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FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado Ponente
SC2326-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
(Aprobado en sesión del tres de diciembre de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., catorce (14) de enero de dos mil veintiséis
(2026).
Decide la Corte mediante sentencia anticipada la
solicitud de exequátur que formuló Myriam María Villamizar
Acosta.
ANTECEDENTES
1. En el escrito introductor se pidió homologar la
sentencia que, el 2 de mayo de 2011, profirió el Tribunal de
Circuito del Condado de Prince William, Estado de Virginia,
de Estados Unidos de América, mediante la cual decretó el
divorcio entre la señora Villamizar Acosta y John Fernando
Ramírez Gómez.
2. De la demanda y sus anexos se advierte el
siguiente fundamento fáctico:
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2.1. Myriam María y John Fernando contrajeron
matrimonio el 7 de diciembre de 1992 en la ciudad de Miami.
2.2. Sin haber tenido hijos con su entonces consorte,
el 4 de agosto de 2010 la señora Villamizar Acosta presentó
demanda de divorcio con fundamento en la causal prevista
en la sección 20-91 (A)(9)(a) del Código de Virginia de 1950,
es decir, «a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que hayan
vivido separadas, sin cohabitación y sin interrupción durante un periodo
de un año».
2.3. Mediante la sentencia de 2 de mayo de 2011, cuya
homologación aquí se reclama, el Tribunal de Circuito del
Condado de Prince William concedió «a la demandante Myriam V.
Ramírez el divorcio a vínculo matrimonii del demandado John F. Ramírez
por haber vivido separada y aparte de forma continua, sin ninguna
cohabitación y sin interrupción, durante un periodo de tiempo superior a
un año, a saber, dese el 18 de enero de 2010 hasta el presente y por la
presente se disuelven los vínculos matrimoniales existentes hasta la
fecha entre las partes de conformidad con el § 20-91 (A)(9)(a) del Código
de Virginia de 1950, en su versión modificada».
3. La demanda de exequátur se admitió por auto
CSJ, AC745-2025.
4. El Ministerio Público, por conducto de la
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas Para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la
Familia y la Mujer, emitió concepto favorable frente a la
pretendida homologación.
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5. Por su parte, dentro del término legal, John
Fernando Ramírez Gómez se opuso a las pretensiones. Alegó
que no existe reciprocidad diplomática ni legislativa entre la
República de Colombia y el Estado de Virginia, «y mucho menos
equivalencia entre el ordenamiento legal». Sobre este último
particular, recalcó que «mientras que, en el Código de Virginia de
1950, en su versión modificada, se concede el divorcio “por haber vivido
separada y aparte de forma continua, sin ninguna cohabitación y sin
interrupción, durante un período de tiempo superior a un (1) año”, en
Colombia la exigencia es de más de dos años, lo anterior, según lo
establece el artículo 154 del Código Civil Colombiano en su numeral
octavo».
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 278-2 del Código General del
Proceso y teniendo en cuenta que no hay pruebas pendientes
de recaudo, la Sala dictará sentencia anticipada1.
El fallo será desestimatorio de las pretensiones, en
consideración a que, según se verá enseguida, en este asunto
no se verifica la totalidad de las exigencias legales que previó
el legislador para esta modalidad de trámite judicial.
2. Es importante recordar que la viabilidad de una
solicitud de exequátur como la de la referencia está
supeditada a que se demuestre la concurrencia de los
presupuestos que prevén los artículos 605 y 606 del Código
General del Proceso, a saber:
1 Cfr. CSJ, SC12137-2017; CSJ, SC3107-2019; CSJ, SC2141-2024; CSJ, SC877-2024; y CSJ, SC3087-
2024, entre otras
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(i) que, en cuanto a la posibilidad de homologar
sentencias extranjeras, exista reciprocidad
(diplomática, legislativa o de hecho2) entre la
República de Colombia y la nación de la que
proviene el respectivo fallo;
(ii) que la decisión se encuentre debidamente
ejecutoriada, conforme a la legislación del país de
origen, y se presente su copia debidamente
legalizada;
(iii) que la sentencia extranjera no verse sobre derechos
reales constituidos en bienes que se ubiquen en
territorio colombiano al momento de iniciarse el
proceso en que se profirió la sentencia a homologar;
(iv) que lo resuelto no se oponga a las reglas jurídicas
internas de orden público, «exceptuadas las de
procedimiento»;
(v) que el conflicto sobre el cual recae la resolución
extranjera no sea de competencia exclusiva de los
jueces colombianos;
(vi) que en Colombia no exista proceso en curso ni
sentencia ejecutoriada previa sobre el mismo
asunto, dictada por los jueces nacionales;
2 Cfr. CSJ SC,17 jul. 2001, rad. 0012; CSJ, SC21053-2017; CSJ, SC3955-2022; y CSJ, SC2141-2024,
entre otras.
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(vii) que, en caso de que el proceso fuere contencioso, se
hubiese adelantado con la debida citación y
contradicción del extremo demandado.
3. La demanda de homologación que formuló la
señora Villamizar Acosta no satisface el cuarto de los citados
requerimientos, en tanto que el divorcio que se decretó en el
fallo extranjero -dado el marco fáctico que le dio lugar-
contraviene el ordenamiento interno.
