de una
justificación razonable para no permitir el acceso a la
información, como es el secreto o reserva profesional,
excluye, prima facie, un atentado contra el debido proceso.
No puede olvidarse que, en nuestro sistema jurídico, es
posible oponerse a la exhibición documental, siempre que se
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
59
haga de forma motivada, lo cual deberá ser evaluado por el
sentenciador en el caso concreto, como lo prevé el artículo
267 del Código General del Proceso para los litigios locales.
Respecto a la mala fe de las compradoras, por obstruir
el acceso a la información respecto a la operación entre CFR
International SPA y CFR Pharmaceuticals SA con Abbott
Laboratories (Chile) Holdco SPA y Abbott Laboratories (Chile)
Holdco Dos SPA - en liquidación, se mantuvo en el campo de
las especulaciones, por la orfandad probatoria que la
acompaña.
Rememórese, a riesgo de hastiar, que el exequátur tiene
como finalidad exclusiva conceder efectos, en el país, a una
determinación jurisdiccional extranjera, sin que pueda
emplearse para discutir aspectos sustanciales relativos al
litigio decidido por los jueces foráneos.
7. Colofón de cierre.
7.1. Lo discurrido permite comprobar que se reúnen los
presupuestos para homologar la determinación arbitral
identificada en el encabezado, sin que las oposiciones
propuestas estén llamadas a prosperar.
En todo caso, la determinación arbitral que ordenó el
pago de intereses será reconocida de forma condicionada, en
el sentido de que no podrá superarse la máxima tasa de
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
60
intereses permitida en Colombia para créditos en moneda
extranjera.
7.2. Se impondrá condena en costas en contra de los
opositores, por fuerza del numeral 1° del artículo 365 del
Código General del Proceso, en concordancia con el canon
114 de la ley 1563 de 2012.
Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente, de conformidad con los parámetros señalados por
el Consejo Superior de la Judicatura, según el precepto 363
de la codificación en mención.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero: Conceder el exequátur a laudo arbitral del 19
de abril de 2023 dentro del arbitraje CCI n.° 25091/JPA/AJP
y su adendum del 7 de julio del mismo año, en el proceso que
Atavida Holdings Gmbh promovió contra las solicitantes y al
cual se vincularon Esther I. Ventura de Rendón, Roberto
Mauríce Ventura Crispino, Bella Ventura Corkidi, Joyce
Ventura de Durán y Juan María Rendón Gutiérrez.
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00239-00
61
Segundo: Condicionar la homologación de la
determinación relativa a la condena de intereses, a que éstos
no superen los límites señalados en las normas patrias sobre
intereses para créditos en moneda extranjera.
Tercero: Condenar en costas a los opositores. El
magistrado ponente fija como agencias en derecho el
equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes para la fecha de la sentencia.
Cuarto: Oportunamente archívese el expediente.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 6BB122C08004434D14AFB309F0B52780EB594E7D24690E649D3A3EBC6AEDB9C6
Documento generado en 2024-11-15

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2821-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-11-15. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2024-00239-00. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2821-2024%20%5B2024-00239-00%5D).
