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LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC225-2024
Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01
(Aprobado en sesión de primero de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024).
Luego de haberse casado el fallo de 13 de septiembre de
2018, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el proceso declarativo
promovido por la Corporación de Padres de Familia para el
Desarrollo Educativo Los Alcázares contra Doricolor S.A.S. y
otros, procede la Sala a dictar la decisión sustitutiva.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
En la demanda (reformada) se solicitó declarar que
Doricolor S.A.S., María Edith González de Guzmán y Luis
Augusto Guzmán Castaño son civilmente responsables «por los
daños que se están ocasionando y se han ocasionado a [la convocante] con
motivo de las obras civiles e hidráulicas que hicieron en predios de Corpade
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Los Alcázares, y de las ocupaciones que se está haciendo de su predio para
soportar estas obras y otras de esa empresa, y de las obras que hay que
diseñar y construir para retirar las construidas y evitar un colapso del
predio y de otros predios (sic)».
Consecuencialmente, la Corporación de Padres de
Familia para el Desarrollo Educativo Los Alcázares (en
adelante, Corpade) pidió que «se condene a los demandados a pagar
(...) el valor de las obras necesarias para la restitución o restauración del
suelo afectado, para retirar las obras hechas por [las demandadas] y se
condene al pago del detrimento del predio de [la demandante]».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Corpade es propietaria de un inmueble ubicado en
el Municipio de Sabaneta, con folio de matrícula n.º 001-
583566, y un área de 39.973,87 m2.
2.2. Una porción de ese predio fue adquirida por
Doricolor S.A.S., con el fin de edificar allí sus bodegas. Durante
la excavación del talud requerido para la cimentación de la
obra, se produjeron «deslizamientos y movimientos de tierra en el
predio colindante, de propiedad de Corpade», dando lugar a «un proceso
de desconfinamiento (...) que aún no se sabe si terminó».
2.3. Con el fin de estabilizar el deslizamiento, los
convocados «han estado construyendo en terreno de propiedad de
Corpade obras civiles, sin [su] autorización», las cuales «provocaron una
desvalorización importante en el terreno del (sic) demandante, pues ese
terreno tiene una clara vocación constructiva».
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2.4. En razón de lo anterior, «Corpade recibió un daño en su
patrimonio al ser afectada la tierra y el suelo de su propiedad con las obras
civiles construidas en sus predios sin su consentimiento, y al estarse aun
desconfinando su suelo».
2.5. Los demandados deben asumir las inversiones
necesarias para retirar las obras de estabilización, o cubrir el
valor de la franja de terreno que aquellos «están ocupando con sus
obras», a saber, «661,06 m2 (...) del predio de propiedad de Corpade (...),
donde hay tuberías, filtros, tanques, muros y obras civiles; y 2.539,30 m2
donde hay obras civiles e hidráulicas».
3. Oposición de los convocados.
3.1. Notificados del auto admisorio de la demanda (de 26
de marzo de 2015), Doricolor S.A.S., Luis Augusto Guzmán
Castaño y María Edith González de Guzmán se opusieron al
petitum, formulando las defensas de «buena fe en la adquisición de
terrenos»; «culpa de otras entidades en los sucesos sobrevinientes»; «culpa
del propio demandante»; «responsabilidad de la corporación nacional de
padres de familia»; «otras anomalías que se detectaron»; «otras anomalías
que fueron constatadas y que son responsabilidad de los propietarios de
terrenos aledaños y del municipio de Sabaneta»; «correctivos y trabajos
efectuados por Doricolor»; «otra problemática existente»; «desconocimiento
normativo y negligencia del ente municipal, municipio de Sabaneta»;
«improcedencia de la acción»; «incumplimiento del municipio de Sabaneta
por acción y omisión», y «compensación de deudas».
3.2. Asimismo, presentaron las excepciones previas de
«caducidad de la acción»; «prescripción de la acción», y «cosa juzgada»,
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las cuales fueron desestimadas mediante auto (ejecutoriado)
de 30 de noviembre de 2015.
4. Fallo de primera instancia.
Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2017, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado denegó los
reclamos de Corpade, al amparo de los siguientes argumentos:
«Es evidente que el deslizamiento se dio después del corte del talud,
a lo cual se añade que el corte o la excavación se realizó con base en
un estudio de suelos que no contemplaba la influencia del agua.
Además, se hizo a cielo abierto y sin obras previas de contención (...).
O sea, de los dictámenes e informes técnicos brota evidente que el
corte y manipulación del terreno llevó al desconfinamiento del mismo.
Es de anotar que cortar un talud o excavar la montaña de la manera
realizada es una actividad peligrosa, lo que en el escenario de la
responsabilidad civil extracontractual implica que hay presunción de
culpa, y que solo la prueba de una causa extraña puede conllevar
una exoneración total. De lo dicho hasta ahora, pues, se tiene que la
actividad desplegada por los resistentes influyó directamente en el
derrumbe, lo cual obliga a decir, se repite, que solo la prueba de una
causa extraña logra la exoneración, es decir, la sola diligencia y
cuidado no bastan. (...) Y no hay evidencia de fuerza mayor o caso
fortuito que conlleven la exoneración de la parte demandada (...), ni
de otra causa extraña (...). En últimas, el deslizamiento solo es
imputable a los encausados.
(...) De otro lado, pasando al estudio del segundo hecho basilar de la
pretensión, es claro que quien realizó las obras de adecuación de los
terrenos y construyó los drenajes que, se dice, invaden parte del lote
de Corpade Los Alcázares, fue Doricolor y los demás demandados.
Tan es así que la contadora Ingrid Lorena Restrepo da cuenta de la
inversión para estabilizar los terrenos, aunque aunque no se refiere
a terrenos de Los Alcázares, circunstancia sobre la cual se pronunció
también la contadora Ángela María Ramírez.
Además, los demandados aceptaron en sus declaraciones las obras
que realizaron en terrenos de Los Alcázarez, y por si fuera poco,
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documentos como los visibles a folio 205 denotan ese mismo hecho.
Incluso, en la declaración del ingeniero Bernardo Vieco da cuenta
(sic) de que Doricolor siguió las recomendaciones del ingeniero Jaime
Suárez, que consistían básicamente en la construcción de drenajes
que se hicieron en el predio de Los Alcázares. Por manera que ese
hecho, en la forma narrada en la demanda, se encuentra acreditado,
al menos en lo objetivo (...). En lo subjetivo, o sea, que los trabajos se
hicieron sin permiso y sin ánimo indemnizatorio, las cosas son
diferentes, debido a que en el plenario hay comunicaciones que
evidencian el permiso otorgado por Corpade a Doricolor, a fin de
continuar las obras que sus ingenieros y los dueños de éstas estimen
necesarios, así lo dice una comunicación visible a folio 304.
Para el juzgado es claro que, si se permitieron las obras, y como se
aludía a continuarlas, se entiende que antes también hubo
autorización o al menos una tolerancia que impide hoy calificar los
trabajos como ocultos o clandestinos, que es lo que apunta el libelo.