Para convenir en lo anterior, es importante recordar
que, según se anotó en los antecedentes de esta providencia,
la norma sustancial que le sirve de base al fallo objeto de
estudio es el segmento 20-91 (A)(9)(a) del Código de Virginia
de 1950, por cuya conformidad el divorcio es procedente, «a
solicitud de cualquiera de las partes, siempre que hayan vivido
separadas, sin cohabitación y sin interrupción durante un periodo de
un año»3.
A su turno, la causal que para casos semejantes
contempla el derecho nacional está consagrada en el numeral
8.° del artículo 154 del Código Civil, según el cual es causal
de divorcio «la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya
perdurado por más de dos años».
Como se ve, ambos preceptos reconocen la separación
de cuerpos como causal habilitante del divorcio, pero el lapso
3 Página 4, Anexo 1, archivo “5. Traducción Testimonio Abogados Santiago López y Daniel Tortolero”,
Consecutivo n.° 5 del expediente digital.
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por el cual debe extenderse esa ruptura para que resulte
viable terminar el vínculo marital, es inferior -en una mitad-
en la norma extranjera.
Ahora bien, es cierto que el numeral 3.° del artículo 606
del estatuto procesal no prevé en manera alguna que la
homologación de una sentencia extranjera solo pueda darse
cuando el fundamento normativo de ese fallo sea idéntico a
la regla jurídica que, en Colombia, rija el caso que se resolvió
en el fallo. Semejante homogeneidad no la exige la ley.
Sobre el particular, ha precisado la Sala:
Tocante con el respeto a las normas de orden público interno, es
importante señalar que este requisito no traduce que la decisión
proferida por el tribunal extranjero deba ser respetuosa de todas
las normas imperativas que hagan parte del derecho material
colombiano (…) pues ello equivaldría a decir que, por lo menos en
parte, la decisión de aquel tuvo que proferirse al amparo del
derecho nativo, argumento que contraría la esencia misma del
exequátur, como procedimiento necesario para otorgar fuerza en
Colombia a sentencias pronunciadas en un país extranjero, desde
luego que al amparo del derecho que rige a la respectiva nación en
la que se desarrolló el litigio (CSJ, SC 6 ago. 2004, exp.
2001-00190-01).
En la misma dirección, autorizada doctrina nacional
señala que:
no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que,
aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios
básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley
extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no
solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales
del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado
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pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo
extranjero que se aparta de esa comunidad de principios»4.
Lo anterior cobra especial sentido si se repara en que lo
que impone el citado canon 606 es que la decisión contenida
en la providencia extranjera, en los puntuales términos y en
el contexto específico en el que fue adoptada, «no se oponga a
leyes u otras disposiciones colombianas de orden público» y ese
requisito bien podría darse por satisfecho en eventos en los
que, incluso con base en una norma extranjera que no sea
exactamente igual a la regla interna, se dicte una resolución
judicial que sea compatible con el derecho colombiano,
porque en su cabal dimensión terminó reconociendo efectos
jurídicos a una situación de hecho para la cual el sistema
legal patrio prevé solución equivalente (CSJ, SC4536-2018).
Tal sería el caso -por dar un ejemplo que ofrezca utilidad
a este litigio- de un divorcio que, aunque apoyado en una
causal que presupone una separación de cuerpos inferior a
dos años, se decretó frente a un caso particular en el que el
distanciamiento de los cónyuges se extendió por un lapso que
superó el bienio (CSJ, SC1308-2018 y CSJ, SC707-2025). O
también el evento en que la causal de divorcio que se aplicó
en la sentencia extranjera requiere un periodo más extenso
de separación que el que demanda la normativa interna (CSJ,
SC 10 jul. 2000, exp. 77355 y CSJ, SC564-2022). En estas
4 HOLGUIN HOLGUIN, Carlos. “La noción de orden público en el Derecho Internacional Privado”,
IDEA. 1991, pág. 414. Citado por la Corte en CSJ, SC 30 ene. 2004, exp 2002-0008-01 y SC1308-2018.
5 En esa oportunidad precisó la Sala: “…la causal de divorcio alegada y aceptada en el proceso donde se
dictó la sentencia materia de exequatur, o sea la ruptura de la vida en común de los casados por un
término mayor de cinco años, está consagrada con la misma finalidad en el régimen legal colombiano,
inclusive por un término inferior (dos años), en el numeral 8º del precitado artículo 154 del estatuto
sustancial civil, sujeto a la modificación también ya reseñada”.
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hipótesis, la regla de derecho foránea sería suficientemente
análoga al precepto interno y la solución a la que llevó su
aplicación no implicaría una afrenta al orden público de este
país.
Eso no fue, sin embargo, lo que ocurrió en este asunto.
Según se indicó en la sentencia norteamericana, la
separación de quienes aquí contienden inició el 18 de enero
de 2010 y la demanda de divorcio la interpuso la señora
Villamizar Acosta el 4 de agosto del mismo año, es decir,
apenas 6 meses y 17 días después.
