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HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Magistrada Ponente
SC2157-2024
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
(Aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil
veinticuatro (2024).
Se decide el recurso de casación interpuesto por Laura,
Emilia y Cristián Pérez Uribe, Eduardo Suárez Uribe, Laurel
Ltda., Carmen Iriarte Uribe e Inversiones Alcam S.A.S.,
contra la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 25 de mayo de
2023, dentro del juicio declarativo que promovieron los
recurrentes junto con Enrique Cuellar Uribe, Rosario
Josefina, y Diego Suárez Uribe contra Jaime Rafael Ortega
Albrecht.
I. ANTECEDENTES
1.- Los actores pidieron de la jurisdicción se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas: a) que el demandado
«incumplió los deberes como liquidador de FRIGORÍFICO, previstos por
el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el Decreto 1925
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de 2009, y con el artículo 238 del Código de Comercio», en
consecuencia, pretendieron se condene a éste último a
«indemnizar los perjuicios económicos causados a los demandantes»,
estimados en «la suma no menor de CIENTO QUINCE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS ($ 115.798.341.000)», la cual deberá
«actualizarse hasta la fecha en que se realice el pago»; y cancelar las
«costas» y «agencias en derecho» [Folios 21 a 22, Archivo digital:
0001CuadernoPrincipalParte1.pdf, Carpeta ExpedienteDigitalizadoESAVParte1].
2.- En respaldo de sus reclamos adujeron los hechos
relevantes que admiten el siguiente compendio.
2.1.- El 10 de junio de 2009 se dispuso la disolución de
la sociedad Frigorífico San Martín de Porres Ltda. y en dicha
reunión se designó como liquidador a Santiago Rojas Maya,
quien convocó y llevó a cabo reunión de junta de socios según
consta en el acta No. 36 de 10 de enero de 2013.
Esta reunión fue «integrada exclusivamente por los 9 socios
adjudicatarios, en la cual se aprobó la cuenta final de liquidación», en
la que fueron fijadas «4 condiciones para la cuenta final de
liquidación y para la distribución de los remanentes a todos los socios»,
siendo estas que «i) Que se encuentre inscrita el acta final de
liquidación en la cámara de comercio y que se encuentre en firme dicho
registro; ii) Que se encuentre en firme la inscripción de la parte pertinente
del acta final; de liquidación en la oficina de instrumentos públicos de
Bogotá; iii) Que transcurran dos meses contados desde la fecha de
inscripción del acta final de liquidación en el registro mercantil sin que
se hubieran presentado demandas de impugnación contra las decisiones
contenidas en el acta final de liquidación. iv) Si se presentaran
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demandas de impugnación contra la mencionada acta final de
liquidación, cuando se encuentre ejecutoriada la sentencia mediante la
cual se nieguen las pretensiones de la demanda de impugnación. De
existir varias demandas cuando se resuelva la última de ellas, negando
las pretensiones de impugnación de la demanda».
De manera ilegal y violando dichas condiciones «Los 9
socios adjudicatarios se adjudicaron sin condiciones, como pago total de
sus supuestos remanentes, la unidad productiva que opera y funciona
en los inmuebles que integran el folio de matrícula No. 50C-1009638,
según consta en su anotación No. 17», pues el entonces liquidador
mintió deliberadamente «al declarar que no existían las condiciones
mencionadas en el numeral 4º anterior, en la escritura pública No. 47 del
22 de enero de 2013 de la Notaría 31 del Círculo de Bogotá D.C.».
2.2.- Con ese proceder el liquidador Rojas Mayas violó
los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, al desatender
las instrucciones de la junta de socios y «porque esa distribución
de remanentes no se hizo al mismo tiempo para todos los socios».
2.3.- La Superintendencia de Sociedades, determinó en
la sentencia número 800-000021, del 31 de marzo de 2017,
que la referida adjudicación «a favor de los 9 socios adjudicatarios,
fue ilegal, porque el demandado LIQUIDADOR, “infringió los deberes que
le correspondían bajo los artículos 247 y 248 del Código de Comercio”1,
en el trámite de la liquidación de la sociedad FRIGORÍFICO», además,
con las Resoluciones números 300-005871 y 300-002398
del 22 de diciembre de 2016 y 23 de junio de 2017,
respectivamente removió del cargo de liquidador a Santiago
Rojas Maya y, en su lugar, designó a Martha Cecilia Salazar
Jiménez, cuyo nombramiento se inscribió en el registro
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mercantil el 28 de noviembre de 2017, asumiendo así la
representación legal de la sociedad.
2.4.- Con la adjudicación del 23 de enero de 2013 en
favor de los 9 socios adjudicatarios estos aparecen como
propietarios de los bienes, quienes desde entonces los
explotan ilegalmente.
2.5.- El 17 de enero de 2017 el señor Santiago Rojas
Maya renunció irrevocablemente al cargo de liquidador
durante una reunión integrada, exclusivamente, por los 9
socios adjudicatarios, cuyo propósito fue «impedir que se
realizara la liquidación del FRIGORÍFICO que había ordenado la
Superintendencia de Sociedades», designando en reemplazo de
aquél a «Jaime Rafael Ortega Albrecht, quien venía actuando como
liquidador suplente de Rojas Maya, durante la junta extraordinaria de
socios de que da cuenta el Acta No. 41 del 17 de enero de 2017».
2.6.- Las decisiones contenidas en el acta No. 41 fueron
suspendidas por orden de la Delegatura para Procedimientos
Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, dentro del
proceso No. 2017-800-026, pese a lo cual «el ex liquidador Jaime
Rafael Ortega Albrecht burló la medida cautelar, al aceptar sin reserva
su “nueva” designación como liquidador principal de la sociedad (Acta
No. 42 del 22 de febrero de 2017)». Junta en la cual se propuso
nombrarlo nuevamente, inscribiendo su designación en el
registro mercantil el 23 de mayo de 2017 bajo el número
02226840 del libro IX, desempeñándose desde esta data
hasta el 28 de noviembre de 2017, cuando se inscribió a la
actual liquidadora Martha Cecilia Salazar Jiménez, pero «por
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expresa designación de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS, con
posterioridad al 28 de noviembre de 2017, el liquidador Ortega Albrecht
ha continuado hasta la fecha como el ordenante de los pagos y gastos
realizados con cargo a los recursos de la liquidación del FRIGORÍFICO.
Tales pagos y gastos están a cargo de la FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. (en adelante “FIDUPREVISORA”)».
2.7.- Jaime Rafael Ortega Albrecht incumplió sus
deberes de liquidador a saber: «1) Dar un trato inequitativo a los
socios del FRIGORÍFICO, 2) No permitirles el ejercicio del derecho de
inspección, 3) Intervenir y llevar a cabo actos respecto de los cuales
existe conflicto de intereses con los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS y los
demás socios del FRIGORÍFICO, 4) No haber exigido la justificación y
cuentas razonadas a los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS respecto de los
actos de disposición que han llevado a cabo con los inmuebles del
FRIGORÍFICO, 5) No haber exigido el pago de las obligaciones o cobrado
los créditos a cargo de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS, 6) No haber
exigido la entrega de los inmuebles ilegalmente transferidos a los 9
SOCIOS ADJUDICATARIOS, y, 7) No haber rendido cuentas de su gestión
ni haber entregado la documentación de la sociedad FRIGORÍFICO»,
además, de no exigir cuentas a los 9 socios adjudicatarios
«por la explotación de los inmuebles identificados con el folio de matrícula
inmobiliaria número 50C-1009638, transferidos ilegalmente, el 23 de
enero de 2013», «No haber cobrado las deudas a cargo de los 9 SOCIOS
ADJUDICATARIOS», correspondientes al pago de los impuestos
prediales que han sido cancelados con recursos de la
sociedad, desde 2013 al 2017; «No haber exigido la entrega de los
inmuebles ilegalmente transferidos a los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS»,
antes «celebró actos y contratos jurídicos para mantener la titularidad
y la explotación de los inmuebles».
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2.8.- El 22 de junio de 2017, el liquidador Ortega y los
9 socios adjudicatarios, celebraron junta contenida en el acta
No. 43, en la que se aprobó autorizar a aquél para celebrar
un negocio con los «9 SOCIOS ADJUDICATARIOS para establecer
una condición resolutoria y una hipoteca sobre los inmuebles», además,
que éste fuera «Ordenante Principal del fideicomiso que se constituiría,
con la misma remuneración que le fuera fijada como liquidador, y
conservaría el equipo de colaboradores que a la fecha lo estarían
acompañando, al desempeñar su cargo en el FRIGORÍFICO», así
mismo, para que «previo a que la sociedad quedara liquidada frente
a terceros, transfiriera la totalidad de los bienes, derechos activos y
obligaciones a un fideicomiso reconocido por la Superintendencia
Financiera de Colombia». Actos que al celebrarse «lograron impedir
la restitución en favor de dicha sociedad, de los inmuebles identificados
con el folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1009638. De esta
manera, por la acción del liquidador Ortega Albrecht, los socios del
FRIGORÍFICO no han recibido los remanentes que les corresponden como
resultado de la liquidación de la sociedad. Estos remanentes continúan
en el patrimonio personal de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS, violando
los derechos de los demás socios de la sociedad FRIGORÍFICO».
2.9.- «El 27 de julio de 2017 se suscribió el Contrato de Fiducia
Mercantil Revocable No. 3171019, entre la sociedad FRIGORÍFICO como
fideicomitente y FIDUPREVISORA, como fiduciario. De esta manera,
FIDUPREVISORA ha asumido el papel de depositaria y gestora de la
liquidación en violación de las normas legales que rigen su función»,
utilizándose dicho fideicomiso para el pago de los impuestos
de los inmuebles, los honorarios del liquidador, «así como los
gastos de los procesos judiciales en curso, en contra de los demás socios
del FRIGORÍFICO, con los recursos que genera esta sociedad. Los 63
socios del FRIGORÍFICO, distintos de los 9 SOCIOS ADJUDICATARIOS
no han recibido sus remanentes, ni recursos de ningún tipo del
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FRIGORÍFICO», «recibir, manejar, distribuir, anticipadamente para su
propio y exclusivo beneficio todos los recursos generados por la Unidad
Económica que opera y funciona en los inmuebles identificados con el
folio de matrícula inmobiliaria número 50C-1009638».
Adicionalmente, no cumplió el deber de rendir cuentas
de su gestión, ni entregar la documentación de la sociedad a
la liquidadora designada por la Superintendencia de
Sociedades, aunque la entidad lo requirió. Debido a dicho
incumplimiento la socia Laurel Ltda., solicitó investigación
administrativa contra Ortega Albrecht, de igual modo pidió
fijar fecha para ejercer el derecho de inspección «sobre la
contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas, y
en general de todos los documentos de FRIGORÍFICO», ante lo cual «El
día 12 de enero de 2021 la liquidadora de la sociedad FRIGORÍFICO
respondió que la información solicitada no se encontraba en su poder,
por cuanto nunca la ha recibido del liquidador anterior Jaime Rafael
Ortega Albrecth», a quien le dirigió derecho de petición para
acceder a dicha documental a lo cual se negó.
2.10.- La sociedad Frigorífico San Martín Ltda. no está
liquidada, porque con oficio 474 del 17 de abril de 2017 el
Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogotá
suspendió las determinaciones adoptadas en el «ACTA No. 37»,
celebrada el 29 de marzo de 2014, «mediante la cual se modificó
la cuenta final de liquidación al aprobar un inventario diferente y
cambiar la fuente de pago de los remanentes de la liquidación al
argumentarse que ya no se pagarían en dinero sino con un activo que
era el lote de terreno identificado con folio de matrícula No. 50N-
1009638», «En tales circunstancias, la cuenta final de liquidación (Acta
36 de 2013) fue modificada en el año 2014 mediante el Acta 37 que se
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encuentra suspendida judicialmente según el registro mercantil de la
sociedad FRIGORÍFICO, por lo tanto, la cuenta final de liquidación se
encuentra suspendida y la sociedad sigue en estado de liquidación y
puede ser sujeto de derechos y obligaciones».
