OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC2694-2024
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
(Aprobada en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Inversiones Techcolombia S.A.S. frente a la sentencia de 11 de
noviembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso verbal que
promovió contra Seguros Comerciales Bolívar S.A.
I.- EL LITIGIO
1.- La accionante pidió declarar que no existe fundamento
para la objeción que hizo su oponente frente a la reclamación «con
ocasión del siniestro acaecido el día veintiocho (28) de octubre de
2016 amparado con la póliza multi-riesgo empresarial número
1540-2151076-01», por lo cual es civilmente responsable del
incumplimiento de dicho acuerdo y debe reconocerle seiscientos
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millones de pesos ($600’000.000), «o la suma que se pruebe en el
curso del proceso», por la pérdida de los bienes amparados, fuera
de los intereses moratorios «a voces de lo dispuesto por el artículo
1080 del Código de Comercio» desde la fecha en que ocurrieron
los hechos y hasta el pago.
En sustento de dichas aspiraciones relató que entre las
partes suscribieron el 19 de mayo de 2016 la póliza y certificado
multi-riesgo empresarial número 1540-2151076-01, según la
cual la aseguradora se comprometía a indemnizarle «los daños o
pérdidas materiales y económicas que ocurr[ier]an durante la
vigencia de la citada póliza», por un año contado desde esa fecha,
para todos los bienes de su propiedad, consistentes en
«mercancías, maquinarias, muebles y enseres y equipo
electrónico», por los riesgos de «incendio, explosión, daños por
agua, anegación y otros».
En «vigencia de la póliza y en cumplimiento a lo establecido
por el artículo l060 del Código de Comercio», informó el traslado
de las mercancías aseguradas de un local en Bogotá a «la bodega
ubicada en la calle 5ON # 5 N 103 barrio La Flora» en Cali, como
lo comprueban los correos electrónicos cruzados a partir de julio
de 2016, donde se exigió «una visita de ingeniería a la nueva
dirección del riesgo» e incluso se adquirió con la misma entidad
la «“Póliza y Certificado Transportes automática mercancía o
valores” expedida el 29 de Julio de 2016 cuyo ajuste se realizó
mediante el documento rotulado como " Póliza principal 1540-
000967901" de "Coberturas o Valores asegurados Transportes
automática mercancía o valores" expedida el 26 de Agosto de
2016», obrando como intermediario Carlos Felipe Sarria Trujillo.
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Aunque inicialmente se reportó «como dirección a la que se
trasladaría el riesgo en la ciudad de Cali la del inmueble número
47-15 de la Calle 13A» fueron más beneficiosas las condiciones
para ocupar la bodega en el barrio La Flora y así se hizo saber a
la demandada según mensajes de datos del «17 y 19 de Agosto de
2016 entre la representante legal de la Asegurada y la
Aseguradora», lugar donde «se realizó la visita por el funcionario
delegado por la sociedad Aseguradora (…) entre el día 15 y el día
19 de Agosto», quien «recomendó verbalmente instalar equipos de
seguridad tales como cámaras de video, sensores, etc.», todo lo
que fue atendido y se acredita con los soportes de los gastos
incurridos. De dicha «visita de ingeniería» se elaboró un informe
del cual no le dieron copia y que debe estar en poder de la
contraparte.
Como consecuencia de las precipitaciones pluviales el 27 y
el amanecer del 28 de octubre de 2016, «se produjo la anegación
de· un área de la bodega donde se encontraban almacenados el
conjunto de bienes de propiedad de la Asegurada amparados por
la compañía Aseguradora», lo que informó telefónicamente en esa
última data a Seguros Comerciales Bolívar, entidad que
«aproximadamente a las cuatro (4:00 p.m.) de la tarde de ese
mismo día verificó la ocurrencia del suceso en el lugar de los
hechos, es decir en la bodega ubicada en la Calle 50 # 5N-103 del
barrio La Flora mediante la inspección que hicieron dos
funcionarios de esa Compañía donde tomaron diversas
fotografías». Adicionalmente, «se tomó el cuidado de dirigir una
nota a la Aseguradora en mensaje de datos del día martes 1 de
Noviembre siguiente (4:50 PM) dirigida a los señores Otto Serge y
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Felipe Trujillo».
El 9 de noviembre siguiente la representante legal envió
«mensaje de datos» al intermediario (
[email protected]), Otto
Fernando Serge Muñoz (
[email protected]) y a
[email protected], con «la relación de los bienes
afectados por el siniestro a la cual adjuntó las facturas de compra
y las declaraciones de importación cumpliendo así con los
mandatos del artículo 1077 del Código de Comercio».
No obstante haberse reportado oportunamente el siniestro
y a sabiendas del «traslado del riesgo a la ciudad de Cali», la
aseguradora envió una carta «bajo el consecutivo DNIG-1294-2016
del 23 de Noviembre de 2016», con el argumento de que «la
dirección del riesgo asegurado “…es la carrera 8 # 167D-62, Apto
17-08, en Bogotá..." y que por esa razón no se encuentra amparado
el evento porque "... los hechos ocurrieron en la 5BN #20N-52
oficina 111 barrio Versalles en la ciudad de Cali”» (sic), añadiendo
que por ello «se ve precisada a objetar el presente aviso de manera
seria, fundada y oportuna».
Lo anterior fue complementado con una comunicación del
13 de diciembre postrero donde Faustino Silva Bastidas y Otto
Fernando Serge Muñoz, inexplicablemente afirman que «[e]n
razón a que su solicitud de modificación del riesgo (por traslado de
dirección y ciudad) no fue aceptada, le confirmamos que su
contrato esta (sic) cancelado desde la misma fecha del traslado,
07 de septiembre del 2016»1.
1 Pdf 04 escrito de demanda cno principal primera instancia.
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2.- Seguros Comerciales Bolívar S.A. se opuso y
excepcionó «inexistencia de la obligación a cargo de Seguros
Comerciales Bolívar S.A. por
terminación del contrato
de seguros
por la modificación del estado del riesgo y falta de notificación
oportuna», «pacta sunt servanda», «inexistencia de la obligación a
cargo de las aseguradoras demandadas por falta de demostración
de la ocurrencia del siniestro y su cuantificación» e «inexistencia de
la obligación al pago de intereses»2.
3.- El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali, en
audiencia de 19 de noviembre de 2020, profirió fallo declarando
probada la «inexistencia de la obligación a cargo de Seguros
Comerciales Bolívar S.A. por
terminación del contrato
de seguros
por la modificación del estado del riesgo y falta de notificación
oportuna», por lo que negó «la totalidad de las pretensiones»3.
4.- La promotora apeló con los argumentos de que se
desconoció «el mandato constitucional en cuanto a la conducta
abusiva por la posición dominante asumida por la Aseguradora»,
«el imperativo legal consagrado en la Ley 1480 de 2011, con
respecto del tomador o consumidor de seguros» y la «Circular
Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera
que reglamenta lo relativo a la información que debe
suministrársele al consumidor financiero antes de la celebración
de un contrato, durante su ejecución y después de su terminación
(Art. 97 EOSF)».
2 Pdf 12 contestación de demanda id 1.
3 Pdf 31 acta de audiencia y archivo 39 video etapa de fallo id 1.
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Añadió que hubo una «indebida aplicación de la teoría
general del contrato (…) desconociendo la asimetría de la relación»;
resultaba insuficiente el informe de evaluación de riesgos
allegado en las «vulgares fotocopias en blanco y negro traídas al
expediente»; se le impuso una carga que no tenía de «reportar las
recomendaciones dado que las mismas quedaron de ser
verificadas por la Aseguradora»; existió un «consentimiento
reflejado en los correos que se prodigaron las partes»; se
desconoció el derecho del consumidor de seguros de «recibir
información cierta, suficiente y oportuna que le hubiese permitido
conocer adecuadamente sus derechos y sus obligaciones o tomar
otro seguro con otra compañía»; fuera de la «ausencia de valoración
en conjunto de todos los medios de prueba»4.
5.- El superior confirmó la determinación5.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El problema a dilucidar consiste en establecer si acertó el a
quo o, como afirma la apelante, «a la fecha del siniestro el contrato
de seguros estaba vigente, la objeción a la reclamación no fue seria
ni fundada y la aseguradora debe responder contractualmente por
el incumplimiento en sus obligaciones».
El contrato de seguros «exige a sus partícipes actuar con
4 Pdf 32 escrito de reparos id 1.
5 Pdf 32 SentenciaSegundaInstancia.Confirma cno Tribunal.
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uberirimae bona fidei», debiendo ambas partes «cumplir con una
carga de información y deberes de conducta tanto en la etapa
precontractual como en la contractual del seguro», los primeros
suministrando «información precisa y completa sobre el estado del
riesgo, mantener ese estado y comunicar la modificación del riesgo
por agravación, entre otros», mientras que la aseguradora debe
«dar al tomador información clara, precisa y suficiente sobre los
amparos, las exclusiones, y las condiciones contractuales».
El riesgo asegurable es elemento de la esencia del seguro y
la conservación del estado del riesgo es un «deber del tomador
asegurado», que no corresponde a una «obligación strictu sensu
sino a una carga de conducta» para mantener las condiciones
esenciales convenidas durante la ejecución del contrato, por lo
que «la variación de lugar y las agravaciones no previsibles del
estado de riesgo, (…) generan la carga al asegurado tomador de
informar tales hechos oportunamente al asegurador», pero eso
siempre y cuando «signifiquen agravación del riesgo, esto es, los
que de haber sido conocidos por el asegurador lo hubieren retraído
de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más
onerosas», y que deben «ser imprevisibles, sobrevenir a la
celebración del contrato y conocerlas real o presuntivamente el
tomador asegurado», lo que también se exige «respecto a la
variación de lugar, uno de los factores de individualización del
riesgo, porque tiene la misma significación jurídica que la
agravación del estado del riesgo».
Tal carga se cumple mediante notificación escrita al
asegurador y si se trata de modificación voluntaria «debe hacerse
“con antelación no menor de diez días a la fecha de la modificación
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del riesgo”», mientras la involuntaria requiere que sea «“dentro de
los diez días siguientes a aquél en que tengan (el asegurado o el
tomador) conocimiento de ella”, y se presume transcurridos treinta
días desde el momento de la notificación», lo que cumplido
conlleva a que el asegurador revoque el contrato o exija reajustar
el valor de la prima.
Si se desentiende de ese compromiso, acontece la
«
terminación del contrato
-artículo 1060-4 C de Co que opera ipso
facto y produce efectos ex nunc- y tratándose de agravaciones
voluntarias o cambio de lugar la terminación tendrá efectos a partir
del mismo momento en que una u otra situación se haga efectiva»,
con la consecuente «devolución de la prima no devengada al
asegurado de buena fe, pues de probarse su mala fe ello le dará
derecho a la aseguradora a retener dicha prima», aunque no
operaría en caso de que una vez conocida la modificación, antes
de algún siniestro, el asegurador la hubiere consentido en forma
tácita o expresa.
De las pruebas recaudadas se extrae la existencia de la
póliza multi-riesgo empresarial y las comunicaciones que
informaron el traslado de los bienes asegurados de una dirección
en Bogotá a otra en Cali, donde se produjo un nuevo movimiento
el 17 de agosto de 2016 a la calle 50 Norte No 5N-103 barrio La
Flora en la capital del Valle, así como la visita de un inspector de
riesgo a esa última dirección el 22 postrero, quien hizo algunas
recomendaciones verbales y elaboró un informe «que no conoció
la asegurada porque no le fue entregado», sin que tampoco se
diera aviso sobre el cumplimiento de las observaciones no
escritas.
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También existe claridad en la ocurrencia del siniestro el 28
de octubre de 2016 y que la representante legal de la gestora lo
reportó el 1° de noviembre siguiente, pero la «verificación del
cumplimiento de las recomendaciones verbales» por el inspector
solo se llevó a cabo «el 17 de noviembre de 2016, no el 7 de
septiembre de 2016, esto es, que fue practicada con posterioridad
al siniestro», sin que las encontrara atendidas, ante lo cual
conceptuó un «Nivel de asegurabilidad: No asegurable».
La objeción se materializó el 23 de noviembre de 2016 ante
la inconsistencia de la dirección del riesgo asegurado y el 23 de
diciembre la aseguradora comunicó la cancelación de la póliza,
desde el 7 de septiembre previo, porque la «solicitud de
modificación del riesgo (por traslado de dirección y ciudad) no fue
aceptada», a pesar de que, según señaló la representante legal de
la aseguradora, la idea era que «continuara vigente si se hacían
por el asegurado las adecuaciones técnicas para asumir el riesgo
en las nuevas condiciones generadas por el cambio de su
ubicación, siendo esa la razón por la que se ordenaran y
practicaran las visitas al inmueble y se continuara con el cobro de
las primas».
Es así como la «variación del lugar y la agravación del riesgo
se hizo sin la antelación de los 10 días a que refiere el artículo
1060 del C de Co por cuanto el traslado de la ciudad de Bogotá a
Cali de los bienes se hizo el 30 de julio de 2016 y fue avisado el
28 de julio, y el traslado de una dirección a otra en la ciudad de
Cali fue avisado el mismo día», pero se «buscó preservar la
vigencia del contrato mientras la aseguradora ejercía o no su
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opción de terminación, según se cumplieran o no con las
recomendaciones verbales realizadas al asegurado para asumir el
riesgo, transcurso del tiempo durante el cual ocurrió el siniestro
objetado».
Lo que no está demostrado es que la asegurada atendiera la
«carga de información de transmitir a la aseguradora el
cumplimiento de las recomendaciones verbales que aquella había
dado a través de su inspector de riesgos para asumirlo en las
nuevas condiciones que implicó su traslado», ni el consentimiento
«expreso a tácito del asegurador a la modificación del estado del
riesgo» para inaplicar la sanción de terminación.
A pesar de que antes de la ocurrencia del siniestro la
aseguradora «fue informada del traslado y la agravación del
estado del riesgo -28 de julio y el 17 de agosto de 2016-, no aceptó
tales modificaciones, al contrario, decidió la visita para
inspeccionar las nuevas condiciones del riesgo y determinar si lo
asumía», lo que reforzó al objetarlo y al proceder «a verificar el
cumplimiento de las recomendaciones verbales que se le hicieron
al asegurado, concluyéndose la no asegurabilidad del riesgo y
procedió a notificar la “cancelación “del contrato de seguro,
precisamente porque la modificación del riesgo (por traslado de
dirección y ciudad) no fue aceptada (..)», lo que justifica la
determinación del a quo, «en razón a que la objeción a la
reclamación se revela seria y fundada pues no se discute que el
siniestro ocurrió en un sitio distinto al establecido en la póliza y
por cuanto no se demostró que la aseguradora incumpliere el
contrato».
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Fue la demandante quien desatendió sus deberes «al
desacatar su carga de información a la aseguradora sobre el
cumplimiento de las recomendaciones verbales (…), al realizar una
defectuosa notificación a la aseguradora de la agravación del
estado del riesgo y no acreditar la aceptación tácita o expresa de
la aseguradora a la modificación», sin que se encuentre «prueba
del cumplimiento de todas las recomendaciones verbales
realizadas por el inspector al asegurado en su primera visita» y «el
asegurador demostró su exclusión de responsabilidad», todo lo
que impide aplicar la excepción para la terminación consagrada
en el artículo 1060-4 del Código de Comercio.
Incluso la práctica de visitas, la «elaboración de informes de
valoración del riesgo por inspector, las recomendaciones de este al
asegurado para que la aseguradora determine si asume o no el
riego, la objeción al reclamo y la carta de terminación son todos
prueba de la no aceptación, ni tácita ni expresa de la modificación
del estado del riesgo», sin que alcanzara tal efecto el cobro de la
prima «más aún cuando se hace bajo las pautas del contrato
inicialmente acordado, es así incluso que el artículo 1060
contempla la devolución de las primas devengadas al asegurado
de buena fe».
Al no reunirse los requisitos de la norma « el asegurador
tenía la facultad legal para terminar el contrato (…) que tiene
efectos retroactivos -ex tunc- al momento en que la agravación del
riesgo o su cambio de lugar ocurrieron», lo que podía decidir «antes
o después del siniestro, según la oportunidad en que se dieran las
circunstancias para adoptar su decisión sobre la modificación del
riesgo, que en este caso estuvo supeditada a la información del
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cumplimiento de las recomendaciones por el asegurado», sin que
en ello incidiera «la inconsistencia en la carta de 13 de diciembre
de 2016 porque la fecha de la
terminación del contrato
que se
indica -7 de septiembre de 2016- no coincide con la de agravación
del riesgo -30 de julio de 2016-», por la claridad en el motivo de
terminación.
Fuera de eso, «la carga de información para el tomador
asegurado con el asegurador no se agota con el aviso de la
agravación del riesgo» al ser «transversal durante todo el contrato
de seguro, por lo que debía noticiar igualmente sobre el
cumplimiento de las recomendaciones verbales que le hizo el
inspector de riesgo» a fin de «corroborar o verificar tal cumplimiento
para decidir si asumía el riesgo en las nuevas condiciones», lo que
explica que «la carta de terminación fuere del 13 de diciembre
siguiente, pasado un mes de la verificación y unos días luego de
la objeción a la reclamación que es del 23 de noviembre».
Mucho menos se evidencia que «la aseguradora incumplió
con su obligación de información para con el asegurado» en torno
a la «notificación de las modificaciones del riesgo», cuando se
allegó la póliza, con sus anexos y condiciones, con los datos
suficientes y claros «en cuanto a cobertura, obligaciones del
tomador asegurado, obligaciones de la aseguradora, garantías,
conservación del estado del riesgo y notificación de cambios,
donde se transcribe prácticamente el artículo 1060 del C de Co,
entre otras condiciones», de ahí que estaba a su mano.
Además, el que hubiera contratado una póliza de transporte
de las mercancías de Bogotá a Cali con la misma aseguradora,
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«por tratarse de una póliza distinta a la multiriesgo no es aceptable
amalgamarlas para generar una carga de información de una
póliza para con la otra por parte de la aseguradora al asegurado,
aunque este fuere común».
En cuanto a la aplicación de presunción del artículo 96 del
Código General del Proceso, de tener por ciertos los hechos
indebidamente respondidos, aunque la aseguradora respondió en
forma incierta a los hechos 6, 7, 9, 10 y 14, «ello no trasciende
porque esos hechos refieren a los correos cruzados y reenviados
entre las partes que fueron probados», mientras que frente a «los
hechos 5 y 16 no aplica la presunción, el primero porque no fue
negado ni sobre él se manifestó que no le consta a la aseguradora,
y al segundo porque se respondió como no cierto y se dieron las
razones de la respuesta».
Sobre la valoración de la conducta procesal de las partes en
los términos del artículo 280 ibídem «no trasciende pues aunque
existieron inconsistencias e imprecisiones en la demanda,
contestación y en algunas pruebas, v gr en las declaraciones de la
representante legal de la aseguradora y de la señora Alba Nidia
Toro ellas fueron salvadas con las otras pruebas», sin que se
perciba «una conducta dubitativa, evasiva ni obstructiva de
ninguna de ellas pues ambas participaron en la práctica de las
pruebas, respondieron congruentemente lo preguntado, [y]
aportaron las pruebas que se les solicitó».
