---
clave: "corte_suprema:providencia:SC2402-2024 [2009-00110-01]"
titulo: "Corte Suprema: la corrección monetaria generada entre el 1 de agosto del año en curso y la fecha de pago deberá calcularse en la forma realizada"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-09-26"
radicado: "2009-00110-01"
numero: "SC2402-2024"
ponente: "Octavio Augusto Tejeiro Duque"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2402-2024%20%5B2009-00110-01%5D"
---

# Corte Suprema: la corrección monetaria generada entre el 1 de agosto del año en curso y la fecha de pago deberá calcularse en la forma realizada

- **Título oficial / radicado:** SC2402-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-09-26
- **Radicado:** 2009-00110-01
- **Número:** SC2402-2024
- **Ponente:** Octavio Augusto Tejeiro Duque
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2402-2024%20%5B2009-00110-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2402-2024%20%5B2009-00110-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBPY3RhdmlvIEF1Z3VzdG8gVGVqZWlybyBEdXF1ZS85Li0gU2VwdGllbWJyZS9TZW50ZW5jaWFzL1NDMjQwMi0yMDI0IFsyMDA5LTAwMTEwLTAxXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

La corrección monetaria generada entre el 1 de agosto del año en curso y la fecha de pago deberá calcularse en la forma realizada en esta providencia.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 446 de 1998
- Ley 527 de 1999
- Constitución Política

## Extracto

En suma, la condena se limitará al rubro de $59’436.000, con la pertinente indexación por aplicación de los principios de reparación integral y equidad consagrados en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, hoy inciso final del canon 283 del Código General del Proceso. En conclusión, la Corte, en sede de segunda instancia, modificará los numerales cuarto y quinto del acápite resolutivo de la sentencia de primera instancia, con el fin de indicar que la condena en contra de la demandada asciende a $59’436.000 por concepto de lucro cesante únicamente, que corregidos monetariamente hasta el 31 de julio del año en curso totaliza $1.321’233.486, suma que deberá pagar en el término de 10 días. Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01 21 En firme esta providencia, retornen las diligencias al despacho de origen.

## Cita textual

> la supuesta víctima del daño debe probar la peligrosidad de la actividad que se le imputa a EMGESA S.A. E.S.P. (Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP)