2.11.- La Superintendencia de Industria y Comercio,
con la «Resolución No. 6856 el 5 de febrero de 2018», declaró que en
el «Acta 43 del 22 de junio de 2017» se estableció una condición
resolutoria, consistente en que «en caso de prosperar alguna
demanda de impugnación contra el Acta No. 36, o que sus adjudicatarios
intenten disponer de inmueble [o sean embargados], se resolverá de
pleno derecho la adjudicación realizada por la escritura No. 47 del 22 de
enero de 2013 de la Notaría 31 de Bogotá» [Folios 3 a 21, ídem].
3.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá
admitió la causa así planteada el 14 de diciembre de 2021;
determinación en la que también se reconoció amparo de
pobreza a los promotores [Folio 148, Archivo digital:
0004CuadernoPrincipalParte4.pdf, Carpeta ExpedienteDigitalizadoESAVParte2].
4.- El convocado repelió las reclamaciones formuladas
en su contra, esgrimiendo las defensas que tituló:
«CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL LIQUIDADOR», «INEXISTENCIA
DE PERJUICIOS», «PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD» y las que resulten
probadas de conformidad con el artículo 282 del Código
General del Proceso [Folios 8 a 33, Ob.]. También objetó el
juramento estimatorio, aduciendo falta de demostración [Folios
91 a 94, ídem].
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4.1.- Adicionalmente, el enjuiciado reprochó la
concesión del amparo de pobreza, pidiendo la terminación
del señalado beneficio, aduciendo que los actores cuentan
con ingresos y patrimonio para costear los gastos del litigio
[Folios 165 y 306 a 309, ib.] y, previo traslado a los demandantes, [Folio
301, Ibídem] el 25 de abril de 2022 se ordenó la tramitación
incidental de esta reclamación [Folios 6 y 7, Archivo digital:
0005CuadernoPrincipalParte5, ídem].
5.- Surtida la audiencia inicial, Jaime Rafael Ortega
Albrecht pidió se dictara «sentencia anticipada», alegando que
la acción intentada estaba prescrita, debido al tiempo
transcurrido desde la aprobación de la cuenta final de
liquidación del Frigorífico hasta la presentación de la
demanda, sin que éste se hubiese interrumpido
judicialmente, en los precisos contornos del artículo 257 del
Código de Comercio [Folios 478 a 489, Archivo digital:
0006CuadernoPrincipalParte6.pdf, Cfr.], lo que fue rebatido por los
demandantes, arguyendo que «no se ha aprobado la cuenta final
de la liquidación de FRIGORÍFICO y, por ende, no ha iniciado el cómputo
del término de prescripción y caducidad alegados por la parte
demandada», ya que no se atendieron las cuatro estipulaciones
dispuestas para que surtiera efectos aquel acto.
6.- El juzgado del conocimiento puso fin a la primera
instancia con sentencia anticipada de 19 de agosto de 2022,
en la cual acogió la excepción de prescripción formulada por
el llamado a juicio y, consecuentemente, puso fin al proceso
sin condena en costas contra los demandantes por el amparo
de pobreza a ellos concedido [Folio 361, ídem].
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7.- Contra lo así decidido ambos extremos apelaron.
8.- El tribunal desató la alzada con fallo del 25 de mayo
de 2023, en el cual decretó la terminación del amparo de
pobreza concedido al extremo activo y, en consecuencia,
revocó el numeral tercero del proveído opugnado y lo
adiciona, para condenar en costas de la primera instancia a
los demandantes, en lo restante lo confirma e impone
idéntica condena en segunda instancia [Folios 226 a 246, Archivo digital:
0010SegundaInstanciacuadernoApelacionSentencia.pdf, Carpeta ExpedienteDigitalizadoESAVParte3].
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
1.- Después de recordar la potestad que tienen los
jueces de dictar sentencia anticipada, entre otros supuestos,
cuando se encuentre configurada la prescripción, así como
las normas civiles que gobiernan dicha institución y el deber
de interpretar la demanda o su contestación cuando sea
necesario para evitar sacrificar el derecho sustancial, expuso
los planteamientos de las partes en torno a la aludida
exceptiva.
2.- Seguidamente se refirió a las diversas etapas que
concurren dentro del trámite liquidatorio de las sociedades
comerciales y las obligaciones a cargo del liquidador para
concretar dicho ejercicio, así como las responsabilidades que
frente los asociados y terceros éste asume.
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2.1.- Con fundamento en el artículo 256 del Código de
Comercio y jurisprudencia de esta Corporación emprendió
el estudio de la exceptiva que el funcionario de primera
instancia encontró probada, para lo cual valoró «el Acta Nº 36
suscrita en Junta Extraordinaria de Socios de 10 de enero de 2013,
donde en el orden del día, se incluyó como último ítem la “consideración
del acta – cuenta final de liquidación” y, entre otros muchos documentos,
el certificado de existencia y representación legal de Frigorífico San
Martín de Porres Ltda., con fecha de expedición de 29 de noviembre de
2021», último donde se certifica, en las anotaciones relevantes
para este asunto:
(i) «[Q]ue por escritura pública Nº47 del 22 de enero de 2013 de la
Notaría 31 de Bogotá D.C., por medio de la cual se protocolizó el
acta contentiva de la cuenta final de liquidación, fue inscrita el 25
de enero de 2013 bajo el Nº01700453 del libro IX»;
(ii) «[Q]ue por escritura pública Nº5279 de la Notaría 38 de Bogotá
D.C., del 07 de julio de 2017, inscrita el 2 de octubre de 2017 bajo
el Nº02264283 del Libro IX, se protocolizó el Acta Nº43 del 22 de
junio de 2017 por la cual la sociedad da alcance a las condiciones
pactadas para el pago de remanentes contenidas en el Acta Nº36
del 10 de enero de 2013 (…) estableciendo una condición
resolutoria para el caso en que se presente incumplimiento de
alguna de las condiciones establecidas en la mencionada Acta
Nº36”(...)»;
(iii) «[Q]ue mediante Oficio Nº 1422 del 22 de abril de 2013,
inscrito el 23 de abril de 2013 bajo el Nº01724612 del Libro IX, el
Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá mediante providencia de
15 de abril de 2013 dictada dentro del proceso abreviado
N°110013103013201300145 de impugnación de Actas de
Asamblea de Carmen Iriarte Uribe contra Frigorífico San Martín de
Porres Ltda. en Liquidación ordenó la suspensión provisional de
las decisiones adoptadas en la Junta de Socios de la sociedad de
la referencia celebrada el día 10 de enero de 2013»;
(iv) «[Q]ue mediante Oficio N°1189 del 18 de julio de 2017, inscrito
el 18 de agosto de 2017 bajo el N°02252631 del Libro IX, el
Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso
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abreviado impugnación de Actas de Asamblea
N°1100131030313201300145 de Carmen Iriarte Uribe contra
Frigorífico San Martín de Porres en Liquidación, ordenó el
levantamiento de la medida cautelar respecto de la suspensión
provisional de las decisiones adoptadas en la Junta de Socios de
la sociedad de la referencia celebrada el pasado 10 de enero de
2013».
2.2.- Del escrutinio de tales elementos determinó, que
«al margen de la existencia del proceso de impugnación de actas que los
demandantes aseguran cursa en este Tribunal, las anotaciones en el
certificado de existencia y representación legal enseñan sobre la
inscripción de la Escritura Pública N° 47 de 22 de enero de 2013, “por
medio de la cual se protocolizó el acta contentiva de la cuenta final de
liquidación”, y aunque seguido de ello se inscribió el Acta N° 43 de 22 de
junio de 2017, “por la cual la sociedad da alcance a las condiciones
pactadas para el pago de remanentes contenidas en el Acta Nº 36 del 10
de enero de 2013”, lo cierto es que corresponde a una complementación
del Acta 36, luego no es posible pretender una nueva contabilización del
término», porque, «en el entendido que tales actos deben ser registrados
en el documento mercantil, conforme lo prevé el artículo 28 del Código de
Comercio, es la inscripción de la cuenta final, y no de actos
complementarios, adicionales o posteriores, el indicativo que informa a
terceros e interesados que ya tuvo lugar esa actuación, es decir, es el
hecho generador de la oponibilidad, en la medida que es cuando se
exterioriza de la órbita interna de la sociedad».
Agregó, que no era de recibo «[e]l argumento de los apelantes
relativo a que en el proceso verbal N°2013-00145 que cursó en el
Juzgado 13 Civil del Circuito (…) se decretó como medida cautelar la
suspensión provisional de las “decisiones adoptadas en la Junta de
Socios de la sociedad de la referencia celebrada el pasado 10 de enero
de 2013”, referidas al Acta N°36», ya que, «además que la norma no
hace ninguna salvedad, lo importante de la cuenta final, tal como lo
infirió la jurisprudencia en cita, “es la finalización del trámite y su
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revelación al público”, luego no puede existir la posibilidad de crear
excepciones en cumplimiento del principio ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus».
Siguiendo su disertación señaló, que igual
desestimación merecía el reproche «que se refiere a que no existe
acta final de liquidación porque no se cumplieron las 4 condiciones que
aseguran los apelantes ni el contenido de la sentencia que profirió el
Consejo de Estado, donde puntualizó que “el proceso de liquidación del
Frigorífico San Martín de Porres Ltda. no ha finalizado, entre otras
razones, porque se encuentra en curso el proceso de impugnación de la
decisión por medio de la cual la junta de socios aprobó las cuentas
finales de la liquidación”», por cuanto, «aspectos como los anteriores,
se insiste, no son el derrotero para la contabilización del término de
prescripción en esa clase de acción, sino la inscripción y publicidad del
acta final de liquidación en el registro mercantil, sin que haya lugar a
pensar que el término se pueda suspender o interrumpir por causal
diferente a la “interrupción civil”», pues, «de acuerdo con el libelo genitor,
los aquí demandantes promovieron una “acción de responsabilidad
contra el liquidador”, luego el único hecho cierto que se debe tener en
cuenta para establecer si se cumplió el término prescriptivo, es la fecha
de inscripción de la cuenta final, y no discusiones diferentes al respecto,
como el hecho mismo de la inscripción, la suspensión de sus efectos o los
procesos de impugnación que hayan tenido lugar, aun cuando se
encuentren vigentes», apoyándose, en lo dicho por esta Corte en
proveído SC19300-2017 .
Acorde con esto concluyó, que «el acta contentiva de la
cuenta final de liquidación fue inscrita el 25 de enero de 2013 y desde
allí, a la fecha de presentación de la demanda, 3 de diciembre de 2021,
transcurrieron más de los cinco (5) años de que trata el artículo 256 del
Código de Comercio, como así lo reconoció el juez de instancia», lo cual
habilitaba la confirmación de la decisión apelada.
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3.- Se ocupó del reproche planteado por la contraparte,
referido a la finalización del amparo de pobreza concedido a
los gestores y la consecuente condena en costas a dicho
extremo, los antecedentes de su concesión y los
requerimientos que se les hizo, con ocasión al pedido de
revocatoria, dada su solvencia económica.
Tras exponer la naturaleza y requisitos de esta
institución consideró, que el concedido en este asunto debía
revocarse, porque: i) «[C]onforme lo señaló el extremo demandado, e
incluso, los apoderados de los demandantes, resulta evidente que los
amparados sí cuentan con recursos que les permite atender los gastos
del proceso sin el menoscabo de su propia subsistencia o de quienes les
deban alimentos, en razón a que además que declaran renta, tienen
bienes sujetos a registro, así como participaciones accionarias en
diferentes sociedades mercantiles, tal como se advierte de los
certificados de tradición y libertad y del propio dicho de sus abogados»;
y; ii) «[E]l hecho que ninguno de los convocantes haya recibido
emolumento alguno por el pago de remanentes como socios del Frigorífico
San Martín, o que sus propiedades, cuentas y participaciones se hallen
embargados en varios procesos judiciales, (…) no significa que se
encuentren inmersos en una situación de pobreza, donde carezcan de
los medios para atender los gastos de un litigio que ellos mismos
promovieron y que pongan en riesgo, se itera, su propia subsistencia o la
de quienes les deban alimentos».