Finalmente, en relación con la conducta «desidiosa y de
mala fe» de la aseguradora, que generó en la asegurada la
convicción de contar con cobertura, no hay prueba de ello «porque
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quedó demostrado que otorgó información suficiente, oportuna,
clara y completa sobre amparos, coberturas, exclusiones garantías
y en general las condiciones contractuales según consta en la
póliza y los anexos», comportamientos irregulares que tampoco
se acreditaron durante su ejecución.
Mucho menos puede aplicarse la teoría de los actos propios
al no observarse «incoherencia entre el comportamiento inicial del
asegurador al asumir el riesgo en las condiciones iniciales, el
comportamiento que tuvo al conocer del cambio de lugar y la
agravación del riesgo, y su conducta al objetar la reclamación del
riesgo y terminar el contrato», puesto que la aseguradora para
asumir el riesgo en un comienzo y al anunciarle «la modificación
local y su agravación, exigió el cumplimiento de unas garantías y
recomendaciones», así que resulta inválida «la expectativa del
asegurado de creer que el contrato continuaría indefinidamente en
las mismas condiciones iniciales hasta que el asegurador
concurriera buenamente a verificar la realización de las
recomendaciones dadas por el inspector para determinar la
asunción del nuevo riesgo», cuando «tenía la carga de informarlas
para que aquél procediera a constatarlas».
Fuera de eso, como no notificó con la debida antelación la
agravación del estado del riesgo, «la aseguradora podía terminar
el contrato si no aceptaba expresa o tácitamente la modificación, y
según anotamos, esta aceptación no se dio porque el asegurado no
acató su carga de informarle al asegurador sobre el cumplimiento
de las recomendaciones», lo que tampoco cambiaba porque se
cobraran «las primas por el asegurador a la asegurada posterior a
la modificación del riesgo».
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III.- DEMANDA DE CASACIÓN
La gestora recurrió en casación y plantea tres cargos con
base en las dos primeras causales del artículo 336 del Código
General del Proceso.
Se conjuntarán en vista de que todos coinciden en la afrenta
a un mismo precepto, lo que amerita apreciaciones comunes por
la trascendencia de la hermenéutica jurídica de tal estipulación
en el campo demostrativo.
PRIMER CARGO
Denuncia la violación indirecta de los artículos 1058 y 1060
del código de Comercio, «así como el principio general de la buena
fe», como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de
las pruebas.
La historia del pleito «vista por el demandante» es que si bien
el traslado de la mercancía a la «Calle 50 # 5N -103, barrio La
Flora, de la ciudad de Cali» se hizo el mismo 17 de agosto de 2016,
eso significaba que «en virtud del artículo 1060 del Código de
Comercio, el asegurador tenía 10 días de plazo para aceptar el
traslado del riesgo, revocar el contrato o aumentar la prima».
En virtud del enteramiento el «19 de agosto de 2016, la
compañía aseguradora envió al ingeniero Carlos Hernán Sarria
Zúñiga la orden para que inspeccionara el local», la que se llevó a
cabo el 22 siguiente y aunque en el informe rendido «manifestó
que debía realizarse una segunda visita para verificar el
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cumplimiento de las observaciones (…) esa nueva visita de
verificación debería realizarse antes de la ocurrencia del siniestro».
De lo anterior se deduce que «el asegurador conoció
oportunamente la modificación del riesgo y (…) consintió en ella,
dando lugar así a lo establecido en el inciso final del artículo 1060
del Código de Comercio», puesto que «fue válido el traslado del
establecimiento de comercio asegurado, ya que el asegurador fue
notificado antes del siniestro, el asegurador inspeccionó el nuevo
local y al no terminar el contrato de seguro, éste siguió vigente
hasta cuando decidió finalizarlo en diciembre de 2016».
Así es, máxime cuando la segunda visita no se llevó a cabo
antes del siniestro y solo una vez ocurrido «la aseguradora, en
forma desesperada y, a sabiendas de que nunca [la] había hecho
(…), envió a otro funcionario, diferente del inspector de riesgos,
quien constató los daños y la causa del siniestro (…)» y luego «hubo
una nueva visita del señor Sarria, el inspector de riesgos, de la que
se levantó un informe en el que el inspector consignó que las
reparaciones en el techo y en los bajantes de agua lluvia se habían
realizado antes de la ocurrencia del siniestro». Fuera de eso, según
manifestó la representante legal del asegurador al absolver
interrogatorio y apuntaló la testigo Nidia Toro, la idea «era
continuar con la vigencia del seguro» y aunque el «señor Sarria,
por su parte, formuló, verbalmente, unas recomendaciones», eso
no era condicionante de la cobertura.
Hay que resaltar que entre el 17 de agosto y el 28 de octubre
de 2016 «transcurrieron más de dos meses, sin que el asegurador
hiciera la segunda visita, como le correspondía, o hablara con el
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asegurado para preguntarle por el cumplimiento de las
recomendaciones para supuestamente continuar el seguro», por lo
que al no establecer la ley «cuántos días tiene el asegurador para
decidir si cancela el contrato, si continúa con él o si aumenta la
prima, el contrato de seguros continúa vigente, y, por lo tanto, si
ocurre un siniestro durante el silencio del asegurador, dicho
siniestro está amparado».
La providencia confutada expone que «el asegurado tenía la
carga de informarle al asegurador que ya había cumplido con los
requisitos exigidos por el inspector de riesgos, pero como no lo hizo,
entonces, (…) el asegurador tenía todo el derecho de cancelar el
seguro», lo que es equivocado en vista de que «en el acta de la
primera visita el mismo representante del asegurador manifestó
que realizaría una segunda visita», que debía ser antes del
siniestro, «ya que después carece de sentido dicha visita, pues el
contrato no se puede cancelar una vez ocurrido el siniestro, sin que
el asegurador haya decidido si acepta el cambio del riesgo o si
cancela el contrato».
Como la ley no consagra quien tiene la carga de «la prueba
de informar el cumplimiento de las recomendaciones, o de
preguntar y verificar si las mismas fueron cumplidas por el
asegurado», debe establecerse lo que se convino y para el caso «el
asegurador tomó la decisión de realizar una nueva visita para
verificar si las recomendaciones se habían cumplido o no», por lo
que no se podía reprochar al asegurado dejar de informar su
cumplimiento, que como se comprobó fue efectivo y «dado que los
inmuebles no se pueden trasladar hasta las dependencias del
asegurador» lo que procede es que el asegurador lo verifique.
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Toda vez que «el traslado del riesgo se notificó y el
asegurador designó al señor Sarria para que visitara e
inspeccionara el nuevo local, dejando unas recomendaciones, y
como la representante legal de Bolívar, en el interrogatorio de
parte, manifestó que la idea era continuar con el contrato de
seguro», eso es suficiente para entender «la aceptación tácita de
que fue notificado de la variación del riesgo, y de que la intención
era continuar con el seguro, en lugar de cancelarlo», sabedor como
era de que «el asegurado había dado cumplimiento a la
recomendación de revisar techos y bajantes» y, a pesar de «la
imprudencia del asegurador de dejar pasar más de dos meses sin
practicar la segunda visita, el contrato seguía vigente durante esos
más de dos meses, y, por lo tanto, como el seguro no fue cancelado
ANTES del siniestro, este estaba cubierto por la póliza», careciendo
de validez la «cancelación» postrera que desesperadamente
intentaron sus funcionarios, sin que fuera posible.
La «notificación de la modificación del riesgo al asegurador»
estaba acreditada con el «informe del inspector de riesgos del
asegurador de agosto 19 de 2016», la declaración de «Otto
Fernando Serge, Director Comercial de Seguros Bolívar» y la «Póliza
de transporte de mercancías No. 1540-0009679-01», que fueron
indebidamente interpretadas al considerar que «la aseguradora
estaba facultada para dar por terminado el contrato de seguro con
efectos retroactivos debido a, según el Tribunal, una notificación
inoportuna de la modificación en el estado del riesgo, que en este
caso no se verifica».
Por su lado, el consentimiento tácito en la modificación del
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riesgo se extrae del «[c]obro y pago de la prima durante el período
de estudio de la aceptación o cancelación del seguro», fuera de que
«hay prueba de que el asegurador supo del cumplimiento de las
exigencias, por parte del asegurado, antes de la ocurrencia del
siniestro» según se extrae de los informes rendidos por el
inspector Sarria, amén de que la representante legal de la
aseguradora aceptó al absolver interrogatorio que «la intención
era aceptar la modificación del riesgo y continuar con el contrato
de seguro».
De esos medios de convicción también se extrae que «la
carga de la verificación del cumplimiento de las exigencias hechas
al asegurado correspondía al asegurador», quien supo de la
satisfacción de las mismas y estando a su cargo verificarlo, fuera
de que hacer las adecuaciones era responsabilidad de la
inmobiliaria que administraba el inmueble y oportunamente
atendió las exigencias de la asegurada.
Ni siquiera fue sopesado debidamente el interrogatorio
absuelto por la representante legal de la contradictora quien
reconoció que a esta le correspondía verificar el cumplimiento de
las recomendaciones por medio de una segunda visita, que no se
llevó a cabo antes del suceso que, en consecuencia, aconteció
durante la vigencia de la póliza. Fuera de eso la absolvente «(…)
hace mil piruetas para justificar que, el 7 de septiembre se canceló
el seguro, cuando eso es falso. El seguro se canceló, tardíamente,
ya ocurrido el siniestro, en el mes de diciembre (…)» y aceptó que
«al asegurado nunca se le informó formalmente, que no había
aceptación de la modificación del riesgo y que se cancelaba la
póliza».
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Fueron cercenadas las declaraciones de Alba Nidia Toro,
Daniel Britto y Jacinto Ávila a pesar de que «indicaron que todas
las recomendaciones verbales que fueron brindadas por el
ingeniero Carlos Hernán Sarria durante su visita del mes de agosto
de 2016 fueron efectivamente realizadas» y se «hizo caso omiso de
las pruebas documentales» correspondientes a facturas
representativas de compra de implementos relacionados con las
adecuaciones y la «contratación de servicios de seguridad», que
reforzaban ese dicho y desvirtuaban que «las recomendaciones
verbales dadas por el señor Carlos Hernán Sarria en agosto de
2016, durante su visita de inspección, no se cumplieron».
La trascendencia de los yerros es tal que, de no haber
incurrido en ellos, «el Tribunal habría concluido que fue Bolívar el
que se comportó de forma negligente, no el asegurado, motivo por
el cual se habría condenado a la aseguradora a asumir el pago de
la indemnización», toda vez que «el contrato de seguro nunca
estuvo suspendido o condicionado en ninguna forma, y si la
compañía aseguradora pretendía hacer cesar sus efectos, debía,
antes de la ocurrencia del siniestro, verificar el cumplimiento de
las recomendaciones y notificar su intención de dar por terminado
el contrato, lo cual no hizo».
SEGUNDO CARGO
Acusa la infracción directa de los artículos 1060 y 1071 del
Código de Comercio, al estimar frente al primero que «la
aseguradora, aún después de ocurrido el siniestro, podía terminar
el contrato de seguro, con efectos retroactivos o ex tunc, al decidir
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no aceptar la modificación del riesgo que fue avisada por el
asegurado meses antes de la ocurrencia del siniestro», mientras
que el segundo no fue aplicado.
La correcta lectura del referido artículo 1060 arroja que «el
contrato de seguro continúa vigente durante el período en el que la
aseguradora decide si consiente o no en la modificación del riesgo
que le fue avisada meses antes, de manera que la decisión de
terminación que adopte la aseguradora produce efectos hacia
adelante», esto es, con posterioridad a su enteramiento, por lo
que la determinación debe ser pronta e incluso del inciso final se
extrae que «la aseguradora ha consentido tácitamente en la
modificación del riesgo mientras no termine el contrato de seguro.
Por ello, esa terminación no produce efectos ex tunc, sino
solamente después de que se comunique al asegurado», como lo
admite doctrina nacional autorizada.
Igualmente se desentendió el ad quem del artículo 1071 del
estatuto mercantil que regula la revocatoria unilateral al
inadvertir que se terminó el contrato luego de que ocurrió el
siniestro, a pesar de que meses antes avisó la modificación del
estado del riesgo, por lo que «conforme a la norma cuya aplicación
se omitió, tal terminación producía efectos ex nunc, puntualmente,
10 días después de que la aseguradora la comunicara al
asegurado».
El desvío del Tribunal al inferir, al amparo del artículo 1060
del Código de Comercio, que «la terminación exteriorizada por la
aseguradora el 13 de diciembre de 2016, con la que no se aceptó
la modificación del riesgo que fue avisada por el asegurado meses
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antes de la ocurrencia del siniestro, produjo efectos retroactivos o
ex tunc, al momento en que ocurrió el cambio de lugar», condujo a
que se confirmara la decisión de primer grado.
Si se hubiera entendido, como era menester, que dicha
comunicación «produjo efectos ex nunc» eso implicaba que «para
la fecha en la que ocurrió el siniestro, el contrato de seguro estaba
vigente o, lo que es lo mismo, no estaba terminado, y, por tanto,
habría accedido a las pretensiones de la demanda», lo que
igualmente hubiera sucedido si hubiera aplicado el artículo 1071
ibidem, pues «habría determinado que la carta de terminación del
13 de diciembre de 2016 fue efectiva a partir del 27 de diciembre
de 2016 (10 días después de su envío), por lo que solamente ese
día habría cesado el contrato de seguro en sus efectos y, en
consecuencia, para la fecha en la que ocurrió el siniestro, la póliza
estaba vigente».
TERCER CARGO
Señala vulnerados rectamente los artículos 1060 y 1058 del
Código de Comercio, puesto que «el consentimiento de la
modificación del riesgo por parte del asegurador no era requisito
esencial en el debate del litigio y su posterior decisión», en vista de
que «el riesgo estaba amparado, mientras, antes del siniestro, el
asegurador no se hubiera manifestado sobre la aceptación de la
modificación del riesgo», careciendo de validez «la cancelación de
la póliza después de ocurrido el siniestro».
Toda vez que, en tanto el asegurador se pronunciara sobre
la «aceptación de la modificación del riesgo, aumentando el valor
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de la prima o revocando el contrato», conservaba vigencia la póliza,
«el consentimiento del asegurador no era elemento esencial del
debate sustantivo y probatorio, pues, aunque dicho consentimiento
expreso nunca existió, el contrato de seguro seguía vigente», lo que
definitivamente hubiera conducido a otro resultado.
CONSIDERACIONES
1.- Justificación del despacho conjunto de los cargos.
Las tres censuras coinciden en señalar como vulnerado el
artículo 1060 del Código de Comercio6, dos de ellos quejándose
de la hermenéutica jurídica que se le dio al mismo y el otro de las
implicaciones probatorias que derivaron de la interpretación
brindada por el Tribunal.
Aun cuando se ha sostenido que es inadmisible invocar la
infracción directa e indirecta de una misma norma, ya sea en un
mismo cargo o por separado, tal principio no es absoluto, pues
eventos habrá en que su denuncia por afrenta simultánea no solo
sea admisible sino necesaria, en aras de la completitud que exige
el ataque.
Por igual razón, cuando se acude por separado en similares
términos, pero se desarrolla en debida forma cómo se produjo la
doble vulneración de un precepto, resultando necesario
visualizar en su conjunto de qué manera operó para los fines de
6 El alcance material del artículo 1060 del Código de Comercio aparece reconocido
en CSJ SC075 de 9 mar. 1988, donde se extrañó su invocación para la «proposición jurídica
completa» necesaria para la época cuando se aducía la violación de normas sustanciales.
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derruir el fallo confutado, es menester proceder a estudiar a la
par las disconformidades en aplicación de lo expuesto en el inciso
final del parágrafo segundo del artículo 344 del Código General
del Proceso, según el cual «si se formulan acusaciones en distintos
cargos y la Corte considera que han debido proponerse a través de
uno solo, de oficio los integrara y resolverá sobre el conjunto, según
corresponda».
Tal proceder no es extraño para la Corte, ya que como se
recordó en CSJ SC 10 sep. 2013, rad. 2000-00754-0,
(…) el antagonismo entre los dislates jurídicos y fácticos torna
contradictorio el cargo que denuncia ambos al tiempo; de ahí que, en
principio, es inadmisible.
Claro está que ello dependerá de cómo está argumentado el fallo. Si las
razones por las que decidió de esa manera son meramente jurídicas o
probatorias es obvio que es antitécnico calificar promiscuamente la
violación de la ley sustancial como de directa e indirecta, pues en tal
evento la acusación debe trazarse por la vía que corresponda al
supuesto yerro cometido.
Cuestión distinta acontece cuando la sentencia está apuntalada en
elucidaciones de ambos tipos, pese a que bastaría con una de ellas
para adoptar la misma decisión. En ese caso, el ataque total bien puede
efectuarse en el mismo cargo, planteando las infracciones directas e
indirectas debidamente determinadas.
Sobre esta particular situación, la Sala explicó: “(…) Ocurre a menudo
que los sentenciadores traen a cuento, no una, sino varias razones que
juntas y cada una por sí apuntalan su decisión; (…). Y ocurre que no
todas pertenecen a la misma familia. Como si para definir un pleito se
dijese que el dueño no está habilitado por la ley para reivindicar sus
cosas (yerro puramente jurídico), y que, aunque lo estuviera, lo cierto es
que no probó (habiendo prueba de ello) que el demandado fuese
poseedor de la cosa; y que sobre apuntalarse en tales reflexiones,
añadiese injustificadamente el juzgador que está confusa la identidad
de la cosa. En este evento, es paladino que al fracaso de la pretensión
concurriría eficazmente cualquiera de las susodichas argumentaciones
(…); si por la primera de las anunciadas se inclinase, el ataque propicio
en casación sería la vía directa; si por cualquiera de las restantes, por
involucrar enfrentamientos de tipo probatorio, la indirecta. (…) La
mixtura de sus razonamientos (jurídicos y probatorios) haríale recordar
al impugnador que tesis constante ha sido la de que no puede juntar en
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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un mismo cargo cuestiones irreconciliables (vías directa e indirecta), y
que tampoco puede a su gusto dejar de lado ninguno porque es también
reiterado aquello de que el ataque en casación debe ser completo, (…).
Pues bien: piensa hoy la Sala que nada obsta para que el ataque total
pueda hacerse en el mismo cargo con la debida precisión. Conjuntar
ordenadamente violaciones directas e indirectas, así como de varia
tenga la argumentación del tribunal, guardándose, eso sí, la
correspondencia necesaria” (Sent. Cas. Civ. 20 de septiembre de 2000,
Exp. N° 5705).
Precisamente esa es la situación que acontece en esta
oportunidad en que la censora cuestiona que el ad quem dedujera
de la estipulación que se anuncia infringida que la aseguradora
«podía terminar el contrato de seguro, con efectos retroactivos o ex
tunc, al decidir no aceptar la modificación del riesgo que fue
avisada por el asegurado meses antes de la ocurrencia del
siniestro» y con posterioridad a que aconteció, fuera de que de allí
tampoco se extraía que fuera necesario para que conservara
vigencia el contrato «el consentimiento de la modificación del
riesgo por parte del asegurador».
Adicionalmente, se reciente la opugnadora de que no se dio
una correcta lectura a los medios de convicción, para constatar
que se materializó el asentimiento tácito de la opositora como
consecuencia de su comportamiento negligente con posterioridad
a que se le puso al tanto del cambio de localización de los
inventarios asegurados, para los fines previstos en dicho
precepto.
2.- El contrato de seguro y la determinación del riesgo.