Y aunque en Colombia el tiempo transcurrido después
de la presentación de la demanda de divorcio no es útil para
consolidar la causal atinente a la separación de cuerpos, no
sobra recalcar -simplemente para abundar en razones- que
ni siquiera para la fecha en que se dictó el fallo extranjero
que acá interesa, había alcanzado a transcurrir el plazo de
dos años que exige el numeral 8.° del artículo 154 del Código
Civil, pues la providencia se profirió el 2 de mayo de 2011,
esto es, 1 año, 3 meses y 14 días después de que tuvo lugar
la separación.
El escenario fáctico que así se consolidó, involucra un
obstáculo insalvable para la demanda de exequatur, por una
cuestión de orden público. Ciertamente, no es posible
reconocer efectos a un divorcio que, en caso de haberse
solicitado en territorio colombiano -con base en la causal de
separación de cuerpos homóloga a la que se invocó en el
juicio extranjero- no se habría podido decretar.
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Ningún juez colombiano al que, hipotéticamente, se le
hubiere puesto de presente un marco fáctico como el que
concierne a esta tramitación, habría podido disponer la
terminación del matrimonio con fundamento en el numeral
8.° del artículo 154 del Código Civil, pues tal canon consagra
un presupuesto temporal más extenso del que alcanzó a
cumplir la pareja Villamizar Acosta y Ramírez Gómez para el
momento en que se presentó la demanda e, incluso, para
cuando se dictó el fallo de divorcio.
Este es el entendimiento que, salvo alguna postura
aislada6, la Corte ha precisado que debe dársele al numeral
3.° del artículo 606 del Código General del Proceso,
tratándose de procesos de divorcio. Al respecto, la Sala ha
puntualizado lo siguiente:
[Se] echa de menos en la sentencia que se pide homologar la
causal bajo la cual la autoridad judicial que la emitió decretó el
divorcio de las partes allí en contienda, presupuesto necesario
para poder establecerse el cumplimiento de la exigencia contenida
en el numeral 2º del artículo 606 del Código General del Proceso,
alusiva a que “[p]ara que la sentencia o el laudo extranjero surta
efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: (…) 2.
Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de
orden público, exceptuadas las de procedimiento”, pues aunque en
ella se afirma, a manera de conclusión, que “[e]l matrimonio de las
partes está roto de manera irreparable”, y, el actor señaló en la
demanda de exequatur que aquella es la de “separación de
cuerpos que haya durado seis o más meses”, vigente en el Estado
de Florida, tales manifestaciones no dan certeza de ello.
Sumado a [lo anterior], de aceptarse que sí se trata del aludido
motivo, nada se infiere o se dice en relación al tiempo que
estuvieron separados éste [se refiere al solicitante] y su cónyuge,
6 Cfr. CSJ, SC974-2018.
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aspecto igualmente esencial para cotejar el mentado requisito,
pues recuérdese que en Colombia la separación de cuerpos,
judicial o de hecho, solo es admisible como causal de divorcio
cuando “haya perdurado por más de dos años” (Num. 8º Art.
154 C.C.), circunstancia que, por obvias razones, también impide
que la providencia de marras pueda ser objeto de exequatur a la
luz de la legislación colombiana, toda vez que, de homologarse,
se estaría vulnerando el orden público, dado que la razón
sustentada no encuentra asidero en ninguna medida con las
causales de divorcio previstas en el ordenamiento civil patrio.
En casos de idéntica situación fáctica al presente, la Corte ha
predicado que, “de concederse exequátur, se socavaría el orden
público, no solo porque la providencia está fundada en un
motivo de ningún modo reconocido en el derecho patrio, sino
también porque se habilitaría, sin más, el mero paso
injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo lo
cual atenta contra la institución de la familia, concebida
por la norma superior como el núcleo fundamental de la
sociedad, y contra la protección integral que, a partir de hacer
taxativas las causales de divorcio, el Estado se propone garantizar
(art. 42, C. P.), para darle estabilidad” (CSJ SC17371-2014,
reiterado AC de 25 de agosto de 2015, Rad. 2015-01124-00 y
SC8300-2017) (CSJ SC4101-2018. En el mismo sentido
CSJ, SC1308-2018).
En época más reciente, la Corte reiteró nuevamente la
vigencia de la interpretación:
En consideración a lo anterior, ninguna autoridad judicial
colombiana podría declarar la disolución de un matrimonio
arguyendo que los esposos estuvieron separados de cuerpos
por un período inferior a dos años, limitación que se constituye
en una barrera de orden público, erigida por el legislador como
método para dotar de cierta estabilidad a la institución
matrimonial. Y siendo ello así, el principio de soberanía
impediría homologar un fallo de divorcio extranjero fincado
en un lapso de separación más breve.
Expresado de otro modo, no resulta viable reconocer efectos en
Colombia a una sentencia foránea que haya accedido al divorcio a
partir de un período de separación de cuerpos inferior al que
prevé nuestro Código Civil (dos años), conclusión que armoniza con
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el precedente inalterado de esta Corporación (CSJ, SC3254-
2022, retomada en CSJ, SC334-2023).
4. Ahora bien, no desconoce la Sala que con el correr
de los tiempos, el divorcio en Colombia se ha flexibilizado
hasta tal punto de que hoy en día se permite su decreto por
la «sola voluntad de uno de los cónyuges» (núm. 10, art. 154,
Código Civil, adicionado por el artículo 2 de la Ley 2442 de
2024).
