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clave: "corte_suprema:providencia:SC2326-2025 [2024-05286-00]"
titulo: "Corte Suprema: no se colma el presupuesto relativo a que la decisión foránea no desconozca normas internas de orden público"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-01-14"
radicado: "2024-05286-00"
numero: "SC2326-2025"
ponente: "Fernando Augusto Jiménez Valderrama"
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# Corte Suprema: no se colma el presupuesto relativo a que la decisión foránea no desconozca normas internas de orden público

- **Título oficial / radicado:** SC2326-2025 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-01-14
- **Radicado:** 2024-05286-00
- **Número:** SC2326-2025
- **Ponente:** Fernando Augusto Jiménez Valderrama
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC2326-2025%20%5B2024-05286-00%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC2326-2025%20%5B2024-05286-00%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI2L0RyLiBGZXJuYW5kbyBBdWd1c3RvIEppbeluZXogVmFsZGVycmFtYS8xLi0gRW5lcm8vU2VudGVuY2lhcy9TQzIzMjYtMjAyNSBbMjAyNC0wNTI4Ni0wMF0ucGRm/Civil/interpretaci%C3%B3n%20del%20contrato

## Regla de decisión

El concepto de exequátur, “obedece a la necesidad de un trámite inspirado en el principio de soberanía estatal, lo que significa que no ha de debatirse la justicia o acierto del fallo que se presenta para ser acogido”.

## Decisión

SENTENCIA

## Fundamentos jurídicos

- Ley 2442 de 2024
- Ley 19947 de 2004
- Ley 153 de 1887

## Extracto

Expresado de otro modo, no resulta viable reconocer efectos en Colombia a una sentencia foránea que haya accedido al divorcio a partir de un período de separación de cuerpos inferior al que prevé nuestro Código Civil (dos años), conclusión que armoniza con Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00 11 el precedente inalterado de esta Corporación (CSJ, SC3254- 2022, retomada en CSJ, SC334-2023). El concepto de exequátur, dice la Corte, “obedece a la necesidad de un trámite inspirado en el principio de soberanía estatal, lo que significa que no ha de debatirse la justicia o acierto del fallo que se presenta para ser acogido”. Por las razones anotadas, y como en este asunto se echa de menos la exigencia prevista en el numeral 2.° del artículo 606 del estatuto procesal, se denegará la pretendida homologación sin entrar a verificar los demás requisitos legales, dada su naturaleza concurrente (art. 282, C.G.P.).

## Cita textual

> obedece a la necesidad de un trámite inspirado en el principio de soberanía estatal, lo que significa que no ha de debatirse la justicia o acierto del fallo que se presenta para ser acogido