Si bien la naturaleza del contrato de seguro implica un
cierto ámbito de libertad negocial entre las partes, hay algunos
aspectos que no admiten mayor discusión por estar previamente
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definidos por la ley mercantil o que solo pueden ser modificados
en beneficio del tomador, asegurado o beneficiario, lo que está
ligado a su trascendencia en la captación de recursos de quienes
acuden a buscar una protección frente a posibles eventualidades
generadoras de riesgo, ya que como se señaló en CSJ SC9618-
2015
8.- La Ley 35 de 1993 dictó las normas generales a que debía sujetarse
el Gobierno Nacional para «regular las actividades financiera, bursátil
y aseguradora», dando lugar a la expedición del Decreto 663 de 1993
que compiló todo lo relacionado con el Sistema Financiero y Asegurador
a esa fecha.
Con posterioridad se expidieron los Decretos 2359 de 1993, 2489 de
1999, 2373 y 2555 de 2010, y 673 de 2014; así como las Leyes 454 de
1998, 510 de 1999, 795 de 2003 y 1328 de 2009, entre otras
estipulaciones, que en la actualidad constituyen los principios rectores
de «derecho público» que rigen la materia.
9.- En lo que atañe al contrato de seguro en sí mismo, cuyo desarrollo
corresponde a la esfera del «derecho privado» y complementan las
anteriores regulaciones, son los artículos 1036 al 1162 del Código de
Comercio donde se define y se fijan las reglas comunes a sus diferentes
clases, así como los aspectos particulares que las delimitan.
Además, fuera de los patrones legales inmodificables a que se refiere
el artículo 1162 del estatuto mercantil, quedan las partes en libertad de
convenir los restantes puntos que, por lo general son impuestos por la
aseguradora, sin que con ello se entienda configurada una situación de
desequilibrio o abuso. Eso sí, en caso de duda o confusión, la
interpretación del acuerdo favorece a quien le fue impuesto el texto y
perjudica a quien lo elaboró.
Es así como el mencionado artículo 1162 del Código de
Comercio prevé:
Fuera de las normas que, por su naturaleza o por su texto, son
inmodificables por la convención en este Título, tendrán igual carácter
las de los artículos 1058 (incisos 1o., 2o. y 4o.), 1065, 1075, 1079,
1089, 1091, 1092, 1131, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1154 y
1159. Y sólo podrán modificarse en sentido favorable al tomador,
asegurado o beneficiario los consignados en los artículos 1058 (inciso
3o.), 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1078 (inciso 1o.), 1080,
1093, 1106, 1107, 1110, 1151, 1153, 1155, 1160 y 1161.
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Como se puede ver, entre las estipulaciones inalterables
está lo dispuesto en apartes del artículo 1058 ibidem, donde se
fijan reglas sobre la declaración del estado de riesgo y las
sanciones por inexactitud o reticencia; mientras que se conciben
cambios que solo favorezcan al «tomador, asegurado o
beneficiario» en lo que respecta al cuarto inciso de dicha norma
frente a la «inexactitud o la reticencia» proveniente de «error
inexculpable del tomador» y el artículo 1071 ejusdem, que se
refiere a la revocación unilateral del contrato de seguro.
Si bien no está relacionado dentro de las anteriores
restricciones el artículo 1060 id, no puede pasarse por alto que
el mismo está íntimamente ligado a ambas estipulaciones, puesto
que trata lo relacionado con el mantenimiento del estado del
riesgo y la notificación de cambios, así como la posible revocatoria
por parte del asegurador cuando no esté de acuerdo con lo
último, de ahí que estaría implícita una interpretación más
favorable para la parte débil de la relación en ese último punto.
Ahora bien, es carga precontractual del tomador declarar el
estado del riesgo, a la luz del artículo 1058 del estatuto mercantil,
lo que debe hacer de forma sincera y brindando una completa
información que permita al asegurador tantear el grado de
siniestralidad frente al riesgo a proteger, de tal manera que éste
decida asumirlo fijando una prima en contraprestación o desista
de celebrar el acuerdo.
Dicho estado del riesgo puede depender de aspectos
inmanentes al bien asegurado o relacionados con su
almacenamiento, cuidado o conservación, que en principio es
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determinable por el reporte que haga el tomador
espontáneamente y ante las inquisiciones generales del
asegurador, sin perjuicio de las capacidades con que este último
cuenta para establecerlo y exigir precisiones puntuales en casos
concretos, en su condición de conocedor especializado por el
ramo en que se desempeña.
En este ejercicio debe imperar el principio de la buena fe,
como se remarcó en CSJ SC 2 ago. 2001, rad 6146, en un evento
relacionado con un contrato de seguro de vida pero que por
tratarse de las generalidades predicables de todas las
especialidades resulta relevante, al precisar que
(…) sin menoscabar ese infranqueable derecho que tiene la entidad
aseguradora a ser cabal y oportunamente informada por el consumidor-
asegurado (en sentido amplio) acerca del "verdadero estado del riesgo"
y, por contera, sin diezmar -o minar- la carga de carácter informativo
que le incumbe a éste último de cumplir rigurosamente con la aludida
declaración de ciencia, reconoce la existencia de una especie de débito
en cabeza de la aseguradora (deber instrumental o secundario),
consistente en informarse de manera complementaria y directa, según
sea el caso, en aras de obtener una más completa y depurada
información que le permita desarrollar adecuada y profesionalmente su
objeto social y, por reflejo, el del reasegurador, cuando éste interactúa,
en otro plano contractual, en calidad de asegurador del reasegurado
(asegurador directo).
En este específico sentido, es importante agregar que, en materia
informativa, como secuela de la buena fe y, en particular, del postulado
de la cooperación negocial, el límite o el confín de la carga de informar
al otro radica, precisamente, en el deber de informarse a sí mismo, en
la medida de lo posible, y de las circunstancias que rodean cada
asunto, observación que coincide con la opinión expresada por los
juristas galos Gerard Cas y Didier Ferrier, según la cual existe
claramente "...una relación dialéctica entre la obligación de información,
de una parte y, de la otra, el deber de informarse" ( ), el que a juicio de
un sector de la dogmática jurídica, como ya se ha referido, está
enclavado en otro deber, aún de mayor espectro: el de cooperación,
signado por un criterio de reciprocidad negocial, tan propio de la ratio
contractual.
Lo anterior trasciende a la lectura que se haga del contrato
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de seguro propiamente dicho, puesto que el intérprete, ya sea
referido a cualquiera de las partes durante su ejecución o al
juzgador cuando aquellos enfrentan diferencias que someten a su
escrutinio, está compelido a apreciar el comportamiento de los
pactantes a fin de establecer, frente a lo convenido, los posibles
quebrantos al deber de declarar fidedignamente el estado del
riesgo y las repercusiones que puedan derivarse del conocimiento
que pudiera tener sobre el particular el asegurador, como
profesional calificado.
Dicho análisis posibilita, de un lado, no restar peso a las
inexactitudes del tomador o, del otro, prever que el asegurador
eluda amparos claramente asumidos, evitando demeritar el
axioma de la buena fe y el principio de solidaridad inmanentes al
vínculo, en aras de preservar el equilibrio contractual, ya que
como se recordó en CSJ SC 29 en. 1998, rad. 4894,
(…) uno de los elementos que identifican este esquema es la obligación
“condicional” que contrae la referida empresa aseguradora, consistente
en ejecutar la prestación prometida si llegare a realizarse el riesgo
asegurado, obligación que por lo tanto equivale al costo que frente al
“siniestro” debe ella asumir y de igual modo representa la
contraprestación a su cargo, correlativa al pago de la prima que recibe
del tomador, siempre en el bien entendido que la susodicha obligación
es producto sobresaliente de un contrato que en tanto concebido para
desempeñar una función bienhechora y no de simple pugna entre
intereses económicos antagónicos según lo apunta con acierto un
afamado expositor (Joaquín Garrigues. Contrato de Seguro Terrestre.
Cap. 2º, Num. ii), tiene un doble fundamento en la idea de buena
fe extrema - uberrimae fidei contractus- y en la idea de
solidaridad, -se resalta- nociones ambas que lejos de quedarse en
loables aspiraciones teóricas de las que el comercio suele no ocuparse
con la atención necesaria, son ricas por el contrario en consecuencias
prácticas cuando se trata de resolver los problemas, de no poca
importancia por cierto, que con mucha frecuencia se presentan en torno
a la manera apropiada como han de ser interpretadas, y también
aplicadas, las cláusulas contenidas en los documentos contractuales al
tenor de los cuales se rige por principio cada relación asegurativa en
particular.
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En efecto, tomando como punto de forzosa referencia los postulados
básicos que acaban de señalarse, la doctrina jurisprudencial (G.J,
T.CLXVI pág. 123) tiene definido de vieja data que en orden a impedir
las nocivas tendencias, tanto de quienes reclaman con el propósito de
procurar conseguir beneficios extraños al seguro contratado, lo que sin
duda redunda en menoscabo para la mutualidad de riesgos
homogéneos creada, como de los aseguradores de exonerarse de
responder desconociendo razonables expectativas que del contrato
emergen para aquellos, este último debe ser interpretado en forma
similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está
llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que
traducen la respectiva póliza y los documentos que de ella hacen parte
con arreglo a la ley (Arts. 1048 a 1050 del C de Com), los intereses de
la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria.
Dicho en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación
restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con
exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes,
predomina el texto de la que suele denominarse “escritura contentiva
del contrato” en la medida en que, por definición, debe conceptuársela
como expresión de un conjunto sistemático de condiciones generales y
particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente
en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los
riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando favorecer
soluciones en mérito de las cuales la compañía aseguradora termine
eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de
estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en
equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todavía
más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las
características propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines
éstos para cuyo logro desde luego habrán de prestar su concurso las
normas legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de
que aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego
literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin
detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su
razón de ser a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones
son parte integrante.
Precisamente sobre el «conocimiento presunto o presuntivo
del asegurador sobre los vicios de declaración de asegurabilidad»,
como supuesto para dar por superadas las deficiencias del
tomador al momento de declarar el estado del riesgo, incluso la
nulidad relativa por reticencia o inexactitud de la cual pudiera
estar viciado el contrato, es necesario considerar varios aspectos,
como se dejó sentado en CSJ SC167-2023, ya que
(…) su materialización de acuerdo con la jurisprudencia parte de
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reconocer que: (i) la compañía aseguradora es una profesional del ramo,
que debe conducirse como tal en la durante la vigencia del contrato y la
etapa precontractual; (ii) debe obrar con diligencia en la identificación
del estado del riesgo; (iii) no basta que se conforme con la declaración
de asegurabilidad del tomador, cuando la naturaleza del riesgo
solicitado le impone la carga de conocer cierta información, o si en el
contexto de cada caso específico, se presentan circunstancias que
permitan conocer, o siquiera advertir, cual es el verdadero estado del
riesgo.
4.2.- Y, para demostrarlo en juicio, con arreglo a la jurisprudencia de
esta corporación debe acreditarse, que: (i) el asegurador ha tenido la
posibilidad de hacer las averiguaciones para determinar el estado del
riesgo; (ii) cuenta con elementos que lo invitan a pensar que existen
discrepancias entre la información del tomador y la realidad; y, (iii)
omite adelantarlas.
4.3.- Empero, al realizar este test, debe tenerse presente una pauta
hermenéutica que parte de entender que el instituto del consentimiento
presuntivo no es un remedio general para indultar o condonar notorias
reticencias, sino un correctivo para preservar el contrato frente a
controversias suscitadas a raíz de hechos que el asegurador debía y
podía conocer, pero que no implica dejar de lado el celo, honestidad y
transparencia, que el tomador debe observar cuando declara las
circunstancias del riesgo que busca trasladar.
3.- La modificación del estado del riesgo y sus
implicaciones.
Celebrado el contrato de seguro es deber indiscutible del
tomador y el asegurado mantener incólume el estado del riesgo,
puesto que cualquier alteración del mismo puede conllevar
implicaciones en la relación, ya sea modificándola, repercutiendo
en su culminación por el desinterés del asegurador o conllevando
incluso a su finiquito intempestivo, dependiendo de las
circunstancias en que se produzca, eso sí, conservando plena
validez las consideraciones previamente desarrolladas en cuanto
al estado del riesgo y su asunción.
El artículo 1060 del Código de Comercio contempla varias
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situaciones y condicionamientos a tener en cuenta frente a los
cambios que puedan llevar a una alteración del estado de riesgo,
según los términos inicialmente convenidos, es así como reza la
norma
El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener
el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por
escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que,
conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058,
signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local.
La notificación se hará con antelación no menor de diez días a la fecha
de la modificación del riesgo, si ésta depende del arbitrio del asegurado
o del tomador. Si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a
aquel en que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume
transcurridos treinta días desde el momento de la modificación.
Notificada la modificación del riesgo en los términos consignados en el
inciso anterior, el asegurador podrá revocar el contrato o exigir el
reajuste a que haya lugar en el valor de la prima.
La falta de notificación oportuna produce la
terminación del contrato
.
Pero sólo la mala fe del asegurado o del tomador dará derecho al
asegurador a retener la prima no devengada.
Esta sanción no será aplicable a los seguros de vida, excepto en cuanto
a los amparos accesorios, a menos de convención en contrario; ni
cuando el asegurador haya conocido oportunamente la modificación y
consentido en ella.
Como se extrae de la simple lectura del precepto, es carga
del «tomador o asegurado» poner al tanto al asegurador, «por
escrito», de la ocurrencia futura de cualquier situación originada
por ellos que conduzca a la variación de las condiciones que lo
motivaron a asumir el riesgo, lo que en principio no puede ser
intempestivo y debe estar inspirado por el principio de buena fe,
por lo que cuenta con un plazo mínimo de diez (10) días hábiles
para hacerlo7, durante el cual, como es obvio, se deben mantener
7 En dicho plazo es necesario tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 62
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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las circunstancias iniciales y conserva plena validez el contrato,
puesto que se trata de un enteramiento previo, con el fin de que
en dicho lapso el asegurador analice y decida cuál es su posición
frente a lo expresado.
Lo anterior significa que el lapso previsto para preavisar es
el mismo que tiene el asegurador para definir y expresar, también
por escrito, en virtud de la igualdad que debe existir entre los
contratantes, si se mantiene inmodificable la póliza a pesar de las
nuevas situaciones, si son necesarios algunos ajustes al
encontrarlas superables o si definitivamente no es posible
continuar con la relación negocial, caso final que conllevaría a la
revocación de la póliza a partir del décimo día hábil siguiente a la
data en que recibió dicha notificación de cambio en el estado del
riesgo, momento a partir del cual éste empezaría a operar, todo
lo cual se debe advertir sin ambages en la respuesta.
Así es por la trascendencia que tiene la declaración del
estado del riesgo en la fase precontractual para obtener la
anuencia del asegurador a celebrar el contrato de seguro, previo
pago de la prima estimada con base en la información recibida,
sin que tal concierto sea inamovible frente a los tropiezos por
alteraciones en la etapa de ejecución del acuerdo que ameritan
ser conjurados oportunamente y sin dilaciones cuando se busca
mantener la relación, como se anotó en CSJ SC 6 jul. 2007, rad.
1999-00359-01, al señalar que
(…) si bien la carga de información sobre el estado del riesgo –lato
sensu- es transversal en materia de seguros, pues despunta en el
del Código de Régimen Político y Municipal, Ley 4 de 1913, en virtud del cual «[e]n los plazos
de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y
de vacantes, a menos de expresarse lo contrario».
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período de preparación o gestación del contrato y se mantiene latente
durante toda su ejecución, es indispensable no perder de vista las fases
previamente señaladas, dado que en una y otra, la precontractual y la
contractual propiamente dichas, ese deber tiene cometidos bien
específicos y sustantivos, como se anticipó. En este sentido, si en la
primera etapa el candidato a tomador está apremiado por la ley a
declarar sinceramente el estado del riesgo, es por la incidencia que esa
declaración tiene en la formación del asentimiento del asegurador y en
la determinación de la cuantía de la prima, como se acotó, según el
caso, mientras que la carga de mantener el estado del riesgo, tiene el
confesado propósito de preservar, durante la ejecución del contrato
mismo, las condiciones esenciales que condujeron a que ese
asentimiento fuera expresado y, por tanto, a la contratación del seguro,
de forma tal que en todo momento, en lo fundamental, se mantenga la
ecuación necesaria entre el riesgo asegurado y el precio del contrato.
Sobre este particular, cumple memorar que la cuantificación de la prima
responde -o debe responder-, entre otros factores, a la valoración que
hace el asegurador de la probabilidad de ocurrencia del riesgo
asegurable y de la intensidad que éste, in casu, pueda llegar a tener,
valoración que, se itera, efectúa al momento de contratar, a partir de la
información suministrada por el propio candidato a tomador, por lo que
resulta incontestable que el precio del seguro está íntimamente ligado,
de una u otra forma, con el estado del riesgo, como realidad ontológica.
En principio, cuanta más alta sea la probabilidad de siniestro y de
extensión de sus efectos, mayor será el valor de la prima; y viceversa.
Al fin de cuentas el seguro no es una apuesta. De allí, entonces, que en
el desarrollo del contrato, se insiste, de tracto sucesivo, el tomador o el
asegurado –en su caso-, tengan el deber de mantener el estado de
cosas en relación con el riesgo, pues el asegurador asintió en asumir
las consecuencias económicas de su realización, dadas una ciertas y
específicas condiciones, con fundamento en las cuales se pactó su
retribución, siendo así comprensible que cualquier alteración o cambio
relevante –inicialmente- deba tener algún efecto en la relación negocial
aseguraticia.
Igual premura se exige cuando la relevancia de los cambios
a introducir torna insostenible mantener el vínculo y a pesar de
que en el artículo 1060 del Código de Comercio se aluda a la
«revocación», la misma no puede ser entendida como una
manifestación de lo previsto en el artículo 1071 ejusdem sobre la
«revocación unilateral» por el asegurador y mucho menos la
necesidad de que deba hacerse con el lapso allí indicado, puesto
que deviene de una manifestación autónoma e independiente,
ajena a la que desarrolla el otro precepto, ya que la hace consistir
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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en una respuesta sobre la inadmisibilidad de la sugerencia
expresa del tomador o asegurado para que se acojan los cambios
a introducir, lo que le resta la connotación «unilateral» que
justificaría preavisarlos y simplemente corresponde a la
materialización de una de las consecuencias para las cuales
deben estar preparados aquellos.
Ahora bien, cuando la modificación del riesgo no le es
atribuible al asegurado o tomador, lo que la convierte en
imprevista, cualquiera de ellos cuenta con diez días hábiles desde
que tenga conocimiento de su ocurrencia para hacérselo saber al
asegurador y éste proceda de inmediato a pronunciarse en
cualquiera de los sentidos antes expuestos, a fin de establecer lo
concerniente a las consecuencias que se derivan del inesperado
acontecimiento, aún desde el momento en que ocurrió.
De todas maneras, en tal supuesto, la norma contempla una
presunción en el sentido de que pasados 30 días desde que se
produjo la modificación ajena a la voluntad del tomador o del
asegurador, se entiende que al transcurrir dicho lapso estarían
noticiados y a partir de allí contarían los diez días adicionales
para hacérselo saber al asegurador, puesto que como se indicó
en CSJ SC3635-2022, para el efecto
(…) ninguna incidencia tendrían las circunstancias por las cuales la
«agravación del riesgo» resulta ajena al obligado a informarla, puesto
que el plazo de gracia de 30 días sería suficiente para entender que
una persona con mediano cuidado se pondría al tanto de las
condiciones en que se encuentran los bienes asegurados y, en caso de
no hacerlo, asume las consecuencias adversas de su desidia.
