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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2751-2024
Radicación n.º 05001-31-03-020-2019-00128-01
(Aprobada sesión del diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., primero (1°) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)
La Corte decide el recurso de casación que la sociedad
Atlético Nacional S.A. interpuso contra la sentencia proferida
el 17 de agosto de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que en su
contra promovió Néstor Fernando Villarreal.
EL LITIGIO
1. Mediante demanda radicada el 28 de mayo de 2019
el accionante pidió que se declarara que: (I) «entre la sociedad
Atlético Nacional S.A. y Néstor Fernando Villareal, hubo un acuerdo para
la transferencia del jugador profesional Davinson Sánchez Mina, al club
Ajax de Ámsterdam, Holanda, conforme a la certificación dada por el
Presidente o representante legal de Atlético Nacional, el 25 de julio de
2016», (II) «la sociedad Atlético Nacional S.A., ha incumplido con lo
pactado respecto de la comisión del 5% neto sobre el quince por ciento
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(15%) que le correspondió de la futura venta del jugador por parte del club
Ajax de Ámsterdam de Holanda, al Tottenham Hotspurs de Inglaterra,
realizada el 7 de agosto de 2017», y (III) «la sociedad Atlético Nacional
S.A., está obligada a cumplirle al señor Néstor Fernando Villareal, con lo
pactado, según certificación del 25 de julio de 2016, dada por el
representante legal de dicha sociedad, señor Juan Carlos de la Cuesta
G.» (sic, folios 2 a 7 del archivo digital 01. DEMANDA Y
ANEXOS.pdf).
Como consecuencia, pidió que se ordene a la demandada
pagar €275.625, «correspondientes al 5% de comisión por
intermediación sobre la suma de €5.512.500... que le correspondió al
Atlético Nacional S.A.», con los intereses moratorios calculados
con la tasa para créditos de libre asignación certificada por la
Superintendencia Financiera.
En fundamento se mencionaron los hechos que admiten
el siguiente compendio:
1.1. El señor Villarreal «se desempeña como intermediario
inscrito en la Federación Colombiana de Fútbol y la FIFA», condición
en la cual «acordó con el jugador profesional de fútbol Davinson
Sánchez Mina… gestionar nuevos contratos o transferencias definitivas
en clubes de fútbol, negociar y/o celebrar en su nombre contratos
profesionales para jugar».
1.2. El 21 de junio de 2016, mientras el señor Sánchez
Mina estaba vinculado al club de fútbol Atlético Nacional S.A.,
«con la intermediación de Néstor Fernando Villarreal se logró la
negociación del jugador para el club Ajax de Ámsterdam... en los
siguientes términos: €5.250.000 por la transferencia; €250.000 si el Ajax
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clasificaba a la fase de grupos de la UEFA Champions League durante el
tiempo que el jugador permaneciere en el Ajax, y el 15% si el Ajax
efectuaba una transferencia… del jugador a otro club de fútbol».
1.3. Según lo certificó el representante legal de la
sociedad demandada, en escrito del 25 de julio de 2016,
«Atlético Nacional S.A. se comprometió a cancelarle [al demandante] las
siguientes comisiones… a.- El cinco por ciento (5%) neto de la venta por
valor de €5.250.000 al club Ajax de Ámsterdam; b.- El cinco por ciento
(5%) neto de €250.000… en caso de recibir el bono ya pactado [con] el
club comprador; [y] c.- El cinco por ciento (5%) neto sobre el quince por
ciento (15%) que le corresponde a Atlético Nacional de una futura venta
del jugador por parte del club Ajax a otro equipo».
1.4. Atlético Nacional S.A. recibió el importe fijo pactado
por el club adquirente por la transferencia del jugador
(€5.250.000), y, en consecuencia, pagó al demandante la
comisión que por este concepto se generó.
1.5. El 7 de agosto del 2017 se oficializó «la compra de los
derechos del jugador… por parte del Tottenham Hotspur de la Premier
League de Inglaterra, por la suma de €42.000.000».
Atlético Nacional S.A., por esta transacción, recibió el
15% de €36’750.000, esto es, €5’512.500, correspondiente a
la plusvalía de la venta.
1.6. La convocada no pagó al demandante el 5% neto
sobre este último valor, como era su deber, a pesar de ser
requerida verbalmente y por escrito en múltiples ocasiones.
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2. La demanda fue admitida por auto del 7 de junio de
2019 (folios 61 y 62 ibidem). La sociedad Atlético Nacional
S.A. fue notificada por aviso entregado el 5 de agosto del
mismo año (folio 72), teniéndola por enterada desde el día
siguiente (folio 76).
3. La enjuiciada arrimó escrito de contestación, recibido
el 13 de septiembre de igual anualidad (folios 94 a 111), el
cual fue incorporado al expediente por auto del 23
subsiguiente (folio 164), pero con la advertencia de que «se
tendrá por no contestada [la demanda], dado que el pronunciamiento de
la parte demandada fue extemporáneo, al exceder el término de veinte
(20) días consagrado en el artículo 369 del Código General del Proceso».
4. El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín, el 14
de octubre de 2020, profirió sentencia oral en la que declaró
«de manera oficiosa la excepción de inoponibilidad, con fundamento en lo
establecido en el artículo 282 del C.G. del P.», razón para «negar las
pretensiones de la demanda dentro de este proceso» (archivos
digitales 13. AUDIENCIA INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO
2019-00128. Néstor Fernando Villarreal vs Atlético Nacional
(1).mp4, 14.AUDIENCIA INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO
2019-00128. Néstor Fernando Villarreal vs Atlético
Nacional.mp4, y 15.Acta de audiencia. Néstor Fernando
Villarreal vs Atlético Nacional.pdf).
5. Al resolver la apelación del convocante, el 17 de agosto
de 2021, el Tribunal revocó el proveído censurado y, en su
lugar, declaró que la accionada incumplió con el pago de la
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remuneración correspondiente al 5% neto sobre el 15% que le
correspondió por la transferencia que se hizo del jugador
Davinson Sánchez Mina al club Tottenham Hostpur el 7 de
agosto de 2017, ordenando su pago, así como los intereses a
la máxima tasa legal certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia (archivo digital 16Sentencia.pdf), con
fundamento en las razones que se resumen más adelante.
6. La accionada interpuso recurso de casación (archivo
digital 02Casacion.pdf), el cual fue admitido por auto del 5 de
octubre de 2021 (archivo digital 22AutoConcede-
Casacion.pdf). La demanda, presentada de forma tempestiva
(archivo digital 050013103020201900128010009Demanda),
fue admitida el 5 de abril de 2022 (archivo digital
050013103020201900128010012Documento_actuacion).
7. Con ocasión de la finalización del período
constitucional del Magistrado Ponente, la Sala ordenó la
reasignación del expediente el 22 de febrero de 2023, lo que
aconteció el día 28 de la misma mensualidad (archivo digital
0021Acta_de_reparto.pdf).
El nuevo cognoscente se declaró impedido para conocer
de la controversia por auto del 14 de julio siguiente (archivo
digital 0026Auto.pdf), el cual fue rehusado por proveído del 8
de agosto (0029Auto.pdf), determinación rescindida por la
Sala en sesión del 5 de octubre, que aceptó el impedimento.
El nuevo ponente avocó conocimiento el 29 de noviembre de
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2023 (archivo digital 7Avocaconocimientoimpedimentoapro-
badoenSala.pdf).
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
1. Después de señalar que se satisfacen los
presupuestos procesales y las condiciones materiales para
fallar, y de transcribir el contenido de la certificación del 25
de julio de 2016, señaló que el problema a resolver era
determinar si el representante legal de Atlético Nacional S.A.,
esto es, Carlos de la Cuesta Galvis, estaba facultado para
obligar a la sociedad por el negocio realizado con el
demandante.
2. Para responder, en primer lugar, afirmó que no era
dable sostener que las labores encomendadas a Néstor
Fernando Villareal estuvieran desprovistas de autorización de
la junta directiva, por cuanto en el interrogatorio que se le
practicó asintió haber realizado acercamientos con otros
clubes, sin que la transferencia fuera aceptada por el Comité
Ejecutivo, hasta que pudo concretarse la del Ajax.
En esta atestación también dijo el deponente que realizó
negocios con el señor Carlos de la Cuesta Galvis sobre
Orlando Berrío, Juan David Valencia y Davinson Sánchez,
caracterizados porque la operación comenzó verbalmente y
sólo, cuando llegó a buen puerto, se legalizó la labor de
intermediación.
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Rememoró que el interrogado, al ser preguntado sobre
la emisión de certificaciones semejantes a la del presente
proceso, aseguró que así se procedió con Orlando Berrío y en
otro caso. «El absolvente manifiesta que la tiene en papel membrete de
Nacional, leyó su contenido (horario 1:07:46) hace referencia a 240.000
dólares americanos en favor de Villareal y su socio, que les fueron
pagados una vez fue recibido el dinero de la transferencia por parte de
Flamengo. Alcanzó a exhibir tal escrito a la cámara (1:08:32)».
Remarcó que la intermediación del actor tuvo efectos
positivos, pues se suscribió el acuerdo de transferencia por
€5.500.000, siendo pacífico que el representante legal estaba
autorizado para su realización.
A partir de lo anterior coligió que «para efectos de esa
negociación realizada por Juan Carlos de la Cuesta Galvis como
presidente del club, existía el aval previo de la junta directiva» y que las
reuniones posteriores no tuvieron como objeto emitir «una autorización
retroactiva o peor aún, una desaprobación posterior a tan delicada
negociación. Si la hubo, no pudo tener intención diferente a informar el
resultado satisfactorio, en este caso, de que lo que estaba previamente
autorizado para comprometer al club había llegado a feliz término».
3. Aseveró que el corretaje existió antes del contrato
escrito que se incorporó al expediente, por tratarse de un
negocio consensual, lo que corrobora el dicho del actor, en el
sentido «de que se elaboraban después de la culminación de la
intermediación y para los solos efectos del pago de la remuneración
causada».
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Inferencia ratificada por el hecho de que el término de
duración del contrato finalizaba con la firma del negocio
deportivo suscrito con el Ajax, lo que ya había acontecido, al
punto que «el representante legal que rindió interrogatorio [dijo] que era
para efecto de facturación, tema mencionado por Villareal, a lo que agregó
que: “...estoy un poco confundido como si el pago hubiera sido mal hecho
de la forma única” (51:30)» (sic).
4. Manifestó inquietud por la existencia del escrito de
intermediación, como lo señaló el demandante, quien no
recordó su elaboración, aunque reconoció su firma. Más aún
porque, el final de la hoja 2 no coincide la hoja 3 y, el
representante legal de la enjuiciada, al ser cuestionado sobre
el punto, evadió la respuesta.
5. Calificó como contraria a la realidad la aseveración
del representante legal de Atlético Nacional S.A., en el sentido
de que no conocía la certificación, pues antes del proceso se
hizo una reclamación escrita que fue radicada en el Centro de
Documentación de la sociedad, momento para el cual era su
presidente.
Agregó que, durante la atestación de este último, se
mostró en varias oportunidades la certificación con la
anotación manuscrita «no hay contrato», glosa que sólo pudo
emanar de alguien vinculado a la sociedad, sin que quede
claro si se refiere a la falta de contrato escrito o a la ausencia
de negocio con Néstor Villareal.
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6. Consideró que Juan Carlos de la Cuesta sí estuvo
autorizado por la Junta Directiva para todo lo relacionado con
la transferencia de Davinson Sánchez al Ajax, incluyendo la
remuneración en favor de Néstor Fernando Villareal, como se
prueba con la certificación.
7. Después de citar la definición de derechos económicos
y de derechos federativos, junto a las normas del Reglamento
sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA
sobre influencia de derechos de terceros en los clubes y
propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte
de terceros, aseguró que la certificación del 25 de julio de
2016 parece violentar la normatividad de este organismo
internacional, empero «no tiene la fuerza suficiente para regir los
acuerdos privados que se celebren en Colombia en cuanto frente a ellos
prima el principio de la autonomía negocial. Dicho de otro modo, la
regulación FIFA no puede estar en contravía de la regulación nacional,
aquella sólo podrá imponer medidas disciplinarias a los clubes y
jugadores que violen dichas normas prohibitivas». Además, no se
pactó una verdadera participación de Villareal en la
transferencia futura, sino una remuneración por la gestión
encomendada.
8. Después de recordar el principio de la buena fe y la
autonomía de la voluntad, afirmó que la intermediación entre
Néstor Villareal y Atlético Nacional se ajustó a los requisitos
de existencia y validez del contrato de corretaje previsto en el
Código de Comercio, «[p]ero el comportamiento de la accionada…
estuvo lejos de estar acompañado por la sinceridad y lealtad… Existió en
el demandante esa confianza, legítima creencia, de que todo lo
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acontecido… sería lealmente cumplido por la sociedad accionada,
conocedora de la existencia de la certificación por lo menos desde el 19
de enero de 2019, tal y como había sucedido con documento de la misma
naturaleza expedido debido a su labor de corredor en la transferencia del
jugador Orlando Berrío al Flamengo de Brasil».
9. Cuantificó la remuneración faltante en €275.625,
correspondiente al 5% del 15% que correspondió a Nacional
por la transferencia del deportista del Ajax al nuevo equipo.
No redujo lo tocante al mecanismo de solidaridad y al
impuesto de ganancia ocasional, como lo procuró el
representante legal de la accionada, pues en la certificación
se estableció que el 5% sería sobre el valor neto, sin más
especificaciones, debiéndose interpretar en contra suya la
certificación. También desestimó que el valor de la plusvalía
pagado fuera menor, porque no se explicó el origen de la
diferencia.