Hasta acá se tiene claro que la responsabilidad del deslizamiento es
de Doricolor, que Doricolor y los demás encausados desarrollaron
trabajos de la adecuación en terrenos de Corpade, pero con permiso
de esa entidad (...).
[No obstante,] más allá de la innegable responsabilidad de los
demandados, se tiene que ellos ya repararon el daño causado y que
no están obligados a la restauración del suelo con las obras
enlistadas en el hecho noveno de la demanda (...). En otras palabras,
el daño material causado no es subsistente (...).
De otro lado, el demérito del predio de Los Alcázares es algo que no
está acreditado plenamente, pues según el ingeniero Bernardo Vieco,
ese lote, en la proporción ocupada por las obras hidráulicas, sí se
puede construir, si se garantiza el factor de seguridad, que no es
responsabilidad de los pasivos procesales, y además se respetan los
drenajes. De manera que si el predio se puede construir, el hecho en
que se finca la pretensión no es prístino y, es más, se puede decir
que se desvirtuó, máxime que esos drenajes están funcionando y
sirven para la estabilidad de la tierra, circunstancia que impide
catalogarlos como daño, algo que se confirma cuando se recuerda
que [Los] Alcázarez sí autorizó el desarrollo de esas obras.
(...). Entonces, más allá de otras alternativas constructivas, como las
que planteó el mismo Bernardo Vieco, o las de Solingral [Soluciones
e Ingeniería Integral S.A.S., se aclara], e incluso las que planteó el
ingeniero Gallego, lo cierto es que la obra desarrollada sirve, y no se
estimó errada (...). En suma, pues, las obras hidráulicas instaladas
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por los resistentes en terrenos de Corpade no corresponden a un
daño cierto cuya indemnización procede.
En conclusión, es cierto que los convocados fueron responsables del
deslizamiento ocurrido en terrenos de Doricolor y de Corpade (...),
pero ello no basta para hacer la declaración pedida en la pretensión.
Por supuesto que los daños en virtud de los cuales se pide la
indemnización no subsiste uno y no es cierto el otro, de suerte que
las pretensiones no están llamadas a prosperar».
5. Recurso de apelación.
Inconforme con lo decidido por el juez a quo, Corpade
interpuso el referido remedio vertical, arguyendo que su
contraparte sí le causó una lesión patrimonial cierta. Advirtió,
con base en lo expuesto en la experticia aneja a la demanda,
que el área del lote afectada por las obras de contención
«quedaba absolutamente inutilizada», generando «un daño real, porque
nadie va a comprar el predio, nadie va a desarrollar un proyecto, ese es un
hecho cierto (...), no es una hipótesis, es una realidad comercial».
A ello añadió que,
«para cuando se presentó la demanda, dijo el a quo, los terrenos se
habían rehabilitado. Y en tanto se habían rehabilitado, entendió el
juez de primera instancia, no había daño que reparar. Bajo esa
perspectiva, el a quo entendió que si bien los demandados estaban
llamados a rehabilitar ese terreno, cuyo desconfinamiento
ocasionaron, no era obligación de (...) darle a este un factor de
seguridad óptimo que no tenía con anterioridad. Es decir, para el a
quo, el supuesto daño cuya reparación se pretendió habría sido no
haber dado al terreno una estabilidad con un factor de seguridad
óptimo. Pero eso no es cierto, pues así no se planteó en la reforma la
demanda.
(...) Aunque en las pretensiones se habló de condenar a los
demandados al pago del valor de las obras necesarias para restituir
o restaurar el suelo afectado, ello no estaba referido a otorgarle al
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suelo un factor de seguridad óptimo, sino a las labores necesarias
para retirar las obras civiles e hidráulicas con las que los
demandados ocuparon los terrenos de Corpade sin indemnización.
(...) La responsabilidad objetiva e indiscutible de los demandados
sobre el desconfinamiento de los suelos fue analizada en
profundidad y aceptada por el a quo. Y si bien le asistió razón al a
quo al reprochar el actuar de los demandados al desatar el
desconfinamiento de los terrenos, la conducta dañosa en este
proceso concreto no es el corte del talud. La conducta dañosa es la
ocupación, la invasión ilícita de los terrenos de Corpade para
remediar el desconfinamiento desatado, lo cual generó un
menoscabo de las facultades jurídicas del titular del terreno,
causándole un detrimento patrimonial. Las obras que los
demandados llevaron a cabo en terrenos de Corpade inhabilitaron
completamente el área ocupada, de manera que actualmente ahí no
se puede hacer ninguna otra obra civil, dejándolo de facto fuera del
comercio, fuera de la realidad comercial y útil, que en condiciones
normales tendría ese terreno.
¿Qué condiciones son las condiciones normales del terreno? Estar
libre de obras hidráulicas y civiles. Esas obras se hicieron en toda la
fracción de terreno de Corpade, aun cuando existía la viabilidad
técnica de construir otro tipo de obras en terrenos de Doricolor, sin
necesidad de inhabilitar los terrenos de la parte demandante. Eso se
probó tanto en los conceptos otorgados y entregados de la firma
Solingral, de la firma Vieco Ingeniería de Suelos Ltda., del testimonio
técnico de Bernardo Antonio Vieco Quiroz, que rindió el 5 de octubre
de 2016 y, finalmente, con el dictamen pericial y declaración del
perito Javier Vallejo Rendón. Entonces, el daño acaecido en este caso
no fue desestabilizar el terreno con culpa, sino inhabilitar y limitar la
utilidad y comerciabilidad de ese terreno con la ocupación del mismo,
con obras civiles e hidráulicas que se construyeron para remediar
una problemática desatada indiscutiblemente por los demandados
en ejercicio de una actividad peligrosa».
Por otra parte, se dolió de que se diera por probado su
consentimiento libre para la realización de las referidas obras
de contención que edificó su contraparte, perdiendo de vista
que fueron las dramáticas circunstancias que siguieron al
fenómeno de desconfinamiento del terreno las que la forzaron
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a aceptar que se invadiera su heredad, «como un hecho irresistible,
un estado de necesidad, no con permiso».
6. Fallo de segunda instancia.
El ad quem confirmó la decisión apelada, pretextando que
el deslizamiento y pérdida de estabilidad del terreno de
Corpade, consecuenciales al corte de talud que efectuó
Doricolor S.A.S., se corrigieron totalmente con las obras civiles
que esta última financió. En punto de lo anterior, sostuvo:
«(...) sobre los hombros de los demandados reposaba la carga de
garantizar y regresar a las condiciones en que se encontraba el
predio de la demandante antes de la ocurrencia del hecho dañoso,
esto es, que el terreno desestabilizado por Doricolor volviera a
contar con las condiciones de estabilidad en las que se
encontraba, como en efecto se hizo.
Esa carga se satisfizo plenamente. En sentir del Tribunal, la
prueba es contundente y suficiente. Los demandados han
resarcido el daño ocasionado con el corte del Talud al estabilizar
el terreno. La prueba pericial y el testimonio técnico (...) son
suficientes para soportar dicha tesis. Así pues, pese a que existió
un daño y este es imputable a los demandados, se encuentra que
estos ya lo han resarcido, es decir, el daño es insubsistente y por
lo tanto, ya no reviste el carácter indemnizatorio.
