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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC2402-2024
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
(Aprobado en sesión de veintidós de agosto de dos mil veinticuatro).
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024)
Por haber sido casada la sentencia de 26 de febrero de
2018, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso verbal
de responsabilidad civil extracontractual instaurado por
Alfonso Rodríguez Yara contra Emgesa S.A. E.S.P., hoy Enel
Colombia S.A. E.S.P., en el cual interviene Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P. como denunciada del pleito, procede la
Corte, en sede de segunda instancia, a dictar fallo
sustitutivo.
ANTECEDENTES
1. Como fue compendiado en la sentencia de casación
dictada en este juicio, el demandante solicitó declarar civil y
extracontractualmente responsable a Emgesa S.A. E.S.P. por
los perjuicios a él causados con la pérdida del cultivo de
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plátano que tenía en el predio de su propiedad, ubicado en el
municipio de Natagaima y, por consecuencia, condenarla al
pago de $120’000.000 a título de daños materiales, que pidió
indexar.
2. Fundamentó este reclamo relatando que en los días
6 a 9 de julio de 1989 fue inundado su predio, denominado
El Godoyuno y en el cual tenía un cultivo de plátano en
extensión de 30 hectáreas, por la creciente del Río
Magdalena, tras la apertura de las compuertas de la represa
de Betania sin observancia del manual de operaciones para
la temporada de lluvias, lo que generó la pérdida total de la
siembra.
3. La enjuiciada se opuso a la pretensión, radicó las
excepciones perentorias de «falta de legitimación en la causa
de la demandante», «inexistencia del daño y perjuicio que se
dice causado», «infundada reclamación de perjuicios»,
«imposibilidad de achacar responsabilidad del generamiento
del hecho dañoso a la EMGESA S.A. E.S.P. (CHB)»,
«inexistencia del perjuicio alegado por el demandante», «falta
de estructuración de uno de los requisitos para que el perjuicio
pueda emerger», «ausencia de relación causal entre la función
desarrollada quien manejaba la represa de Betania y los
perjuicios que asegura sufrió la demandante» (sic), «quien
operaba la represa obró conforme a las normas que debía
observar para su manipulación por ende no existe
responsabilidad de su parte en los perjuicios que asegura
padeció la demandante», «fuerza mayor o caso fortuito como
causal de exoneración», «culpa exclusiva de la víctima»,
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«exposición a riesgo por la demandante», «aplicación del
principio general del derecho Nemo auditor turpitudinem
allegans suam», «imposibilidad de la causación del daño que
se dice ocasionado», «ausencia de responsabilidad de parte de
la EMGESA S.A. E.S.P. (Central Hidroeléctrica de Betania S.A.
ESP) en los hechos en que se monta la demanda», «la supuesta
víctima del daño debe probar la peligrosidad de la actividad
que se le imputa a EMGESA S.A. E.S.P. (Central Hidroeléctrica
de Betania S.A. ESP)», «se encuentra desvirtuada la
presunción de responsabilidad en que se apoya la demanda
por tanto la demandante corre con la carga de probarla»,
«inexistencia de responsabilidad en cabeza de EMGESA S.A.