Situación diferente acontece cuando no se efectúa la
«notificación oportuna» dentro de las variables expuestas, toda vez
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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que el incumplimiento de la carga de informar en cabeza del
«tomador o asegurador» deriva en la «
terminación del contrato
»,
que sin duda opera ipso facto desde el instante mismo en que se
materializó la modificación arbitraria del estado del riesgo, en
contravía del principio de la buena fe debida entre los
contratantes, y difiere de la «revocatoria» antes expuesta cuando
el aviso fue tempestivo.
Al respecto en CSJ SC5327-2018 se resaltó que
(…) cuando se trata de agravación del estado del riesgo, ocurrida en
vigencia del amparo, la legislación mercantil contempla una solución
similar a la de la etapa precontractual, dado que en esta fase liminar,
una vez conocidas las circunstancias determinantes del estado del
riesgo, el asegurador puede negarse a contratar, o puede hacerlo pero
en condiciones más onerosas para el tomador (art. 1058 C. de Co.),
mientras que si ello tiene lugar en el desarrollo futuro del pacto, puede
revocar el contrato o exigir el reajuste en el valor de la prima, siempre
que sea notificado de la agravación (art. 1060 del C. de Co).
(…)
En otras palabras, si el tomador oculta información en la fase inicial,
esa situación se zanja por la senda de la nulidad relativa, como se
anticipó, pero si se presenta en un momento posterior, ya no es la
invalidez la que gobierna la situación, sino la
terminación del contrato
,
como lo consagra el canon 1060 del C. de Co., cuando establece:
«MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE
CAMBIOS. […] La falta de notificación oportuna produce la terminación
del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado o del tomador dará
derecho al asegurador a retener la prima no devengada».
En suma, si el tomador omite información relevante al momento de
negociar un contrato de seguro, finalmente consolidado, se está en el
escenario de la reticencia, que conduce a la invalidez relativa del
convenio. Por su parte, si el asegurado se reserva información respecto
de circunstancias de agravación del riesgo, presentadas luego de la
entrada en vigencia del seguro se está en causal de terminación del
vínculo.
Posición que concuerda con lo dicho en CSJ SC 6 jul. 2007,
rad. 1999-00359-01, donde se delineó tal diferenciación y se
ahondó en los aspectos que por su gravedad merecen ser
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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informados, ya que las mutaciones irrelevantes no lo ameritan,
pues solo
(…) cualquier hecho o circunstancia que, directa o indirectamente,
agrave el riesgo asumido o comporte la variación de su identidad local,
por consiguiente incide en el compromiso obligacional del asegurador,
quien, por tanto, tiene el derecho a ser informado de esas
eventualidades y, de cara a la nueva situación, se insiste, luego de que
sea debida y oportunamente noticiado, el derecho a sustraerse del
contrato -por eso la ley colombiana habla de revocación-, o a exigir que
se reajuste el valor de la prima, con el fin de restablecer el equilibrio
económico inherente a este negocio jurídico. Por lo tanto, si el tomador
o el asegurado no informan al asegurador sobre los hechos -subjetivos
u objetivos- que alteran el estado del riesgo, la relación aseguraticia se
socava en sus más caros cimientos: ubérrima buena fe, lealtad,
equilibrio económico, entre otros, lo que debe provocar su terminación.
Desde luego que, como lo tiene decantado la doctrina especializada, los
hechos que deben ser objeto de información al asegurador, tienen que:
(a) influir en el riesgo asegurado, esto es, producir una alteración
negativa y relevante en las condiciones bajo las cuales fue asumido por
aquel, de modo que el asegurador, de conocerlas, se abstendría de
continuar asumiendo el riesgo, o lo haría en condiciones diferentes a
las pactadas; las alteraciones insubstanciales o anodinas, son
intrascendentes para la carga en comento; (b) ser nuevos y posteriores,
es decir, que tengan una entidad propia y no sean simplemente
modificaciones inherentes al transcurso del tiempo (p. ej.: el deterioro
normal del bien), y que sobrevengan a la celebración del contrato,
porque si son anteriores, el caso se enmarcaría en la hipótesis de
reticencia; (c) ser imprevisibles, pues es apenas obvio entender que el
asegurador, en el momento en que analizó el riesgo asegurable, con el
fin de decidir si lo asumía o no, y cuál sería el monto de la prima, debió
considerar, a partir de la información liminarmente suministrada por el
tomador al declarar el estado del riesgo, todas aquellas variables que,
desde una perspectiva lógica y natural, podrían afectarlo.
De lo expuesto se colige que, en últimas, el régimen de agravación del
estado del riesgo, encuentra su razón de ser en que las nuevas
circunstancias que lo alteran, aumentan la probabilidad de ocurrencia
del siniestro, o de la intensidad de sus consecuencias, sin que el
asegurador deba soportar esa variación por un mal entendimiento del
carácter aleatorio del contrato, pues aunque es claro que asumió la
contingencia de la materialización del riesgo, lo hizo sobre la base de
unas específicas condiciones, por manera que si ellas cambian por el
advenimiento de circunstancias no previsibles, en línea de principio
deben cambiar las reglas que gobiernan la relación contractual, o
dársele fin a ella, según se acotó.
La terminación tiene un efecto tan fulminante que su
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acaecimiento daría lugar al reembolso al tomador o asegurado de
la «prima no devengada», salvo que exista «mala fe» comprobada
en el proceder que la genera, pues no se presume, en cuyo caso
el asegurador podrá retenerla.
A pesar de las anteriores consideraciones el inciso final del
precitado artículo 1060 del estatuto mercantil, en clara
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1058 ibidem,
contempla la improcedencia de la terminación «cuando el
asegurador haya conocido oportunamente la modificación y
consentido en ella», reconociéndose primacía al acuerdo de
voluntades determinable en el sentido de que se mantenga el
vínculo negocial.
En resumen, la notificación oportuna de la modificación del
estado del riesgo puede incidir en la «revocatoria» del contrato por
el asegurador, lo que debe expresar al «tomador o asegurado»
antes de que se haga efectiva, mientras que la inobservancia de
dicho deber acarrearía es la terminación del vínculo desde el
momento en que se consolida la desatención del deber de
«mantener el estado del riesgo» y así se advierta con posterioridad.
Eso sí, en virtud de la consensualidad que impera en el
contrato de seguro al tenor del artículo 1036 del Código de
Comercio, según la modificación que le introdujo el artículo 1° de
la Ley 389 de 1997, las situaciones previstas en el citado artículo
1060 del estatuto mercantil pueden ser modificadas por el
comportamiento de las partes y así lo prevén el inciso final de
dicho precepto y del artículo 1058 ibidem.
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4.- Derecho comparado en materia de agravación del
riesgo.
La anterior propuesta interpretativa no riñe con lo que la
legislación foránea contempla frente a la alteración del riesgo
durante la ejecución del contrato de seguro convenido, puesto
que a pesar de no existir uniformidad en las distintas
regulaciones sobre la materia, como se pasa a resaltar en la
normativa de tres países americanos y dos europeos en los que
si bien existe coincidencia sobre la premura que debe existir en
la información de dicha novedad y que esta debe ser
trascendente, los lapsos para que ambos contratantes se
pronuncien sobre sus consecuencias fluctúan entre siete días y
dos meses, pero eso sí siempre enfocados en propender por la
continuación de la relación cuando existe un mutuo acuerdo.
a.-) México.
Conforme a la Ley sobre el Contrato de Seguro8 el tema está
desarrollado minuciosamente en los artículos 52 a 64.
Es así como se exige al asegurado «comunicar a la empresa
aseguradora las agravaciones esenciales que tenga el riesgo
durante el curso del seguro, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al momento en que las conozca», ya que en caso de que
omita dicho aviso o provoque «una agravación esencial del riesgo,
8 Publicada en el diario oficial del 31 de agosto de 1935 y con las modificaciones
introducidas por los Decretos publicados el 15 de abril de 1946, 2 de enero de 2002, 24 de
abril de 2006, 6 de mayo de 2009, 9 de abril de 2012 y 4 de abril de 2013, además de las
reformas introducidas según el diario oficial del 5 de enero de 1966, según página web
oficial de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lcs.htm.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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cesarán de pleno derecho las obligaciones de la empresa en lo
sucesivo» (art. 52), entendiendo que «la agravación es esencial,
cuando se refiera a un hecho importante para la apreciación de un
riesgo de tal suerte que la empresa habría contratado en
condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido
una agravación análoga» (art. 53).
Lo antes dispuesto no impide «que en el contrato se pacten
expresamente determinadas obligaciones a cargo del asegurado
con el fin de atenuar el riesgo o impedir su agravación (art. 54),
cuyo incumplimiento no implicará que la aseguradora pueda
«hacer uso de la cláusula que la libere de sus obligaciones, cuando
el incumplimiento no tenga influencia sobre el siniestro o sobre la
extensión de sus prestaciones» (art. 55).
Ya si la aseguradora opta por rescindir «el contrato por causa
de agravación esencial del riesgo, su responsabilidad terminará
quince días después de la fecha en que comunique su resolución
al asegurado» (art. 56).
Conforme al artículo 58 no producirá efectos la agravación
del riesgo «I.- Si no ejerció influencia sobre el siniestro o sobre la
extensión de las prestaciones de la empresa aseguradora; II.- Si
tuvo por objeto salvaguardar los intereses de la empresa
aseguradora o cumplir con un deber de humanidad; III.- Si la
empresa renunció expresa o tácitamente al derecho de rescindir el
contrato por esa causa», lo que se tendrá por hecho «si al recibir
la empresa aviso escrito de la agravación del riesgo, no le
comunica al asegurado dentro de los quince días siguientes, su
voluntad de rescindir el contrato».
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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El dolo o mala fe del asegurado en la agravación del riesgo
conlleva a la pérdida de las primas anticipadas (art. 60) y en caso
de tener asegurados varios riesgos «el contrato quedará en vigor
respecto a los que no se afecten por la omisión o inexacta
declaración o por la agravación siempre que se demuestre que la
empresa aseguradora habría asegurado separadamente aquellos
riesgos en condiciones idénticas a las convenidas» (art. 61), pero
de todas maneras subsistirá si se «paga a la empresa
aseguradora las primas mayores que eventualmente le deba
conforme a la tarifa respectiva» (at. 62).
También podrá la aseguradora rescindir el contrato si «por
hechos del asegurado, se agrav[a]n circunstancias esenciales que
por su naturaleza, debieran modificar el riesgo, aunque
prácticamente no lleguen a transformarlo» (art. 63), lo que deberá
notificar aquella «dentro de quince días contados desde la fecha
en que conozca el cambio de las circunstancias».
Finalmente, si «durante el plazo del seguro se modifican las
condiciones generales en contratos del mismo género, el asegurado
tendrá derecho a que se le apliquen las nuevas condiciones; pero
si éstas traen como consecuencia para la empresa prestaciones
más elevadas, el contratante estará obligado a cubrir el
equivalente que corresponda» (art. 65).
b.-) Argentina:
La cuestión que es objeto de comparación se desarrolla en
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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los artículos 37 a 45 de la Sección X de la Ley de Seguros 17.4189,
donde se prevé la posibilidad de rescindir el contrato frente a
«[t]oda agravación del riesgo asumido que, si hubiese existido al
tiempo de la celebración, a juicio de peritos hubiera impedido el
contrato o modificado sus condiciones» (art. 37), por lo que dicha
circunstancia debe ser denunciada por el tomador antes de que
se produzca si va a obedecer a un hecho suyo o si son «debidas
a un hecho ajeno, inmediatamente después de conocerlas» (art 38).
No obstante, existe la precisión de que si obedece a un acto
propio «la cobertura queda suspendida» y el asegurador cuenta
con siete días para «notificar su decisión de rescindir» (art. 39),
mientras que, si le es ajeno o «debió permitirlo o provocarlo por
razones ajenas a su voluntad, el asegurador deberá notificarle su
decisión de rescindir dentro del término de un mes y con un
preaviso de siete días» (art. 40).
En cuanto a la ocurrencia de un siniestro durante la
agravación del riesgo no denunciada solo se obliga a la
aseguradora atenderlo en dos eventos: si el tomador incurre en
«omisión o demora sin culpa o negligencia» y cuando el
«asegurador conozca la agravación al tiempo en que debía
hacérsele la denuncia».
Ya los efectos de la rescisión difieren si la comunicación fue
o no oportuna, ya que en el primer evento el asegurador tendrá
derecho «a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido»,
9 Expedida el 30 de agosto de 1967 y publicada el 6 de septiembre, consultable en
la página web oficial Infoleg del ministerio de Justicia de la República Argentina
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-17418-39520/actualizacion.
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pero en caso contrario se extiende a «percibir la prima por el
período de seguro en curso» (art. 41), pero el derecho a rescindir
«se extingue si no se ejerce en los plazos previstos, o si la
agravación ha desaparecido» (art. 42).
A pesar de lo expuesto, existe un principio de agravación
excusada cuando «se provoque para precaver el siniestro o
atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad
generalmente aceptado» (art. 43).
c.-) Chile:
En el caso de Chile sólo el artículo 526 del Código de
Comercio10 se refiere a la «agravación de riesgos asegurados», al
precisar que es deber del «asegurado, o contratante en su caso»
informar al asegurador tales hechos o circunstancias «dentro de
los cinco días siguientes de haberlos conocido, siempre que por su
naturaleza, no hubieren podido ser conocidos de otra forma por el
asegurador», de los que se presume enterado el asegurado si
«provienen de hechos ocurridos con su directa participación».
Una vez el asegurador adquiera conocimiento de dicha
«agravación de los riesgos» y si no se ha producido algún
siniestro, cuenta con treinta días para «comunicar al asegurado
su decisión de rescindir el contrato o proponer una modificación a
los términos del mismo para adecuar la prima o las condiciones de
la cobertura de la póliza», que de no ser aceptada o merecer
10 Según la reforma introducida por la Ley 20667, promulgada el 15 de abril de
2013 y publicada el 9 de mayo, que regula el Contrato de Seguro y puede ser consultada
en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1050848.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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silencio del asegurado «dentro del plazo de diez días contado
desde la fecha de envío de la misma», da lugar a la rescisión «a la
expiración del plazo de treinta días contado desde la fecha de
envío de la respectiva comunicación».
La falta de «declaración sobre la agravación de los riesgos»
antes de que ocurra un siniestro, exonera al asegurador del pago
de la «indemnización respecto de las coberturas del seguro
afectadas por el agravamiento», salvo que «la agravación del riesgo
hubiera conducido al asegurador a celebrar el contrato en
condiciones más onerosas para el asegurado», en cuyo caso «la
indemnización se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre
la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse
conocido la verdadera entidad del riesgo», lo que no se hará «si el
asegurador, por la naturaleza de los riesgos, hubiere debido
conocerlos y los hubiere aceptado expresa o tácitamente».
La
terminación del contrato
por la razón expuesta dará
lugar a la devolución del asegurador al asegurado de «la
proporción de prima correspondiente al período en que, como
consecuencia de ella, quede liberado de los riesgos», a menos que
fuera dolosa.
d.-) Francia.
El país galo cuenta con un Código de Seguros, que en su
artículo L113-4, modificado por la Ley n° 89-1014 del 31 de
diciembre de 1989 - art. 1111, le da la opción al asegurador de
11 Según la base de datos legales públicos de Francia (SPDDI) organizado por el
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«cancelar el contrato o proponer un nuevo importe de prima» en
caso de agravación del riesgo, añadiendo que «la rescisión sólo
puede producir efectos diez días después de la notificación y el
asegurador debe entonces reembolsar al asegurado la parte de la
prima o contribución correspondiente al período durante el cual no
se produjo el riesgo», pero si es el asegurado quien no da
respuesta o rechaza la propuesta dentro de los siguientes treinta
días «el asegurador podrá resolver el contrato al finalizar este
plazo, siempre que haya informado al asegurado de esta opción,
haciéndola aparecer en caracteres visibles en la carta de
propuesta».
Empero, agrega la norma que «el asegurador ya no puede
invocar la agravación de los riesgos cuando, después de haber
sido informado de cualquier forma, ha manifestado su
consentimiento a mantener el seguro, en particular continuando
percibiendo las primas o pagando, después de una catástrofe, una
indemnización».
e.-) España.
Por último, el Reino de España en los artículos 11 y 12 de
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro12, exige
que las «circunstancias que agraven el riesgo» deben ser
Decreto nº 2002-1064 de 7 de agosto de 2002, consultable en la página web
https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query
=&searchProximity=&searchType=ALL&isAdvancedResult=&isAdvancedResult=&typeRech
erche=date&dateVersion=06%2F08%2F2024&nomCode=ihKHdw%3D%3D&typePaginatio
n=ARTICLE&pageSize=100&page=6&tab_selection=code#code.
12 Constatable en página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
organismo público, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes del Gobierno de España, https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-22501.
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comunicadas por el tomador del seguro o el asegurado «tan pronto
como le sea posible» al asegurador, quien podrá rescindir el
contrato de entrada «comunicándolo por escrito al asegurado
dentro de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento» o
contando con dos meses para «proponer una modificación» a ser
sometida a la aceptación del tomador en un plazo de quince días,
que, de transcurrir en silencio o mediar un rechazo, daría lugar
a «rescindir el contrato previa advertencia al tomador, dándole
para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los
cuales y dentro de los ocho siguientes comunicará al tomador la
rescisión definitiva».
De sobrevenir un siniestro sin que el tomador del seguro o
el asegurado haya efectuado «su declaración», el asegurador
queda liberado de su prestación si aquellos obraron de mala fe,
pero de no establecerse esta «la prestación del asegurador se
reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima
convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la
verdadera entidad del riesgo».
5.- Violación directa por indebida interpretación del
artículo 1060 del Código de Comercio.
Vista la anterior exposición se evidencia en esta
oportunidad que el Tribunal incurrió en el desfase hermenéutico
endilgado por la impugnante, puesto que derivó del artículo 1060
del Código de Comercio unas consecuencias que no se
compadecen con su texto y una correcta lectura a la luz del
principio de buena fe que impera en el contrato de seguro,
truncando así los efectos del material demostrativo recaudado.
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Baste con observar que en el fallo se plateó que una vez
notificada la agravación del riesgo en las condiciones establecidas
por el precepto en mención
(…) el asegurador ejercerá una de las dos opciones establecidas en la
ley, la revocación del contrato o exigir el reajuste pertinente en el valor
de la prima, y como la norma no consagra un término para ejercer
esa opción, tratadistas como el ya citado Efren Ossa, afirman que “(..)
el contrato preserva su vigencia técnica hasta el momento en que el
asegurador comunica su decisión al asegurado o tomador” y
dependiendo del sentido de ella.-
En el aparte resaltado se advierte una conjetura que riñe
con el texto del artículo y trasciende a la resolución del caso, al
asegurar que el artículo no contempla un término al asegurador
para decidir entre exigir el reajuste de la prima o revocar el
contrato, cuando en realidad, en la modificación del estado del
riesgo que deriva de la voluntad del tomador o asegurado, se
contrae al mismo previsto para analizar dicha situación, esto es,
desde el momento en que recibe la comunicación por medio de la
cual alguno de ellos cumple con la carga de información oportuna
y hasta que se materialice el cambio, con posterioridad a los diez
días hábiles siguientes, puesto que el plazo de preaviso está
establecido precisamente para tomar una determinación al
respecto.
