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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC2556-2024
Radicación n° 11001-31-03-037-2019-00330-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Comline S.A.S., frente a la sentencia de 24 de agosto de
2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo
iniciado por la recurrente contra Comunicación Celular S.A.
– Comcel S.A.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
En la demanda, que fue reformada en su momento,
solicitó la gestora lo que a continuación se compendia:
a) Se declarara que «celebró y ejecutó» con la enjuiciada
un contrato de agencia mercantil desde el 23 de noviembre
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de 2005 hasta el 15 de junio de 2018, al cual se adhirió la
accionante. En consecuencia, se condenara a la primera al
pago de $1.344’328.365 a título de cesantía comercial, más
los intereses moratorios ocasionados.
b) «Declarar» que varias de las cláusulas del «contrato de
distribución» son abusivas, por lo tanto, son ineficaces, así
como también las actas de transacción, conciliación y
compensación suscritas durante la época de la ejecución del
acuerdo por no reunir las exigencias de la Ley 640 de 2001;
empero, en caso de estimarse que las susodichas cumplen
los requisitos legales, se «declare» que tales transacciones se
limitan a las controversias relativas al pago y liquidación de
comisiones por activaciones en planes pospago y legalización
de kits prepago, no obstante, de no acogerse lo anterior,
proclamar que la prestación mercantil del inciso 1° del canon
1324 del Código del Comercio es renunciable solamente
desde la
terminación del contrato
.
c) «Declarar» que la accionada incumplió el pacto
cuestionado, por cuanto: i) No incrementó el «valor nominal de
la comisión por legalización de kits prepago» con referencia al
aumento del «Índice de Precios al Consumidor (IPC)»; ii) Eliminó
unilateralmente las «comisiones por permanencia (planes pospago) y
buena venta (kits prepago)»; iii) Modificó las «condiciones de
liquidación y pago de las comisiones por recaudo de los Centros de Pagos
y Servicios (CPS)»; y iv) Varió las «condiciones de liquidación y pago de
las comisiones en Sim Cards» y redujo el «margen remuneratorio
(descuento)». En subsidio, que esas conductas constituyeron
un «abuso del derecho» imputable a Comcel S.A.
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d) «Declarar» que la convocada ni liquidó ni desembolsó
«todas las comisiones, remuneraciones y descuentos» a que tenía
derecho Comline S.A.S. durante el «último periodo contractual».
e) «Declarar» que la antagonista es «civilmente responsable»
de los daños sufridos por la promotora a causa de los
«incumplimientos contractuales (…) y/o abusos del derecho», de ahí
que, se reconozcan a su favor perjuicios materiales, así como
la indemnización de que trata el inciso segundo del artículo
1324 del estatuto mercantil, más réditos moratorios por esas
sumas.
f) Por último, «declarar» que tiene «derecho de retención y
privilegio» sobre los bienes y valores del extremo pasivo que se
hallaren en su poder, al momento de la terminación del
vínculo negocial y se condenara en costas a la querellada.
[Fls. 1 a 129, archivo digital: 0002CuadernoPrincipal1Parte2].
B. Los hechos
En respaldo de las reclamaciones se plantearon los
hechos que admiten el siguiente compendio:
1.- Comcel S.A. es una sociedad constituida mediante
escritura pública No. 588 de 14 de febrero de 1992,
controlada por la compañía extranjera América Móvil S.A.B.
de C.V. y cuyo objeto social es la prestación y
comercialización de servicios de comunicaciones, tales como,
«telefonía móvil, móvil celular, valor agregado, telemático, portadores y
demás».
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2.- Con ocasión de la licitación pública No. 046 de 1993
y bajo el amparo de la Ley 37 de ese mismo año, Comcel S.A.,
Occel S.A. y Celcaribe S.A. celebraron con el Estado
colombiano los contratos de concesión Nos. 004, 005 y 006,
respectivamente, en virtud de los cuales, se les confirió a
estas últimas la «facultad» para prestar el servicio de «telefonía
móvil celular» en los territorios oriental, occidental y costa del
país, pertenecientes a la «red A», así como el de
«telecomunicaciones no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional»;
compromisos prorrogados hasta el «28 de marzo de 2024».
3.- En escritura pública No. 3799 de 21 de diciembre de
2004, se formalizaron los acuerdos de «fusión con absorción» de
las tres empresas, asumiendo Comcel S.A. los «derechos y
obligaciones de Occel S.A. y Celcaribe S.A.», desde entonces, aquella
«presta directamente los servicios de telefonía móvil celular» en las tres
áreas referidas.
4.- Para cubrir esa extensa superficie y suministrar con
eficiencia el servicio, Comcel S.A. se vale de una red de
«Agentes/Distribuidores», quienes para el 2002 representaban el
«93%» de sus ventas, porcentaje que ha venido disminuyendo
con el paso del tiempo al «70%», gracias a la instalación de
establecimientos propios para la atención de sus clientes, la
implementación de «activación de planes corporativos» a través de
sus funcionarios, la apertura de un «canal mayorista» integrado
por «grandes superficies y otros establecimientos de terceros» y el
desarrollo de plataformas tecnológicas para la adquisición de
equipos y pagos on-line.
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5.- El 23 de noviembre de 2005 la gestora suscribió con
la demandada un acuerdo de «distribución», encargándose la
primera de «promover y explotar los servicios de telefonía móvil celular
(STMC)» de la segunda en la zona «Occidente», de manera
independiente, estable y permanente, a cambio de «comisiones
periódicas». Básicamente, Comline S.A.S., tuvo la misión de: a)
proveer «servicios de telecomunicaciones»; b) vender «equipos
terminales (teléfonos celulares, sim cards, etcétera) (…) atados a los
susodichos servicios de telecomunicaciones y sin los cuales estos no se
pueden prestar»; y c) ofertar «los planes “pospago” y los planes
“prepago”» de telefonía de voz.
6.- Para lograr ese cometido, la convocante realizó
actividades de promoción y explotación; las primeras
encaminadas a la obtención de personas «que fungieran como
abonados» e interesados en adquirir «servicios de
telecomunicaciones»; las segundas, a través de la efectiva
suscripción de «Contratos de Servicios de Telefonía Móvil Celular»,
con lo cual se convirtieron en clientes de la convocada. Esas
labores se desarrollaron según los «programas e instrucciones»
impartidas por la enjuiciada y en establecimientos
identificados con sus signos distintivos, es más, durante la
ejecución del compromiso atacado las partes acordaron una
modificación, en virtud de la cual, la convocante comenzó a
operar como un «Centro de Pagos y Servicios».
7.- La interesada llevó a cabo todas aquellas gestiones
en el occidente del país y en las oficinas autorizadas por la
antagonista, así, pues, tuvo una «zona prefijada» en la que
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ejecutó el negocio de ésta y que abarcaba los municipios de
Barbosa, Amalfi, Jericó e Itagüí en el departamento de
Antioquia.
8.- La labor desplegada por la convocante fue
remunerada por la accionada a través de: a) comisiones en la
venta de planes pospago, «kits prepago», «sim cards», «CPS:
Comisión por cada transacción de recaudo» y «Comisión COOP: (…) por
las actividades de mercadotecnia»; b) descuentos otorgados «en el
suministro de productos con destino a la activación de planes prepago
(kits Prepago y Sim Cards)»; c) notas de crédito; y d)
«descuentos/comisiones» por recargas comercializadas.
Aunado a ello, Comline S.A.S. se comprometió a
mercadear únicamente «los equipos terminales y las Sim Cards
atados al servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) de COMCEL» y con
relación a los «planes prepago» también obtuvo una retribución
económica, consistente en la «diferencia de precio entre el que
COMCEL le facturó a LA DEMANDANTE (precio del equipo-descuento), y
el precio superior (precio del equipo)» vendido al cliente final,
conforme a la cláusula 7.4 del convenio cuestionado.
9.- Por si fuera poco, todos los efectos económicos
asociados al negocio -positivos y negativos- repercutieron
directamente en el patrimonio de la antagonista.
9.1.- Los positivos, porque: a) percibió los importes
cancelados por los clientes en contraprestación a los
servicios de telecomunicaciones contratados; b) estableció
las «tarifas que LA DEMANDANTE debía ofrecerle al público»; y c)
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quedó «contractualmente vinculada con los abonados y suscriptores que
LA DEMANDANTE gestionó bajo su encargo».
9.2- En cuanto a los negativos, Comcel S.A. asumió los
riesgos de: a) liquidez; b) variación de las tasas de interés y
de cambio; y c) crédito o cuentas por cobrar «asociados con la
promoción, comercialización y operación de los servicios de telefonía
móvil celular». Igualmente, se arrogó las contingencias
operativas relativas al buen funcionamiento de la
infraestructura física y sistema de la red y los equipos
entregados a los suscriptores. También se responsabilizó de
los peligros atinentes al mercado por la competencia y las
medidas regulatorias. Por último, contrajo los imprevistos
concernientes a imposición de multas en materia de
«promoción a la competencia».
10.- En definitiva, la gestora «promovió y explotó el negocio
de COMCEL por cuenta de esta última», tanto así, que «conquistó,
amplió y recuperó una clientela y unos mercados para COMCEL», pues
consiguió un sinfín de abonados y suscriptores de servicios
de telefonía móvil, quienes pasaron a ser «clientes directos» de
la enjuiciada, dando cumplimiento a lo estipulado en el
acuerdo censurado. Es más, le estaba vedado a la convocante
desviar o distraer a la clientela que captó para la interpelada,
de hecho, con amplio tiempo de antelación a la culminación
del vínculo contractual, puso a disposición de aquella «todos
los puntos en los cuales promocionaba y explotaba» el negocio, con el
objetivo de que «preparase y desarrollase los procesos de concurso,
asignación y adjudicación de estos puntos a otros miembros de la Red
de Agentes/Distribuidores».
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11.- Con todo y lo anterior, el contrato atacado contenía
estipulaciones «antinómicas», pues aun cuando se le denominó
de «distribución», sus elementos esenciales daban cuenta de un
«típico y nominado negocio de agencia comercial», a esa conclusión
arribaron las «treinta (30) providencias» emitidas en sede arbitral
y ordinaria dentro de pleitos promovidos por otras empresas
frente a Comcel S.A., respecto de convenios «idénticos» al de
ahora, de ahí que, a la gestora le asista una «legítima expectativa
de que la administración de justicia declarar· que el contrato sub judice
es un típico y nominado agenciamiento comercial».