## Texto del documento

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC2402-2024
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
(Aprobado en sesión de veintidós de agosto de dos mil veinticuatro).
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024)
Por haber sido casada la sentencia de 26 de febrero de
2018, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en el proceso verbal
de responsabilidad civil extracontractual instaurado por
Alfonso Rodríguez Yara contra Emgesa S.A. E.S.P., hoy Enel
Colombia S.A. E.S.P., en el cual interviene Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P. como denunciada del pleito, procede la
Corte, en sede de segunda instancia, a dictar fallo
sustitutivo.
ANTECEDENTES
1. Como fue compendiado en la sentencia de casación
dictada en este juicio, el demandante solicitó declarar civil y
extracontractualmente responsable a Emgesa S.A. E.S.P. por
los perjuicios a él causados con la pérdida del cultivo de
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
2
plátano que tenía en el predio de su propiedad, ubicado en el
municipio de Natagaima y, por consecuencia, condenarla al
pago de $120’000.000 a título de daños materiales, que pidió
indexar.
2. Fundamentó este reclamo relatando que en los días
6 a 9 de julio de 1989 fue inundado su predio, denominado
El Godoyuno y en el cual tenía un cultivo de plátano en
extensión de 30 hectáreas, por la creciente del Río
Magdalena, tras la apertura de las compuertas de la represa
de Betania sin observancia del manual de operaciones para
la temporada de lluvias, lo que generó la pérdida total de la
siembra.
3. La enjuiciada se opuso a la pretensión, radicó las
excepciones perentorias de «falta de legitimación en la causa
de la demandante», «inexistencia del daño y perjuicio que se
dice causado», «infundada reclamación de perjuicios»,
«imposibilidad de achacar responsabilidad del generamiento
del hecho dañoso a la EMGESA S.A. E.S.P. (CHB)»,
«inexistencia del perjuicio alegado por el demandante», «falta
de estructuración de uno de los requisitos para que el perjuicio
pueda emerger», «ausencia de relación causal entre la función
desarrollada quien manejaba la represa de Betania y los
perjuicios que asegura sufrió la demandante» (sic), «quien
operaba la represa obró conforme a las normas que debía
observar para su manipulación por ende no existe
responsabilidad de su parte en los perjuicios que asegura
padeció la demandante», «fuerza mayor o caso fortuito como
causal de exoneración», «culpa exclusiva de la víctima»,
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
3
«exposición a riesgo por la demandante», «aplicación del
principio general del derecho Nemo auditor turpitudinem
allegans suam», «imposibilidad de la causación del daño que
se dice ocasionado», «ausencia de responsabilidad de parte de
la EMGESA S.A. E.S.P. (Central Hidroeléctrica de Betania S.A.
ESP) en los hechos en que se monta la demanda», «la supuesta
víctima del daño debe probar la peligrosidad de la actividad
que se le imputa a EMGESA S.A. E.S.P. (Central Hidroeléctrica
de Betania S.A. ESP)», «se encuentra desvirtuada la
presunción de responsabilidad en que se apoya la demanda
por tanto la demandante corre con la carga de probarla»,
«inexistencia de responsabilidad en cabeza de EMGESA S.A.
E.S.P. (Central Hidroeléctrica de Betania S.A. ESP), por no ser
ésta la propietaria de las corrientes fluviales, como la del Río
Magdalena», «concreción de una causa extraña determinada
por la ocurrencia de circunstancias ajenas a la demandada
que pudieron provocar el daño alegado en la demanda»,
«ausencia de demostración del fundamento de la imputación
que se hace a la sociedad demandada», «caducidad
y/prescripción (sic) de la acción y falta de jurisdicción»,
«prevalencia del interés general sobre el particular», «acción a
propio riesgo», «deber de demostrar la culpa a la demandada
en la acción que se señala causó el perjuicio», «inexistencia de
relación causal entre el perjuicio que se pide resarcir y el
actuar por el que se sindica a la sociedad demandada», «se
debe demostrar la existencia del nexo causal entre el perjuicio
y la actividad desplegada por la sociedad demandada que se
asegura lo causó», «aplicación de la teoría ‘análisis económico
del derecho’ (Cheapest cost avoider – concepto económico de
culpa)», «aplicación de la teoría de la imputación objetiva»,