E.S.P. (Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP), por no ser
ésta la propietaria de las corrientes fluviales, como la del Río
Magdalena», «concreción de una causa extraña determinada
por la ocurrencia de circunstancias ajenas a la demandada
que pudieron provocar el daño alegado en la demanda»,
«ausencia de demostración del fundamento de la imputación
que se hace a la sociedad demandada», «caducidad
y/prescripción (sic) de la acción y falta de jurisdicción»,
«prevalencia del interés general sobre el particular», «acción a
propio riesgo», «deber de demostrar la culpa a la demandada
en la acción que se señala causó el perjuicio», «inexistencia de
relación causal entre el perjuicio que se pide resarcir y el
actuar por el que se sindica a la sociedad demandada», «se
debe demostrar la existencia del nexo causal entre el perjuicio
y la actividad desplegada por la sociedad demandada que se
asegura lo causó», «aplicación de la teoría ‘análisis económico
del derecho’ (Cheapest cost avoider – concepto económico de
culpa)», «aplicación de la teoría de la imputación objetiva»,
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«imposibilidad absoluta de prever todos (sic) y cada una de
las circunstancias que acrecientan los riesgos permitidos en
desarrollo de la actividad desplegada por la demandada»,
«imposibilidad de imputar a la sociedad demandada la
responsabilidad por la posible causación de perjuicios
alegados en la demanda», «falta de certeza que las aguas de
la represa hayan sido las que anegaron los predios de los
demandantes -ruptura nexo causal», «enriquecimiento sin
causa» e «indebida imputación de causalidad entre la
actividad desempeñada en el sitio donde está la represa de
Betania y el en que se dice estaba el cultivo del actor».
4. La convocada también «denunció el pleito» a
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., indicando que el 8 de
abril de 1987, a través del contrato CHB-160, le delegó la
administración de la operación y mantenimiento de la
Central Hidroeléctrica de Betania S.A., pacto ampliado en su
periodo de vigencia, que en total corrió entre el 15 de abril de
1987 y el 15 de abril de 1991.
5. Admitida esta tercería por el juzgado a-quo, la
denunciada manifestó oposición y planteó las defensas
meritorias de «inexistencia de responsabilidad de electrohuila
S.A. E.S.P. derivada del contrato C.H.B.-160 y 160-A suscrito
con la demandada», «improcedencia legal de la denuncia del
pleito», «prescripción de la acción contractual» y «falta de
legitimación en la causa por pasiva».
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Una vez agotadas las fases del juicio, el Juzgado
Segundo Civil del Circuito con especialidad Laboral del
Guamo, con sentencia de 1 de febrero de 2017, declaró
improbadas las excepciones de la demandada, próspera la
«prescripción de la acción contractual» invocada por la
denunciada del pleito, a quien desvinculó del trámite, y
estimó la pretensión del accionante, por lo cual condenó a
Emgesa S.A. E.S.P. a pagar de $92’946.000 ($33’510.000 por
daño emergente y $59’436.000 por lucro cesante), cantidad
que deberá indexar desde el 10 de julio de 1989 hasta su
desembolso.
LA IMPUGNACIÓN
Contra tal veredicto la accionada interpuso apelación,
que sustentó aduciendo errada valoración probatoria por
inobservancia de la inexistencia del terreno del promotor, de
su labranza, de la relación causal entre el perjuicio alegado
y la actuación de la recurrente, a más de que el peritaje que
soportó la condena se fundó en hipótesis, no en certezas.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El tribunal ad-quem confirmó la providencia de
primera instancia, salvo la cuantificación de la condena, que
modificó para tasarla en $33’510.000 por daño emergente y
$25’923.000 a título de lucro cesante.
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2. En relación con los reparos propuestos por la
impugnante consideró actividad peligrosa el
almacenamiento del caudal de un río con el propósito de
producir energía eléctrica, por lo cual resulta aplicable la
responsabilidad civil extracontractual con presunción de
culpa, de donde al extremo demandante sólo le incumbía
acreditar el daño y el nexo causal entre este y aquella, al
paso que la actividad de la convocada estaba limitada a
romper el nexo causal si pretendía exonerarse de
responsabilidad.
Por ese sendero, tal estrado judicial coligió acreditado
el daño al valorar de forma conjunta los testimonios
recaudados, ya que dieron cuenta del predio del promotor
identificándolo por su extensión, linderos y ubicación; del
cultivo de 30 hectáreas de plátano hartón dominico con
intervalos de 2.50 metros entre cada planta; y de la
anegación de la siembra. Además, no se acreditó que la
ubicación del fundo como isla en el centro del Río Magdalena
desvirtuara su vocación agrícola o pecuaria, por el contrario,
fue probado el respeto a la zona de ronda del Río Magdalena
y la existencia de barrera de árboles entre este y el cultivo.