12.- Agregó que, gran parte de las cláusulas del pacto
demandado son abusivas, en la medida en que: i) Hay
estipulaciones de «renuncia a las prestaciones e indemnizaciones» en
detrimento de la promotora; ii) Se impuso condiciones de
«indemnidad» en beneficio de la adversaria; iii) Se implantaron
disposiciones que «simulan un débito de LA DEMANDANTE que está·
llamado a compensarse con la Prestación Mercantil reclamada»; iv) Se
establecieron formalidades impidiendo el «derecho de retención
por parte de LA DEMANDANTE»; v) Se colocaron «documentos bajo el
título de Actas de Conciliación, Transacción y Compensación, los cuales
no incorporaron mecanismos alternativos para la resolución de
controversias, ni tampoco concesiones recíprocas» y; vi) Se extendió
una estipulación de «renovación mensual».
Se adujo que esas disposiciones convencionales
tuvieron por objeto la «elusión, minimización y/o renuncia» de los
efectos económicos derivados del «contrato de agencia comercial»
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en desmedro de la gestora y la «exclusión de responsabilidad civil»
a favor de la compelida.
13.- De estas circunstancias nace que entre las partes
se pactó un verdadero acuerdo de «agencia mercantil», por ende,
la reclamante tenía derecho a percibir un importe equivalente
a la doceava parte del promedio de las «comisiones, regalías y
utilidades en los últimos tres años, por cada uno de vigencia de la
relación jurídica patrimonial», la cual perduró desde el 23 de
noviembre de 2005 hasta el 15 de junio de 2018. Empero,
Comcel S.A. desatendió el pago de esa prestación, siendo
inexistente desembolsos anticipados revelados por la
contabilidad de dicha compañía, pues hizo parte de una
estrategia contable denominada «80/20», consistente en que
se incluyó en las facturas un rubro denominado «20%
equivalente al pago anticipado de toda prestación, indemnización o
bonificación que por cualquier motivo pueda llegar a causarse» en
beneficio de la convocante.
14.- Sin embargo, los «abusos» de la querellada no
pararon ahí. A partir de 2014, se redujeron sustancialmente
los ingresos que la actora percibía como resultado de su
encargo, pues, en esa calenda se eliminó la comisión por la
permanencia de los planes pospago que vendía; en noviembre
de 2015 se redujo la comisión por activación de sim card,
pasando de $2.586 por cada activación a $862; en el año
2016 se modificó el sistema que se utilizaba para la comisión
por los «kits prepago», modificando la bonificación fija por
legalización, que antes ascendía a $12.500 por cada venta,
para ajustarla al 30% de las recargas realizadas durante los
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primeros seis meses, eliminándose también la bonificación
por buena venta de «kits prepago» y a finales de 2017 se redujo
en un 45%, la comisión por recaudo que se proporcionaba
por los centros de pago de servicios.
15.- Lo anterior conllevó a que la libelista diera por
culminado el contrato por justa causa «provocada por Comcel»,
procediendo esta última a partir de su enteramiento a dejar
de liquidar y pagar la comisión residual que se forjaba por la
activación de planes pospago, lo que trajo un «enriquecimiento»
para ella y, correlativamente, un «empobrecimiento» para la
gestora, viéndose obligada a culminar los contratos laborales
del personal destinado a ejecutar el acuerdo demandado y a
dar por terminados los arrendamientos de los locales
comerciales donde funcionaban los puntos en los que se
llevaba a cabo el encargo negocial.
16.- Aunado a lo antedicho, en el compromiso
censurado quedó estipulado que durante la vigencia del lazo
mercantil, cada 12 meses los negociantes debían suscribir
unas «Actas de Conciliación, Transacción y Compensación» con el
propósito de «conciliar créditos recíprocos para acordar paz y salvos
parciales» respecto de comisiones «causadas y pagadas en cada
anualidad», pero en verdad, esos arreglos buscaban esquivar
«las consecuencias económicas y normativas de la Agencia Comercial»,
pues, ni siquiera contienen «acuerdos conciliatorios en los términos
de la Ley 640 [de 2001]», ni mención a una «controversia litigiosa y
de una concesión recíproca, contratos de transacción», tampoco
«mecanismos de compensación como forma de extinción de obligaciones».
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17.- Finalmente, a voces de lo dispuesto en el canon
1326 del estatuto mercantil, la peticionaria tiene el «derecho
de retención y privilegio» de los activos de Comcel S.A. que se
hallare en su poder hasta tanto esta última desembolse el
monto de su indemnización.
C. El trámite de las instancias
1.- El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de
Bogotá admitió la demanda el 20 de agosto de 2019 [Fls. 236, 01
Expediente Digitalizado Cuaderno Principal] y el 12 de noviembre de 2020 se
asintió su reforma [Fls. 463, ibidem].
2.- Al contestarla, Comunicación Celular S.A. –
Comcel S.A., se opuso a las aspiraciones, aceptó algunos
hechos y negó otros, destacando que el pacto formalizado fue
únicamente de distribución y nunca ostentó la naturaleza de
agencia comercial. Adicionalmente, formuló los medios
exceptivos de «prescripción extintiva, transacción, compensación,
pago, inexistencia del contrato de agencia comercial e improcedencia del
pago de prestaciones del art. 1324 del Código de Comercio, inexistencia
de la alegada posición de dominio contractual de Comcel y del supuesto
abuso de la misma, inexistencia de la supuesta imposición por parte de
Comcel de cláusulas abusivas, inexistencia de circunstancias que
constituyan un presunto incumplimiento por parte de Comcel y de
terminación del contrato
por justa causa, buena fe y aplicación de la
doctrina de los actos propios, inexistencia de un ejercicio abusivo de las
facultades contractuales de Comcel, improcedencia de la declaratoria de
invalidez o ineficacia de las cláusulas de los contratos de distribución
suscritos entre Comcel y Comline e improcedencia de declaratoria de
intereses moratorios».
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A la par, aseveró que el medio de defensa de
«compensación», está llamado a salir a flote, dado que la
demandante es deudora de «la vigésima parte del promedio de la
totalidad de los ingresos que recibió durante la ejecución del contrato (…), más
una suma equivalente al 20% de la cifra resultante, como contraprestación por
el aprovechamiento del nombre comercial de Comcel» y, la cancelación
previa de una deuda futura no cuenta con prohibición legal,
motivo por el cual se remitió a los registros contables de la
sociedad que reflejan transacciones por conceptos como
pagos anticipados de prestaciones e indemnizaciones [Fls. 1-79,
04Escrito Contestación Reforma Demanda].
3.- La primera instancia culminó con sentencia de 11
de febrero de 2022, en la que el juzgador de conocimiento,
tuvo por probadas, parcialmente, las excepciones de
«transacción, inexistencia de la alegada posición de dominio contractual
de Comcel y del supuesto abuso de la misma; inexistencia de la supuesta
imposición de cláusulas abusivas, inexistencia de circunstancias que
constituyan un presunto incumplimiento por parte de Comcel y, buena
fe, inexistencia de un ejercicio abusivo de las facultades contractuales
de Comcel»; declaró que entre las partes existió un contrato de
agencia comercial vigente entre el 23 de noviembre de 2005
y el 15 de junio de 2018, en la forma y términos señalados
en los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio.
Como consecuencia de lo anterior, sancionó al extremo
pasivo a pagar a favor de Comline S.A.S. la suma de
$972.764.872 a título de cesantía comercial (artículo 1324
del Código de Comercio), más los intereses de mora
liquidados a la tasa máxima comercial, desde la fecha de
ejecutoria de la sentencia y hasta que se verifique el pago
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total de la obligación y, autorizó a la pasiva a retener la suma
de $528.929.196, dinero que podrá mantener en su poder
hasta la cancelación de la suma que será objeto de condena
en el fallo [Fls. 1-28, 53. Fallo Primera Instancia20220211.pdf].
4.- Apelada esta determinación por ambas partes, fue
revocada por el Tribunal, para en su lugar, negar las
ambiciones de la reclamante y la condenó en costas [Fls. 1-27,
0006Expediente Digitalizado.0072Segunda Instancia. Cuaderno Apelación Sentencia.p.d.f.].
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1.- El Tribunal comenzó por indagar, en primer término,
si el convenio demandado fue abusivo, si Comcel S.A. obró
en una posición dominante y si Comline S.A.S. se adhirió a
su querer, elucidando del siguiente modo:
1.1.- Destacó cómo en nombre de la autonomía de la
voluntad y de la libertad negocial, las partes pueden
concertar las reglas de juego en un vínculo contractual hasta
el punto de establecer uno ajeno a la normatividad, eso sí,
sin aparejar su desconocimiento o la incursión de «alguna
causal de nulidad o ineficacia».
Teniendo esto en mente, para el ad quem, las pautas
legales en materia de agencia comercial son enteramente de
«disposición patrimonial y no de orden público», por ende, no
resultaba viable inferir que las cláusulas recogidas en esa
tipología de compromisos fueran abusivas.
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1.2.- Así pues, halló la Magistratura que la gestora no
probó «verse en una acorralada situación de presión» al suscribir el
convenio demandado, mucho menos, alguna situación de
coacción en la etapa precontractual por allá en el año 2005,
más bien, y de eso dio fe la accionante en su interrogatorio
de parte, su interés era hacer parte del negocio, tanto así que,
una vez Comcel S.A. expuso las exigencias para ello procedió
a satisfacerlas a cabalidad, «incluso a prestar una garantía real,
luego, leyó el documento y procedió a suscribir libremente el negocio
jurídico “para empezar la operación”, acto que cometió “libre y a
consciencia”». También aseguró que durante 13 años no puso
en conocimiento de la enjuiciada su inconformidad frente a
la naturaleza jurídica del contrato, porque ello solo sucedió
en 2018.
Coligió, entonces, que en virtud de la «autonomía de la
voluntad privada» los contendientes pactaron las cláusulas 4 y
15, según las cuales, el acuerdo suscrito no debía
interpretarse como uno de agencia comercial y quedaba
excluida toda relación jurídica atinente a esa forma negocial,
por no ser la intención de los negociantes.
Y aun cuando la pleiteante aseveró que hizo una «serie
de observaciones» con antelación a la celebración del mentado
compromiso, en la vista pública omitió detallar su contenido,
las razones por las que no compartió sus estipulaciones o las
condiciones supuestamente desfavorables a sus intereses, o
«algún tipo de controversia o disgusto de tal entidad que pudiera
desencadenar en la ineficacia o invalidez del negocio celebrado, pues a
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duras penas mencionó haberlas presentado de manera verbal –sin decir
cuáles-, sin que su dicho se halle probado».
1.3.- Además, en sentir del ad quem, resultaba extraño
que después de más de una década de suscrita la convención
la activante mostrara incordio frente a lo allí pactado, sobre
todo, en la afectación patrimonial que le ocasionaba y todavía
más si en cuenta se tiene que su vigencia alcanzaba un año,
término prorrogado en varias oportunidades «por periodos
mensuales de renovación, por voluntad de los propios contrayentes», sin
sanción alguna si no había extensión, tal y como lo declaró
el testigo Evelio Arévalo, abogado en el área de contratos de
la convocada.
