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clave: "corte_suprema:providencia:SC2556-2024 [2019-00330-01]"
titulo: "Corte Suprema: se condenara a la primera al pago de $1.344’328.365 a título de cesantía comercial"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-10-31"
radicado: "2019-00330-01"
numero: "SC2556-2024"
ponente: "Hilda González Neira"
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# Corte Suprema: se condenara a la primera al pago de $1.344’328.365 a título de cesantía comercial

- **Título oficial / radicado:** SC2556-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-10-31
- **Radicado:** 2019-00330-01
- **Número:** SC2556-2024
- **Ponente:** Hilda González Neira
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2556-2024%20%5B2019-00330-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2556-2024%20%5B2019-00330-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyYS4gSGlsZGEgR29ueuFsZXogTmVpcmEvMTAuLSBPY3R1YnJlL1NlbnRlbmNpYXMvU0MyNTU2LTIwMjQgWzIwMTktMDAzMzAtMDFdLnBkZg%3D%3D/Civil/terminaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 640 de 2001

## Extracto

En consecuencia, se condenara a la primera al pago de $1.344’328.365 a título de cesantía comercial, más los intereses moratorios ocasionados. 2.- Con ocasión de la licitación pública No. 046 de 1993 y bajo el amparo de la Ley 37 de ese mismo año, Comcel S.A., Occel S.A. y Celcaribe S.A. celebraron con el Estado colombiano los contratos de concesión Nos. 004, 005 y 006, respectivamente, en virtud de los cuales, se les confirió a estas últimas la «facultad» para prestar el servicio de «telefonía móvil celular» en los territorios oriental, occidental y costa del país, pertenecientes a la «red A», así como el de «telecomunicaciones no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional»; El sentenciador tampoco halló en la documental alguna labor independiente desarrollada por la promotora, en aras de ampliar el mercado y la conquista de clientes. 2.5.- A juicio del Tribunal, aun cuando Comline S.A.S.

## Texto del documento

1
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC2556-2024
Radicación n° 11001-31-03-037-2019-00330-01
(Aprobado en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Comline S.A.S., frente a la sentencia de 24 de agosto de
2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo
iniciado por la recurrente contra Comunicación Celular S.A.
– Comcel S.A.
I. EL LITIGIO
A. La pretensión
En la demanda, que fue reformada en su momento,
solicitó la gestora lo que a continuación se compendia:
a) Se declarara que «celebró y ejecutó» con la enjuiciada
un contrato de agencia mercantil desde el 23 de noviembre
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de 2005 hasta el 15 de junio de 2018, al cual se adhirió la
accionante. En consecuencia, se condenara a la primera al
pago de $1.344’328.365 a título de cesantía comercial, más
los intereses moratorios ocasionados.
b) «Declarar» que varias de las cláusulas del «contrato de
distribución» son abusivas, por lo tanto, son ineficaces, así
como también las actas de transacción, conciliación y
compensación suscritas durante la época de la ejecución del
acuerdo por no reunir las exigencias de la Ley 640 de 2001;
empero, en caso de estimarse que las susodichas cumplen
los requisitos legales, se «declare» que tales transacciones se
limitan a las controversias relativas al pago y liquidación de
comisiones por activaciones en planes pospago y legalización
de kits prepago, no obstante, de no acogerse lo anterior,
proclamar que la prestación mercantil del inciso 1° del canon
1324 del Código del Comercio es renunciable solamente
desde la
terminación del contrato
.
c) «Declarar» que la accionada incumplió el pacto
cuestionado, por cuanto: i) No incrementó el «valor nominal de
la comisión por legalización de kits prepago» con referencia al
aumento del «Índice de Precios al Consumidor (IPC)»; ii) Eliminó
unilateralmente las «comisiones por permanencia (planes pospago) y
buena venta (kits prepago)»; iii) Modificó las «condiciones de
liquidación y pago de las comisiones por recaudo de los Centros de Pagos
y Servicios (CPS)»; y iv) Varió las «condiciones de liquidación y pago de
las comisiones en Sim Cards» y redujo el «margen remuneratorio
(descuento)». En subsidio, que esas conductas constituyeron
un «abuso del derecho» imputable a Comcel S.A.