Igualmente encontró, con base en la prueba
documental, el dictamen pericial y las declaraciones citadas,
que la inundación ocurrida entre el 6 y el 9 de julio de 1989
fue consecuencia del actuar de la encausada, al provocar
aumento desproporcionado del caudal del Río.
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3. Respecto de la denuncia del pleito razonó que el
acuerdo de voluntades suscrito entre la accionada y
Electrohuila sólo conmino a esta a pagar los salarios y
prestaciones sociales del personal contratado, lo cual lleva al
fracaso de tal tercería, máxime si solo es procedente
tratándose del saneamiento por evicción.
4. Por último, tasó la condena con apoyo en el dictamen
pericial rendido ante el estrado judicial de primer grado, por
carecer de objeción de parte.
5. La Corte, con proveído SC3632 de 25 de agosto de
2021, casó parcialmente la determinación de segunda
instancia por transgredir las reglas de valoración del
dictamen pericial, al no observar que el practicado en el sub
lite carecía de fundamentación, y dispuso la práctica de
nueva experticia.
Por lo tanto, procede esta Corporación, en sede de
segunda instancia, a dictar fallo sustitutivo.
CONSIDERACIONES
1. En primer lugar y toda vez que, como la Sala lo
precisó en el proveído SC3632 de 25 de agosto de 2021, la
demandada sólo censuró, a través del recurso extraordinario
de casación que interpuso contra el fallo del tribunal ad-
quem, la cuantificación de la condena tasada por este
juzgador, al punto que el veredicto de esta Corte casó
parcialmente ese fallo, en gracia de brevedad se dan por
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reproducidas las consideraciones carentes de reproche, a
través de las cuales fueron desestimados los reparos
sustentados por la apelante.
2. Sigue esta corporación, entonces, a la estimación del
valor de la indemnización a favor del promotor y a cargo de
la recurrente, para lo cual es necesario decantar que en la
pretensión él únicamente deprecó el pago de lucro cesante.
Así lo deja al descubierto la interpretación de la
demanda, en razón a que deprecó condenar a «EMGESA S.A.
(…) a pagar por concepto de Daños Materiales (Daño
Emergente y Lucro Cesante) a ALFONSO RODRIGUEZ (sic)
YARA la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($120.000.000), valor de treinta
hectáreas de PLATANO (sic) que cultivaba en el predio
denominado: ‘EL GODOYUNO’, teniendo en cuenta que una
hectárea en plátano producía 5.000 racimos y que cada racimo
de Plátano valía para Julio (sic) de 1989 la suma de $800, es
decir, que las TREINTA HECTÁREAS EN PLATANO (sic)
TENIAN (sic) UN VALOR DE CIENTO VEINTE MILLONES DE
PESOS ($120.000.000). TOTAL: PERJUICIOS O DAÑOS
MATERIALES EN EL CULTIVO DE PLATANO (sic): CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000).»
Por ende, aunque el peticionario demandó el pago de
perjuicios denominándolos como «Daño Emergente y Lucro
Cesante», su solicitud únicamente aludió a estos últimos, en
la medida en que, exclusivamente, manifestó que pretendía
el resarcimiento de lo que produciría la venta del plátano
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cultivado, es decir, los ingresos que esperaba percibir tras la
cosecha, no valores por los costos en que incurrió al cultivar
ni el que tenía el labrantío en el estado en que se encontraba,
si de su posible venta se tratara.
Tal hermenéutica no la altera el relato plasmado en los
hechos 24 a 26 del libelo, en los que fue sustentada la
solicitud, habida cuenta que contienen la afirmación del
promotor acerca de la «pérdida total del cultivo sembrado» y
manifestaciones sobre el concepto de daño, la transcripción
parcial del precepto 2342 del Código Civil y jurisprudencia
de esta Corte acerca de la corrección monetaria.