2.- A continuación, se aplicó al estudio de los elementos
del contrato de agencia mercantil para averiguar si en la
ejecución del pacto confutado se hallaban presentes, o
contrariamente, éste conservaba su genuina naturaleza, de
distribución.
2.1.- Siendo pacífico en el debate la existencia del
compromiso y su duración -desde el 23 de noviembre de
2005 hasta el 15 de junio de 2018- la Magistratura comenzó
por referirse al presupuesto denominado «zona específica», del
cual halló plena coincidencia en las declaraciones de las
compañías enfrentadas, en cuanto eso de que las
prestaciones del acuerdo se desarrollaron en el departamento
de Antioquia.
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2.2.- Hablando ya de la «labor independiente, autónoma y
estable», el iudex plural oteó la versión del vocero de la
enjuiciada, destacando que en su narración dejó bastante
claro que Comline S.A.S. efectuó la prestación del servicio de
telecomunicaciones de manera «independiente y autónoma», trazó
su propia estrategia comercial y planeó su estructura
organizacional en materia de contratación de personal y en
la instalación de los «puestos de comercio» que estaba en
capacidad de abrir, de donde halló configurado este segundo
ítem.
2.3.- Se ocupo enseguida del presupuesto denominado
«agente por cuenta ajena con encargo de promover el negocio» y,
trayendo a colación un pronunciamiento de esta Corte en un
asunto de «compraventa al por mayor con finalidad de reventa»,
recalcó que las actividades de publicidad y la conquista de
clientela también son desplegadas por un «distribuidor» para
revender los productos obtenidos de otro empresario.
Precisamente, a juicio de la corporación, Comline S.A.S.
obró en dicha condición, toda vez que, en tratándose de
«planes prepago» adquiría los equipos de Comcel S.A. para luego
«revenderlos», ya fuera con la «sim card» asociada a esta última
empresa o solamente la comercialización del aparato
tecnológico, premisa que apoyó en lo relatado por Olga
Patricia Martínez -«líder regional de Comcel»- y Andrés Martínez -
«Gerente de Comisiones de la pasiva»-.
Otra era la situación de los «planes pospago». Según la
colegiatura la precursora ofrecía al consumidor un «paquete de
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Comcel por un servicio de megas o minutos», a cambio se le expedía
una factura mensual, sin embargo, pese a que Comcel se
favorecía con ese tipo de negociación, aquella no demostró
que actuara por cuenta de la pasiva, más bien, por esa
actividad recibía varias «comisiones», tampoco se acreditaron
«esfuerzos adicionales por promocionar el negocio del empresario
demandado, más que la venta de los planes para hacerse acreedor a
una remuneración por esta».
Acerca de esto último destacó el Tribunal que, a
diferencia del distribuidor, el agente tiene la función de
«promover y/o explotar los negocios del empresario», labor que
requiere un gran despliegue de «mercadeo y publicidad», no
solamente la «venta», deducción que hizo a partir de un
pronunciamiento de esta Corte. Tras lo cual, afirmó
categóricamente lo que sigue:
revisado el material probatorio recopilado en el litigio, la actividad
que aquí se evidenció fue la venta de productos o servicios, en la
que la demandante le interesaba para bien propio, mantener las
comisiones por la permanencia de los usuarios con las líneas de
Comcel contratada, sin que nada se dijera acerca de la labor de
mercado, porque si bien, en el interrogatorio de parte, el
representante legal de la demandante manifestó que generaba
“unas estrategias” para llegar a los clientes, las cuales, al parecer
contaban con el visto bueno del Comcel, lo cierto es que durante el
trámite del proceso, estas no fueron ilustradas al Despacho, ni
demostradas.
El sentenciador tampoco halló en la documental alguna
labor independiente desarrollada por la promotora, en aras
de ampliar el mercado y la conquista de clientes. Lo que sí
encontró fue las «Circulares» emitidas por la contradictora
dirigidas a sus «Distribuidores» enseñando las «directrices de la
compañía y campañas publicitarias, en su papel de empresario», es
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más, en una de esas directivas Comcel S.A. puso a entera
disposición de la gestora dos «agencias» para «realizar actividades
diferenciales con mayor impacto y lo más importante los costos que
ustedes como distribuidores manejan».
2.4.- El testigo Andrés Martínez -Gerente de Comisiones
de Comcel S.A.- explicó que ésta vendía los artefactos a la
pleiteante por un coste menor al del mercado, para que
tuviera un margen de ganancia con su reventa. En lo relativo
a las «comisiones recibidas por la transferencia de plan pospago» el
deponente mencionó que la encausada «revisaba la permanencia
en el tiempo de la línea activa y comentó que pagaba porcentualmente
hasta el sexto mes de activación» y que «existía una comisión residual,
la cual se generaba en una liquidación aparte, a partir del tercer mes de
activación de la línea, si permanecía en ese estado, continuaba
generando tal acreencia».
2.5.- A juicio del Tribunal, aun cuando Comline S.A.S.
ejecutara tareas de fidelización de clientes y «tramitación de
reclamaciones por pagos de facturas», no la convertía en un «agente
comercial» del extremo pasivo, en la medida en que esas
actividades podían ser realizadas por un comerciante sin
derivar de allí una relación de agenciamiento, premisa que
soportó en un precedente de esta Corte.
De allí tomó pie para señalar que,
no quedó acreditada la gestión por cuenta ajena, con el encargo de
promover y explotar el negocio de la pasiva, dado que la sociedad
demandante evidenció que el haber realizado un trabajo de venta,
al que le destinó su esfuerzo para lograr las comisiones y las
diferencias entre la mercadería y la venta final, sin que haya
demostrado haber desplegado, como ya se dijo, los esfuerzos de
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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mercadeo tendientes a promocionar la marca, posicionar el
producto ante el consumidor final y atraer más clientes fieles, pues
aunque en el escrito primigenio ilustró algunos diagramas en los
que se vislumbra un crecimiento en la comercialización, lo cierto es
que tales cifras y datos fueron genéricos en el acápite en donde se
refirió a la labor de toda “la red de agentes/distribuidores”, sin
que presentaran diagramas y otra representación de su actividad
de promoción y explotación, razón por la cual resulta innecesario
hacer más elucubraciones al respecto.
2.6.- En cuanto a eso de que la demandante sufrió un
menoscabo económico que la llevó a dar por culminada de
forma unilateral el vínculo comercial por las modificaciones
del acuerdo cuestionado y el cobro de «penalidades» efectuado
por la accionada, dijo el sentenciador que de ello no había
prueba, por el contrario, «en el expediente obran actas de
transacción según las cuales se conciliaban todas las diferencias que
existieren durante la ejecución del acuerdo, documentos que no fueron
tachados de falsos y tampoco se desvirtuó su validez pese a que también
pretendió nulitarlos por esta vía».
Y retomando la versión de Andrés Martínez, destacó, de
un lado, que en su narración trajo a colación que efectuaba
las «liquidaciones de manera semanal, que su método de operación
consistía en recibir las facturas de los distribuidores y con ello pasaba a
rendir un informe contentivo de “qué se le está pagando, por qué se le
está pagando o cuándo no se le paga, por qué no se le paga”, a lo que
agregó, que también contaba con “unos canales abiertos” para que los
distribuidores, enviaran sus reclamaciones», precisamente, dijo
sobre esto último que reexaminados los «estados de estas
cuentas del último periodo comprendido desde el año 2016 y hasta el
cierre de la relación contractual (…) no encontró reclamaciones por parte
de Comline, ni siquiera al finalizar el contrato».
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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Otro tanto remembró Edwin Vargas -empleado de la
compañía contratada por la pasiva para prestarle el servicio
de auditoría y revisoría fiscal-, quien indicó que «nunca ha
hallado alguna situación anormal en los estados financieros y contables
de la [pasiva]».
3.- En suma, concluyó el ad quem «el contrato de
distribución no logró desvirtuarse con las reglas propias de la agencia
comercial», por ende, no había lugar a acceder a lo pretendido
por la gestora.
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
El casacionista planteó cuatro (4) cargos contra la
sentencia, de los cuales sólo el tercero fue recibido a trámite
(AC3013-2023), que habrá de despacharse a continuación.
TERCER CARGO
Formulado al amparo de la causal segunda del artículo
336 del Código General del Proceso, se denunció la violación
indirecta de los artículos 1317 del Código de Comercio y 2469
del Código Civil por interpretación errónea; las pautas 830,
870, 871, 880, 1324, 1325, 1327 y 1330 del estatuto
mercantil y 15, 16, 1546, 1603, 1618, 1621, 1622 y 1624 de
la codificación civil, por falta de aplicación; como
consecuencia de errores de hecho en la contemplación de los
interrogatorios de parte, los testimonios, el dictamen pericial
y la contestación de la demanda reformada.
De esta manera, como yerros fácticos, se denunciaron
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
21
los siguientes:
1.- Empezó criticando la valoración que hizo el Tribunal
del interrogatorio de parte rendido por Felipe Alejandro
García -representante legal de la enjuiciada- del cual, dijo el
opugnante, se aprecia con claridad la existencia de un lazo
de «agencia mercantil», pues en su versión afirmó que: a) La
actora «estaba facultada para realizar actividades de publicidad y
mercadeo»; b) La promotora tenía «una licencia para usar las marcas
Comcel y/o Claro, circunstancia que no es propia de un mero contrato de
distribución»; c) Comline S.A.S. hacía uso de dichas marcas y
ese encargo era ejecutado por cuenta de Comcel S.A.; d) Los
puntos de atención instalados por la demandante estaban
distinguidos con el logo de «Claro, mostrando que el encargo era por
cuenta de Comcel»; e) Las personas que adquirían servicios
«pospago» suscribían un «contrato de prestación de servicios»
directamente con la encausada, es decir, la clientela
pertenecía a esta última, por ende, «la operación no se trataba de
una mera compra para la reventa» y; f) En tratándose de «planes
prepago» la compra del equipo tecnológico iba atada a la
adquisición de una «sim card», en cuyo caso, los «abonados»
firmaban un compromiso de «prestación de servicios» con la
conminada, de ahí que, no se trataba de una simple
operación de «venta para la reventa».
En opinión del censor tampoco «resultaba extraño», como
lo dijo el ad quem, que por 13 años la convocante jamás
elevara reclamo alguno por la «naturaleza o términos de la
negociación», si es que las «discusiones relativas a las prestaciones de
que trata el artículo 1324 del Código de Comercio, únicamente surgen al
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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momento de la finalización del contrato». Y el hecho de que uno de
los contratantes no suscriba el acuerdo y no muestre
«enérgicamente» su inconformidad durante su ejecución, para
nada es «indicativo de que aquellas estipulaciones contractuales que
expresamente excluyen el contrato de agencia mercantil no sean
abusivas».