No obstante, como la causal de disolución en la que se
basó la sentencia extranjera no corresponde propiamente al
supuesto de hecho al que se acaba de hacer mención, la
sobreviniente posibilidad que consagró el ordenamiento
colombiano de que un matrimonio termine por la voluntad
de cualquiera de los consortes resulta intrascendente a
efectos de resolver sobre la viabilidad de la pretendía
homologación.
No se pierda de vista que el exequatur es un trámite
netamente de confrontación que «no tiene que ver con la disputa o
autoatribución de algún derecho sustancial en específico, sino con la
posibilidad de reconocer efectos en este país a una providencia
judicial proferida por autoridades extranjeras» (CSJ, SC493-
2023), de manera que el análisis que en estos casos efectúa
la Corte no apunta a establecer de qué otra manera podría
haberse solucionado la disputa foránea a la luz de la
normativa interna, sino puntualmente si el fundamento
fáctico y normativo que efectivamente aplicaron los jueces
extranjeros, armoniza -o no- con el derecho interno.
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Por eso, en estos casos no resulta factible que, mediante
un hipotético ejercicio intelectual, se cambie el marco
jurídico de la decisión foránea, para intentar enmarcar la
decisión en un supuesto legal que no fue el que le sirvió de
base a esa sentencia.
Recuérdese que «el exequátur tiene como objetivo verificar la
regularidad internacional de la sentencia y no calificar lo decidido por el
juez competente. El concepto de exequátur, dice la Corte, “obedece a la
necesidad de un trámite inspirado en el principio de soberanía estatal,
lo que significa que no ha de debatirse la justicia o acierto del fallo que
se presenta para ser acogido”. Mas exactamente, “la sentencia
extranjera que resuelve sobre una pretensión es un todo diferente a la
que provee sobre la solicitud de exequátur, puesto que ésta obedece a la
necesidad de un trámite inspirado en el principio de la soberanía estatal,
hasta el punto de que en él no se discute la justicia o el acierto del fallo
extranjero, sino que, de modo exclusivo, se verifican o controlan otros
aspectos de este proceso que pueden llegar a afectar el orden jurídico
nacional” (Sentencia de 5 de noviembre de 1996 - CCXLIII, 601-602)»
(CSJ, SC 30 ene. 2004, exp. 2002-0008-01).
Es justamente con base en lo anterior que, de manera
consistente, la Sala ha recabado en la inviabilidad del
exequatur cuando la causal de divorcio que le sirvió de base
al fallo extranjero no guarda una razonable semejanza con la
normativa interna.
Inclusive, en época reciente la Corte denegó la
homologación de una sentencia de divorcio que se basó en la
causal que prevé el artículo 81.1 del Código Civil del Reino
de España; precepto que se aproxima, aún más que el que
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concierne a este litigio, a la hipótesis del numeral 10.° del
artículo 154 del Código Civil colombiano, puesto que procede
«[a] petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres
meses desde la celebración del matrimonio».
Ello obedeció, según lo recordó la Corte, a que:
…el decreto del divorcio no se dio por la causal de mutuo
consentimiento reconocida en la legislación nacional, sino por la
que habilita a cualquiera de los cónyuges a pedirlo después de tres
meses de casados, la cual carece de correspondencia en Colombia.
Por disposición de la Carta Política de 1991, la familia constituye
el núcleo fundamental de la sociedad, de tal manera que las
normas que regulan su formación, desarrollo y disolución
interesan el orden público, es decir, no puede disponerse de
ellas.
En materia de divorcio, el Estado colombiano condiciona el
reconocimiento del decretado en el extranjero a que la causal en
que éste se funda guarde una razonable semejanza con
alguna de las taxativamente establecidas en el artículo 154
citado; en la misma medida, no reconoce efectos a uno dispuesto
por una autoridad foránea con apoyo en motivos diferentes, como
ocurre con el que se refiere a la mera voluntad de uno de los
esposos pasados tres meses del casorio.
En torno a una situación en la que “el divorcio que se llevó a cabo
en el extranjero por los solicitantes, se cumplió bajo los preceptos
de un proceso contencioso, situación que de acuerdo con los
motivos taxativos del artículo 154 del Código Civil es permitida en
la Nación; no así lo esbozado por el Juzgado extranjero, al referir
en el numeral primero de los ‘ANTECEDENTES DE HECHO’, que
fue presentado ‘escrito […], formulando demanda de divorcio
contencioso del matrimonio contraído por los citados con fecha 19-
7-2007 que fue inscrito en el Registro Civil de Bogotá (…);
subsiguientemente, en los ‘FUNDAMENTOS DE DERECHO’,
resolvió que ‘dándose las circunstancias que establece el art. 86
en relación con el artículo 81.1 CC […], declar[ó] la disolución del
matrimonio’», la Sala dijo que se trata de una «[r]azón que a todas
luces no tiene reconocimiento en Colombia, pues la legislación
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nacional no contempla este motivo dentro de los expuestos en el
mencionado artículo 154 del estatuto civil, por consiguiente,
pretender la concesión de su homologación en el territorio patrio,
bajo la causal citada, estaría vulnerando abiertamente el orden
público colombiano» (SC21037-2017).