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d) «Declarar» que la convocada ni liquidó ni desembolsó
«todas las comisiones, remuneraciones y descuentos» a que tenía
derecho Comline S.A.S. durante el «último periodo contractual».
e) «Declarar» que la antagonista es «civilmente responsable»
de los daños sufridos por la promotora a causa de los
«incumplimientos contractuales (…) y/o abusos del derecho», de ahí
que, se reconozcan a su favor perjuicios materiales, así como
la indemnización de que trata el inciso segundo del artículo
1324 del estatuto mercantil, más réditos moratorios por esas
sumas.
f) Por último, «declarar» que tiene «derecho de retención y
privilegio» sobre los bienes y valores del extremo pasivo que se
hallaren en su poder, al momento de la terminación del
vínculo negocial y se condenara en costas a la querellada.
[Fls. 1 a 129, archivo digital: 0002CuadernoPrincipal1Parte2].
B. Los hechos
En respaldo de las reclamaciones se plantearon los
hechos que admiten el siguiente compendio:
1.- Comcel S.A. es una sociedad constituida mediante
escritura pública No. 588 de 14 de febrero de 1992,
controlada por la compañía extranjera América Móvil S.A.B.
de C.V. y cuyo objeto social es la prestación y
comercialización de servicios de comunicaciones, tales como,
«telefonía móvil, móvil celular, valor agregado, telemático, portadores y
demás».
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2.- Con ocasión de la licitación pública No. 046 de 1993
y bajo el amparo de la Ley 37 de ese mismo año, Comcel S.A.,
Occel S.A. y Celcaribe S.A. celebraron con el Estado
colombiano los contratos de concesión Nos. 004, 005 y 006,
respectivamente, en virtud de los cuales, se les confirió a
estas últimas la «facultad» para prestar el servicio de «telefonía
móvil celular» en los territorios oriental, occidental y costa del
país, pertenecientes a la «red A», así como el de
«telecomunicaciones no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional»;
compromisos prorrogados hasta el «28 de marzo de 2024».
3.- En escritura pública No. 3799 de 21 de diciembre de
2004, se formalizaron los acuerdos de «fusión con absorción» de
las tres empresas, asumiendo Comcel S.A. los «derechos y
obligaciones de Occel S.A. y Celcaribe S.A.», desde entonces, aquella
«presta directamente los servicios de telefonía móvil celular» en las tres
áreas referidas.
4.- Para cubrir esa extensa superficie y suministrar con
eficiencia el servicio, Comcel S.A. se vale de una red de
«Agentes/Distribuidores», quienes para el 2002 representaban el
«93%» de sus ventas, porcentaje que ha venido disminuyendo
con el paso del tiempo al «70%», gracias a la instalación de
establecimientos propios para la atención de sus clientes, la
implementación de «activación de planes corporativos» a través de
sus funcionarios, la apertura de un «canal mayorista» integrado
por «grandes superficies y otros establecimientos de terceros» y el
desarrollo de plataformas tecnológicas para la adquisición de
equipos y pagos on-line.
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5.- El 23 de noviembre de 2005 la gestora suscribió con
la demandada un acuerdo de «distribución», encargándose la
primera de «promover y explotar los servicios de telefonía móvil celular
(STMC)» de la segunda en la zona «Occidente», de manera
independiente, estable y permanente, a cambio de «comisiones
periódicas». Básicamente, Comline S.A.S., tuvo la misión de: a)
proveer «servicios de telecomunicaciones»; b) vender «equipos
terminales (teléfonos celulares, sim cards, etcétera) (…) atados a los
susodichos servicios de telecomunicaciones y sin los cuales estos no se
pueden prestar»; y c) ofertar «los planes “pospago” y los planes
“prepago”» de telefonía de voz.