El terreno era sensible y con problemas de resistencia y Doricolor
siguió las recomendaciones del ingeniero Jaime Suárez. Bastaba,
entonces, [con] rehabilitar el terreno a las condiciones en que
estaba antes de presentarse el deslizamiento, sin que tenga que
garantizarse por una estabilidad que no tenía el terreno
(...) Ahora, respecto de si las obras realizadas por los demandados
en terrenos de Corpade demeritaron el predio, la sala piensa que
(...) la desvalorización del predio indicada por los ingenieros
Bernardo Vieco y Javier Vallejo se reduce a la imposibilidad de
construir, y dicha imposibilidad subyace en el factor de seguridad
que exige el código de construcción y no de las obras ahí
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construidas, incluso, a decir de los ingenieros, estas obras se
deben mantener y aprovechar al momento de construir las
pantallas o muros de contención que presten el factor de seguridad
requerido. Así las cosas, en sentir del tribunal el daño alegado
como demérito del predio no se encuentra acreditado, pues si el
menoscabo del predio descansa en la imposibilidad de construir,
dicha imposibilidad no se deriva de las obras de drenaje
construidas por los demandados, sino por la carencia del factor de
seguridad del terreno. En todo caso, no corresponde a los
demandados garantizar sino a quien desee desarrollar el terreno.
En tal sentido, no existe daño, como lo plantea la parte
demandante, es decir, que no es cierto y por lo tanto, no reviste el
carácter indemnizatorio, lo que en consecuencia impone confirmar
en su totalidad la decisión de primera instancia».
7. Sentencia CSJ SC4116-2021.
La Sala consideró que el fallo del tribunal no estaba en
consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda,
configurándose así el defecto formal al que se refiere la causal
tercera de casación.
En aquella oportunidad se indicó que la colegiatura de
segundo grado había circunscrito su análisis del daño «al
desconfinamiento del inmueble de la actora y sus efectos directos»,
obviando su verdadero reclamo, relativo a la pérdida irrogada
a Corpade como consecuencia de la ocupación –no
remunerada– de parte del predio de su propiedad con las
obras de contención que erigió Doricolor S.A.S.:
«Notorio resulta, entonces, que fue como consecuencia de haber
reducido el examen del perjuicio al daño del lote de la actora, que
el Tribunal descartó que el mismo fuera indemnizable, en tanto que
ya había sido reparado y que, en lo restante, no estaba
comprendido en la obligación de restablecimiento que surgió́ para
los demandados, en virtud de ser los responsables del hecho
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dañoso, esto es, se reitera, de haber ocasionado el
desconfinamiento del inmueble propiedad de la gestora del litigio.
Así las cosas, se constata, aparejadamente, que el sentenciador
de segunda instancia no se ocupó de la verdadera causa aducida
como fundamento de la acción intentada, pues pese a que observó
que los convocados sí plantaron un considerable número de obras
civiles e hidráulicas en un sector del bien raíz de que es titular la
actora, se sustrajo por completo de evaluar si esa ocupación, por
sí misma, daba lugar a la responsabilidad civil extracontractual
reclamada, de modo que no estableció si esos trabajos inutilizaron
esa área del predio y, en ese supuesto, si tal inhabilitación
comportaba una afectación patrimonial para aquella, tal y como la
demandante lo propuso en el libelo sustitutivo (...). En suma,
mirado su fundamento, una fue la acción de responsabilidad civil
extracontractual planteada –la derivada de la ocupación de parte
del predio de la actora– y otra la resuelta –la surgida con ocasión
del desconfinamiento de ese terreno–».
Antes de dictar el fallo de reemplazo, oficiosamente se
decretó la práctica de un dictamen pericial, con el fin de
establecer «el valor comercial actual de dicho predio de menor
extensión [“el afectado por la obras civiles e hidráulicas construidas por
los demandados”, se aclara], en las condiciones reales en que se
encuentra», y «el valor comercial que tendría el indicado terreno de
menor extensión si no existieran en él esas obras o construcciones».
CONSIDERACIONES
1. Control de legalidad.
Se encuentran reunidos los presupuestos procesales de
la acción, es decir,
«los requisitos adjetivos indispensable para que pueda concretarse
válidamente la acción. También para que nazca, se trabe, se
desarrolle y termine válidamente la relación jurídica procesal. Se
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integra por jurisdicción, competencia, capacidad para ser parte,
capacidad para comparecer, demanda en forma, no caducidad de
la acción y solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
cuando está exigida. Su importancia radica no solo en la vigencia
del debido proceso, sino en que garantiza la aptitud formal del
instrumento procesal para proferir el fallo de fondo» (CSJ
SC592-2022).
Están igualmente acreditados los presupuestos
materiales para la sentencia de fondo estimatoria, traducidos
en la legitimación en la causa e interés para obrar, sobre los
cuales tiene dicho el precedente:
«La legitimación en la causa, elemento material para la
sentencia estimatoria –o, lo que es lo mismo, una de las
condiciones sustanciales para el éxito de las pretensiones–, denota
la correspondencia entre los extremos activo y pasivo del derecho
sustancial reclamado, con los extremos activo y pasivo de la
relación procesal mediante la cual se pretende su
instrumentalización. La legitimatio ad causam se estructurará
cuando coincidan la titularidad procesal afirmada en la demanda
y la sustancial que otorgan las normas jurídicas de ese linaje.
No basta, pues, con la auto atribución o asignación del derecho por
parte del demandante en su escrito inicial, lo cual explica que la
legitimación se ubique en los presupuestos materiales para la
sentencia de fondo estimatoria, y no en los presupuestos
procesales de la acción –que son condiciones formales para el
válido desarrollo de la relación instrumental–.
(...) Al igual que legitimación en la causa, el interés para obrar
es un presupuesto material para la sentencia de fondo estimatoria,
aunque no corresponde ya a la titularidad del derecho sustancial
debatido, sino a “la utilidad o el perjuicio jurídico, moral o
económico que para el demandante y el demandado puedan
representar las peticiones incoadas en la demanda y la
consiguiente decisión que sobre ellas se adopte en la sentencia”1.
1 «DEVIS, Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo III. Ed. Temis, Bogotá. 1961, p. 447»
(referencia propia del texto citado).
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Ese interés debe ser: (i) subjetivo, pues está relacionado con la
calidad de un sujeto determinado, es decir, quien tiene el móvil
para demandar la tutela jurisdiccional de sus derechos; (ii) serio,
lo que supone realizar “un juicio de utilidad, a fin de examinar si
al acceder el juez a las declaraciones pedidas se otorga un
beneficio material o moral al demandante, o un perjuicio material
o moral al demandado”2, a lo que se añade que esa seriedad la da
su pertenencia a la esfera jurídica protegida por el ordenamiento
(no la cuantía del reclamo); (iii) concreto, de modo que exista en
cada evento determinado, y respecto de una relación jurídica
específica; y (iv) actual, es decir, que subsista para el momento
de concretarse la relación jurídica procesal.
