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clave: "corte_suprema:providencia:SC225-2024 [2014-00605-01]"
titulo: "Corte Suprema: corresponde a un área de 601,06 m2 perimetral a la bodega de Doricolor"
corporacion: "Corte Suprema de Justicia"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-03-19"
radicado: "2014-00605-01"
numero: "SC225-2024"
ponente: "Luis Alonso Rico Puerta"
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# Corte Suprema: corresponde a un área de 601,06 m2 perimetral a la bodega de Doricolor

- **Título oficial / radicado:** SC225-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil
- **Corporación:** Corte Suprema de Justicia
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-03-19
- **Radicado:** 2014-00605-01
- **Número:** SC225-2024
- **Ponente:** Luis Alonso Rico Puerta
- **Sección / Sala:** Sala de Casación Civil
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC225-2024%20%5B2014-00605-01%5D
- **PDF oficial:** /documento-pdf/corte_suprema:providencia:SC225-2024%20%5B2014-00605-01%5D
- **Fuente oficial:** https://consultaprovidencias.cortesuprema.gov.co/#/visualizador/L3Zhci93d3cvaHRtbC9JbmRleC9DSVZJTC8yMDI0L0RyLiBMdWlzIEFsb25zbyBSaWNvIFB1ZXJ0YS8zLi0gTWFyem8vU2VudGVuY2lhcy9TQzIyNS0yMDI0IFsyMDE0LTAwNjA1LTAxXS5wZGY%3D/Civil/p%C3%A9rdida%20de%20la%20cosa

## Regla de decisión

Corresponde a un área de 601,06 m2 perimetral a la bodega de Doricolor.

## Decisión

SENTENCIA

## Extracto

Pero sin importar cual sea la interpretación que se considere adecuada, en este caso resulta viable predicar la guarda de la actividad peligrosa en cabeza de los tres demandados, es decir, Doricolor S.A.S. y los señores María Edith González de Guzmán y Luis Augusto Guzmán Castaño (quienes afirman ser accionistas de aquella persona jurídica y fungen como sus representantes legales). Una cosa semejante se dijo al contestar el hecho décimo de la demanda, donde aquellos confesaron que «es verdad que en predio de Corpade los Alcázares se ejecutaron obras de ingeniería de algo costo y alto grado de dificultad… como producto de un talud que tuvo un comportamiento totalmente anormal… ». El área afectada corresponde a una fracción de terreno de 3.200,364 m2 dividida en dos porciones de terreno. Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01 24 daños en virtud de los cuales se pide la indemnización no subsiste uno, y no es cierto el otro.