Consecuente con dicha determinación decidió «adicionar
la sentencia apelada, en el sentido de revocar el numeral 3°, para
condenar en costas a la parte demandante, de conformidad con lo que
dispone el numeral primero del artículo 365 del Código General del
Proceso».
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III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
Laura, Emilia y Cristián Pérez Uribe, Eduardo Suárez
Uribe, Laurel Ltda., Carmen Iriarte Uribe e Inversiones Alcam
S.A.S. formularon cinco (5) cargos, de los cuales esta Corte,
mediante AC3119-2023 de 17 de noviembre, inadmitió tres
(3), impulsando a trámite el primero y quinto, ambos
fundados en la infracción directa de la ley sustancial (núm.
1º, art. 336 del C.G.P.), los cuales serán resueltos en orden
inverso, dado que si bien se advierte la prosperidad del
primero, por las particularidades del caso no puede la Corte
sustraerse de estudiar el último.
CARGO QUINTO
Acusa la sentencia de violar de modo directo los
artículos 13, 29, 229 y 230 de la Constitución Política, el 8°
de la Ley 153 de 1887, 7° del Código de Comercio y «los
principios generales del derecho al “acceso a la justicia” y el de la
“igualdad».
Para su demostración adujo que el tribunal estimó que
los demandantes no estaban en condiciones de pobreza que
justificara el reconocimiento de amparo de pobreza en su
favor, y transgredió la normativa denunciada, porque «le
atribuyó efectos retroactivos al levantamiento del amparo de pobreza».
Mencionó, que la postura de esta Corte se direcciona a
la inviabilidad de discutir lo concerniente a la condena en
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costas o el amparo de pobreza en sede casacional, pero que
«en el caso de marras el juzgador vulneró importantes derechos y
principios de raigambre constitucional al decidir, sin fundamento jurídico
alguno, revocar la condena en costas que fue reconocida por el juzgador
a quo. Con su decisión el Tribunal le otorgó unos efectos retroactivos o ex
tunc a la decisión de terminar el amparo de pobreza, los cuales no se
ajustan en modo alguno a las reglas y lineamientos que rigen en nuestro
ordenamiento y que se relacionan con la figura en cuestión».
Afirmó, que «la decisión de levantar el amparo de pobreza, en
modo alguno puede llegar a producir efectos retroactivos, los cuales
permitan sustentar una condena en costas no solo de la segunda
instancia sino también de la primera. Recordemos que la facultad que
tiene el juzgador de segundo grado es la de terminar el amparo de
pobreza, como lo establece el artículo 158 del Código General del
Proceso, y no propiamente la de revocar de raíz el amparo que fue
concedido durante el trámite de la primera instancia», recordando lo
dicho por esta Colegiatura en sentencia de 11 de julio de
20161.
Arguyó, que «es claro que la decisión de no mantener el amparo
únicamente puede implicar no conservar sus efectos hacia futuro, esto
es, respecto al trámite de segunda instancia, pero en nada debería
afectar lo que ya fue concedido en primera instancia. Sin embargo, de
forma abrupta y poco concordante, seguidamente el Tribunal determinó
que se debía condenar en costas a los aquí demandados de forma
retroactiva o con efectos ex tunc; lo cual, como se advirtió, no es
procedente».
CONSIDERACIONES
1.- Sea lo primero anotar que la sentencia es el
1 STC6476-2016
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instrumento establecido por el legislador como forma normal
de definición de los juicios, la cual el artículo 278 del Código
General del Proceso se encarga de definir como la providencia
«que decide sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de
mérito [...[ las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios y las
que resuelven los recursos de casación y revisión», esto es, es el
mecanismo que resuelve con carácter definitivo la relación
sustancial sometida a consideración de la jurisdicción, por lo
que el legislador claramente determinó con carácter absoluto
que los restantes pronunciamientos que emiten los jueces en
el marco de los pleitos “son autos”.
2.- El artículo 333 del Código General del Proceso es
contundente al señalar que el recurso de casación procede
«contra las sentencias proferidas por los tribunales», lo que excluye
de plano la viabilidad para cuestionar a través de esta súplica
extraordinaria los distintos autos, que en curso de los litigios
se profieran. Así lo ha adoctrinado esta Corporación de
manera constante, al decir que:
sólo son susceptibles de este medio de impugnación aquellas
providencias que satisfacen los presupuestos sustanciales o de
fondo del artículo 302 del C. de P. C., esto es, las que “deciden
sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no
tengan el carácter de previas…” y que, además cumplan las
exigencias formales de los artículos 304 ibídem y 55 de la Ley 270
de 1996, o sea, que su construcción contenga: a) “una síntesis de
la demanda y su contestación”; b) una motivación en la cual se
realice el “examen crítico de las pruebas” y se expongan los
“razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen”;
c) la expresión de la fórmula “administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley” en la parte resolutiva; y d)
la decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de
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la demanda, las excepciones, las costas y perjuicios a cargo de las
partes y sus apoderados, y los demás asuntos que conforme a la
ley corresponda decidir (AC de 11 de nov. 2010, Rad. 2010-
01703-00).
En tiempos más recientes reiteró dicha postura
señalando:
Una mirada panorámica a las normas vigentes que regulan el
recurso extraordinario de casación pone de presente que este
instrumento excepcional de impugnación ha sido previsto contra
sentencias y no frente a autos, aun cuando estos tengan
naturaleza interlocutoria y decidan cuestiones sustanciales de
vital importancia para el proceso, escapan al recurso de casación,
pues no tienen en su contenido formal e incluso de fondo la
cualidad de ser sentencias, ya que así no lo ha consagrado el
legislador patrio.
Basta con observar el artículo 334 del Código General del Proceso,
que en forma diáfana expresa que el recurso en estudio «procede
contra las siguientes sentencias,...». En el mismo sentido el artículo
337, se refiere exclusivamente a sentencias; asimismo el artículo
342 y 350, ibídem.
La Corporación a partir de la sentencia de 15 de marzo de 1984
definió que el recurso de casación era improcedente contra autos
interlocutorios o que tuvieran fuerza de sentencias, y, por decisión
mayoritaria, determinó que dada la naturaleza excepcional de
este, resulta obvio que el legislador sólo lo hubiera establecido
respecto de decisiones de entidad pronunciadas en determinado
género de procesos, o sea, que únicamente procede respecto de
"sentencias", cuando estas se hubieren pronunciados en los litigios
específicamente.
En la misma providencia aclaró que «es cierto que algunos
sistemas positivos consagran la procedencia de la casación contra
ciertos autos (...). Pero lo que no puede olvidarse es, sencillamente,
que si esas regulaciones positivas extranjeras sí consagran
expresamente la procedencia del recurso de casación contra
decisiones interlocutorias, o autos con fuerza de sentencias, la
legislación colombiana no lo hace así».
Al recalcar la naturaleza eminentemente extraordinaria de ese
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modo de impugnación, y de tratarse universalmente de un recurso
limitado, allí se dijo, que «no puede entenderse, por vía de una
interpretación que rechaza la legislación restringida o cerrada, a
otras decisiones judiciales que la ley no ha determinado como
susceptible de casación, ni muchísimo menos arguyendo que si la
ley nacional colombiana no lo permite sí lo hace las legislaciones
foráneas». (Reiterada en providencias de 23 de abril y 21 de
octubre de 1985, 21 de agosto de 1986, 16 de octubre de 1986, 23
de julio de 1987, 8 de julio de 1992, 14 de julio de 1998, 11 de
julio de 2001, 11 de noviembre de 2010, entre otras). (AC5473-
2018).
2.1.- Es cierto, que al dictar las sentencias puede que
haya que emitir pronunciamientos sobre otros aspectos
transversales, como ocurre con lo relacionado con costas o
decisiones incidentales (art. 129), pero ello no habilita per se
que estas precisas determinaciones se tornen susceptibles de
cuestionar por medio del recurso extraordinario.
Por esta razón esta Corte ha desestimado los reproches
incoados por esta senda, encaminados a rebatir la eventual
condena en costas impuesta en la decisión impugnada, amen
que ello no hace parte del debate sustancial definido por el
juzgador, sino que es consecuencia de un asunto accidental
cuyo cuestionamiento debe hacerse a través de otros
instrumentos.
3.- Por otra parte, sabido es que la administración de
justicia es un servicio público cuyos costos, en línea de
principio, debe asumir el Estado, pero que en determinados
asuntos resulta indispensable que las partes atiendan
algunos gastos o expensas, sin menoscabo de lo que se
disponga sobre costas.
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En efecto, como quiera que en el desarrollo de la litis
existen ciertos actos procesales que implican erogaciones
como presupuesto indispensable para su realización, con
miras a garantizar el acceso a la administración de justicia,
el derecho de contradicción y de defensa y la igualdad de las
partes, el legislador permite que el eventualmente obligado a
asumir estos costos pueda solicitar que se le exonere de
dicha carga, instando la concesión de un amparo de pobreza,
cuando «no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin
menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las
personas a quienes por ley debe alimentos» (art. 151 C.G.P).
Dicho reconocimiento permite que el amparado no esté
obligado «a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas,
honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y
no será condenado en costas»; pedido que se podrá presentar «por
el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por
cualquiera de las partes durante el curso del proceso» (art. 152);
igualmente, dicho beneficio se podrá dar por terminado en
cualquier estado del proceso «si se prueba que han cesado los
motivos para su concesión», según lo indica el canon 158 del
ordenamiento adjetivo.
En cuanto al trámite, si bien el pedido de amparo se
debe resolver de plano, para su terminación se sigue un
trámite similar a un incidente, pues el peticionario deberá
allegar las pruebas que pretenda hacer valer y se resolverá
previo traslado por tres días a la contraparte, quien
igualmente podrá aportar pruebas. De donde se sigue, que
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los privilegios derivados de la concesión del amparo se harán
efectivos desde la presentación de la solicitud y,
correlativamente, cesarán con la ejecutoria del proveído que
dispone su terminación.
4.- En el caso de autos, el recurrente adujo la
trasgresión directa de los artículos 13, 29, 229 y 230 de la
Constitución Política, así como el artículo 8 de la Ley 153 de
1887, el 7 del Código de Comercio y los principios generales
del derecho al “acceso a la justicia” y el de la “igualdad”.
4.1.- Pese a que esta Corte ha aceptado que cánones
constitucionales puedan soportar la causal primera de
casación, para ello «la norma superior aducida debe en primer lugar
cumplir con el requisito de que sea sustancial, pues por el solo hecho de
consagrar valores o principios caros a nuestro ordenamiento o establecer
derechos fundamentales, como el debido proceso o el derecho de
defensa, no le imprimen esa calidad, característica que, se itera, apunta
a que en el precepto se regule una situación jurídica con miras a crear,
modificar o extinguir derechos entre las personas implicadas en la
relación (AC5613-2016 reiterado AC3959-2022).
Justamente, al margen de la naturaleza prevalente que
tienen las disposiciones constitucionales sobre las normas de
rango inferior, los preceptos aquí denunciados carecen de
carácter material, pues su contenido, en su orden, define los
principios fundamentales a la igualdad y debido proceso, el
acceso a la justicia, el sometimiento de los jueces en sus
decisiones al imperio de la ley y señalar los criterios
auxiliares de la actividad judicial, los cuales no crean,
modifican ni extinguen derechos u obligaciones en una
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relación concreta.
Lo propio ocurre con el canon 8° de la ley 153 de 1887
que se limita a autorizar la aplicación analógica de la ley
cuando no exista norma que regule el caso específico.