De no confluir los comentados requerimientos, no podría la
jurisdicción pronunciarse de fondo sobre el derecho subjetivo
pretendido, en tanto que “las simples expectativas o los eventuales
y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si
sucede algún hecho incierto, no otorgan interés serio y actual
para su declaración judicial, puesto que no se hallan
objetivamente tutelados”3» (CSJ SC3598-2020).
Adicionalmente, no se advierten irregularidades o vicios
que comprometan la validez de lo actuado, razón por la cual,
se decidirá de fondo el presente asunto.
2. Alcance del fallo sustitutivo.
Según se sigue de lo resolutivo del fallo CSJ SC4116-
2021, el quiebre de la sentencia del tribunal fue total, pues
derivó de la comisión de un yerro formal que compromete la
integridad lógica de dicha providencia: la inconsonancia
entre la causa y el objeto de la pretensión que analizó dicha
colegiatura, y los que invocó la demandante como sustento
de su reclamo indemnizatorio.
2 «DEVIS, Hernando. Teoría general del proceso. Ed. Universidad, Buenos Aires. 1997, p. 246»
(referencia propia del texto citado).
3 «Ibidem, p. 247» (referencia propia del texto citado).
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Por consiguiente, la Corte deberá emitir una sentencia
que reemplace íntegramente la decisión del ad quem, lo que
significa que su competencia se extiende al conjunto de
cuestionamientos planteados por Corpade al sustentar el
recurso de apelación que interpuso contra la sentencia
desfavorable de primera instancia –siempre que guarden
cabal simetría con el marco fáctico y jurídico del debate–.
3. Precisión preliminar sobre la legitimación de
los demandados.
Es pacífico en la jurisprudencia que la construcción
está sometida al régimen de responsabilidad civil por daños
derivados del ejercicio de actividades riesgosas –o peligrosas–
(Cfr. CSJ SC, 12 ago. 2005, rad. 2941; CSJ SC, 13 may.
2008, rad. 1997-09327-01; CSJ SC5438-2014; CSJ SC512-
2018, entre otras).
Tal calificación tiene dos consecuencias puntuales: (i) la
antijuridicidad del daño se emancipa de la reprochabilidad
de la conducta del agente, y se funda en la simple realización
o materialización del riesgo creado con su actividad (de ahí
que el demandado solo pueda exonerarse si prueba que el
daño no es causalmente atribuible a la actividad riesgosa que
desplegó); y (ii) la atribución responde al criterio de guarda
de la actividad riesgosa, que «tiene por fin ligar causalmente un
hecho dañoso concreto al ámbito de responsabilidad de quien detenta su
custodia intelectual» (CSJ SC4966-2019).
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En cuanto a quién le corresponde la guarda de una
actividad constructiva, surgen desacuerdos doctrinales. Un
sector considera pertinente presumir (iuris tantum) que el
control de la obra lo detentan tanto quien la ejecuta (el
constructor), como quien la contrata (el beneficiario). Otro
sector, en cambio, estima que la presunción debe
circunscribirse al constructor, siendo necesario probar, caso
a caso, la custodia intelectual de cualquier otro sujeto
convocado a juicio4.
Pero sin importar cual sea la interpretación que se
considere adecuada, en este caso resulta viable predicar la
guarda de la actividad peligrosa en cabeza de los tres
demandados, es decir, Doricolor S.A.S. y los señores María
Edith González de Guzmán y Luis Augusto Guzmán Castaño
(quienes afirman ser accionistas de aquella persona jurídica
y fungen como sus representantes legales).
Aunque en la demanda no se especificó el rol que
desempeñaba cada uno de los tres convocados en la
construcción de la bodega de Doricolor S.A.S., o en el diseño
e implementación de las obras civiles e hidráulicas de
contención posteriores al desconfinamiento, tanto la
conducta procesal de aquellos, como varias de las evidencias
documentales recaudadas, permiten inferir que todos
compartían esa custodia intelectual.
4 En la sentencia CSJ SC, 13 may. 2008, rad. 1997-09327-01 –y sus votos disidentes– se desarrollan,
con detalle, esas posturas enfrentadas.
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En efecto, al contestar la demanda los querellados no
rehusaron la guarda que se les atribuyó –tácitamente, al
menos–, ni tampoco la predicaron de ninguna otra persona;
de hecho, no presentaron ninguna defensa orientada a
refutar su legitimación pasiva. Al contrario, reafirmaron el
hecho de haber efectuado «considerables gastos que superaron más
de dos mil millones de pesos, tendientes a estabilizar el terreno y el de los
vecinos, en procura de evitar más perjuicios».
A ello agréguese que obra en el expediente la licencia de
construcción de la referida bodega 5 , por solicitud de los
señores González de Guzmán y Guzmán Castaño. Estos,
además, se comunicaron reiteradamente con la demandante,
unas veces a título personal, y otras a nombre de Doricolor
S.A.S., afirmando que «no se han escatimado esfuerzos en resolver el
problema de estabilización de ese terreno, recurriendo a todos los medios
técnicos y económicos» 6; que «en la actualidad estamos realizando un
trabajo de estabilización de taludes en el terreno de nuestra propiedad (...)
para lo cual ha sido necesario realizar algunas actividades en el terreno de
su propiedad»7; o que «hemos trabajado sin descanso, invirtiendo cada
día más u reconstruyendo repetitivamente los daños»8.
De lo expuesto se colige, razonablemente, que todos los
querellados dirigieron la obra constructiva de manera conjunta
y directa, por lo que son solidariamente responsables por los
daños causalmente atribuibles a la actividad riesgosa sobre la
que tenían la guarda compartida.
5 Resolución 389 de 20 de diciembre de 2002, emitida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Económico del municipio de Sabaneta (folio 326, cdno. 1-1).
6 Folios 8 y 11 cdno. 3
7 Folio 305, cdno. 1-1.
8 Folio 312, ib.
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4. Hechos probados.
Según lo sostuvo el juez a quo, la evidencia obrante a
folios permitiría inferir que: (i) el desconfinamiento del
terreno de Doricolor S.A.S. es atribuible a la actividad
constructiva que ejecutaban los demandados; y que (ii) para
mitigar los efectos de ese movimiento de remoción en masa,
aquellos construyeron varias obras civiles, que se ubican en
el subsuelo de la heredad de su contraparte.
Dado que el fallo apelado fue desestimatorio, esas
premisas no son discutidas por los convocados. Sin embargo,
la Sala estima pertinente analizar su fundamento, siendo del
caso anticipar que, en ambos casos, la conclusión que extrajo
el funcionario de primer grado armoniza con las probanzas
que se recaudaron:
4.1. La responsabilidad de los demandados en el
desconfinamiento de su predio.
Tal como se dejó sentado supra, el conflicto que ocupa
la atención de la Sala tuvo su origen en la afectación de un
lote de terreno de propiedad de los demandados9, que acaeció
como consecuencia del colapso de un talud. Ese hecho puede
considerarse acreditado, pues de él dan cuenta los «estudios
de suelos» fechados el 10 de septiembre de 200410 y el 16 de
9 Para la fecha en que ocurrió el desconfinamiento, el predio donde se realizó el corte de talud era de
propiedad de la persona jurídica convocada. Unos meses más tarde (puntualmente, el 19 de diciembre
de 2005) fue transferido a los codemandados, María Edith González de Guzmán y Luis Augusto Guzmán
Castaño (folio 20, cdno. 1-1).