## Texto del documento

LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
SC225-2024
Radicación n.° 05266-31-03-001-2014-00605-01
(Aprobado en sesión de primero de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024).
Luego de haberse casado el fallo de 13 de septiembre de
2018, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el proceso declarativo
promovido por la Corporación de Padres de Familia para el
Desarrollo Educativo Los Alcázares contra Doricolor S.A.S. y
otros, procede la Sala a dictar la decisión sustitutiva.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones.
En la demanda (reformada) se solicitó declarar que
Doricolor S.A.S., María Edith González de Guzmán y Luis
Augusto Guzmán Castaño son civilmente responsables «por los
daños que se están ocasionando y se han ocasionado a [la convocante] con
motivo de las obras civiles e hidráulicas que hicieron en predios de Corpade
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Los Alcázares, y de las ocupaciones que se está haciendo de su predio para
soportar estas obras y otras de esa empresa, y de las obras que hay que
diseñar y construir para retirar las construidas y evitar un colapso del
predio y de otros predios (sic)».
Consecuencialmente, la Corporación de Padres de
Familia para el Desarrollo Educativo Los Alcázares (en
adelante, Corpade) pidió que «se condene a los demandados a pagar
(...) el valor de las obras necesarias para la restitución o restauración del
suelo afectado, para retirar las obras hechas por [las demandadas] y se
condene al pago del detrimento del predio de [la demandante]».
2. Fundamento fáctico.
2.1. Corpade es propietaria de un inmueble ubicado en
el Municipio de Sabaneta, con folio de matrícula n.º 001-
583566, y un área de 39.973,87 m2.
2.2. Una porción de ese predio fue adquirida por
Doricolor S.A.S., con el fin de edificar allí sus bodegas. Durante
la excavación del talud requerido para la cimentación de la
obra, se produjeron «deslizamientos y movimientos de tierra en el
predio colindante, de propiedad de Corpade», dando lugar a «un proceso
de desconfinamiento (...) que aún no se sabe si terminó».
2.3. Con el fin de estabilizar el deslizamiento, los
convocados «han estado construyendo en terreno de propiedad de
Corpade obras civiles, sin [su] autorización», las cuales «provocaron una
desvalorización importante en el terreno del (sic) demandante, pues ese
terreno tiene una clara vocación constructiva».
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2.4. En razón de lo anterior, «Corpade recibió un daño en su
patrimonio al ser afectada la tierra y el suelo de su propiedad con las obras
civiles construidas en sus predios sin su consentimiento, y al estarse aun
desconfinando su suelo».
2.5. Los demandados deben asumir las inversiones
necesarias para retirar las obras de estabilización, o cubrir el
valor de la franja de terreno que aquellos «están ocupando con sus
obras», a saber, «661,06 m2 (...) del predio de propiedad de Corpade (...),
donde hay tuberías, filtros, tanques, muros y obras civiles; y 2.539,30 m2
donde hay obras civiles e hidráulicas».
3. Oposición de los convocados.
3.1. Notificados del auto admisorio de la demanda (de 26
de marzo de 2015), Doricolor S.A.S., Luis Augusto Guzmán
Castaño y María Edith González de Guzmán se opusieron al
petitum, formulando las defensas de «buena fe en la adquisición de
terrenos»; «culpa de otras entidades en los sucesos sobrevinientes»; «culpa
del propio demandante»; «responsabilidad de la corporación nacional de
padres de familia»; «otras anomalías que se detectaron»; «otras anomalías
que fueron constatadas y que son responsabilidad de los propietarios de
terrenos aledaños y del municipio de Sabaneta»; «correctivos y trabajos
efectuados por Doricolor»; «otra problemática existente»; «desconocimiento
normativo y negligencia del ente municipal, municipio de Sabaneta»;
«improcedencia de la acción»; «incumplimiento del municipio de Sabaneta
por acción y omisión», y «compensación de deudas».
3.2. Asimismo, presentaron las excepciones previas de
«caducidad de la acción»; «prescripción de la acción», y «cosa juzgada»,
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las cuales fueron desestimadas mediante auto (ejecutoriado)
de 30 de noviembre de 2015.
4. Fallo de primera instancia.
Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2017, el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado denegó los
reclamos de Corpade, al amparo de los siguientes argumentos:
«Es evidente que el deslizamiento se dio después del corte del talud,
a lo cual se añade que el corte o la excavación se realizó con base en
un estudio de suelos que no contemplaba la influencia del agua.
Además, se hizo a cielo abierto y sin obras previas de contención (...).
O sea, de los dictámenes e informes técnicos brota evidente que el
corte y manipulación del terreno llevó al desconfinamiento del mismo.
Es de anotar que cortar un talud o excavar la montaña de la manera
realizada es una actividad peligrosa, lo que en el escenario de la
responsabilidad civil extracontractual implica que hay presunción de
culpa, y que solo la prueba de una causa extraña puede conllevar
una exoneración total. De lo dicho hasta ahora, pues, se tiene que la
actividad desplegada por los resistentes influyó directamente en el
derrumbe, lo cual obliga a decir, se repite, que solo la prueba de una
causa extraña logra la exoneración, es decir, la sola diligencia y
cuidado no bastan. (...) Y no hay evidencia de fuerza mayor o caso
fortuito que conlleven la exoneración de la parte demandada (...), ni
de otra causa extraña (...). En últimas, el deslizamiento solo es
imputable a los encausados.
(...) De otro lado, pasando al estudio del segundo hecho basilar de la
pretensión, es claro que quien realizó las obras de adecuación de los
terrenos y construyó los drenajes que, se dice, invaden parte del lote
de Corpade Los Alcázares, fue Doricolor y los demás demandados.
Tan es así que la contadora Ingrid Lorena Restrepo da cuenta de la
inversión para estabilizar los terrenos, aunque aunque no se refiere
a terrenos de Los Alcázares, circunstancia sobre la cual se pronunció
también la contadora Ángela María Ramírez.
Además, los demandados aceptaron en sus declaraciones las obras
que realizaron en terrenos de Los Alcázarez, y por si fuera poco,
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documentos como los visibles a folio 205 denotan ese mismo hecho.
Incluso, en la declaración del ingeniero Bernardo Vieco da cuenta
(sic) de que Doricolor siguió las recomendaciones del ingeniero Jaime
Suárez, que consistían básicamente en la construcción de drenajes
que se hicieron en el predio de Los Alcázares. Por manera que ese
hecho, en la forma narrada en la demanda, se encuentra acreditado,
al menos en lo objetivo (...). En lo subjetivo, o sea, que los trabajos se
hicieron sin permiso y sin ánimo indemnizatorio, las cosas son
diferentes, debido a que en el plenario hay comunicaciones que
evidencian el permiso otorgado por Corpade a Doricolor, a fin de
continuar las obras que sus ingenieros y los dueños de éstas estimen
necesarios, así lo dice una comunicación visible a folio 304.
Para el juzgado es claro que, si se permitieron las obras, y como se
aludía a continuarlas, se entiende que antes también hubo
autorización o al menos una tolerancia que impide hoy calificar los
trabajos como ocultos o clandestinos, que es lo que apunta el libelo.
Hasta acá se tiene claro que la responsabilidad del deslizamiento es
de Doricolor, que Doricolor y los demás encausados desarrollaron
trabajos de la adecuación en terrenos de Corpade, pero con permiso
de esa entidad (...).
[No obstante,] más allá de la innegable responsabilidad de los
demandados, se tiene que ellos ya repararon el daño causado y que
no están obligados a la restauración del suelo con las obras
enlistadas en el hecho noveno de la demanda (...). En otras palabras,
el daño material causado no es subsistente (...).
De otro lado, el demérito del predio de Los Alcázares es algo que no
está acreditado plenamente, pues según el ingeniero Bernardo Vieco,
ese lote, en la proporción ocupada por las obras hidráulicas, sí se
puede construir, si se garantiza el factor de seguridad, que no es
responsabilidad de los pasivos procesales, y además se respetan los
drenajes. De manera que si el predio se puede construir, el hecho en
que se finca la pretensión no es prístino y, es más, se puede decir
que se desvirtuó, máxime que esos drenajes están funcionando y
sirven para la estabilidad de la tierra, circunstancia que impide
catalogarlos como daño, algo que se confirma cuando se recuerda