10. Por último, dedujo como indicios, en contra de la
parte accionada, la falta de contestación de la demanda, por
cuanto no existen pruebas que contradigan los hechos
susceptibles de confesión. Además, de la conducta falaz
originada en el incumplimiento del «deber de dar veracidad a sus
afirmaciones», en cuanto se refiere al conocimiento de la
reclamación de Néstor Villareal. Finalmente, el representante
legal fue evasivo para dar respuesta a una de las preguntas
de la apoderada del accionante, lo que es relevante por su
formación en materias deportivas y administrativas.
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11. Para las condenas tuvo en cuenta las fechas
señaladas para el pago de la plusvalía en favor de Atlético
Nacional S.A., en tanto no todas se habían causado, lo que
arroja un valor final de €179.184,40, con intereses
liquidados, para cada cuota, hasta el día de pago.
DEMANDA DE CASACIÓN
Contra la sentencia de alzada, recurrida por la sociedad
accionada, se propusieron dos (2) embistes por violación de
normas de derecho sustancial, el primero por errores de
hecho y el segundo por yerros de derecho.
CARGO PRIMERO
Se denunció la infracción indirecta de los artículos «1505,
1546, 1602, 1603, 1617 y 1618 del Código Civil y 196, 833, 841, 870,
871, 884, 901 1340, 1341 y 1343 del Código de Comercio», como
consecuencia de graves yerros de hecho del Tribunal, «al dar
por demostrado que una de las obligaciones que contrajo Atlético Nacional
en virtud del contrato de corretaje celebrado con el demandante fue la de
reconocerle una remuneración o comisión por la transferencia futura del
jugador Davinson Sánchez del Club Ajax a otro club, y que para ello el
representante legal de la sociedad demandada contaba con la
autorización de la junta directiva».
En sustento, sostuvo:
1. Delanteramente sostuvo que no controvierte lo
tocante a la celebración del contrato de corretaje para
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intermediar en la negociación de Davinson Sánchez Mina, su
perfeccionamiento con antelación a la documentación
realizada el 25 de junio de 2016, lo favorable de la gestión del
agente, y la expedición de la certificación del 25 de julio de
2016 por el presidente de Atlético Nacional.
2. Concretó su disenso en el hecho de que la gestión
acordada incluyera una comisión por la transferencia futura
del jugador, así como la oponibilidad de esta obligación, en
los términos de la certificación del 25 de julio de 2016.
Lo anterior por cuanto, el representante legal que firmó
la certificación, requería autorización para comprometer la
sociedad en los términos en que lo hizo, por ser un acto
superior a 150 s.m.l.m.v., como lo señaló el a quo y no fue
refutado por el Tribunal.
3. Apuntó que el contrato de corretaje, suscrito el 25 de
junio de 2016, hizo constar que la obligación de Atlético
Nacional se limitaba a un valor único de €262.000. Asimismo,
es indiscutible que en el certificado del mes siguiente se
reconoció el 5% neto sobre el 15% que le correspondía a
Atlético Nacional en la venta del futuro jugador. Empero, de
esto no se sigue que el representante legal estuviera
autorizado en los términos de la certificación emitida.
Arguyó que las cláusulas primera, segunda y tercera del
contrato, firmado con posterioridad al acuerdo verbal, dan
cuenta de la declaración de voluntad de las partes, en el
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sentido de que finalizó con la firma del contrato deportivo con
el Ajax y de que allí se regularon todas las relaciones
comerciales entre las partes. «Luego, si el Tribunal hubiera
apreciado de manera integral el contrato documentado por las partes
tendría que haber reconocido que la única remuneración acordada a favor
del demandante por la gestión realizada era la consignada en la cláusula
primera, sin que la misma contemplara una comisión o remuneración por
la transferencia futura del jugador del Club AJAX a otro Club, máxime
que las partes acordaron que el convenio finalizaría “con la firma del
Convenio Deportivo firmado con el Club AFC AJAX de Holanda”».
Cuestionó que este documento hubiera sido suscrito
sólo para fines de facturación, por así desmentirlo su
contenido, lo que, en caso de aceptarse, en nada cambia su
interpretación. Criticó que no se valorara de forma integral el
interrogatorio del representante legal de la convocada, pues
aseveró que el documento se suscribió también para
confirmar lo acordado por las partes (cuarta pregunta).
4. Aseveró que la certificación del 25 de julio de 2016 no
tiene el alcance de desconocer el corretaje que fue
documentado, ni prueba la autorización de la junta directiva.
«Para el 25 de junio de 2016 las partes habían documentado el contrato
de corretaje (hecho ya sustentado y demostrado); pero lo que no está
probado -y allí yerra el Tribunal- es que la junta directiva hubiera dado
su aprobación para el reconocimiento de las obligaciones establecidas en
la certificación, cuyo alcance -se reitera- es diferente al de la obligación
remuneratoria pactada en el documento contentivo del contrato de
corretaje».
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Remarcó que, en este documento, ninguna referencia se
hizo a la autorización de la junta directiva, la que era
necesaria para fines de oponibilidad, sin que se probara en el
proceso, punto en el que erró el Tribunal.
5. Estos yerros, consideró, echan al piso el veredicto
censurado, ante la ausencia de facultad del representante
legal para obligar a la sociedad en los términos de la
certificación del 25 de julio de 2016, ante su contrariedad con
el contrato escrito.
En lo referente a los indicios, sostuvo que no apoyan por
sí solos la decisión, pues fueron esbozados después de
reconocido y cuantificado el derecho del demandante, máxime
porque «el Tribunal no indicó cuales eran los hechos que estaba
infiriendo a partir de los mismos».
Concluyó que el sentenciador de segundo grado
desatendió los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio,
y demás normas invocadas.
CARGO SEGUNDO
Soportado en el segundo motivo de casación, por la
desatención de las normas enunciadas en precedencia, la
demandada criticó la comisión de estos errores de derecho:
1. El Código General del Proceso no regula la declaración
de parte como medio probatorio, pues se limita a enunciarlo,
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ni establece las bases para que un interrogatorio pueda
considerarse como aquél. Por ende, apreciar el interrogatorio
del demandante como una declaración de parte, desatiende el
artículo 191 Código General del Proceso. Con todo, de
apreciarse la atestación como declaración, no era dable que
el Tribunal diera por demostrados hechos favorables al
demandante.
2. La mención a negociaciones previas, en especial, la de
Orlando Berrío, se fundó en un documento mencionado por
el interrogado, sin que fuera incorporado al proceso como
prueba, lo que vulnera el artículo 173 del estatuto procesal.
3. La invocación de la certificación que tiene la anotación
«no hay contrato», que fue mostrada durante el interrogatorio
por el representante legal de la demandada, tampoco fue
incorporada como prueba, menos aún se dio la oportunidad
de pronunciarse. Esto impedía su valoración, por inobservar
el precepto 173.
4. La conclusión de que el contrato escrito se hizo sólo
para fines de facturación, según lo aseverado por el
representante legal de la accionada en su interrogatorio, no
tuvo en cuenta que previamente se había manifestado «que la
suscripción del contrato obedecía también a la decisión de las partes de
ratificar las condiciones de la negociación», en violación de la
indivisibilidad de la confesión (artículo 196).
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5. El Tribunal no aplicó de forma adecuada las reglas
sobre indicios, pues se limitó a señalar los hechos indicantes,
sin explicar «cuáles eran los hechos que debían darse por probados a
partir de estos… en contravía de lo dispuesto por los artículos 240 y 242
del Código General del Proceso».
6. La deducción de un indicio grave en contra, por una
respuesta evasiva, no estuvo precedida de los requisitos del
canon 203, pues no hubo amonestación ni prevención sobre
sus efectos.
7. Faltó señalar el mérito probatorio asignado al contrato
de corretaje, por cuanto «[d]espués de expresar sus inquietudes
sobre el documento referido, el Tribunal no concreta una conclusión sobre
el mismo, con lo cual violenta la regla contenida en el artículo 176 del
Código General del Proceso».
Coligió que «[e]l respeto por las reglas probatorias que desconoció
o violentó el Tribunal implican reconocer: i) que el documento contentivo
del contrato de corretaje suscrito por las partes debe ser considerado
como vinculante para las partes; ii) que si bien el documento se suscribió
para efectos de la facturación y pago de la comisión del demandante,
también corresponde en su contenido a las condiciones acordadas por las
partes en relación con el vínculo contractual que los ligó; y iii) que no existe
prueba de que el representante legal de la sociedad demandada contara
con la autorización de la junta directiva para reconocerle al demandante
una comisión por la transferencia del jugador Davinson Sánchez del Club
AJAX a otro Club (concretamente al TOTTENHAM HOTSPUR)».
En consecuencia, «de conformidad con los artículos 1340 y
1341 del Código de Comercio, y en coherencia con el principio de
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normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) la comisión
reclamada no debió ser reconocida, dado que no correspondió a lo
pactado por las partes».
CONSIDERACIONES
1. Precisiones preliminares.
1.1. Conjunción de los embistes.
En orden a satisfacer el requisito técnico de la
completitud de los cargos en casación, a que se refiere el
artículo 344 del Código General del Proceso, los propuestos
en el sub examine se resolverán de forma conjunta, pues
individualmente devienen exiguos para derruir las
conclusiones probatorias del sentenciador de segundo grado,
lo que deviene posible por su compatibilidad.
Así lo permite el parágrafo de la norma en cita, que se
transcribe para claridad: «si se formulan acusaciones en distintos
cargos y la Corte considera que han debido proponerse a través de uno
solo, de oficio los integrará y resolverá sobre el conjunto, según
corresponda».
Sobre este precepto la Sala tiene dicho:
[A]dvertida que una censura resulta incompleta, corresponde
analizar si, conjuntada con las demás que se hayan planteado, es
posible superar la deficiencia, con el fin de disponer su estudio
conjunto… Son requisitos de la acumulación… (I) La proposición de
varios cargos que, individualmente y analizados de forma
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autorreferencial, sean insuficientes para cuestionar de forma
integral el fallo de segunda instancia, por dejar sin censura
materias centrales de la argumentación judicial. (II) La formulación
de múltiples ataques que sean compatibles, de suerte que puedan
conjuntarse para su análisis en la sentencia que resuelva el
remedio extraordinario (SC425-2024).
Como en el caso, la sumatoria de los embistes descubre
censuras a todas las probanzas de las que se sirvió el Tribunal
para soportar su decisión, algunas por pretermisión, otras por
tergiversación y las últimas por la transgresión de las normas
que gobiernan su técnica, su estudio acumulado resulta
imperativo, sin que se adviertan contradicciones que impidan
este proceder.
1.2. Aspectos fácticos no controvertidos.
Por el contenido y alcance de los cargos casacionales, así
como la conformidad que el demandante esbozó frente a la
sentencia, al no haberla recurrido extraordinariamente por
medio de la casación adhesiva, se tiene que los siguientes
hechos han quedado intangibles, por quedar inhiestas las
aseveraciones del sentenciador de segunda instancia sobre
los mismos:
(I) La celebración de un contrato de corretaje entre las
partes, de forma verbal, con el objeto de promover la
transferencia del jugador Davinson Sánchez Mina.
(II) La efectividad de la gestión realizada por el corredor,
quien logró la transferencia del deportista el 21 de junio de
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2016, previa aprobación de la sociedad Atlético Nacional S.A.,
al club Ajax de Ámsterdam-Holanda, por €5.250.000.
(III) El corretaje se documentó el 21 de junio de 2016, en
cuya cláusula primera se previó: «Como contraprestación por su
gestión, el corredor recibirá de la comitente un valor fijo único de €262.000
(euros doscientos sesenta y dos mil) liquidados a la tasa de monetización
del giro recibido del AFC AJAX de Holanda por la consecución, asesoría
e intermediación en la transferencia del jugador de fútbol profesional
Davinson Sánchez Mina previo a la expedición de la factura».
(IV) La emisión de una certificación por Juan Carlos de
la Cuesta, en su calidad de Presidente de Atlético Nacional
S.A., el 25 de julio de 2016, en la que reconoció que el
corredor tendría derecho a las siguientes remuneraciones: «el
cinco por ciento (5%) neto de la venta por valor de cinco millones
doscientos cincuenta mil euros (€5.250.000). El cinco por ciento (5%) neto
de doscientos cincuenta mil euros (€250.000), en caso de Atlético Nacional
recibir los mismo en bono ya pactado con el club comprador. El cinco por
ciento (5%) neto sobre el quince por ciento (15%) que le corresponde a
Atlético Nacional de una futura venta del jugador por parte del Club Ajax».
(V) El pago efectivo de una comisión al corredor,
correspondiente €262.500, como retribución por la gestión
realizada.
(VI) La transferencia de los derechos deportivos del atleta
mencionado del Ajax de Ámsterdam al Tottenham Hotspur -
Inglaterra-, por la suma de €42.000.000, lo que significó un
beneficio para Atlético Nacional S.A.
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2. El contrato de corretaje futbolístico.
Asentido que Néstor Fernando Villareal y Atlético
Nacional S.A. celebraron un contrato de corretaje, es
menester contextualizar esta actividad, con el fin de brindar
insumos que permitan evaluar el material suasorio que
integra el expediente y cuya infracción se acusó en casación.