## Texto del documento

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado Ponente
SC2326-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
(Aprobado en sesión del tres de diciembre de dos mil veinticinco)
Bogotá, D. C., catorce (14) de enero de dos mil veintiséis
(2026).
Decide la Corte mediante sentencia anticipada la
solicitud de exequátur que formuló Myriam María Villamizar
Acosta.
ANTECEDENTES
1. En el escrito introductor se pidió homologar la
sentencia que, el 2 de mayo de 2011, profirió el Tribunal de
Circuito del Condado de Prince William, Estado de Virginia,
de Estados Unidos de América, mediante la cual decretó el
divorcio entre la señora Villamizar Acosta y John Fernando
Ramírez Gómez.
2. De la demanda y sus anexos se advierte el
siguiente fundamento fáctico:
Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
2
2.1. Myriam María y John Fernando contrajeron
matrimonio el 7 de diciembre de 1992 en la ciudad de Miami.
2.2. Sin haber tenido hijos con su entonces consorte,
el 4 de agosto de 2010 la señora Villamizar Acosta presentó
demanda de divorcio con fundamento en la causal prevista
en la sección 20-91 (A)(9)(a) del Código de Virginia de 1950,
es decir, «a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que hayan
vivido separadas, sin cohabitación y sin interrupción durante un periodo
de un año».
2.3. Mediante la sentencia de 2 de mayo de 2011, cuya
homologación aquí se reclama, el Tribunal de Circuito del
Condado de Prince William concedió «a la demandante Myriam V.
Ramírez el divorcio a vínculo matrimonii del demandado John F. Ramírez
por haber vivido separada y aparte de forma continua, sin ninguna
cohabitación y sin interrupción, durante un periodo de tiempo superior a
un año, a saber, dese el 18 de enero de 2010 hasta el presente y por la
presente se disuelven los vínculos matrimoniales existentes hasta la
fecha entre las partes de conformidad con el § 20-91 (A)(9)(a) del Código
de Virginia de 1950, en su versión modificada».
3. La demanda de exequátur se admitió por auto
CSJ, AC745-2025.
4. El Ministerio Público, por conducto de la
Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas Para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la
Familia y la Mujer, emitió concepto favorable frente a la
pretendida homologación.
Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
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5. Por su parte, dentro del término legal, John
Fernando Ramírez Gómez se opuso a las pretensiones. Alegó
que no existe reciprocidad diplomática ni legislativa entre la
República de Colombia y el Estado de Virginia, «y mucho menos
equivalencia entre el ordenamiento legal». Sobre este último
particular, recalcó que «mientras que, en el Código de Virginia de
1950, en su versión modificada, se concede el divorcio “por haber vivido
separada y aparte de forma continua, sin ninguna cohabitación y sin
interrupción, durante un período de tiempo superior a un (1) año”, en
Colombia la exigencia es de más de dos años, lo anterior, según lo
establece el artículo 154 del Código Civil Colombiano en su numeral
octavo».
CONSIDERACIONES
1. Conforme al artículo 278-2 del Código General del
Proceso y teniendo en cuenta que no hay pruebas pendientes
de recaudo, la Sala dictará sentencia anticipada1.
El fallo será desestimatorio de las pretensiones, en
consideración a que, según se verá enseguida, en este asunto
no se verifica la totalidad de las exigencias legales que previó
el legislador para esta modalidad de trámite judicial.
2. Es importante recordar que la viabilidad de una
solicitud de exequátur como la de la referencia está
supeditada a que se demuestre la concurrencia de los
presupuestos que prevén los artículos 605 y 606 del Código
General del Proceso, a saber:
1 Cfr. CSJ, SC12137-2017; CSJ, SC3107-2019; CSJ, SC2141-2024; CSJ, SC877-2024; y CSJ, SC3087-
2024, entre otras
Rad. n.° 11001-02-03-000-2024-05286-00
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(i) que, en cuanto a la posibilidad de homologar
sentencias extranjeras, exista reciprocidad
(diplomática, legislativa o de hecho2) entre la
República de Colombia y la nación de la que
proviene el respectivo fallo;
(ii) que la decisión se encuentre debidamente
ejecutoriada, conforme a la legislación del país de
origen, y se presente su copia debidamente
legalizada;
(iii) que la sentencia extranjera no verse sobre derechos