Por si fuera poco, resaltó el recurrente, la corporación
dio una alcance que no tenía al relato de Carlos Eduardo
Álzate -manager de Comline S.A.S.-, quien aseguró lo
siguiente: i) Que se llevaron a cabo «estrategias comerciales» para
conseguir clientela a favor de Comcel S.A.; ii) Que mediante
«barridos con vendedores, perifoneos, publicidad radial en emisoras y en
páginas amarillas de directorios telefónicos», promocionó y
comercializó los servicios de telefonía «prepago como pospago»
por cuenta de la accionada; iii) Que el compromiso
demandado fue «enteramente predispuesto por Comcel y que Comline
no tuvo oportunidad de negociar ninguna de sus estipulaciones», tanto
así que, cualquier inconformidad frente a estas hubiesen
conllevado a su no celebración o a su no renovación; iv) Que
las condiciones impuestas por la encausada generaron un
«detrimento económico para Comline, hasta el punto de significar la
inviabilidad del negocio» y; v) Que la adversaria pretendió la
suscripción de un «acta de terminación» para que la gestora
renunciara a «todas las prestaciones y derechos derivados del
Contrato», en vez de ello, propuso la firma de uno de «agencia
para promover y explotar los servicios de Comcel y Telmex».
2.- Enseguida acusó al sentenciador de cometer error
de hecho en la apreciación de varios testimonios.
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
23
2.1.- Cercenó la declaración de Evelio Arévalo -abogado
del área de contratos de Comcel S.A.-, quien aseveró que el
acuerdo demandado «fue enteramente predispuesto por Comcel y
que, si bien no se generaban multas por la decisión de no prorrogarlo, la
no aceptación de los términos en él contenidos comportaba la no
suscripción o continuidad de este».
2.2.- Omitió valorar en su real dimensión el dicho de
Olga Patricia Martínez -«líder regional de Comcel»-, según el cual:
i) La promotora efectuó «actividades de publicidad, tales como
perifoneos, instalar carpas frente al local comercial donde colocaban
música, volanteo, vendedores fuera con vitrinas y camionetas», cuyo
propósito era la búsqueda de clientes para la opositora; ii) En
la modalidad «pospago» los usuarios pertenecían a la
demandada tan pronto suscribían el «contrato de prestación de
servicios» y en materia de «kits prepago» la obtención del equipo
estaba atada a la adquisición de una «sim card de Comcel», por
tanto los compradores eran de esta última; iii) Tratándose de
«planes prepago», la auspiciante no tenía libertad para
determinar el coste de los equipos que la compañía
contradictora le suministraba; y iv) El convenio demandado
fue de adhesión «por haber sido enteramente predispuesto por
Comcel».
2.3.- En sentir del censor, la magistratura derivó
«consecuencias» que no se infieren de lo relatado por Andrés
Francisco Martínez -Gerente de Comisiones de Comcel S.A.-,
puesto que de su dicho se desprende que: i) La activante
ejercitó tareas de «promoción y comercialización del servicio de
telefonía móvil» por cuenta de la interpelada, hasta el punto que
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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la clientela le pertenecía a ésta; ii) La precursora no contaba
con libertad para fijar el precio de venta de los equipos y los
servicios ofrecidos a los usuarios, como ocurre en los
acuerdos de «distribución»; iii) En materia de «telefonía móvil en la
modalidad prepago», Comline S.A.S. percibía una remuneración
por cada «activación de una línea», pero esa retribución «era más
que una simple utilidad en la reventa».
2.4.- Otro yerro fáctico, en opinión del recurrente,
cometió el fallador en el examen del testimonio de Edwin
René Vargas Salgado -trabajador de Ernst & Young-, pues se
refirió a una certificación sobre «pagos anticipados e
indemnizaciones con corte de 31 de diciembre de 2018», circunstancia
ajena con la «modificación unilateral de las condiciones del Contrato
invocadas por Comline para la terminación con justa causa de la relación
negocial».
2.5.- Finalmente, el juzgador dejó de lado lo atestiguado
por Juan Carlos Villescas Cuervo -Gerente de Trade
Marketing de Comcel S.A.- quien, según el casacionista,
aseveró que la accionante «ejecutó actividades de publicidad y
mercadeo para la consecución y fidelización de clientes de Comcel».
3.- A continuación, el impugnante endilgó al Tribunal
«error de hecho» en las pruebas trasladadas de los procesos
arbitrales iniciados por MDC S.A.S. y K-Celular S.A.S.-
contra Comcel S.A.
3.1.- Inició su embestida trayendo a colación lo
declarado por Óscar Rodríguez en la causa arbitral de MDC
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S.A.S. contra Comcel S.A., del cual dijo que se colegía cómo
la reclamante llevó a cabo «el encargo por cuenta de Comcel, pues
fue esta última quien asumió la totalidad de los riesgos propios de la
operación».
3.2.- En cuanto al juicio arbitral promovido por K-
Celular S.A.S. vs. Comcel S.A., el opugnante hizo referencia
a los testimonios de Sonia Viviana Jiménez, Sonia de la
Roche y José Orlando Peralta y, tras reproducir textualmente
algunas líneas, dijo que de estos se desprendía que las «“Actas
de conciliación, transacción y conciliación de cuentas” correspondió a un
simple finiquito de cuentas y no a un verdadero contrato de transacción»
como lo dedujo el ad quem.
4.- En lo tocante con la evidencia documental, el censor
lanzó las siguientes críticas:
4.1.- Con respecto al «Contrato de voz suscrito el 23 de
noviembre de 2005 entre Comline y Comcel», señaló que el
sentenciador no comprendió «su real extensión, limitando
indebidamente su verdadero alcance». Por decir algo, en varias
estipulaciones la enjuiciada muestra su intención de
descartar la naturaleza de la convención como de «la agencia
comercial», de donde pudo colegir el Tribunal -y no lo hizo- que
tanto afán y esfuerzo por prescindir de esa tipología de
negocio, es poque «no obedece a uno de distribución, sino que se
corresponde con aquel que insistentemente busca excluir».
Adicionalmente, gran parte del clausulado del convenio
aludido dejan ver, sin duda, que su naturaleza fue uno de
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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«agencia comercial», toda vez que: i) La clientela pertenecía a la
enjuiciada; ii) Comline S.A.S. fue encargada para ejecutar
labores de «mercadeo, promoción y venta de los servicios de Comcel»;
iii) La accionante percibía una «remuneración por la promoción del
negocio de Comcel»; iv) La interpelada asumió el «riesgo operativo
relacionado con el correcto funcionamiento de las redes celulares y de
los equipos terminales (teléfonos celulares y sim cards)»; v) Comcel
S.A. suscribía directamente con los usuarios los contratos de
prestación de servicio de telefonía móvil, los cuales eran
redactados por aquella bajo sus condiciones; vi) La gestora
tenía la tarea de promover el negocio de la conminada «siendo
esta última la facultada para determinar los estándares de mercadeo y
ventas del servicio», además fijar «unilateralmente» las tarifas y los
costos de los «servicios y productos»; vii) Los «dineros recaudados por
Comline durante la ejecución del Contrato pertenecían a Comcel, por lo
que este debía consignarlos oportunamente a órdenes de esta última»;
viii) La reclamante le estaba vedado «ofrecer servicios de otros
operadores diferentes a Comcel»; ix) La demandante solamente
podía promocionar el negocio bajo «la marca de Comcel, sin que
pudiera taparse tal signo con avisos ubicados encima o al lado de este»;
x) La entrega del aparato al adquirente iba atada a la
«activación del servicio de telefonía móvil celular, por lo que constituía un
incumplimiento dejar de entregar el equipo propiciando que el cliente no
pudiera utilizar el servicio de inmediato»; xi) En la modalidad
«prepago», la interesada se comprometió a cancelar el coste de
los artefactos tecnológicos cuando, una vez entregados a los
clientes, estos no hicieran la activación con la accionada, de
modo que, «lo que remuneraba Comcel era realmente la consecución de
clientes para el servicio de telefonía móvil, debido a que si quien adquiría
el aparato no registraba actividad Comline perdía su beneficio»; xii) Los
negociantes pactaron que la «mera tolerancia» respecto del
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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incumplimiento de alguna de las prestaciones del convenio,
no tenía la «connotación de modificación tácita de la voluntad
contractual o de renuncia a las consecuencias del incumplimiento»; y
xiii) La «real naturaleza de las denominadas actas de conciliación
corresponde a un finiquito o cruce de cuentas entre las partes, a partir
del cual se definen los saldos pendientes entre ellas».
4.2.- En lo atinente al «otrosí al contrato de voz suscrito entre
Comline y Comcel» en el año 2008, el recurrente dijo que se
omitió por completo su apreciación, el cual evidenciaba que
los negocios comercializados y promocionados por la
accionante eran exclusivamente de la demandada, pues, i)
Comline a través de Centros de Pagos y Servicios (CPS)
recaudaba los dineros de los usuarios por la prestación del
servicio de telefonía móvil a cambio de una remuneración; ii)
Ese caudal era propiedad de la opositora; y iii) El quehacer
de la convocante «no se limitó a una mera compra para la reventa».
4.3.- En opinión del censor, tampoco se ponderó
materialmente los «Treinta y Dos (32) contratos celebrados por
Comcel con miembros de su red de agentes/distribuidores entre los años
1994 y 2011», en los que de forma abusiva la compañía
antagonista excluyó la existencia de una «agencia comercial».
4.4.- Aunado a lo anterior, la corporación dejó de lado
los «Informes anuales de Comcel, correspondientes a los años 2005 a
2016», de donde se podía constatar que los ingresos de la
contrincante provenían de la prestación del «servicio de telefonía
móvil» y la venta de dispositivos (teléfonos celulares y sim
cards), mismos que anualmente fueron creciendo gracias al
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
28
trabajo realizado por la «red de agentes/distribuidores
independientes».
Encima, el «negocio» de Comcel siempre fue la «prestación
del servicio de telefonía móvil celular», de ahí que, «la venta de los
equipos e[ra] una labor accesoria y necesaria» para ese objetivo. De
hecho, según estas probanzas los riesgos de cartera,
operativo y de mercado fueron asumidos por la enjuiciada.
4.5.- Ni qué decir del «Informe de sostenibilidad de Comcel de
los años 2014, 2015 y 2016», según los cuales, la clientela
conquistada por la gestora era de la querellada, es más, en el
«informe del año 2016» se deduce que «la red de
agentes/distribuidores de Comcel, entre ellos Comline, realizaron
25.962 eventos promocionales de activación de la marca “Comcel/Claro”
en el año 2015 y 22.477 durante tal año».
4.6.- A voces del casacionista, el ad quem omitió tener
en cuenta el «Contrato público de concesión No. 000004, de fecha 28
de marzo de 1994, exhibido por Comcel», con arreglo al cual, la
perseguida era la única autorizada para la «prestación del
servicio de telefonía móvil celular» en el área oriental del país, por
ende, las gestiones de promoción adelantadas por la
reclamante se ejecutaron por cuenta de aquella y «que una vez
vinculados contractualmente los usuarios, estos pasaban a ser clientes
de Comcel».