En la misma resolución recordó lo que previamente había dicho en
AC5285-2015, en el sentido que “(…) Empero, la legislación
colombiana no autoriza la ruptura del vínculo por la sola
circunstancia de que haya transcurrido ese lapso desde cuando
nació el matrimonio, pues, dentro de los distintos motivos previstos
en el artículo 154 del Código Civil patrio, no existe uno análogo que
así lo autorice. La sentencia objeto de homologación se dio
únicamente porque desde la fecha del matrimonio a la de la
demanda habían transcurrido más de los tres meses requeridos
en aquella disposición de la legislación foránea. Esta causal no es
subsumible, directa ni indirectamente, en las del régimen
colombiano. […] De concederse exequátur, se socavaría el
orden público, no solo porque la providencia está fundada
en un motivo de ningún modo reconocido en el derecho
patrio, sino también porque se habilitaría, sin más, el mero
paso injustificado del tiempo como motivo de divorcio, todo
lo cual atenta contra la institución de la familia, concebida por la
norma superior como el núcleo fundamental de la sociedad, y
contra la protección integral que, a partir de hacer taxativas las
causales de divorcio, el Estado se propone garantizar (art. 42, C.
P.), para darle estabilidad.
En conclusión, no se colma el presupuesto relativo a que la decisión
foránea no desconozca normas internas de orden público, en tanto
se fundó en una causal de divorcio que éstas no reconocen, lo que
resulta suficiente para negar la concesión de la homologación
pedida (CSJ, SC2400-2024).
5. Por las razones anotadas, y como en este asunto
se echa de menos la exigencia prevista en el numeral 2.° del
artículo 606 del estatuto procesal, se denegará la pretendida
homologación sin entrar a verificar los demás requisitos
legales, dada su naturaleza concurrente (art. 282, C.G.P.).
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No se impondrá condena en costas, dada la naturaleza
de este asunto (Cfr. CSJ, SC1616-2025, CSJ, SC132-2018).
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. NO CONCEDER la solicitud de
exequátur que formuló Myriam María Villamizar Acosta
respecto de la sentencia que el 2 de mayo de 2011 profirió el
Tribunal de Circuito del Condado de Prince William, Estado
de Virginia, de Estados Unidos de América.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas. Por
Secretaría, archívense las diligencias.
Notifíquese y cúmplase,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
(Salvamento de voto)
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
(Salvamento de voto)
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
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SALVAMENTO DE VOTO
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
Con absoluto respeto por la decisión adoptada por la
mayoría, me permito expresar mi disenso frente a la decisión
de no conceder la solicitud de exequátur que formuló Myriam
María Villamizar Acosta respecto de la sentencia que el 2 de
mayo de 2011 profirió el Tribunal de Circuito del Condado de
Prince William, Estado de Virginia, de Estados Unidos de
América.
En el fallo se indicó que la norma sustancial que
sustentó la decisión objeto de estudio correspondía al
segmento 20-91 (A)(9)(a) del Código de Virginia de 1950, que
establece como causal de divorcio la «solicitud de cualquiera
de las partes, siempre que hayan vivido separadas, sin
cohabitación y sin interrupción durante un periodo de un año».
Conforme a este contenido normativo foráneo, la Sala
encontró que la sentencia se oponía a disposiciones
colombianas de orden público, pues no se acompasa con la
causal que contempla el derecho interno consagrada en el
numeral 8º del artículo 154 del Código Civil, según el cual es
causal de divorcio «la separación de cuerpos, judicial o de
hecho, que haya perdurado por más de dos años».
Sobre este aspecto, se debe advertir que, en particular,
la causal del ordenamiento del Estado de Virginia de los
Estados Unidos de América, que fue fuente de la sentencia
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que se pide homologar, contempla para su acaecimiento de
dos (2) situaciones esto es: (i) la solicitud de cualquiera de las
partes; y (ii) que hayan vivido separadas, sin cohabitación y
sin interrupción durante un periodo de un año, así:
«(9)(a) A solicitud de cualquiera de las partes, siempre que hayan
vivido separadas, sin cohabitación y sin interrupción durante un
período de un año»7
«(9)(a) On the application of either party if and when they have lived
separate and apart without any cohabitation and without
interruption for one year»8
Visto lo anterior, el fallo mayoritario encontró que no se
acreditaba el requisito previsto en el numeral 2º del artículo
606 del Código General del Proceso.
La Sala indicó que este numeral del estatuto procesal
no exige que el fundamento normativo de la decisión a
homologar sea idéntico a la regla jurídica prevista en
Colombia, pero si refirió que, «en estos casos no resulta
factible que, mediante un hipotético ejercicio intelectual, se
pretenda cambiar el marco jurídico de la decisión foránea,
para intentar enmarcar la decisión en un supuesto legal que
no fue el que le sirvió de base a esa sentencia».
En este punto, es indispensable precisar que el numeral
al que se ha hecho referencia indica expresamente que, para
que la sentencia extranjera surta efectos en nuestro país, no
se debe oponer «a leyes u otras disposiciones colombianas de
7 Página 4, Anexo 1, archivo “5. Traducción Testimonio Abogados Santiago López y Daniel
Tortolero”, Consecutivo n.° 5 del expediente digital.
8 Página 5, Anexo 1, archivo “4. Testimonio Abogados Santiago López y Daniel Tortolero”,
Consecutivo n.° 5 del expediente digital.
Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
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orden público». El contenido normativo no exige una
equivalencia o comparación con un único marco de ley,
artículo o causal, sino que permite una evaluación general
de lo que debe ser contrastado para que la decisión
internacional surta efectos en nuestro territorio. Además, en
consideración de que, el orden público es referido frente
aquellas disposiciones de las cuales no se cuenta con poder
dispositivo y en materia de familia que «constituye el núcleo
fundamental de la sociedad, […] las normas que regulan su
formación, desarrollo y disolución interesan [a este] orden»
(SC2400-2024)
No puede perderse de vista que, la labor de esta Corte
no es revisar una puntual causal que se pueda asemejar a la
utilizada por la autoridad foránea, porque esto sería casi que
ubicarse en el papel de la autoridad inicial, sino antes bien,
se debe evaluar que no se oponga al ordenamiento
colombiano de orden público, en una concepción general.
Así, téngase en cuenta que las causales de divorcio que
contempla nuestro ordenamiento en el Código Civil, que
datan del Siglo XIX, han tenido variaciones en consideración
al cambio de concepción de la Familia y los criterios de
permanencia y disolución que se han generado en las últimas
décadas.
La Ley 2442 de 2024 es un claro ejemplo de ello pues
introdujo como una nueva causal de divorcio, en el numeral
10º del artículo 154 del Código Civil, «[l]a sola voluntad de
cualquiera de los cónyuges». Esta causal reciente trae a
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nuestro ordenamiento, en cumplimiento de la orden de la
Corte Constitucional en Sentencia SU-080 de 2020, cambios
que, en sistemas similares como sería Chile y España, habían
introducidos hace dos (2) décadas.
En Chile, por intermedio de la Ley 19947 de 2004, en el
artículo 27 se concibe como causal que «cualquiera de los
cónyuges podrá solicitar al tribunal que declare la separación,
cuando hubiere cesado la convivencia»9. En España, por la Ley
15/2005, también se introdujo esta causal al señalarse en el
artículo 2, que modificó el 81.2 del Código Civil, que se
decretará judicialmente la separación, «a petición de uno solo
de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la
celebración del matrimonio»10.
Las normatividades comparadas en cita no fijan una
condición de tiempo de separación para acreditar la causal,
sino simplemente la manifestación expresa de una de las
partes. Es más, la exposición de motivos de la legislación
española precisó la necesidad de introducir esta habilitación,
en consideración a las nuevas dinámicas de las familias y
sustentado en el ejercicio del libre desarrollo de la
personalidad, al señalar que:
«[E]sta ley persigue ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges
en lo relativo al ejercicio de la facultad de solicitar la disolución de
la relación matrimonial.
Con este propósito, se estima que el respeto al libre desarrollo de
la personalidad, garantizado por el artículo 10.1 de la
Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la
9 Véase https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=225128
10 Véase https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-11864
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voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con
su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar
casado no puede hacerse depender de la demostración de la
concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante
no es más que el fin de esa voluntad expresada en su
solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de
separación»11 (Se resalta).
En consecuencia, la labor del juez de la homologación
no puede considerarse como estática, con mayor énfasis
cuando se está evaluando un tema de esta connotación como
lo es la familia y los relaciones interpersonales, y es necesario
que, en los eventos en que se pondere la posible oposición a
leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, no
se contraiga únicamente en equiparar una a una las causas
de procedencia del divorcio, con la única que pueda ser
consistente con la del territorio extranjero.
Lo anterior se refuerza en nuestro ordenamiento en la
facultad oficiosa que se le concede al juez en el artículo 281
del Código General del Proceso, que permite en asuntos de
familia fallar ultrapetita y extrapetita.
En consecuencia, se estima que en la demanda se había
acreditado el requisito fijado en el numeral 2º del artículo 606
del Código General del Proceso, y por ello, esta Corte debía
acceder a la homologación rogada.
En los anteriores términos dejo expresado mi
salvamento de voto.
11 Ibídem.
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ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ
Magistrada
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Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
SALVAMENTO DE VOTO
Con el respeto que corresponde a quienes integran la
Sala, expreso las razones por las cuales disiento de la postura
acogida por la mayoría en el asunto de la referencia.
1. Estimo que la solicitud de exequátur no podía
denegarse bajo el argumento de contravención al orden
público nacional (núm. 2, art. 606 CGP). La causal de
divorcio separación de cuerpos de un año -que fue acogida
por el Tribunal foráneo-, también se contempla en la
legislación colombiana en término superior a dos años, tal
cual reconoció con acierto la ponencia al amparo del numeral
8 de artículo 154 del Código Civil.
Luego, la disparidad que puede inferirse al comparar la
causal de divorcio es simplemente temporal, referida al
término mínimo del alejamiento que cada legislación
contempla; por ello, no puede constituir fundamento válido
para predicar una contrariedad entre los principios de las
instituciones fundamentales de ambos países, sino apenas,
un evento de simple diversidad respecto de un elemento
muy concreto de la previsión legislativa que cada Estado
confiere a la misma institución jurídica en común.
Para descartar la afectación de tan trascendente
presupuesto de la homologación, resultaba suficiente
verificar la previsión normativa de la aludida causal de
divorcio en ambos Estados, sin reparar en la insustancial
disparidad que puede inferirse al comparar los términos
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mínimos del alejamiento que cada legislación contempla.