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
4
«imposibilidad absoluta de prever todos (sic) y cada una de
las circunstancias que acrecientan los riesgos permitidos en
desarrollo de la actividad desplegada por la demandada»,
«imposibilidad de imputar a la sociedad demandada la
responsabilidad por la posible causación de perjuicios
alegados en la demanda», «falta de certeza que las aguas de
la represa hayan sido las que anegaron los predios de los
demandantes -ruptura nexo causal», «enriquecimiento sin
causa» e «indebida imputación de causalidad entre la
actividad desempeñada en el sitio donde está la represa de
Betania y el en que se dice estaba el cultivo del actor».
4. La convocada también «denunció el pleito» a
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P., indicando que el 8 de
abril de 1987, a través del contrato CHB-160, le delegó la
administración de la operación y mantenimiento de la
Central Hidroeléctrica de Betania S.A., pacto ampliado en su
periodo de vigencia, que en total corrió entre el 15 de abril de
1987 y el 15 de abril de 1991.
5. Admitida esta tercería por el juzgado a-quo, la
denunciada manifestó oposición y planteó las defensas
meritorias de «inexistencia de responsabilidad de electrohuila
S.A. E.S.P. derivada del contrato C.H.B.-160 y 160-A suscrito
con la demandada», «improcedencia legal de la denuncia del
pleito», «prescripción de la acción contractual» y «falta de
legitimación en la causa por pasiva».
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
5
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Una vez agotadas las fases del juicio, el Juzgado
Segundo Civil del Circuito con especialidad Laboral del
Guamo, con sentencia de 1 de febrero de 2017, declaró
improbadas las excepciones de la demandada, próspera la
«prescripción de la acción contractual» invocada por la
denunciada del pleito, a quien desvinculó del trámite, y
estimó la pretensión del accionante, por lo cual condenó a
Emgesa S.A. E.S.P. a pagar de $92’946.000 ($33’510.000 por
daño emergente y $59’436.000 por lucro cesante), cantidad
que deberá indexar desde el 10 de julio de 1989 hasta su
desembolso.
LA IMPUGNACIÓN
Contra tal veredicto la accionada interpuso apelación,
que sustentó aduciendo errada valoración probatoria por
inobservancia de la inexistencia del terreno del promotor, de
su labranza, de la relación causal entre el perjuicio alegado
y la actuación de la recurrente, a más de que el peritaje que
soportó la condena se fundó en hipótesis, no en certezas.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El tribunal ad-quem confirmó la providencia de
primera instancia, salvo la cuantificación de la condena, que
modificó para tasarla en $33’510.000 por daño emergente y
$25’923.000 a título de lucro cesante.
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
6
2. En relación con los reparos propuestos por la
impugnante consideró actividad peligrosa el
almacenamiento del caudal de un río con el propósito de
producir energía eléctrica, por lo cual resulta aplicable la
responsabilidad civil extracontractual con presunción de
culpa, de donde al extremo demandante sólo le incumbía
acreditar el daño y el nexo causal entre este y aquella, al
paso que la actividad de la convocada estaba limitada a
romper el nexo causal si pretendía exonerarse de
responsabilidad.
Por ese sendero, tal estrado judicial coligió acreditado
el daño al valorar de forma conjunta los testimonios
recaudados, ya que dieron cuenta del predio del promotor
identificándolo por su extensión, linderos y ubicación; del
cultivo de 30 hectáreas de plátano hartón dominico con
intervalos de 2.50 metros entre cada planta; y de la
anegación de la siembra. Además, no se acreditó que la
ubicación del fundo como isla en el centro del Río Magdalena
desvirtuara su vocación agrícola o pecuaria, por el contrario,
fue probado el respeto a la zona de ronda del Río Magdalena
y la existencia de barrera de árboles entre este y el cultivo.
Igualmente encontró, con base en la prueba
documental, el dictamen pericial y las declaraciones citadas,
que la inundación ocurrida entre el 6 y el 9 de julio de 1989
fue consecuencia del actuar de la encausada, al provocar
aumento desproporcionado del caudal del Río.
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
7
3. Respecto de la denuncia del pleito razonó que el