reales constituidos en bienes que se ubiquen en
territorio colombiano al momento de iniciarse el
proceso en que se profirió la sentencia a homologar;
(iv) que lo resuelto no se oponga a las reglas jurídicas
internas de orden público, «exceptuadas las de
procedimiento»;
(v) que el conflicto sobre el cual recae la resolución
extranjera no sea de competencia exclusiva de los
jueces colombianos;
(vi) que en Colombia no exista proceso en curso ni
sentencia ejecutoriada previa sobre el mismo
asunto, dictada por los jueces nacionales;
2 Cfr. CSJ SC,17 jul. 2001, rad. 0012; CSJ, SC21053-2017; CSJ, SC3955-2022; y CSJ, SC2141-2024,
entre otras.
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(vii) que, en caso de que el proceso fuere contencioso, se
hubiese adelantado con la debida citación y
contradicción del extremo demandado.
3. La demanda de homologación que formuló la
señora Villamizar Acosta no satisface el cuarto de los citados
requerimientos, en tanto que el divorcio que se decretó en el
fallo extranjero -dado el marco fáctico que le dio lugar-
contraviene el ordenamiento interno.
Para convenir en lo anterior, es importante recordar
que, según se anotó en los antecedentes de esta providencia,
la norma sustancial que le sirve de base al fallo objeto de
estudio es el segmento 20-91 (A)(9)(a) del Código de Virginia
de 1950, por cuya conformidad el divorcio es procedente, «a
solicitud de cualquiera de las partes, siempre que hayan vivido
separadas, sin cohabitación y sin interrupción durante un periodo de
un año»3.
A su turno, la causal que para casos semejantes
contempla el derecho nacional está consagrada en el numeral
8.° del artículo 154 del Código Civil, según el cual es causal
de divorcio «la separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya
perdurado por más de dos años».
Como se ve, ambos preceptos reconocen la separación
de cuerpos como causal habilitante del divorcio, pero el lapso
3 Página 4, Anexo 1, archivo “5. Traducción Testimonio Abogados Santiago López y Daniel Tortolero”,
Consecutivo n.° 5 del expediente digital.
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por el cual debe extenderse esa ruptura para que resulte
viable terminar el vínculo marital, es inferior -en una mitad-
en la norma extranjera.
Ahora bien, es cierto que el numeral 3.° del artículo 606
del estatuto procesal no prevé en manera alguna que la
homologación de una sentencia extranjera solo pueda darse
cuando el fundamento normativo de ese fallo sea idéntico a
la regla jurídica que, en Colombia, rija el caso que se resolvió
en el fallo. Semejante homogeneidad no la exige la ley.
Sobre el particular, ha precisado la Sala:
Tocante con el respeto a las normas de orden público interno, es
importante señalar que este requisito no traduce que la decisión
proferida por el tribunal extranjero deba ser respetuosa de todas
las normas imperativas que hagan parte del derecho material
colombiano (…) pues ello equivaldría a decir que, por lo menos en
parte, la decisión de aquel tuvo que proferirse al amparo del
derecho nativo, argumento que contraría la esencia misma del
exequátur, como procedimiento necesario para otorgar fuerza en
Colombia a sentencias pronunciadas en un país extranjero, desde
luego que al amparo del derecho que rige a la respectiva nación en
la que se desarrolló el litigio (CSJ, SC 6 ago. 2004, exp.
2001-00190-01).
En la misma dirección, autorizada doctrina nacional
señala que:
no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que,
aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios
básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley
extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no
solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales
del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado
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pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo
extranjero que se aparta de esa comunidad de principios»4.
Lo anterior cobra especial sentido si se repara en que lo
que impone el citado canon 606 es que la decisión contenida
en la providencia extranjera, en los puntuales términos y en
el contexto específico en el que fue adoptada, «no se oponga a
leyes u otras disposiciones colombianas de orden público» y ese
requisito bien podría darse por satisfecho en eventos en los
que, incluso con base en una norma extranjera que no sea