6.- Para lograr ese cometido, la convocante realizó
actividades de promoción y explotación; las primeras
encaminadas a la obtención de personas «que fungieran como
abonados» e interesados en adquirir «servicios de
telecomunicaciones»; las segundas, a través de la efectiva
suscripción de «Contratos de Servicios de Telefonía Móvil Celular»,
con lo cual se convirtieron en clientes de la convocada. Esas
labores se desarrollaron según los «programas e instrucciones»
impartidas por la enjuiciada y en establecimientos
identificados con sus signos distintivos, es más, durante la
ejecución del compromiso atacado las partes acordaron una
modificación, en virtud de la cual, la convocante comenzó a
operar como un «Centro de Pagos y Servicios».
7.- La interesada llevó a cabo todas aquellas gestiones
en el occidente del país y en las oficinas autorizadas por la
antagonista, así, pues, tuvo una «zona prefijada» en la que
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ejecutó el negocio de ésta y que abarcaba los municipios de
Barbosa, Amalfi, Jericó e Itagüí en el departamento de
Antioquia.
8.- La labor desplegada por la convocante fue
remunerada por la accionada a través de: a) comisiones en la
venta de planes pospago, «kits prepago», «sim cards», «CPS:
Comisión por cada transacción de recaudo» y «Comisión COOP: (…) por
las actividades de mercadotecnia»; b) descuentos otorgados «en el
suministro de productos con destino a la activación de planes prepago
(kits Prepago y Sim Cards)»; c) notas de crédito; y d)
«descuentos/comisiones» por recargas comercializadas.
Aunado a ello, Comline S.A.S. se comprometió a
mercadear únicamente «los equipos terminales y las Sim Cards
atados al servicio de Telefonía Móvil Celular (STMC) de COMCEL» y con
relación a los «planes prepago» también obtuvo una retribución
económica, consistente en la «diferencia de precio entre el que
COMCEL le facturó a LA DEMANDANTE (precio del equipo-descuento), y
el precio superior (precio del equipo)» vendido al cliente final,
conforme a la cláusula 7.4 del convenio cuestionado.
9.- Por si fuera poco, todos los efectos económicos
asociados al negocio -positivos y negativos- repercutieron
directamente en el patrimonio de la antagonista.
9.1.- Los positivos, porque: a) percibió los importes
cancelados por los clientes en contraprestación a los
servicios de telecomunicaciones contratados; b) estableció
las «tarifas que LA DEMANDANTE debía ofrecerle al público»; y c)
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quedó «contractualmente vinculada con los abonados y suscriptores que
LA DEMANDANTE gestionó bajo su encargo».
9.2- En cuanto a los negativos, Comcel S.A. asumió los
riesgos de: a) liquidez; b) variación de las tasas de interés y
de cambio; y c) crédito o cuentas por cobrar «asociados con la
promoción, comercialización y operación de los servicios de telefonía
móvil celular». Igualmente, se arrogó las contingencias
operativas relativas al buen funcionamiento de la
infraestructura física y sistema de la red y los equipos
entregados a los suscriptores. También se responsabilizó de
los peligros atinentes al mercado por la competencia y las
medidas regulatorias. Por último, contrajo los imprevistos
concernientes a imposición de multas en materia de
«promoción a la competencia».
10.- En definitiva, la gestora «promovió y explotó el negocio
de COMCEL por cuenta de esta última», tanto así, que «conquistó,
amplió y recuperó una clientela y unos mercados para COMCEL», pues
consiguió un sinfín de abonados y suscriptores de servicios
de telefonía móvil, quienes pasaron a ser «clientes directos» de
la enjuiciada, dando cumplimiento a lo estipulado en el
acuerdo censurado. Es más, le estaba vedado a la convocante
desviar o distraer a la clientela que captó para la interpelada,
de hecho, con amplio tiempo de antelación a la culminación
del vínculo contractual, puso a disposición de aquella «todos
los puntos en los cuales promocionaba y explotaba» el negocio, con el
objetivo de que «preparase y desarrollase los procesos de concurso,
asignación y adjudicación de estos puntos a otros miembros de la Red
de Agentes/Distribuidores».