2.1. El derecho al deporte.
2.1.1. El deporte, según el artículo 15 de la ley 181 de
19951, es «la específica conducta humana caracterizada por una actitud
lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas
preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales»
(artículo 15).
En otros términos, es la «actividad, fundamental física, con
finalidad recreativa o competitiva, cuya práctica libre y voluntaria… se
efectúa con sujeción a ciertas reglas»2.
Son rasgos distintivos del deporte: «a) que se trata de una
actividad donde hay un esfuerzo o destreza física mayor; b) que con ello
se sigue una finalidad de esparcimiento o recreación, y c) se rige por
normas preestablecidas a las que se someten los contendientes»3.
1 Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del
Deporte.
2 VERDERA SERVER, Rafael, Una aproximación a los riesgos del derecho. En InDret,
n.° 1/2003, Working paper n.° 116, Barcelona, pág. 3.
3 COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., Manual de Obligaciones, Astrea, Buenos Aires,
1997, pág. 719.
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2.1.2. El artículo 52 de la Constitución Política,
modificado por el acto legislativo n.° 2 de 2000, se refirió al
deporte en los siguientes términos:
El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas,
competitivas y autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor
salud en el ser humano.
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y
constituyen gasto público social.
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación,
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará
y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya
estructura y propiedad deberán ser democráticas (negrilla fuera de
texto).
Se consagró, de esta forma, el derecho que tienen todas
las personas al deporte, imponiendo al Estado el deber
correlativo de fomentar su realización, en cuanto sirve a la
formación integral y al mejoramiento de la salud, por
contribuir a su preservación y desarrollo.
Además, es un piso común que el deporte promueve la
paz y el entendimiento humano4, por favorecer la interacción
de los asociados en ambientes lúdicos, basados en el respeto,
solidaridad, optimismo, satisfacción, esfuerzo, desahogo y
autocomposición.
4 Numeral 10 del ordinal II de la Declaración de Milenio, resolución 55/2 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del 13 de septiembre de 2000, adoptada en
el quincuagésimo quinto período de sesiones.
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De allí que la Corte Constitucional, al margen de que
este derecho esté contenido en el capítulo sobre «derechos
económicos, sociales y culturales», haya reconocido su carácter
fundamental:
En un principio, la Corte Constitucional estableció que por tratarse
de un derecho económico social y cultural, el deporte no era
fundamental por sí mismo, sino por estar en conexidad con los
derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad.
No obstante, esta Corporación se ha referido a la naturaleza
jurídica de esta garantía, y ha determinado que se trata de un
derecho fundamental autónomo. Lo anterior se fundamenta en las
siguientes razones: (i) a la luz de los instrumentos internacionales
que consagran las obligaciones del Estado colombiano, todos los
Derechos Humanos deben ser garantizados; (ii) la adopción del
modelo de Estado Social de Derecho, conlleva el reconocimiento de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales como
fundamentales; (iii) todos los derechos comprenden tanto
mandatos de abstención, como de prestación y ello no es óbice para
negar su naturaleza fundamental; (iv) es común a todos los
derechos constitucionales cierto grado de indeterminación; y (v) una
cosa es la naturaleza del derecho y otra su eficacia, por lo que un
derecho fundamental puede tener distintos grados de eficacia (T-
242/165).
Linaje admitido años atrás en la Carta Internacional de
la Educación Física y el Deporte, de la Organización de la
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
del 21 de noviembre de 1978:
Artículo 1. La práctica de la educación física y el deporte es un
derecho fundamental para todos.
1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de
acceder a la educación física y al deporte, que son
5 En el mismo sentido T-660/14 y T-560/15.
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indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad.
El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y
morales por medio de la educación física y el deporte deberá
garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en
el de los demás aspectos de la vida social (negrilla fuera de texto).
2.1.3. La ley 181 de 1995, asimismo, garantizó «el acceso
del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte,
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre» (negrilla fuera de
texto, artículo 3).
También reconoció que este derecho constituye un «factor
básico en la formación integral de la persona» (artículo 4°), sometido
a estos principios:
(I) Universalidad, en el sentido de que todas las personas
tienen derecho a su praxis;
(II) Participación ciudadana, por la cual se impone a los
ciudadanos el deber de practicarlo;
(III) Participación comunitaria, entendida como la
concertación con la comunidad de las actividades de control
y vigilancia;
(IV) Integración funcional, esto es, el deber para las
entidades encargadas del fomento y desarrollo del deporte, de
trabajar de forma armónica y coordinada;
(V) Democratización, consistente en la garantía de la
participación democrática en su organización; y
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(VI) Ética deportiva, concebida como la preservación de
«la sana competición, pundonor y respeto a las normas y
reglamentos de tales actividades».
2.1.4. Ahora bien, como esta actividad se desenvuelve,
comúnmente, con la intervención o participación de
diferentes organizaciones, encargadas de impulsar su
realización, congregar a los interesados y/o monitorear las
reglas que gobiernan su ejercicio, la Constitución Política las
sometió a inspección, vigilancia y control por parte del
Estado.
Supervisión basada en una estructura descentralizada,
según los niveles de organización territorial, a saber: (I) «Nivel
Nacional. Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del
Deporte - Coldeportes6, Comité Olímpico Colombiano7 y Federaciones
Deportivas Nacionales»; (II) «Nivel Departamental. Entes deportivos
departamentales, Ligas Deportivas Departamentales y Clubes
Deportivos». Y (III) «Nivel Municipal. Entes deportivos municipales o
distritales, Clubes Deportivos y Comités Deportivos» (artículo 51 de la
ley 181 de 1995).
2.2. El fútbol: deporte, espectáculo y empresa.
6 Por medio de la ley 1967 de 2019 el Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
(COLDEPORTES), se transformó en el Ministerio del Deporte.
7 El Comité Olímpico colombiano es el «organismo de coordinación del deporte asociado,
tiene como objeto principal la formulación, integración, coordinación y evaluación de las
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con: 1. El deporte competitivo. 2.
El deporte de alto rendimiento. 3. La formación del recurso humano propio del sector»
(artículo 73).
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2.2.1. El fútbol nació alrededor del balón y su
conducción con los pies de un lugar a otro, con fines de
recreación o religiosos, y sin ánimo de lucro. Relatan que «[l]os
mayas, los egipcios, los griegos y los chinos fueron los primeros
jugadores»8, quienes acudieron al balompié, tanto para
entretener al pueblo, como para honrar a las divinidades en
variados rituales, en especial, de fertilidad y agradecimiento.
Sólo a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el fútbol
adquirió la identidad que conserva hasta ahora, fruto de la
estandarización de las reglas que rigen su práctica, lo que
ocurrió en Inglaterra a partir de los reglamentos de
Cambridge, Sheffield y de la Football Association9.
Afirman los expertos que «[l]os historiadores, especialmente los
ingleses, acostumbrar a coincidir en establecer el origen de este deporte
en Inglaterra a medios del siglo XVIII. Es cierto que en esos momentos se
puede hablar ya de este deporte con cierta propiedad y, sobre todo, se
pueden seguir su evolución hasta nuestros días»10.
Así nació el fútbol como deporte, con unas reglas de
juego universales, por el cual se enfrentan dos equipos que
buscan anotar el mayor número de goles con el fin de vencer
a su contrario.
8 SUEN, Anastasia, La historia del fútbol, Rosen Publishing Group’s, Nueva York, 2003,
pág. 4.
9 Cfr. UYÁ ESTEBAN, Marcos, Breve historia del fútbol, Ed. Nowtilus, Madrid, 2019.
10 GONZÁLEZ AJA, Teresa, Historia del fútbol. De juego simple a espectáculo complejo,
Los Libros de La Catarata, Madrid, 2023.
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2.2.2. La cantidad de personas que se interesaron en el
balompié, junto al crecimiento exponencial de los
espectadores, fruto del éxito de los primeros torneos
organizados, dieron paso a un espectáculo movilizador de
grandes masas, que se mantiene hasta la actualidad.
No en vano se afirma que el fútbol es el más popular de
los deportes, gracias a su masificación y al interés
permanente de sus interesados. Entre los practicantes, por
cuanto requiere de vestimentas sencillas, es económico de
jugar y está gobernado por reglas fácilmente comprensibles.
Entre los equipos, por generar sanas rivalidades, que se
resuelven en el campo de juego a partir de la estrategia y de
la fuerza física y mental. Entre los patrocinadores, por cuanto
es una forma de aprovechar el tiempo libre y de fomentar
valores físicos y mentales. Y entre los espectadores, quienes
encontraron una fuente de recreación y esparcimiento.
En el momento, «además de ser conocido internacionalmente,
su importancia trasciende el ámbito deportivo para influir en la estructura
y dinámica social, política y económica de los pueblos… Constituye un
medio que implica procesos tanto de identificación como de distinción, de
integración y de separación; y utilizado adecuadamente, más allá de los
comportamientos fanáticos, puede contribuir y favorecer, como de hecho
ocurre, al acercamiento, la comunicación y también, aunque en menor
medida, al conocimiento mutuo entre los pueblos, por distantes que se
encuentren»11.
11 ACUÑA GÓMEZ, Guillermo y ACUÑA DELGADO, Ángel, El fútbol como producto
cultural: revisión y análisis bibliográfico. En Citius, Altius, Fortius, n.° 9 (2), Universidad
Autónoma de Madrid, 2016, pág. 34.
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2.2.3. El fútbol también adquirió la connotación de
actividad económica, con empresarios que buscan lucrarse de
él, no sólo para solventar los gastos connaturales a su
realización, sino para obtener réditos por las cuantiosas
inversiones que se requieren para la profesionalización.
Y es que, si bien «[e]l deporte constituye una de las actividades
que el hombre ha practicado desde tiempos remotos, tendiente a
satisfacer una necesidad de distracción y esparcimiento, sin interés
lucrativo», lo cierto es que «[c]on el correr del tiempo, su ejercicio ha ido
adquiriendo características diferentes, transformándose en una actividad
típicamente profesional, que responde, además del deseo de
esparcimiento, a una necesidad de índole económica, constituyéndose en
un medio de vida para quien la practica, y una finalidad económica para
las instituciones deportivas de la que antes carecían, a punto tal de
convertirse en verdaderas empresas de espectáculos»12.
La Corte Constitucional tiene dicho que el fútbol «[g]enera
una actividad económica, dado que es un negocio en el que empresas
invierten grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas
sumas que alcanzan los derechos deportivos (federativos) de los
jugadores en el mercado de transferencias» (T-464/22).
Total, los comerciantes gastan grandes cantidades de
dinero para conformar equipos competitivos, contar con
profesionales encargados de la formación y entrenamiento de
los jugadores, inscribirse en los certámenes organizados, y
sufragar las demás erogaciones de los clubes. A cambio de lo
cual buscan obtener un retorno, que emana de la publicidad,
12 GHERSI, Carlos Alberto, Contratos Civiles y Comerciales, Partes general y especial,
Tomo II, Astrea, Buenos Aires, 2006, pág. 451.
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venta de boletería, derechos de trasmisión o imagen, premios
de torneos y, más recientemente, la transferencia de derechos
deportivos.
2.3. Algunos partícipes relevantes del fútbol.
2.3.1. En el fútbol, así como en otros deportes
organizados, intervienen múltiples sujetos, con roles
definidos.
(I) Por un lado, están los futbolistas, esto es, los atletas
que juegan con el balón. Actividad que pueden realizar de
forma aficionada, competitiva o de alto rendimiento.
La primera modalidad «no admite pago o indemnización alguna
a favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos
efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva
correspondiente» (artículo 16 de la ley 181 de 1995). La segunda
busca «lograr un nivel técnico calificado» (ídem). La tercera «[e]s la
práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende
procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las
cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el
aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos» (ídem). En
estas últimas sí hay lugar a remunerar al jugador por su
labor.
(II) Los clubes son personas jurídicas que tienen por
objeto la práctica del fútbol. Se consideran aficionados los que
no tienen vínculo jurídico, económico o de facto con los clubes
profesionales, siempre que sólo inscriban jugadores
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aficionados, no tengan inscritos jugadores profesionales o no
haya inscrito jugadores profesionales en los tres años
anteriores (numeral 25 de las definiciones del Reglamento
sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA).
Los demás se consideran profesionales (numeral 29 ibídem).
(III) Las ligas son las asociaciones de los clubes, que se
diferencian entre aficionadas y profesionales. Las
federaciones, que pueden ser nacionales o internacionales,
son las agrupaciones de ligas.
Las confederaciones aglutinan las diversas federaciones,
siempre que pertenezcan al mismo continente o espacio
geográfico similar (numeral 7 de definiciones de los Estatutos
de la FIFA). Se encuentran reconocidas, hoy por hoy, la
Confederación Sudamericana de Fútbol -Conmebol-,
Confederación Asiática de Fútbol -AFC-, Unión de
Asociaciones Europeas de Fútbol -UEFA-, Confederación
Africana de Fútbol -CAF-, Confederación de Fútbol de
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe -Concacaf- y
Confederación de Fútbol de Oceanía -OFC-.
(IV) La Fédération Internationale de Football
Association, mejor conocida como FIFA, es una institución
independiente creada el 21 de mayo de 1904, con los objetivos
de mejorar y promover el fútbol a nivel mundial, organizar
competiciones internacionales, elaborar reglamentos y
disposiciones rectoras del balompié, y «controlar todas las formas
del fútbol, adoptando las medidas adecuadas para evitar la violación de
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los Estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA, así como de las Reglas
de Juego», entre otros (numeral 2 del ordinal I de los Estatutos
de la FIFA).