acuerdo de voluntades suscrito entre la accionada y
Electrohuila sólo conmino a esta a pagar los salarios y
prestaciones sociales del personal contratado, lo cual lleva al
fracaso de tal tercería, máxime si solo es procedente
tratándose del saneamiento por evicción.
4. Por último, tasó la condena con apoyo en el dictamen
pericial rendido ante el estrado judicial de primer grado, por
carecer de objeción de parte.
5. La Corte, con proveído SC3632 de 25 de agosto de
2021, casó parcialmente la determinación de segunda
instancia por transgredir las reglas de valoración del
dictamen pericial, al no observar que el practicado en el sub
lite carecía de fundamentación, y dispuso la práctica de
nueva experticia.
Por lo tanto, procede esta Corporación, en sede de
segunda instancia, a dictar fallo sustitutivo.
CONSIDERACIONES
1. En primer lugar y toda vez que, como la Sala lo
precisó en el proveído SC3632 de 25 de agosto de 2021, la
demandada sólo censuró, a través del recurso extraordinario
de casación que interpuso contra el fallo del tribunal ad-
quem, la cuantificación de la condena tasada por este
juzgador, al punto que el veredicto de esta Corte casó
parcialmente ese fallo, en gracia de brevedad se dan por
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
8
reproducidas las consideraciones carentes de reproche, a
través de las cuales fueron desestimados los reparos
sustentados por la apelante.
2. Sigue esta corporación, entonces, a la estimación del
valor de la indemnización a favor del promotor y a cargo de
la recurrente, para lo cual es necesario decantar que en la
pretensión él únicamente deprecó el pago de lucro cesante.
Así lo deja al descubierto la interpretación de la
demanda, en razón a que deprecó condenar a «EMGESA S.A.
(…) a pagar por concepto de Daños Materiales (Daño
Emergente y Lucro Cesante) a ALFONSO RODRIGUEZ (sic)
YARA la suma de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($120.000.000), valor de treinta
hectáreas de PLATANO (sic) que cultivaba en el predio
denominado: ‘EL GODOYUNO’, teniendo en cuenta que una
hectárea en plátano producía 5.000 racimos y que cada racimo
de Plátano valía para Julio (sic) de 1989 la suma de $800, es
decir, que las TREINTA HECTÁREAS EN PLATANO (sic)
TENIAN (sic) UN VALOR DE CIENTO VEINTE MILLONES DE
PESOS ($120.000.000). TOTAL: PERJUICIOS O DAÑOS
MATERIALES EN EL CULTIVO DE PLATANO (sic): CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000).»
Por ende, aunque el peticionario demandó el pago de
perjuicios denominándolos como «Daño Emergente y Lucro
Cesante», su solicitud únicamente aludió a estos últimos, en
la medida en que, exclusivamente, manifestó que pretendía
el resarcimiento de lo que produciría la venta del plátano
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
9
cultivado, es decir, los ingresos que esperaba percibir tras la
cosecha, no valores por los costos en que incurrió al cultivar
ni el que tenía el labrantío en el estado en que se encontraba,
si de su posible venta se tratara.
Tal hermenéutica no la altera el relato plasmado en los
hechos 24 a 26 del libelo, en los que fue sustentada la
solicitud, habida cuenta que contienen la afirmación del
promotor acerca de la «pérdida total del cultivo sembrado» y
manifestaciones sobre el concepto de daño, la transcripción
parcial del precepto 2342 del Código Civil y jurisprudencia
de esta Corte acerca de la corrección monetaria.
Recuerda la Sala, por su pertinencia y al tenor del
canon 1614 del Código Civil, que el daño emergente es «la
pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o
de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado
su cumplimiento» (resaltado ajeno), es decir que se trata de
bienes existentes en el patrimonio de la víctima, pero
quebrantados o desaparecidos; mientras que el lucro cesante
es «la ganancia o provecho que deja de reportarse a
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido
imperfectamente, o retrasado su cumplimiento» (Resaltó la
Sala), esto es, bienes que no estaban en ese patrimonio, pero
que con certeza ingresarían.
En este orden, como la pretensión indemnizatoria del
accionante estuvo restringida al lucro cesante que esperaba
obtener de su plantación, a ello debe limitarse el estudio y
reconocimiento de perjuicios por la Sala, porque tiene
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
10
sentado la doctrina que si se pide indemn