Tampoco tiene esa condición el artículo 7 del Código de
Comercio, habida cuenta que este solo se encarga de hacer
una remisión normativa para la resolución de los asuntos de
esa especialidad a «los tratados o convenciones internacionales de
comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil
internacional que reúna las condiciones del artículo 3o., así como los
principios generales del derecho comercial».
No corre mejor suerte la invocación de los principios
generales del derecho al “acceso a la justicia” y el de la
“igualdad”, como quiera que, si bien se les ha reconocido el
carácter de norma sustancial, ha sido «en aquellos eventos en los
cuales, por sí mismos, poseen la idoneidad para crear, modificar o
extinguir relaciones jurídicas concretas. Por ende, basta con invocar una
regla general de derecho –en tanto sea la base del fallo o haya debido
serlo-, para abrir el espacio al recurso de casación, pues los principios
hacen parte del ordenamiento jurídico que el recurso debe salvaguardar»
(AC7712-2016, reiterado 5060-2022 ), pero lo aquí invocados
no tienen ese alcance, pues se refieren de manera abstracta
a la garantía constitucional de acceder a la administración
de justicia y a recibir trato igualitario en todo tipo de
actuaciones análogas.
4.2.- Con lo anterior, el recurrente desatendió la carga
que se le impone cuando confuta una sentencia por el camino
de la transgresión directa de las normas sustanciales, de
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señalar los preceptos de ese linaje que, siendo o debiendo ser
fundamento toral de la decisión, el juzgador inaplicó
injustificadamente, aplicó indebidamente o pese a haber
acertado en la selección le dio un alcance que la normativa
no tiene, falencia técnica que por sí solo bastaría para el
fracaso del cargo.
5.- Empero a lo anotado se agrega, que el casacionista
pretende cuestionar por vía del recurso extraordinario una
decisión que, al margen de estar contenida en la sentencia,
no pasa de ser un proveído interlocutorio, no susceptible de
rebatir por esta senda2.
5.1.- En efecto, el juzgador de segunda instancia
resolvió en la sentencia impugnada lo concerniente al pedido
de terminación del amparo de pobreza que se había
concedido a los demandantes, quienes critican que, tras
abrir paso al finiquito de aquella dispensa, el colegiado
impuso a los amparados el pago de las costas en “ambas
instancias”, con lo cual, en su sentir, le dio un efecto
retroactivo a dicha decisión, transgrediendo las prerrogativas
constitucionales denunciadas.
Como se ve, la inconformidad planteada por el
accionante en esta acusación, en estrictez, se centra en la
imposición de la condena en costas de la primera instancia
dispuesta por el tribunal como consecuencia de dar por
2 Ni siquiera está contenida entre aquellas susceptibles del recurso de apelación en
el artículo 321 del Código General del Proceso u otra disposición especial, si en cuenta
se tiene que el referido canon establece que será apelable el auto que resuelva un
incidente y en lo que hace al amparo de pobreza y su terminación no está dentro de
los asuntos que el legislador imponga que se tramite como incidente (art. 127 C.G.P.).
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terminado el amparo de pobreza que el a quo había concedido
a los actores, aspecto que no es pasible de discutir en
casación, toda vez que no corresponde al aspecto litigioso
sometido a conocimiento del órgano jurisdiccional.
Ello es así, pues es inobjetable que un grupo de socios
demandó la declaración de “responsabilidad del liquidador”
designado en el trámite liquidatorio de la sociedad Frigorífico
San Martin Ltda., a lo cual se opuso el enjuiciado,
definiéndose el reclamo en sentencia anticipada, en la cual -
sin abordar el estudio de los presupuestos estructurantes de la
responsabilidad demandada- se negaron los pedimentos de los
actores al hallar configurada la excepción de prescripción de
la acción impetrada por el llamado a juicio, aspecto a lo cual
se restringe el debate sustancial sometido a conocimiento de
la jurisdicción, en tanto que lo concerniente a la persistencia
o terminación del amparo de pobreza y consecuente condena
en costas a cargo del litigante vencido, corresponde a un
aspecto accesorio de la actuación, que aun cuando está
contenido en la sentencia no es susceptible de reclamarse
por esta vía, lo que torna infértil el reclamo casacional.
5.2.- Lo anotado, conlleva al fracaso del reproche, sin
perjuicio de lo que deberá disponer esta Corte como
consecuencia de lo definido en el siguiente embate.
CARGO PRIMERO
Endilgó al tribunal la violación directa de los artículos
7, 249, 255, 256 del Código de Comercio, 23, 24, y 235 de la
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Ley 222 de 1995, el 2341 del Código Civil, 8° de la Ley 153
de 1887 y 230 de la Constitución Política, además, de «los
principios generales del derecho de la “seguridad jurídica” y aquel
del “acceso a la justicia”».
En sustento rememoró los fundamentos de la decisión
del tribunal para abrir paso a la excepción de prescripción,
específicamente, la afirmación atinente a que la cuenta final
de liquidación se había aprobado en 2013, para decir, que «se
debe tener en cuenta que el aquí Demandado fue nombrado como
liquidador hasta el 2017. Por lo tanto, como demostraremos, no sólo es
evidente que la cuenta final de liquidación no había quedado aprobada
de manera definitiva para el 2013, sino que la decisión del Tribunal
implica que la prescripción de las acciones contra el Demandado empezó
a correr antes de que nacieran las acciones respectivas, lo cual es
contrario a nuestro ordenamiento jurídico», lo que conlleva a la
aplicación indebida del canon 256 del Código de Comercio y,
correlativamente, «terminó violentando igualmente las normas que
estructuran la responsabilidad de los liquidadores, al haberlas dejado
de aplicar al caso, así como también vulneró, como se verá, algunos de
los postulados rectores que rigen en nuestro ordenamiento jurídico».
Afirmó que ese entendimiento va en contravía de la
teleología y funcionalidad de la prescripción extintiva, en
tanto que una acción que todavía no ha nacido no puede
llegar a prescribir, como ha tenido oportunidad de indicarlo
este Corte, por lo que «es claro que un requisito insoslayable para
efectos de que pueda operar la extinción de una acción como
consecuencia del fenómeno prescriptivo, es que dicha acción, al menos,
haya nacido». Postura que respalda igualmente en la doctrina.
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Destacó que uno de los propósitos de la prescripción
extintiva es «el de sancionar a quien, debido a la incuria y dejadez,
acude tardíamente a la justicia para reclamar un derecho. De ahí que
resulte pacífica la consideración según la cual, la inacción en el ejercicio
de una acción o un derecho se instituye como un requisito necesario para
que la prescripción pueda tener cabida como fenómeno extintivo», lo
cual apareja que «para efectos de que la inacción o dejadez se
configure como un requisito que convalide la procedencia de la
prescripción extintiva, necesaria e indefectiblemente se requiere que, al
momento de iniciar el cómputo prescriptivo, el derecho o la acción que
deja de ejercerse efectivamente exista. Lo anterior se debe a que no sería
posible llegar a considerar que un individuo actúa con desidia o
negligencia al no ejercer una acción con la cual todavía no cuenta».
Argumentó que «Si, en favor de la sana lógica y de la defensa
del postulado de la razonabilidad, nuestro máximo órgano en sede de
casación ha entendido que la aplicación del cómputo prescriptivo del
artículo 256 no puede ser inflexible, empleando para el efecto el
argumento de la oponibilidad, con mayor razón así debe ser entendido
en tratándose del caso que aquí se plantea. Efectivamente, si la lógica
que siguió la Corte en dicho pronunciamiento es que el término extintivo
del parágrafo segundo del artículo 256 no puede proceder cuando los
terceros desconocen el hecho que marca el inicio de la prescripción, es
claro que tal cómputo prescriptivo no puede principiar cuando los sujetos
se encuentran en la imposibilidad de conocer de las acciones que pueden
llegar a ejercer contra el liquidador. Lo anterior bajo el entendido de que,
ni los hechos que dan origen a las acciones ni las acciones propiamente
dichas han llegado a surgir en el mundo jurídico».
Sostuvo el recurrente, que «no cabe duda de que, por especial
que pueda resultar el régimen prescriptivo del artículo 256 del Código de
Comercio, su aplicación no puede llevar al absurdo de considerar que el
conteo del término extintivo, que en él se consagra puede anteceder a la
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misma existencia de la acción. En este sentido, es menester recordar que
nuestro legislador civil, al regular la figura de la prescripción extintiva,
fue diáfano al determinar que el conteo del término prescriptivo
únicamente puede iniciar desde el momento en que la obligación se haya
hecho exigible», de modo que tampoco se puede contabilizar el
plazo extintivo «cuando la acción ni siquiera ha nacido».
Precisó que, si bien esta Corte ha indicado que el
artículo 2535 del Código Civil «se torna “inaplicable a las causas
promovidas por los liquidadores, pues allí se consagró una diferente,
valga reiterarlo, que el cómputo comienza a partir de la aprobación de la
cuenta final de liquidación por parte de los socios” [SC19300-2017].
En relación con este particular debemos señalar que, a pesar de que
respetuosamente consideramos que esta postura debe ser valorada
nuevamente por parte de esta respetada Colegiatura (pues, ninguna
expresión contenida en el artículo 256 del legítimamente permite
entender que la regla comprendida en el artículo 2535 del Código Civil
ha sido derogada en el concreto escenario que regula el primero), lo dicho
por la Corte de ninguna manera se opone a lo que hemos venido señalado
hasta este punto».
Aseguró, que «la intención del legislador al exceptuar la regla
del artículo 2535 en ciertos escenarios, se debe a que busca favorecerse
la seguridad y estabilidad jurídica; cosa que no acontece si se
exceptuase la primera regla. Pues, eventualmente, podrá suceder que
ciertas acciones, a pesar de haber nacido, sólo podrían llegar a ser
ejercitadas con muchos años de posterioridad, lo cual pone en una
situación de inseguridad a quién puede ser accionado, ya que
indefinidamente podría quedar a la espera para determinar si será o no
reconvenido judicialmente en virtud de dichas acciones. Por tal motivo,
el legislador buscó establecer un límite objetivo que será contado a partir
del nacimiento de tales acciones y el cual correrá con independencia de
su exigibilidad».
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Puntualizó, que «con el propósito de garantizar la realización y
defensa de la justicia sustancial, el Tribunal ha debido subsumir
debidamente lo dispuesto en el artículo 256 al caso de marras para
efectos de lograr ajustar el cómputo del término prescriptivo desde el
momento en que las acciones hubiesen nacido. Y, en caso tal de que se
encontrase en una imposibilidad material de aplicar debidamente lo
dispuesto en dicho artículo, ha debido prescindir de esta norma y haber
recurrido a la normativa general que introduce el artículo 235 de la Ley
222 de 1995 en la materia. Ello bajo el entendido de que el artículo 235
de la Ley 222 es aquel que integra el régimen general prescriptivo que
aplica a las acciones contra los administradores, siendo por lo tanto
aplicable para los liquidadores. En este caso, la base para computar el
plazo extintivo no dependerá del momento en cual la cuenta final haya
sido aprobada, sino del momento en que la acción que puede llegar a
prescribir haya nacido y, por lo tanto, pueda ser exigible».
CONSIDERACIONES
1.- Reconociendo que en las sentencias judiciales los
juzgadores pueden incurrir en desatinos, tanto en su labor
de juzgamiento (in iudicando) como en el procedimiento (in
procedendo), el legislador autoriza confutar tales decisiones
a través del recurso extraordinario de casación, para lo cual
quien acude a esa senda tiene el arduo laborío de desvirtuar
la doble presunción de la legalidad y acierto con que viene
precedida la decisión.