(V) Los agentes deportivos son expertos, conocedores del
mercado del fútbol, que se encargan de coordinar encuentros
amistosos, en el caso de agentes organizadores de partidos, o
de colaborar para cerrar contratos de trabajo con jugadores o
entrenadores, o acuerdos de transferencia entre clubes,
denominados agentes de fútbol. Para el ejercicio de esta
actividad deben contar con licencia de la FIFA, previa
comprobación de los requisitos de idoneidad y aptitud
(numerales 4 y 5 del ordinal III del Reglamento de Aplicación
de los Estatutos).
(VI) Los espectadores son las personas que disfrutan del
balompié como entretenimiento, encontrando en él una
fuente de diversión y esparcimiento, bien por concurrir
directamente a la cancha de juego, o porque lo hacen por
medio de las telecomunicaciones. «[L]a figura del espectador se
puede considerar inmanente al deporte… el espectador [aparece] como
ese posible tercero de quien todo participante en el juego espera su
reconocimiento»13.
(VII) Existen otros partícipes, como los patrocinadores,
medios de comunicación, agencias de publicidad, productores
y distribuidores de artículos deportivos, etc., que tienen una
13 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Rayco, Los espectadores en el fútbol. Hacia un análisis
semiótico. En Aposta, Revista de Ciencias Sociales, n.° 50, España, julio-septiembre de
2011, pág. 10.
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31
incidencia directa o indirecta en el fútbol como espectáculo
y/o como actividad económica.
2.3.2. Relaciones entre los partícipes.
Estos sujetos, con intereses deportivos y económicos
que no siempre son coincidentes, interactúan para hacer del
fútbol la actividad que conocemos, tejiéndose relaciones
jurídicas y patrimoniales de diversos órdenes.
(I) Entre los deportistas -no profesionales- y los clubes
existe un vínculo de formación o de asociación, por cuya
fuerza estos últimos se obligan a contribuir en el aprendizaje
o facilitar la práctica del deporte de aquéllos. Y «[a]un cuando [el
deportista] deba observar en sus relaciones con el club ciertas
reglamentaciones, normas de disciplina y reglas de juego, no es
considerado dependiente y, por lo tanto, [no existe] vínculo de
subordinación y dependencia»14.
Tratándose del proceso de formación de deportistas,
desde los 12 años de edad y hasta su inscripción como
profesional, los clubes que intervengan tienen derecho a una
indemnización por adiestramiento, cuando «el jugador se
inscriba por primera vez» por un club diferente y «por cada
transferencia del jugador profesional hasta el fin del año natural en el
que cumple 23 años» (numeral 20 del Reglamento sobre el
Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA).
14 GHERSI, Carlos Alberto, op cit., pág. 460.
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El valor de esta indemnización «se calculará prorrata, en
función del periodo de formación del jugador con cada club. En el caso de
transferencias subsiguientes del jugador profesional, la indemnización
por formación se deberá solo al club anterior del jugador por el tiempo que
efectivamente entrenó con ese club» (numeral 3 del anexo
Indemnización por formación ibidem).
(II) Tratándose de futbolista profesionales los clubes
asumen la carga de su remuneración, para proveerles una
fuente de ingresos que les permita dedicarse a esta actividad.
A cambio, aquéllos se obligan a jugar para el equipo que
representan, según su habilidad, destreza y energía física y
mental. Relación que se enmarca dentro del derecho laboral,
como lo tiene dicho la Corte Constitucional:
La relación o vínculo entre los jugadores y los clubes deportivos es
de naturaleza contractual y estatutaria… El acto de inscripción en
un club es el medio a través del cual el practicante de este deporte
entra a formar parte del fútbol asociado de Colombia, que dirige la
Federación Colombiana de Fútbol, de conformidad con sus
estatutos y reglamentos. Al acto de inscripción subyace, por otra
parte, una relación contractual entre el jugador y el respectivo club.
En el caso de los jugadores profesionales, su vinculación se realiza
mediante un contrato de trabajo. En todo caso, tanto el jugador
aficionado como el profesional, al momento de su inscripción se
obligan a aceptar, entre otras condiciones, las estipuladas en los
estatutos o reglamentos del organismo deportivo del que entran a
hacer parte (T-498/94).
Los clubes, asimismo, se vuelven titulares de los
derechos de deportivos de los jugadores profesionales, de
contenido patrimonial y de naturaleza disponible, que buscan
retribuir los costos que asumen por la profesionalización,
tales como los derechos de formación, el mecanismo de
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solidaridad y los gastos de inscripción, así como participar en
los beneficios que éstos perciben por la promoción que es
congénita al hecho de jugar para un club con reconocimiento
institucional.
En verdad estos derechos son una compensación, en
caso de que el jugador termine su vínculo con la institución a
la que actualmente pertenece y preste sus servicios a un
tercero, por decisión autónoma o por negociación entre los
clubes.
En nuestros días estos derechos son denominados
indemnización por transferencia, definida por la FIFA como la
«indemnización que el nuevo club de un jugador paga, o se compromete a
pagar, al club anterior del futbolista a cambio de que el club anterior
acepte liberar al jugador de la relación contractual que lo vincula a él»
(definiciones del Reglamento sobre el Estatuto y la
Transferencia de Jugadores de la FIFA).
Adviértase que los clubes son los únicos que «podrán ser
poseedores de los derechos deportivos de los jugadores o deportistas. En
consecuencia, queda prohibido a aquéllos disponer por decisión de sus
autoridades que el valor que reciban por tales derechos pertenezca o sea
entregado a persona natural o jurídica distinta del mismo club poseedor»
(artículo 32 de la ley 181 de 1995). Esto sin perjuicio de que
los jugadores sean titulares de sus propios derechos, cuando
queden cesantes, como lo tiene señalado nuestro órgano de
cierre constitucional: «si permanece inactivo un jugador porque el
Club titular de sus derechos deportivos no celebra con aquél un contrato
del trabajo, y, además, se le obstaculiza irrazonable cualquier
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transferencia, entonces, hay un abuso del derecho, y el jugador queda
habilitado como titular de sus derechos deportivos» (T-123/98).
(III) Entre los clubes, como se anticipó, pueden darse
negocios jurídicos de cesión o transferencia de derechos
deportivos, con el fin de permitir que un futbolista profesional
pueda jugar para un club diferente al actual.
Transferencia que se considera nacional cuando la
inscripción se traslada, dentro de una «asociación», «de un club a
otro». E internacional cuando se traslada «la inscripción de un
jugador de una asociación a otra asociación» (definiciones del
Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores
de la FIFA).
(IV) Los jugadores, para afrontar los retos de la
profesionalización, o en desarrollo de la misma, suelen acudir
a agentes o intermediarios deportivos, encargados de
gestionar su contratación o propender por el mejoramiento de
sus condiciones patrimoniales. Lo mismo sucede con los
clubes, cuando pretenden contratar nuevos jugadores o
transferir los actuales a terceros.
El agente se define como la persona que, «a cambio de una
remuneración o de forma gratuita, representa a jugadores y/o clubes en
negociaciones para celebrar un contrato de trabajo o representa a clubes
en negociaciones para celebrar un acuerdo de transferencia»15.
15 «A football agent is a natural o legal person who, for a fee o free of charge, represents
players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract
or represents clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement»
(traducción libre, CATTANEO, Andrea, FIFA regulation on working with intermediaries:
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Esta figura «es un elemento fundamental para el funcionamiento
adecuado del mercado de fichajes cuyo valor debe ser reconocido y
debidamente retribuido… La relación que se genera entre un jugador y
aquél que le gestiona su carrera profesional, negociando no solo sus
contratos de empleo y traspaso sino muchas veces manejando sus
patrocinios, relaciones públicas, derechos de imagen, etc. trasciende el
ámbito puramente profesional»16.
2.4. Contratos de representación deportiva.
2.4.1. Los jugadores o clubes se vinculan con los
agentes por medio de contratos de representación, con el
«objetivo de establecer una relación legal para proporcionar servicios de
representación», así como servicios de «asesoramiento jurídico,
planificación financiera, ‘ojeamiento’, consultoría, gestión de los derechos
de imagen y negociación de contratos comerciales, entre otros»
(definiciones del Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la
FIFA).
Según el reglamento sobre agentes de la Federación
Colombiana de Fútbol, la representación es un «servicio
relacionado con el fútbol llevado a cabo para o en representación de un
cliente, incluida toda negociación y comunicación informativa o
preparatoria, u otras actividades afines, realizada con el objetivo y/o la
intención completar una transacción». Asimismo, puede incluir
otros servicios, «entre los que se incluyen el asesoramiento jurídico, la
planificación financiera, la consultoría, la gestión de los derechos de
novelties and challenges. En ORTEGA BURGOS, Enrique y GARCÍA CABA, Miguel
María (dir.), Derecho Deportivo 2020, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 115).
16 SANTIAGO SANTIAGO, Nicole Adriana, El Reglamento de Agentes (intermediarios) de
la FIFA: un breve recorrido de su historia, la actualidad y su posible futuro. En ORTEGA
BURGOS, Enrique y GARCÍA CABA, Miguel María (dir.), Derecho Deportivo 2021,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pág. 689.
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imagen y la negociación de contratos comerciales, entre otros» (aspectos
preliminares definiciones).
2.4.2. Contrato que puede caracterizarse, sin ánimo de
exhaustividad, de la siguiente forma:
(I) Multiforme17, por carecer de una regulación específica
que permita encasillar este negocio jurídico dentro de una
determinada forma típica, aunque comporte rasgos propios
de varias de ellas, como el corretaje, mandato y
arrendamiento de servicios, pues el agente puede obligarse a
buscar contrapartes negociales, representar a los jugadores o
clubes en los procesos de negociación, o brindar asesoría en
múltiples temas.
De allí que la doctrina afirme que «se trata de un contrato
atípico donde la nota de la representación determina su mayor
aproximación con la figura del mandato. No obstante, la complejidad de
la relación y las obligaciones -expresas e implícitas- de asesoramiento y
gestión implican que la función representativa sea sólo un aspecto -quizá
no el más importante- del contenido contractual»18.
Convención que, en todo caso, está sujeta a las
disposiciones emitidas por la FIFA y por las confederaciones
-en el ámbito territorial de aplicación- relativas a la actividad
17 «[C]ontrato “multiforme” o “proteiforme”, o “variable”… [es] un contrato que en
abstracto no se puede clasificar, como ahora lo entiende la misma Corte, dada la falta
de una regulación específica del mismo, porque en concreto, es decir, teniendo en cuenta
la relación efectivamente ajustada, bien pudiera configurarse como uno u otro contrato
de los típicamente previstos por la ley» (CSJ, SC, 30 ene. 2001, exp. n.° 5507).
18 MÁXIMO PITA, Enrique, Los contratos de servicios deportivos. Su variedad y
regulación. En Revista Latinoamericana de Derecho, año III, n.° 5, enero-junio de 2006,
pág. 198.
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de intermediación, por cuanto en esta regulación se incluyen
prescripciones que tienen efecto sobre el contenido
convencional, como sucede con la remuneración del agente y
los derechos y obligaciones de las partes.
Total, estos mandatos, integran la denominada lex
sportiva, huelga decirlo, «un ordenamiento jurídico transnacional
autónomo creado por las instituciones deportivas privadas globales. Se
caracteriza porque es un derecho contractual cuya fuerza vinculante
proviene de los acuerdos para someterse a la autoridad y a la jurisdicción
de las federaciones deportivas internacionales. Y en segundo lugar, que
no es gobernado por los sistemas legales nacionales»19.
(II) Bilateral, por cuanto el cliente y el agente adquieren
obligaciones recíprocas. Aquél, la de pagar la remuneración,
colaborar, informar y abstenerse de incurrir en conductas
prohibidas (artículo 18 del Reglamento sobre Agentes de
Fútbol de la FIFA). Y el agente, la de poner a disposición sus
conocimientos, experiencia, contactos y estructura, para
lograr la celebración de contratos laborales, concretar
transferencias u obtener beneficios patrimoniales, en favor
del jugador y/o del club.
(III) Solemne o consensual, según la intermediación sea
internacional o nacional, respectivamente.
19 CORTÉS, Daniel, Guía de litigio ante el tribunal arbitral de deporte (TAS) Análisis del
precedente jurisprudencial del TAS en asuntos procesales, 3ª Ed., Tirant lo Blanch,
Madrid, 2022.
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38
Es internacional cuando «los servicios de representación
[estén] relacionados con una transacción específica vinculada a un
traspaso internacional» o «con varias transacciones específicas, una de
las cuales esté vinculada a un traspaso internacional» (artículo 2° del
Reglamento sobre Agentes de Fútbol de la FIFA). Es nacional
cuando se pretende «[n]egociar o renegociar un contrato de trabajo
entre el jugador y el club; o [c]errar un acuerdo de transferencia entre dos
clubes» (artículo 1 de la resolución n.° 3330 del 31 de marzo
de 2015 de la Federación Colombiana de Fútbol).
En la primera forma de intermediación, por exigencia de
reciente factura, con ocasión de la reforma del 16 de
diciembre de 2022, la FIFA impuso que los contratos consten
por escrito debidamente firmado (definiciones del Reglamento
sobre Agentes de Fútbol de la FIFA).