Cosa muy distinta es que en virtud de la consensualidad
que impera en el contrato de seguro las partes puedan
postergarlo de consuno, eso sí dentro de la oportunidad antes
reseñada, a efecto de cumplir con las garantías que se convengan
por escrito en los términos del artículo 1061 del Código de
Comercio.
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En otras palabras, cualquier determinación del asegurador
relacionada con el reajuste de la prima o la revocación, como
consecuencia de los «hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que,
conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058,
signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad
local», que dependan del «arbitrio del asegurado o del tomador» y
fueron tempestivamente reportados, debe ser comunicada a estos
con antelación al perfeccionamiento de tales «hechos o
circunstancias», puesto que su silencio implica la aceptación de
que el contrato de seguro conserva vigencia en los términos
inicialmente pactados.
Ya si la «agravación del riesgo» no solo es imprevisible sino
sorpresiva y sin que dependa de la voluntad del tomador o del
asegurado, pero es puesta en conocimiento oportuno por aquellos
al asegurador en la forma indicada en el aparte final del segundo
inciso del referido artículo 106013, la respuesta de revocatoria
debe ser inmediata, salvo que se contemple la posibilidad de
continuar con la relación previo estudio en el mismo plazo de diez
(10) días hábiles previsto en el caso antes analizado.
Otro desliz, pero por confusión se contempla cuando añadió
el ad quem que
[d]e no cumplirse con la carga de la información de los hechos o
circunstancias agravantes del estado del riesgo o de su cambio de lugar
se produce la
terminación del contrato
-artículo 1060-4 C de Co que
13 Esto es, «dentro de los diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de
ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta días desde el momento de la
modificación».
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opera ipso facto y produce efectos ex nunc- y tratándose de
agravaciones voluntarias o cambio de lugar la terminación
tendrá efectos a partir del mismo momento en que una u otra
situación se haga efectiva, momento a partir del cual habrá
devolución de la prima no devengada al asegurado de buena fe, pues
de probarse su mala fe ello le dará derecho a la aseguradora a retener
dicha prima.-negrita adrede-
Si bien es cierto que los efectos de la terminación a que se
contrae la estipulación operan «ipso facto», por la gravedad del
incumplimiento que la generan, en ella no se distingue entre
agravaciones voluntarias o involuntarias, sino que depende
exclusivamente de la desatención del deber de informar o que se
haga en forma tardía, pero lo que resulta atemperado «cuando el
asegurador haya conocido oportunamente la modificación y
consentido en ella», de ahí que no es una consecuencia absoluta
y debe estar sopesada por el comportamiento de las partes
durante la ejecución del contrato y con posterioridad a la
ocurrencia de los «hechos o circunstancias no previsibles»
sobrevinientes.
Por si fuera poco, el ad quem entremezcló en sus conjeturas
finales las figuras de la revocación y la terminación, como si
fueran complementarias o sucedáneas, a partir de la lectura de
los hechos y lo que encontró probado, para ahondar la confusión
en lo que realmente dispone el precepto, cuando expresó que
[e]n relación al reparo relativo a la aplicación deficiente del artículo
1060-4 del C de Co basta indicar que esa norma tiene carácter
imperativo -artículo 1162 ibidem- y es clara en señalar que la excepción
a la
terminación del contrato
de seguro que contempla en el citado
numeral exige: notificación oportuna de la agravación del riesgo y
aceptación tácita o expresa de la modificación por parte de la
aseguradora, y aunque se cumple el primer supuesto, entendiendo
como oportuno el aviso porque se hizo antes de la ocurrencia del
siniestro, según lo afirma el tratadista Efren Ossa, no sucede lo mismo
con el otro requisito por cuanto no está probada la aceptación ni tácita
ni expresa de la modificación del riesgo por la aseguradora.
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El Colegiado al entrar a escudriñar «la excepción a la
terminación del contrato
de seguro» bajo las circunstancias del
artículo 1060 del estatuto mercantil, fija como reglas de su
procedencia que exista «notificación oportuna de la
agravación del riesgo y aceptación tácita o expresa de la
modificación por parte de la aseguradora», lo que contradice
precisamente el texto del precepto que deriva tal consecuencia
adversa de la «falta de notificación oportuna».
Cosa distinta es que predique el inciso final que dicha
«sanción no será aplicable (…) cuando el asegurador haya
conocido oportunamente la modificación y consentido en ella»,
puesto que el «conocimiento oportuno» se refiere a que el
asegurador estuviera al tanto del cambio de las condiciones así
la notificación no fuera en tiempo y, a pesar de ello, no encuentre
reparo a que conserve vigencia el seguro por la intrascendencia
del mismo.
Así mismo, se le confirió la calidad de «notificación oportuna»
a la que se hace «antes de la ocurrencia del siniestro», cuando está
solo acontece si se surte en la forma señalada en el segundo
inciso del citado artículo 1060, esto es, «con antelación no menor
de diez días a la fecha de la modificación del riesgo, si ésta
depende del arbitrio del asegurado o del tomador» o «dentro de los
diez días siguientes a aquel en que tengan conocimiento de ella» si
les es extraña, lo que no repercute en la «excepción a la
terminación del contrato
de seguro» sino en la posibilidad de
revocar el contrato o mantenerlo, ya sea en iguales términos o
bajo nuevas condiciones.
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Tal confusión entre los conceptos de «notificación oportuna»
y «conocimiento oportuno», el cual sí amerita ser anterior a la
ocurrencia de cualquier siniestro, condujo a un último desatino
al concluir que
(…) si la aseguradora debía aceptar -tacita o expresamente- las
modificaciones al riesgo para que no operara la sanción de terminación
del contrato bajo las pautas legales citadas, como aquí no ocurrió tal
aceptación, el asegurador tenía la facultad legal para terminar el
contrato porque es la sanción que se impone por la norma, que es
distinto a la revocación del contrato y reajuste de la prima, terminación
que tiene efectos retroactivos -ex tunc- al momento en que la agravación
del riesgo o su cambio de lugar ocurrieron y que podía decidirse por el
asegurador antes o después del siniestro, según la oportunidad en que
se dieran las circunstancias para adoptar su decisión sobre la
modificación del riesgo, que en este caso estuvo supeditada a la
información del cumplimiento de las recomendaciones por el
asegurado -negrita adrede-.
Si la «
terminación del contrato
de seguro» es consecuencia
directa del incumplimiento en el deber de informar
oportunamente la modificación del estado del riesgo, esto no
podía extenderse al incumplimiento de las garantías relacionadas
con hechos posteriores a la celebración del contrato y que
estarían vinculadas a las tratativas de las partes para mantener
el vínculo, las que están regidas por el artículo 1061 del Código
de Comercio, así su insatisfacción conduzca a que se dé por
«terminado desde el momento de la infracción», lo que denota que
se refiere a situaciones completamente diferenciadas y que no
podían ser tratadas bajo un mismo racero, como se llamó la
atención en CSJ SC 28 feb. 2007, rad. 2000-00133-01, al
expresar que
(…) corresponde ahora ocuparse del segundo de los temas planteados
expresamente en la sentencia, relativo a la agravación del riesgo y la
cláusula de garantía, los cuales fueron entremezclados por el Tribunal,
no obstante tratarse de materias que, pese a su vinculación, tienen su
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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propia arquitectura y autonomía, pues aunque esta última “tiene una
estrecha relación con las obligaciones que la ley o el contrato imponen
al asegurado de declarar o mantener el estado del riesgo (libro III, Título
V, artículos 881 y 883)..., a la vez difiere substancialmente de ellas en
cuanto a su esencia y a su contenido” , por lo menos con carácter
general y abstracto, esto es, prescindiendo por completo de un tipo
aseguraticio en particular, como se anticipó y al margen de la discusión
relativa a su real aplicación a todos los seguros de daños.
En efecto, sólo para escrutar algunas de sus divergencias teóricas y
preceptivas en el ámbito de los seguros terrestres, más concretamente
en la esfera de los citados seguros de daños, obsérvese, entre otras,
que:
a) Mientras que la ley establece, de manera global, que el tomador o el
asegurado, según el caso, están obligados a mantener el estado del
riesgo, exprésese o no en la póliza (art. 1060 C. de Co.), las cláusulas
de garantía, necesariamente, tienen en el seguro terrestre un origen
convencional o volitivo, más específicamente ex contractu, por lo que
debe aparecer clara “la intención inequívoca de otorgarla” y, en adición,
constar por escrito (art. 1061, ib. Vid: cas. civ. 30 de septiembre de
2002, Exp. 4799).
b) En la hipótesis del artículo 1060, ope legis, surge para aquellos el
deber inexorable de notificar al asegurador las circunstancias
imprevisibles que sobrevengan al contrato y agraven el riesgo
asegurado. Es decir, existe un deber ex lege de comunicar hechos que
inciden en la estructura y dinámica del riesgo previamente amparado.
En el caso del artículo 1061, en lo que respecta a su origen o fuente, al
mismo tiempo que a su teleología, la prestación es enteramente
diferente, puesto que la garantía constituye una promesa de conducta
(hacer o no hacer), o de afirmación o negación que otorga el tomador o
asegurado en relación con la existencia de un determinado hecho, lo
que supone, invariablemente, una declaración ex voluntate y, por ende,
de claro contenido negocial, la que en tal virtud no se puede inferir o
presumir, menos si se tiene en cuenta las drásticas secuelas derivadas
de su inobservancia o quebrantamiento. Ello explica que sea menester
que aflore o se evidencie “…la intención inequívoca de otorgarla”.
c) Al paso que en el deber de mantener el estado del riesgo, la noticia
al asegurador únicamente se impone cuando ocurren hechos o
circunstancias que, además de imprevisibles y sobrevinientes, lo
agravan o varían su identidad local, en tratándose de la cláusula de
garantía no interesa si ella, en estrictez, es o no sustancial respecto del
riesgo –rectamente entendido este aspecto-, pues, sea lo uno o lo otro,
debe cumplirse a cabalidad, o sea estricta y suficientemente, y, en
adición “la norma no condiciona la configuración del incumplimiento de
la garantía -ni in integrum, ni in partis-, al incremento en la probabilidad
de ocurrencia del siniestro.” (cas. civ. de 30 de septiembre de 2002;
Exp.4799);
d) La modificación del riesgo por agravación, obviamente cuando resulte
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aplicable a determinado tipo aseguraticio, da lugar a que el asegurador,
oportunamente enterado de ello, tenga el derecho a revocar el contrato
o a exigir el reajuste de la prima (inciso 3°, art. 1060 C. de Co.); por el
contrario, si la garantía no se cumple de manera precisa y rigurosa, el
seguro puede ser anulado y, en determinados casos, terminado,
conforme lo impera la ley mercantil, que es la encargada de disciplinar
estas dos hipótesis, de suyo divergentes.
e) La falta de notificación tempestiva de las circunstancias que agravan
el riesgo, ministerio legis, provoca la
terminación del contrato
de seguro
y, si hubo mala fe, da derecho al asegurador a retener la prima no
devengada (inc. 4, art. 1060, ib.); pero si se trata de violación de una
cláusula de garantía, la terminación únicamente tiene lugar cuando ella
se refiera a un hecho posterior a la celebración del contrato, y por el sólo
hecho de la infracción, sin parar mientes en la buena o mala fe con que
hubiere obrado el asegurado, en la medida que su examen y
procedencia es objetiva.
f) No todas las agravaciones, per se, están llamadas a desencadenar
efectos indeseados o lesivos, en razón de que es posible que
materialmente existan, pero que desde una perspectiva jurídica no se
tornen trascendentes. De ahí que se aluda a agravaciones irrelevantes,
intrascendentes o simplemente inocuas, al paso que, por ley, las
garantías pueden ser sustanciales o insustanciales “respecto del
riesgo”, y no por ello se afecta su alcance, significado y secuelas (Vid:
cas. civ. 30 de septiembre de 2002, Exp. 4799).
Así las cosas, al amparo de las anteriores reflexiones, no resultó
afortunado el entroncamiento que hizo el Tribunal entre los dos
conceptos e institutos en mención, pues aunque el régimen de la
agravación y el de la garantía atañen –de una u otra forma- al riesgo
asegurable, como elemento esencial del contrato de seguro (art. 1045
C. de Co.), guardan prudente distancia en cuanto a su naturaleza,
origen, finalidad y efectos, como ya se acotó al delinear, grosso modo,
algunas de sus estructurales y funcionales diferencias.
Como se dejó evidenciado fueron varios los desvíos
hermenéuticos del Tribunal respecto del artículo 1060 del Código
de Comercio, como principal norma rectora del caso, ya que sin
ahondar en su escudriñamiento dedujo que el precepto no fija un
plazo para que el asegurador se pronuncie sobre la notificación
oportuna de las modificaciones al estado del riesgo, como si
quedara simplemente a su entera voluntad decidir cuándo ejerce
las opciones con que cuenta, entre ellas la revocatoria o el
incremento de la prima, lo que deriva en una clara desventaja
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frente a la parte débil de la relación y riñe con una interpretación
del texto ajustada a la naturaleza del vínculo que regula.
Tal despropósito derivó en un trato inequitativo donde debe
imperar la igualdad de los contratantes, toda vez que el término
de diez (10) días de preaviso de que habla la norma, frente a las
alteraciones de las condiciones en el estado del riesgo que
dependan de la voluntad del tomador o asegurado, debe verse
como un lapso suficiente para escudriñar y decidir por el
asegurador: (i) si es posible continuar con la relación en los
términos inicialmente convenidos, (ii) si se amerita algún ajuste
o (iii) no es posible seguir asumiendo el riesgo y, por ende,
procede la revocatoria.
A eso le aunó desconocer la trascendencia del
comportamiento de las partes para atemperar la terminación del
contrato de seguro ante el incumplimiento del deber de
información por el «tomador o asegurado», amén de que trató
aquella figura en clara mixtura con la potestad de revocación del
asegurador, como si ambas constituyeran una misma
consecuencia adversa con idénticas repercusiones, confundiendo
la «notificación oportuna» por el «tomador o asegurado» de los
cambios en el estado del riesgo y el momento en que debe
hacerse, con el «conocimiento oportuno» del asegurador de tales
circunstancias.
Finalizaron los desaciertos interpretativos de la estipulación
al vincularla, sin ton ni son, con la desatención de las garantías
de que trata el subsiguiente artículo de la compilación mercantil,
pasando por alto las particularidades e implicaciones que las
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tornan disímiles.
Tales desfases, que desdibujaban completamente el
escenario a tomar en cuenta para establecer la forma como se
desenvolvió el contrato de seguro de daños que dio lugar a la
acción, incidieron en el trato desigual de las partes involucradas
al entrar a sopesar los medios de convicción recaudados, como
se pasa a analizar a continuación.
6.- Conjeturas demostrativas del Tribunal.
En el fallo confutado al entrar a sopesar las pruebas, luego
de dar por sentada la existencia del «contrato de seguros -Póliza
multiriesgo empresarial No 1540-2151076-01» se tuvo por
acreditado:
- Los avisos que hizo Techcolombia del traslado de los
bienes asegurados, inicialmente el 28 de julio de 2016 de una
dirección en Bogotá a la calle 13 A No 47-15 en Cali, el cual se
materializó el «30 de julio siguiente», y el otro el 17 de agosto
postrero, data en que se movieron dentro de dicha ciudad a la
calle 50 Norte No 5N-103 barrio La Flora.
- La visita que hizo el inspector de riesgo de la aseguradora
el «22 de agosto de 2016» al inmueble ubicado en la última
dirección, «para evaluación del riesgo», precisando que esta no se
llevó a cabo el 19 previo como indicaron algunos testigos, porque
esa fecha que consta en el «informe de evaluación de riesgos» es
la de solicitud del servicio por la aseguradora, que ni siquiera
recibió la asegurada y donde figuran como conclusiones que
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(..) no se ha realizado revisión de estado actual de cubiertas y bajantes
(..) no posee extintores (..) Se realizan las siguientes observaciones
(garantías) para que sean ejecutadas para verificación posterior en
nueva visita y considerar la cobertura (..) Se debe realizar una revisión
general del estado actual de la cubierta y bajantes (…) -negrita fuera
de texto-.
- Las «recomendaciones verbales» -se resalta- que en esa
inspección se le hicieron a Techcolombia para la «compra de
extintores, instalación de cámaras, etc., y revisión del techo del
inmueble».
- La ocurrencia del «siniestro» el 28 de octubre próximo, que
reportó telefónicamente la representante legal de la afectada y
«luego mediante correo de fecha 1º de noviembre de 2016, y que el
mismo día del siniestro este fue verificado por el asegurador».
- La «verificación del cumplimiento de las recomendaciones
verbales» en la segunda ocasión en que se presentó «el inspector
Sarria el 17 de noviembre de 2016 (…) con posterioridad al
siniestro», en cuyo «Informe de Evaluación de Riesgos» indicó
como «observaciones adicionales» que era necesario «realizar un
diagnóstico del estado actual de la cubierta y bajantes (...) De lo
contrario, se deben hacer las reparaciones pertinentes. (La revisión
y mantenimiento se efectuó por parte de la inmobiliaria y
posteriormente se presentó el siniestro (...)» y conceptuando un
«Nivel de asegurabilidad: No asegurable».
- La objeción a la reclamación el 23 de noviembre de 2016,
puesto «que el presente evento no se encuentra amparado por la
póliza de la referencia, toda vez que para la fecha de ocurrencia
del evento, la dirección del riesgo asegurado es la carrera 8 #
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167D-62 apto 17-08, en Bogotá (..) y los hechos ocurrieron en la
avenida 5 BN # 20N-52 oficina 111, Barrio Versalles en la ciudad
de Cali».
- El envío de «carta de diciembre 13 de 2016» por medio de
la cual la aseguradora comunicó a la promotora que «su solicitud
de modificación del riesgo (por traslado de dirección y ciudad) no
fue aceptada, le confirmamos que su contrato esta cancelado
desde la misma fecha del traslado, 07 de septiembre de 2016 (..)».
- El interés de la contradictora de que continuara vigente el
contrato
(…) si se hacían por el asegurado las adecuaciones técnicas para
asumir el riesgo en las nuevas condiciones generadas por el cambio de
su ubicación, siendo esa la razón por la que se ordenaran y practicaran
las visitas al inmueble y se continuara con el cobro de las primas, pero
como el estudio de riesgo arrojó que no era asegurable y hubo el
traslado, la aseguradora dio por terminado el contrato.
Partiendo de tales precisiones dedujo el ad quem que «la
notificación de la variación del lugar y la agravación del riesgo se
hizo sin la antelación de los 10 días a que refiere el artículo 1060
del C de Co», a pesar de lo cual «se buscó preservar la vigencia del
contrato mientras la aseguradora ejercía o no su opción de
terminación, -se llama la atención- según se cumplieran o no con
las recomendaciones verbales realizadas al asegurado para
asumir el riesgo, transcurso del tiempo durante el cual ocurrió el
siniestro objetado.