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11.- Con todo y lo anterior, el contrato atacado contenía
estipulaciones «antinómicas», pues aun cuando se le denominó
de «distribución», sus elementos esenciales daban cuenta de un
«típico y nominado negocio de agencia comercial», a esa conclusión
arribaron las «treinta (30) providencias» emitidas en sede arbitral
y ordinaria dentro de pleitos promovidos por otras empresas
frente a Comcel S.A., respecto de convenios «idénticos» al de
ahora, de ahí que, a la gestora le asista una «legítima expectativa
de que la administración de justicia declarar· que el contrato sub judice
es un típico y nominado agenciamiento comercial».
12.- Agregó que, gran parte de las cláusulas del pacto
demandado son abusivas, en la medida en que: i) Hay
estipulaciones de «renuncia a las prestaciones e indemnizaciones» en
detrimento de la promotora; ii) Se impuso condiciones de
«indemnidad» en beneficio de la adversaria; iii) Se implantaron
disposiciones que «simulan un débito de LA DEMANDANTE que está·
llamado a compensarse con la Prestación Mercantil reclamada»; iv) Se
establecieron formalidades impidiendo el «derecho de retención
por parte de LA DEMANDANTE»; v) Se colocaron «documentos bajo el
título de Actas de Conciliación, Transacción y Compensación, los cuales
no incorporaron mecanismos alternativos para la resolución de
controversias, ni tampoco concesiones recíprocas» y; vi) Se extendió
una estipulación de «renovación mensual».
Se adujo que esas disposiciones convencionales
tuvieron por objeto la «elusión, minimización y/o renuncia» de los
efectos económicos derivados del «contrato de agencia comercial»
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en desmedro de la gestora y la «exclusión de responsabilidad civil»
a favor de la compelida.
13.- De estas circunstancias nace que entre las partes
se pactó un verdadero acuerdo de «agencia mercantil», por ende,
la reclamante tenía derecho a percibir un importe equivalente
a la doceava parte del promedio de las «comisiones, regalías y
utilidades en los últimos tres años, por cada uno de vigencia de la
relación jurídica patrimonial», la cual perduró desde el 23 de
noviembre de 2005 hasta el 15 de junio de 2018. Empero,
Comcel S.A. desatendió el pago de esa prestación, siendo
inexistente desembolsos anticipados revelados por la
contabilidad de dicha compañía, pues hizo parte de una
estrategia contable denominada «80/20», consistente en que
se incluyó en las facturas un rubro denominado «20%
equivalente al pago anticipado de toda prestación, indemnización o
bonificación que por cualquier motivo pueda llegar a cau

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ios contrayentes.
En esencia, estos razonamientos fueron traídos por el
juzgador para descartar que las cláusulas del compromiso
censurado fueron abusivas, así como para desechar el
reclamo respecto de supuesta postura dominante de la
encausada en la relación negocial. Sin embargo, a lo largo de
la crítica el opugnante no puso en duda esas conclusiones,
ni la relativa a la libertad de las partes para acordar los
términos del pacto, ni el silencio de la accionante en la etapa
previa a la suscripción de este, mucho menos, en el
desarrollo del mismo, el cual, se extendió por 13 años
aproximadamente.
3.3.4.- Recapitulando, el alegato del censor no alcanza
a derribar el pronunciamiento de segundo grado, si quiera a
ponerlo en duda, conforme al cual: i) No existió «agencia
comercial», porque Comline S.A.S. compró a Comcel S.A.,
equipos tecnológicos a un precio menor del mercado, los
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cuales, posteriormente revendió a los clientes a un mayor
coste, obteniendo un provecho propio; ii) Aunque la gestora
alegó tareas de promoción, mercadeo y explotación del
negocio de la compelida, de un lado, no se acreditó en qué
consistieron esas labores y, de otra parte, si se hubieran
demostrado, también las podía llevar a cabo un comerciante
sin necesidad de derivar de ahí un «agenciamiento comercial» y;
iii) Las estipulaciones del pacto atacado no son «abusivas», en
primer lugar, porque las partes las acordaron libremente y,
en segundo término, no hubo en la fase precontractual, ni en
el desenvolvimiento del compromiso, desaprobación por
parte de la interesada.