Con anterioridad a esta modificación, el Reglamento
sobre Relaciones con los Intermediarios de la misma
institución, del 21 de marzo de 2014, ninguna exigencia
establecía al respecto, limitándose a imponer que el acuerdo
sea documentado. En palabras literales:
Se deberá dejar constancia por escrito de los principales puntos de
la relación jurídica entre el jugador o el club y el intermediario antes
de que este inicie sus actividades. El contrato de representación
deberá incluir como mínimo los datos siguientes: los nombres de
las partes, el alcance de los servicios, la duración de la relación
jurídica, el monto de la remuneración adeudada al intermediario,
las condiciones generales de pago, la fecha de la firma, las
cláusulas de rescisión y la firma de las partes. Si el jugador es
menor de edad, su tutor también deberá firmar el contrato de
representación, de conformidad con la legislación del país en el que
el jugador tenga su residencia (numeral 5).
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
39
Huelga explicarlo, los contratos celebrados entre 2014 y
2023, ante la ausencia de solemnidades estatutarias, podían
ser consensuales, aunque debían recogerse en un
instrumento a título de documentación o confirmación, para
dejar evidencia de su celebración y contenido, lo cual podría
ocurrir de forma concomitante o posterior a su celebración.
En este punto conviene rememorar que «[s]e entiende por
documentación la plasmación de las declaraciones de voluntad
contractuales en recipientes aptos para recibirlas, conservarlas y
transmitirlas… Según las circunstancias, el documento puede ser la
plasmación del contrato, el contrato mismo, o, por el contrario, un
instrumento añadido posteriormente a un contrato preexistente, con el fin
de fijarlo y conservarlo en el futuro»20. A su vez, la confirmación
consiste en enviar «un documento a la otra [parte] con el mero
propósito de confirmar lo ya acordado»21.
Obviamente, tanto la documentación como la
ratificación, deben reflejar exactamente lo pactado de
palabra, por fuerza del principio de la lealtad negocial, que
hace parte de la buena fe. Sin embargo, es posible que esto
no ocurra, porque el escrito incorpore cuestiones que no
fueron negociadas o altere las acordadas.
Estas disarmonías deberán solventarse acudiendo a la
voluntad real de los interesados, por ser el fundamento
prístino del negocio jurídico. En algunos casos prevalecerá el
20 ROGEL VIDE, Carlos, Derecho de Obligaciones y Contratos, J.M. Bosch, Barcelona,
1997, págs. 117 y 118.
21 Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, Principios Unidroit
sobre los Contratos Comerciales Internacionales, Unidroit, Roma, 2018, pág. 57.
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convenio verbal, cuando la documentación se aparta, de
forma inconsulta, de lo pactado. En otros tendrá mayor valía
el escrito, por evidenciar una voluntad renovada.
Explica la doctrina que «[e]s necesario distinguir. Si en el
documento se plasma acuerdo anterior no documentado, el documento
nova el acuerdo siendo siempre preferido. Si el nuevo documento
sustituye al anterior y no hay voluntad expresa de novar, se presume que
la discordancia habida se debe a error, prefiriéndose el primer
documento. Esta tesis, más aquilatada, parece la mejor»22.
Tratándose de contratos de representación nacionales,
según el Reglamento sobre Relaciones con Intermediarios de
la Federación Colombiana de Fútbol, no hay exigencia de
formalidad, sino que, como sucedía en el ámbito
internacional, únicamente se impuso su documentación para
«dejar constancia… de los principales puntos de la relación jurídica…
antes de que este inicie sus actividades» (artículo 5).
(IV) Intuitu personae, por cuanto el contrato se celebra
en razón de la calidad de las partes. Para los jugadores y los
clubes, por la confianza que depositan en el agente. Para éste,
porque cree en la palabra de aquéllos.
De allí que este negocio sea indelegable e intransferible,
en el sentido de que el agente no puede encargar la actividad
de promoción o representación a un tercero, so pena de
atentar contra la finalidad de esta convención.
22 ROGEL VIDE, Carlos, op. cit., pág. 118.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
41
2.4.3. ¿Puede el contrato de representación deportiva
revestir la forma de un contrato típico?
Clarificado que el objeto de este negocio es la
intermediación y, eventualmente, la prestación de otros
servicios, así como su naturaleza multiforme, descuella que,
en cada caso concreto, puede acercarse a ciertas formas
típicas, lo que dependerá del contenido de las obligaciones del
agente.
Así, cuando el intermediario se limite a buscar clubes
interesados en contratar al jugador, ora para inscribirlo como
profesional por primera vez o por la adquisición de sus
derechos deportivos de los cuales es titular otro, sin
adentrarse en la negociación de las condiciones de la
operación o aconsejar a ninguna de las partes, la
representación se aproxima al contrato de corretaje, definido
en nuestro derecho en el artículo 1340 del Código de
Comercio.
De otro lado, cuando el agente, además de buscar
equipos interesados en los servicios del jugador, negocie las
condiciones laborales y económicas de la vinculación o
transferencia, asumiendo compromisos en nombre del atleta
o del club anterior, el contrato de representación se aproxima
a un mandato, en los términos del canon 1262 del estatuto
mercantil.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
42
Por último, si el agente, no sólo participa en la
negociación, sino que asesora al jugador en temas jurídicos y
económicos, acompañándolo en la inversión de los réditos
fruto de la operación, el negocio toma elementos del mandato
y del arrendamiento de servicios, en una fusión que dificulta
su identidad.
De allí que la doctrina explique:
No todas las actuaciones realizadas por los agentes obedecen al
mismo patrón, pues el peso o influencia de un agente respecto de
sus representados habrá de medirse caso por caso y también es
cierto que muchos agentes solo intermedian en una sola operación
para un deportista, agotándose en esa actuación toda la prestación
frente a ese deportista. Es aquí, en relación con el grado de
facultades otorgadas al agente y el grado de su participación, el
momento para establecer las diferencias, la línea que permita
identificar en mayor medida la actividad del agente con el contrato
de mediación.
El agente que se limita a sondear el mercado, a tantear si una
entidad deportiva está interesada en la contratación de un
deportista o viceversa, o bien atraer la atención de un equipo para
que contrate al deportista porque sus condiciones y cualidades
como deportista así lo aconsejan, tal tipo de actos están más
cercanos al contrato de mediación [o corretaje], pues la actividad
desarrollada procura buscar a un tercero, provocar su interés y
acercar a dos partes para que contraten. Sin embargo, cuando las
facultades, influencia y hasta control del agente respecto de su
representado y en la fase negocial alcanzan un grado importante
que supere con creces lo que deba entenderse propio de un corretaje
o una mediación, ello nos alejará de esta figura. El análisis de la
cuestión fáctica en la intervención del agente y la gama de servicios
ejecutados nos proporcionará la respuesta de si el agente es un
simple mediador en una operación cuyo contenido es la
contratación o traspaso del deportista, o, por el contrario, la
delegación de facultades y su grado de participación le convierten
en algo más que ese simple mediador, en una especie de alter ego
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
43
del deportista, en la persona que va a gestionar de manera
sustancial tanto su carrera deportiva como su patrimonio23.
3. Caso concreto.
Precisado el anterior estado del arte, la Corte se
adentrará en la resolución de los embistes propuestos,
agrupados por unidad temática.
3.1. Censuras relativas al contenido objetivo del
contrato de intermediación y la certificación posterior.
3.1.1. Rememórese que, en este punto, las acusaciones
se dirigieron a cuestionar la incorrecta interpretación del
«contrato de corretaje documentado por las partes: i) al desconocer varias
de las cláusulas en el contenidas; y ii) al sostener que el mismo se
suscribió solamente para efectos de facturación» (folio 15 del archivo
digital 0500131030202019-0012801-0009Demanda.pdf).
Lo anterior, en tanto este documento «evidencia con nitidez:
i) que el precio se circunscribió a un valor único de 262.000 euros; ii) que
ese convenio regulaba íntegramente la relación contractual entre las
partes; y iii) que la relación negocial entre las partes terminaba en el
momento en que se celebrara el contrato entre ATLÉTICO NACIONAL y el
Club AJAX» (folio 17 ídem), lo que desdice la afirmación de que
la finalidad de este documento fue únicamente para permitir
la facturación, como se indicó en el interrogatorio del
representante legal de la accionada. Máxime porque la
23 CASANOVA GUASCH, Feliciano, El estatuto jurídico del agente de deportistas.
Estudio de su problemática jurídica. Reus S.A., Madrid, 2015, págs. 142 y 143.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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certificación del 25 de julio de 2016, de naturaleza unilateral,
no puede modificar lo pactado en el corretaje.
3.1.2. La Corte, para determinar la ontología de estos
instrumentos persuasivos, traerá a presente su contenido
literal, en conjunción con otros que integran el expediente,
por su inescindible conexión:
(I) Como quedó especificado, por las razones definidas en
su momento, las partes acordaron, en el año 2016, un
contrato verbal de corretaje para la transferencia de los
derechos deportivos de Davinson Sánchez Mina.
(II) El 21 de junio de 2016 se firmó el acuerdo de
transferencia entre AFC Ajax NV y Atlético Nacional S.A., por
el cual éste «transferirá al registro del jugador a Ajax, de manera
permanente… inmediatamente después del último partido… en la Copa
Libertadores de 2016» (folios 30 y 32 del archivo digital
05001310302020190012801-0009Demanda).
En compensación se pactó una suma fija de €5.250.000.
Además, se previó que «si Ajax efectúa una transferencia permanente
o temporal del registro del jugador a cualquier otro club de fútbol… Ajax
pagará a Atlético Nacional un derecho de transferencia contingente igual
al 15% del saldo de (i) la compensación de la futura transferencia menos
(ii) el costo pagado de la transferencia» (folio 33).
(III) El 25 de junio de 2016, Néstor Fernando Villareal y
el representante legal de Atlético Nacional S.A., incorporaron
sus firmas a un documento intitulado «contrato de corretaje», en
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
45
el cual se encargó a aquél que «se ocupe como intermediario… en la
negociación con el jugador Davinson Sánchez Mina con el fin de que la
comitente efectúe o concluya directamente el negocio con el jugador»
(cláusula objeto, folio 152 del archivo digital 01. DEMANDA Y
ANEXOS.pdf).
Allí se estipuló, como contraprestación por la gestión, la
suma fija única de €262.000. Además, se dispuso que «[t]odas
las relaciones comerciales de las partes se regularán únicamente por el
presente convenio» (ibídem), cuya duración sería igual a la de la
negociación del jugador (folio 153).
(IV) El 25 de julio de 2016, Juan Carlos de la Cuesta G.,
en su calidad de Presidente de Atlético Nacional S.A., certificó:
De la venta de los derechos federativos, económicos y de registro
del jugador Davinson Sánchez Mina al Club Ajax de Ámsterdam –
Holanda, reconocerá al señor Néstor Fernando Villareal… por
concepto de intermediación lo que a continuación se describe:
El cinco porciento (sic) (5%) neto de la venta por valor de cinco
millones doscientos cincuenta mil euros (€5.250.000)…
El cinco porciento (sic) neto sobre el quince por ciento (15%) que le
corresponde a Atlético Nacional de una futura venta del jugador por
parte del Club Ajax (folio 19).
(V) En la atestación de Juan David Pérez Ortiz, aceptó la
celebración del contrato de corretaje (minuto 00:37 de la
audiencia de 14 de octubre de 2020) y la existencia del
documento del 25 de junio de 2016, con la precisión de que
el último se hizo con la finalidad de «ratificar lo que ellos habían
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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acordado» y para «efectos de facturación» (negrilla fuera de texto,
minutos 00:51 a 00:52 ídem).
(VI) En la atestación de Néstor Fernando Villareal señaló
que su vínculo con Atlético Nacional S.A. data de años atrás
«con el tema de Davinson… porque vinieron propuestas de Sevilla, del
Villareal, Valencia, el cual el Comité Ejecutivo… denegó esa transferencia
hasta que llegó la de Ajax» (minuto 01:01). Además, que la
relación comenzó «verbalmente» y «obviamente a medida que pasan
los días y la transferencia se puede llegar a buen puerto, uno empieza
como a legalizar ese trabajo de intermediación mediante papeles,
mediante mails» (minuto 01:03).
3.1.3. El recuento realizado deja al descubierto cuáles
fueron las etapas que agotaron las partes para perfeccionar el
contrato de intermediación, la cuales pueden sintetizarse así:
● Primer paso: acuerdo verbal de intermediación entre
Atlético Nacional S.A. y Néstor Fernando Villareal,
anterior a junio de 2016, aunque sin una fecha
precisa.
● Segundo paso: ratificación del contrato verbal, por
escrito del 25 de junio de 2016, intitulado contrato de
corretaje, lo que sucedió después de que se concertó
la transferencia de los derechos deportivos, sobre
Davinson Sánchez, del Atlético Nacional al AFC Ajax
NV.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
47
● Tercer peso: certificación sobre la remuneración del
agente, por documento emanado del representante
legal de la enjuiciada, en el cual se armonizó su
retribución con la pactada por la transferencia de
derechos deportivos.
3.1.4. Los dos primeros escalones, como se explicó en
páginas anteriores, guardan correspondencia con lo prescrito
en el Reglamento sobre las Relaciones con Intermediarios de
la FIFA, vigente para la fecha de los hechos, en el sentido de
que el contrato de intermediación puede celebrarse
verbalmente, sin requerirse de una formalidad; convenio que,
en todo caso, debe documentarse, para dar cuenta escrita del
nombre de las partes, el encargo realizado, la duración de la
labor, la «remuneración adeudada», las condiciones de pago, la
fecha del acuerdo y las cláusulas de rescisión (numeral 5°).