Adicionalmente, le dio la razón al a quo en el sentido de que
la objeción a la reclamación era seria y fundada, bajo el entendido
de que el evento aconteció en una ciudad diferente a aquella que
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figuraba individualizado localmente el riesgo en la póliza, puesto
que
(…) lo que no está demostrado es que el asegurado haya cumplido con
su carga de información de transmitir a la aseguradora el cumplimiento
de las recomendaciones verbales que aquella había dado a través de
su inspector de riesgos para asumirlo en las nuevas condiciones que
implicó su traslado, de un lugar donde estaba individualizado a otro en
diferente ciudad y en circunstancias distintas a las que dieron lugar a
las garantías pactadas en la ciudad de Bogotá, carga que es
antecedente a la carga de comprobación que tiene la aseguradora para
verificar tal cumplimiento.
A lo que se suma la falta de comprobación del
(...) consentimiento expreso o tácito del asegurador a la modificación del
estado del riesgo, supuesto necesario para inaplicar la sanción de
terminación del contrato
de seguro cuando la notificación de la
modificación del estado de riesgo la hace el asegurado a la aseguradora
sin la antelación de los 10 días -artículo 1060 C de Co- pero
“oportunamente”, entendiendo como oportuna en los términos que
indica el citado tratadista Efrén Ossa en su obra, que haya sido
realizada antes del siniestro.
Para llegar a tales elucubraciones realizó el siguiente
ejercicio valorativo
(…) si bien la aseguradora antes de la ocurrencia del siniestro -octubre
de 2016- fue informada del traslado y la agravación del estado del
riesgo -28 de julio y el 17 de agosto de 2016-, no aceptó tales
modificaciones, al contrario, decidió la visita para inspeccionar las
nuevas condiciones del riesgo y determinar si lo asumía, ocurrido el
siniestro lo objetó, situación que igualmente denota su no aceptación de
la modificación del riesgo, y luego del siniestro procedió a verificar el
cumplimiento de las recomendaciones verbales que se le hicieron al
asegurado, concluyéndose la no asegurabilidad del riesgo y procedió a
notificar la “cancelación “del contrato de seguro, precisamente porque
la modificación del riesgo (por traslado de dirección y ciudad) no fue
aceptada (...).
(…)
Quien incumplió el contrato de seguro fue el asegurado al desacatar su
carga de información a la aseguradora sobre el cumplimiento de las
recomendaciones verbales exigidas por esta para asumir el riesgo en
las nuevas condiciones, al realizar una defectuosa notificación a la
aseguradora de la agravación del estado del riesgo y no acreditar la
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aceptación tácita o expresa de la aseguradora a la modificación como
lo exige el artículo 1060-4 del C de Co, lo que da lugar a la terminación
automática de contrato con efectos ex tunc -retroactivo- al momento en
que tales modificaciones al estado del riesgo se hicieron efectivas.
Bajo esos postulados procedió a desestimar los reparos de
la apelante, agregando que no se encontró «prueba del
cumplimiento de todas las recomendaciones verbales realizadas
por el inspector al asegurado en su primera visita» e insistiendo en
la falta de «aceptación tácita o expresa de la modificación por parte
de la aseguradora» como se extrae de «la orden y práctica de
visitas de inspección al riesgo y de elaboración de informes de
valoración del riesgo por inspector, las recomendaciones de este al
asegurado para que la aseguradora determine si asume o no el
riego, la objeción al reclamo y la carta de terminación», sin que el
cobro de la prima implicara «una aceptación ni tácita ni expresa a
la modificación del riesgo, más aún cuando se hace bajo las pautas
del contrato», de allí que para el caso
(…) el asegurador tenía la facultad legal para terminar el
contrato porque es la sanción que se impone por la norma, que es
distinto a la revocación del contrato y reajuste de la prima, terminación
que tiene efectos retroactivos -ex tunc- al momento en que la agravación
del riesgo o su cambio de lugar ocurrieron y que podía decidirse por el
asegurador antes o después del siniestro, según la oportunidad en que
se dieran las circunstancias para adoptar su decisión sobre la
modificación del riesgo, que en este caso estuvo supeditada a la
información del cumplimiento de las recomendaciones por el asegurado.
También le restó peso a la inconsistencia en la carta de 13
de diciembre de 2016 donde se adujo que la fecha de terminación
del contrato operó el 7 de septiembre de 2016 y no el 30 de julio
de 2016 cuando se agravó el riesgo, ya que «existe claridad en la
razón de la terminación», fuera de que es irrelevante
(…) que tal terminación se haya comunicado por la aseguradora al
asegurado el 13 de diciembre de 2016 pues la carga de información
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para el tomador asegurado con el asegurador no se agota con el aviso
de la agravación del riesgo, esa carga dice la Corte en providencia
citada, es transversal durante todo el contrato de seguro, por lo que
debía noticiar igualmente sobre el cumplimiento de las
recomendaciones verbales que le hizo el inspector de riesgo,
antecedente necesario para que la aseguradora cumpliera con su carga
de confirmación y procediera a corroborar o verificar tal cumplimiento
para decidir si asumía el riesgo en las nuevas condiciones, y como esto
solo pudo hacerlo la entidad posterior al siniestro el 17 de noviembre
de 2016, cuando el inspector Sarria realizó la segunda visita y elaboró
su informe concluyendo la no asegurabilidad, esto explica que la carta
de terminación fuere del 13 de diciembre siguiente, pasado un mes de
la verificación y unos días luego de la objeción a la reclamación que es
del 23 de noviembre.
Incluso le mermó importancia a «la contratación de la póliza
de transporte de las mercancías de Bogotá a Cali con la misma
aseguradora, por tratarse de una póliza distinta a la multirriesgo»,
de ahí que resultaba inaceptable «amalgamarlas para generar
una carga de información de una póliza para con la otra por parte
de la aseguradora al asegurado, aunque este fuere común».
En cuanto a la «conducta desidiosa y de mala fe» de la
opositora que generó a la asegurada «el convencimiento de contar
con cobertura y luego fue contra sus propios actos», se desvirtuó
«porque quedó demostrado que otorgó información suficiente,
oportuna, clara y completa sobre amparos, coberturas, exclusiones
garantías y en general las condiciones contractuales según consta
en la póliza y los anexos», comportamiento que se mantuvo
«durante la ejecución del contrato ajustada como estuvo a lo
pactado y a la norma -artículo 1060 CGP», sin que resultara
aplicable
(…) la teoría de los actos propios- venire contra factum proprium non
valet- porque no observa incoherencia entre el comportamiento inicial
del asegurador al asumir el riesgo en las condiciones iniciales, el
comportamiento que tuvo al conocer del cambio de lugar y la agravación
del riesgo, y su conducta al objetar la reclamación del riesgo y terminar
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el contrato, pues tanto para asumir el riesgo inicial como para estudiar
la asunción del riesgo luego de la modificación local y su agravación,
exigió el cumplimiento de unas garantías y recomendaciones por parte
del asegurador, de modo que no resulta válida la expectativa del
asegurado de creer que el contrato continuaría indefinidamente en las
mismas condiciones iniciales hasta que el asegurador concurriera
buenamente a verificar la realización de las recomendaciones dadas
por el inspector para determinar la asunción del nuevo riesgo, olvidando
que tenía la carga de informarlas para que aquél procediera a
constatarlas.
Y tampoco podía desconocer el asegurado que según el contrato y la
norma imperativa -art. 1060 C de Co- por el defecto en que incurrió al
notificar la agravación del estado del riesgo al no realizarla con la
antelación requerida, la aseguradora podía terminar el contrato si no
aceptaba expresa o tácitamente la modificación, y según anotamos,
esta aceptación no se dio porque el asegurado no acató su carga de
informarle al asegurador sobre el cumplimiento de las
recomendaciones, de modo que si la aplicación de la teoría de los actos
propios exige una conducta del asegurador que le genere confianza
legítima al asegurado de que los bienes estaban asegurados
indefinidamente sin consideración a la agravación del riesgo y las
recomendaciones, este supuesto no se cumple aquí porque tal confianza
no la podía tener el asegurado en las circunstancias anotadas.-
7.- Equivocaciones manifiestas del fallador de segundo
grado por errores de hecho al valorar las pruebas.
Todas las apreciaciones sobre lo demostrado en el pleito y
sus implicaciones para resolverlo, estuvieron atadas a la
exposición teórica sobre los alcances del artículo 1060 del Código
de Comercio, de ahí que los desfases en que incurrió el Tribunal
en dicho proceso, tal cual quedaron evidenciados, redundaron en
estimar que la
terminación del contrato
de seguro derivada de la
notificación inoportuna de la modificación del estado del riesgo,
más que una consecuencia adversa por el incumplimiento del
deber de informar del tomador o asegurado, se constituía en un
beneficio para la aseguradora que podía ejercer como una opción
en cualquier momento, así hubiera dado señas de que pasaba
por alto el enteramiento intempestivo y estimaba viable conservar
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la relación en los términos inicialmente convenidos.
No existe discusión ni reparos frente a la expedición de la
«póliza de multiriesgo empresarial» número 1540-2151076-01,
tomada por Techcolombia SAS, quien a su vez era asegurada y
beneficiaria, para una vigencia de 365 días contados a partir del
19 de junio de 2016 y un valor asegurado en la cobertura de
«mercancías fijas» por $700’000.000, que estuvieran localizadas
«dentro de los predios asegurados» y dirección de riesgo
inicialmente anunciada en la «KR 8 # 167 D – 62, 17-24 BG, ED
MIRAMOUNT BRR USAQUEN» en Bogotá, aunque en las
«cláusulas de garantía» y para «los efectos y con el alcance del
artículo 1061 del Código de Comercio», se precisa que es el
apartamento 1708 de la misma nomenclatura14.
La discrepancia surge de las consecuencias derivadas del
cambio del lugar de localización de las mercancías aseguradas en
vigencia del convenio, puesto que el ad quem se ciñó a lo que
dedujo de las reglas derivadas del artículo 1060 del Código de
Comercio, en vista de la coincidencia de dicho precepto con lo
estipulado en la «condición décima novena» del clausulado
general, referido a la «conservación del estado del riesgo y
notificación de cambios».
A pesar de que no se discute el contenido de la prueba
documental y las comunicaciones por correos electrónicos
cruzados entre las partes, si aparecen contraevidentes las
consecuencias que se derivaron de las mismas para efecto de
14 Conforme consta en copia de la misma obrante a folios 12 a 25 del cno. principal.
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desatar la litis, a pesar de la coincidencia en que la información
a la aseguradora del traslado de la mercancía que hizo la
tomadora y asegurada a la calle 50 Norte No 5N-103 barrio La
Flora se materializó en la misma fecha, esto es el 17 de agosto de
2016.
Independientemente de lo intempestivo de dicho
enteramiento y pasando por alto que en la póliza se convino
expresamente como una de las condiciones particulares que «la
presente póliza ampara automáticamente los nuevos predios
que el asegurado adquiera en calidad de compra o arriendo
durante la vigencia de este seguro» -se resalta- con la carga
de que «el asegurado se obliga a avisar por escrito a la Compañía
sobre la ocurrencia de tales circunstancias en el término de treinta
(30) días siguientes a la ocurrencia del hecho y a pagar la prima
original que se origine» y la prevención de que «el amparo otorgado
por esta cláusula, cesará a partir de los treinta (30) días
estipulados si no se ha dado el aviso correspondiente»15, lo que
podría llevar a cuestionar que fuera extemporáneo, lo cierto es
que se desentendió el proveído de segundo grado tanto del
proceder de la opositora como de sus omisiones, lo que incidía en
la vigencia del contrato para la época en que aconteció el
siniestro, amén de exigir un comportamiento a la gestora que no
tenía amparo legal ni contractual para justificar la objeción que
se le hizo a su reclamación.
Bastaba con una minuciosa lectura del interrogatorio de
15 Así figura en la reproducción allegada por la promotora a fl 17 cno. ppal, así
como la de la contradictora a fl. 143 id.
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parte rendido por vocera autorizada de la contradictora16, para
constatar un actuar de la aseguradora arbitrario y ajeno a las
buenas prácticas en el campo profesional que se desempeña,
puesto que trató de justificar a ultranza la ausencia de «interés
asegurable», bajo un criterio personal y alejado del
desenvolvimiento contractual manifiesto a fin de predicar de
forma tardía la «inexistencia de contrato», a pesar de admitir que
se siguieron cobrando las primas causadas con posterioridad a
la movilización de las mercancías a un sitio en ciudad diferente a
la consignada en la póliza, a sabiendas de que eso había
acontecido y existiendo siempre el propósito de que continuara la
relación. Así mismo, fue enfática la absolvente en que la
terminación no derivó de la terminación a la luz del artículo 1060
del Código de Comercio, sino que fue una consecuencia del
incumplimiento de garantías dentro de los límites del artículo
1061 ibidem.
Es así como al ser cuestionada en términos generales sobre
el procedimiento adelantado por la empresa «una vez un cliente
asegurado le informa la modificación del estado del riesgo
amparado», entremezcló en su extensa respuesta el deber ser con
lo acontecido en esta oportunidad, para tratar de justificar su
incuria, sin lograrlo, al precisar que
(…) para claridad del despacho, el contrato de seguros tiene cuatro
elementos, uno de los elementos es el interés asegurable, el riesgo
asegurable, la prima y la obligación condicional del asegurador,
conforme al artículo 1045 del Código de Comercio. ¿Qué sucede en
este caso? En este caso es una póliza multi riesgos y en las
16 Si bien se le tuvo como representante legal por la funcionaria a quo, dicha
profesional actuó en su calidad de apoderada especial con facultad para absolver
interrogatorio de parte, según se extracta del párrafo final de la página 5 del certificado de
la Cámara de Comercio allegado con el memorial de sustitución (fl. 414 cno. ppal.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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pólizas multi riesgos como esta y la que reposan el despacho
existe una cláusula de garantías conforme al artículo 1061 del
Código de Comercio. ¿Por qué existe esa cláusula de garantías?,
porque las garantías son las que le van a permitir a la compañía saber
cuál es el estado de riesgo. Okey. De acuerdo al estado de riesgo o de
acuerdo a la evaluación que hace la compañía del riesgo, la compañía
acepta si asume o no asume ese elemento el riesgo, ya, como tal. En
este caso qué es lo que pasa, el asegurado nos está informando mire
cambió mi estado de riesgo, ya cambió mi estado y no solamente cambió
el estado de riesgo, cambió para mí el interés asegurable como elemento
esencial del contrato de seguros. ¿Por qué? Porque si usted observa su
señoría la póliza, la póliza expresa detalladamente en su carátula que
el riesgo uno es el de un inmueble o está ubicada esa esa fábrica o esa
esa empresa en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y expresa la dirección.
Cuando ellos nos envían la misiva no solamente está cambiando el
riesgo, está cambiando también el interés asegurable del asegurado.
¿Qué es lo que hace la compañía?, por eso es que el código da
10 días para que uno como compañía así se indique si asume o
no ese nuevo riesgo porque ese es mi derecho como Compañía de
Seguros. Entonces si la compañía asume o no el riesgo y el riesgo está
variando y yo, de acuerdo al artículo 1056, como compañía tengo la
facultad de asumir o no un riesgo, entonces qué hace la compañía ah
bueno usted me está diciendo que hay un nuevo riesgo, es un nuevo
riesgo, son riesgos muy altos que voy a asumir yo como compañía de
seguros, entonces qué se hace y usted lo puede ver dentro de los correos
aportados, que lo que se le dice al asegurado o a la persona que lo
delega que por favor indique cuál es la dirección del riesgo, que informe
cuál es la dirección, porque inicialmente se informó una dirección en la
ciudad de Santiago de Cali y después informó otra, una en el barrio en
el sur otra en Versalles. Entonces qué hace, para qué hace esto la
compañía, porque necesitamos que vaya quien, que vaya al ingeniero a
determinar cómo están las condiciones de ese riesgo, qué condiciones,
pues cuál es la, o sea, cómo es la bodega, cómo se van a o cómo se van
a almacenar esos elementos, esa maquinaria. Nosotros como compañía
tenemos que saberlo para saber si lo vamos a asegurar o no y nos están
diciendo que ya la bodega no queda en Bogotá, sino que queda en
Santiago de Cali. ¿Qué hace la compañía?, le programa una
visita, una visita para qué, pues para saber si ese nuevo riesgo
lo vamos a asumir porque como le digo, para mí incluso aquí
hay una falta de interés asegurable, por qué, porque el interés
asegurable de la póliza específicamente está determinado en el
inmueble que queda o aparece como riesgo uno en la ciudad de
Santa Fe de Bogotá. Entonces, se le programa la visita, qué hace
en la visita el ingeniero, el ingeniero empieza a revisar cómo
están las mercancías, que, que cómo está la seguridad, si el
inmueble está apto para el almacenamiento de ese tipo de
mercancías y en esa evaluación técnica le da la información a
la compañía de seguros, a los técnicos de la compañía de
seguros.¿ Qué hace el técnico? el técnico le dice bueno de
acuerdo a la evaluación que me ha hecho y de acuerdo a lo que
me dice el mismo ingeniero, necesitamos que se mejoren
determinadas cosas. Incluso allá le dicen a él que necesita
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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colocar unas alarmas, bueno etcétera, ya, para poder que la
compañía asuma esos riesgos, ya, se lo explica. Y posteriormente
se programa una nueva visita de revisión, para saber si esas
garantías efectivamente van a ser cumplidas, porque las
garantías deben ser cumplidas de manera estricta conforme a
lo dice el artículo 1061, sean sustanciales o no al riesgo.
Entonces, cuando ya se han cumplido esas garantías entonces la
compañía le dice: Ah bueno, o sea, lo que debería de haberle dicho, es
bueno listo está es asegurado, es asegurable asumimos el riesgo, pero
en este caso, cuando se hace la segunda visita, se encuentra de que no
se han cumplido con esas garantías. Incluso se les hace salvedades
acerca de la cubierta y el techo, en las visitas anteriores17.
A pesar del esfuerzo para no comprometer a su
representada, del dicho se extrae el efecto contario puesto que
aceptó que en esta oportunidad las circunstancias que rodearon
el aviso de cambio de ubicación de los elementos asegurados se
tornaron irrelevantes, permitiendo que con posterioridad al
mismo siguiera surtiendo efectos la póliza en la forma
inicialmente convenida, de ahí que quedó superado lo
intempestivo de la notificación dentro de los confines del artículo
1060 del Código de Comercio y lo que hizo finalmente fue dar
aplicación a la «terminación» por no brindar las garantías
«verbales» al tenor del subsiguiente 1061.
En otras palabras, con el comportamiento de la opositora se
dieron las condiciones previstas en el inciso final del primer
precepto para inaplicar la terminación por notificación
inoportuna y, en defecto, entrar a sopesar la viabilidad de
continuar asumiendo el riesgo con los cambios operados en la
forma prevista en los dos incisos iniciales, de ahí que admitiera
que «el código da 10 días para que uno como compañía (…) indique
si asume o no ese nuevo riesgo», sin que eso conllevara la
17 Diligencia de interrogatorio practicada en audiencia de 23 de octubre de 2019,
min 09:38:45 a 09:44:08.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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terminación del vínculo primigenio y el estudio de la posibilidad
de expedir una nueva póliza, toda vez que, como manifestó al ser
inquirida si se siguió cobrando y recibiendo el pago de la prima a
sabiendas de lo anterior, bajo el entendido de que «continuaron
con el pago de la prima y la compañía tal vez siguió recibiendo la
prima porque lo que se quería era prolongar el contrato de
seguro o seguirlo haciendo vigente»18.