exactamente igual a la regla interna, se dicte una resolución
judicial que sea compatible con el derecho colombiano,
porque en su cabal dimensión terminó reconociendo efectos
jurídicos a una situación de hecho para la cual el sistema
legal patrio prevé solución equivalente (CSJ, SC4536-2018).
Tal sería el caso -por dar un ejemplo que ofrezca utilidad
a este litigio- de un divorcio que, aunque apoyado en una
causal que presupone una separación de cuerpos inferior a
dos años, se decretó frente a un caso particular en el que el
distanciamiento de los cónyuges se extendió por un lapso que
superó el bienio (CSJ, SC1308-2018 y CSJ, SC707-2025). O
también el evento en que la causal de divorcio que se aplicó
en la sentencia extranjera requiere un periodo más extenso
de separación que el que demanda la normativa interna (CSJ,
SC 10 jul. 2000, exp. 77355 y CSJ, SC564-2022). En estas
4 HOLGUIN HOLGUIN, Carlos. “La noción de orden público en el Derecho Internacional Privado”,
IDEA. 1991, pág. 414. Citado por la Corte en CSJ, SC 30 ene. 2004, exp 2002-0008-01 y SC1308-2018.
5 En esa oportunidad precisó la Sala: “…la causal de divorcio alegada y aceptada en el proceso donde se
dictó la sentencia materia de exequatur, o sea la ruptura de la vida en común de los casados por un
término mayor de cinco años, está consagrada con la misma finalidad en el régimen legal colombiano,
inclusive por un término inferior (dos años), en el numeral 8º del precitado artículo 154 del estatuto
sustancial civil, sujeto a la modificación también ya reseñada”.
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hipótesis, la regla de derecho foránea sería suficientemente
análoga al precepto interno y la solución a la que llevó su
aplicación no implicaría una afrenta al orden público de este
país.
Eso no fue, sin embargo, lo que ocurrió en este asunto.
Según se indicó en la sentencia norteamericana, la
separación de quienes aquí contienden inició el 18 de enero
de 2010 y la demanda de divorcio la interpuso la señora
Villamizar Acosta el 4 de agosto del mismo año, es decir,
apenas 6 meses y 17 días después.
Y aunque en Colombia el tiempo transcurrido después
de la presentación de la demanda de divorcio no es útil para
consolidar la causal atinente a la separación de cuerpos, no
sobra recalcar -simplemente para abundar en razones- que
ni siquiera para la fecha en que se dictó el fallo extranjero
que acá interesa, había alcanzado a transcurrir el plazo de
dos años que exige el numeral 8.° del artículo 154 del Código
Civil, pues la providencia se profirió el 2 de mayo de 2011,
esto es, 1 año, 3 meses y 14 días después de que tuvo lugar
la separación.
El escenario fáctico que así se consolidó, involucra un
obstáculo insalvable para la demanda de exequatur, por una
cuestión de orden público. Ciertamente, no es posible
reconocer efectos a un divorcio que, en caso de haberse
solicitado en territorio colombiano -con base en la causal de
separación de cuerpos homóloga a la que se invocó en el
juicio extranjero- no se habría podido decretar.
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Ningún juez colombiano al que, hipotéticamente, se le
hubiere puesto de presente un marco fáctico como el que
concierne a esta tramitación, habría podido disponer la
terminación del matrimonio con fundamento en el numeral
8.° del artículo 154 del Código Civil, pues tal canon consagra
un presupuesto temporal más extenso del que alcanzó a
cumplir la pareja Villamizar Acosta y Ramírez Gómez para el
momento en que se presentó la demanda e, incluso, para
cuando se dictó el fallo de divorcio.
Este es el entendimiento que, salvo alguna postura
aislada6, la Corte ha precisado que debe dársele al numeral
3.° del artículo 606 del Código General del Proceso,
tratándose de procesos de divorcio. Al respecto, la Sala ha
puntualizado lo siguiente:
[Se] echa de menos en la sentencia que se pide homologar la
causal bajo la cual la autoridad judicial que la emitió decretó el
divorcio de las partes allí en contienda, presupuesto necesario
para poder establecerse el cumplimiento de la exigencia contenida
en el numeral 2º del artículo 606 del Código General del Proceso,
alusiva a que “[p]ara que la sentencia o el laudo extranjero surta
efectos en el país, deberá reunir los siguientes requisitos: (…) 2.
Que no se oponga a leyes u otras disposiciones colombianas de
orden público, exceptuadas las d