En el caso, la intermediación deportiva se acordó
consensualmente, como es un hecho pacífico en el proceso, lo
que permitió a Néstor Fernando Villareal promover la
transferencia de los derechos del jugador Davinson Sánchez
en múltiples clubes, hasta que finalmente se concretó la
operación con AFC Ajax NV, el 21 de junio de 2016. Cuatro
días después el contrato de intermediación se ratificó, esto es,
sus cláusulas se redujeron a escrito, según se advierte en el
documento intitulado contrato de corretaje.
Sin embargo, observa la Corte, este último documento
no brinda certidumbre sobre su correspondencia con la
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
48
voluntad real de los contratantes, por cuanto hay múltiples
circunstancias que ponen en tela de juicio su fiabilidad, de
allí que no puede tenerse como la fuente jurídica para
disciplinar su relación, como certeramente procedió el
Tribunal.
Y es que, al margen de que las firmas impresas en la
página 3 corresponden a las de los contratantes, como lo
reconoció Néstor Fernández Villareal en su atestación
respecto a la suya, no sucede lo mismo con el contenido del
escrito, pues este deponente, al ser inquirido sobre su
conformidad, manifestó: «yo realmente no recuerdo, no recuerdo
haberlo firmado» (minuto 01:03 de la audiencia de 14 de octubre
de 2020).
Esta falta de conciencia sobre la suscripción y, por ende,
del contenido, es indicativa de que la documentación se hizo
sin reflexividad, como si de una mera formalidad se tratara,
de allí que no sea posible establecer su correspondencia con
el acuerdo anterior, huelga decirlo, con el contrato verbal.
Hipótesis confirmada por las atestaciones de aquél y de Juan
David Pérez Ortiz, que al unísono señalan que el documento
se realizó para permitir el pago de la remuneración causada
en favor del agente hasta ese momento24.
Ciertamente Atlético Nacional S.A. aprovechó esta
oportunidad para ratificar la operación de intermediación,
24 Al referirse al documento, aseguraron los deponentes que se firmó «por un tema…
de efectos de facturación»
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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como lo rememoró su representante legal en el interrogatorio
practicado; sin embargo, en el proceso no se demostró que,
en esta actuación, aquél haya buscado y logrado un
asentimiento de Néstor Fernando Villareal sobre las
estipulaciones llamadas a regir el negocio previamente
celebrado.
Sólo frente a la consideración de que el escrito tuvo una
finalidad instrumental, más que sustancial, se explicaría el
porqué, un contrato con importantes efectos crematísticos,
haya sido elaborado de forma descuidada y con
incoherencias, tales como:
(I) el término de duración del contrato se sujetó a un
hecho extinguido, como fue la «negociación del jugador Davinson
Sánchez Mina… con el Club AFC Ajax de Holanda», la cual se había
agotado con la firma del convenio de transferencia cuatro (4)
días atrás;
(II) no hay ilación entre las páginas 2 y 3, pues aquella
terminó con el parágrafo «[c]omo constancia del libre y común
acuerdo entre las partes… se firma por ambas partes, en dos ejemplares
del mismo tenor y valor», mientras que la siguiente principió con
la cláusula quinta, dejando las firmas para un momento
posterior; y
(III) el colofón de cierre del contrato aparece repetido en
los folios 2 y 3, con palabras similares, pero no idénticas.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
50
Estas desatenciones dejan al descubierto que el contrato
de corretaje, del 25 de junio de 2016, no refleja la entereza
esperable de una operación jurídica con efectos patrimoniales
equivalentes a €262.000, de allí que cobre fuerza la idea de
que su propósito era meramente instrumental, huelga
reiterarlo, permitir el cobro de la remuneración inicial del
agente y satisfacer la exigencia de ratificación impuesta por
las normas de la FIFA, sin expresar la intención real y común
de los interesados cuando acordaron que Néstor Fernando
Villareal promoviera, en el mercado futbolístico, la
transferencia de los derechos deportivos de Davinson Sánchez
Mina.
De esta forma, lo afirmado por el Tribunal, que se
transcribe a continuación, no descubre un desacierto
mayúsculo de valoración probatoria que permita dar paso a
la casación:
[El] contrato de corretaje existió antes de la elaboración del escrito
que fue allegado como prueba de oficio por el a quo, por tratarse de
un contrato consensual, y que da veracidad a lo expresado por
Néstor Fernando Villareal en el sentido de que se elaboraban
después de la culminación de la intermediación y para los solos
efectos del pago de la remuneración causada…
No puede la Sala dejar de manifestar cierta inquietud acerca de la
existencia misma del pacto de intermediación escrito, pues el
demandante puso en duda su elaboración; manifestó no recordar
que, en este caso, el de Davinson Sánchez existiera documento
escrito, aunque no pudo menos que reconocer su firma.
Es que, como lo resaltó la apoderada del actor, tal documento
contiene una característica especial: El final de la hoja número 2 no
coincide con lo que continúa en la hoja número 3, en tanto después
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
51
de anunciarse que “como constancia de libre y común acuerdo entre
las partes y en señal de aceptación se firma por las partes…” de
tal manera que debió continuar solo con las firmas, aparece en la
hoja 3, la cláusula quinta… (folios 19 y 20 del archivo digital
16Sentencia.pdf).
3.1.5. Precisado lo anterior, se tiene que para
desentrañar el contenido del convenio celebrado entre Atlético
Nacional S.A. y Néstor Fernando Villareal, en el punto
específico de la remuneración del agente, debe acudirse a la
certificación del 25 de julio de 2016, emitida por el presidente
del club deportivo, por corresponder a una manifestación de
voluntad específica, asentida por todos los intervinientes.
Total, a diferencia del documento del 25 de junio de
2016, el nuevo se hizo para clarificar los honorarios a que
tenía derecho el intermediario por su gestión, proceder que,
según el relato de Néstor Fernando Villareal, es usual en esta
actividad: «en la experiencia… que tengo dentro del futbol, uno se
asegura los pagos de esta manera» (minuto 01:06).
Certificación que fue fruto de la decisión libre y
consciente del representante legal de Atlético Nacional S.A.,
quien de forma espontánea redujo a escrito los compromisos
patrimoniales adquiridos para con el denominado corredor
deportivo.
Manifestación escrita que, por demás, fue acogida
voluntariamente por el demandante, quien, no sólo recibió el
documento sin cuestionar su exactitud o rechazarlo, sino que,
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
52
por el contrario, lo invocó para reclamar el pago de sus
emolumentos, como sucede en el presente proceso.
Luego, mal podría negársele efectos a la certificación,
como lo reclamó la recurrente extraordinaria, bajo el
argumento de que es una expresión unilateral de voluntad,
pues adquirió la condición de bilateralidad una vez se dejó en
custodia del intermediario sin que éste hiciera manifestación
alguna, y fue aceptada tácticamente por el hecho de invocarla
en sus diferentes exacciones.
De esta forma queda en evidencia que Néstor Fernando
Villareal era merecedor, además de la comisión fija, al «cinco
porciento (sic) (5%) neto sobre el quince porciento (sic) (15%) que le
corresponde a Atlético Nacional de una futura venta del jugador por parte
del Club Ajax» (certificación del 25 de julio de 2016), como
acertadamente lo reconoció el juzgador de segundo grado.
3.1.6. Con todo, aunque en gracia de discusión se
asintiera en que el documento de ratificación del 25 de junio
de 2016 sí expresó la intención común de las partes, lo cierto
es que, por existir una voluntad posterior que lo modificó, es
ésta la llamada a regular el contrato.
Y es que, no cabe duda que el escrito del 25 de junio de
2016 señaló que «[c]omo contraprestación» para el corredor «un valor
fijo único de €262.000» (cláusula primera), y que «[t]odas las
relaciones comerciales de las partes se regularán únicamente por el
presente Convenio» (numeral 2.1. de la cláusula segunda).
Estipulaciones que ciertamente dejan al descubierto que el
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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agente deportivo recibiría una única contraprestación, sin
que lo negociado con anterioridad tuviera el alcance de
modificar esta manifestación escrita.
Sin embargo, fruto de la autonomía de la voluntad, un
mes después de la fecha en la que se incorporaron las firmas
al contrato escrito, el representante legal de Atlético Nacional
S.A. expresó una voluntad renovada de adicionar la
remuneración de Néstor Fernando Villareal, lo que fue
asentido por este último, comportando una modificación al
acuerdo primigenio que tiene carácter prevalente por reflejar
el consentimiento remozado de las partes.
Esa voluntad posterior, que fue coincidente entre los
interesados, es suficiente para reemplazar cualquier
convención previa, alusiva a la remuneración del convocante,
no sólo por el valor jurídico de la voluntad, sino por la
naturaleza consensual del contrato de intermediación
deportiva, según las normas de la FIFA vigentes para la fecha
de los hechos, y del negocio de corretaje, conforme al derecho
nacional (artículos 824 y 1340 del Código de Comercio)25.
Remárquese, ante la ausencia de reglas que impidan a
las partes variar de mutuo acuerdo sus términos de
contratación, por mucho que los hubieran documentado en
algún punto previo de su negociación, es posible que lo hagan
en cualquier momento, siempre que haya una decisión
25 «[E]l corretaje, entre otras características, es contrato… consensual o de forma libre»
(CSJ, SC, 14 sep. 2011, rad. n.° 2005-00366-01, reiterada SC3918-2021).
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
54
inequívoca encaminada a estos fines, lo que efectivamente
sucedió en el caso bajo estudio.
Modificación que se demuestra, como ya se dijo y se
reitera para perspicuidad, con la referida «certificación» (signada
en una fecha posterior a la del contrato escrito), y por la
confesión ficta que tuvo lugar en este proceso, dada la
extemporánea presentación del escrito de contestación de la
demanda, siendo del caso agregar que, como secuela natural
de ese inoportuno ejercicio del derecho de defensa, tampoco
se recaudaron evidencias que permitieran desvirtuar su
contenido.
Confesión advertida por el sentenciador de segunda
instancia, en tanto en el acápite denominado indicios de la
conducta procesal de las partes, expresamente manifestó que
el artículo 97 del Código General del Proceso «permite la
acreditación de esos hechos [se refiere a los debatidos en el caso] en
cuanto no resulten contradichos por la prueba obrante en el
expediente, y en este caso no lo fue» (negrilla fuera de texto, folio
29 del archivo digital 16Sentencia.pdf).
3.1.7. Al quedar salvaguardado el principal de los
razonamientos del ad quem, tocante a la primacía de la
certificación del 25 de julio de 2016, sobre el contenido de la
ratificación contractual del 25 de junio del mismo año, las
censuras izadas en este punto decaen en el vacío y, por ende,
la sentencia criticada no se ve socavada.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
55
Por lo anterior, y aunque ciertamente el Tribunal
cometió varios errores de derecho, originados en la
desatención de sendos preceptos que regulan la actividad
demostrativa en los juicios civiles, éstos devienen
intrascendente, en el sentido de que no tienen la aptitud para
modificar el sentido de la decisión.
3.1.7.1. En efecto, el juez de segunda instancia, para
soportar su decisión, señaló varios documentos que no fueron
incorporados como pruebas al expediente, de los cuales tuvo
conocimiento porque fueron leídos por los deponentes en la
audiencia adelantada el 14 de octubre de 2020 o porque se
dejaron entrever mientras los intervinientes hablaban frente
a la cámara web.
De forma literal manifestó:
Néstor Fernando Villareal fue cuestionado por el juez acerca de sí
en otras ocasiones también se había expedido certificación
semejante… El absolvente manifiesta que la tiene en papel
membrete de Nacional, leyó su contenido (horario 1:07:46) hace
referencia a 240.000 dólares americanos en favor de Villareal y su
socio, que les fueron pagados una vez fue recibido el dinero de la
transferencia por parte de Flamengo. Alcanzó a exhibir tal escrito a
la cámara (1:08:32)…
[A]grega el Tribunal que, durante la audiencia copia de la
certificación fue mostrada en varias oportunidades, a la cámara
por el apoderado judicial de la accionada cuando interrogaba al
demandante, con una anotación manuscrita en su parte superior
que no pasó desapercibida para esta Sala, y cuyo tenor literal fue
el siguiente: “NO HAY CONTRATO”… Qué significa tal glosa, que
sólo pudo provenir de alguien vinculado al Atlético Nacional, ¿Que
no existía contrato escrito o que nunca hubo contrato con Néstor
Villareal? (sic)
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Refulge que se trajeron a colación una certificación
resultante de la transferencia de derechos deportivos de un
jugador del Atlético Nacional S.A. a Regatas do Flamengo, y
una copia de la pluricitada certificación del 25 de julio de
2016 con una nota a mano alzada «no hay contrato». Empero,
estos escritos no fueron decretados ni agregados a la
actuación.
De esta forma se desatendió el artículo 164 del Código
General del Proceso, según el cual, «[t]oda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso».
La Sala, refiriéndose a este precepto, tiene acrisolado «que los
hechos sobre los cuales versará el fallo deben estar demostrados con
pruebas aportadas al proceso y no en el conocimiento privado del juez»
(SC1364-2024 y SC354-2023). En otras palabras, «los únicos
elementos de juicio en los que pueden sustentarse las sentencias, son
aquellos obtenidos con plena satisfacción de las normas disciplinantes de
su aportación, solicitud, decreto, práctica y valor demostrativo» (SC949-
2022).
Por ende, ante la falta de incorporación, como pruebas,
de los documentos señalados, no era procedente extraer
conclusiones demostrativas de ellos, como erradamente se
procedió en la segunda instancia.