Recuerda la Sala, por su pertinencia y al tenor del
canon 1614 del Código Civil, que el daño emergente es «la
pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o
de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado
su cumplimiento» (resaltado ajeno), es decir que se trata de
bienes existentes en el patrimonio de la víctima, pero
quebrantados o desaparecidos; mientras que el lucro cesante
es «la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido
imperfectamente, o retrasado su cumplimiento» (Resaltó la
Sala), esto es, bienes que no estaban en ese patrimonio, pero
que con certeza ingresarían.
En este orden, como la pretensión indemnizatoria del
accionante estuvo restringida al lucro cesante que esperaba
obtener de su plantación, a ello debe limitarse el estudio y
reconocimiento de perjuicios por la Sala, porque tiene
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sentado la doctrina que si se pide indemnización de
perjuicios «…es indispensable que se indique cuáles son esos
perjuicios y cuánto valen, si en este último caso se pretende
que la condena se haga en suma determinada» (CSJ C-023 de
11 feb. 1992, reiterada en SC168 de 2023), lo cual ni siquiera
esbozo el reclamante en relación con el daño emergente.
3. Ahora bien, con el fin de mensurar los perjuicios
aludidos fue practicado dictamen pericial, en esta instancia,
que tasó el lucro cesante causado por la anegación del cultivo
del promotor en $15.254.430 durante el primer año de
cosecha, $61.296.00 para el segundo y otro tanto en el tercer
año, peritaje que será acogido por la Sala habida cuenta de
su fundamentación, en tanto que evidencia precisión,
completitud y solidez, salvo una pequeña corrección que la
Sala adoptará.
En efecto, el auxiliar de la justicia relató que los cultivos
de plátano se manejan con ciclo productivo de tres años, por
lo general, denominado «madre-hijo-nieto» o, en otros
términos, que la siembra da lugar a varias cosechas durante
el lapso de tres años. Adicionalmente indicó que, en el
municipio de Natagaima, por su altura sobre el nivel del mar,
la primera cosecha ocurre después de 10 0 12 meses de la
siembra, en el segundo año se dan 2 cosechas, la primera del
quinto al sexto mes y la otra entre el undécimo y duodécimo,
y lo propio sucede en el tercer año.
Igualmente refirió el auxiliar de la justicia, con base en
su experiencia y el estudio denominado Costos de producción
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agropecuarios 1989 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, seccional CRECED – Tunja -única fuente documental
disponible para la época de los hechos-, que los gastos del
cultivo eran mayores durante el primer año por corresponder
al periodo de labranza, en el que requiere preparación de
terreno y siembra, insumos, manejo agronómico y costos
fijos, todos los cuales discriminó uno a uno con sus
respectivos valores. En los dos años restantes esas expensas
disminuían por ser innecesarias la preparación de terreno y
la siembra.
Asimismo, con base en el acervo probatorio recaudado
en el expediente, dictaminó que la cosecha ascendería a 1536
racimos de plátano por hectárea (partiendo de 1.600 plantas
sembradas, teniendo en cuenta el espacio entre cada planta
y aplicando un factor del 4% de pérdida estimado), que
multiplicado por el precio del racimo de plátano para el año
1989 ($800 según los Costos de producción agropecuarios
1989 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, seccional
CRECED – Tunja), restando el valor de los costos anuales y
multiplicando el resultado por las 30 hectáreas sembradas
por el demandante, arrojó $15.254.430 como utilidad neta
durante el primer año de cosecha, $61.296.00 para el
segundo y otro tanto en el tercer año.
No obstante dicha precisión, completitud y solidez de la
experticia, que muestran su cabal fundamentación, y como
quiera que el dictamen pericial, como medio de prueba, es
susceptible de ser valorado, pues aun cuando se trata de
prueba técnica no es de obligatoria aceptación para el
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funcionario judicial (CSJ SC3689 de 2021, entre otras), la
Sala adoptará breve modificación.