4.7.- Mucho menos, paró mientes en las Resoluciones
Nos. 598 de 27 de marzo de 2014 del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 4444
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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de 26 de marzo de 2014 de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, según las cuales, Comcel S.A. estaba
autorizada para «prestar el servicio de telefonía móvil celular en
Colombia» y se prohibió el «establecimiento de cláusulas de
permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles»,
respectivamente, por consiguiente, la actividad de la petente
estuvo orientada a «promover y explotar el servicio de telefonía móvil
celular de Comcel y no en una operación de compra para la reventa» y
que la «venta de equipos, tanto en modalidades prepago como pospago,
siempre ha sido accesoria o complementaria a la prestación del servicio
de telefonía móvil prestado por Comcel».
4.8.- Incluso, dijo el censor, la Magistratura eludió las
«circulares» remitidas por la convocada a su «red de
agentes/distribuidores», en las que se evidencia que Comline
S.A. actuaba por cuenta de aquella: i) Bien comercializando
los «servicios de telefonía móvil», ora, ofertando el equipo
electrónico; ii) Remitiendo a sus «agentes/distribuidores» la
«papelería que incorporaba los “Contratos de Servicios de Telefonía Móvil
Celular”, junto con los pagarés que los clientes debían completar»; iii)
Otorgando instrucciones precisas de la manera en que «debía
ejecutar el encargo de explotación del servicios de telefonía móvil
celular»; iv) Asimismo, determinaba el contenido de las
«solicitudes de servicio» de los clientes y las estipulaciones del
«contrato de voz y datos», así como la forma en que sus
«agentes/distribuidores» los diligenciarían, vinculando
jurídicamente a la querellada con los usuarios; y v) En 2016
reconoció a favor de sus «agentes» una «bonificación por buena
venta de Kits Prepago», pero luego de 10 años fue eliminada
«unilateral e intempestivamente» por la accionada, lo que «constituye
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
30
un ejercicio abusivo de la facultad unilateral que tenía Comcel de
delimitar el contenido de la remuneración a favor de su red de
agentes/distribuidores».
4.9.- A continuación, el recurrente le achacó al
sentenciador haber ignorado las «Cartas de Comisiones enviadas
por Comcel a Comline» entre 2005 y 2018, de acuerdo con las
que, en tratándose de «planes prepago», la gestora estaba en la
obligación de «pagar a Comcel la totalidad de los teléfonos celulares,
equipos y productos, cuando habiéndolos entregado al cliente, este
último no realizaba la activación del servicio de telefonía móvil», de
donde surque que, «lo que remuneraba Comcel era realmente la
consecución de clientes para el servicio de telefonía móvil, debido a que
si quien adquiría el aparato no registraba actividad, Comline perdía su
beneficio (margen de utilidad)».
Aunado a ello, de esa probanza documental también se
desprende que la contradictora alteró por iniciativa propia
«las bases para la causación de la comisión por residual» y eliminó la
«comisión por permanencia en planes pospago», lo cual conllevó a
que la precursora diera por culminado el compromiso
demandado por justa causa, pues, Comcel S.A. «no estaba
habilitada para imponer nuevas condiciones», además, ese obrar da
cuenta del «ejercicio abusivo de [sus] derechos».
4.10.- En otro segmento, aseveró que el fallador
concluyó erradamente «que no existe prueba de que el Contrato fue
terminado por Comline con justa causa imputable a Comcel», pues,
obran en el plenario unas «actas de transacción, conciliación y
compensación de cuentas», según las cuales, «se conciliaban todas
las diferencias que existieren durante la ejecución del acuerdo».
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No obstante, a voces del casacionista, esos folios tienen
un alcance diferente al dispensado por el Tribunal, a saber:
i) No son «actas de conciliación», dado que, «los acuerdos no fueron
realizados ante un tercero imparcial y calificado para ello»; ii) Tampoco
tienen la naturaleza de «contratos de transacción», ya que, de un
lado, no se menciona la «controversia o diferencia existente entre las
Partes que motiva su celebración», y de otra parte, «no hay
concesiones recíprocas» entre las partes, simplemente hay una
manifestación de «paz y salvo» de Comline S.A.S a favor de
Comcel S.A.; iii) En la última «Acta de Conciliación, Transacción y
Compensación de Cuentas» suscrita con fecha de corte 31 de
diciembre de 2014, aunque se pactó un «paz y salvo parcial» de
cuentas, estas no abarcaron las «comisiones y demás derechos
económicos que Comline reclama en este proceso y que se hicieron
exigibles con posterioridad [a dicha data]».
4.11.- Y en lo tocante con el «preaviso de terminación del
contrato», aseguró el censor que el iudex plural lo desatendió
por completo, siendo que, esa pieza acreditaba los motivos
por los cuales la pleiteante decidió finiquitar motu proprio el
vínculo contractual con la compelida, que no fue otra cosa
que, la eliminación y desembolsos incompletos de
comisiones, «incumplimientos» y «conductas abusivas por parte de
Comcel» que «afectaron el equilibrio económico del Contrato y provocaron
la inviabilidad del negocio de Comline».
5.- Finalmente, el suplicante imputó error de hecho al
colegiado en la apreciación del dictamen pericial rendido por
Jega Accounting House Ltda., del cual, bien pudo tener por
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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acreditado que: i) La promotora «conquistó clientela para Comcel a
través de la legalización de kits prepago y sim cards y la activación de
planes pospago»; ii) Adelantó labores de «mercadeo y publicidad con
su propio patrimonio»; iii) Promovió y explotó «el negocio de Comcel
y recibió a cambio una remuneración» y; iv) La comercialización de
«kits prepago se encontraba atada a la activación de una línea de
telefonía móvil».
6.- Como colofón de la acusación, el opugnador alegó
que ni los interrogatorios de parte, ni los testimonios, ni la
prueba trasladada, ni la documental y menos aún la
experticia practicada, dan cuenta de la celebración de un
convenio de distribución. Más bien, de esos medios de
convicción se deduce que: i) El acuerdo censurado es uno de
«agencia comercial»; ii) Comline S.A.S. sí llevó a cabo «labores de
mercadeo y publicidad de los productos y servicios de Comcel bajo la
marca Comcel/Claro»; iii) En consecuencia, la actora tenía
derecho a percibir la prestación mercantil contemplada en el
artículo 1324 del Código de Comercio, así como la
indemnización allí prevista.
En esa medida, dijo el recurrente, si el ad quem «hubiera
apreciado en debida forma los hechos y las pruebas, hubiera llegado a
la convicción de que, en efecto, se acreditó la actuación a nombre y por
cuenta de un tercero y, consiguientemente, hubiera constatado que entre
las partes existió un contrato de agencia comercial».
IV. CONSIDERACIONES
1.- Los elementos esenciales del contrato de agencia
comercial.
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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1.1.- El artículo 1317 del estatuto mercantil define esta
tipología de compromiso como aquella por medio de la cual
«un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el
encargo de promover o explotar negocios en un determinado ramo y
dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante
o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o
distribuidor de uno o varios productos del mismo. (…) La persona que
recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente».
En palabras de la Corte, «[m]ediante su concurso, un
comerciante asume en forma independiente y estable, el encargo de
promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una
zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de
un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de
uno o varios de sus productos» (SC3645-2019).
Puestas en esa dimensión las cosas, para que pueda
tener lugar el reconocimiento de la existencia de un convenio
de «agencia comercial», deben concurrir los siguientes elementos
esenciales: i) Un encargo de promover y explotar negocios; ii)
La independencia y estabilidad del agente; iii) Una
remuneración a favor de éste y; iv) La actuación por cuenta
ajena del agente.
La Sala se ha pronunciado sobre cada uno de dichos
presupuestos, destacando sus principales características de
cara a identificar la presencia de esta modalidad de
interacción empresarial en otros tipos de compromisos, cuya
celebración buscan encubrirla. Así, frente al primer
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
34
requisito, esto es, el «encargo de promover y explotar negocios»
ha decantado que:
Del contrato de agencia surge para el agente una típica prestación
de hacer, caracterizada como promoción y explotación de negocios
ajenos, procurando por esa vía la progresión del mercado del
empresario. Ello explica el especial tratamiento que dio el
legislador al contrato en estudio, en tanto que la labor del agente
debe redundar -al menos idealmente- en un beneficio directo al
empresario, que extiende sus efectos aún después de finalizado el
vínculo entre aquél y este.
La tarea del agente está orientada a acreditar una marca,
conquistar una clientela y ampliar las oportunidades de venta de
los bienes o servicios que provea el agenciado, a través de un
conjunto de actividades -v.gr. elaboración de bases de datos de
clientes, estudio de las condiciones del mercado, confección de
piezas publicitarias, programación de jornadas de demostración,
atención en la posventa, etc.- que pueden ubicarse en la fase de
preparación del negocio (promoción), o en la de su
perfeccionamiento (explotación), pero que siempre persiguen ganar
un mercado para el empresario.
Ello es trascendente porque en otros negocios de intermediación -
diferentes a la agencia- se promocionan bienes o servicios del
productor primario, pero con finalidades distintas a la reseñada;
así, el franquiciante, exclusivamente para su beneficio, publicita la
marca y productos del franquiciado, tal y como lo hace el
concesionario de vehículos con la marca de los que vende, por citar
tan solo dos ejemplos (Subrayas en el texto, CSJ SC2407-
2020, criterio reiterado en SC049-2023).
En lo atinente a la «independencia y estabilidad del
agente», se ha adoctrinado que todo agente es dueño de una
organización o empresa independiente a la del agenciado, la
cual pone a su disposición para realizar las actividades de
promoción y explotación de su negocio, pero, «no significa que
el agente no deba ceñirse a las instrucciones que le haya impartido el
empresario por cuya cuenta obra y, por ende, a coordinar con éste las
actividades de promoción que desarrolle, como quiera que se trata de
una labor de respaldo o apoyo a una actividad que a los dos beneficia»
(CSJ. Casación Civil. Sentencia 199 de 15 de diciembre de
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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2006, expediente 09211, criterio reiterado en CSJ SC3645-
2019).
La independencia y autonomía del agente tiene que ver,
en primer lugar, con que «el referido comerciante ejerce su actividad
valiéndose de una organización distinta a la del agenciado, de modo que
cuente con una estructura organizativa propia (oficinas, establecimientos
de comercio, empleados, etc.), y desarrolle y ejecute el contrato
autónomamente. Sin embargo, la emancipación del agente en el ejercicio
de su misión contractual puede no ser absoluta, pues la misma
naturaleza del encargo exige que aquel se plegue a ciertas pautas o
directrices fijadas por el empresario (así lo señala el artículo 1321 del
Código de Comercio), como es frecuente en materia de identidad
corporativa, requerimientos de transporte y almacenamiento de
productos, políticas de atención al cliente, entre otros supuestos». Y, en
segundo término, que «está ligada a la propia función económica de
la agencia comercial, que exige la extensión en el tiempo del lazo
contractual, tanto para que el agente pueda cumplir adecuadamente su
misión, como para que pueda recuperar la inversión que supone diseñar
una organización independiente (en los términos recién explicados)»
(CSJ SC2407-2020, criterio reiterado en SC049-2023).