3.1.7.2. El fallador de alzada también faltó a la regla
contenida en el artículo 196 del estatuto adjetivo, según el
cual «[l]a confesión deberá aceptarse con las modificaciones,
aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto
cuando exista prueba que las desvirtúa».
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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La Corte tiene establecido: «lo agregado por el confesante, en
particular, lo que le beneficia, se debe aceptar junto con la confesión como
un todo. Tal regla, conocida como indivisibilidad, obliga al juzgador
acogerla con sus adiciones, esto es, no puede fraccionar los hechos para
dar por demostrados los lesivos al confesante y rechazar los favorables»
(SC3790-2021). Directriz que «se justifica por respeto a la forma
como el confesante se pronunció para admitir un hecho en contra de sus
intereses, pero, con agregaciones o condicionamientos no desquiciados,
de modo tal que al dividirla impondría un trato desproporcionado e
injusto» (SC370-2023).
Yerro que se configuró, en el sub examine, por cuanto, a
pesar de que el representante legal del Atlético Nacional S.A.,
al atender la pregunta sobre el término de duración del
corretaje, manifestó que el convenio se llevó a escrito «para
ratificar lo que ellos habían acordado» y «por un tema… de efectos de
facturación» (negrilla fuera de texto, minuto 00:52), el
sentenciador se centró en el último de los aspectos, obviando
el primero de ellos.
Significa que el hecho relatado se escindió, para tomar
en cuenta únicamente lo desfavorable al declarante, y obviar
sus clarificaciones, las que ciertamente eran relevantes para
entender la dinámica del negocio de intermediación,
fracturando la indivisibilidad de la confesión.
3.1.7.3. Se agrega que, en el fallo recurrido, se
construyó un indicio en contra de la demandada, por evadir
responder la pregunta que se le formuló su interrogatorio,
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tocante a la ilación de las páginas 2 y 3 del contrato de
corretaje escrito.
Según el juzgador:
[A]l ser cuestionado el representante legal sobre ese particular,
evadió la respuesta a tan clara pregunta: ‘…muchas veces se nos
van cláusulas duplicadas en este caso una cláusula de ámbito
territorial; no creo que es lo que nos reúne de manera sustancial,
aquí se reguló, básicamente en la página uno están los elementos
sustanciales de esta relación que fueron los que permitieron el pago
y lo otro son cláusulas, relacionadas con duración del convenio, con
la prevención del lavado de activo y con el ámbito, importantes
desde el punto de vista jurídico, pero los elementos sustanciales
fueron debidamente consagrados en las tres páginas del contrato
de corretaje que dieron sustento a la suma realmente
pagada al señor Néstor…’. Obvio que no dio respuesta a la
pregunta, a pesar de lo manifestado por el a quo, la cláusula
quinta no fue duplicada…
[S]e rememora lo evasivo que fue para dar respuesta a una
de las preguntas formuladas por la apoderada del
accionante, lo que tiene mayor trascendencia, pues se trata como
él mismo advirtió de abogado con varios estudios de formación
avanzada, en materias deportivas y administrativas (negrilla fuera
de texto).
Sin embargo, en esta reflexión se ignoró el inciso sexto
del canon 203 de la codificación procesal, según el cual: «Si el
interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o
impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo
haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia».
Luego, para obtener el efecto adverso pretendido, era
imperativo que el sentenciador amonestara el interrogado
para que responda el cuestionamiento y lo proviniera sobre
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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los efectos de su renuencia, lo que no sucedió en el caso. Ante
la desatención de estos requisitos, no podía extraerse el
indicio que se estructuró (cfr. SC, 12 dic. 2011, rad. n.° 2003-
01261-01).
3.1.7.4. Por último, en el veredicto confutado se extrajo
como indicio, en contra de la demandada, la falta de veracidad
en las respuestas al interrogatorio que se le practicó, por
cuanto «el representante legal afirmó que sólo conoció de la certificación
cuando se le notificó el auto admisorio de la demanda y se le entregaron
las copias respectivas, pues demostrado quedó que desde el 19 de enero
de 2019, había sido entregado al Club, y dirigido al mis[m]o
representante, no solo la reclamación de Néstor Fernando Villareal, sino
que al mismo tiempo se le hacía entrega de copia de ese documento
suscrito por quien entonces lo era, Juan Carlos de la Cuesta Galvis».
Empero, en la construcción de este indicio no se tuvo en
cuenta la naturaleza inferencial de la prueba, con el fin de
mostrar, además del indicante, el hecho indicado y las
razones lógicas o prácticas que permiten tenerlo por
acreditado.
Ya la Sala ha dicho, refiriéndose a los indicios, que «el
fallador debe hallar plenamente acreditado en el proceso el hecho del
cual, por inferencia lógica, se deriva con mayor o menor fuerza otro hecho
desconocido, juega un papel fundamental el análisis de cada hecho en
particular y de todos ellos en conjunto, en donde el juez habrá de utilizar
la lógica y su sentido común basado en las reglas de la experiencia, de
todo lo cual dejará constancia, al exponer el poder persuasivo que
le produce no solamente cada prueba sino todas ellas en su
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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conjunto y que se concreta en el sentido de la decisión que adopta»
(negrilla fuera de texto, SC099-2002, exp. n.° 6821).
Total, inferir conclusiones de la conducta procesal de las
partes, tiene su razón de ser en que el juez pueda «extraer
información relevante de su comportamiento, con miras a confirmar o
refutar alguna de las hipótesis debatidas en juicio» (SC1960-2022),
por lo que, en el caso, no bastaba con descubrir el
comportamiento mendaz de la demandada, sino que debía
correlacionarse con los hechos debatidos.
3.1.7.5. No obstante la configuración de los desafueros
rememorados, su ocurrencia en nada socava la conclusión del
Tribunal sobre el contenido objetivo del contrato de
intermediación y la certificación posterior, por cuanto la
misma se encuentra soportada en otras pruebas, cuya
hermenéutica se ajustó a un razonablemente entendimiento
de las mismas, como se dejó al descubierto en precedencia.
De esta forma descuella la intrascendencia de los yerros
advertidos, razón para cerrar de plano su éxito. Recuérdese
que «para la prosperidad de un reproche casacional el recurrente tiene
la carga de evidenciar el alcance del desacierto en relación con el sentido
decisorio de la sentencia recurrida, esto es que no basta con la
demostración de alguna modalidad de error, también es menester poner
de presente que de no haber ocurrido esa falencia el veredicto habría sido
favorable a sus intereses» (CSJ, SC422-2024).
3.2. Censuras relativas a la inoponibilidad de la
«certificación» de 25 de julio de 2016.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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3.2.1. Alegó la recurrente «que el Tribunal se equivocó de
manera ostensible al sostener que el representante legal de la sociedad
demandada contaba con el aval de la junta directiva para efectos de
obligarla en los términos establecidos en la certificación emitida el 25 de
julio de 2016», pues no está demostrado que se autorizara «la
remuneración por una transferencia futura del jugador Davinson Sánchez
del Club AJAX a otro club».
3.2.2. Encuentra que la Corte que esta alegación, en
primer lugar, desatiende el requisito técnico de la precisión,
por no atacar el argumento que sirvió al juzgador de alzada
para tener por demostrada la autorización de junta directa
para convenir la remuneración del 5% sobre los valores que
correspondieran a Atlético Nacional S.A. con ocasión de las
transferencias futuras de los derechos deportivos del atleta
Davinson Sánchez.
Total, el Tribunal justificó su determinación en las
siguientes reflexiones:
[M]al podría sostenerse que las tratativas, encomendadas por el
representante legal a Néstor Fernando Villareal estuviesen
desprovistas de la autorización de la Junta Directiva, esto es, que
simplemente de manera verbal y por iniciativa propia Juan Carlos
de la Cuesta Galvis hubiese encomendado a Villareal esa
importante gestión omitiendo cualquier información y autorización
previa de la Junta Directiva…
Villareal al absolver interrogatorio dijo que había trabajado como
representante de Davinson Sánchez Mina con propuestas del
Sevilla, Villareal y Valencia (clubes españoles), de las cuales el
Comité Ejecutivo denegó las transferencias, hasta que llegó la del
Ajax que se pudo concretar…
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La intermediación del actor se repite, tuvo efectos positivos como
que culminó, se acotó con el Acuerdo de Transferencia, que acredita
que la negociación se efectuó por la suma de €5.500.000,00 para
lo cual el representante legal estaba autorizado, adquiriendo según
el texto del convenio las obligaciones previstas en la cláusula 8. (fls.
25 y 26, C-1).
Luego, es dable concluir que, para efectos de esa negoción
realizada por Juan Carlos de la Cuesta Galvis como presidente del
club, existía el aval previo de la junta directiva, cualquier reunión
que posteriormente hubiese realizado no tuvo por finalidad una
autorización retroactiva o peor aún, una desaprobación posterior a
tan delicada negociación. Si la hubo, no pudo tener intención
diferente a informar el resultado satisfactorio, en este caso, de que
lo que estaba previamente autorizado para comprometer al club
había llegado a feliz término.
Visto con detenimiento, el eje argumentativo del fallador
consistió en que la junta directiva efectivamente consintió en
la operación contractual, determinación que resulta
comprensiva de todas y cada una de sus cláusulas,
incluyendo las posteriormente incorporadas.
La recurrente, en lugar de cuestionar esta idea, huelga
remarcarlo, la suficiencia de la autorización general de la
junta directiva para firmar el contrato y sus modificaciones,
se limitó a insistir como letanía en que no se probó la
existencia de una nueva autorización para obligarse al pago
de la remuneración adicional contenida en la certificación
emitida por Juan Carlos De la Cuesta Galvis el 25 de julio de
2016.
Trasluce, por tanto, que el ataque deviene desenfocado,
al no cuestionar el razonamiento que sirvió al sentenciador
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para fundar su determinación, por dirigirse a uno que resulta
extraño a la sentencia confutada.
La Corte ha señalado de forma insistente:
[L]os reproches deben guardar simetría o absoluta correspondencia
con las verdaderas razones aducidas por el ad quem en respaldo
de su fallo, de modo que la inconformidad no puede concentrarse
en rebatir planteamientos inexistentes o que no constituyan la base
cardinal de las determinaciones con las que se fulminó el proceso.
El antagonista de la precisión es el desenfoque o desatino, que
sucede ‘cuando la argumentación del recurrente se enfoca hacia
aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir
cuando van por caminos disímiles’ (SC2506, 26 jul. 2022, rad. n.°
2015-00829-01) (SC3951-2022).
Este yerro en la formulación de la acusación conduce a
la futilidad a su estudio de fondo, ya que, incluso de
prosperar, no afectará la integridad de la sentencia. Y es que,
aunque se acepte que no se probó la existencia de una
segunda autorización de la junta directa, de esto no sigue que
fuera necesaria, ante la suficiencia de la primigenia, como lo
arguyó el fallador.
3.2.3. Con todo, aunque se dejara de lado el yerro
técnico denunciado, observa esta Corporación que no ocurrió
la suposición probatoria denunciada por la impugnante
extraordinaria.
3.2.3.1. Y es que el ad quem no imaginó la existencia de
la segunda autorización del órgano societario competente,
sino que consideró que la misma era innecesaria, en tanto en
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el caso se encuentra pacífico que Juan Carlos de la Cuesta
Galvis estuvo facultado para celebrar los contratos tocantes a
la enajenación de los derechos deportivos de Davinson
Sánchez Mina, lo que resulta comprensivo de todas las
declaraciones de voluntad alrededor de esta operación.
Los hechos del caso dejan en claro que la transferencia
del jugador se concertó y se ejecutó, Atlético Nacional S.A.
recibió la compensación por transferencia, y el 16 de octubre
de 2016 se le pagó a Néstor Fernando Villareal la comisión
pactada por €262.500. Siendo esto así, queda fuera de duda
que existió el consentimiento del máximo órgano de gobierno
del club para la operación de transferencia, pues de lo
contrario nada de lo relatado habría ocurrido.
Existiendo la autorización de la junta directiva, sin que
en el presente juicio se haya probado en contrario, aquélla es
comprensiva de todos los actos que resulten necesarios para
llevar a cabo la actividad, incluyendo la celebración de los
contratos, su documentación y la certificación sobre las
estipulaciones acordadas.
Máxime porque del expediente no emerge ninguna
prueba que permita colegir que la representación ejercida por
el Carlos de la Cuesta Galvis tuviera limitaciones en punto a
la remuneración a pagar por la intermediación deportiva, que
impusiera la necesidad de contar con un nuevo acto de
autorización.
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Para decirlo de otro modo, las pruebas permiten afirmar,
razonablemente, que el representante legal de Atlético
Nacional S.A. estaba autorizado para celebrar un contrato de
corretaje con Néstor Fernando Villarreal, sin que las escasas
evidencias disponibles permitan asegurar que la junta
directiva de esa institución fijó algún tipo de lineamiento en
punto al contenido de las cláusulas de ese contrato, más
específicamente, sobre la retribución a la que tenía derecho el
agente por su labor de intermediación.
Por tanto, las consecuencias de dicha orfandad
probatoria deben ser asumidas por la demandada, pues era
ella la interesada en demostrar que su junta directiva había
autorizado celebrar el contrato de corretaje, pero solamente
en los términos del documento de 25 de junio de 2016, con
exclusión de lo establecido en la certificación del 26 de julio
siguiente.