Esta misma Sala ha sido clara sobre el particular en casos
muy similares (SC974 de 2018, SC2420-2019 y SC707-
2025).
2. En el escenario de los requisitos habilitantes del
reconocimiento a las sentencias judiciales extranjeras, el
respeto al orden público nacional no implica la verificación
de una identidad legislativa, sino coherencia esencial entre
los regímenes jurídicos comparados, en tanto que dicho
concepto refiere a «los principios y valores fundamentales del sistema
u ordenamiento jurídico»; por ello, su enfoque concierne «al núcleo
central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses
vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso
de la sociedad».12
Aunque la ponencia reconoce el anterior criterio, no lo
aplica en su real dimensión, en tanto que termina
reclamando indirectamente la vigencia universal de las
pautas del ordenamiento patrio, pues en subsidio de la
normativa similar, solo entiende admisible para la
satisfacción del respeto al orden público nacional, que la
resolución judicial foránea acoja un supuesto fáctico
compatible con el derecho colombiano y verifique que el
término de separación desborde el previsto en nuestro
ordenamiento.
De esta manera, en subsidio de la similitud de las reglas
jurídicas -y no de los principios-, tan solo se habilita aquellos
casos en los que la decisión judicial foránea termina
12 CSJ SE, 8 nov. 2011, rad. 2009-00219-00.
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aplicando una norma jurídica concreta «suficientemente análoga
al precepto interno», lo cual no se aviene a la naturaleza del
exequátur y, especialmente, al requisito de indemnidad al
orden público nacional ya definido.
3. Tampoco comparto el proceder que es acorde con
el anterior criterio subsidiario y en cuya virtud se examinó y
concluyó que para la época de radicación de la demanda de
divorcio en el extranjero no había transcurrido el término de
separación mínimo previsto -aunque si estuviera verificado
para el momento del fallo-, por cuanto tal examen implica
desbordar el ámbito material de la homologación, en tanto
implica la revisión del acierto de la resolución judicial
foránea.
Basta considerar en estos casos que el juez foráneo
entendió satisfecha una norma legal de su Estado que no
repele el orden público nacional de Colombia, siendo claro
que pueden existir varias circunstancias justificantes de ese
proceder, como bien puede ser, entre muchas otras, un error
en la alusión a la fecha de la demanda -en todo el documento
se sostuvo la superación de un años- o también que las
normas jurídicas foráneas permitan una perspectiva de
congruencia más flexible en materia de familia, a cuyo
amparo fuera viable considerar el tiempo de separación al
momento del fallo.
3. Acierta la ponencia en reconocer la vigencia de la
Ley 2442 de 2024 y la trascendente flexibilización del divorcio
matrimonial que implicó al prever como causal la «sola
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voluntad de uno de los cónyuges» acorde con estándares
internacionales.
En mi criterio, lo anterior constituye un cambio en el
orden público nacional en materia de derecho de familia que
obliga a reexaminar, hacia el futuro, gran parte de la doctrina
de la Sala.
Dicha jurisprudencia se estructuró a partir de la
exclusiva égida de causales taxativas cimentadas
principalmente en la culpabilidad y el carácter permanente
de la institución familiar, mientras que el reciente viraje
normativo exhibe una concepción más individualista y
cercana a la realización del libre desarrollo de la personalidad
y la dignidad humana, tal y como expresamente sostuvo en
la exposición de motivos del proyecto de ley.13
La incursión de la causal de divorcio por simple
voluntad de la ley tendrá el particular efecto de flexibilizar en
gran medida el análisis del requisito de respeto al orden
público nacional en el marco de las solicitudes de exequátur
de fallos de esa naturaleza.
Ciertamente, perderá trascendencia la revisión
detallada de las causales especiales o restringidas que
puedan subsistir en ordenamientos foráneos, las cuales
podrán entenderse con mayor simpleza como acordes al
ordenamiento patrio, debido a la novel cláusula, mucho más
13 Disponible en https://apicongresovisible.uniandes.edu.co/uploads/proyecto-
ley/13131/1002/23.pdf
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amplia, que sólo requiere la simple voluntad de alguno de los
contrayentes.
Todo lo anterior no implica que pueda considerarse la
reciente causal de divorcio unilateral para valorar el respeto
al orden público nacional de las sentencias extranjeras que
se hayan dictado con anterioridad a la fecha en que entró a
regir la Ley 2442 de 2024 (27 de diciembre de 2024), más allá
de que su homologación en Colombia se invoque o decida con
época posterioridad a la entrada en vigor del mentado móvil
cimentado exclusivamente en la mera voluntad.
Si bien el efecto general y normal de las leyes nuevas en
el tiempo es su aplicación inmediata -especialmente cuando
versan sobre materias de orden público-, ello no supone la
afectación de las situaciones consolidadas, esto es, una
retroactividad no contemplada expresamente por el
legislador, tal y como se prescribe en las reglas generales de
sobre validez y aplicación de las leyes de que trata la Ley 153
de 1887, especialmente sus artículos 1914 y 2015.
En adición, resulta contundente el estatuto personal
que como válida y casi insuperable excepción al principio de
territorialidad de la ley que contempla el artículo 19 del
Código Civil16 para los temas vinculados al estado civil de los
14 «Las leyes que establecen para la administración de un estado civil condiciones
distintas de las que exigía una ley anterior, tienen fuerza obligatoria desde la fecha en
que empiecen a regir».