que [Los] Alcázarez sí autorizó el desarrollo de esas obras.
(...). Entonces, más allá de otras alternativas constructivas, como las
que planteó el mismo Bernardo Vieco, o las de Solingral [Soluciones
e Ingeniería Integral S.A.S., se aclara], e incluso las que planteó el
ingeniero Gallego, lo cierto es que la obra desarrollada sirve, y no se
estimó errada (...). En suma, pues, las obras hidráulicas instaladas
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por los resistentes en terrenos de Corpade no corresponden a un
daño cierto cuya indemnización procede.
En conclusión, es cierto que los convocados fueron responsables del
deslizamiento ocurrido en terrenos de Doricolor y de Corpade (...),
pero ello no basta para hacer la declaración pedida en la pretensión.
Por supuesto que los daños en virtud de los cuales se pide la
indemnización no subsiste uno y no es cierto el otro, de suerte que
las pretensiones no están llamadas a prosperar».
5. Recurso de apelación.
Inconforme con lo decidido por el juez a quo, Corpade
interpuso el referido remedio vertical, arguyendo que su
contraparte sí le causó una lesión patrimonial cierta. Advirtió,
con base en lo expuesto en la experticia aneja a la demanda,
que el área del lote afectada por las obras de contención
«quedaba absolutamente inutilizada», generando «un daño real, porque
nadie va a comprar el predio, nadie va a desarrollar un proyecto, ese es un
hecho cierto (...), no es una hipótesis, es una realidad comercial».
A ello añadió que,
«para cuando se presentó la demanda, dijo el a quo, los terrenos se
habían rehabilitado. Y en tanto se habían rehabilitado, entendió el
juez de primera instancia, no había daño que reparar. Bajo esa
perspectiva, el a quo entendió que si bien los demandados estaban
llamados a rehabilitar ese terreno, cuyo desconfinamiento
ocasionaron, no era obligación de (...) darle a este un factor de
seguridad óptimo que no tenía con anterioridad. Es decir, para el a
quo, el supuesto daño cuya reparación se pretendió habría sido no
haber dado al terreno una estabilidad con un factor de seguridad
óptimo. Pero eso no es cierto, pues así no se planteó en la reforma la
demanda.
(...) Aunque en las pretensiones se habló de condenar a los
demandados al pago del valor de las obras necesarias para restituir
o restaurar el suelo afectado, ello no estaba referido a otorgarle al
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suelo un factor de seguridad óptimo, sino a las labores necesarias
para retirar las obras civiles e hidráulicas con las que los
demandados ocuparon los terrenos de Corpade sin indemnización.
(...) La responsabilidad objetiva e indiscutible de los demandados
sobre el desconfinamiento de los suelos fue analizada en
profundidad y aceptada por el a quo. Y si bien le asistió razón al a
quo al reprochar el actuar de los demandados al desatar el
desconfinamiento de los terrenos, la conducta dañosa en este
proceso concreto no es el corte del talud. La conducta dañosa es la
ocupación, la invasión ilícita de los terrenos de Corpade para
remediar el desconfinamiento desatado, lo cual generó un
menoscabo de las facultades jurídicas del titular del terreno,
causándole un detrimento patrimonial. Las obras que los
demandados llevaron a cabo en terrenos de Corpade inhabilitaron
completamente el área ocupada, de manera que actualmente ahí no
se puede hacer ninguna otra obra civil, dejándolo de facto fuera del
comercio, fuera de la realidad comercial y útil, que en condiciones
normales tendría ese terreno.
¿Qué condiciones son las condiciones normales del terreno? Estar
libre de obras hidráulicas y civiles. Esas obras se hicieron en toda la
fracción de terreno de Corpade, aun cuando existía la viabilidad
técnica de construir otro tipo de obras en terrenos de Doricolor, sin
necesidad de inhabilitar los terrenos de la parte demandante. Eso se
probó tanto en los conceptos otorgados y entregados de la firma
Solingral, de la firma Vieco Ingeniería de Suelos Ltda., del testimonio
técnico de Bernardo Antonio Vieco Quiroz, que rindió el 5 de octubre
de 2016 y, finalmente, con el dictamen pericial y declaración del
perito Javier Vallejo Rendón. Entonces, el daño acaecido en este caso
no fue desestabilizar el terreno con culpa, sino inhabilitar y limitar la
utilidad y comerciabilidad de ese terreno con la ocupación del mismo,
con obras c