Efectivamente, el dictamen pericial mencionó en su
página final1 que «[e]l corte y transporte interno de la fruta no
se puede contabilizar ya que según el demandante no alcanzo
(sic) a cosechar la fruta por el daño causado» y que «[e]l valor
del arrendamiento si (sic) se debe incluir ya que a pesar de
que el terreno era propio dentro de unos costos de producción
este se debe valorar ya que el cultivo establecido debe dar
para pagarlo».
Estas dos conclusiones son erradas para la Sala, habida
cuenta que para obtener el lucro cesante que hubiera
recibido el demandante de haber llegado a feliz término su
cultivo, forzoso hubiera sido tanto el gasto por corte como el
de transporte, al punto que en los Costos de producción
agropecuarios 1989 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, seccional CRECED – Tunja -en que se basó el perito-
aparecen relacionados con los importes, en su orden, de
$4.000 y $60.000 por hectárea para esa anualidad, los que
multiplicados por las 30 hectáreas de cultivo arroja
$1.920.000.
Igual sucede con el valor del arrendamiento, que según
el citado estudio es de $25.000 por hectárea para 1989 y que
totalizan $750.000 ($25.000 x 30 hectáreas), en razón a que
en el sub lite fue pacífico que el predio El Godoyuno, en el
1 Hoja 85, archivo denominado 0008CuadernoCorteParte2.pdf
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cual estaba la plantación, era de propiedad del demandante,
lo cual implica que para él era innecesario incurrir en dicho
gasto.
Por contera, la Sala tendrá en cuenta los aludidos
valores al momento de extractar el lucro cesante,
alteraciones que no desvirtúan el dictamen pericial porque se
trata de errores subsanables mediante simples operaciones
aritméticas, así como porque revelan la trasparencia,
franqueza e imparcialidad del auxiliar de la justicia, al punto
que reconoció el yerro en la audiencia de contradicción de la
experticia llevada a cabo por esta Corte, en los términos de
los artículos 228 y 230 del Código General del Proceso.
Destaca la Corte, como muestra adicional del
cumplimiento del deber de imparcialidad (art. 235 ibídem),
que incluso el perito refirió, entre otras explicaciones, que
«[e]l precio de venta de la fruta para el año 1989 en la
publicación de datos de la publicación ICA de $800 pesos no
coincide con el precio de venta estimado por el demandante
que es de $1.200 pesos (sic), por lo que se tomó el de la fuente
oficial» y que «[e]l precio de los fertilizantes, fungicidas,
insecticidas no coincide ni se acerca a los datos descritos por
la publicación ICA para el año 1989 por lo que se tomaron los
de entidades oficiales.»2
Entonces, a cada uno de los valores dictaminados
($15.254.430, $61.296.000 y $61.296.000) habrá que
2 Hoja 85, archivo denominado 0008CuadernoCorteParte2.pdf
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restarles $1.920.000 por concepto de los gastos de corte y
transporte, y adicionarle $750.000 que evitó sufragar el
agricultor demandante por arrendamiento del lote de terreno,
operaciones que arrojan las sumas de $14’084.430,
$60.126.000 y $60.126.000, para totalizar como lucro
cesante $134’336.430.
Así las cosas, el lucro cesante padecido por el
demandante asciende a $134’336.430, que, ab-initio, sería el
monto de la condena declarada en la presente providencia.
4. Sin embargo, dos principios impiden a la Corte el
reconocimiento de esa estimación: el de congruencia y el de
prohibición de reformar la sentencia en contra del apelante
único.
4.1. El primero está contenido en el artículo 281 del
Código General del Proceso y consagra en su inciso 2° que
«[n]o podrá condenarse al demandado por cantidad superior o
por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta».