Por su naturaleza onerosa, la ejecución de la «agencia
comercial» implica una «remuneración a favor del agente» (art.
1322 C.Co), la cual consiste en un emolumento que «puede
adoptar diversas formas, algunas de ellas comunes a otros negocios
jurídicos de intermediación; por consiguiente, no existe un modo de
remuneración específico (comisión, prima de éxito, descuento, etc.) que
pueda entenderse como un rasgo distintivo del contrato de agencia, con
respecto a las restantes convenciones» (ibidem), eso sí, más allá de
la especie de estipendio, lo fundamental es que «tenga el alcance
de remunerar las actividades que el agente realiza por cuenta y a nombre
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
36
de un empresario, bien mediante el pago de una cantidad fija o variable,
ora representada en un porcentaje de las utilidades o regalías del
negocio, ya combinando una y otra forma» (CSJ SC3645-2019).
Finalmente, esta clase de pactos conlleva el despliegue
de una serie actividades en cabeza del agente por cuenta de
otro: el agenciado, quiere decir ello que «el impacto del éxito o
fracaso de la encomienda se patentiza primordialmente en los estados
financieros del agenciado, mientras que por sus labores de conexión
aquel recibe una remuneración preestablecida (…).La actuación ‘por
cuenta ajena’ (…) consiste fundamentalmente en que las principales
utilidades, riesgos y costos de la operación radican en cabeza del
empresario, lo cual explica que la clientela le pertenezca, una vez
finalizado el agenciamiento» (CSJ SC, 10 sep. 2003, rad. 2005-
00333-01, reiterada en CSJ SC2407-2020 y en SC049-2023).
1.2.- Aunque la «agencia mercantil» ostenta unas
características específicas, suele compartir rasgos comunes
con otro tipo de convenciones, incluso, al punto que puedan
generar confusión respecto de la tipología de vínculo,
verbigracia, la distribución. En efecto, una lectura atenta del
artículo 1317 del estatuto mercantil daría pie para inferir que
en materia de «agencia comercial» los agentes también actúan
como «distribuidores» de «uno o varios productos» del empresario.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien
eventualmente el «agente», por la misma naturaleza de esa
clase de acuerdos, tiene la posibilidad de llevar a cabo la
labor de «distribuir» los bienes o servicios del agenciado,
siempre actuará por cuenta y en beneficio de éste. He aquí la
principal diferencia de la «agencia comercial» con los pactos de
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
37
«distribución», en estos últimos, los comerciantes obran
independientemente en la búsqueda de un provecho propio,
es así que,
algunos distribuidores pueden ser agentes; sin embargo, no todos
pueden considerarse agentes, independientemente de que se
identifiquen con algunos de los rasgos característicos de la agencia
comercial; por ejemplo, los comerciantes que adquieren bienes o
servicios para revenderlos.
En palabras de la Sala, “(…) cuando un comerciante difunde un
producto comprado para el mismo revenderlo, o, en su caso,
promueve la búsqueda de clientes a quienes revenderles los
objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un
negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada; pero
tal actividad no obedece, ni tiene la intención de promover o
explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra los
bienes, aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la
llegada del producto al consumidor final (…)” [CSJ. Casación Civil.
Sentencia de 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1270/1297)].
Un simple distribuidor, al actuar en causa propia, es distinto del
agente, porque debe asumir todas las contingencias de la
operación, por ejemplo, la pérdida o el deterioro de las mercancías,
el no pago de ellas, la insolvencia o iliquidez de los clientes, o la
inestabilidad de los precios en el mercado (subrayado fuera del
texto, CSJ SC3645-2019).
Y aunque, el distribuidor ejerce quehaceres de
promoción, mercadeo y publicidad de los productos, lo hace
a nombre y en interés propio, no por cuenta ajena como
ocurre con el agente. De esta manera,
si el distribuidor compra al proveedor los productos para luego
revenderlos y, en aras de lograr ese objetivo, adelanta labores de
mercadeo, en tanto que una y otra actividad redundan solamente
en su exclusivo beneficio o radican únicamente en él las
consecuencias perjudiciales que de ellas se desprendan, es obvio
que dicho gestionar no puede tomarse en cuenta para tener por
cumplido el objeto de un contrato de agencia mercantil.
En tal virtud, cuando el beneficio económico del intermediario es la
diferencia del precio por el que adquiere las mercancías del
empresario y aquel al que luego las enajena, ese margen no puede
considerarse remuneración para los efectos de la agencia
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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mercantil, en tanto que no proviene del agenciado, ni guarda
relación con sus negocios, sino que es producto de la gestión de
aquél, desarrollada en la ejecución de una actividad personal y
propia.
Agréguese que la compra para revender típica de la
distribución propiamente dicha, en tanto constituye la
realización de un negocio propio del distribuidor, con todo
lo que ello comporta, impide reconocer la ocurrencia de una
agencia mercantil, toda vez que es requisito sine qua non que el
agente actúe por cuenta ajena (resaltado intencional, CSJ
SC049-2023).
Lo anterior, ha dicho la Sala, tiene fundamento en que,
cuando un comerciante difunde un producto comprado para [é]l
mismo revenderlo, o, en su caso, promueve la búsqueda de clientes
a quienes revenderles los objetos que se distribuyen, lo hace para
promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la
reventa mencionada; pero tal actividad no obedece, ni tiene la
intención de promover o explotar negocios por cuenta del
empresario que le suministra los bienes, aunque, sin lugar a
dudas, este último se beneficie de la llegada del producto al
consumidor final (…)’.
Un simple distribuidor, al actuar en causa propia, es distinto del
agente, porque debe asumir todas las contingencias de la
operación, por ejemplo, la pérdida o el deterioro de las mercancías,
el no pago de ellas, la insolvencia o iliquidez de los clientes, o la
inestabilidad de los precios en el mercado.
La contraprestación de la actividad es otro de los elementos que
distancian al revendedor en una agencia, pues los distribuidores
no la derivan del empresario, sino que, por sí, la amasan y
construyen, sacando provecho de la diferencia de precios entre las
operaciones de compra y de reventa.
Igual que en la agencia, la simple distribución tampoco excluye la
intervención de los empresarios en actividades de cooperación,
como publicidad (avisos en locales, camisetas, regalos, etc.), y
mercadeo (incentivos, garantías, en fin), entre otras; o en materia
de restricciones, imponiéndolas, verbi gratia, para salvaguardar la
notoriedad de la marca o del producto y los demás derechos
materiales e intangibles comprometidos en la distribución
(subrayado dentro del texto, CSJ, SC3645-2019, citada
textualmente en CSJ SC049-2023).
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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1.3.- En definitiva, en cuanto a estas dos modalidades
de acuerdos -agencia comercial y distribución- la Corte ha
fijado las siguientes diferencias:
(i) la venta de la mercadería ajena, hecha por el agente, se hace
por cuenta del principal, apoyada en el mandato, mientras el
distribuidor vende a nombre propio y por su cuenta y riesgo,
facturándole al cliente y lucrándose con la diferencia; (ii) en
punto a sus finalidades, el de agencia busca procurar al
proponente un resultado derivado de la actuación del agente, en
tanto la distribución halla por objeto que la producción llegue
con mayor facilidad a distintos lugares, ampliando su clientela;
(iii) la forma de actuación de los auxiliares independientes
difiere por cuanto el agente no adquiere la propiedad de las
mercaderías en cuya colocación interviene, cosa que sí acontece
en la distribución’ (CSJ SC1121-2018).
Y más recientemente, consideró que:
La diferencia entre la simple distribución y la agencia comercial,
por lo tanto, en línea de principio, no está dada por la intromisión
de los empresarios en el desarrollo de una u otra actividad;
tampoco en la penetración de los mercados; ni en la conquista de
los clientes; menos, en la comercialización de bienes o servicios
dentro de una zona prefijada. En estricto sentido, porque esas
características son predicables de ambas modalidades de
intermediación (CSJ, SC3645-2019).
2.- Causal segunda: los errores de hecho y de
derecho en materia del recurso extraordinario de
casación civil.
Como bien se sabe, el recurso de casación como medio
de impugnación extraordinario no constituye una instancia
adicional, ni atañe al aspecto fáctico de la controversia
judicial (thema decidendum), por tanto, no es una nueva
oportunidad para reabrir el debate sobre lo que se probó o no
en el curso de las instancias, amen que su finalidad
primordial y directa lo constituye la sentencia recurrida como
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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thema decissum, es decir el contenido del fallo proferido por
el ad-quem, con el fin de dilucidar si éste incurrió en
desaciertos reprochables, tanto en su labor de juzgamiento,
como en los aspectos rituales (vicios de procedimiento),
ambos transgresores de la ley, cuya ocurrencia y
trascendencia pueda imponer el quiebre de la providencia, la
cual arriba a la Corte amparada de la doble presunción de
legalidad y acierto.
Dentro de los diversos motivos que el legislador ha
previsto como causales de casación está la violación indirecta
de normas sustanciales «como consecuencia de error de derecho
derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de
hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda, de su
contestación, o de una determinada prueba» (art. 336 C.G.P.).
2.1.- Cuando se alega error de hecho en la estimación
de los medios probatorios, se requiere -como lo ha sostenido
la Corte- que el enjuiciador acusado desacierte en la
contemplación objetiva de los elementos suasorios por
incurrir en un desatino paladino u ostensible, que haga
vislumbrar una evidente contradicción entre lo inferido y la
entidad ontológica de los componentes del acervo
demostrativo.
El origen de la anotada falencia puede encontrarse en
estimar erróneamente la existencia o inexistencia de una
prueba, o en la interpretación contrapuesta a su contenido
material. En ese sentido, la doctrina jurisprudencial de la
Corporación ha advertido que este tipo de anomalía se
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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estructura en los eventos relacionados a continuación:
a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él
no existe realmente1;
b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe
en los autos2; y,
c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin
embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por
entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento». (CSJ
SC4063-2020, criterio reiterado en SC2906-2021)
La comisión de los yerros referidos ha de llevar al
juzgador a conclusiones contraevidentes, esto es, inversas a
la realidad substancial que manifiestan los elementos
persuasivos, dando por probados o no los hechos sobre los
cuales versen.