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

te admite que ese análisis
solo podría darse desde un escenario contrafáctico. El perito
tuvo que hacer un ejercicio teórico para hallar el valor que
tendría el predio si el desconfinamiento y las obras
posteriores no hubieran ocurrido, y ello, necesariamente,
implica un grado de abstracción y de conjetura. Pero no
existe forma distinta de tasar el perjuicio que se le causó a
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Corpade, como no sea imaginar cómo sería su composición
patrimonial si su contraparte no se hubiera comportado
como se comportó. Por tanto, el reproche no es de recibo.
7. Resolución de las excepciones.
Amén de las defensas que se despacharon en forma
desfavorable en el numeral 4.1. que antecede, es pertinente
analizar los restantes medios de defensa de los convocados,
a saber:
(i) Excepción denominada «Buena fe en la adquisición
de terrenos».
Aducen los convocados que, al hacerse a la propiedad del
lote donde se construyó la bodega de Doricolor S.A.S.,
«realizaron consultas de trámite ante la oficina de planeación del municipio
de Sabaneta, quienes después de varias visitas adjudicaron la licencia de
construcción para iniciar la construcción de la bodega (...). Se cumplieron
todos los requisitos de factibilidad jurídica». Sin embargo, no se
advierte como tal procedimiento pudiera incidir en la
responsabilidad que se les endilgó.
Es decir, el hecho de que una obra constructiva tenga
todas las autorizaciones requeridas por las autoridades, no le
confiere al constructor ningún tipo de inmunidad por los daños
que su actividad pueda ocasionar a terceras personas. En
consecuencia, la excepción no prospera.
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(ii) Excepción denominada «correctivos y trabajos
efectuados por Doricolor».
Los convocados dijeron haber actuado siempre de buena
fe, efectuando las reparaciones necesarias «para evitar más
perjuicios, pero sin estar obligada, y sin que por ello se reconozca
responsabilidad civil de su parte». Pero, también, su defensa es
intrascendente, porque la intención con la que se realizaron las
obras de estabilización del talud no modifica el hecho de haber
usado y desmejorado el predio vecino, de propiedad de
Corpade.
(iii) Excepción denominada «improcedencia de la
acción».
Esta defensa, basada en que «Doricolor S.A.S. no ha efectuado
ninguna acción u omisión que haya violado o amenace violar los derechos
de los accionantes», quedó desvirtuada con las probanzas que se
recaudaron en este trámite. Más allá del propósito que tuvieran
los querellados al construir la bodega, y del cumplimiento de
los reglamentos pertinentes, lo cierto es que causaron un daño,
y deben indemnizarlo. Y, siendo ello así, resulta evidente que
la acción al alcance del perjudicado era la de responsabilidad
civil, es decir, la que se ejercitó.
(iv) Excepción denominada «compensación de deudas».
Los querellados pidieron que, en caso de prosperar las
pretensiones, se deduzca de la indemnización a pagar el
monto de las inversiones «en estabilización de terrenos de
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Corpade». Sin embargo, tal súplica tampoco sale avante,
porque eran ellos los únicos obligados a cubrir los gastos de
reparación de los daños que ocasionó la actividad
constructiva que desarrollaban en su heredad.
En consecuencia, ninguna de las defensas propuestas
por la parte demandada sale avante.
8. Conclusión.
Acorde con lo expuesto, se revocará la sentencia
proferida por el ad quem, para, en su lugar, declarar la
responsabilidad civil extracontractual de los demandados. Lo
anterior en tanto que, según se acreditó, mientras intentaban
mitigar un daño producido por su actividad de construcción,
generaron un segundo agravio, consistente en erigir unas
obras de estabilización en terreno ajeno.
Esa eventualidad afectó el derecho de propiedad de
Corpade, pues las obras construidas en su predio, que no
pueden levantarse so pena de que los deslizamientos se
reanuden, reduce drásticamente las posibilidades de uso del
bien. Esto, como es natural, redunda en una disminución de
su valor comercial, que se tasó en $4.346.513,224.
Y como no existe razón jurídica que justifique que la
demandante deba asumir esa pérdida económica, esta se
debe trasladar a los demandados, en tanto responsables no
solo de la instalación de las obras de contención en suelo
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ajeno, sino también del deslizamiento de tierra que obligó a
realizar esa intervención.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia que el 7 de diciembre
de 2017 dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Envigado.
SEGUNDO. DECLARAR NO PROBADAS las
excepciones propuestas por María Edith González de
Guzmán; Luis Augusto Guzmán Castaño y Doricolor S.A.S.
En su lugar, DECLARAR a los citados demandados CIVIL Y
EXTRACONTRACTUALMENTE RESPONSABLES por los
daños que irrogaron a la Corporación de Padres de Familia
para el Desarrollo Educativo Los Alcázares - Corpade, con
ocasión del ejercicio de una actividad riesgosa de la que
tenían la guarda.
TERCERO. CONDENAR a María Edith González de
Guzmán, Luis Augusto Guzmán Castaño y Doricolor S.A.S.
a pagar a la Corporación de Padres de Familia para el
Desarrollo Educativo Los Alcázares - Corpade una
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indemnización de $4.346.513,224, a título de daño
emergente. Sobre esa cantidad se reconocerán intereses
moratorios legales a la tasa prevista en la ley civil, a partir
del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CUARTO. Costas de ambas instancias a cargo de los
demandados. Liquídense por el juzgado a quo, en la forma
prevista en el artículo 366 del Código General del Proceso,
teniendo en cuenta la suma equivalente a 10 SMLMV, que
fija el Magistrado Sustanciador como agencias en derecho de
esta actuación.
QUINTO. Remítase el expediente a la autoridad judicial
competente.
Notifíquese y cúmplase
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
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LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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## Cómo citar esta fuente

Corte Suprema de Justicia. Providencia SC225-2024 — Sentencia Sala de Casación Civil. 2024-03-19. C.P. Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 2014-00605-01. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/corte_suprema:providencia:SC225-2024%20%5B2014-00605-01%5D).