10 Folio 32, cdno. 1-1.
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diciembre de 201611, elaborados por el ingeniero Bernardo
Vieco Quiroz; las fotografías anejas al escrito inicial12, las
comunicaciones referidas en el acápite previo, y varias
actuaciones administrativas13.
Incluso, los querellados aceptan que el referido
deslizamiento de tierra sucedió, aunque alegaron que no se
produjo por causa de la excavación del talud, sino debido a
«los abundantes flujos de agua» existentes, producidos por el
deficiente mantenimiento de las redes públicas de drenaje, la
presencia de un pozo artesiano en el sector y una fuga en las
tuberías del Colegio Los Alcázares (institución educativa que
se encuentra ubicada en el inmueble de Corpade).
Para fundamentar su alegato, presentaron un dictamen
pericial, elaborado por el ingeniero Carlos Alberto Gómez
Tobón, quien reconoció que «con la excavación se aceleró el proceso
de colapso o falla», pero advirtió que, «cuando Doricolor [hace] la
excavación para llegar al nivel de desplante de su bodega, se encuentran
(sic) un talud saturado más de lo normal, como producto de un pozo
artesiano y sus tuberías averiadas, además de un manejo inadecuado
de aguas de escorrentía en la carrera 39. Estos dos factores cambian
totalmente el comportamiento del suelo»14.
El verbo “acelerar” que usó el perito parece sugerir que
el deslizamiento era inminente, y que, por lo mismo, la
11 Folio 734, cdno. 1-2.
12 Folios 160 a 176, cdno. 1-1.
13 Como la respuesta a la «solicitud concepto técnico radicado 013890» que emitió la subdirectora
ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (folio 196, cdno. 1-1), o el informe de inspección
ocular de 24 de abril de 2007, confeccionado por funcionarios de la Secretaría de Planeación del
municipio de Sabaneta (folio 206, ib.).
14 Folio 433, ib.
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18
intervención de los convocados solo contribuyó a que
ocurriera antes. No obstante, de ello no hay la más mínima
evidencia en el expediente. Es decir, no obra probanza alguna
que sugiera, siquiera, que el inmueble de Doricolor S.A.S.
habría corrido la misma suerte, aunque no se hubiera
excavado allí un enorme talud.
Ahora bien, es lógico pensar que, desde el punto de vista
de la causalidad material (Cfr. CSJ SC4425-2021), el corte de
aquel talud no es la única condición causal relevante para
que se produjera el deslizamiento del terreno. También es
plausible considerar otros precursores necesarios y
suficientes del fenómeno, como las aludidas deficiencias de
los desagües, la proximidad del pozo artesiano, o cualquier
otro factor que genere «abundantes flujos de agua».
No obstante, la causalidad que interesa al derecho no
se circunscribe a la faceta material (es decir, a la selección
de condiciones causales relevantes), sino que incluye
también criterios jurídicos, esto es, directivas que, a partir de
reglas de esa naturaleza –jurídica–, permiten asignar a una
conducta o actividad el rótulo de “causa” de un daño
indemnizable, en el contexto de la responsabilidad civil.
En la jurisprudencia de esta Sala predomina, como
criterio de atribución, la teoría de adecuación causal,
también denominada causalidad adecuada, «según la cual
el agente debe ser considerado responsable “solo del daño que resulta
regularmente y de acuerdo con el curso normal de las cosas de la
Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01
19
conducta o actividad desplegada”15, teniendo en cuenta variables como
la previsibilidad, la cercanía temporal entre la conducta y el
daño, o la entidad de este en relación con las secuelas de aquella,
entre otras» (CSJ SC3604-2021).
En ese contexto, y analizada la cuestión bajo el prisma
de la regularidad, emerge evidente que el desconfinamiento
solo puede atribuirse a una de las referidas condiciones
causales relevantes: el corte del talud. Nótese que, antes de
iniciar las obras, las deficiencias de la red de saneamiento de
la zona no habían generado ninguna afectación, o, al menos,
tal cosa no se probó –ni se alegó–.
En contraposición, la desestabilización del terreno se
produjo escasos meses después de que los demandados
iniciaran la construcción de la bodega, tal como lo informó el
ingeniero Vieco Quiroz en el documento de 16 de diciembre
de 2016, que reza: «Con posterioridad a la excavación, en un tiempo
estimado de dos meses, por el mes de junio de 2004, se produjo un
deslizamiento que se extendió desde el lindero con la propiedad vecina
por el sur, hasta las instalaciones de la planta [de Doricolor S.A.S.]».
Agréguese que, según el mismo informe de suelos, el
profesional que planeó la excavación por encargo de los
demandados propuso «un talud con bancos de 5 m de altura y
bermas intermedias de 2 a 3 m, para una altura total del corte de 18 m
respecto al terreno natural»; sin embargo, «el resultado muestra que
este corte en este terreno, con la inclinación recomendada para los
15 «MARTIN-CASALS, Miquel. Acotaciones sobre la relación de causalidad y el alcance de la
responsabilidad desde una perspectiva comparada. En: SANTOS, María, et al. (Dir.). Nuevos retos del
Derecho de daños en Iberoamérica. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 2020, pp. 225» (referencia propia
del texto citado).
Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01
20
taludes de excavación, es evidente y totalmente inestable, con FS de
0,696, el cual no puede ser menor a 1»16.
Incluso, el referido ingeniero Vieco Quiroz, en calidad de
testigo técnico, manifestó en la audiencia de instrucción y
juzgamiento de 5 de octubre de 2016 que si los demandados
hubieran «tenido en cuenta el estudio de agua del terreno [se] hubiera
evitado el deslizamiento»; es decir, que era posible controlar los
«abundantes flujos de agua» del sector antes de iniciar las obras,
pero los constructores no lo hicieron, pues no contemplaron
el factor hídrico en sus estudios previos.
En el mismo sentido se pronunció el perito Javier
Vallejo Rendón –también ingeniero–, al ampliar su dictamen
pericial: «Según visitas hechas por funcionarios de la alcaldía de
Sabaneta, se pudo observar que la tubería de captación de agua del
colegio presentaba problemas de fugas y reboses (...). Pero si Doricolor
iba a [hacer] movimientos de tierras tenía que haberse percatado
de estos problemas antes de mover tierras y desestabilizar aún
más el terreno»17.
Con base en esos elementos de juicio, se concluye que
la acción de realizar un corte de talud de varios metros, sin
haber verificado y analizado previa y exhaustivamente las
condiciones del terreno, es la causa adecuada del fenómeno
de remoción de masa –deslizamiento– que dio origen a la
presente controversia (tal como lo sostuviera el juez de
primera instancia18).