Aunado a lo expuesto, el desatino debe gozar de
relevancia indiscutible en la resolución del litigio, pues no es
suficiente para quebrar la sentencia impugnada, que se
advierta una incorrección en la apreciación de las probanzas
-aun si esta es notoria-, si ella no alcanza incidencia en la
definición de la relación jurídico sustancial debatida en el
juicio, al punto de variar el sentido de la determinación que
reprocha el casacionista.
2.2.- De otro lado, el error de derecho supone la
conformidad con el contenido material de la prueba, pero se
reclama su indebida estimación, por mediar la violación de
1 Halla un medio inexistente, o falsea o distorsiona la objetividad de una prueba,
agregándole algo que le es extraño (suposición).
2 Ignora la presencia del medio demostrativo, o cercena parte de su real contenido para
asignarle una significación divergente (preterición).
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normas de disciplina probatoria que atañen con la
aportación, admisión, producción o estimación de la misma.
Esto es, el desacierto surge porque en la apreciación jurídica
del medio demostrativo el enjuiciador no observa «los requisitos
legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la
realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente
que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un
medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando,
requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar
determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito
probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba
distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho
o de un acto una prueba especial que la ley no requiere». (CXLVII, pág.
61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02,
reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-
01, CSJ AC3327-2021, 26 ag., rad. 2017-00405-01, ac 4145-
2022 de 4 de oct, Rad. 2010-00090-01).
Se incluye, además, en esta tipología de pifia la no
apreciación conjunta de los medios probatorios allegados al
trámite, conforme lo impone el artículo 176 del Código
General del Proceso, o la omisión en el decreto de pruebas de
oficio en los precisos supuestos demarcados por la
jurisprudencia.
2.3.- Aunado a lo anterior, tratándose del error de
hecho, el literal a) del numeral 2° del artículo 344 del Código
General del Proceso, le impone al casacionista la tarea de
singularizar con «precisión y claridad» las pruebas
indebidamente ponderadas, lo cual quiere decir que debe
señalar el aspecto concreto del medio demostrativo en que
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radica la equivocación del Tribunal.
Pero ello no para ahí. No basta con indicar la prueba y
su ubicación espacial en el plenario, también se torna
necesario exponer su contenido objetivo y contrastarlo con lo
que de ella extrajo el sentenciador, alteró o dejó de ver,
porque sólo de esa manera saldrá a flote el desliz imputado a
éste, con trascendencia en la determinación combatida.
Puntualmente la Corte ha expresado que «-cuando [el
casacionista] endilgue al sentenciador violación de la ley sustancial, a
consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las pruebas-, más
que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al
sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios
probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las
conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la
exposición de la evidencia de la equivocación, así como su trascendencia
en la determinación adoptada» (CSJ SC3142-2021 citada).
Así las cosas, si el objetivo de la censura es comprobar
un yerro fáctico,
es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en
que habría incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite
cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una
mera opinión divergente de la del sentenciador, por atinada o
versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por
sí sola, retumbe en el proceso. “El impugnante -ha puntualizado la
Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se
compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurrió el
Tribunal, como consecuencia directa del cual se adoptó una
decisión que no debía adoptarse” (CCXL, pág. 82), agregando que
“si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige,
como mínimo, explicar qué es aquello que se enfrenta, fundar una
acusación es entonces asunto mucho más elaborado, comoquiera
que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia
carece de razón, sino que impone, para el caso de violación de la
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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ley por la vía indirecta, concretar los errores que se habrían
cometido al valorar unas específicas pruebas, y mostrar de qué
manera esas equivocaciones incidieron en la decisión que se
repudia” (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088).
En suma, la exigencia de la demostración de un cargo en casación,
no se satisface con afirmaciones o negaciones panorámicas -o
generales- sobre el tema decidido, así éstas resulten pertinentes
respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester
superar el umbral de la enunciación o descripción del yerro, para
acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los
argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposición
de la evidencia del error y de su incidencia en la decisión adoptada
(CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670, criterio reiterado en
CSJ SC963-2022).
Del mismo modo, es labor ineludible del impugnante
atacar la totalidad de las conclusiones jurídicas o fácticas del
juzgador, pues de omitir ese cometido y dejar a salvo
argumentos esenciales que soportan la decisión combatida,
esta no podría quebrarse en virtud del carácter restringido y
extraordinario del recurso de casación.
A ese respecto, esta Corporación ha estimado que las
censuras en esta sede excepcional deben contener «un reproche
de todos los fundamentos esenciales que sirvieron al Tribunal para
adoptar la determinación impugnada, porque como es natural, con uno
ellos que se mantenga en pie, ningún sentido tendría la tramitación y
decisión de un recurso que, al final, no sería útil para quebrar la decisión
confutada, porque desprovistos de censura ciertos o algunos argumentos
basilares, la presunción de legalidad que les asiste se mantiene y dejan
a flote la resolución dictada por el Tribunal (AC2229-2020… CSJ
AC1585-2022)» (CSJ AC2535-2023, reiterada en SC425-2024).
3.- El análisis de la acusación.
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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3.1.- Se sabe bien que el Tribunal desestimó las
pretensiones de la compañía demandante, en esencia
porque:
a) Tratándose de «agencia comercial», la normatividad
mercantil es de «disposición patrimonial y no de orden público», de
ahí que, las cláusulas vertidas en esa clase de convenios no
sean abusivas;
b) Ni en la etapa contractual, ni en la ejecución del
compromiso demandado, Comline S.A.S. manifestó su
desacuerdo frente a su naturaleza, es más, fue la intención
de los negociantes pactar que no podía interpretarse como de
«agencia comercial»;
c) No había prueba del contenido de las «observaciones»
realizadas por la reclamante al concierto o molestia a lo
estipulado;
d) A partir de la valoración de los testimonios, estimó
que la encausada le vendía los equipos tecnológicos a la
demandante a un precio inferior al del mercado, para que
ésta obtuviera un margen de ganancia con su reventa,
actividad característica de un acuerdo de «distribución».
e) Echó de menos el requisito de la «gestión por cuenta
ajena» con el «encargo de promover y explotar el negocio de la pasiva»,
por ende, no halló configurada la «agencia comercial» pretendida
por la gestora;
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f) En todo caso, de haber ejecutado Comline S.A.S.
tareas de fidelización de clientes y «tramitación de reclamaciones
por pagos de facturas», así como labores de promoción y
publicidad, estas pueden ser llevadas a cabo por un
comerciante, sin que ello signifique un «agenciamiento
comercial»;
g) No se acreditó el detrimento económico
supuestamente padecido por la convocante que la llevó a
finiquitar unilateralmente el vínculo negocial con la
enjuiciada, contrariamente, se encontraron sendas «actas de
transacción» suscritas por las partes, cuyo propósito fue
conciliar «todas las diferencias que existieren durante la ejecución del
acuerdo», documentos que no fueron tachados de falsos, ni se
desvirtuó su validez.
h) Y, de todas formas, tampoco estaba demostrada
reclamación alguna de la promotora dirigida a polemizar los
pagos efectuados como consecuencia de su labor.
3.2.- En la otra orilla, el censor pretende poner en duda
dichas conclusiones, imputando al ad quem sendos yerros
fácticos en la apreciación de los interrogatorios de las partes,
los testimonios, las pruebas trasladada, documental y
pericial, de donde, en su sentir, se colige la existencia de una
relación de «agencia comercial», en particular, el presupuesto
extrañado en la decisión combatida atinente a la «gestión por
cuenta ajena».
a) Puso en duda la ponderación de lo atestiguado por
Radicación n.° 11001-31-03-037-2019-00330-01
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Evelio Arévalo, Olga Patricia Martínez, Andrés Francisco
Martínez y Edwin René Vargas Salgado, quienes, en opinión
del censor, aseveraron que: i) Comline S.A.S. cumplió
actividades de promoción y comercialización por cuenta de
Comcel S.A.; ii) Los precios de los equipos tecnológicos y
demás servicios eran fijados por esta última; iii) La clientela
pertenecía a la demandada y; iv) Ésta prefijó las
estipulaciones del convenio fustigado. De otro lado, no tuvo
en cuenta lo narrado por Juan Carlos Villescas Cuervo, en lo
tocante con las tareas de publicidad y mercadeo desplegadas
por la convocante para la consecución de usuarios.
b) Hizo referencia a varias declaraciones rendidas en
los juicios arbitrales promovidos por MDC S.A.S. y K-Celular
S.A.S.- contra Comcel S.A., en las que se ratificó, de un lado,
que la interesada obró en nombre de la encausada y que fue
esta quien asumió los riesgos de la operación mercantil y, de
otra parte, las «Actas de conciliación, transacción y conciliación de
cuentas» se suscribieron para finiquitar «cuentas» y no para
transar obligaciones.
c) Trajo a este escenario el contrato cuestionado de
23 de noviembre de 2005, el otro sí a este de 2008, los «Treinta
y Dos (32) contratos celebrados por Comcel con miembros de su red de
agentes/distribuidores entre los años 1994 y 2011», los «Informes
anuales de Comcel, correspondientes a los años 2005 a 2016», el
«Informe de sostenibilidad de Comcel de los años 2014, 2015 y 2016»,
el «Contrato público de concesión No. 000004, de fecha 28 de marzo de
1994, exhibido por Comcel», las Resoluciones Nos. 598 de 27 de
marzo de 2014 del Ministerio de Tecnologías de la
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Información y las Comunicaciones y 4444 de 26 de marzo de
2014 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, las
sendas circulares enviadas por la convocada a la reclamante,
las «Cartas de Comisiones enviadas por Comcel a Comline» entre 2005
y 2018, unas «actas de transacción, conciliación y compensación de
cuentas» y un «preaviso de
terminación del contrato
».
Todas esas piezas, a voces del opugnador, acreditaban
la gestión por cuenta ajena ejecutada por la demandante
-«mercadeo, promoción y venta de los servicios de Comcel»- la
remuneración que percibió por esas tareas, la asunción del
riesgo de la accionada en el desarrollo del negocio, la
permanencia de la clientela en cabeza de aquella, la
determinación de los costes y las tarifas por la prestación del
servicio de telefonía por parte de la convocada, la inclusión
de una cláusula rechazando la verdadera naturaleza de la
convención, las instrucciones impartidas por Comcel S.A. a
su red de «agentes/distribuidores» para el éxito de la operación
comercial, además, que las «actas de transacción, conciliación y
compensación de cuentas» carecían de la condición de «acuerdos
de conciliación», mucho menos de «transacción», y, que Comline
S.A.S. dio por finiquitado el vínculo negocial con la enjuiciada
debido a los incumplimientos y las conductas «abusivas» de
ésta.
d) Y, de la experticia practicada por Jega Accounting
House Ltda., el ad quem podía colegir que la gestora
emprendió misión de conquista de clientela, adelantó labores
de «mercadeo y publicidad con su propio patrimonio» y promocionó el
negocio de Comcel S.A. por lo cual percibió una «remuneración».