Es tan claro el proceder en esos términos que ninguna
manifestación se hizo sobre la «terminación» derivada del cambio
arbitrario de localización de las mercancías aseguradas, optando
por fijar una visita a las nuevas instalaciones a los pocos días del
traslado, con el fin de constatar las condiciones del sitio, lo que
encomendó a un profesional que hacía parte de la misma firma,
según lo advirtió con sorpresa la absolvente cuando se le puso de
presente el informe de riesgo obrante en el expediente y que había
allegado con la contestación, para que precisara por qué no tenía
fecha, a lo que expresó que
[p]ues básicamente su señoría, esto pudo haber sido pues un error por
parte de la persona que, que, o sea, ya esto queda a discreción del
outsourcing que nosotros hemos contratado, de la persona bueno, esto
no es un outsourcing, este es un ingeniero de parte de nosotros,
ya, sea tal vez dentro de este informe, porque estos de todas maneras
pues son informes internos dentro de la compañía, que pues no
le colocó él, él, la fecha de la visita nosotros tenemos dentro de
los correos cruzados que fueron el 19 de agosto y que otra se hizo
antes de, a principios de septiembre (…)19.
Es más, aunque el Tribunal advirtió que de dicho informe
«no conoció la asegurada porque no le fue entregado según
18 Id. 12. min 09:57:25 a 09:57:43.
19 Id. 12. min 09:47:29 a 09:48:11.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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declaran Britto, Avila y Muñoz»20, pasó por alto las secuelas que
tal omisión derivaba y, por el contrario, le dio efecto adverso al
hecho de que «Techcolombia no dio aviso a la aseguradora del
cumplimiento de las recomendaciones verbales dadas por el
inspector de riesgo en la primera visita»21, a pesar de que debían
hacérselas por escrito y así lo sabía la aseguradora a la luz de lo
expuesto en el aparte inicialmente transcrito del interrogatorio
absuelto en el sentido que luego de la visita del ingeniero «en esa
evaluación técnica le da la información a la compañía de seguros,
a los técnicos de la compañía de seguros. Qué hace el técnico el
técnico le dice bueno de acuerdo a la evaluación que me ha hecho
y de acuerdo a lo que me dice el mismo ingeniero, necesitamos que
se mejoren determinadas cosas».
La anterior exposición refleja que la demandada, a
sabiendas del procedimiento a impartir frente a la comunicación
de los cambios en el estado del riesgo, lo incumplió abiertamente
y sin sonrojo, haciéndole creer a la asegurada que la relación de
seguro de la póliza multi-riesgo empresarial número 1540-
2151076-01 seguía vigente en el tiempo, en los términos
originarios, mientras no le hiciera saber lo contrario de forma
debidamente fundamentada y oportuna, ya fuera pidiéndole por
escrito el cumplimiento de garantías adicionales necesarias para
mantener el vínculo, solicitar el reajuste de la prima o, en defecto
de las anteriores, negándose a asumir las nuevas circunstancias
con la consecuente revocatoria vencidos los diez días del
«preaviso», que entendió surtido satisfactoriamente al renunciar
20 Así consta en la página 11 del fallo, en el aparte de las consideraciones relativo
a lo que acreditó con las pruebas recaudadas, pdf 032 cno. 2ª instancia.
21 Id 15 pág. 12.
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a la terminación del artículo 1060 del estatuto mercantil.
En contravía de sus compromisos negociales y a pesar de
contar con el informe rendido por el ingeniero a su servicio, la
asegurada optó por guardar silencio, asintiendo así a la solicitud
de la tomadora y asegurada de amparar el nuevo estado del riesgo
con la póliza que venía en ejecución, con lo que le restaba peso a
las advertencias de dicho profesional sobre los ajustes que, a
pesar del concepto de «no asegurable», no fueron puestos en
conocimiento en debida forma, esto es, por escrito que elaborara
el «técnico», exigiendo las garantías complementarias a atender,
para así poder dar aplicación al artículo 1061 del Código de
Comercio.
Tal omisión no se exculpaba por el hecho de que en la
primera visita se le hicieran previsiones a la gestora, que por
demás atendió la asegurada según dedujo el Colegiado de
segundo grado al concluir que «Techcolombia no dio aviso a la
aseguradora del cumplimiento de las recomendaciones verbales
dadas por el inspector de riesgo en la primera visita», a pesar de
que «a la pregunta de la existencia de un reporte a la aseguradora
al respecto, el testigo Jacinto Avila haya respondido No recuerdo,
no salió un reporte de mi parte, pero se de las acciones y
compras que se hicieron para cumplirlos pero no hay
documento de que haya sido enviado a la aseguradora» -se
resalta-22, si se tiene en cuenta que el precepto en cita exige que
la «garantía deberá constar en la póliza o en los documentos
accesorios a ella».
22 Lo que figura en la pág. 12 del fallo, id. 15.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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Frente al comportamiento diligente de la asegurada, al
realizar las adecuaciones sugeridas «verbalmente» por quien
realizó la visita y sin que se le hubieran exigido por escrito, como
era lo indicado, el Tribunal le confirió una carga adicional de
notificación a la promotora que no estaba acorde con el precepto
en el que se centró la terminación del vínculo, puesto que se
alejaba de los parámetros de tal finiquito por incumplimiento del
deber de información a la luz del artículo 1060 ejusdem, que
como se resaltó con prelación había declinado la demandada.
La informalidad de los reparos parciales a las condiciones
del inmueble en la ciudad de Cali, advertidas en la visita inicial,
fue admitida sin tapujos por la aseguradora al atender los
requerimientos de la funcionaria a quo en los siguientes apartes
del interrogatorio
[PREGUNTADA] ¿Sírvase decirnos si el día 7 de septiembre que la
compañía dice haber dado por terminado el contrato de seguro ustedes
enviaron comunicación a la asegurada? [CONTESTÓ] Comunicación a
la asegurada indicándole, de acuerdo a lo que yo tengo en mi poder o
de acuerdo a lo que figura en el expediente, no figura que se haya
comunicado eso a la asegurada. Sé que el ajusta (sic), que el ingeniero
que fue a realizar la segunda visita y la primera visita le dejó claro
de manera verbal que no había seguro o de que el riesgo era no
asegurable, como lo dice el informe, por la falta de garantías, que
deberían de mejorar y debían de tener esas condiciones de ese espacio
donde se encontraba esa empresa para poder que existiera la
cobertura. [PREGUNTADA] ¿Entonces sí el riesgo era no asegurable,
entonces para que ustedes hicieron las recomendaciones? [CONTESTÓ]
Porque la idea era hacer el riesgo asegurable, o sea esto de todas
maneras es un negocio, entonces la idea era cual, continuar con el
riesgo o sea continuar con ese, o sea la, o sea la idea de una
visita cuál es, pues que yo le voy a inspeccionar, porque la idea
mía como comerciante porque el seguro de todas maneras pues
es una actividad comercial y es un negocio, pues la idea es que
yo vaya le hago su visita para mirar cómo están las condiciones
del riesgo, ya. Entonces, qué es lo, o sea de una vez no le puedo decir,
o sea, no, por qué, porque yo no sé con qué me voy a encontrar, ya,
entonces precisamente por eso se hacen esas visitas. [PREGUNTADA]
¿Sírvase decirnos si la aseguradora constató, en la supuesta segunda
visita que hicieron, que la parte, la asegurada hubiera cumplido con las
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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recomendaciones que ustedes hicieron? [CONTESTÓ] Pues
básicamente recuerdo, ahora, que la fecha de esa Segunda visita fue
más o menos entre, en ese 7 de septiembre, que no se habían cumplido
las recomendaciones que se hicieron, por eso se parte de que en ese
momento después de la Segunda visita se da por terminado el contrato
de seguro. [PREGUNTADA] Sírvase decirnos, por qué si el contrato de
seguro se dio, si usted dice que la segunda visita se dio el 7 de
septiembre y que a partir de ese día se dio por terminado el contrato de
seguro con la demandante, por qué solamente se la comunican en el
año en diciembre del 2016, el 13 de diciembre del 2016. [CONTESTÓ]
La verdad yo también, o sea, hice la pregunta a la compañía y lo que
creo que sucedió, no sé, o sea, fue que verbalmente se lo dijeron,
aspirando a que se reformaran o que se hicieran esas reformas
para poder continuar con el contrato, ya, esa era la como la
aspiración que se tenía, ya. Entonces, por eso pues se está es como
instando a que se hagan las adecuaciones técnicas necesarias para
poder asumir el riesgo23.
Al no existir una comunicación clara, expresa y
contundente de la aseguradora, en el sentido de que debían
adelantarse obras en la última dirección reportada por la gestora
como lugar de depósito de las mercancías de su propiedad
cubiertas por la póliza, mucho menos podía esperar una
respuesta de Techcolombia, máxime cuando no la enteraron
adecuadamente que el riesgo se había estimado «no asegurable»
y contaba con pocos días hábiles para adecuar voluntariamente
las deficiencias señaladas por el inspector para evitar una
revocatoria, que de todas maneras no se produjo. Incluso en ese
mismo lapso la aseguradora pudo llevar a cabo una nueva visita,
de la cual prescindió, acorde con el deseo de «poder continuar con
el contrato» y «continuar con el riesgo», como si las observaciones
de su personal fueran irrelevantes o se diera por enterada de las
adecuaciones que pasó a hacer discrecionalmente la interesada.
Finalmente se desvió el ad quem al deducir que quien
23 Id. 12. min 09:52:35 a 09:55:59.
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«incumplió el contrato de seguro fue el asegurado al desacatar su
carga de información a la aseguradora sobre el cumplimiento de
las recomendaciones verbales exigidas por esta para asumir el
riesgo en las nuevas condiciones», todo por la defectuosa
notificación «de la agravación del estado del riesgo y no acreditar
la aceptación tácita o expresa de la aseguradora a la modificación
como lo exige el artículo 1060-4 del C de Co, lo que da lugar a la
terminación automática de contrato con efectos ex tunc -retroactivo-
al momento en que tales modificaciones al estado del riesgo se
hicieron efectivas»24, puesto que confundió dos situaciones
diferenciables y de distinto talante.
La sola programación de visita para constatar si el local era
adecuado denotaba un interés de la aseguradora de continuar
asumiendo el riesgo y eso se concretó posteriormente con su
silencio, a pesar de haber advertido uno de sus empleados
algunas deficiencias que dejó de informar por el canal regular a
la tomadora y asegurada, lo que sustraía la discusión de la
terminación abrupta del precepto invocado.
Superado lo anterior, lo que restaba hacer al Tribunal y
desatendió, era constatar si se daban los supuestos de la
«terminación» prevista en el subsiguiente artículo 1061, el cual
reiteradamente enarboló la contradictora al absolver el
interrogatorio de parte para justificar el comportamiento errante
y equívoco en la comunicación de 13 de diciembre de 2016 por la
cual informó a «Inversiones Tehc Colombia SAS» (sic) que «[e]n
razón a que su solicitud de modificación del riesgo (por traslado de
24 Según quedó sentado en las págs. 14 y 15 del fallo, id. 15.
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dirección y ciudad) no fue aceptada, le confirmamos que su
contrato esta cancelado desde la misma fecha del traslado, 07 de
septiembre de 2016»25, sin que existiera pábulo a sus
planteamientos,
A pesar de que en las condiciones generales de la póliza los
pactantes convinieron que «toda comunicación a que haya lugar
ente las partes por virtud de este contrato, se hará constar por
escrito, salvo el aviso de siniestro que puede efectuarse por
cualquier medio»26, la opositora se desentendió de tal compromiso
y lo desdibujó cuando, al atender la pregunta de la juez de primer
grado frente a la afirmación en la anterior comunicación de que
«la fecha de traslado de la mercancía se realizó el (…) 7 de
septiembre de 2016», centró la culminación del vínculo en que
(…) en la misiva lo que se dice no tanto es que la mercancía se trasladó,
sino que el 7 de septiembre se termina de manera automática el
contrato de seguro conforme a las pólizas de garantías del
artículo 1061. Ya. Quiero aclarar señora juez que nosotros o se
cruzaron unos Correos en el mes de julio y en el mes de agosto acerca
del traslado de la mercancía y lo que la compañía básicamente informa
en esa fecha es que hasta esa fecha, hasta septiembre 7, o a partir de
esa fecha es que se dio la terminación automática del contrato de
seguro conforme a el artículo 1061 del Código de Comercio27 (sic)
-negrita adrede-.
Si bien es manifiesta la contradicción entre dicha respuesta
y el contenido del escrito de «cancelación» a que se refiere, lo cierto
es que con ello esclareció lo que buscaba la aseguradora en medio
25 Documento obrante a folio 68 cno. ppal.
26 Condición vigésima (fl. 188) del documento aportado por la demandada con la
contestación y obrante a folios 157 a 188 cno. 1.
27 Id. 12. min 09:32:39 a 09:33:24.
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del desespero por justificar sus desatenciones, ya que dándole
alcance de «garantías» a los señalamientos «verbales» del
inspector en la primera vista del 21 de agosto de 201628, de los
cuales dejó constancia en el informe sin fecha en poder de la
aseguradora y de cuya elaboración ni siquiera se enteró a la
tomadora y asegurada, dedujo que incumplió el deber de
atenderlas pasados trece (13) días hábiles al citado 7 de
septiembre y sin que se hubiera constatado para ese momento
tal infracción, como se extrae de los siguientes apartes del
interrogatorio
[PREGUNTADA] ¿Sírvase decirnos qué fechas tienen las dos visitas que
se hicieron aquí en Cali? [CONTESTÓ] Ahí en el correo, ahí en los
correos incluso creo que nuestro apoderado dentro del traslado de la
contestación de la demanda aporta la evaluación que hace, ya y en la
evaluación aparecen las visitas. Hay una que se hace en septiembre, la
verdad en este momentico la fecha con exactitud no la tengo, pero sé
que a ellos les advirtieron el 17 de agosto, 17 y el 19 de agosto se hizo
la primera visita, o sea dos días después. [PREGUNTADA] ¿No, pero le
estoy diciendo, las dos visitas en qué fecha se hicieron? [CONTESTÓ]
Una se hizo el 19 de agosto y la otra se hizo en septiembre, o sea, la
verdad ahí en la evaluación o en el análisis que presentó nuestro
apoderado dentro de la contestación de la demanda debe figurar la
fecha exacta. (…) [PREGUNTADA] ¿Sírvase precisar las fechas de las
visitas por favor? [CONTESTÓ] 19 de agosto de 2016, aquí en la parte
izquierda superior dice 19 de agosto de 2016. [PREGUNTADA] ¿por eso,
entonces el informe que obra a folio 190? [CONTESTÓ] Si señor, el
informe de ciento, de folio 190 a 203, que dice nivel de asegurabilidad
no asegurable en la página 202 y dice riesgo inundación del 30% está
a 19 de agosto de 2016. [PREGUNTADA] ¿Y la otra visita que usted
dice? [CONTESTÓ] Fue una visita de comprobación, pero la
verdad no tengo la fecha exacta. [PREGUNTADA] ¿Y porque no
obra dentro del expediente en la contestación de la demanda?
[CONTESTÓ] Porque en esta visita lo que se expidieron fue unos
correos, o sea, no sé si puedo revisar de pronto dentro de los
correos si se habla de la visita que se hizo. [PREGUNTADA]
¿Puede por favor ubicar entonces los correos de los cuales usted
28 A pesar de que múltiples medios de convicción dan a entender que la visita se
llevó a cabo el 19 de agosto de 2016, el Tribunal dedujo que «el inspector de riesgo de la
aseguradora -Carlos Hernán Sarria- efectuó el 22 de agosto de 2016 una visita al inmueble
de la calle 50 Norte No 5 -N- 103 barrio La Flora de esta ciudad para evaluación del riesgo,
no el 19 de agosto como lo declaran Daniel Felipe Britto, Jacinto Ávila, Alba Nidia Toro y Juan
Felipe Muñoz, porque esta fecha que figura en el Informe de Evaluación de Riesgos que aquél
elaboró corresponde a la solicitud que le hizo Bolivar SA de prestar el servicio de inspección»,
pág. 12 id. 15
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habla de que donde consta la segunda visita? [CONTESTÓ] Pues
doctora, básicamente dentro de los que yo tengo, dentro de la
información que yo tengo, después, antes de hacer la, o sea,
cuando hice la indagación para poderme preparar para esta
audiencia, lo que yo vi fue unos correos donde se decía que se
había hecho la visita, entonces dejémosla 19 de agosto de 2019.
[PREGUNTADA] Usted sabe muy bien que todo debe obrar en el en el
expediente y usted no puede venir a decir que que son documentos que
usted tiene porque pues es de acuerdo con las pruebas que hay en el
expediente. [CONTESTÓ] Entonces figura como visita el 19 de agosto
de 2016, donde se dice que el riesgo no es asegurable. [PREGUNTADA]
¿O sea que es una sola visita la que hicieron? [CONTESTÓ] Pues
conforme a lo que tenemos dentro del expediente, sí. Dentro de
lo que yo tengo que sé y que no se aportó hubo otra visita para
confirmar, si esas recomendaciones para que el riesgo dejara de
ser no asegurable se dieron, fue otra visita, pero pues en este
momento no tengo el documento doctora para poderlo aportar
al despacho. 29
Obsérvese que la absolvente buscó infructuosamente
soportar la decisión de «cancelación» en dos visitas y para el 7 de
septiembre de 2016, data en que adujo había operado la figura
extintiva, solo había practicado una, ya que la segunda fue
posterior a la ocurrencia del siniestro los días 28 y 29 de octubre
de 2016. A pesar de que obra «informe de visita realizado a las
instalaciones de la demandante, Calle 50 N # 5 N -103 de Cali, el
7 de septiembre de 2016», allegado en cumplimiento del decreto
oficioso en la audiencia inicial30 y en el costado de la página
inicial figura el 07-09-2016, revisado minuciosamente aparece la
siguiente advertencia
29 Id. 12. min 09:45:54 a 09:46:38 y 09:48:17 a 09:51:18.
30 Documento obrante a folios 428 a 436 cno. ppal.
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Anotación que aparece complementada con las
observaciones adicionales sobre
A lo que se suma que en el numeral 1.6 sobre concepto de
ingeniería se anotó que «[h]ace dos semanas (día viernes), se
presenta lluvia provocando el ingreso de agua a las instalaciones
por el techo, con caída directa a incluso teniendo leve inundación,
afectando 200 computadores y discos duros cuya suma asciende
a Col$700 millones», agregando que la «inmobiliaria realizó
revisión previa al siniestro y posteriormente envía personal
realizando cambio de tejas».
Resulta absurdo admitir que un documento relacionado con
visita practicada el 7 de septiembre de 2016 y en el que no consta
fecha precisa de elaboración, tenga expresas alusiones a un
siniestro ocurrido «dos semanas antes», lo que quiere decir que la
inspección ocurrió con posterioridad a dicho evento acaecido
entre el 28 y 29 de octubre.
Incluso en la declaración rendida por el testigo Otto Serge
Sarria, Director Comercial de Seguros Comerciales Bolívar,
admitió que la segunda visita se llevó a cabo en el mes de
noviembre y no con anterioridad al expresar
(…) nosotros organizamos nuevamente una reunión con el
Departamento de Ingeniería y definimos que se debía realizar una visita
para revisar las condiciones del riesgo, que efectivamente se llevó a
cabo en noviembre, ya que antes de esta, de esta fecha no se pudo
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realizar la verificación de mejoras de las condiciones que se habían
pedido en la primera visita que ya mencioné y que se ha mencionado
acá con anterioridad. No se pudo realizar esta visita debido a varias
negaciones que recibió el ingeniero Carlos Arias, que me imagino que se
va también a preguntar y a interrogar acá: El lastimosamente no pudo
tener respuesta y no se pudo hacer esta visita, así que se pudo hacer
la visita fue hasta noviembre de ese año, encontrando aún que no
estaban cumplidas las mejoras y con el agravante de haber sucedido
un siniestro. Entonces esta razón fue suficiente para decir que no
podíamos incluir este riesgo dentro de la póliza, por lo tanto luego se
procede a devolver, devolver la prima no causada o devolver la prima
por la no cobertura31.