16 Folio 751, cdno. 1-1.
17 Folio 725, ib.
18 El funcionario a quo coligió que «el deslizamiento se dio después del corte del talud, a lo cual se
añade que el corte o la excavación se realizó con base en un estudio de suelos que no contemplaba la
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21
Ello implica desestimar las excepciones de «culpa de otras
entidades en los sucesos sobrevinientes»; «culpa del propio demandante»;
«responsabilidad de la corporación nacional de padres de familia»; «otras
anomalías que se detectaron»; «otras anomalías que fueron constatadas y
que son responsabilidad de los propietarios de terrenos aledaños y del
municipio de Sabaneta»; «otra problemática existente»; «desconocimiento
normativo y negligencia del ente municipal, municipio de Sabaneta» e
«incumplimiento del municipio de Sabaneta por acción y omisión», que se
orientaron, sin fundamento, a endilgar la responsabilidad por
el desconfinamiento a terceros, o a Corpade.
4.2. La ubicación de las obras de mitigación que
construyeron los demandados.
Es pertinente insistir en que no fue aquel deslizamiento
del terreno de Doricolor S.A.S., ni la inestabilidad resultante
en los predios vecinos (incluido el de Corpade), los hechos
que constituyen el daño cuya reparación se persigue. Lo que
pidió la actora fue indemnizar las secuelas patrimoniales de
un evento posterior, consistente en instalar en el inmueble
de su propiedad las obras civiles e hidráulicas necesarias
para estabilizar el suelo y posibilitar la construcción de la
bodega de los convocados.
Este hecho también lo tuvo por probado el juez de
primera instancia, a partir de varios documentos, y de los
dictámenes periciales recaudados, tanto en la primera
influencia del agua. Además, se hizo a cielo abierto y sin obras previas de contención (...). O sea, de los
dictámenes e informes técnicos brote evidente que el corte y manipulación del terreno llevó al
desconfinamiento del mismo».
Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01
22
instancia, como en el decurso de la actuación extraordinaria
que tramita esta Corporación. En cuanto a los documentos,
es relevante traer a colación el estudio de suelos elaborado
por el ingeniero Vieco Quiroz el 10 de septiembre de 2004,
por encargo de Doricolor S.A.S., así como el que dos años
más tarde confeccionó la firma Solingral19 para el mismo
cliente. En ambos casos, se propusieron diversos tipos de
obras para estabilizar el talud, sin que fueran aceptadas por
los demandados, tal como lo reseñó en su testimonio el
primero de los citados profesionales.
Con posterioridad, los convocados iniciaron otro tipo de
obras de estabilización, las cuales, según su propio dicho,
terminaron ocupando una parte del predio de Corpade. Así
lo admitieron en la misiva que Doricolor S.A.S. envió al
Colegio Gimnasio Los Alcázares el 12 de agosto de 2005, en
la que manifestó que «como es de su conocimiento, en la actualidad
estamos realizando un trabajo de estabilización de taludes en el terreno
de nuestra propiedad (...), para lo cual ha sido necesario realizar
algunas actividades en el terreno de su propiedad»20. Una cosa
semejante se dijo al contestar el hecho décimo de la
demanda, donde aquellos confesaron que «[e]s verdad que en
predio de Corpade los Alcázares se ejecutaron obras de ingeniería
de algo costo y alto grado de dificultad (...) como producto de un talud
que tuvo un comportamiento totalmente anormal (...)».
La construcción de esas obras civiles e hidráulicas en
una franja de la heredad de Corpade también fue referida con
claridad por el perito Javier Vallejo Rendón y por el testigo
19 Folios 85 a 97, cdno. 1-1.
20 Folio 305, ib.
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técnico Bernardo Vieco Quiroz. Y fue ratificada por el
también ingeniero Juan David Botero (experto designado por
la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia), en los
siguientes términos:
«1) Sobre el inmueble objeto de avalúo se construyeron obras de
infraestructura con beneficio a un tercero diferente del dueño del
lote. 2) Sobre el inmueble objeto de avalúo se generó una limitación
al dominio al no poder utilizar la porción del terreno a la libre
destinación por parte de los propietarios. 3) La titularidad de la
porción del terreno continúa en cabeza del propietario actual del
inmueble, en este caso la Corporación de Padres de Familia para
El Desarrollo Educativo Los Alcázares-Corpade Los Alcázares (...).
El área afectada corresponde a una fracción de terreno de
3.200,364 m2 dividida en dos porciones de terreno. Área 1.
Corresponde a un área de 601,06 m2 perimetral a la bodega de
Doricolor. Área 2: Corresponde a un área de 2.539,304 m2 en la
parte posterior de la bodega de Doricolor»21.
Se concluye, pues, que la actividad constructiva de los
demandados originó un deslizamiento de tierra, y que, para
estabilizar el talud, aquellos ejecutaron varias obras civiles,
que se extienden por un área de 3.200,364 m2 del inmueble de
propiedad de Corpade.
5. Argumentos de la apelación: Congruencia de la
decisión y prueba del daño.
5.1. A pesar de que las dos premisas fácticas reseñadas
supra fueron admitidas por el juez a quo (de hecho, también
por el ad quem), las pretensiones no salieron avante, porque
–en opinión del referido funcionario de primer grado– «los
21 Anotación n.º 26 del cuaderno digital de la actuación adelantada ante esta Corporación
(https://ecosistemadigitalindice.cortesuprema.gov.co/api/v1/link/share/6261b1aef8d0ce00130ff36e).
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24
daños en virtud de los cuales se pide la indemnización no subsiste uno,
y no es cierto el otro».
El que «no subsiste» correspondería a la pérdida de
estabilidad del lote de la actora, problemática que se habría
superado justamente gracias a las obras de estabilización
que sufragaron los demandados, y que se encuentran en esa
heredad. Y el que «no es cierto», sería la imposibilidad de
emplear el espacio afectado por aquellas obras –la superficie
sobre la cual se ubican– para desarrollar proyectos
constructivos en el futuro.
5.2. Al sustentar su alzada, la apelante recalcó que lo
pedido era que «se condene a los demandados a pagar (...) el valor de
las obras necesarias para la restitución o restauración del suelo
afectado, para retirar las obras hechas por [las demandadas] y se
condene al pago del detrimento del predio de [la demandante]».
Expresado de otro modo, el petitum se circunscribió a que los
convocados (i) asumieran el costo de reubicación de las obras
de estabilización que construyeron en el fundo de Corpade, o
(ii) pagaran una compensación por la afectación de la porción
de la heredad que ocupan tales obras.
Y, en realidad, le asiste razón a la impugnante, pues
existe una marcada diferencia entre lo que solicitó en su
escrito inicial, y los daños que se consideraron “no
subsistentes” o “inexistentes” en la sentencia apelada. Ni la
inestabilidad del lote de Corpade, ni la imposibilidad de
construir allí alguna edificación, constituyen las causas o el
objeto del reclamo estudiado. Lo es, en su lugar, que los
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demandados hubieran edificado obras de contención en un
terreno ajeno, impactando negativamente su valor.
La sentencia apelada, por tanto, presenta un vicio
formal análogo al que motivó el quiebre del fallo del tribunal
en sede de casación (la inconsonancia). Para evitar
innecesarias reiteraciones, la Sala se remite a las razones
expuestas en la sentencia CSJ SC 4116-2021, pues son
plenamente aplicables a la situación descrita.