1.1.- Entre los errores de juzgamiento autorizados está
la transgresión directa de las normas sustanciales, prevista
en la causal 1a del artículo 336 del Código General del
Proceso, fincado en la ocurrencia de yerros estrictamente
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jurídicos, producto de desvíos de interpretación o selección
normativa (directa), el cual supone la absoluta prescindencia
de cualquier reflexión relativa a la demostración de los
supuestos de facto invocados como causa petendi de la
acción. Esta Corte ha puntualizado, que cuando la acusación
se apoye en este motivo de censura
requiere de la aceptación de todos los hechos que en ella se
tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar
inconformidad con los medios de convicción obrantes en el
plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor sólo
puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las
normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de
aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación
indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles
efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se
acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen,
presentándose una interpretación errónea. (…) Corresponde, por
ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una
lesión producida durante el proceso intelectivo que realiza el
fallador, por acción u omisión, en la labor de escogencia y exégesis
de la regulación que considera aplicable, con un resultado ajeno al
querer del legislador». (CSJ SC de 15 de nov. de 2012,
exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013,
Exp. 2004-00457-01, AC2411-2022, 30 de jun.).
1.2.- Por la esencia misma de dicha causal deviene
imperativo que el recurrente indique las normas sustanciales
que considera infringidas, teniendo esa connotación, según
añeja jurisprudencia de esta Sala, aquellas que «…en razón de
una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen
relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en
tal situación por lo que no ostentan esa naturaleza las que se limitan a
definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de estos o a hacer
enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las
disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo»
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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(CSJ AC, 5 may. 2000, reiterado AC756-2022, 17 mar.).
Sin embargo, atendiendo que el dislate del funcionario
puede darse a consecuencia de someter el asunto a un
tratamiento impropio, bien porque deja de lado la
normatividad llamada a gobernar la decisión (falta de
aplicación), hace actuar las que resultan ajenas a la
contienda (indebida aplicación) o cuando habiendo acertado
en la selección les atribuye una inteligencia diversa a que la
dimana de la norma (indebida interpretación), no basta al
recurrente enunciar las disposiciones que considere
quebrantadas, deviene indispensable que precise la forma en
que el juzgador las transgredió, sin lo cual el embate adolece
de claridad. Al respecto, esta Corte ha sostenido que
(…) que la tarea del casacionista no consiste en enunciar por su
nomenclatura o su contenido las disposiciones de linaje material
que estima vulneradas por el Tribunal, como si de una mera
formalidad se tratara, sino que debe demostrar, de forma clara,
breve y contundente, la manera como aquel se estrelló
violentamente contra la razón al violar derechamente esas reglas
jurídicas, bien al haberlas pasado por alto, ora por darles un
alcance que definitivamente no tienen o traer a colación otras
ajenas.
De ahí que sea deber de quien transita por el sendero de la causal
primera de casación, apersonarse del contenido de las normas
sustanciales que cita vulneradas, y luego acreditar la manera
como se materializó el yerro jurídico imputado al Tribunal. En este
escenario, como mínimo resulta exigible que presente su contenido
objetivo para, a partir del mismo, desgajar el entendimiento que a
su juicio rectamente les corresponde y plantear, asimismo,
cualquiera de los escenarios en que pudo darse la infracción.
(SC097-2023 21 abr.).
Es fácil comprender por qué es indispensable la
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satisfacción de la exigencia mencionada, pues, en rigor, este
recurso extraordinario fue concebido como un mecanismo a
través del cual se realiza el juicio de legalidad respecto de la
sentencia de segundo grado, motivo por el cual la invocación
de la «norma sustancial» resulta un presupuesto fundamental
a la hora de acudir a este escenario, porque es a partir de ese
parámetro que la Corte puede establecer si el sentenciador
de instancia quebrantó la voluntad abstracta de la ley.
2.- En este caso, bien temprano se advierte el desatino
en que incurrió el tribunal en la aplicación de las normas que
regulan la prescripción de la denominada acción de
responsabilidad del liquidador por las motivaciones que
pasan a verse.
2.1.- Sin desconocer que en legislación patria es pasible
la conformación de sociedades comerciales por la disposición
autónoma de una sola persona, por regla general, estas son
fruto de un acuerdo de voluntades, encaminado al desarrollo
de una empresa o actividad expresamente definida en su
objeto social, que debidamente constituidas forman una
persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados (art. 98 C. Co.), debiendo someterse para los
efectos de su existencia y validez a las exigencias y
formalidades que según su particular tipología tiene previsto
el legislador.
En efecto, todo lo concerniente a la creación,
funcionamiento de sociedades comerciales ha sido
debidamente regulado por el legislador patrio, de modo que
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su desconocimiento podría afectar la eficacia y validez del
contrato societario, o derechos de terceros, por lo que su
acatamiento es imperativo.
Dentro de ese sistema normativo también se ha
regulado lo atinente a su disolución y liquidación, así como
los deberes y responsabilidades que tienen los
administradores y liquidadores, tanto con la sociedad como
los socios o terceros, siendo de interés para el caso estos
precisos aspectos.
En lo que hace a la disolución y liquidación, los
artículos 218 y 219 del Código de Comercio señalan las
causales generales que de presentarse motivan la disolución
de las sociedades y las formalidades indispensables para que
esa disolución surta efectos ante los socios y terceros,
indicando el último precepto, que «La disolución se producirá entre
los asociados a partir de la fecha que se indique en dicha providencia,
pero no producirá efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha
de registro».
Con ocasión de la disolución, si bien la sociedad no
puede desarrollar el giro ordinario de sus negocios, ésta
conserva su capacidad jurídica mientras se surte el proceso
liquidatorio para esos precisos efectos, es así que el artículo
222 dispone:
ARTÍCULO 222. EFECTOS POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN DE
LA SOCIEDAD. Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a
su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas
operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad
jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
33
liquidación. Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los
autorizados expresamente por la Ley, hará responsables frente a
la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y
solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere
opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse
siempre con la expresión "en liquidación".
Esa liquidación comprende una serie concatenada de
actos cuya finalidad es establecer el haber social para
atender las acreencias sociales y la distribución del
patrimonio remanente entre los socios, conforme a lo
estipulado en el contrato social o lo que acuerden los
mismos, con la consecuente extinción de la persona jurídica.
Significa esto, que la orden de autoridad o el acuerdo de
los socios para la disolución de una sociedad comercial
debidamente constituida no conlleva su extinción inmediata,
pues esto únicamente tendrá lugar con la inscripción en el
registro mercantil del acta con la cual se aprueba la cuenta
final de liquidación que se verifique dentro del trámite
liquidatorio. Así lo ha puntualizado el Consejo de Estado al
decir:
«Ahora bien, de acuerdo con el artículo 222 del Código de Comercio,
mientras la sociedad se encuentra en estado de liquidación, su
capacidad jurídica estará limitada al ejercicio de actividades
tendientes a la inmediata liquidación. Por ello, ejercen su
representación legal quienes actúen como liquidadores, sean los
socios mientras se nombra el liquidador, o el liquidador designado
en los términos del artículo 227 ibídem. Pero surtido el trámite de
la liquidación, la personalidad jurídica de las sociedades se
extingue con la inscripción de la cuenta final de la liquidación,
momento con el cual la sociedad pierde su capacidad como sujeto
de derechos, obligaciones y la capacidad para ser parte en
procesos (sentencia del 07 de marzo de 2018, exp. 23128, CP:
Stella Jeannette Carvajal). De modo que las sociedades en estado
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de liquidación pueden comparecer en juicios con observancia del
límite de su capacidad, pues su objetivo es la inmediata
liquidación. Pero una vez se inscribe el acta de aceptación de
terminación de la liquidación en el registro mercantil, se liquida la
sociedad, lo cual apareja la extinción de la personalidad jurídica.
(CE Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Cuarta sent. 19 nov. 2020 Exp. 2010-00342-01
(25174).
Esa cuenta final se refiere a cómo se debe atender el
pasivo interno de la sociedad, en especial la distribución de
remanentes entre los socios, la cual se someterá a la
aprobación de estos, con miras a que verifiquen que su
distribución sea equitativa y acompasada con la
participación que tengan, la cual una vez aprobada deberá
inscribirse en el registro mercantil.
Frente a ese trámite liquidatorio es importante anotar,
que el régimen societario no fija duración, ni siquiera
aproximada para su realización, simplemente ha establecido
pautas para que, en línea de principio, se surta de una
manera eficaz y célere, de suerte que se hagan efectivos los
derechos de los terceros y los socios, pero también para que
el liquidador no quede ligado indefinidamente en las
operaciones liquidatorias, con compromiso de su
responsabilidad personal.
2.2.- Dentro de las actuaciones que deben surtirse en el
trámite señalado está la designación de un liquidador, que
podrá o no ser un socio o accionista, cualquier administrador
de la sociedad o cualquier persona natural o jurídica extraña
ésta que será designado por el máximo órgano social, salvo
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
35
que no se logre acuerdo, evento en el cual lo podrá hacer la
Superintendencia de Sociedades, mientras que tratándose de
liquidación obligatoria deberá formar parte de la lista que
para ese efecto conforme la mencionada autoridad
administrativa, sin perjuicio de que «a juicio del funcionario
competente, podrá ser designado liquidador cualquiera de los
administradores o al representante legal de la entidad deudora, que
figure inscrito en el momento de la apertura del trámite» quien
igualmente hará el nombramiento, lo cual debe ser sometido
a registro ante la Cámara de Comercio. Esa designación
podrá terminar en cualquier tiempo, bien por la revocatoria
del cargo ora por la renuncia que presente el liquidador.
A voces del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, tienen la
calidad de administradores el representante legal, el
liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos
directivos y «quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten
esas funciones», y también se consideran como tales los
suplentes de éstos cuando deban actuar por ausencia
temporal o definitiva de los administradores principales3, en
donde algún sector califica al liquidador como representante
legal de la sociedad cuando ésta se encuentra disuelta,
mientras que otros lo califican como un administrador
especial de los bienes sociales.
Sea cual sea la postura que se asuma no viene a duda
que, de un lado, el “administrador”, propiamente dicho, no
necesariamente será el liquidador de la sociedad pues, como
se advirtió, tal encargo podrá recaer en cualquier persona,
3 Circular Básica Jurídica 100000008, 12 jul. 2022, Superintendencia de Sociedades.
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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natural o jurídica, vinculada o no con la compañía; y de otro,
que el liquidador al ser considerado como un administrador
está sujeto a deberes y obligaciones previstas en la ley (art.
238 C. Co) o los estatutos, cuyo desacato lo hace responsable
«ante los asociados y ante terceros de los perjuicios que se les cause por
violación o negligencia en el cumplimiento de los deberes» (art. 255 C.
Co.).
La sección segunda de la Ley 222 de 1995, artículos 22
a 25, detallan el régimen especial de responsabilidad de los
administradores y con soporte en este la Superintendencia
de Sociedades, en ejercicio de su función de supervisión,
expidió la Circular Externa No. 100-006 de 2008, conocida
como «Régimen de los Administradores”, consagrando allí el deber
de tener «una conducta transparente y una actividad que vaya más
allá de la diligencia ordinaria porque la ley exige un grado de gestión
profesional, caracterizada por el compromiso en la solución de los
problemas actuales y en el aprovechamiento de las oportunidades en
curso, por el análisis de la información contable de la compañía y por el
diagnóstico del futuro de los negocios sociales, procurando en cada caso
satisfacer las exigencias de los mismos, actuando siempre con lealtad y
privilegiando los intereses de la sociedad sobre los propios o los de
terceros», sin desconocer los compromisos específicos a su
cargo contemplados en el ordenamiento mercantil o los
estatutos sociales.
El régimen legal de deberes y normas de conducta de
los administradores se integra con el de responsabilidad que
fijó la misma ley al reformar el artículo 200 de la codificación
comercial, pues señala en su artículo 24, que «responderán
solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros», y se tendrán por
no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a
absolverlos de sus responsabilidades o a limitar el valor de
las cauciones que hayan constituido para ejercer sus cargos
(inc. final).
Referente a los liquidadores, más allá de ese régimen
general de los administradores que igualmente los cobija,
deberán acatar los precisos deberes contenidos en el artículo
238 del Código de Comercio, so pena de responder por los
perjuicios que se deriven de su violación o negligencia.