Sin medios suasorios adicionales, advierte la Sala, solo
era posible entender que el contrato de corretaje fue celebrado
con el lleno de los requisitos legales, y con plena autorización
de la demandada. Por tanto, resultaba imperativo convalidar
los términos del consentimiento que se hubiera probado en el
proceso, pues no se demostró que la autorización para
contratar estuviera acompañada de restricciones o cortapisas
de cualquier tipo, en descrédito de los argumentos de la
casacionista.
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3.2.3.2. Se suma a lo expuesto que, por fuerza de la
confesión tácita que emanó de la no contestación de la
demanda, la enjuiciada asintió en que Carlos de la Cuesta
Galvis actuó debidamente facultado por la junta directiva de
la entidad que representaba, incluso en cuanto se refiere a la
emisión y suscripción de la certificación del 25 de julio de
2016.
Recuérdese que, según el canon 97 del Código General
del Proceso, «[l]a falta de contestación de la demanda… harán presumir
ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda».
Regla sobre la que se tiene dicho: «El legislador deduce de
una omisión procesal una consecuencia específica consistente en derivar
una confesión ficta de los hechos pasibles de la misma que se contemplen
en el libelo introductorio; no obstante, la aplicación de la anotada pauta
pende del correlativo cumplimiento de los requisitos de la demanda, de
modo que, si el accionante no ha relatado en ella “[l]o que se pretenda,
expresado con precisión y claridad” (num. 4 art. 82 C.G.P.),
separadamente de “[l]os hechos que le sirven de fundamento a las
pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados”
(num. 5, ib), no se abre paso la confesión» (SC505-2022).
Confesión tácita que «tiene el mismo valor que la expresa hecha
con todas las formalidades legales», como lo tiene afirmado esta
Corporación (SC152-1987).
Como en el sub examine, la accionada radicó
tardíamente su contestación, razón para tenerla por no
presentada, se entiende que confesó los hechos contenidos en
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la demanda que fueran susceptibles de demostración por este
medio. Esto sucede precisamente con el perfeccionamiento y
obligatoriedad del contrato de corretaje, incluyendo lo que
sobre él se indica en la certificación emitida por el
representante legal del club, por haberlo manifestado así la
demandante en su escrito inaugural, sin aparecer desmentido
con otras pruebas.
En efecto, los hechos sexto y séptimo del libelo
introductorio indican:
SEXTO: Por la intermediación de mi poderdante, Néstor Fernando
Villarreal, en la transferencia definitiva del jugador Davinson
Sánchez Mina al Club AJAX de AMSTERDAM, Holanda, ATLÉTICO
NAGIONAL S.A., se comprometió a cancelarle las siguientes
comisiones. por acuerdo logrado con mi poderdante:
a.- El cinco por ciento (5%) neto de la venta por valor de cinco
millones doscientos cincuenta mil Euros (€ 5'250,000), al club Ajax
de Ámsterdam;
b.- El cinco por ciento (5%) neto de doscientos cincuenta mil euros
(€ 250.000) en caso de Atlético Nacional S.A., recibir los mismos en
bono ya pactado en el club comprador;
c.- El cinco por ciento (5%) neto sobre el quince por ciento (15%) que
le corresponde a Atlético Nacional de una futura venta del jugador
por parte del Club Ajax a otro equipo.
SÉPTIMO: El 25 de julio de 2016, el presidente de la sociedad
Atlético Nacional S.A., mediante documento privado, aceptando la
existencia del acuerdo de voluntades antes descrito, certificó que
por la venta de los derechos federativos económicos y de registro
del Jugador Davinson Sánchez Mina, al club Ajax de Ámsterdam -
Holanda, le reconocería a mi poderdante Néstor Fernando
Villarreal, por concepto de intermediación, las sumas determinadas
en el hecho SEXTO.
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Repárese que el demandante aseguró que la enjuiciada
(I) aceptó la existencia del contrato corretaje, (II) se obligó a
cancelar al agente deportivo un porcentaje de lo que ésta
recibiera por futuras transacciones con los derechos
deportivos de Davinson Sánchez Mina; y (III) certificó la
asunción de esta última carga.
Como estos hechos, recaen sobre una materia
patrimonial susceptible de disposición, producen
consecuencias adversas a Atlético Nacional S.A., la ley no
estableció requisitos de conducencia para su demostración, y
son personales de la enjuiciada, su demostración por medio
de la confesión resulta plausible, según el canon 191 del
estatuto adjetivo en vigor.
En consecuencia, como la falta de contestación de la
demanda trasluce confesión, deviene que la convocada aceptó
celebrar el negocio de intermediación deportiva y obligarse a
pagar la remuneración a que se refiere la certificación emitida
por el representante legal del club, así como los hechos que
subyacen a estas afirmaciones, tocantes a la oponibilidad de
los mismos.
Y es que, al aceptarse que Atlético Nacional S.A. se obligó
a pagar al intermediario deportivo el ciento (5%) neto sobre el
quince por ciento (15%) que le correspondiera en ventas
futuras de Davinson Sánchez Mina, también se está
admitiendo que el crédito se concertó y que le resulta
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vinculante, por cuanto se cumplen todos los requisitos para
su exigibilidad.
En el contexto denunciado se tiene que la accionada
confesó la existencia de la carga reclamada, así como el
cumplimiento de todos los requisitos para tenerse como
deudora de ella, siendo procedente reconocer su causación,
como acertadamente se hizo por el juzgador de segundo
grado, en descrédito de los argumentos de la casacionista.
3.3. Censuras relativas a la valoración de las
declaraciones de parte.
3.3.1. Aseguró la casacionista que la valoración
dispensada al interrogatorio practicado al demandante
desatiende diversas reglas probatorias, por cuanto sólo debió
considerarse para las materias que perjudicaban al
absolvente, «pues no le es dable a la parte fabricar su propia prueba»,
ya que la declaración de parte no está regulada como medio
probatorio, como lo manifestó la Corte en sentencia SC780-
2020.
También arguyó que «el Tribunal debió entonces exponer los
criterios con base en los cuales apreció la declaración de parte del
demandante, lo cual en efecto no ocurrió, pese al rigor que debería
entrañar la valoración de este acto si se estima que debe tener eficacia
probatoria».
3.3.2. Para abordar la temática en discusión, lo primero
que debe señalarse es que el nuevo estatuto de los ritos
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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judiciales, dentro de los medios de prueba, incorporó de forma
novedosa la declaración de parte, junto a la confesión
(artículo 165).
A su vez, al especificar los requisitos que deben
satisfacerse para que sea procedente la confesión, dispuso
que «[l]a simple declaración de parte se valorará por el juez de
acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas»
(negrilla fuera de texto, artículo 191). Conjuntamente, al
regular lo relativo a la práctica del interrogatorio, precisó que
«[l]a parte al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o
representaciones con el fin de ilustrar su testimonio… Así mismo, durante
la declaración el interrogado podrá reconocer documentos que obren en el
expediente» (negrilla fuera de texto, artículo 203).
De esta forma queda sin mácula que el legislador, no
sólo reconoció que el interrogatorio de parte tiene fines de
confesión, sino que también viabilizó su utilización para
obtener la declaración de la parte misma. Huelga decirlo, a
partir del último estatuto procesal, el interrogatorio tiene un
doble propósito: que el demandante o demandado rindan
testimonio sobre los hechos que conciernen al proceso, y,
eventualmente, confiesen la ocurrencia de situaciones
fácticas que pueden producirle consecuencias jurídicas
adversas o que no le favorezcan.
Así lo dijo la Sala recientemente: «Y es que recuérdese que
del interrogatorio de parte se desprende la confesión y la
declaración de parte, en cuanto a esta última es un medio de prueba
(artículo 165 del C.G.P.)» (negrilla fuera de texto, SC217-2023).
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Posición reiterada en variados pronunciamientos:
La Corte, ha venido superando el aforismo que hacía carrera en los
estrados judiciales para desestimar el mérito probatorio de los
interrogatorios absueltos por las partes, en el sentido de que, «a
nadie le es permitido construir su propia prueba», así como a la
hermenéutica de que la única finalidad del interrogatorio de parte
era obtener la confesión. De ahí que, en la actualidad, se estime
que el dicho de las partes en esas ocasiones, por la connotación de
medio de prueba reconocida por el legislador, sí tiene valor
persuasivo y debe ser apreciada en su materialidad por el juez.
Así, por ejemplo, en STC13366-2021, la Sala, tras analizar los
cánones 191 y 196 del Código General del Proceso, precisó,
«[s]ignifica, entonces, que las partes pueden rendir su versión sobre
los hechos materia de la controversia, algunas veces se tratará de
una simple declaración y, en otras ocasiones, de una confesión, lo
que, en todo caso, definirá el juez al momento de valorar el relato
del interesado, asignándole el mérito correspondiente» (SC047-
2023, reiterada SC057-2023).
En el contexto ilustrado, las manifestaciones realizadas
por la parte en desarrollo de su interrogatorio, que no
satisfagan los requisitos legales para tenerlas como confesión,
deberán ser valorados por el sentenciador como una
declaración, medio suasorio que puede servir para formar la
convicción del sentenciador (cfr. CSJ, SC3979-2022), quien,
ciertamente, deberá tener especial circunspección al
apreciarlas, por provenir de un sujeto con interés directo en
los resultados del proceso.
De allí que esta Corporación, citando a Jordi Nieva
Fenoll, relievara: «Lo único que cabe valorar a la declaración de un
litigante es que su relato esté espontáneamente contextualizado y que se
vea acreditado por otros medios de prueba. De lo contrario, la declaración
es sospechosa de falsedad, o al menos su fuerza probatoria es tan débil
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que no tiene por qué ser tenida en cuenta. Ni siquiera si es coherente, por
las razones antes vistas. En esos casos, cabría concluir que el resultado
de la práctica de la prueba es infructuoso, y así deberá argumentarlo el
juez en la sentencia» (SC057-2023).
3.3.3. Es verdad que el derogado Código de
Procedimiento Civil no permitía la declaración de parte, lo que
fue explicado bajo la premisa de que nadie puede fabricar su
propia prueba, como lo arguyó la impugnante en casación.
No obstante, la situación es diferente en el Código
General del Proceso, que amplió los medios demostrativos y
otorgó mayores facultades al sentenciador para formarse su
convicción sobre la plataforma fáctica, para lo cual abrió paso
a la declaración de parte, justificado en el hecho de que éstos
son los que mayor conocimiento tienen del asunto en
discusión, sin que sea dable presumir su mala fe por fuerza
del artículo 83 de la Constitución Política.
La Corte, refiriéndose a este cambio, explicó:
[A]l tenor del Código de Procedimiento Civil -el cual aplicó el
Tribunal por tratarse del ordenamiento procesal vigente para el
momento de la expedición del fallo criticado-, las manifestaciones
que favorecen a quien las expone no constituían medio de
convicción.
Así lo tenía doctrinado la Corte, en vigencia del estatuto adjetivo
mencionado, al señalar que: «…no puede confundirse la confesión
con la declaración de parte, como lo insinúa la censura. La
confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada
para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos
personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo
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menos, resultan favorables a la contraparte. La última es la
versión, rendida a petición de la contraparte o por mandado judicial
oficioso, por medio del cual se intenta provocar la confesión
judicial... En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere
relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita
hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario,
o lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que
le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del
principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia
prueba» (Sentencia 113 de 13 sep. 1994, reiterada en SC 028 de
1999, rad. 5195).
Tal exclusión fue repelida por el Código General del Proceso,
en tanto reguló viable el decreto y práctica de interrogatorio
a petición de la propia parte absolvente (arts. 198 y 202),
además dispuso que el fallador podrá formar su
convencimiento con cualesquiera otros medios que le sean
útiles para ese propósito (art. 165) (negrilla fuera de texto,
SC4791-2020).
3.3.4. Aplicadas estas consideraciones a la acusación
emana su incorrección, en tanto no se equivocó el Tribunal al
valorar los interrogatorios de Néstor Fernando Villareal y
Juan David Pérez Ortiz, como declaración de parte y
confesión, en cuanto resulte procedente.
4. Colofón de cierre.
Las razones presentadas conducen a la conclusión de
que los yerros facti in judicando achacados al sentenciador de
segunda instancia no se configuraron, por no alcanzar las
condiciones de notoriedad y trascendencia prescritas en el
artículo 344 del Código General del Proceso, pues la
hermenéutica probatoria que dispensó a los documentos y
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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atestaciones resulta razonable, dentro del contexto de la
actividad de intermediación deportiva.
De otro lado, y a pesar del franco desconocimiento de las
reglas probatorias que consagran los artículos 164, 196 y 203
del C.G.P., estos desatinos resultan intrascendentes, pues no
menguan la razón principal de la decisión recurrida, en el
aspecto que se encuentra en disputa.
En estas condiciones, los cargos no prosperan. De
conformidad con el inciso cuarto del artículo 349 del Código
General del Proceso, se condenará en costas a la parte
vencida en esta senda extraordinaria. Las agencias en
derecho serán tasadas según las directrices del Consejo
Superior de la Judicatura.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 17 de
agosto de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso que Néstor
Fernando Villarreal promovió contra la sociedad Atlético
Nacional S.A.
Costas a cargo de la parte impugnante.
Radicación n.° 05001-31-03-020-2019-00128-01
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Inclúyase por concepto de agencias en derecho el
equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes, a la fecha de la sentencia, que fija el Magistrado
Ponente.
En su oportunidad, devuélvase virtualmente el
expediente digitalizado a la Corporación de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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