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

or del mentado móvil
cimentado exclusivamente en la mera voluntad.
Si bien el efecto general y normal de las leyes nuevas en
el tiempo es su aplicación inmediata -especialmente cuando
versan sobre materias de orden público-, ello no supone la
afectación de las situaciones consolidadas, esto es, una
retroactividad no contemplada expresamente por el
legislador, tal y como se prescribe en las reglas generales de
sobre validez y aplicación de las leyes de que trata la Ley 153
de 1887, especialmente sus artículos 1914 y 2015.
En adición, resulta contundente el estatuto personal
que como válida y casi insuperable excepción al principio de
territorialidad de la ley que contempla el artículo 19 del
Código Civil16 para los temas vinculados al estado civil de los
14 «Las leyes que establecen para la administración de un estado civil condiciones
distintas de las que exigía una ley anterior, tienen fuerza obligatoria desde la fecha en
que empiecen a regir».
15 «El estado civil de las personas adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su
constitución, subsistirá aunque aquella ley fuere abolida; pero los derechos y
obligaciones anexos al mismo estado, las consiguientes relaciones recíprocas de
autoridad o dependencia entre los cónyuges, entre padres e hijos, entre guardadores y
pupilos, y los derechos de usufructo y administración de bienes ajenos, se regirán por
la ley nueva, sin perjuicio de que los actos y contratos válidamente celebrados bajo el
imperio de la ley anterior tengan cumplido efecto.».
16 «Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero, permanecerán sujetos
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nacionales y sin consideración a su ubicación, tal y como ha
explicado de mucho tiempo atrás la jurisprudencia de esta
Corte:
4.3. En suma, en materia de estado civil, así como en lo atinente a
los derechos y deberes propios de relaciones de familia, las
consecuencias que han de aplicarse a los matrimonios celebrados
entre colombianos y en el extranjero, son exclusivamente las que
prevén las normas de este país, puesto que por cuestiones de
soberanía y de orden público, en tan delicada materia no pueden
coexistir las disposiciones patrias con las foráneas.
Recuérdese a ese respecto, que “…es la ley, no el individuo, la que
reglamenta todos los efectos jurídicos de la institución que el estado
civil supone, sin dejarle a la persona ninguna libertad de acción
para modificar en nada los derechos y obligaciones inherentes a la
situación que ha surgido, según los haya la misma ley establecido
obligatoriamente. Es el orden público en función imperativa, como
que de las cuestiones fundamentales de la familia, base de la
sociedad, se trata. De ahí que el estado civil no pueda ser
negociable, ni prestarse a transacciones, ni ser objeto de renuncias
o desistimientos, y ni siquiera de libertad probatoria para
acreditarlo. De ahí también que, en cuanto a la capacidad y a sus
elementos esenciales, lleve en sí, palpitante, la noción de soberanía
de cada Estado, en acción intransigente, indispensable para la
defensa de sus instituciones tutelares. Se comprende así que para
tales extremos surja la necesidad del estatuto personal, como único
medio de poner al país a salvo de extrañas intromisiones y de los
caprichos de la libre determinación del ciudadano. Y como el
individuo, por actos voluntarios, podría crear estados civiles
contrarios a las instituciones básicas de la nación a la que
pertenece, el legislador vese obligado, en defensa de ellas, a coartar
su libertad, imponiendo limitaciones cuando actúa amparado por
leyes extranjeras, del mismo modo que se las impone cuando obra
dentro de su propio país…
Sentó para ello la norma del art. 19 que liga a su ley nacional al
colombiano residente o domiciliado en el extranjero, para todo lo
relativo al estado civil y a su capacidad de efectuar actos que hayan
a las disposiciones de este Código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y
obligaciones civiles: // 1o) En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para
efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios
administrados por el gobierno general, o en asuntos de la competencia de la Unión. //
2o) En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero sólo
respecto de sus cónyuges16 y parientes en los casos indicados en el inciso anterior.»
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de tener efecto en Colombia, lo mismo que las obligaciones y
derechos que nacen de las relaciones de familia, en cuanto a su
cónyuge y parientes se refiera. De este modo y en las materias
indicadas, el estatuto personal sigue al colombiano a todas partes.
Por consiguiente, el modo de adquirir y extinguirse el estado civil,
los derechos y obligaciones inherentes al mismo, la capacidad para
efectuar ciertos actos, se rigen necesariamente por nuestra ley en
todo aquello que haya de tener efecto en Colombia, aunque el
nacional obre en país extranjero” (Sent. Cas. Civ. de 7 de marzo de
1952, G.J. No. LXXI, pág. 361). (CSJ, 29 jul. 2011, rad. 2007-
00152-01).
De manera que la irretroactividad de la nueva ley -que
funge como protectora de la igualdad y seguridad jurídica-,
así como el estatuto personal que en materia civil rige con
forzoso carácter más allá del territorio colombiano, impiden
reconocer en Colombia aquellos decretos de divorcio
extranjeros que en su momento no estaban acordes con el
orden público nacional.
Ello, aún en el supuesto de hacer valer el fallo
extranjero con posterioridad a la vigencia de la nueva ley que
modifica ese conjunto de principios esenciales, pues la
homologación tiene el efecto de nacionalizar la sentencia, tal
y como ella es, sin modificaciones. Luego, incorporarla al
ordenamiento colombiano en las condiciones señaladas de
tránsito de legislación, implicaría darle un efecto retroactivo
a la sentencia foránea que esta proscrito aún para la
resolución jurisdiccional nacional.
En definitiva, estimo que no era viable denegar la
solicitud de exequátur de la sentencia extranjera de divorcio
bajo el argumento de menoscabo al orden público nacional,
siendo pertinente en cada caso ilustrar expresa y
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adecuadamente los efectos que surten las recientes reformas
legislativas en la materia.
Fecha ut supra.
JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Adriana Consuelo López Martínez
Magistrada
Salvamento de voto
Juan Carlos Sosa Londoño
Magistrado
Salvamento de voto
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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