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3.3.- Sin embargo, si en la mira del casacionista estaba
arrasar con los razonamientos del Tribunal, su faena debió
encaminarse a encarar la totalidad de estos, cosa que no
acaeció, pues, como se observa, dejó varios temas en el
tintero a la espera de un ataque que nunca perpetró.
3.3.1.-A decir verdad, casi nada se refirió a uno de los
ítems torales de la providencia acusada, relativo a la compra
de mercancía para la reventa que ejerció la convocante, así
como la ganancia obtenida, resultante de la adquisición de
aquella a un costo menor del mercado y la venta a un precio
mayor al consumidor final, que de plano descartaba la
existencia de un lazo de «agencia comercial».
Aunado a lo anterior, el censor guardó silencio en
cuanto a eso de que, si bien la convocante ejecutó labores de
fidelización de clientes y «tramitación de reclamaciones por pagos
de facturas», por si sola, no la convertía en un «agente» de
Comcel S.A., ya que esas actividades podían ser llevadas a
cabo por un comerciante sin derivar de allí una relación de
agenciamiento.
En efecto, el iudex plural ultimó que:
aunque el a quo estimó que la ejecución del contrato se
encaminaba a beneficiar y consolidar el nombre de la compañía,
al punto que sus labores se enfocaban en conseguir la fidelidad de
los clientes junto con la tramitación de reclamaciones por pagos de
facturas, entre otras cosas, para la Sala tal conclusión es errónea,
porque el hecho de que la labor de la demandante no culminara
con una simple venta, sino que además existían unas tareas de
publicidad y posventa, esto no significa que la relación contractual
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se hubiere transformado en agencia comercial automáticamente
por eventos como los que mencionó el juzgador de primer grado. Al
respecto, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado: “Un
comerciante puede recibir el encargo de promocionar y
comercializar productos de un fabricante, e incluso asumir la
prestación de servicios postventa, pero eso no lo convierte en
agente comercial”
Y es que, la molestia del impugnante se enfocó en
denunciar la supuesta indebida apreciación del haz
demostrativo en otros aspectos muy distintos a las premisas
torales del sentenciador y que sirvieron para descartar la
existencia de la «agencia comercial», esto es, la compra para
revender, lo cual, reportaba un beneficio propio para Comline
S.A.S. y que las gestiones de mercadeo y fidelización de
clientes podían también ser desarrolladas por un
comerciante.
3.3.2.- Por si fuera poco, la magistratura lanzó otra
reflexión que quedó inhiesta en la decisión confutada: la
demandante no discriminó las estrategias concretas, ni
especificó cómo llevó a cabo la «promoción y explotación» por
cuenta ajena del negocio de la enjuiciada. A ese respecto,
obsérvese que la arremetida del opugnante estuvo dirigida a
reafirmar que de los medios de prueba se infería que sí se
practicaron acciones tendientes a «promocionar y explotar» la
actividad mercantil de Comcel S.A., no más; pero, en esencia,
para el Tribunal no eran palpables esas labores, puesto que,
no bastaba su mera mención, sino, que, además, debían
estar patentes en el expediente.
Si el cometido de la censura extraordinaria era
achacarle un error de facto al juzgador en ese preciso
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aspecto, su quehacer era demostrar que esas actividades
echadas de menos por el fallador brotaban de los medios de
prueba aportados a la causa, es decir, cómo Comline S.A.S.
llevó a cabo la comercialización de los bienes y servicios de la
demandada y las estrategias utilizadas con el propósito de
conquistar a los usuarios, empero, no lo hizo.
3.3.3.- De otra parte, la corporación consideró que la
normatividad mercantil, en tratándose de «agencia comercial»,
es de «disposición patrimonial y no de orden público», de ahí que, las
partes contaban con plena libertad para concertar las
estipulaciones que regirían el vínculo negocial.
Bajo esa perspectiva, el ad quem encontró ayuno de
evidencia sobre circunstancia de coacción en la etapa
precontractual entre Comline S.A.S. y Comcel S.A., más bien,
apoyado en el interrogatorio de parte de la convocante halló
que ésta satisfizo, sin oposición, las exigencias de su
contraparte con el fin de participar en el negocio venidero
«incluso a prestar una garantía real, luego, leyó el documento y procedió
a suscribir libremente el negocio jurídico “para empezar la operación”,
acto que cometió “libre y a consciencia”».
Asimismo, el sentenciador estimó que si bien la
interesada elevó «“una serie de observaciones”, debe decirse que
estas se tornan en insuficientes, comoquiera que en su declaración, el
representante legal no fue enérgico en detallar cuál clausulado no
compartió en la etapa precontractual, ni las condiciones que le eran
desfavorables y, a su vez, tampoco demostró que se presentara algún
tipo de controversia o disgusto de tal entidad que pudiera desencadenar
en la ineficacia o invalidez del negocio celebrado, pues a duras penas
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mencionó haberlas presentado de manera verbal –sin decir cuáles-, sin
que su dicho se halle probado».
Además, para el Tribunal,
resulta extraño que, durante cerca de 13 años de relación
contractual, la aquí reclamante nunca hubiese expresado alguna
inconformidad en cuanto a la naturaleza o términos de la
negociación y que la presunta afectada dejara correr tanto tiempo
sometida a un detrimento contractual, sin ventilar forzosos motivos
que le impidieran terminar aquel vínculo obligacional desde que la
misma se tornó adversa a sus intereses o perjudicial en su
patrimonio, más aún cuando se trataba de un contrato con fecha
de terminación cierta –un año de vigencia-, que claramente se
prorrogó en múltiples oportunidades por periodos mensuales de
renovación, por voluntad de los propios contrayentes.
En esencia, estos razonamientos fueron traídos por el
juzgador para descartar que las cláusulas del compromiso
censurado fueron abusivas, así como para desechar el
reclamo respecto de supuesta postura dominante de la
encausada en la relación negocial. Sin embargo, a lo largo de
la crítica el opugnante no puso en duda esas conclusiones,
ni la relativa a la libertad de las partes para acordar los
términos del pacto, ni el silencio de la accionante en la etapa
previa a la suscripción de este, mucho menos, en el
desarrollo del mismo, el cual, se extendió por 13 años
aproximadamente.
3.3.4.- Recapitulando, el alegato del censor no alcanza
a derribar el pronunciamiento de segundo grado, si quiera a
ponerlo en duda, conforme al cual: i) No existió «agencia
comercial», porque Comline S.A.S. compró a Comcel S.A.,
equipos tecnológicos a un precio menor del mercado, los
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cuales, posteriormente revendió a los clientes a un mayor
coste, obteniendo un provecho propio; ii) Aunque la gestora
alegó tareas de promoción, mercadeo y explotación del
negocio de la compelida, de un lado, no se acreditó en qué
consistieron esas labores y, de otra parte, si se hubieran
demostrado, también las podía llevar a cabo un comerciante
sin necesidad de derivar de ahí un «agenciamiento comercial» y;
iii) Las estipulaciones del pacto atacado no son «abusivas», en
primer lugar, porque las partes las acordaron libremente y,
en segundo término, no hubo en la fase precontractual, ni en
el desenvolvimiento del compromiso, desaprobación por
parte de la interesada.
Y como estas reflexiones quedaron incólumes, la
providencia combatida no puede ser quebrada, aun cuando
se demostrase que el Tribunal incurrió en los errores
denunciados, precisamente, por la doble presunción de
legalidad y acierto con que llegan investidos los fallos objeto
del recurso extraordinario de casación.
3.4.- Restaría sólo añadir, que la censura frente a la
valoración de unas unas «actas de transacción, conciliación y
compensación de cuentas» y de un «preaviso de terminación del
contrato», tampoco cumple a cabalidad la técnica para
acometer de fondo el estudio de la pifia imputada al Tribunal.
En efecto, el impugnante atribuyó al sentenciador la
comisión de un yerro de facto en la contemplación de dichas
piezas probatorias. En cuanto a las «actas de transacción,
conciliación y compensación de cuentas», porque no tenían la
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naturaleza de «actas de conciliación» ni de «contratos de transacción».
Y en lo atinente al «preaviso de
terminación del contrato
», porque
con este se evidenciaban las razones por las que Comline
S.A.S. decidió unilateralmente dar por culminado el vínculo
con Comcel S.A.
Empero, toda esa encomiable labor del casacionista
emprendida para poner de manifiesto los desaciertos del
juzgador en la valoración de aquellos documentos quedaron
en un mero alegato, propio de una instancia. Al respecto,
omitió traer al debate extraordinario el contenido objetivo de
esas probanzas y el debido contraste con lo que dejó de ver
el sentenciador, así como lo infundado de sus conclusiones.
Mas bien, lo que sí se otea es un simple disentir del
casacionista en torno a la ponderación que hizo el ad quem
de esos medios de prueba, sin demostrar lo desatinado de su
evaluación.
Recuérdese que al respecto la Sala ha señalado que:
De conformidad con el último inciso del artículo 374 del Código de
Procedimiento Civil, [actual inciso 3°, lit. a) núm. 2 del art. 344
C.G.P.] cuando se alegue la violación de norma sustancial como
consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la
demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es
necesario que el recurrente lo demuestre, actividad que impone,
como ha afirmado con reiteración la Corte, que "...más que disentir,
se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador,
laborío que reclama la singularización de los medios probatorios
supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las
conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la
exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su
trascendencia en la determinación adoptada" (Cas. Civ., sentencia
de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533;), actividades todas
que conducen a la acertada confección de la censura en ese preciso
aspecto. En el mismo sentido ha dicho la Corte, también con
insistencia, que la demostración del yerro "...se cumple mediante
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la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la
decisión adoptada."(sent. de 2 de febrero de 2001, exp. 5670), por
manera que se precisa una tarea de confrontación o de parangón
entre lo que la sentencia dijo acerca del medio o de la demanda o
contestación y lo que en verdad ella debió decir. [CSJ AC, 30 mar
2009, rad. 1996-08781-01]. (CSJ SC422-2024).
4.- Como colofón, los empeños del impugnante dirigidos
a lograr el quiebre de la providencia atacada, resultan vanos,
pues desde donde se mire la acusación adviene su fracaso.
5.- Finalmente, ante la improsperidad de la súplica
extraordinaria, en aplicación del inciso final del artículo 349
del Código General del Proceso, se impondrá condena en
costas en contra del recurrente, y en favor de la parte
demandada.
Las agencias en derecho se tasarán por la magistrada
ponente en auto separado, según el numeral 3° ídem y para
su cuantificación se tendrán en cuenta las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 24 de agosto de
2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del asunto referenciado.
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SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casación al
recurrente. En su oportunidad, la magistrada ponente
señalará las agencias en derecho que deberán incluirse en la
liquidación.
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita
el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y Cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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