Síguese entonces, que cuando el administrador o liquidador
de una sociedad desatiende los deberes que estatutaria o
legalmente se le imponen, el afectado (sociedad, socio o
tercero) podrá promover en su contra las correspondientes
acciones social o individual de responsabilidad con la
consecuente reparación de los daños ocasionados.
Esta Sala ha precisado que esta responsabilidad
constituye un régimen especial, cuyo propósito es
(…) brindarle a sus beneficiarios un mecanismo particular de
reparación frente a las actuaciones de los administradores que
afecten ilegítimamente sus derechos, y que, por sus
características, no puede, ni debe confundirse con la estrictamente
contractual -derivada de los conflictos que puedan presentarse
entre los socios y la sociedad o de aquellos entre sí-, toda vez que
dicha acción fue concebida como un instrumento adicional a ésta
y porque la única razón de ser de la primera es el mandato expreso
del legislador -que se activa por el contrato social y la actuación de
los administradores-, lo que significa que su configuración y su
efectiva aplicación, en ningún caso, depende de la mera voluntad
expresada en el contrato social, al punto que (…) en el inciso final
del artículo 200 del Código de Comercio se dispuso que “[s]e
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
38
tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que
tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades
antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan
prestado para ejercer sus cargos” (CSJ SC 26 ag. 2011, rad.
2002-00007-01
2.3.- Atendiendo las repercusiones que puede tener el
manejo de las sociedades, tanto en lo que hace a los derechos
de los socios o terceros, como en el tráfico mercantil, así como
su disolución y extinción, el orden interno ha prohijado un
régimen particular en materia de prescripción, tanto en la ley
222 de 1995 como en el ordenamiento mercantil,
estableciendo en sus artículos 235 y 256 respectivamente, a
cuyo tenor:
ARTÍCULO 235. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. Las acciones
penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de
las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo
del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años,
salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa
ARTÍCULO 256. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. TÉRMINO. Las
acciones de los asociados entre sí, por razón de la sociedad y la
de los liquidadores contra los asociados, prescribirán en cinco
años a partir de la fecha de disolución de la sociedad.
Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores
prescribirán en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de
la cuenta final de la liquidación.
Aunque ambas disposiciones contemplan un lapso
prescriptivo de cinco (5) años, el artículo 235 constituye una
pauta general para todas aquellas acciones penales, civiles y
administrativas vinculadas al régimen societario, cuyo dies
aquo dependerá del preciso asunto controvertido, mientras
que el canon 256 es de carácter especial para las
reclamaciones ligadas con la liquidación del patrimonio
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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social, que tratándose de los socios entre sí y del liquidador
contra estos se computarán desde la fecha de disolución de
la sociedad o siendo de socios o terceros contra los
liquidadores será a partir de la fecha de aprobación de la
cuenta final de liquidación, término que también acata la
Superintendencia de Sociedades como ente administrativo
regulador de la actividad societaria reflejado en lo dispuesto
en su circular externa 5 del 15 de marzo de 2004 referida a
la «Aprobación del estado de inventario del patrimonio social», en su
numeral 5, conforme al cual «Las acciones de los asociados y
terceros contra los liquidadores prescribirán en cinco (5) años contados
a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de liquidación».
Es claro entonces, que en los trámites liquidatorios,
para regular lo concerniente a la responsabilidad, tanto de
los asociados entre sí o de estos de manera individual e
incluso del liquidador, la voluntad constante del legislador es
que el término prescriptivo se configure en un término breve
de cinco años, computables desde la disolución de la
sociedad o bien si es concretamente contra el liquidador
desde la aprobación de la cuenta final de liquidación, debido
a que con este acto la sociedad pierde su capacidad jurídica,
esto es, se extingue, y correlativamente su liquidador carece
de competencia para representarla.
Como se mencionó en precedencia, la cuenta final de
liquidación es aquel ejercicio que elabora el liquidador
debidamente documentado, que recoge tanto el informe de
su gestión durante el proceso liquidatorio como la
distribución de lo que a cada socio corresponde de los activos
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
40
sociales remanentes después de atender el pasivo externo, la
cual deberá ser aprobada por el máximo órgano social en una
asamblea debidamente convocada; aprobación que quedará
plasmada en el acta final de liquidación que será sometida al
registro mercantil, con lo cual se extingue la personalidad
jurídica de la sociedad.
2.4.- La discusión planteada por la censura estriba en
que, en su sentir, el término extintivo de la acción contra el
liquidador no puede computarse desde la cuenta final de la
liquidación, sino desde el momento en que el liquidador
desatendió sus deberes, pues al haber asumido el
demandado su cargo con posterioridad a dicho acto sería
tanto como predicar que el cómputo comenzó aun antes de
serle exigible la obligación, lo que hacía inaplicable el
precepto acusado.
Sin desconocer que la fuente de la obligación de
indemnizar surge de la existencia de responsabilidad
derivada del incumplimiento de los deberes que competen al
liquidador, el planteamiento de los recurrentes no puede ser
acogido pues ello va en contravía del querer del legislador de
1971, quien dada la naturaleza del asunto concibió unas
reglas particulares para regular dicha materia, incluyendo la
que podría calificarse como una prescripción de corto plazo,
en contraposición a las ordinarias contenidas en el
ordenamiento civil, a más de permitir que se dilate de manera
indefinida el lapso de prescripción de las acciones de
responsabilidad del liquidador.
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
41
2.4.1.- Recordemos, que la prescripción extintiva o
liberatoria como fenómeno sustancial está concebida como
un modo de extinción de las obligaciones por la falta de
ejercicio de las respectivas acciones durante el tiempo que
dispone la ley, concurriendo los demás requisitos legales, la
cual según ha adoctrinado esta Corte
(…) “…da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones
jurídicas y confiere a las relaciones de ese género la seguridad
necesaria para la garantía y preservación del orden social”, ya que
“…la seguridad social exige que las relaciones jurídicas no
permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho
prolongadas se consoliden…” (Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo
de 1989, Exp. 1880). (…).
De esta manera, la prescripción aparece como fenómeno que
permite al titular de un específico derecho hacer uso de él, bajo la
condición de que despliegue la actividad necesaria dentro del
periodo que la misma ley le confiere, so pena de que, en el evento
de no proceder así, se produzca la respectiva extinción en virtud
de la incuria en que haya podido incurrir, teniendo en cuenta, eso
sí, que no es el mero transcurrir de las unidades de tiempo el que
engendra el resultado extintivo, sino que se hace menester el
comportamiento inactivo del acreedor, en la medida que es su
actitud indiferente la que gesta, en medio del pasar de los días,
que se concrete la extinción. En similar sentido se pronunció la
Corte mediante fallo de 11 de enero de 2000, proferido en el
proceso 5208, cuando dijo que “…no es bastante a extinguir la
obligación el simple desgranar de los días, dado que se requiere,
como elemento quizá subordinante, la inercia del acreedor.”, de
todo lo cual fluye claramente cómo “…del artículo 2535 del C. C.
se deduce que son dos los elementos de la prescripción extintiva
de las acciones y derechos: 1°) el transcurso del tiempo señalado
por la ley, y 2°) la inacción del acreedor” (Sent. S. de N. G., 18 de
junio de 1940, XLIX, 726). (CSJ SC-13 oct. 2009, Exp. 2004-
00605-01, reiterado, SC1297-2022 jun. 6).
En tiempos más recientes precisó, que «el fundamento
último de la prescripción como figura jurídica transversal descansa en el
reconocimiento del carácter finito del hombre y sus instituciones, el cual
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
42
reclama otorgar efectos al mero paso del tiempo en procura de la paz
individual y el orden social, al erradicar la incertidumbre que anida en
la latencia indefinida de un derecho, bien sea consolidándolo o
erradicándolo, perspectiva desde la cual se ha reconocido que su
regulación es un asunto de orden público» (CSJ SC2362-2022 de 13
de jul.).
2.4.2.- Sin embargo, es pertinente señalar, que a la par
de las reglas generales de prescripción veintenal (ahora
decenal4), llamada también ordinaria, existen algunas
especiales aplicables a asuntos específicos, como la que
concierne a la acción por lesión enorme, por vicios
redhibitorios, la del pupilo contra el curador, las posesorias,
la cambiaria, o la que corresponde a la derivada del contrato
de seguro, contenidas tanto en el código civil como en el de
comercio, las cuales establecen términos diferentes y dies a
quo de dicho lapso a partir de variables distintas, conocidas
como extraordinarias, ora de corto plazo.
Ante ese panorama, el juzgador al examinar un caso
específico, en el que el actor o accionado pretendan
beneficiarse de este modo de extinción de las obligaciones,
deberá determinar inicialmente el ordenamiento aplicable,
pues si la actuación involucra operaciones mercantiles lo
será el Código de Comercio, conforme lo impone su artículo
22, o si son asuntos exclusivos de derecho civil será esta
normativa la llamada a gobernar la decisión, -sin perjuicio de
la aplicación que de estas disposiciones se pueda hacer a asuntos
comerciales con ocasión de la remisión normativa autorizada en el
4 En razón de la modificación introducida por el artículo 8 de la ley 791 de 2002
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
43
artículo 822 ídem-.
Adicionalmente, dentro del régimen aplicable tendrá
que escrutar la existencia de una norma especial que regule
el fenómeno específico, con miras a definir cuál será la regla
aplicable en caso de coexistir, esto es, la general o la especial
de la materia examinada.
Es lo cierto que el artículo 822 del ordenamiento de los
comerciantes tiene previsto, que «Los principios que gobiernan la
formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus
efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse,
serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a
menos que la ley establezca otra cosa»; empero, es claro que dicha
aplicación sólo tendrá lugar cuando aquel cuerpo legal no
regule expresamente la materia.
Con relación a esta temática la Corporación de tiempo
atrás ha sostenido que:
en relación con la aplicación de los preceptos civiles a los asuntos
mercantiles que tocan con los actos y las obligaciones de éste linaje
y respecto de cada una de las situaciones que ella misma define,
sobrepasa la preferente aplicación de la analogía de las normas
comerciales que, por regla general, establece el código de comercio,
pues yendo más allá y justamente con el fin de precaver lo que se
debe hacer en presencia de un vacío legal, e incluso para evitarlo
en lo posible, integra al cuerpo de normas comerciales los
principios y, por ende, las normas del derecho civil en lo que
respecta a los negocios jurídicos y a las obligaciones mercantiles;
ello implica en consecuencia que en las materias a que alude el
citado artículo 822 del C. de Comercio y cuando no haya precepto
comercial aplicable a un caso determinado deba acudirse a lo que
disponga el derecho civil antes que a las situaciones comerciales
análogas o semejantes, salvo, claro está, ‘que la ley establezca
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
44
otra cosa’ (CSJ Sent. 30 ago. 2001 Exp. 5791, reiterada
Sent. 17 jul. 2012 Exp. 2007-00055-01).
2.5.- En el sub lite la acción promovida es la de
responsabilidad contra el liquidador, originada en el
presunto desacato de los deberes por parte del señor Jaime
Ortega Albrecht, quien fuera designado por la junta de
socios, en reunión extraordinaria del 17 de enero de 2017,
en reemplazo del señor Santiago Rojas, a quien en la misma
actuación le fue aceptada su renuncia (acta No. 0041)5 [fl. 211
expediente parte 1 001 Cuaderno principal parte1]. Nombramiento que se hace
nuevamente en reunión ordinaria del órgano social del 22 de
febrero de 2017 (acta No. 42) [fl. 153 expediente parte 1 001 Cuaderno principal
parte1], con inscripción en el registro mercantil el 23 de mayo
de 2017 [fls. 40-42 expediente parte 1 005 Cuaderno principal parte5].