5.3. Decantado lo anterior, se debe esclarecer si es
legítimo que los demandados, en procura de corregir el
desconfinamiento del talud que ellos mismos provocaron,
construyeran desagües u otras obras civiles en un lote de
propiedad de Corpade, sin su expresa autorización, y sin
pagar ningún tipo de contraprestación.
Sobre el punto, cabe insistir en que, tras el derrumbe
del talud, era menester intervenir el terreno para
estabilizarlo, so pena de que los daños aumentaran, en
desmedro de todo el vecindario y de la obra constructiva que
venía ejecutándose (la edificación de la bodega de Doricolor
S.A.S.). A modo de ilustración, así lo explicó el ingeniero
Gómez Tobón: «las obras civiles tales como muros, cunetas, drenes
horizontales, filtros, entre otras, que se encuentran en terrenos
ajenos y alrededor de la sede de Doricolor, cumplen una función
colectiva al mantener estable el talud y garantizar el patrimonio no
solo de Doricolor, sino también de sus vecinos»22.
22 Folios 424 a 434, cdno. 1-1.
Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01
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En consecuencia, es posible admitir que las obras de
estabilización del talud eran necesarias; incluso, que
cumplieron su cometido, pues evitaron la propagación del
fenómeno de desconfinamiento. Pero no puede negarse que,
tal y como lo sostuviera el ingeniero Juan David Botero en la
experticia que se decretó de oficio, «la construcción de las obras
de infraestructura en la porción del terreno [de propiedad de Corpade]
imposibilita el desarrollo de cualquier actividad económica en la
porción de terreno ocupada», lo que se traduce en una sensible
disminución de su valor comercial.
¿Existe alguna razón para que la actora deba asumir
esa pérdida? Para la Sala, no hay ninguna. No se probó que
la causa adecuada del daño hubiera sido la conducta de
Corpade, de modo que sería injustificado forzar a la
convocante a soportar las secuelas negativas de aquel evento
dañoso. Y, lógicamente, a los causantes de ese daño sí les
correspondía estabilizar el talud, pero si para hacerlo tenían
que intervenir un predio ajeno, causándole menoscabo,
deben también reparar esa afectación adicional al propietario
agraviado.
Agréguese que tampoco se demostró que existiera una
autorización expresa para realizar las obras de estabilización
en terrenos de Corpade sin contraprestación, y aceptando el
detrimento patrimonial correlativo. Aunque la actora conocía
de la ejecución de las obras de estabilización del talud en su
propiedad, ello no significa que hubiera consentido que se
plantaran allí gratuitamente; mucho menos que hubiera
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27
renunciado a la posibilidad de reclamar los perjuicios que
dichas construcciones pudieran irrogarle.
5.4. Recuérdese que, según lo tiene decantado la
jurisprudencia de esta Corporación,
«(...) El daño es una modificación de la realidad que consiste en el
desmejoramiento o pérdida de las condiciones en las que se
hallaba una persona o cosa por la acción de las fuerzas de la
naturaleza o del hombre. Pero desde el punto de vista jurídico,
significa la vulneración de un interés tutelado por el
ordenamiento legal, a consecuencia de una acción u omisión
humana, que repercute en una lesión a bienes como el patrimonio
o la integridad personal, y frente al cual se impone una reacción a
manera de reparación o, al menos, de satisfacción o consuelo»
(CSJ SC10297-2014).
En ese sentido, el derecho de propiedad de la actora
sobre la totalidad de su inmueble constituye un interés
legítimo, amparado por la Constitución y por las leyes
nacionales. Y aunque pudiera argumentarse que un interés
privado como ese debería ceder ante la necesidad común de
construir allí las obras civiles referidas, a fin de proteger el
entorno, y evitar que el colapso del talud se propagara, ello
no justificaría que, tras superar la emergencia, no se le
compensen los perjuicios irrogados.
Esto sin contar con que, en este caso particular, no se
acreditó que el uso del terreno de Corpade fuera mandatorio.
Por el contrario, tanto el ingeniero Vieco Quiroz, como la
firma Solingral, propusieron alternativas de contención
menos invasivas de la propiedad ajena. Pero los convocados
eligieron otra opción distinta, con efectos opuestos sobre la
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heredad de Corpade, razón de más para que deban reparar
las pérdidas que irrogaron a la actora mientras procuraban
corregir los efectos negativos de la obra constructiva que
desarrollaban, al menor costo posible.
6. Estimación del perjuicio irrogado a Corpade.
6.1. El perito que elaboró la experticia ordenada de
oficio por la Corte (ingeniero Juan David Botero), finalizó su
extenso análisis presentando las siguientes conclusiones,
que dan respuesta al cuestionario que se propuso en el fallo
de casación dictado en este proceso:
«1) Determinar si tiene vocación constructiva, incluida la franja
que circunda la bodega construida por la empresa demandada,
habida cuenta su proximidad a la misma y su extensión (Ancho de
3 m; y largo de 91,99 m, por un costado, 36,48 m, por el fondo, y
91,94 m, por el otro lado.
R./ Sí pudiese tener vocación constructiva. En el desarrollo de
proyectos constructivos esta área aporta densidad habitacional,
lo que significa mayor número de viviendas a desarrollar en el lote,
adicionalmente esta área es utilizada por constructores y
desarrolladores para el urbanismo de los proyectos inmobiliarios,
convirtiéndolos en senderos peatonales, zonas verdes de las
copropiedades o como pago de obligaciones urbanísticas a los
municipios.
2) Atendiendo a la respuesta que se dé al punto anterior, el
valor comercial actual de dicho predio de menor extensión, en las
condiciones reales en que se encuentra, esto es, con las obras
“civiles e hidráulicas” que contiene.
R/ El valor obtenido para la porción de terreno de 3.200,364 m2
ocupado por la construcción de las obras hidráulicas es de
$329.207 m2.
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3) En consonancia con todo lo anterior, el valor comercial que
tendría el indicado terreno de menor extensión, si no existieran en
él esas obras o construcciones, es decir, si se estuviera libre de
ellas.
R./ El valor por m2 del lote de menor extensión si no existieran
las obras hidráulicas seria de $1.687.338 m2».
Lo anterior equivale a decir que si los demandados no
hubieran intervenido los 3.200,364 m2 de la propiedad de su
contraparte, actualmente ese fragmento de terreno tendría
un valor comercial de $5.400.096.079. No obstante, debido
a las obras que se edificaron allí, el valor de la heredad
disminuyó hasta $1.053.582.855, siendo la diferencia entre
ambos guarismos ($4.346.513.224) el daño indemnizable.
6.2. Cabe anotar que, quien elaboró el referido
dictamen pericial, pertenece al Registro Nacional de
Avaluadores (así como a la Lonja de Propiedad Raíz de
Medellín y Antioquia), y acreditó amplia experiencia en la
valuación de activos inmobiliarios. Asimismo, aplicó en su
experticia una de las técnicas reconocidas en la Resolución
620 del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (el
método residual), ilustrando ampliamente su desarrollo
teórico, así como el sustento de sus conclusiones.