Y como estas reflexiones quedaron incólumes, la
providencia combatida no puede ser quebrada, aun cuando
se demostrase que el Tribunal incurrió en los errores
denunciados, precisamente, por la doble presunción de
legalidad y acierto con que llegan investidos los fallos objeto
del recurso extraordinario de casación.
3.4.- Restaría sólo añadir, que la censura frente a la
valoración de unas unas «actas de transacción, conciliación y
compensación de cuentas» y de un «preaviso de terminación del
contrato», tampoco cumple a cabalidad la técnica para
acometer de fondo el estudio de la pifia imputada al Tribunal.
En efecto, el impugnante atribuyó al sentenciador la
comisión de un yerro de facto en la contemplación de dichas
piezas probatorias. En cuanto a las «actas de transacción,
conciliación y compensación de cuentas», porque no tenían la
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naturaleza de «actas de conciliación» ni de «contratos de transacción».
Y en lo atinente al «preaviso de
terminación del contrato
», porque
con este se evidenciaban las razones por las que Comline
S.A.S. decidió unilateralmente dar por culminado el vínculo
con Comcel S.A.
Empero, toda esa encomiable labor del casacionista
emprendida para poner de manifiesto los desaciertos del
juzgador en la valoración de aquellos documentos quedaron
en un mero alegato, propio de una instancia. Al respecto,
omitió traer al debate extraordinario el contenido objetivo de
esas probanzas y el debido contraste con lo que dejó de ver
el sentenciador, así como lo infundado de sus conclusiones.
Mas bien, lo que sí se otea es un simple disentir del
casacionista en torno a la ponderación que hizo el ad quem
de esos medios de prueba, sin demostrar lo desatinado de su
evaluación.
Recuérdese que al respecto la Sala ha señalado que:
De conformidad con el último inciso del artículo 374 del Código de
Procedimiento Civil, [actual inciso 3°, lit. a) núm. 2 del art. 344
C.G.P.] cuando se alegue la violación de norma sustancial como
consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la
demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es
necesario que el recurrente lo demuestre, actividad que impone,
como ha afirmado con reiteración la Corte, que "...más que disentir,
se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador,
laborío que reclama la singularización de los medios probatorios
supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las
conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la
exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su
trascendencia en la determinación adoptada" (Cas. Civ., sentencia
de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533;), actividades todas
que conducen a la acertada confección de la censura en ese preciso
aspecto. En el mismo sentido ha dicho la Corte, también con
insistencia, que la demostración del yerro "...se cumple mediante
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la exposición de la evidencia del error y de su incidencia en la
decisión adoptada."(sent. de 2 de febrero de 2001, exp. 5670), por
manera que se precisa una tarea de confrontación o de parangón
entre lo que la sentencia dijo acerca del medio o de la demanda o
contestación y lo que en verdad ella debió decir. [CSJ AC, 30 mar
2009, rad. 1996-08781-01]. (CSJ SC422-2024).
4.- Como colofón, los empeños del impugnante dirigidos
a lograr el quiebre de la providencia atacada, resultan vanos,
pues desde donde se mire la acusación adviene su fracaso.
5.- Finalmente, ante la improsperidad de la súplica
extraordinaria, en aplicación del inciso final del artículo 349
del Código General del Proceso, se impondrá condena en
costas en contra del recurrente, y en favor de la parte
demandada.
Las agencias en derecho se tasarán por la magistrada
ponente en auto separado, según el numeral 3° ídem y para
su cuantificación se tendrán en cuenta las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 24 de agosto de
2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del asunto referenciado.
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SEGUNDO. CONDENAR en costas de la casación al
recurrente. En su oportunidad, la magistrada ponente
señalará las agencias en derecho que deberán incluirse en la
liquidación.
TERCERO. ORDENAR que, en oportunidad, se remita
el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese y Cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMENEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2556-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-10-31. C.P. Hilda González Neira. Rad. 2019-00330-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2556-2024%20%5B2019-00330-01%5D).