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

hizo ni principal ni adhesivamente, c) que
el juez de segundo grado haya empeorado con su decisión la
situación del único recurrente, y d) que la reforma no verse
sobre puntos íntimamente relacionados con lo que fue objeto
de la apelación.» (CSJ SC3918 de 2021, entre otras).
Aplicados tales presupuestos en la presente causa, bien
pronto queda al descubierto la imposibilidad para la Sala,
fungiendo como juez de segunda instancia tras casar la
sentencia dictada por el tribunal ad-quem, de condenar a la
demandada al pago de $134’336.430 para el año 1989, como
lucro cesante, en razón a que el fallo de primer grado emitió
condena por valor de $59’436.000 por concepto de lucro
cesante y porque la única apelante fue la convocada.
En suma, la condena se limitará al rubro de
$59’436.000, con la pertinente indexación por aplicación de
los principios de reparación integral y equidad consagrados
en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, hoy inciso final del
canon 283 del Código General del Proceso.
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
17
Ciertamente, el pago de la indemnización al extremo
vencedor debe ser integral, lo cual presupone «equivalencia
cualitativa –y no simplemente cuantitativa- entre las unidades
monetarias entregadas por el acreedor y aquellas con las que
el deudor pretende solventar su prestación, si se tiene en
cuenta que, como efecto del inexorable, amén de implacable
transcurso del tiempo, la moneda se ve afectada –las más de
las veces y, particularmente en países con economías
deficitarias o inestables- por procesos inflacionarios que
erosionan y, por contera, desdibujan su poder adquisitivo.»
(CSJ SC de 19 nov. 2001, rad. 6094).
De allí que esta Corte, en la providencia citada,
precisara que «…el pago no será completo, (…) sin la
consiguiente corrección monetaria, pues en tal evento se trata
de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo
sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no sólo nacional sino
foránea, la cual insiste en que si la obligación no es pagada
oportunamente, se impone reajustarla, para representar el
valor adeudado, porque esa es la única forma de cumplir con
el requisito de la integridad del pago».
5. Ahora bien, como los frutos del cultivo de marras
serían obtenidos por el demandante en el lapso de tres años,
toda vez que corresponderían a 5 cosechas, la primera a los
10 o 12 meses de la siembra que produciría $14’084.430
netos, y las cuatro restantes cada 6 meses subsiguientes
arrojando individualmente $30.063.000, según informó el
auxiliar de la justicia en la audiencia de contradicción de su
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
18
dictamen, y teniendo en cuenta la limitación de la condena
($59’436.000), se tiene que las sumas a indexar y las fechas
desde las cuales partiría esa corrección monetaria son
$14’084.430 en octubre de 1989, por cuanto el demandante
así como la prueba testimonial dieron cuenta de que la
siembra terminó en octubre de 1988, lo que traduce que para
octubre de 1989 obtendría su primera cosecha; $30’063.000
en abril de 1990; y $15’288.570 en octubre de 1990.
Esos valores serán actualizados a valor presente, con
base en el índice de Precios al Consumidor, desde las épocas
mencionadas hasta la presente, para lo cual se aplicará la
siguiente fórmula de indexación:
VP = VH x (IPC final/IPC inicial)
Donde:
VP = valor presente
VH = valor histórico
Aplicada al caso, tenemos:
Primera cifra a indexar: VP = $14’084.430 x (143,67 [IPC
de julio de 2024] /5,60 [IPC de
octubre de 1989])
VP = $361’341.081
Segunda cifra a indexar: VP = $30’063.000 x (143,67 [IPC
de abril de 1990] /6,55)
VP = $659’412.398
Tercera y última cifra a
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
19
indexar: VP = $15’288.570 x (143,67 [IPC de
octubre de 1990] /7,31)
VP = $300’480.007
Entonces, el lucro cesante que asciende a $59’436.000
($14’084.430, $30’063.000 y $15’288.570) corregido
monetariamente al 31 de julio del año en curso, totaliza
$1.321’233.486.
6. En conclusión, la Corte, en sede de segunda
instancia, modificará los numerales cuarto y quinto del
acápite resolutivo de la sentencia de primera instancia, con
el fin de indicar que la condena en contra de la demandada
asciende a $59’436.000 por concepto de lucro cesante
únicamente, que corregidos monetariamente hasta el 31 de
julio del año en curso totaliza $1.321’233.486, suma que
deberá pagar en el término de 10 días.
En todo lo restante se confirmará el fallo apelado, con
condena en costas en contra de la demandada ante la
improsperidad de su recurso de apelación, de conformidad
con el artículo 365 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
Por mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, en sede de segunda instancia,
RESUELVE:
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
20
1. MODIFICAR los numerales cuarto y quinto del
acápite resolutivo de la sentencia dictada el 1 de febrero de
2017 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito con
especialidad Laboral del Guamo, en el juicio verbal de
responsabilidad civil extracontractual instaurado por Alfonso
Rodríguez Yara contra Emgesa S.A. E.S.P., hoy Enel
Colombia S.A. E.S.P., en el cual interviene Electrificadora del
Huila S.A. E.S.P. como denunciada del pleito, para indicar
que la condena en contra de la demandada asciende a
$59’436.000 por concepto de lucro cesante únicamente, que
corregidos monetariamente hasta el 31 de julio del año en
curso totaliza $1.321’233.486, para cuyo pago se concede el
término de 10 días.
La corrección monetaria generada entre el 1 de agosto
del año en curso y la fecha de pago deberá calcularse en la
forma realizada en esta providencia.
2. CONFIRMAR, en todo lo demás, la providencia
descrita.
3. CONDENAR en costas de segunda instancia a la
compañía convocada. Por el Juzgado de primera instancia
practíquese la liquidación concentrada en los términos del
artículo 366 del Código General del Proceso, incluyendo el
equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales
vigentes como agencias en derecho, que fija el magistrado
ponente.
Radicación n.° 73319-31-03-002-2009-00110-01
21
En firme esta providencia, retornen las diligencias al
despacho de origen.
Notifíquese,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 354D2DF8EABD7ACAFC937989DFBE8D89AEA99DA962C3C4E0F90F75F12B36BE9F
Documento generado en 2024-09-26

## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC2402-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-09-26. C.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Rad. 2009-00110-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2402-2024%20%5B2009-00110-01%5D).