15 «El estado civil de las personas adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su
constitución, subsistirá aunque aquella ley fuere abolida; pero los derechos y
obligaciones anexos al mismo estado, las consiguientes relaciones recíprocas de
autoridad o dependencia entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre guardadores y
pupilos, y los derechos de usufructo y administración de bienes ajenos, se regirán por
la ley nueva, sin perjuicio de que los actos y contratos válidamente celebrados bajo el
imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto.».
16 «Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero, permanecerán sujetos
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nacionales y sin consideración a su ubicación, tal y como ha
explicado de mucho tiempo atrás la jurisprudencia de esta
Corte:
4.3. En suma, en materia de estado civil, así como en lo atinente a
los derechos y deberes propios de relaciones de familia, las
consecuencias que han de aplicarse a los matrimonios celebrados
entre colombianos y en el extranjero, son exclusivamente las que
prevén las normas de este país, puesto que por cuestiones de
soberanía y de orden público, en tan delicada materia no pueden
coexistir las disposiciones patrias con las foráneas.
Recuérdese a ese respecto, que “…es la ley, no el individuo, la que
reglamenta todos los efectos jurídicos de la institución que el estado
civil supone, sin dejarle a la persona ninguna libertad de acción
para modificar en nada los derechos y obligaciones inherentes a la
situación que ha surgido, según los haya la misma ley establecido
obligatoriamente. Es el orden público en función imperativa, como
que de las cuestiones fundamentales de la familia, base de la
sociedad, se trata. De ahí que el estado civil no pueda ser
negociable, ni prestarse a transacciones, ni ser objeto de renuncias
o desistimientos, y ni siquiera de libertad probatoria para
acreditarlo. De ahí también que, en cuanto a la capacidad y a sus
elementos esenciales, lleve en sí, palpitante, la noción de soberanía
de cada Estado, en acción intransigente, indispensable para la
defensa de sus instituciones tutelares. Se comprende así que para
tales extremos surja la necesidad del estatuto personal, como único
medio de poner al país a salvo de extrañas intromisiones y de los
caprichos de la libre determinación del ciudadano. Y como el
individuo, por actos voluntarios, podría crear estados civiles
contrarios a las instituciones básicas de la nación a la que
pertenece, el legislador vese obligado, en defensa de ellas, a coartar
su libertad, imponiendo limitaciones cuando actúa amparado por
leyes extranjeras, del mismo modo que se las impone cuando obra
dentro de su propio país…
Sentó para ello la norma del art. 19 que liga a su ley nacional al
colombiano residente o domiciliado en el extranjero, para todo lo
relativo al estado civil y a su capacidad de efectuar actos que hayan
a las disposiciones de este Código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y
obligaciones civiles: // 1o) En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para
efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios
administrados por el gobierno general, o en asuntos de la competencia de la Unión. //
2o) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero sólo
respecto de sus cónyuges16 y parientes en los casos indicados en el inciso anterior.»
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de tener efecto en Colombia, lo mismo que las obligaciones y
derechos que nacen de las relaciones de familia, en cuanto a su
cónyuge y parientes se refiera. De este modo y en las materias
indicadas, el estatuto personal sigue al colombiano a todas partes.
Por consiguiente, el modo de adquirir y extinguirse el estado civil,
los derechos y obligaciones inherentes al mismo, la capacidad para
efectuar ciertos actos, se rigen necesariamente por nuestra ley en
todo aquello que haya de tener efecto en Colombia, aunque el
nacional obre en país extranjero” (Sent. Cas. Civ. de 7 de marzo de
1952, G.J. No. LXXI, pág. 361). (CSJ, 29 jul. 2011, rad. 2007-
00152-01).
De manera que la irretroactividad de la nueva ley -que
funge como protectora de la igualdad y seguridad jurídica-,
así como el estatuto personal que en materia civil rige con
forzoso carácter más allá del territorio colombiano, impiden
reconocer en Colombia aquellos decretos de divorcio
extranjeros que en su momento no estaban acordes con el
orden público nacional.
Ello, aún en el supuesto de hacer valer el fallo
extranjero con posterioridad a la vigencia de la nueva ley que
modifica ese conjunto de principios esenciales, pues la
homologación tiene el efecto de nacionalizar la sentencia, tal
y como ella es, sin modificaciones. Luego, incorporarla al
ordenamiento colombiano en las condiciones señaladas de
tránsito de legislación, implicaría darle un efecto retroactivo
a la sentencia foránea que esta proscrito aún para la
resolución jurisdiccional nacional.
En definitiva, estimo que no era viable denegar la
solicitud de exequátur de la sentencia extranjera de divorcio
bajo el argumento de menoscabo al orden público nacional,
siendo pertinente en cada caso ilustrar expresa y
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30
adecuadamente los efectos que surten las recientes reformas
legislativas en la materia.
Fecha ut supra.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Adriana Consuelo López Martínez
Magistrada
Salvamento de voto
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Salvamento de voto
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
Código de verificación: 4307B46CAF9C4FCE1E99F334872176567F7C1E20D732BE1AD1393FF3638B0B3C
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