Deviene incuestionable, que el conflicto puesto a
consideración de la jurisdicción califica como un asunto de
carácter mercantil y, por tanto, su resolución debía estar
fincado en las pautas especiales del ordenamiento comercial,
puntualmente de la ley 222 de 1995 y en materia de
prescripción de los artículos 235 de la citada ley y 256 del
Código de Comercio, cuya aplicación resulta imperativa, lo
5 Al señor Santiago Rojas se le adelantó proceso ante la Superintendencia quien,
mediante sentencia de 30 de marzo de 2017, declaró que aquél había infringido sus
deberes como liquidador, siendo adicionada esta determinación el 15 de mayo de ese
año [fl. 493 expediente parte 1 002 Cuaderno principal parte2 y fls. 1-3, 6-7 expediente parte 1 003 Cuaderno principal parte3].
Así mismo al mentado liquidador la referida autoridad adelantó actuación
administrativa que culminó con la Resolución 300005871 de 22 de diciembre de
2016 que, entre otras determinaciones, dispuso removerlo del cargo, e inhabilitarlo
por el término de un año [fl. 10-35 expediente parte 1 003 Cuaderno principal parte3], frente a lo cual éste
interpuso recurso de reposición y formuló incidente de nulidad, pedimentos
desestimados con Resolución 300002396 de 23 de junio de 2017 [fl. 36-54 expediente parte
1 002 Cuaderno principal parte2], tras lo cual la Superintendencia con resolución 300002986 de
10 de agosto de 2017 designó como liquidadora a Martha Cecilia Salazar [fl. 55-57
expediente parte 1 003 Cuaderno principal parte3].
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
45
que de suyo torna insostenible la propuesta de aplicación del
artículo 2535 del Código Civil para establecer el día en que
despunta el término extintivo, dado que imperativamente la
disposición llamada a gobernar la decisión consagra que lo
sea «a partir de la fecha de la aprobación de la cuenta final de la
liquidación», la cual ante el carácter especial tiene primacía
sobre la regla general.
2.5.1.- Es más, la prescripción dispuesta en el inciso
segundo del artículo 256 ídem está concebida para ser
aplicada en un conflicto específico -disolución y liquidación de
sociedades- trámites que para su culminación no tienen un
plazo de duración exacto, circunstancia que permite
presumir que durante su desarrollo cualquier afectado, tanto
terceros como socios, tiene en su haber la facultad de
formular judicialmente los reparos que estimen necesarios
para la defensa de sus intereses, que tratándose de los socios
se concretará con la cuenta final de liquidación contentiva de
la participación asignada a cada socio y la forma en que será
atendida esa asignación, esto es, la forma en que se deberá
distribuir el remanente.
Y, aun cuando por diversas circunstancias la
liquidación pueda prolongarse en el tiempo, el legislador
decidió establecer para efecto de la denominada prescripción
de las acciones contra el liquidador una que podría calificarse
como de breve tiempo, como bien lo ha considerado esta
Corte, al apuntar que «El artículo 256 del Código de Comercio se
refiere al término de prescripción de las acciones que se ejercitan contra
el proceso liquidatorio, las cuales, por su naturaleza, no deben
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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prolongarse durante mucho tiempo, por lo que el legislador estableció un
término de prescripción relativamente corto» (SC 5 ago. 2013 Exp.
2004-00103-01).
Por demás, no resulta irrazonable la pauta contenida en
el citado canon 256 de establecer como dies a quo la
aprobación de la cuenta final de liquidación, ya que con su
aprobación por parte del máximo órgano social la sociedad
se extingue perdiendo su capacidad jurídica, y el liquidador
cesa por tanto en la representación legal de ésta, quedando
en manos de los interesados las acciones que consideren
pertinentes por los actos u omisiones en que este hubiere
incurrido con afectación de sus derechos. De ahí que la
jurisprudencia patria ha sido enfática al señalar que:
el liquidador de una sociedad que ya se liquidó solo responde por
los perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes, para
lo cual el artículo 255 (sic) del Código de Comercio prevé que las
acciones de los terceros (y los asociados) contra los liquidadores
prescriben en cinco años, a partir de la fecha de la aprobación de
la cuenta final de la liquidación.
Al respecto, la doctrina ha dicho que a partir de la aprobación de
la cuenta final de liquidación no subsisten sino acciones de los
asociados y de los terceros contra el liquidador; ya no se trata de
acciones contra la sociedad que puedan seguirse contra el
liquidador como administrador de ese patrimonio social, sino de
acciones derivadas de la obligación interpuesta en el artículo 255
del Código al liquidador de responder por los perjuicios causados
a los socios y a los terceros “por violación o negligencia en el
cumplimiento de sus deberes” (CE Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Cuarta 23 ago. 2018 Rad. 2013-
01359-01 (23560)).
No se discute, que tras aprobarse la cuenta final de
liquidación existen situaciones o actividades que estarían a
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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cargo de los liquidadores como ejecutores de lo dispuesto en
la cuenta final, ya que esa distribución y entrega de
remanentes a los asociados, no se puede hacer en forma
simultánea, al estar supeditada la primera a cumplir
determinados requisitos formales, como son la celebración de
junta, el quorum, registro de ser necesario e inscripción,
mientras que la segunda dependerá de las calidades de los
activos con que serán atendidos esos remanentes, o el
eventual cumplimiento de condiciones acordadas para la
entrega misma. Lo cual implica, que estos están llamados a
responder por los perjuicios que causen a los socios o
terceros, con ocasión al incumplimiento de sus deberes.
Ahora bien, siendo que esa ejecución ésta encaminada
a materializar lo que ya se dispuso y aprobó en dicha cuenta
final, en línea de principio, ésta no tendría que extenderse
por mucho tiempo, por lo que no luce antojadizo que se
hubiere dispuesto que los reclamos que surjan con ocasión
de aquel proceder se hagan dentro de los cinco (5) años
siguientes y que este lapso se compute desde el momento
expreso que consagra la norma en cita, contribuyendo así a
la seguridad jurídica, amén que pretender que sea desde que
el liquidador asume o cesa en sus funciones sería una
manera de dilatar contra legem el plazo de la prescripción, en
tantos liquidadores pudieran ser designados en el referido
trámite.
2.5.2.- Es irrebatible que la pauta prevista en el artículo
2535 del Código Civil, según la cual el tiempo de la
prescripción se cuenta «desde que la obligación se haya hecho
Radicación n.° 11001-31-03-001-2021-00451-01
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exigible», recoge el principio denominado «actioni non natae non
praescribitur; no valenti agere, non currit praescriptio», es decir, que
la acción que aún no nace no prescribe, como lo ha expuesto
esta Corte al decir, que «Atinente a esta previsión establecida en
favor del acreedor, la jurisprudencia ha explicado que «es contrario a la
moral y a la equidad que un derecho pueda extinguirse antes de que su
titular pudiera normalmente hacer uso de él» (CSJ SC, 7 nov. 1977), lo
cual permite observar que el fenómeno que se analiza no se impone de
manera ineluctable, en tanto el estudio de su acaecimiento tiene en
cuenta las vicisitudes del derecho sobre el que se cierne» (SC2362-
2022 13 jul. Rad. 2013-00116-01).
No obstante, no se puede soslayar que a la par de
aquella regla general existen supuestos en los cuales a pesar
de esa exigibilidad de la obligación no pueda correr la
prescripción, e igualmente que el legislador -en ejercicio de la
libertad de configuración legislativa- para efecto de brindar
seguridad jurídica a ciertas instituciones ha previsto que ese
día inicial esté ligado a un supuesto objetivo, como la
ocurrencia de un hecho o realización de un acto, como ocurre
con la prescripción extraordinaria de la acción derivada del
contrato de seguro que despunta desde «el momento en que nace
el respectivo derecho», es decir de la ocurrencia del siniestro, sea
que el afectado conozca o no del acaecimiento de este.
Ciertamente, existen eventos en los que no deviene
imperativo que el acreedor tenga o no conocimiento de la
existencia o vencimiento de su derecho para que el lapso
prescriptivo despunte, amen que lo que se consagra es un
supuesto objetivo que de ocurrir en un determinado periodo
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permite al afectado ejercer la acción, como ocurre con la
dispuesta en el citado artículo 256 del Código de Comercio,
que fue ligada a la aprobación de la cuenta final de
liquidación, dados los efectos extintivos que dicha actuación
tiene, tanto de la sociedad, como de la actuación del
liquidador como representante de aquella, lo cual contribuye,
correlativamente, a que esas actividades ejecutoras para la
entrega de los remanentes a los socios no se dilate
indefinidamente en el tiempo.
2.5.3.- Consecuente con esto, atañedero a la acción de
responsabilidad contra los liquidadores esta Corporación ha
sido enfática al señalar en la sentencia SC19300-2017 de 21
noviembre que:
Son rasgos de este término prescriptivo los siguientes:
(a) La extinción de la acción se alcanza en el breve plazo de cinco
(5) años, como lo ha reconocido esta Corporación:
El artículo 256 del Código de Comercio se refiere al término de
prescripción de las acciones que se ejercitan contra el proceso
liquidatorio, las cuales, por su naturaleza, no deben prolongarse
durante mucho tiempo, por lo que el legislador estableció un
término de prescripción relativamente corto (SC, 5 ag. 2013, rad.
n° 2004-00103-01);
(b) Este lapso es aplicable a todos los juicios de responsabilidad
que se promuevan en contra de los liquidadores, con
independencia de quién funja como demandante o de la omisión
achacada; y
(c) El conteo del tiempo principiará con la aprobación de la cuenta
final de liquidación, siempre que sea oponible a terceros a través
de su inscripción en el registro mercantil (numeral 9 del artículo 28
del Código de Comercio). No importa el momento de ocurrencia de
la conducta o su conocimiento por los interesados, pues lo
relevante es la finalización del trámite y su revelación al público,
ya que con la inscripción de la cuenta final se extingue
definitivamente el ente moral.
Estas reglas particulares, por su propia naturaleza, desplazan las
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normas generales sobre prescripción extintiva contenidas en los
artículos 2535 y siguientes del Código Civil, salvo que deba
acudirse a éstas para llenar los vacíos de aquellas.
De allí que, si bien el mencionado precepto 2535 dispone que la
prescripción se cuenta «desde que la obligación se haya hecho
exigible», esta directriz resulta inaplicable a las causas
promovidas contra los liquidadores, pues allí se consagró una
diferente, valga reiterarlo, que el cómputo comienza a partir de la
aprobación de la cuenta final de liquidación por parte de los socios
(subrayas ajenas al texto).
2.6.- En ese orden, aceptar que el término prescriptivo
de la responsabilidad de los liquidadores pueda despuntar
en unos casos en la forma dispuesta en el canon 256 del
Código de Comercio, que expresamente regula la materia, y
en otros conforme lo indica el artículo 2535 del Código Civil
atendiendo variables subjetivas, conlleva prohijar la
existencia de un doble régimen legal de determinación del
dies a quo, generando efectos distorsionadores, con
detrimento de la seguridad jurídica, lo cual iría contra la
voluntad misma del legislador, quien por demás para reforzar
aquella voluntad de que este tipo de controversias sean
definidas en aquellos precisos términos, sin consideración a
circunstancias particulares, determinó en el canon 257 del
estatuto mercantil, que «Las prescripciones anteriores correrán
respecto de toda clase de personas y no se interrumpirán sino
judicialmente, conforme a las leyes de procedimiento», de suerte que
aprobada la cuenta final de liquidación arranca el plazo
extintivo de la acción de responsabilidad contemplada en el
precepto 255, cuya interrupción sólo se da con la
presentación de la demanda judicial instaurada para ese
preciso efecto.
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En el memorado fallo SC19300-2017, atañedero a la
interrupción del término prescriptivo esta Colegiatura
sostuvo:
«Excluyó el legislador, por conducto de esta norma especial, la
posibilidad de que el término en comento pudiera suspenderse o
interrumpirse, por causal diferente a la interrupción civil, en
garantía de la conclusión de la liquidación.