Ese mismo testigo al ser inquirido por «¿cuántas visitas de
ingeniería hizo el señor Carlos Hernán Sarria y en qué fecha?»,
expresó en forma categórica que fueron «dos visitas, una en
agosto y otra en noviembre del año 2016»32, esta última que se
hizo «posterior al siniestro»33.
Por su lado el ingeniero Carlos Hernán Sarria Zúñiga, quien
fue la persona que realizó las dos inspecciones, expuso que la
primera se practicó «el día 22 de agosto»34 e hizo algunas
recomendaciones, pero con la claridad de que no estaba facultado
para precisar si seguía o no la cobertura, puesto que «físicamente
no se indicó, lo que usted dice de manera última que dado el caso
sería para para tener seguro o para tener amparo. Esa, esa, esa
cuestión se realiza por medio de Seguros Bolívar. Simplemente se
advierte al cliente que debe mejorar el estado del riesgo para tener
31 Declaración rendida en audiencia de instrucción de 19 de noviembre de 2020,
archivo digitalizado bajo el número 39 cno. ppal., min 1:39:23 a 1:41:05.
32 Id. 26. min 1:42:35.
33 Id. 26. min 1:42:59.
34 Id. 26. min 3:51:10.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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una mejor condición para la póliza como tal»35, acotando luego que
«[c]omo proveedor externo, no, no, digamos, dentro de mi resorte
decir si un riesgo es asegurable o no asegurable directamente al
cliente, ¿sí?, simplemente se hace una recomendaciones (sic), se
hacen unas recomendaciones en situ»36 tendientes a «hacer un
mejoramiento de riesgo como tal. Ya el tema de si es asegurable o
no el canal de comunicación es a través de la misma
aseguradora»37.
Dicho profesional, al preguntársele cuándo fue la segunda
visita, manifestó sin dudas que fue «el 17 de noviembre del año
2016»38 para «verificar el cumplimiento de garantías y
recomendaciones»39, por lo que «cuando se hace la respectiva
visita, entonces ya había ocurrido el evento de siniestro»40 y frente
a las inconsistencias en las fechas de los informes señaló que
«hay una aplicación, eh, de propiedad de Seguros Bolívar, un
informe, se hace un informe parametrizado, ¿sí?, no es que sea un
informe en Word, ni en Excel, sino que es un informe de una
aplicación de carácter parametrizado, en la cual Seguros Bolívar
tiene la plataforma que se llama SIAR y se hace el cargue del
informe como tal»41 y que en cuanto a las fechas corresponden a
35 Id. 26. min 3:56:22 a 3:56:57.
36 Id. 26. min 3:58:09 a 3:58:36.
37 Id. 26. min 3:58:45 a 3:58:56.
38 Id. 26. min 3:59:33.
39 Id. 26. min 4:00:15.
40 Id. 26. min 4:01:37.
41 Id. 26. min 4:22:06 a 4:22:26.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
79
«las solicitudes realizadas por la compañía de seguros para yo
hacer el respectivo servicio de inspección, pero, reitero, las
fotografías son a color, el informe como tal es un informe
parametrizado en una aplicación»42.
Tal situación patentiza la mala fe de la aseguradora al
querer hacer creer en el curso del debate que se habían
incumplido las exigencias «verbales» de la visita previa, con un
«informe de evaluación de riesgos» elaborado a su conveniencia,
en fecha incierta, por «analista de riesgos» de la firma y del cual
tampoco aparece constancia que fuera puesto en conocimiento
de la accionante, como tampoco lo fueron las exigencias iniciales
o que habían operado circunstancias de terminación abrupta del
vínculo, cuando en la época de los hechos generó a su oponente
la expectativa de que estaba vigente la póliza, a sabiendas de la
modificación del estado del riesgo, según se extrae del siguiente
aparte del interrogatorio de la vocera de la aseguradora
[PREGUNTADA] ¿Para el 7 de septiembre la compañía que usted
representa ya le había notificado a la sociedad demandante su
intención de reajustar la prima o de terminar la póliza contratada o la
terminación de la póliza contratada? [CONTESTÓ] Pues básicamente
para el 7 de septiembre lo que se quería hacer con la con, con ellos era
reajustar eso, y definitivamente las visitas y, según lo que la compañía
me informa, el agente de seguros y las personas con las que ellos
pudieron hablar también por vía telefónica, pues le indicaron a la
persona asegurada, pues cuál era la intención de las visitas, porque es
que sí, o sea necesariamente si le van a hacer otras visitas era
porque lo que se quería era reajustar, o sea legalmente si se
varía el estado de riesgo la compañía de seguros tiene la opción
de reajustarlo porque finalmente es quien lo asume.
[PREGUNTADA] ¿Sírvase informarle al despacho si para el 28 y 29 de
octubre del 2016, fecha del siniestro, la compañía que usted representa
ya le había notificado a la sociedad demandante su intención de
reajustar la prima o de terminar la póliza contratada? [CONTESTÓ] No
42 Id. 26. min 4:22:36 a 4:22:54.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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para esa etapa, o sea, no tengo conocimiento. [PREGUNTADA] ¿No o no
tiene conocimiento? [CONTESTÓ] No tengo conocimiento que haya de
manera escrita ese tipo de comunicación. 43
Todo lo anterior refleja que las comunicaciones que Seguros
Comerciales Bolívar S.A. envió a Inversiones Techcolombia S.A.S.
los días 23 de noviembre y 13 de diciembre de 2016, por medio
de las cuales se objetó el reclamo por el siniestro en vista de que
los hechos ocurrieron en una «nomenclatura [que] no corresponde
a la señalada en la carátula de la póliza» y se advirtió que la
«modificación del riesgo (por traslado de dirección y ciudad) no fue
aceptada», desatendieron el principio de buena fe extrema que se
esperaba de la aseguradora.
En ambos escritos se desconoció que, para la fecha del
evento que motivó la reclamación, el traslado de la mercancía era
de su pleno conocimiento, así como la dirección donde se
encontraba y estaba aceptada tal modificación conforme al
proceder evidenciado, por lo que tal situación no constituía razón
sería y fundada para desatender el compromiso, mientras que la
supuesta «cancelación» tampoco estaba justificada a la luz del
artículo 1061 del estatuto mercantil, en que se amparaba, por
falta de convención escrita y expresa sobre garantías adicionales
a cargo de la tomadora y asegurada.
8.- Repercusiones de las deficiencias advertidas en el
éxito de los cargos.
La confusión del Tribunal en el escudriñamiento del artículo
43 Id. 12. min 10:00:40 a 10:01:42.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
81
1060 del Código de Comercio lo condujo a desdibujar la situación
evidenciada en el plenario, para confirmar la decisión adversa de
primer grado bajo el supuesto de que la asegurada no podía
desconocer que
(…) según el contrato y la norma imperativa -art. 1060 C de Co- por el
defecto en que incurrió al notificar la agravación del estado del riesgo
al no realizarla con la antelación requerida, la aseguradora podía
terminar el contrato si no aceptaba expresa o tácitamente la
modificación, y según anotamos, esta aceptación no se dio porque el
asegurado no acató su carga de informarle al asegurador sobre el
cumplimiento de las recomendaciones, de modo que si la aplicación de
la teoría de los actos propios exige una conducta del asegurador que le
genere confianza legítima al asegurado de que los bienes estaban
asegurados indefinidamente sin consideración a la agravación del
riesgo y las recomendaciones, este supuesto no se cumple aquí porque
tal confianza no la podía tener el asegurado en las circunstancias
anotadas.-
Una eficiente contrastación del interrogatorio de parte
absuelto por la contradictora con los demás medios de prueba
recaudados y apreciados por el Tribunal, revela la trascendental
equivocación en que se incurrió, puesto que someramente
admitió que se habían dado tratativas que daban lugar a que se
conservara la relación, pero que las mismas quedaban relegadas
a un segundo plano en virtud de las determinaciones unilaterales
de la aseguradora desconociéndolas y con efectos anteriores a la
comunicación brindada a la demandante, lo que reñía con el
principio de identidad, en virtud del cual «una cosa no puede
ser y no ser al mismo tiempo»44, como si lo que estaba latente
nunca hubiera existido.
Las deficiencias hermenéuticas y de valoración de los
medios de convicción truncaron la viabilidad del reclamo de la
asegurada por la ocurrencia del siniestro, a pesar de que
44 CSJ SC 20 feb. 2002, rad. 5838.
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82
resultaban manifiestos los siguientes supuestos de éxito:
a.-) Si bien fue sorpresiva la notificación de movilización de
las mercancías del sitio de permanencia que figuraba en la póliza
a una nueva dirección en otra ciudad, la asegurada acogió como
idónea y oportuna esa información al dar los pasos iniciales para
analizar si admitía o no la modificación del estado del riesgo.
b.-) Realizada la inspección a los pocos días del
enteramiento, el ingeniero encargado elaboró un informe en la
plataforma SIAR de propiedad de la aseguradora, con lo que esta
quedaba al tanto de las deficiencias del nuevo inmueble.
c.-) A pesar del anterior conocimiento, ningún técnico de
la firma comunicó por escrito a la tomadora y asegurada el
resultado de la visita, ni mucho menos le planteó exigencias que
tuviera que atender a manera de garantías adicionales.
d.-) La actitud omisiva de la aseguradora generó en la
tomadora y asegurada la convicción de que sus mercancías
seguían protegidas por la «póliza de multiriesgo empresarial»
número 1540-2151076-01 en los términos allí convenidos, a
pesar del cambio de ubicación.
e.-) El 7 de septiembre de 2016 no se llevó a cabo una
segunda visita al local del barrio La Flora en Cali, como lo
pretendió hacer ver la contradictora.
f.-) A la fecha de ocurrencia del siniestro el 28 de octubre
de 2016, Inversiones Techcolombia S.A.S. no había recibido
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
83
alguna advertencia sobre
terminación del contrato
de seguro por
incumplimiento del deber de informar oportunamente la
modificación del estado del riesgo, notificación de la revocatoria
por no aceptar la aseguradora las nuevas condiciones de
almacenamiento de los elementos, ni mucho menos exigencias
escritas para adelantar obras de adecuación y mantenimiento de
las instalaciones.
g.-) La notificación del siniestro fue inmediata y por los
medios convenidos por las partes.
h.-) La segunda visita al inmueble por el calificador de
riesgo designado por la opositora se llevó a cabo el 17 de
noviembre de 2016, pasadas más de dos semanas del evento
catastrófico, cuyo resultado tampoco fue reportado a la
promotora.
i.-) La comunicación del 23 de noviembre de 2016 por
medio de la cual se objetó la reclamación porque la nomenclatura
donde ocurrieron los hechos «no corresponde a la señalada en la
carátula de la póliza», desatendió que la aseguradora tenía
conocimiento del traslado y había dado señas inequívocas de
seguir amparando el riesgo a pesar de esa situación y las
condiciones del inmueble, razón por la cual no era «seria», ni
mucho menos «fundada». Fuera de eso, dicha respuesta aludía a
un evento «presentado el pasado 12 de abril de 2016»,
completamente ajeno al que era objeto de estudio.
j.-) El escrito de 13 de diciembre de 2016 advirtiendo que
«[e]n razón a que su solicitud de modificación de riesgo (por
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
84
traslado de dirección y ciudad) no fue aceptada, le confirmamos
que su contrato está cancelado desde la misma fecha del traslado
07 de septiembre de 2016», no solo era sorpresiva e inoportuna,
sino imprecisa, si se tiene en cuenta que se aduce una figura de
«cancelación» ajena a las circunstancias previstas en los artículos
1060 y 1061 del Código de Comercio, fuera de que si se inspiraba
en el último precepto, según el dicho de la vocera de la opositora,
resultaba ineficaz una terminación por incumplimiento de unas
garantías no exigidas ni convenidas por las partes.
k.-) A pesar de que la gestora admitió que se le habían
hecho algunas observaciones verbales en la visita inicial, que
procedió a atender con diligencia, tal situación resultaba
irrelevante ante la ausencia de requerimiento escrito de su
contrincante, lo que la relevaba de informar sobre la realización
de las mejoras, revisiones, adecuaciones y contratación de
servicio de vigilancia, que de todas formas tuvo en consideración
el calificador del riesgo al elaborar el segundo informe, que
contenía nuevos reparos pero como consecuencia del siniestro.
Conforme a las precedentes conclusiones, como el siniestro
ocurrió en vigencia de la póliza y la objeción de la aseguradora no
fue seria ni fundada, perdían peso las excepciones que tuvo por
demostradas la funcionaria a quo y dan paso a casar el fallo de
su superior, restando por establecer el monto de la
indemnización a reconocer a la asegurada y beneficiaria.
9.- Pruebas de oficio.
Si bien el quiebre de la sentencia del Tribunal daría lugar a
la producción de fallo sustitutivo, se advierte la necesidad de
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
85
acudir a las facultades conferidas por los artículos 169 y 170 del
Código General del Proceso.
En tal virtud, ambas partes deberán allegar dentro de los
(10) días siguientes a la ejecutoria de este proveído, debidamente
digitalizados, todos los documentos que se encuentren en su
poder relacionados con la reclamación por el siniestro ocurrido el
28 de octubre de 2016 y amparado por la «póliza de multiriesgo
empresarial» número 1540-2151076-01.
Entre las piezas a aportar están los archivos adjuntos al
correo electrónico de 9 de noviembre de 2016, remitido a las
09:16:37 por «
[email protected]» y dirigido a
«
[email protected];
[email protected]»45, eso si se
tiene en cuenta que solo figuran las impresiones de los emails sin
los documentos referidos en los mismos que dan razón de los
términos de la reclamación formal y la cuantificación de los
daños.
Así mismo, la promotora acompañará los estados
financieros y notas a los mismos para la época de los hechos,
donde figure la información relacionada con el manejo contable
de los inventarios iniciales y finales por el mes de octubre de
2016, así como las pérdidas derivadas de la anegación. Con
dichos medios se busca precisar si el percance recayó sobre la
totalidad o parte de las mercancías.
45 Conforme al email impreso y obrante a fls 47 y 48 cno. ppal., en concordancia
con el archivo ZIP con siete (7) archivos en pdf a que alude el «informe técnico aseguramiento,
recolección, certificación y presentación de evidencia digital» a fls. 379 y 380 id.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
86
Por su lado la contradictora hará llegar todos los soportes
por la labor del ajustador o ajustadores de seguros que se
procedió a designar en su momento, que permitan constatar si
se estimó en algún informe el monto indemnizable.
10.- Costas
No hay lugar a condena en costas en la impugnación
extraordinaria por los resultados obtenidos.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil, Agraria
y Rural de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia de 11 de noviembre de 2022, proferida por la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso
declarativo que promovió Techcolombia S.A.S. contra Seguros
Comerciales Bolívar S.A. y, en sede de instancia, antes de emitir
el fallo de reemplazo decreta de oficio la práctica de las pruebas
enunciadas. Sin costas.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
(Aclaración de voto)
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
88
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
ACLARACIÓN DE VOTO
Con respeto por los integrantes de la Sala y sus decisiones,
a continuación explico por qué me aparto de las consideraciones
que sirvieron de base para concluir que el artículo 1060 del
Código de Comercio otorga un plazo a la aseguradora para
revocar el contrato o exigir el reajuste del valor de la prima ante
la notificación por el tomador o asegurado sobre la agravación del
estado del riesgo.
1. La Sala consideró que el plazo para la aseguradora era el
mismo que establece la ley para que tomador o asegurado
notifiquen la agravación del riesgo para asegurar «la igualdad que
debe existir entre los contratantes». Por esa razón, la sentencia
concluyó que el Tribunal se equivocó al interpretar que el artículo
1060 del Código de Comercio «no contempla un término al
asegurador para decidir entre exigir el reajuste de la prima o
revocar el contrato, cuando en realidad, en la modificación del
estado del riesgo que deriva de la voluntad del tomador o
asegurado, se contrae al mismo previsto para analizar dicha
situación, esto es, desde el momento en que recibe la comunicación
por medio de la cual alguno de ellos cumple con la carga de
información oportuna y hasta que se materialice el cambio, con
posterioridad a los diez días hábiles siguientes, puesto que el plazo
de preaviso está establecido precisamente para tomar una
determinación al respecto», plazo que, de acuerdo con la
sentencia, también aplicaría cuando la agravación del riesgo sea
sorpresiva y extraña a la voluntad del tomador o asegurado.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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A juicio de la sentencia, si la aseguradora carece de plazo
para definir cómo procederá ante la agravación del riesgo,
quedaría «a su entera voluntad decidir cuándo ejerce las opciones
con que cuenta, entre ellas la revocatoria o el incremento de la
prima, lo que deriva en una clara desventaja frente a la parte débil
de la relación y riñe con una interpretación del texto ajustada a la
naturaleza del vínculo que regula», por lo que el término de diez
días evita «un trato inequitativo donde debe imperar la igualdad de
los contratantes».
2. Con el respeto de siempre, me separo de las anteriores
consideraciones porque la norma citada no establece un plazo
legal para la aseguradora en las circunstancias mencionadas.
El artículo 1060 del estatuto mercantil no establece un
plazo para que se cumpla la obligación de la aseguradora de optar
entre la revocatoria del contrato o el reajuste de la prima, pues
esa norma únicamente consagra un término para el tomador o
asegurado. La claridad de esa disposición imponía aplicarla de
acuerdo con su contenido específico, en vez de agregarle
modalidades obligacionales de las que carecía (artículo 27 del
Código Civil).
La doctrina explica que una obligación en cuanto a su
ejecución puede estar sometida a un plazo o una condición.
Cuando una obligación no está sometida o modulada en cuanto
a su ejecución a un plazo o una condición, entonces se entiende
que es pura y simple, debiendo ejecutarse de manera inmediata.
Radicación n° 76001-31-03-014-2018-00114-01
90
La inmediatez en el cumplimiento de una obligación no
implica que deba realizarse el comportamiento objeto de la misma
en el segundo siguiente al momento del nacimiento de la
obligación, sino que, atendiendo a las características y contenido
del compromiso obligacional este debe realizarse en el plazo
prudencial o razonable que sería exigible para un contratante
diligente y que actúe de buena fe, sin que este criterio implique
una dilación excesiva en el cumplimiento de los deberes que al
deudor se le imponen.
Así las cosas, la obligación de la aseguradora de optar entre
la revocatoria del contrato o el reajuste de la prima es pura y
simple, razón por la que su ejecución puede ser exigida por el
tomador o asegurado de manera inmediata, bajo los criterios
antes enunciados, luego del enteramiento a la aseguradora de la
agravación del riesgo y, por supuesto, ésta deberá ejercerla antes
de que el riesgo acaezca, razón suficiente para que no pudiera ser
mutada a una prestación sujeta a un plazo que no fue previsto
legalmente.
En los anteriores términos, fundamento la aclaración de
voto, con reiteración de mi respeto por los demás integrantes de
la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
Fecha ut supra
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Hilda González Neira
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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