Sobre él la doctrina de esta corporación señaló que:
A partir de esta normatividad, jurisprudencia y doctrina han
establecido que el vicio de incongruencia adopta la modalidad
objetiva cuando, desentendido de esos mandatos, el juez concede
en exceso lo pedido sin encontrarse autorizado (ultra petita); omite
resolver alguna pretensión o las excepciones de mérito propuestas,
o deja de reconocer las que admiten pronunciamiento oficioso
(mínima petita); o decide aspectos que no fueron materia del litigio,
incluida la declaración de prescripción, nulidad relativa y/o
compensación, cuya formulación es de exclusiva incumbencia de
las partes (extra petita). Por otro lado, el yerro adquiere un cariz
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fáctico cuando el fallador decide con apoyo en hechos que «imagina
o inventa», al margen de aquellos en que los contendientes
fundaron sus aspiraciones (SC362 de 2023, SC312 de 2023 y
SC663 de 2024).
En el sub judice el promotor deprecó, por concepto de
indemnización de perjuicios, el pago de $120’000.000, con
su correspondiente corrección monetaria calculada desde el
año 1989.
Por contera, la propia delimitación que impuso el
demandante impide a la Corte, aun en el evento de estar
acreditado daño superior como en el caso de autos, proferir
condena a su favor que sobrepase esa barrera para
indemnizar los perjuicios materiales que padeció.
4.2. De otro lado, la prohibición de reformar la
sentencia en contra del apelante único se encontraba reglada
en el inciso inicial del artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, según el cual «la apelación se entiende
interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no
fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla...»
Tal canon fue erigido a rango constitucional con la
promulgación de la Carta Política de 1991, al consagrar que
«[e]l superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el
condenado sea apelante único» (art. 31, inc. 2º), y reiterado
en el actual estatuto adjetivo, a cuyo tenor «[e]l juez de
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segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
en la ley.» (Art. 328, inciso inicial, C.G.P.).
A este respecto, la doctrina de esta Corte tiene sentado
de antaño -en pronunciamiento que guardan vigencia- que el
juzgador conculca el principio de la no reformatio in pejus,
cuando concurren las siguientes exigencias: «a) vencimiento
parcial de un litigante, b) apelación de una sola de las partes,
porque la otra no lo hizo ni principal ni adhesivamente, c) que
el juez de segundo grado haya empeorado con su decisión la
situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse
sobre puntos íntimamente relacionados con lo que fue objeto
de la apelación.» (CSJ SC3918 de 2021, entre otras).
Aplicados tales presupuestos en la presente causa, bien
pronto queda al descubierto la imposibilidad para la Sala,
fungiendo como juez de segunda instancia tras casar la
sentencia dictada por el tribunal ad-quem, de condenar a la
demandada al pago de $134’336.430 para el año 1989, como
lucro cesante, en razón a que el fallo de primer grado emitió
condena por valor de $59’436.000 por concepto de lucro
cesante y porque la única apelante fue la convocada.
En suma, la condena se limitará al rubro de
$59’436.000, con la pertinente indexación por aplicación de
los principios de reparación integral y equidad consagrados
en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, hoy inciso final del
canon 283 del Código General del Proceso.
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Ciertamente, el pago de la indemnización al extremo
vencedor debe ser integral, lo cual presupone «equivalencia
cualitativa –y no simplemente cuantitativa- entre las unidades
monetarias entregadas por el acreedor y aquellas con las que
el deudor pretende solventar su prestación, si se tiene en
cuenta que, como efecto del inexorable, amén de implacable
transcurso del tiempo, la moneda se ve afectada –las más de
las veces y, particularmente en países con economías
deficitarias o inestables- por procesos inflacionarios que
erosionan y, por contera, desdibujan su poder adquisitivo.»
(CSJ SC de 19 nov. 2001, rad. 6094).
De allí que esta Corte, en la providencia citada,
precisara que «…el pago no será completo, (…) sin la
consiguiente corrección monetaria, pues en tal evento se trata
de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo
sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no sólo nacional sino
foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada
oportunamente, se impone reajustarla, para representar el
valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con
el requisito de la integridad del pago».