Así se infiere de la manifestación legal, según la cual, el lapso
correrá respecto a todo sujeto, con lo cual descartó la posibilidad
de que las condiciones particulares del afectado fueran relevantes
para detener el cómputo, tales como la incapacidad, discapacidad
mental, condición de heredero, vínculo con la persona jurídica, o
imposibilidad de hacer valer sus derechos. Éstas, de existir, no
podrán enarbolarse para pausar el conteo de la prescripción
consagrada en el citado artículo 256, so pena de vulnerar el
mandato 257.
Dicho de otro modo, el legislador consagró que el término para la
pérdida de la acción contra el liquidador corre sin suspenderse,
rechazando que aspectos subjetivos del perjudicado sean
relevantes para detenerlo».
Apreciación que cobra relevancia al confrontarse con el
artículo 2545 del ordenamiento sustancial civil, a cuyas
voces: «Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las
acciones especiales, que nacen de ciertos actos o contratos, se
mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra toda
persona; salvo que expresamente se establezca otra regla» (se
subraya), porque siendo como es la prevista en el artículo
256 de una acción especial, al estar prevista para un acto
especifico -responsabilidad del liquidador- y que corre contra
toda persona, su interrupción únicamente se produce,
conforme se vio, con la presentación de la demanda en la cual
se procuren reproches de responsabilidad.
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52
En ese orden, una vez aprobada la cuenta final de
liquidación surge para los socios y terceros el derecho a
reclamar judicialmente al liquidador por cualquier afectación
que este les cause, habida cuenta el efecto extintivo que tiene
dicho acto sobre el ente societario y de la representación legal
que le cabe a aquél, apareja que correlativamente despunte
el término prescriptivo fijado en la ley, sin que el mismo sea
susceptible de suspensión, y sin que la presentación de otro
tipo de acciones judiciales aun cuando tengan relación con
actuaciones del proceso liquidatorio tengan la virtualidad de
producir efectos interruptores6, lo cual solo se obtendrá con
la oportuna promoción de la acción de responsabilidad y el
enteramiento del enjuiciado en los términos del artículo 94
del Código General del Proceso.
Tampoco podría considerarse que la eventual
designación de pluralidad de liquidadores altere las
mentadas pautas para fijar el citado despunte, habida
cuenta que aun cuando el artículo 228 habilita que en el
trámite liquidatorio puedan «nombrarse varios liquidadores y por
cada uno deberá nombrarse un suplente. Estos nombramientos se
registrarán en el registro mercantil del domicilio social y de las
sucursales y sólo a partir de la fecha de la inscripción tendrán los
nombrados las facultades y obligaciones de los liquidadores», esta
6 Por lo demás, esta Corte ha indicado que «La demanda susceptible de obrar la
interrupción civil de la. prescripción es la que versa sobre la acción que se trata de
prescribir y no una demanda cualquiera, Sin duda, la 'demanda judicial' y el 'recurso
judicial' de que tratan los artículos 2539 y 2524 del Código Civil, como medios de
interrumpir la prescripción negativa o la positiva, respectivamente, han de guardar
estrecha y directa correlación con la acción que el prescribiente esquiva, o con el
derecho que se quiere conservar por su dueño contra el prescribiente». (Casación, 2
de noviembre de 1927, XXXV,
58, reiterada octubre 9 de 1953).
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disposición de un lado es anterior en el ordenamiento
mercantil, lo que impone la aplicación prevalente de la norma
posterior y por otro, teniendo el legislador pleno conocimiento
de aquella potestad al no hacer en el canon 256 distinción
alguna, no le es dado al interprete hacerlo para dar a la
norma un alcance que de ella no emerge, como es que el
fenómeno extintivo inicie para cada liquidador a partir del
momento en que se surte su inscripción en el registro
mercantil, amen que la literalidad de la norma no permite
dicho entendimiento.
3.- Lo previamente señalado, evidencia que el Tribunal
eligió adecuadamente la norma para definir la excepción que
formuló el convocado, ya que, dada la naturaleza del asunto
puesto a su consideración, referido a la «responsabilidad del
liquidador», por el presunto incumplimiento de sus deberes,
el precepto báculo de su decisión, era el llamado a regular la
prescripción extintiva de la acción promovida, por lo que
prima facie no se podría pregonar la indebida aplicación
denunciada.
No obstante, siendo imperativo a esta Sala en ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales, controlar la
legalidad de los fallos y la unificación de la jurisprudencia,
no puede pasar por alto que el tribunal en la definición de
este particular asunto si dio al canon 256 una indebida
aplicación, pero por no comprender el verdadero alcance de
la norma.
Afirmase esto, porque si bien como se ha indicado a lo
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largo de esta providencia, por la naturaleza del asunto el
artículo 256 es la disposición que debe definir el lapso
extintivo de la prescripción alegada por el extremo pasivo, no
tuvo en consideración el tribunal que dicho precepto es claro
al señalar que lo será desde «la aprobación de la cuenta final de
liquidación», actuación respecto de la cual no basta el voto
favorable de la mayoría de los integrantes del órgano social
competente, sino que deviene indispensable que esa
determinación cobre firmeza, lo cual solo se da con la
ausencia de impugnación o bien con la ejecutoria de las
decisiones judiciales que resuelvan las que se formulen
oportunamente.
En efecto, atendiendo que las decisiones que adopten
las asambleas o juntas de socios son susceptibles de
impugnación, dentro de los dos (2) meses siguientes a la
fecha del acto respectivo, o siendo de aquellos que deben
someterse a la formalidad del registro desde la data en que
se cumpla dicha formalidad, además, que dentro del
mentado trámite se puede pedir la suspensión provisional del
acto impugnado, mientras no venza el mentado término o se
resuelvan las impugnaciones, aquellas permanecen en una
condición sui generis de vigencia, amen que lo dictaminado
por los juzgadores tendrá efectos ex tunc.
En ese orden, como quiera que la cuenta final de
liquidación contenida en el acta 36 de enero 10 de 2013 fue
impugnada dentro del plazo de ley, sin que a la fecha en que
se profirió la sentencia objeto de casación se hubiere
acreditado la existencia de providencia en firme sobre la
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eficacia o validez de la mentada decisión social no puede
tenerse como aprobada con carácter absoluto y para todos
los efectos dicha cuenta final de liquidación con entidad
suficiente para argüir que con ocasión a ésta el reclamo
incoado en el sub lite devino inocuo para haberse configurado
el fenómeno prescriptivo.
Valga decir, si en este particular caso, al margen que,
con ocasión a la inscripción formal del acta contentiva de la
cuenta final de liquidación, la sociedad formalmente se
extinguió, pues con ocasión a ésta se dispuso la cancelación
de su matrícula, al haber sido aquella impugnada, el
computo de la prescripción no puede despuntar, sino desde
la ejecutoria de la decisión que resuelva de manera definitiva
aquel litigio, lo cual apareja que el tribunal, pese a que eligió
adecuadamente la norma reguladora del asunto, incurrió en
un yerro evidente y trascendente al aplicarla desconociendo
su esencia, al considerar que el dies a quo que en ella se
contempla despunta inexorablemente con la sola inscripción
en el registro mercantil, pues sin más determinó «que el acta
contentiva de la cuenta final de liquidación fue inscrita el 25 de enero de
2013 y desde allí, a la fecha de presentación de la demanda, 3 de
diciembre de 2021, transcurrieron más de los cinco (5) años de que trata
el artículo 256 del Código de Comercio».
Lo anotado cobra relevancia en este caso si se observa
que la designación del demandado como liquidador, se dio
con posterioridad a aquella determinación y después de este
fue nombrada otra liquidadora por la Superintendencia de
Sociedades. Por consiguiente, comprensión distinta de la
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norma en estudio conllevaría a que ninguna acción podría
proponerse contra esta última al haberse superado con
creces el término de los cinco años desde que verificó aquella
aprobación que a la fecha aún se encuentra pendiente de que
se defina la impugnación que contra la misma se formuló.
4.- Síguese entonces, que el cargo prospera, lo que
impone el quiebre de la sentencia, pero ello deberá ser de
manera parcial, pues estará limitado al aspecto sustancial
del debate, dejando indemne la decisión interlocutoria que
en ella se incluyó, referida a la terminación del amparo de
pobreza, cuyo escrutinio como se dejó sentado en
precedencia no es revisable en casación, aunado a que lo
reprochado no fue esta puntual determinación sino lo
concerniente a las costas que el tribunal impuso como
consecuencia de su finiquito.
5.- No habrá condena en costas del recurso
extraordinario por su prosperidad, acorde con lo dispuesto
en el artículo 365 del Código General del Proceso.
SENTENCIA SUSTITUTIVA
1.- Puesta la Corte en sede de instancia, para proferir el
fallo de remplazo, en aras de la brevedad, se remite a las
consideraciones expuestas para la definición del cargo,
puntualmente al aspecto concerniente al hecho de que para
la fecha aún no existe decisión ejecutoriada sobre la
impugnación de los actos contenidos en el acta No. 36, ya
varias veces referenciada, en la cual consta la aprobación de
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la cuenta final de liquidación de la sociedad frigorífico San
Martin de Porres Ltda.
Y sin que sea necesario en este asunto el examen de
eventuales irregularidades o vicios que afecten su eficacia o
validez, al no ser este el escenario para ello, no es posible
colegir que, para el momento en que se presentó la demanda,
el término de cinco (5) años dispuesto en el canon 256 del
Código de Comercio para instaurar las acciones de
responsabilidad contra el liquidador se hubiera extinguido,
lo que lleva al fracaso de la exceptiva de prescripción
formulada por el demandado.
2.- Frente a la apelación formulada por el citado a juicio,
-habilitada por el tribunal vía recurso de queja-, como quiera que
ésta se enfiló a la terminación del amparo de pobreza y sobre
todo a la imposición de las costas de primera instancia,
respecto de lo primero deberá estarse a lo dictaminado por el
tribunal, quien estimó que existían elementos suficientes
para poner fin al beneplácito.
En tanto que, frente a las costas, baste reiterar que los
efectos del amparo de pobreza, como es que el amparado no
será condenado en costas, permanecen incólumes hasta
tanto se disponga su revocatoria, de manera que al haberse
decretado dicha culminación por el tribunal la exoneración
dispuesta por el a quo en su sentencia no merece reproche,
menos aún, cuando con ocasión a la alzada formulada por
los actores la decisión de primer grado deberá ser revocada.
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3.- Consecuente con esto y siendo que la decisión
corresponde a una sentencia anticipada se revocará el fallo
del 19 de agosto de 2022, proferido por el Juez Primero Civil
del Circuito de Bogotá para, en su lugar, declarar no probada
la prescripción alegada. Por lo tanto, el juzgador de primer
grado deberá continuar el trámite del proceso y agotado el
mismo adoptar la determinación que en derecho
corresponda.
4.- Finalmente, según el artículo 365 del Código General
del Proceso, en lo concerniente a las costas de segunda
instancia, al haberse resuelto favorablemente los recursos de
ambas partes no hay lugar a su imposición.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO. CASAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá el 25 de mayo de 2023, dentro del proceso
que promovieron Laura, Emilia y Cristián Pérez Uribe,
Eduardo Suárez Uribe, Laurel Ltda., Carmen Iriarte Uribe e
Inversiones Alcam S.A.S., Enrique Cuellar Uribe, Rosario
Josefina, y Diego Suárez Uribe contra Jaime Rafael Ortega
Albrecht, quedando indemne lo dictaminado frente a la
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terminación del amparo de pobreza, por lo indicado en parte
motiva.
SIN COSTAS, en casación dada la prosperidad del
remedio extraordinario.
Y situada la Corte en sede de instancia,
RESUELVE
PRIMERO. Revocar la sentencia del 19 de agosto de
2022 proferida el Juez Primero Civil del Circuito de Bogotá y,
en su lugar, se declara no probada la excepción de
prescripción alegada por el demandado.
SEGUNDO. Sin condena en costas de la apelación.
NOTIFÍQUESE,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
EN COMISIÓN DE SERVICIOS
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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