Adicionalmente, en la audiencia de contradicción que se
llevó a cabo el 9 de mayo de 2022, el perito ratificó su
metodología y conclusiones, e informó que había tenido en
cuenta el valor del polígono en el cual se encuentra el
inmueble, analizando el uso potencial de la porción del
terreno intervenida por los demandados, suponiendo que no
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existieran, y también en el estado actual. De ahí concluyó
que la subutilización del terreno redunda en una
disminución del precio de la propiedad de Corpade, en la
cantidad señalada.
Para finalizar, nótese que –según lo determinaron los
expertos que participaron en este juicio– esas construcciones
no pueden ser retiradas, pues el costo de intervenir el terreno
de nuevo sería prohibitivo, y podrían generarse nuevos
deslizamientos. De ahí que el ingeniero Botero equiparara las
obras de estabilización a una especie de servidumbre, dado
que debe ser soportada por el propietario del predio afectado
(Corpade, o cualquier adquirente futuro), indefectiblemente.
6.3. Los convocados intentaron, a través de reiterados
escritos, discutir las conclusiones del experto, pero sin
adecuar sus argumentos a las formas de contradicción de los
dictámenes periciales oficiosos, y sin apoyarse tampoco en
evidencias. Solamente enarbolaron varias críticas fundadas
en la imposibilidad de evaluar de modo cierto las condiciones
que tendría el bien sin soportar las obras correctivas de las
que viene hablándose.
En punto de lo anterior, la Corte admite que ese análisis
solo podría darse desde un escenario contrafáctico. El perito
tuvo que hacer un ejercicio teórico para hallar el valor que
tendría el predio si el desconfinamiento y las obras
posteriores no hubieran ocurrido, y ello, necesariamente,
implica un grado de abstracción y de conjetura. Pero no
existe forma distinta de tasar el perjuicio que se le causó a
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Corpade, como no sea imaginar cómo sería su composición
patrimonial si su contraparte no se hubiera comportado
como se comportó. Por tanto, el reproche no es de recibo.
7. Resolución de las excepciones.
Amén de las defensas que se despacharon en forma
desfavorable en el numeral 4.1. que antecede, es pertinente
analizar los restantes medios de defensa de los convocados,
a saber:
(i) Excepción denominada «Buena fe en la adquisición
de terrenos».
Aducen los convocados que, al hacerse a la propiedad del
lote donde se construyó la bodega de Doricolor S.A.S.,
«realizaron consultas de trámite ante la oficina de planeación del municipio
de Sabaneta, quienes después de varias visitas adjudicaron la licencia de
construcción para iniciar la construcción de la bodega (...). Se cumplieron
todos los requisitos de factibilidad jurídica». Sin embargo, no se
advierte como tal procedimiento pudiera incidir en la
responsabilidad que se les endilgó.
Es decir, el hecho de que una obra constructiva tenga
todas las autorizaciones requeridas por las autoridades, no le
confiere al constructor ningún tipo de inmunidad por los daños
que su actividad pueda ocasionar a terceras personas. En
consecuencia, la excepción no prospera.
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(ii) Excepción denominada «correctivos y trabajos
efectuados por Doricolor».
Los convocados dijeron haber actuado siempre de buena
fe, efectuando las reparaciones necesarias «para evitar más
perjuicios, pero sin estar obligada, y sin que por ello se reconozca
responsabilidad civil de su parte». Pero, también, su defensa es
intrascendente, porque la intención con la que se realizaron las
obras de estabilización del talud no modifica el hecho de haber
usado y desmejorado el predio vecino, de propiedad de
Corpade.
(iii) Excepción denominada «improcedencia de la
acción».
Esta defensa, basada en que «Doricolor S.A.S. no ha efectuado
ninguna acción u omisión que haya violado o amenace violar los derechos
de los accionantes», quedó desvirtuada con las probanzas que se
recaudaron en este trámite. Más allá del propósito que tuvieran
los querellados al construir la bodega, y del cumplimiento de
los reglamentos pertinentes, lo cierto es que causaron un daño,
y deben indemnizarlo. Y, siendo ello así, resulta evidente que
la acción al alcance del perjudicado era la de responsabilidad
civil, es decir, la que se ejercitó.
(iv) Excepción denominada «compensación de deudas».
Los querellados pidieron que, en caso de prosperar las
pretensiones, se deduzca de la indemnización a pagar el
monto de las inversiones «en estabilización de terrenos de
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Corpade». Sin embargo, tal súplica tampoco sale avante,
porque eran ellos los únicos obligados a cubrir los gastos de
reparación de los daños que ocasionó la actividad
constructiva que desarrollaban en su heredad.
En consecuencia, ninguna de las defensas propuestas
por la parte demandada sale avante.
8. Conclusión.
Acorde con lo expuesto, se revocará la sentencia
proferida por el ad quem, para, en su lugar, declarar la
responsabilidad civil extracontractual de los demandados. Lo
anterior en tanto que, según se acreditó, mientras intentaban
mitigar un daño producido por su actividad de construcción,
generaron un segundo agravio, consistente en erigir unas
obras de estabilización en terreno ajeno.
Esa eventualidad afectó el derecho de propiedad de
Corpade, pues las obras construidas en su predio, que no
pueden levantarse so pena de que los deslizamientos se
reanuden, reduce drásticamente las posibilidades de uso del
bien. Esto, como es natural, redunda en una disminución de
su valor comercial, que se tasó en $4.346.513,224.
Y como no existe razón jurídica que justifique que la
demandante deba asumir esa pérdida económica, esta se
debe trasladar a los demandados, en tanto responsables no
solo de la instalación de las obras de contención en suelo
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ajeno, sino también del deslizamiento de tierra que obligó a
realizar esa intervención.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia que el 7 de diciembre
de 2017 dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Envigado.
SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADAS las
excepciones propuestas por María Edith González de
Guzmán; Luis Augusto Guzmán Castaño y Doricolor S.A.S.
En su lugar, DECLARAR a los citados demandados CIVIL Y
EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLES por los
daños que irrogaron a la Corporación de Padres de Familia
para el Desarrollo Educativo Los Alcázares - Corpade, con
ocasión del ejercicio de una actividad riesgosa de la que
tenían la guarda.
TERCERO. CONDENAR a María Edith González de
Guzmán, Luis Augusto Guzmán Castaño y Doricolor S.A.S.
a pagar a la Corporación de Padres de Familia para el
Desarrollo Educativo Los Alcázares - Corpade una
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indemnización de $4.346.513,224, a título de daño
emergente. Sobre esa cantidad se reconocerán intereses
moratorios legales a la tasa prevista en la ley civil, a partir
del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO. Costas de ambas instancias a cargo de los
demandados. Liquídense por el juzgado a quo, en la forma
prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso,
teniendo en cuenta la suma equivalente a 10 SMLMV, que
fija el Magistrado Sustanciador como agencias en derecho de
esta actuación.
QUINTO. Remítase el expediente a la autoridad judicial
competente.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
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LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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