5. Ahora bien, como los frutos del cultivo de marras
serían obtenidos por el demandante en el lapso de tres años,
toda vez que corresponderían a 5 cosechas, la primera a los
10 o 12 meses de la siembra que produciría $14’084.430
netos, y las cuatro restantes cada 6 meses subsiguientes
arrojando individualmente $30.063.000, según informó el
auxiliar de la justicia en la audiencia de contradicción de su
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dictamen, y teniendo en cuenta la limitación de la condena
($59’436.000), se tiene que las sumas a indexar y las fechas
desde las cuales partiría esa corrección monetaria son
$14’084.430 en octubre de 1989, por cuanto el demandante
así como la prueba testimonial dieron cuenta de que la
siembra terminó en octubre de 1988, lo que traduce que para
octubre de 1989 obtendría su primera cosecha; $30’063.000
en abril de 1990; y $15’288.570 en octubre de 1990.
Esos valores serán actualizados a valor presente, con
base en el índice de Precios al Consumidor, desde las épocas
mencionadas hasta la presente, para lo cual se aplicará la
siguiente fórmula de indexación:
VP = VH x (IPC final/IPC inicial)
Donde:
VP = valor presente
VH = valor histórico
Aplicada al caso, tenemos:
Primera cifra a indexar: VP = $14’084.430 x (143,67 [IPC
de julio de 2024] /5,60 [IPC de
octubre de 1989])
VP = $361’341.081
Segunda cifra a indexar: VP = $30’063.000 x (143,67 [IPC
de abril de 1990] /6,55)
VP = $659’412.398
Tercera y última cifra a
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
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indexar: VP = $15’288.570 x (143,67 [IPC de
octubre de 1990] /7,31)
VP = $300’480.007
Entonces, el lucro cesante que asciende a $59’436.000
($14’084.430, $30’063.000 y $15’288.570) corregido
monetariamente al 31 de julio del año en curso, totaliza
$1.321’233.486.
6. En conclusión, la Corte, en sede de segunda
instancia, modificará los numerales cuarto y quinto del
acápite resolutivo de la sentencia de primera instancia, con
el fin de indicar que la condena en contra de la demandada
asciende a $59’436.000 por concepto de lucro cesante
únicamente, que corregidos monetariamente hasta el 31 de
julio del año en curso totaliza $1.321’233.486, suma que
deberá pagar en el término de 10 días.
En todo lo restante se confirmará el fallo apelado, con
condena en costas en contra de la demandada ante la
improsperidad de su recurso de apelación, de conformidad
con el artículo 365 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
Por mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, en sede de segunda instancia,
RESUELVE:
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
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1. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto del
acápite resolutivo de la sentencia dictada el 1 de febrero de
2017 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito con
especialidad Laboral del Guamo, en el juicio verbal de
responsabilidad civil extracontractual instaurado por Alfonso
Rodríguez Yara contra Emgesa S.A. E.S.P., hoy Enel
Colombia S.A. E.S.P., en el cual interviene Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P. como denunciada del pleito, para indicar
que la condena en contra de la demandada asciende a
$59’436.000 por concepto de lucro cesante únicamente, que
corregidos monetariamente hasta el 31 de julio del año en
curso totaliza $1.321’233.486, para cuyo pago se concede el
término de 10 días.
La corrección monetaria generada entre el 1 de agosto
del año en curso y la fecha de pago deberá calcularse en la
forma realizada en esta providencia.
2. CONFIRMAR, en todo lo demás, la providencia
descrita.
3. CONDENAR en costas de segunda instancia a la
compañía convocada. Por el Juzgado de primera instancia
practíquese la liquidación concentrada en los términos del
artículo 366 del Código General del Proceso, incluyendo el
equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales
vigentes como agencias en derecho, que fija el magistrado
ponente.
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
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En firme esta providencia, retornen las diligencias al
despacho de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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